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  Institucionalidad que acompaña a emprendedores

  Por Víctor Pérez V., senador por la Región del Biobío

29 de junio de 2012

ImagenEl gobierno, al asumir la necesidad de reformar todas las normas de nuestro proceso de quiebra, está siendo coherente con lo que ha planteado públicamente, que es fomentar el emprendimiento. En ese sentido, su idea ha sido crear incentivos para que las personas  vayan generando negocios,  y que las pequeñas y medianas empresas multipliquen su presencia en la vida económica nacional.

Este proyecto del Ejecutivo, es absolutamente coherente con aquella filosofía, porque no se completa el cuadro si se generan incentivos para ayudar al emprendimiento y al mismo tiempo, no se preocupan por su eventual fracaso. Lo que se trata es mejorar la legislación vigente, que es tan compleja.

Por lo tanto, quiero destacar  la coherencia del gobierno para enfrentar el problema relacionado con la eventual insolvencia de una empresa o de una persona dedicada al comercio, para permitir que vuelvan a emprender.

Nuestra actual Ley de Quiebras busca liquidar a la empresa para permitir el pago de los créditos. Pero los datos que conocemos sobre recuperación de aquellos nos indican que esa legislación dista mucho de ser eficiente.

En ese sentido, esta ley es anacrónica; incentiva la liquidación de las empresas y no su reorganización; genera incertidumbre en el empleo; además, contiene un procedimiento caro, ineficiente, poco efectivo y no ajustado para nada al dinamismo de la economía.

Por eso, debemos cambiar el procedimiento, agilizarlo, a fin de que las empresas y las personas dedicadas al comercio y que se encuentran aquejadas por problemas financieros cuenten con incentivos que les hagan factible recurrir oportunamente a la institucionalidad y de este modo, salvar su actividad comercial.

En ese aspecto juega un rol fundamental la especialización de los tribunales, en la idea de que examinen detenidamente la actividad comercial de la compañía aquejadas por dificultades económicas y, en un procedimiento expedito, precisen los activos, los acreedores, pero no sólo para que estos reciban sus acreencias, sino también para que aquellas se reorganicen.

Asimismo, tal cual lo dice el proyecto del Ejecutivo, debemos mejorar la transparencia.

Como se trata de un procedimiento caro, ineficiente y  largo en el tiempo, al final nadie tiene información adecuada. Por ello, es muy relevante que, en un elemento central de esta iniciativa de ley, sea su ámbito de aplicación, se distinga entre la empresa deudora y la persona que, dedicada a actividades comerciales, adquiere la condición de deudora.

Esa diferencia en la aplicación de la ley en proyecto nos posibilitará mejorar sustancialmente la situación cuando tengamos que, a través de jueces especializados, mirar atentamente los procesos concursales, los procesos de quiebra, que llevarán a la determinación del pasivo y podrán conducir a un arbitraje concursal, a acciones revocatorias.

Al emprendimiento, no sólo se lo ayuda generando las condiciones para que las personas y las empresas acometan negocios, sino también procurando que la institucionalidad acompañe a los emprendedores para que, en los momentos complejos, sean capaces de desprenderse de un proyecto fallido y reorganizarse.

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