Click acá para ir directamente al contenido

Ley marco de control de armas: muerte de Baltazar producto de una bala loca marca la discusión en general

Un cerrado respaldo entregaron los parlamentarios a la propuesta que deberá ser despachada en un plazo de 30 días. El gobierno y los congresistas firmaron un acuerdo con el fin de agilizar dicha tramitación, y de paso dificultar la tenencia de armamento en manos civiles.

16 de octubre de 2019

Hasta el 4 de noviembre, los senadores y el Ejecutivo tendrán plazo para presentar indicaciones al proyecto en segundo trámite, que busca fortalecer la institucionalidad del control de armas. Esto luego que la Sala aprobara las ideas matrices en forma unánime, en la última sesión ordinaria.

 

Así las cosas, los integrantes de las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública deberán debatir las mejoras que se propongan al texto. Tras ello, la Sala volverá a revisar la iniciativa, particularmente los cambios que se hayan realizado

 

Durante el debate de la norma que refunde una serie de mociones que pretenden eliminar la mayor parte de armas y regular su uso, tenencia y porte, los congresistas recordaron la muerte de un menor de 9 meses producto de una bala loca (Baltazar), las cifras de inseguridad dadas a conocer por la fundación Paz Ciudadana, el comercio ilegal de armas y la internación de éstas por la frontera norte.

 

PROYECTO

 

  • Extiende la prohibición de poseer, tener o portar bombas o artefactos explosivos o incendiarios, a los implementos destinados para el lanzamiento o activación de cualquiera de estos elementos.
  • Establece nuevos requisitos para quienes soliciten la inscripción de armas, consistentes en no haber sido sancionado previamente por abandono de elementos sujetos a control y no haber sufrido más de dos veces la pérdida o extravío de los mismos; salvo, en este último caso, que se trate de personas que hubiesen denunciado la sustracción de éstas desde el domicilio declarado en la inscripción, caso en el cual, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), por resolución fundada, podrá autorizar que se inscriba el arma.
  • Respecto de los delitos de posesión, tenencia o porte de armas prohibidas, o de aquellas sujetas a control, sin que se cuente con la inscripción o autorización correspondiente, incorpora una agravante relativa al lugar, de modo que la comisión de estos delitos en lugares tales como la vía pública, edificios públicos o de libre acceso al público, medios de transporte público, instalaciones sanitarias, de almacenamiento o transporte de combustibles, de instalaciones de distribución o generación de energía eléctrica, portuarias, aeronáuticas o ferroviarias, incluyendo las de trenes subterráneos, u otros lugares u objetos semejantes, tendrán una pena mayor a la establecida en cada caso.
  • Endurece el castigo aplicable al sujeto autorizado que vende municiones o cartuchos a quien no es poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita, sumando la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años), a la actual multa administrativa.
  • Aumenta la sanción para el individuo autorizado que entregue determinadas armas a menores de edad, sustituyendo el presidio menor en su grado mínimo por presidio menor en su grado máximo.
  • Sanciona con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (3 años y un día a 20 años) y la pena accesoria de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a perpetua, para ejercer cargos y oficios públicos, al empleado público o a las autoridades que se indican, que permitan la inscripción de un arma de fuego a quien no cumpla con los requisitos legales para ello.
  • Sanciona con la pena de presidio menor en su grado medio (de 541 días a 3 años) a quien solicite a la  Dirección General de Reclutamiento y Estadística, autorización para poseer o tener armas de fuego, municiones, explosivos, sustancias químicas inflamables o asfixiantes, o instalaciones destinadas a la fabricación, almacenamiento o depósito de estos elementos, con el sólo propósito de facilitarlos a un tercero.
  • Dispone que en el caso que los mencionados dispositivos se faciliten previa concertación y con el objeto de cometer un delito, se sancionará al titular de la inscripción en calidad de autor del delito.

 

ACUERDO TRANSVERSAL

 

Imagen foto_00000002Cabe mencionar que antes de la sesión ordinaria, los ministros del Interior, Andrés Chadwick; y el Ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, firmaron un inédito protocolo de acuerdo con el Senado. De acuerdo a éste, se decidió despachar en un plazo máximo de 30 días la norma en debate.

 

En la firma del documento, que contó con la presencia del presidente del Senado, el senador Jaime Quintana e integrantes de las comisiones de Defensa Nacional; Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y Seguridad Pública, el ministro Blumel aseguró que “este acuerdo tiene tres elementos que lo hacen muy significativo: es un tema de altísima prioridad ciudadana que es la seguridad y el control de armas; el plazo máximo de 30 días para despachar la ley; y, la transversalidad". Por su parte, el titular de la Cámara Alta hizo ver que “tenemos diferencias entre el gobierno y la oposición respecto a la manera de cómo abordar los temas de seguridad pública”.

 

DEBATE

 

Durante la discusión en Sala hicieron uso de la palabra los senadores Víctor Pérez, José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier, Iván Moreira, Pedro Araya, Carlos Montes, Luz Ebensperger, Jaime Quintana, Felipe Harboe, Álvaro Elizalde, José Miguel Durana, Isabel Allende, Francisco Chahuán, Carmen Gloria Aravena, Juan Castro y Alejandro Navarro. Al término de la votación intervino el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.

 

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el senador Pérez informó la propuesta relatando el trabajo que se realizó en esta instancia. “Las ideas matrices dicen relación con robustecer la institucionalidad del control del armas. Se restringe el uso de determinadas y se prohíben otras tantas. Se llegó a un acuerdo transversal de avanzar en esta materia, es decir, modernizar el registro de armas e introducir avances sustantivos a la ley”, describió.

 

BALA LOCA, BALA MORTAL

 

El senador Insulza calificó como inaceptable la circulación de armas en el país. “Hay que ver el tema del control e inscripción. Queda pendiente la forma de terminar con el contrabando de armas. Hay una crisis, de hecho soy de los que piensan que mientras menos armas haya, será mejor. Acá se regula la forma en que se adquieren, portan y tienen. Creo que nadie debe andar portando armas por la calle, por último podrían estar en las casas. Lo que pasó con el niño de La Pintana, fue una bala loca, pero esas salen de las manos de jóvenes que andan exhibiéndolas como una señal de poder”, mencionó.

 

Luego el senador Letelier explicó que “se busca modificar la institucionalidad, respecto al registro de armas en manos de la defensa como del mundo civil. Ahora se sabrá qué armas no se pueden tener y el Ministerio Público tendrá más pruebas para investigar. Hay que revisar en esta ley, el tema de la internación de armas y todo debe orientarse a dificultar acceder a ellas. Una de las cosas que se busca es que una persona que compró un arma y la dio por perdida, pueda volver a comprar otra”.

 

¿Qué estamos haciendo mal en materia de seguridad pública? Esa pregunta se hizo el senador Moreira al comenzar su intervención. “Hace muchos años que estamos viendo las balas asesinas, no son locas, son una demostración del accionar de bandas criminales que operan en comunas del país. La política de Estado es errada y la policía no hace bien su pega, por las razones que sea. Hablamos de fiscales que archivan las causas habla de un liderazgo inexistente; y jueces en la misma línea. Fuera de ello, valoro el acuerdo al que se llegó en forma transversal”, aseguró.

 

El senador Araya también destacó el acuerdo firmado en la mañana. “Las mociones que se fusionaron acá buscan dar una respuesta  a los ciudadanos que buscan seguridad. Creo que debiéramos limitar al máximo la tenencia de armas de fuego y los permisos para portarlas deberían ser puntuales. Un aspecto importante serán los requisitos para inscribirlas, como no haber extraviado un arma en más de dos oportunidades. Esto porque hay un verdadero mercado negro. También para evitar la comercialización ilegal, se agravan las penas”, reconoció valorando el registro de armas que se formaliza en manos de Carabineros, la PDI y la DGMN.

 

“LAS LEYES NO FUNCIONAN”

 

Imagen foto_00000012Como complejo calificó el senador Montes, el tema de las armas. “Hemos despachado casi 4 leyes en este sentido. Se han aprobado leyes que buscaban reducir las armas, las municiones y los requisitos. Con todo lo que se ha hecho no se han logrado buenos resultados. Falta una política efectiva. Las leyes que tenemos no han funcionado. Si uno suma las armas inscritas y las que no, podemos asegurar que están en todos lados, y eso que las armas hechizas no son consideradas, porque las reales se transan a bajo precio. Hay un descontrol total”, lamentó.

 

La senadora Ebensperger hizo mención a las encuestan que dan cuenta de la preocupación ciudadana frente a la delincuencia. “Este proyecto va en el sentido correcto y concita el apoyo mayoritario. Valoro el acuerdo suscrito entre el Senado y el Gobierno tendiente a agilizar la tramitación de los proyectos que buscan fortalecer la seguridad. El 7 de octubre se detectó en Iquique productos que iban a la fabricación de armas, noticia que nació gracias a un trabajo coordinado por el plan Frontera Segura”, recordó.

 

“Es necesario separar esta discusión. Todos los cambios que se han hecho a la ley de control de armas no son eficaces. Otra es la discusión que tiene que ver con los temas de seguridad pública, la violencia y las estadísticas de Paz Ciudadana. Al respecto me preocupa la baja de denuncias y cómo esto se vincula con la desconfianza que se tiene a Carabineros. Las comisiones de Constitución y Defensa deberán ver estas propuestas en un plazo de 30 días”, reconoció el senador Quintana en el marco de la discusión.

 

El senador Harboe repasó las estadísticas internacionales en materia de inseguridad y uso de armas. “Se requiere tener un acuerdo respecto a la gravedad que se le dará a la tenencia ilegal de armas de fuego. ¿Qué se hará con este delito? ¿Se considerará un crimen o un delito más? Creo que debiera ser algo extremadamente grave. Con este proyecto se busca poner más requisitos a la tenencia legal. Hoy hay personas que inscriben más de un arma, y otros que las inscriben para arrendarlas. El delincuente la arrienda y el que la inscribe da a conocer que le fue robada. Esa es la dinámica. Chile es un país de destino de armas de fuego”, aseguró.

 

DELINCUENTES ARMADOS

 

Imagen foto_00000014El senador Elizalde comentó que se requiere una política seria e integral. “El aspecto punitivo y sancionatorio es fundamental. El mayor drama son los delitos que se cometen usando armas de fuego, hoy las noticias informan de estos casos todos los días y no sorprende. Si se comparan la tasa de homicidios de Chile con Latinoamérica son bajas. En Estados Unidos son altísimas porque el acceso a las armas es muy fácil. Ahora hay nuevas formas de violencia. La tenencia y porte de un arma es un hecho muy grave, no conozco a un civil que anda con una en la calle. El que la usa es porque va a cometer un delito”, describió.

 

“Debe haber un equilibrio entre el uso que se le dan a las armas para defenderse y aquellas que se usan para cometer delitos. La nueva norma tiene disposiciones para que los palos blancos que las compran y luego las facilitan a terceros. Creemos que cuando esta ley se aplique, se podrán encontrar miles de ellas que no habían sido inscritas o estaban en manos de personas fallecidas" describió el senador Durana.

 

Para la senadora Allende, “acá hay un vacío respecto a las armas no inscritas porque esto va más orientado a las legales. Valoró que se contemplen una serie de situaciones relacionadas con la tenencia, porte, venta, fiscalización, control, trazabilidad y mecanismo de identificación de armamento. La situación es preocupante porque el 40% de las personas ha sido víctimas de un delito o tiene un familiar directo que lo ha sido. La re-victimización tampoco genera optimismo. En  las comunas más ricas hay más policías y eso habla de la discriminación.

 

Luego el senador Chahuán recordó varios proyectos presentados al Congreso en los que se buscaba controlar los efectos de la delincuencia armada. “No se fusionaron con esta propuesta pero se usarán como insumo en el debate en particular “Nosotros pedimos investigaciones judiciales considerando los hechos de violencia que se han visto en las calles de Valparaíso. La gente tiene temor a las bandas territoriales. Hago el llamado a reforzar el accionar de las policías. He sido testigo de la voluntad de Carabineros y la PDI. Es importante generar un nuevo diseño de información balística”, expresó.

 

DEFENSA PERSONAL Y ARMAS

 

La senadora Aravena mencionó que “lo que ocurrió con este niño de 9 meses que murió producto de una bala loca en La Pintana, nos ha llevado a agilizar esta discusión. Creo que las vidas humanas son sagradas y las balas están orientadas a terminar con ellas. Es un deber decir que en nuestra región (de La Araucanía) hay una fuerte angustia de los sectores rurales respecto a contar con un arma para defenderse. Ha habido casi tres mil hechos violentos en mi región y mil de ellos se relacionan con el uso de armas de fuego. No es posible pedirles a las personas que no defiendan su vida. Existe una dualidad”.

 

A su vez, el senador Castro planteó que “estamos en un país donde la delincuencia ha crecido con muchas agresividad. Hay un narcotráfico que muestra sus armas sin tapujo. El sentido común me dice que ningún chileno debería tener un arma de fuego, solo las policías en servicio activo. Cuando estos efectivos deben cuidar a la población se ven expuestos al uso de armas ilegales, lo que hace la interacción mucho más peligrosa. La gente que tienen un arma en su casa no tiene la mínima capacitación”.

 

Por su parte, el senador Navarro hizo ver que el caso de Baltazar es grave porque su familia venezolana se vino a Chile para escapar de la violencia. “Hay un debate abierto sobre el control de armas. El aumento de los recursos no ha tenido impacto porque se requieren cambios de fondo. Los dineros van a persecución y no a la prevención de la delincuencia en las poblaciones de riesgo social. El 56% de la población penal de mi región  (del Biobío) pasó por el Sename. El proyecto habla de la trazabilidad pero acá lo importante no es saber de dónde viene, sino evitar que se use”, reflexionó.

Imprimir