Legislar en forma urgente

A los problemas de los estudiantes, a la situación de Aysén y Magallanes, se ha enquistado un sentimiento transversal de molestia en miles de chilenos que sienten que el modelo de desarrollo que estamos llevando a cabo se preocupa demasiado del acreedor, llámese banco, financiera, isapre, AFP, y poco, o muy poco, del deudor, afiliado, en definitiva, del ser humano.

Uno de los temas en que los chilenos sienten ese sentimiento de abuso es, sin lugar a dudas, la salud, especialmente el sistema de salud privado.

Hoy, a siete años de las reformas impulsadas en el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, el consenso y avance que significó en este minuto la reforma a la salud se agotó, tanto por razones jurídicas, judicialización en tribunales civiles y fallos de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, y también por razones políticas.

Las isapres nunca han podido remontar su mala evaluación pública, entre otras razones por la mantención de la tarificación de precios y la selección de riesgos de su cartera en base al perfil de riesgo individual de sus beneficiarios. El aumento unilateral de los planes de salud por sobre el 10 por ciento en algunos casos y las cuantiosas ganancias de un sistema que se ha transformado en la cara visible del abuso para miles de chilenos.

Por otro lado, el Gobierno ha tenido una posición poco clara en la materia. En marzo de 2011 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que introduce criterios de razonabilidad y solidaridad en lo que respecta a las tablas de factores y a la determinación de precio base en los contratos de salud, más conocido como proyecto de ley corta de isapres. Al no contar con el consenso mínimo para el decidido apoyo del Gobierno,  pasó a dormir el sueño de los justos.

Luego, en julio de 2011 se informó la creación de una Comisión de Salud, compuesta por ocho expertos, con el objetivo de diseñar la nueva reforma al sistema de salud privado. Entre otros puntos se proponía la creación del Plan Garantizado de Salud (PGS) obligatorio, igual para todos los beneficiarios del sistema de salud privado.

Independiente de los proyectos presentados, creo que son varios los aspectos que se deben mejorar para hacer un cambio profundo en esta materia y que permita resolver los graves problemas que deben enfrentar los usuarios de las isapres. Creo que la propuesta del Gobierno no aborda aspectos fundamentales de discriminación en la asignación de los planes de salud por factor de riesgo, los cuales se siguen manteniendo en el caso de los planes complementarios de salud. Además, tengo dudas respecto de los precios de las prestaciones y los planes de salud.

Una reforma como la que está presentando el Gobierno y que se encuentra en discusión, no soluciona los problemas de salud que tiene nuestra población y que van más allá de la situación de las isapres. Creo que tenemos un problema al no abordar el tema de FONASA y la situación de la salud pública. Nuestro sistema tiene defectos que hoy ya no solo son problemas de las isapres, sino que del sistema de salud en su totalidad y que requiere modificaciones que creemos urgentes.

De acuerdo a informaciones de prensa las ganancias de las isapres el año 2011 aumentaron en un 33 por ciento respecto del año 2010, llegando a tener ganancias de más de 67 mil millones de pesos que se reparten en seis grandes conglomerados. Estas cifras son equiparables al costo de las obras del nuevo hospital de Puerto Montt, a tres veces la recaudación de la última Teletón o al puente Bicentenario que se levantará sobre el río Biobío, para reponer la viabilidad destruida por el terremoto.

Las cifras del negocio nos deben llamar a reflexión. Necesitamos contar, a fines de este mes, de marzo de 2012, con un marco de referencia claro y transparente para la determinación de los precios de los planes de salud.

No podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que pasó el año pasado y el anterior, en donde todas las isapres subieron los precios de los planes de salud en un rango de un 4,5 por ciento a un 19,8 por ciento, según informó la Superintendencia de Salud. Nos parece que es una irresponsabilidad no solo del Gobierno, sino que también nuestra, como parlamentarios. Por eso me parece clave que legislemos con prontitud en este asunto.