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Ley de Fármacos 2: Comisión de Salud recomendará a Sala rechazar la mayor parte de los cambios de la Cámara Baja

Ad portas de la Comisión Mixta, los legisladores cuestionaron la ausencia del titular de Salud en la última sesión, lo que fue calificado como el presidente de esta instancia como “inconcebible”.

12 de enero de 2020

Imagen foto_00000009Una extensa revisión de los cambios realizados por la Cámara Baja al proyecto que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, realizaron en su última sesión los integrantes de la Comisión de Salud.

 

Luego de estudiar 80 modificaciones realizadas en el segundo trámite, los legisladores decidieron rechazar 32 cambios: 27 referidos al Código Sanitario, dos a la ley de Propiedad Industrial y dos a normas transitorias. Así recomendará a la Sala proceder de la misma forma, de manera de conformarse una Comisión Mixta.

 

La norma más conocida como ley de fármacos 2, cuenta con discusión inmediata, de allí la premura en su tramitación. El Ejecutivo ha impulsado la iniciativa en el marco de una agenda pro salud activada tras la crisis social y política desatada el 18 de octubre pasado.

 

En términos generales, el texto que llega al Senado plantea una serie de materias relacionadas con la obligación de los médicos de prescribir un medicamento usando la Denominación Común Internacional (DCI), la exigencia de poner a disposición de los clientes medicamentos bioequivalentes y genéricos, favorecer la intercambiabilidad terapéutica, y considerar un observatorio de precios para fijar bandas a los medicamentos.

 

LO RECHAZADO

 

Son diversas materias que se refieren –entre otros puntos- a los siguientes temas:

  • La facultad que tiene una farmacia para suspender voluntariamente la producción, distribución y dispensación de sus productos.
  • El registro de productos farmacéuticos y sus requisitos asociados; y como ello será consignado por agencias regulatorias de alta vigilancia.
  •  La publicidad y demás actividades que induzcan al consumo de productos farmacéuticos.
  • La prescripción de medicamentos que cuenten con tres o más principios activos. Esto se refiere al uso del nombre de fantasía o la DCI.
  • El petitorio mínimo con el que deberán contar las farmacias, de manera de cubrir la demanda básica de los clientes.
  • Definición de dispositivo médico.
  • Importación de medicamentos con o sin registro sanitario
  • Fraccionamiento de medicamentos
  • Medicamentos de venta directa

 

NOTA DE PROTESTA

 

En tanto, enviar una nota de protesta al Ejecutivo pidiendo explicaciones al titular de Salud por su ausencia en la sesión del martes 7 de enero, acordaron los integrantes de la Comisión de Salud. La idea era revisar junto al ministro Jaime Mañalich los cambios realizados por la Cámara Baja en vistas a la conformación de la Comisión Mixta.

 

El presidente de la Comisión, el senador Rabindranath Quinteros calificó de “lamentable” la decisión del secretario de Estado, Jaime Mañalich quien no llegó a la sesión. “Es increíble que el ministro anuncie por los medios de comunicación que puso discusión inmediata al proyecto y pida a los senadores celeridad en el tema y ni siquiera manda un representante para que exponga la postura del Ejecutivo. Simplemente inconcebible”, subrayó.

 

EXPOSICIONES

 

En la misma jornada, los senadores escucharon a diversos actores relacionados con  el mercado farmacéutico. La idea es seguir con la fase de audiencias en la Comisión Mixta.

 

El martes 7 la instancia recibió al secretario de la Unión de Dueños de Farmacias, Alfredo Nebreda; la presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Ana Nieto; el vicepresidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, Elmer Torres; la directora ejecutiva de la corporación Politopedia, Victoria Vimou; y la directora de la Asociación de Dispositivos Médicos, Gabriela Garnham.

 

Nebreda de la Unión de Dueños de Farmacias explicó que agrupan a más de 300 farmacias independientes. “Hay en el país más de 3 mil 100 locales farmacéuticos, de ellos mil 400 son de farmacias independientes y el resto pertenecen a cadenas. Éstas representadas por Cruz Verde, Salcobrand, Ahumada y doctor Simi, se llevan un 90% del mercado, nosotros nos quedamos con el 10%”, aclaró.

 

Respecto al proyecto en discusión, valoró los avances alcanzados, destacando el aporte que significa la DCI y priorizar la intercambiabilidad de equivalentes terapéuticos. “Ahora será el paciente quien decida qué va a comprar, porque hoy están influenciados por la medicamento de marca que les indica un médico porque no se atreven a cambiar esa prescripción. Ahora tampoco las farmacias podrán influir porque van a existir los genéricos y bioequivalentes necesarios”, mencionó.

 

En cuanto a precios, el profesional insistió en la necesidad de generar una política. “Tenemos los genéricos más baratos de la región pero los de marca o innovadores sí son los más costosos. Estos últimos tienen el monopolio de la patente por 18 años, por eso fijan el precio que quieren”, hizo ver.

 

Luego Nieto de la Asociación de Químicos Farmacéuticos, puso el énfasis en la pertinencia de entender las farmacias como un centro de salud, lo que va más allá del tema económico, graficando esto en los consejos que entregan cientos de químicos farmacéuticos a los pacientes.

 

Torres de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos lamentó que se eliminar del proyecto el fin de la integración vertical entre farmacias y laboratorios. Asimismo, manifestó que “los laboratorios producen e importan medicamentos, pero la distorsión de los precios se produce en las farmacias que es la parte final de la cadena de distribución. Las cadenas son duelas de registros sanitarios, por lo que pueden mandar a producir a terceros medicamentos”.

 

A su vez aseguró que “es básico que se establezca un observatorio de precios para regularlos”, sin embargo planteó que “es negativo hacer obligatoria la intercambiabilidad porque solo un 57% de los fármacos que se comercializan tienen estudios de bioequivalencia”.

 

Vimou de Politopedia también aplaudió los avances citando los estudios que han realizado como corporación sobre los precios de los medicamentos, particularmente respecto a la inaccesibilidad a éstos considerando aspectos geográficos y económicos. También puso el acento en aspectos que deben ser revisados. “En cuanto a multas y sumarios sanitarios hay que revisar la proporcionalidad de la falta. Hay una generalidad en la aplicación y también respecto a la prescripción de la infracción”, comentó.

 

Finalmente Garnham de la Asociación de Dispositivos Médicos recordó qué se entiende por éstos y la importancia que tienen en la atención de salud en todos los niveles. Explicó que la tecnología es fundamental en este caso. “Hablamos desde un guante hasta un scanner. Todo ello es dispositivo médico. Casi todas las enfermedad los requieren tanto en el diagnóstico como tratamiento, e incluso en lo preventivo”, expresó.

 

En cuanto al proyecto, la profesional enfatizó la importancia de definir adecuadamente un dispositivo médico, poniéndolo a la par de los estándares internacionales. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de la confianza y reconocimiento que éstos deben tener de parte de agencias de alta vigilancia sanitaria. Esto no está consignado acá. También solicito que se revisen los plazos de implementación de la ley porque los registros de dispositivos deberán hacerse en dos años como máximo y creemos que como mínimo se requieren tres años”, argumentó.

 

MEJOR FONASA

 

Hablando de la contingencia, la Comisión también abordó el proyecto recientemente ingresado a la Cámara Baja que realiza una serie de modificaciones a Fonasa con el objeto de mejorar el acceso a la atención de salud y garantizar el principio de oportunidad. La norma se denomina Reforma al Fondo Nacional de Salud y crea un Plan de Salud Universal (PSU) (Boletín N° 13178-11).

 

El mensaje plantea que todas las enfermedades tendrán asociado tiempos máximos de atención, por lo que Fonasa generará una red de prestadores a quienes derivará para concretar la consulta o procedimiento. Así se genera un orden de prelación, por lo que deberá privilegiarse a los hospitales públicos, luego los centros institucionales, los hospitales universitarios, y finalmente las clínicas con fines de lucro.

 

La Comisión hizo ver su molestia debido a que el compromiso con el Ejecutivo era discutir en el Senado la reforma a las Isapres y a Fonasa, en conjunto. A su vez, el senador Guido Girardi comentó que “este proyecto solo generará otra lista de espera, ahora no Auge. En la lista Auge ya hay 3 millones de personas. Antes hay que resolver las brechas que hay de camas y especialistas, y de gestión en general. Esto es un volador de luces”.

 

 

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