Aumento de familias en campamentos, falta de terrenos para viviendas sociales y acceso y montos de subsidios preocupan a los legisladores

Destacando que la Comisión de Vivienda y Urbanismo ha dado pasos concretos para un mayor acceso de las personas a la casa propia y para terminar con el alto valor de los terrenos, evitando las especulaciones, entre otros, se recordó que recientemente se aprobó el proyecto sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano (boletín 10.163-14).

Todo esto, en el marco de las audiencias que recibió la instancia parlamentaria, quienes escucharon a representantes de la Fundación Techo-Chile, quienes expusieron sobre los acuerdos necesarios para dar solución a la situación de los campamentos.

A juicio de la fundación, para el mediano plazo se requiere como punto fundamental actualizar el catastro de campamentos por parte del MINVU (el último data de 2011); asimismo proponen formar una Comisión Nacional de Campamentos y Habitabilidad; mayor inversión en asistencia social para proyectos habitacionales y a largo plazo plantearon el diversificar soluciones y asegurara el derecho a suelo urbanizado para la población más pobre.

El director del Centro de Investigación Social, Pablo Flores, y el subdirector Social, Pedro Cisterna, de Techo, mostraron gráficamente que al 2007 habían 28.578 familias en campamentos y las cifras del 2017 no son alentadoras, con 40.541 familias.  

Además, precisaron que la variación del número de familias que salen de los campamentos siempre es inferior al de las que entran, por diversas circunstancias "de una pobreza multidimensional. El vivir en campamento no es solo vivir aglomerado y sin necesidades básicas, sino que también es vivir en zonas con amenazas de riesgo socionaturales", precisaron.

Ante este escenario, sinceraron que para el primer quintil de la población resulta "imposible" el acceso a una vivienda formal y los campamentos a nivel nacional están concentrados en Viña del Mar (6.036 familias); Antofagasta (4.999); Valparaíso (2.663); Alto Hospicio (2.412); Concepción (2.253) y Copiapó (2.024).

Por otro lado, hicieron presente que se requiere "derribar mitos" en torno a las personas de campamentos, "porque no se toman solamente en época de elecciones; no son flojos; no optan por esta salida para tener una vivienda más rápido; y los migrantes no son la mayoría de las familias en situación de campamento, las familias chilenas siempre son más".

El presidente de la instancia parlamentaria, senador Iván Moreira, indicó que "hacemos los mayores esfuerzos, podemos colaborar, pero para cualquiera de las medidas paliativas el Ejecutivo es el que toma la decisión. Siento que minimizó la incidencia que tienen los migrantes y me gustaría saber cómo se deben evaluar más políticas".

En tanto, el senador Carlos Montes manifestó que no está suficientemente solucionado el por qué la gente termina en campamentos, hay demasiados factores que se deben estudiar; "Los municipios deben tener viviendas, para tener la capacidad a responder; qué está pasando con los sectores de más bajos recursos; en la Región Metropolitana se ha construido muy poco y la discusión se debe llevar a un tema más global".  

Por su parte, el senador Manuel José Óssandón señaló su "preocupación por la llegada de inmigrantes, que debe ser bien hecha para que no terminen viviendo en campamentos. A mi juicio, el gran problema de campamento es que cualquier persona puede tomarse un terreno y no pasa nada, es un círculo vicioso".

La Comisión se manifestó abierta a recibir toda la información y a hacer todos los esfuerzos legislativos que están a su alcance, pero aclararon que este tema no pasa por una decisión de la Comisión de Vivienda, sino que son temas integrales que se deben abordar a nivel de Estado.

Luego, la Comisión conoció los planteamientos de la Unión Comunal de Allegados de Pudahuel, que cuenta con más de 2 mil socios, en relación con la entrega de subsidios, para lo que su presidente Manuel Ibarra detalló que están a la espera de la concreción de un proyecto en el cual se construirán 37 mil viviendas en los alrededores de la comuna, lo que aún no se concreta y falta la toma de razón de la Contraloría General de la República.

"Es un saco de muchas cosas, un proceso largo y muy burocrático; hoy el registro cambió la forma y solo mide el ingreso, pero estamos en desventaja; los subsidios tampoco alcanzan y los valores de las viviendas puestas por las constructoras son muy elevados", manifestó Ibarra.

Al respecto, el Secretario Regional Ministerial de la Región Metropolitana, Aldo Ramacciotti, aclaró que se está frente a proyectos de desarrollo urbano condicionados, "y estas son dos iniciativas privadas para hacer un desarrollo urbano, una ciudadela. Está reglamentado en el plan regulador y este desarrollo territorial y la dotación de vivienda de carácter social. Lo que hoy se está tramitando se ha demorado 14 años y falta acordar con la Contraloría un criterio para la dotación y las inversiones".  

Los senadores Moreira y Ossandón hicieron presente su preocupación por la materia, pero reiteraron que "no está en manos del legislativo el poder dar punto final al problema".