Legisladores respaldan idea de crear división de odontología al interior del Minsal

La urgente necesidad de impulsar una política pública de salud bucal visualizaron los integrantes de la Comisión de Salud en su última sesión. Esto luego de recibir al Colegio de Cirujano Dentistas, entidad que hizo ver el 25% de la lista de espera hospitalaria corresponde a consulta odontológica.

En ese marco, los legisladores decidieron respaldar un proyecto de acuerdo de autoría del senador Rabindranath Quinteros, quien es miembro de la citada instancia y dentista de profesión. De hecho el texto fue a dado a conocer a la Sala y en una próxima sesión ordinaria se votará. El contenido de la propuesta contempla el petitorio hecho por el colegio (ver subtítulo).

El vicepresidente de esta entidad, Jaime Acuña aseguró que “el Estado no ha fijado políticas en materia de salud bucal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que haya un odontólogo por cada 2.500 habitantes y en nuestro país hay uno por cada cinco mil habitantes. Hoy existen 22 mil de estos profesionales y se requieren casi 10 mil para el sistema público”.

El dentista describió que “en la población de entre 35 y 44años, casi un 20% no tienen piezas dentarias y un 80% es desdentado parcial. En el segmento de entre 65 y 75 años estas cifran crecen exponencialmente. La percepción que tiene la población es que ir al dentista es caro y no prioritario. De hecho la gente con más estudios y mayores ingresos asiste regularmente a control. Por ejemplo, aquellos que tienen menos de 8 años de estudio, un 74% no tiene dentición funcional (no pueden masticar bien) y en caso de aquellos que tienen mayor escolaridad, esa cifra baja a un 22%”.

Respecto del alto costo de esta salud, el doctor Acuña admitió que esta especialidad implica tratamientos de largo plazo y por tanto, los valores se elevan. Sin embargo explicó que “hemos denunciado en múltiples ocasiones la integración vertical que existe entre las isapres y los multiprestadores, quienes elevan los precios de las prestaciones en el sistema privado. Hemos presentado estos antecedentes ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que se investiguen estos casos”.

Asimismo reconoció que el 25% de la lista de espera hospitalaria corresponde a consultas odontológicas y en el caso del plan Auge, se entiende por urgencia la mutilación de los dientes. “Es triste que los pacientes lleguen a urgencia tarde, porque no queda más que extraer los dientes afectados. Todo esto pasa porque los problemas no se solucionan a tiempo y para eso la única manera es tener controles periódicos”, describió.

El petitorio realizado por el Colegio de Cirujano Dentistas se tradujo en un proyecto de acuerdo redactado por el senador Quinteros. Al texto suscribieron sus pares Pedro Araya, Juan Castro, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Rodrigo Galilea, Guido Girardi, Carolina Goic, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza,  Ricardo lagos Weber, Juan Pablo Letelier, Iván Moreira, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro, Ximena Órdenes, Manuel José Ossandón, Jorge Pizarro, Rafael Prohens, Yasna Provoste y Jorge Soria.

El gremio solicitó aumentar el acceso a la salud bucal, incluir a los estudiantes de odontología en la rendición del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) y crear al interior del Ministerio de Salud (Minsal), una división odontológica que concentre los esfuerzos en la atención primaria. Hoy existen departamentos dentales en las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales que funcionan de manera aislada.

En otro tema, la Comisión recibió a la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos (Ached), equipo multidisciplinario conformado por médicos anestesistas, fisiatras, oncólogos, enfermeras y dentistas, quienes abogan para que se considere el dolor crónico no oncológico como una enfermedad.

El representante de la asociación, el doctor Norberto Bilbeny, explicó las diferencias entre el dolor agudo y crónico, detallando que este último se prolonga por más de 6 meses, genera discapacidad progresiva y es una de las principales causales de licencia médica.  “Este tipo de patología es más recurrente en los chilenos que los accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, los cánceres y el VIH Sida”, aseguró.

El experto describió un estudio realizado por profesionales de la Universidad Católica de Chile en el 2014 y el 2016, en el que se dio la prevalencia del dolor crónico no oncológico, la carga de la enfermedad y su costo. “Se determinó que el 32% de la población vive con dolor crónico, el 65% de ellos con intensidad moderada y el 20% con intensidad severa. La mayor parte de estos pacientes sienten todos los días el dolor y este se ha extendido por más de un año. Un 65% de los casos afecta al sistema músculo esquelético y un 30% dice no recibir un tratamiento adecuado”, mencionó.

A nivel de patologías, la que encabeza el dolor crónico es el lumbago crónico, la que sería la primera causa de discapacidad en Chile. En términos generales se precisó que estos males tienen un costo anual promedio de 550 mil millones de pesos, lo que representa un 0,3% del Producto interno Bruto (PIB), casi un 5% del presupuesto del Minsal el 2016. La mayor parte del costo corresponde a consultas de especialidad, sesiones kinesiológicas, hospitalización y fármacos.

El doctor Bilbeny apeló a que “el dolor crónico sea visto a nivel de atención primaria, aprovechando la infraestructura que debería ser reforzada con personal especializado. Creo que se debiera dejar el dolor severo para el nivel secundario dando lugar a unidades de dolor crónico. En el sistema privado hay 18 unidades de este tipo en el país y hay 22 en proceso de formación. El dolor crónico podría entrar al Auge realizando un plan piloto con determinadas enfermedades”.

La Comisión decidió oficial al Minsal para que conozca los estudios citados por la Ached. Particularmente, la Subsecretaría de Salud Pública recibiría este escrito, en el cual se apelaría a la necesidad de considerar el dolor crónico no oncológico como una enfermedad prioritaria dada la incidencia de ésta en la población nacional.