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Modernización de la carrera funcionaria de Gendarmería pasa a Comisión de Hacienda

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó en general la iniciativa y la derivó a la citada instancia para que analice los temas relativos al financiamiento.

Viernes 11 de octubre de 2019

Un primer paso dio en el Senado el proyecto que moderniza la carrera funcionaria de gendarmería, luego que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobara en general la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional en la Cámara Alta.

 

Ahora corresponde que el proyecto sea analizado en general por la Comisión de Hacienda para ver aspectos relativos al financiamiento y tras ese trámite podrá ser votado por la Sala.

 

Cabe recordar que este proyecto plantea una serie de medidas para modernizar la carrera funcionaria de Gendarmería, entre ellas, un incentivo al retiro para el personal que cumpla con ciertos requisitos, los que podrían llegar a mil en el tiempo establecido en el proyecto; se aumenta la planta de personal no uniformado en más de mil cargos; se aumenta el monto de la bonificación por egreso que se entrega una vez que se han cumplido 20 años de servicio; se incorpora al personal no uniformado no adscrito a Dipreca para que acceda a esa bonificación y se duplica el número de ascensos en los próximos 5 años.

 

Imagen foto_00000010En la última sesión la Comisión escuchó la opinión del dirigente de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (ADIPTGEN), Leopoldo Benavides y de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Andrés Segovia.

 

Según explicó el presidente de la Comisión, senador Felipe Harboe “ellos plantean que el bono de egreso con el incentivo al retiro sean compatibles y lo segundo es que el incentivo al retiro se financia con los ingresos de la menor dotación y el problema es que disminuir la cantidad de dotación de Gendarmería puede significar, según lo que dicen los gremios, una afectación de la calidad del trabajo, de la seguridad de los internos y también la seguridad de los funcionarios”.

 

Agregó que un tercer punto dice relación con un dictamen de la Contraloría “que estableció que para poder obtener el incentivo al retiro se requieren 20 años, el problema está en que la Contraloría dice que los 20 años se cuentan desde que se ingresa a la planta y no desde que se cumplen funciones y eso es casi expropiatorio. Hay una discusión bien compleja de hacer”.

 

En tanto, el senador Víctor Pérez manifestó que “de los 10 puntos creo que hay acuerdo en 9 y  hay un trabajo conjunto desde el año pasado. Quiero valorar la acción del Ministerio de Justicia y también de los dirigentes gremiales. Pueden haber puntos específicos donde existen discrepancias, pero son todos superables”.

 

Agregó que “acá tenemos más de 40 mil funcionarios que trabajan en condiciones muchas veces muy complejas y muy difíciles y hay que darles todas las condiciones para que esa labor pueda ser realizada con eficiencia”.

 

GREMIOS

 

Por su parte, Leopoldo Benavides señaló que “nos interesa garantizar hoy día que ese decreto con fuerza de ley que va a fijar los procedimientos y mecanismos en virtud de los cuales nos vamos a encasillar o pasar a la planta, se haga en el menor plazo posible de seis meses y no como está proponiendo el gobierno en este caso que sea en el plazo de un año. Si se da esa posibilidad estaríamos excediendo los límites aprobados y los acuerdos del protocolo que firmamos en noviembre del año  2018”.

 

En tanto, Andrés Segovia señaló que uno de los puntos que hicieron ver dice relación “la congelación de cargos por cuatro años y eso contraviene 7 proyectos que se están viendo en esta misma comisión y que tienen relación con aumento de penas y con restricción de libertades por tanto van a ingresar más personas en calidad de detenidos a las unidades penales y van a haber menos gendarmes”.

 

Asimismo, señaló que “vamos  a hacer una presentación con respecto a la compatibilidad la bonificación por egreso con el incentivo al retiro, situación que también el gobierno no quiere ceder porque involucra un gasto adicional de 3 mil millones de pesos. Eso es algo mínimo para funcionarios que dan 20 hasta 28 años de servicio que podrían verse beneficiados con esa norma”.