Demandan la desintegración del mercado del gas y permitir el libre acceso a terminales de regasificación y redes

Con el fin de garantizar una mayor competencia y disminución de los precios para los consumidores finales, el senador Eugenio Tuma, junto al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Hernán Calderón, presentaron una serie de propuestas al ministro de Energía, Andrés Rebolledo, para alcanzar la desintegración del mercado y permitir el libre acceso a los terminales de regasificación, en el proyecto de ley de servicios de gas que se tramita actualmente en el Congreso Nacional.

En la cita, además se entregó al ministro de Energía, el informe preparado por Andrea Alvarado Duffau, asesora de Conadecus, denominado “Revisión Crítica a la Industria del Gas Natural en Chile”, que detalla los principales alcances de lo expuesto por el senador Tuma y Hernán Calderón.

Al respecto, el legislador de La Araucanía, junto al presidente de Conadecus, manifestaron al secretario de Estado, que el proyecto de ley debe necesariamente incorporar aspectos que estimulen la competencia y desarticular los monopolios existentes en el mercado del gas en nuestro país.

“En Chile las actividades de licuefacción de gas natural o de recepción, almacenamiento, transferencia o regasificación de gas natural licuado, se realizan en un ambiente desregulado, ya que no están sujetas a una normativa legal especial que establezca alguna prohibición, restricción, limitación o necesidad de aprobación previa y sólo se les aplica una normativa reglamentaria referida a los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las plantas”, argumentó el parlamentario.

Por su parte, Hernán Calderón de Conadecus, aseguró que el proyecto de reforma propuesto por el Ejecutivo, continúa con la estructura regulatoria actual al mantener el método de regular por tasa de rentabilidad, lo cual tendría severas limitaciones en cuanto a su capacidad para limitar la extracción de rentas monopólicas”, explicó.

Además, tanto el senador Tuma como dirigentes establecieron que este enfoque regulatorio no es considerado como el mejor para promover la eficiencia e incrementar la calidad de los servicios a través de una mayor competencia. “No incentiva menores precios y por ende un mayor consumo, y no se hace cargo del problema de integración horizontal entre los negocios de distribución y venta de gas”, añadieron.

DÉBIL PROYECTO

Asimismo, el cambio propuesto a la normativa, según el congresista tampoco se haría cargo del problema de la integración vertical presente en la industria, “que afecta la competencia a través de la potencial discriminación entre competidores en el acceso a las instalaciones esenciales en los segmentos aguas arriba (terminales de GNL, gasoductos), generando consecuentemente alteraciones en la competencia en los mercados aguas abajo (mercados eléctricos, distribución de GNL en sector comercial y sector residencial”, detalló el senador Tuma.

Explicó que para la instauración eficaz de la nueva regulación, las autoridades deberán hacer importantes esfuerzos para obtener información relevante de buena calidad desde las empresas.

“La falta de transparencia seguirá siendo un problema en la nueva regulación que propone el Gobierno, dado que la información más precisa y fidedigna requerida para realizar los cálculos de rentabilidad permanecerá bajo el control de las empresas distribuidoras de gas, las que tienen el incentivo a esconder dicha información a las autoridades regulatorias”, advirtieron.

Nos parece muy contradictorio que se pida un informe al Banco Mundial, que se analice la experiencia comparada, se efectúen análisis del mercado y luego de toda la evidencia recogida sobre los problemas de concentración del mercado del gas, la iniciativa se limite a regular la rentabilidad en las empresas de distribución.

Finalmente, el senador Tuma y la organización de consumidores, hicieron presente la necesidad al ministro de Energía, de que el Gobierno respalde y participe en las acciones que se han llevado adelante, tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal de la Libre Competencia, para lograr un pronunciamiento sobre las condiciones monopólicas existentes en este mercado.