¿El Sernac debería intervenir en actividades reguladas por leyes especiales?

Definir el principio de especialidad es uno de los puntos centrales del debate que se está dando en la Comisión de Economía en el marco de la tramitación del proyecto que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

En la última sesión se analizó esto y otras temáticas de carácter miscelánea y otras tantas que darán forma a los artículos transitorios. La discusión continúa la próxima semana donde se votarán dos aspectos que no fueron resueltos en la jornada: la entrada en vigencia de la ley y el principio de especialidad.

El presidente de la instancia, el senador Eugenio Tuma se refirió al último tema explicando que “este principio ha sido mencionado en las audiencias que hemos tenido, en particular cuando recibimos a las empresas que prestan servicios básicos. Ellas defendieron la facultad de las superintendencias o subsecretarías de sancionar actividades específicas, asegurando que integrar al Sernac en esta tarea, solo generaría colisiones”.

El legislador que es autor de la indicación que se sometió a estudio, planteó que “mi intención es que el Sernac sí pueda intervenir porque hoy los consumidores recurren a las superintendencias o las subsecretarías pero ellas, en su mayoría, fallan en favor de las empresas, y ello se entiende porque estos organismos fueron creados para proteger a la industria”.

Asimismo recordó que en el caso de los servicios profesionales (abogados, profesores, arquitectos, etc.), “no existe nadie que los regule porque no son objeto de una norma especial ni son vistos por el Sernac”. Aprovechando aquello, el congresista aseveró que “ahora es el momento de introducir estos cambios para propiciar la real defensa de los derechos de los consumidores.

• Entrada en vigencia de la ley: hasta ahora el texto contempla un año de vacancia, es decir, solo podrá hacerse efectiva un año después de la publicación en el Diario Oficial.

La propuesta es que se haga efectiva de manera parcial tras vencerse la vacancia.

Grupo 1: 18 meses después en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Magallanes.

Grupo 2: 24 meses después en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Coquimbo, de O’Higgins, del Biobío, de la Araucanía, de los Ríos, y de Los Lagos.

Grupo 3: 30 meses después en la región Metropolitana, del Maule y de Aysén.

En este punto los senadores expresaron sus reparos en cuanto a los plazos. Por ejemplo, el senador Tuma aseguró que la vacancia era muy extendida, lo que haría que la ley se materialice hasta 3 años después de ser publicada.  En tanto, la senadora Lily Pérez San Martín aseguró que  las regiones del Maule y de Aysén podrían ser pasadas al grupo 2.

Se acordó estudiar una fórmula para acoger la propuesta de la legisladora, y a la vez estudiar lo de la vacancia.

• Principio de especialidad: hoy el Sernac no puede intervenir en materias de competencia específica reguladas por normas especiales que suelen ser fiscalizadas por las distintas superintendencias. Hablamos de los servicios de telecomunicaciones y los sanitarios, entre otros.

Se presentó una indicación que busca que el citado servicio pueda intervenir en actividades reguladas por leyes especiales.

Los senadores Pérez San Martín e Iván Moreira defendieron el principio de especialidad con el fin de evitar confusiones y fijar límites; mientras que los senadores Tuma, Jorge Pizarro y Alejandro Navarro se mostraron  a favor de ampliar las facultades del Sernac, pero con matices.

Este último congresista propuso que las superintendencias sigan fiscalizando estas actividades pero que el Sernac acompañe a los consumidores en estas causas.

El tema será estudiado por el Ejecutivo que propondrá una nueva redacción considerando las divergencias.

Entre los aspectos aprobados en la jornada, se encuentran:

• Los proveedores de servicios de telecomunicaciones no podrán ofrecer servicios conjuntos. Esta práctica se conoce como ventas atadas. La idea es que estas firmas no puedan obligar a los consumidores a contratar paquetes de servicios.

• Los juzgados de policía local (JPL) tendrán competencia en estos casos. En un momento se contempló que fueran los juzgados civiles, pero ello fue desechado. De hecho, actualmente los JPL velan por la defensa de los derechos de los consumidores. La norma busca darles dicha exclusividad, sin perjuicio que las municipalidades y el propio Sernac podrán contribuir a descongestionar la demanda de causas.