La urgencia de una política energética basada en el interés país

En momentos en que se discute la entrega de concesiones eléctricas, es importante aclarar lo que realmente sucede con la política ambiental en Chile.  Hemos visto como muchas autorizaciones ambientales terminan siendo verdaderos fraudes ya que se entregan sin evaluar criterios técnicos, imperando sólo el interés económico.

Muchas veces deben ser incluso los Tribunales de Justicia los que cuestionan y prohíben proyectos como Central Castilla y Pascua Lama, justamente porque sus aprobaciones fueron totalmente anómalas, irregulares e ilegales.

Lo que se discute hoy es precisamente dejar sin efecto la posibilidad de que sean los tribunales los que reparen y que repongan el Estado de Derecho, avalando a instituciones serviles a los intereses económicos.

Cuando hay un sistema de evaluación de impacto ambiental que es cuestionado técnicamente por los propios servicios técnicos, no es dirimente y ni vinculante con la decisión final que se toma, quiere decir que estamos en una situación muy compleja. Lo único que tienen las comunidades hoy día para defender su derecho, son los tribunales de justicia.

Lo que se pretende hacer es inhibir la acción de los tribunales, posibilitando el pago para dañar el medio ambiente. Lo que no es más que una actitud mercenaria: Si se tienen recursos, se inhibe la acción de la justicia. Esta norma es absolutamente cuestionable en su espíritu y  forma. Lo único que va a permitir es impedir que los pocos instrumentos que tienen las comunidades para defenderse de las malas políticas, de las políticas insuficientes y anómalas, queden totalmente inhibidos.

Además, es inaceptable aceptar fast track para, literalmente, sobrepasar todas las exigencias legales y ambientales que ya en Chile son precarias y débiles.

Acá se ha dicho que pagamos la energía más cara del mundo. Y es cierto. Pero no por los tendidos y las concesiones, se paga la energía más cara porque en Chile no existe una política energética acorde a los intereses país. La actual Ley sólo profundiza los monopolios.

Las empresas, de manera legítima, tienen intereses a corto plazo, transformando al país en rehén de esos intereses. Configurando la política energética del país, a la suma de todos los intereses de corto plazo, de cada una de las empresas que deciden en qué, dónde y cuándo se va a invertir.

No es posible que se establezca una propuesta de legislación de concesiones cuando no existe una política global. Lo primero que se debe hacer, es centrar el debate en la política energética que requiere el país, en cuáles son los intereses nacionales y los incentivos, cómo se va a delinear un objetivo al que todas, empresas públicas y privadas, debieran alinearse.

Hoy la política energética nacional continua construyéndose desde las oficinas de los grandes empresarios energéticos, lo que conlleva a legislar proyectos que no tienen que ver con el interés país, sino con intereses económicos. Legítimamente se podría decir que son un acomodo para favorecer determinados proyectos.

Lo que se requiere de manera urgente es una política energética con objetivos claros y consensuados, que el país sepa para dónde vamos a caminar.

Es reprochable respaldar este proyecto argumentando que sin éste, se pagará la energía más cara del planeta. Se paga una energía cara porque en Chile no hay política energética o porque éste sólo responde a los intereses económicos.

Se requiere establecer una política energética basada y centrada en el interés país, donde, por ejemplo, por cada mega convencional que se produzca, se deberá producir un mega renovable. En definitiva, una política real, sustentable y basada en el bien país.