Modificaciones al Sistema de Alta Dirección Pública serán debatidas en Sala
La Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar de la iniciativa que mejora diversos aspectos del actual sistema que rige la selección de los altos cargos de la administración pública
15 de abril de 2016
En condiciones de ser analizado por la Sala del Senado quedó el proyecto, en segundo trámite, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública, ampliando su cobertura; fortaleciendo las garantías de mérito y profesionalismo.
Esto luego que la Comisión de Hacienda aprobara la idea de legislar de este proyecto que apunta a la profesionalización de los altos cargos en la administración pública con el fin de dar transparencia y garantizar que las personas que están siendo nombradas cumplen los requisitos necesarios.
Así lo dio a conocer el senador Andrés Zaldívar, presidente de la instancia quien admitió que la actual ley tiene "algunos defectos que hay que corregir sobre todo porque se ha hecho poco creíble por la inestabilidad de los cargos que se han resuelto por Sistema de Alta Dirección mediante el establecimiento de interinatos, suplencias, etc".
Aseveró que "es fundamental perfeccionar este proceso de designación del cargo donde se privilegie el mérito y la capacidad de modo de evitar arbitrariedades".
Coincidió con su par, el senador Eugenio Tuma, integrante de la instancia, quien manifestó que "este es un avance importante, porque se definirá con claridad cuáles serán los cargos sujetos de concursabilidad de modo que no dependan sólo de los nombramientos de cargos de confianza. Tiene que haber un piso de cargos técnicos y la ciudadanía exige cada vez más personas competentes".
En lo fundamental, el texto legal apunta a vincular de modo efectivo la gestión del desempeño de los Altos Directivos Públicos con los objetivos estratégicos del gobierno; objetivando la desvinculación de los Altos Directivos Públicos, y mejorando la gobernanza del Sistema mediante un reforzamiento de las funciones del Consejo de Alta Dirección Pública.
Por otra parte, fortalece las facultades de la Dirección Nacional del Servicio Civil, otorgándole la función de impartir directrices en materia de gestión y desarrollo de personas a los Servicios públicos dependientes o relacionados con los Ministerios.