El pago de una deuda con miles de chilenas y chilenos
Por Patricio Walker Prieto, Presidente del Senado
17 de julio de 2015
La semana pasada, Chile dio un gran paso. A partir de las 8:30 del nueve de julio, miles de parejas que conviven pudieron comenzar a solicitar hora en las distintas oficinas del Servicio de Registro Civil del país, a fin de suscribir el Acuerdo de Unión Civil.
El país, tal como lo conocemos, ha cambiado significativamente. La ciudadanía entiende a la familia ya no sólo desde una visión rígida, sino desde una visión más amplia, flexible, que abarca diversos tipos de vínculos afectivos, los que no se limitan sólo al matrimonio.
La Ley de Unión Civil no sólo regula patrimonio y bienes. Acá estamos hablando de personas, donde se les reconoce la dignidad a aquellos que deciden convivir. Esto significa que va a haber estado civil (conviviente civil), tribunales de familia para resolver los conflictos y el acto se va a celebrar ante un oficial del registro civil con toda la solemnidad que merece.
Era necesario avanzar legislando a fin de resolver situaciones que no tenían regulación, como lo era el tema patrimonial entre los convivientes, la situación sucesoria o hereditaria entre ellos, la protección que puede brindar el sistema previsional o de salud a las parejas de los cotizantes ante diversas situaciones y el cuidado de los hijos en caso de inhabilidad de los padres, entre otros temas.
El régimen general de bienes entre las personas que contraen la Unión Civil será la separación total de bienes. Sin embargo, se establece la opción para los contrayentes de adoptar un régimen de comunidad de bienes al momento de celebrar la Unión Civil. Además, durante la vigencia de la Unión Civil, los convivientes podrán, por una única vez, pactar la separación total de bienes.
Desde este momento, hemos dignificado y logrado un notorio avance en reconocer que las parejas unidas por vínculos afectivos, sean de la orientación sexual que sean, deben contar con herramientas que les brinden protección entre ellas y frente a terceros.
No podíamos seguir escondiendo una realidad y con esta Ley estamos pagando una deuda histórica que el Estado de Chile y que la sociedad chilena tenía con más de dos millones de parejas, tanto homosexuales como heterosexuales, que no tenían ningún reconocimiento legal.