Hacia una pesca económica y socialmente sostenible

Es conocida la grave situación biológica de los principales recursos pesqueros del país. Ocho de ellos han sido declarados en estado de colapso o agotados por la Subsecretaría de Pesca; otros ocho, en estado de sobreexplotación. Desde la última modificación a la Ley de Pesca por la llamada Ley Longueira (N°20.657, 2012), la pesca artesanal ha sufrido una considerable baja en sus desembarques, los que cayeron de 1.076.992 toneladas el año 2012 a 538.677 toneladas el año 2013. Es decir, una caída de más del 50% de desembarques de peces en solo un año (Anuario sector Pesca. Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 2012-2013).

En tanto, prácticas como la sobrepesca, el subreporte, la pesca ilegal o la pesca no declarada y no reglamentada dañan dramáticamente la cadena biológica del océano. También merman su capacidad como futura fuente de alimentación y desarrollo económico-social para muchas comunidades en el país. Por ello, desde el Senado he promovido cambios en la regulación de la pesca, de manera que sea una actividad económica sostenible.

En esta línea, hace unos días he presentado, junto a los senadores integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura -Adriana Muñoz y Rabindranath Quinteros- una moción parlamentaria que modifica la Ley General de Pesca.  Esta moción tiene como premisa reconocer que los recursos hidrobiológicos presentes en el mar de Chile, son de todos los chilenos. Sobre esta base, queremos abrir un debate amplio que incluya la opinión de los actores industriales y pymes, comunidad científica, gobierno y, especialmente, de la pesca artesanal de todo el país.

Este esfuerzo legislativo se vincula estrechamente con la voluntad de la Presidenta de la República en orden a revisar la actual legislación del sector. Todo para conseguir una mejor regulación, que garantice mayor competencia, asegure renta para el Estado por la explotación de sus recursos y otorgue condiciones que permitan el desarrollo de la pesca artesanal. Es decir, innovar hacia un modelo de explotación capaz de hacer convivir adecuadamente el desarrollo económico, con sostenibilidad social y ambiental.