CRISIS EN VENEZUELA: EL DOLOR DE UN PUEBLO HERMANO

La situación en Venezuela es hoy motivo de justificada preocupación en muchas partes del mundo. Chile no es la excepción, pues se trata de un país con el cual no sólo tenemos raíces comunes, como con el resto de las naciones latinoamericanas, sino que también hemos compartido miradas sobre variados temas.

Es así como en 1990, los presidentes Patricio Aylwin y Carlos Andrés Pérez suscribieron en Caracas un Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un Mecanismo Permanente de Consulta Política. Ese mismo año se firmó el Convenio Básico de Integración Cultural, que dio origen a la Comisión Mixta de Integración e Intercambio Cultural. En 2007, con motivo de la I Cumbre Energética de la Comunidad Sudamericana de Naciones (actual UNASUR), la Presidenta Michelle Bachelet firmó con su par, Hugo Chávez, una declaración conjunta sobre diversas materias de interés mutuo. Por otra parte, Chile y Venezuela participaron activamente en las gestiones que permitieron la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y realizaron acciones conjuntas para promover la vinculación de ese organismo con países e instancias tanto de la región como de otros continentes.

Por esa trayectoria de cercanía, y porque sabemos lo que significa la ruptura del orden institucional, nos inquieta profundamente el curso que están tomando los acontecimientos en la nación caribeña. El uso excesivo de la fuerza para controlar las manifestaciones, la violencia en las calles, la prisión de opositores políticos, la censura a los medios de comunicación y el no reconocimiento de las instituciones democráticamente elegidas, inevitablemente nos hace retrotraernos a los años más tristes y oscuros de nuestra historia reciente.

No queremos eso para el pueblo venezolano, formado mayoritariamente por personas alegres, solidarias y esforzadas, que no merecen el sufrimiento, el hambre y el miedo que hoy están viviendo. Por eso, debemos ser enérgicos en condenar cualquier atisbo de abuso de poder, violación a los derechos humanos y transgresión de los principios que rigen a la democracia y a la sana convivencia social.

En este sentido, los 17 países que suscribieron la Declaración de Lima fueron claros al respaldar a la Asamblea Nacional y rechazar actos antidemocráticos de parte del gobierno de Maduro, que ya muchos hemos catalogado como conductas propias de una dictadura. Y en Chile, el Parlamento también se ha pronunciado. La Sala del Senado aprobó dos proyectos de acuerdo que apuntan en la misma dirección y buscan también solidarizar con el Poder Legislativo de ese país, representado en la Asamblea Nacional.

Contra lo que algunos sectores pudieran pensar, esto no es una intromisión en los asuntos internos de otros Estados, sino una defensa de principios que van más allá de los límites que imponen las fronteras. En un mundo globalizado, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de velar por la institucionalidad y la estabilidad de sus integrantes, cualquiera sea el origen de lo que en un momento sea percibido como una amenaza o un riesgo.

Por cierto, tampoco significa avalar intervenciones militares foráneas que, paradojalmente, implicarían el uso de la fuerza para combatir la fuerza. Se trata, simplemente, de apoyar los esfuerzos de negociación que puedan surgir para restablecer la democracia venezolana en forma pacífica y superar la dramática crisis que tanto dolor está causando a un pueblo hermano.