Regulación de servicios sanitarios: piden pronunciamiento del Ejecutivo por cuestionamientos a la norma aprobada en la Cámara

Escuchar a una serie de actores involucrados en el tema y analizar –en profundidad- posibles visos de inconstitucionalidad fueron las tareas que se propusieron para las próximas semanas, los integrantes de la Comisión de Obras Públicas en su última sesión.

Esto en el marco del estudio en general del proyecto –en segundo trámite- que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores.

La propuesta iniciada en moción, fue respaldada sin mayores sobresaltos en la Cámara de Diputados, sin embargo al llegar al Senado, han surgido una serie de voces solicitando su completa revisión. ¿Por qué? Básicamente porque se cambia el sistema de fijación tarifaria, lo que afectará la rentabilidad de las compañías.

El presidente de la citada Comisión, el senador Alfonso De Urresti explicó que la próxima semana se invitará al presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Víctor Galilea para conocer su opinión sobre la norma. A priori, el ejecutivo ha señalado que el proyecto cambia las reglas del juego del sector “en forma radical”, pudiendo interferir en la posibilidad de atraer capitales.

En la última sesión, los legisladores escucharon al ex Superintendente de Servicios Sanitarios y ex Subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia; quien -a título personal- criticó la propuesta comentando que “se hace un diagnóstico acertado pero la solución que se propone es altamente dañina”.

La Comisión acordó solicitar a los ministerios de OO.PP. y Hacienda un informe donde expliquen qué les parece la propuesta y las críticas que se hacen a ella. La idea es que durante marzo se estudie la factibilidad de seguir con la tramitación.

Al finalizar el primer trámite, el titular de Hacienda, Rodrigo Vergara había expresado su temor respecto a que si se aprobaba el proyecto en las actuales condiciones, podría generarse inestabilidad en el sector.

Hace unos días, el responsable de OO.PP. Alberto Undurraga –a través de un comunicado de prensa- indicó que “si bien se observan aspectos positivos en el texto como la ampliación del territorio operacional, este cambia condiciones en el proceso de determinación tarifaria que se estiman no adecuadas para mantener niveles de inversión y de calidad de servicio a los usuarios”.

Uno de los aspectos que será estudiado por la secretaría de la Comisión es la posible inconstitucionalidad del proyecto. Esto luego que los senadores hicieran ver que gran parte de los cambios que se proponen son materias exclusivas del Ejecutivo. Asimismo se plantea que solo la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Baja se abocó a su estudio, siendo necesario ampliar su análisis a otras áreas especializadas.

En tal sentido, el senador De Urresti aclaró que “revisaremos con cuidado la constitucionalidad de las disposiciones. Si es necesario se harán modificaciones o se pedirá que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto”.

“Independiente de ello, es necesario dejar en claro que es urgente cambiar la legislación que regula a las sanitarias porque hay una serie de temas como la fijación de tarifas, la participación ciudadana en ello, los planes de inversión y el fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS) que deben ser mejorados sobre todo pensando en la disparidad territorial que existe en el cumplimiento de contratos y la ejecución de obras de inversión”, explicó.

Respecto de esto último, recordó la situación vivida hace pocos días en la Región Metropolitana donde la empresa Aguas Andinas suspendió el suministro de agua potable afectando a gran parte de sus clientes, debido a la  turbiedad del Río Maipo tras las lluvias registradas en la cordillera.

“Hemos visto como la falta de inversión ha gatillado una serie de problemas. Son las sanitarias las encargadas de anticiparse a estos eventos. En el norte pasa lo mismo, por ejemplo en Copiapó y Arica, Vemos turbiedad que no se condice con los estándares internacionales”, planteó.

La propuesta básicamente regula los servicios que actualmente no están consignados en la legislación sanitaria. Por ejemplo, las empresas sanitarias corresponden a sociedades de giro exclusivo. La Ley General de Servicios Sanitarios dispone que “estas concesiones deben producir agua potable, distribuirla y recolectar aguas servidas”, sin embargo utilizan sus instalaciones para realizar otras tareas, por ejemplo relativas al tratamiento del recurso.

Asimismo, la propuesta establece un nuevo mecanismo de fijación de tarifas, e incluso genera una fórmula para que la ciudadanía participe del proceso. Hoy cada cinco años las empresas determinan los costos del servicio, esto considerando su tasa de inversión (capital propio más endeudamiento) y de operación. La norma introduce cambios a estos cálculos, por ejemplo, respecto a la tasa de interés que deben obtener al endeudarse.