Despenalización del aborto en tres causales: médicos analizan realidad nacional

Con la presencia de cuatro especialistas en ginecología, neonatología y bioética, se llevó a cabo la segunda ronda de audiencias de actores del mundo de la medicina, en el marco de la tramitación del proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales.

La norma en segundo trámite está siendo analizada por los integrantes de la Comisión de Salud, quienes se encuentran escuchando a diversas opiniones antes de votar la idea de legislar.

En la jornada, los facultativos revisaron aspectos como la realidad de las jóvenes violadas que se someten a un aborto, la necesidad de garantizar un aborto seguro, el rol que deben tener los comités clínicos, los efectos de la interrupción del embarazo y la muerte de la madre, y el papel que deben cumplir los programas de acompañamiento.

La ginecóloga obstetra, especialista en el área infantil Andrea Hunneus reconoció que anualmente en nuestro país deberían registrarse unos 621 casos de embarazo producto de una violación. “Un 10% de las mujeres violadas se embaraza. De acuerdo a estadísticas del 2013, existieron 24 mil denuncias por delitos sexuales, de ellas un 81% corresponde a mujeres. Respecto a estas, un 32% de estos embarazos son por violación”.

De acuerdo a un estudio recientemente dado a conocer, la profesional aseguró que “las víctimas que logran abortar en forma asegura versus aquellas que llevan a término su embarazo, presentan tasas similares de estrés postraumático. Esto considerando un seguimiento de cuatro años. Estas experiencias distintas generan el mismo estrés”.

“Un 50% de las embarazadas por violación, se hace un aborto. Las que se lo hacen corresponden a mujeres con más edad, escolaridad y empleabilidad. Las adolescentes y las más pobres acceden menos a este procedimiento. Lo clave en este caso es la edad gestacional al momento de hacerse el diagnóstico. Las mujeres de mayor edad se hacen abortos en etapas iniciales”, explicó.

A su parecer, las legislaciones restrictivas no impiden que las mujeres aborten. “Un 13% de las muertes maternas corresponde a un aborto inseguro. Bajo las 12 semanas de gestación, no existe riesgo para la madre si se practica un aborto seguro; y sobre ese lapso, el riesgo alcanza un 1%”, aclaró.

En cuanto  al proyecto, la ginecóloga abogó para “reincorporar la excepción de la obligación de denunciar del personal médico. Sería fundamental preservar la confidencialidad para que más jóvenes cuenten sus casos y se les pueda ayudar a tiempo. Creo que lo esencial es mejorar el acceso a la educación sexual”.

Por su parte, el pediatría neonatólogo, José Manuel Novoa mostró imágenes de scanner donde se ven patologías en fetos, las que suele atender en el sistema público. Luego profundizó en la resolución del Comité de Bioética de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Colegio Médico de España.

Respecto a esto último, destacó que este instrumento “permite el aborto en condiciones de grave riesgo de la vida de la embarazada, asimismo lo posibilita cuando no se superen las 22 semanas de gestación siempre que exista riesgo para el feto. Un comité clínico debe intervenir en estos casos, pero existen casos tan evidentes que no se requiere mayor análisis para permitir un aborto”.

“Es interesante analizar la experiencia de España porque creo que es esencial esto de crear comités clínicos pensando en la toma de decisiones”, manifestó. A su vez, relató la realidad del Hospital Sótero del Río, donde entre el 2014 y 2015, nacieron 13 mil niños mayores de 24 semanas de gestación y se registraron 84 muertes. De ellos un 37% tenía una patología fetal incompatible con la vida.

En el caso del Hospital Padre Hurtado, el médico Novoa profundizó en cómo opera el Comité Prenatal que sesiona cada semana en ese recinto. “Analizamos todos los casos de embarazo complicado, donde podría estar en riesgo la vida de la mamá y la del niño. Hacemos un acompañamiento largo a las familias que incluye la participación de sicólogos. En cada etapa vamos evaluando la viabilidad de ese niño junto con sus padres”, relató.

El gínecobstetra, Enrique Oyarzún reconoció que el término interrupción del embarazo se refiere a “las intervenciones que se hacen en el tercer trimestre del embarazo cuando hay riesgo en el niño o la madre. Esto se hace siempre. Entendemos por aborto otra cosa: la interrupción por inviabilidad fetal que se hace a las 22 semanas de gestación o cuando el niño tiene 500 gramos de peso”.

La cifra de 160 mil abortos en Chile por año, a su juicio, “no es cierta porque se han manipulado los datos. La metodología que se usa para obtenerla está obsoleta”. Respecto a las causas del aborto, el profesional aseguró que “las mujeres reconocen que no tuvieron el acompañamiento necesario y fueron fuertemente presionadas por sus familias y parejas”.

“Si se quiere evitar la muerte materna, se debería impedir la totalidad de los embarazos u ofrecer aborto al cien por ciento de las mujeres. En el 2013 hubo 52 muertes maternas: 2 fueron por abortos, 12 por hipertensión, 2 por hemorragia post parto, y el resto responde a otras causas. Ninguna de esas muertes se pudo prevenir con la terminación del embarazo precoz. Acá el aborto no es la solución”, garantizó.

Finalmente, el médico cirujano especialista en bioética, Sergio Valenzuela aseguró que “las causales del proyecto no son resolutivas de las problemáticas que plantea cada una. Nadie quiere el aborto, nadie lo defiende. Cuando la mujer debe tomar la decisión, está pasando un momento complejo lleno de cambios hormonales que le hacen aún más difícil adoptar una determinación”.

El profesional leyó varios testimonios de mujeres que abortaron y se arrepintieron. Ellas graficaron el dolor físico y emocional que significó pasar por ese trance. “Lo que debe hacerse hoy, debió hacerse ayer. Cuando nacieron las unidades de ecografía debieron surgir los programas de acompañamiento. Hoy vivimos la presión de la ciudadanía que ve la deshumanización de la medicina”, planteó.

Respecto del proyecto, el especialista se mostró contrario a la norma. “Creo que es necesario separar los temas. Una cosa es la decisión de despenalizar el aborto y otra es procurar el acompañamiento de las mujeres que sufren. Creo que deben tramitarse dos proyectos en paralelo. Me parece que el cuidado debe ser más amplio considerando a adolescentes que piensan en suicidarse o a los adultos mayores que también son vulnerables”, comentó.

“El feto y la madre son pacientes y nunca debemos olvidar la dimensión humana, la medida humana. Esto nos obliga a definir límites, hay que respetar los derechos de la condición humana”, concluyó.

El senador Francisco Chahuán consultó si existen certezas en el diagnóstico de enfermedades del feto que lo hacen incompatible con la vida a las 12 semanas de gestación. “También quisiera saber lo del dolor fetal. Estoy pensando en el aborto químico por ejemplo. Uno ve la reacción del feto como dolor, ¿realmente lo es?”, preguntó.

Por su parte, el senador Fulvio Rossi aclaró que la tramitación de la norma apunta más a la defensa de derechos que a lo netamente sanitario. “Cuando hay un embarazo tubario se hace este procedimiento. Ahí se destruye un embrión, entonces no entiendo por qué eso se hace y permite, y por otra parte los médicos se cierran a este proyecto”, indicó.

Finalmente, la senadora Carolina Goic preguntó cómo se puede profundizar en la prevención del embarazo no deseado. “Entendemos que la pastilla del día después se usa poco. Quiero consultar cómo ello se enmarca en esta discusión y cómo podemos profundizar la educación sexual”, mencionó.