Necesitamos políticas permanentes en el tiempo

El proyecto que concede un bono solidario de alimentos se enmarca dentro de una decisión política del Gobierno, pero lo que preocupa dice relación con que esto se transforme en una práctica.

Hace unos días escuchábamos a Benito Baranda, presidente de América Solidaria, decirnos cómo la gente más pobre de nuestro país no pedía caridad, sino que oportunidades; que quería tener la posibilidad de salir de la pobreza, no a punta de subsidios y ayudas estatales, sino que a partir de la entrega de herramientas que les permitieran tener remuneraciones justas.

Ese es un tema que está instalado en el debate nacional, donde hay distintas posiciones. Hemos escuchado  a senadores que sostienen que el ingreso mínimo debiera ser de 200 mil pesos. Y recordando las palabras de Monseñor Alejandro Goic nos queda en evidencia que hay un debate sobre este tema que se debería dar en el país.

Nosotros debiéramos ser capaces de llegar de aquí al año 2014 con un ingreso mínimo de, al menos, 250 mil pesos. Y este proyecto tiene que ver con eso, porque el fundamento del Presidente de la República el 21 de mayo para anunciar este bono dice relación, con que a las personas más modestas de nuestro país no les alcanzan los ingresos para satisfacer las necesidades básicas.

Un informe del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Hacienda señala que el 40 por ciento más vulnerable de los chilenos destinan un 34 por ciento de su gasto total mensual a alimentos. Y cuando uno ve el incremento que han tenido los alimentos en nuestro país -según el Ministro de Agricultura, no debido a la sequía, sino que a la colusión de los vendedores finales- se da cuenta que se requiere una ayuda a estas familias.

Sin embargo, considero que esa ayuda no puede ser a costa de bonos. Debiéramos cambiar eso en nuestro país y hacerlo por la vía de tener remuneraciones justas, que es algo a lo que nos ha invitado la Iglesia Católica ya hace bastante tiempo. Esto ha sido tema de campaña en más de una oportunidad en materia presidencial y obviamente obedece a las políticas públicas que debiéramos tener.

En ese mismo sentido, creo que la discusión de una reforma tributaria justa y adecuada es algo que echamos de menos en esta oportunidad.

Hay distintas propuestas en la materia. Una de ellas -la que hemos trabajado con un conjunto de expertos- dice que en materia de alimentos, al menos no elaborados, de medicamentos y de herramientas en materia cultural, debiéramos rebajar el IVA, al menos, al 10 por ciento. Y lo digo porque con este proyecto de ley el Gobierno reconoce las carencias que enfrenta un segmento de nuestra población y que pretende, a través de una decisión política, enfrentar con un bono.

Pero esto no se resuelve con una medida de una sola vez y transitoria. Esto debe ser parte de una política pública consistente y permanente en el tiempo.

Por ello, me sumo a lo expresado por algunos colegas senadores en orden a enfrentar un ingreso mínimo decente, justo y equitativo y a dejar de lado estas políticas, que están en la asistencialidad y no son parte de lo que la sociedad reclama como de justicia social.