Alta Dirección Pública: el delicado equilibrio entre profesionalismo y cargos de confianza

Una serie de audiencias realizará la Comisión de Hacienda con el fin analizar el proyecto, en segundo trámite, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública, ampliando su cobertura; fortaleciendo las garantías de mérito y profesionalismo. (Boletín 10164-05)

El texto legal apunta a vincular de modo efectivo la gestión del desempeño de los Altos Directivos Públicos con los objetivos estratégicos del gobierno; objetivando la desvinculación de los Altos Directivos Públicos, y mejorando la gobernanza del Sistema mediante un reforzamiento de las funciones del Consejo de Alta Dirección Pública.

Por otra parte, fortalece las facultades de la Dirección Nacional del Servicio Civil, otorgándole la función de impartir directrices en materia de gestión y desarrollo de personas a los Servicios públicos dependientes o relacionados con los Ministerios.

Por estos motivos, la instancia también solicitará la autorización de la Sala para poder analizar en general y en particular esta iniciativa que forma parte de los desafíos en transparencia.

Así lo expresó el senador Eugenio Tuma, integrante de la instancia quien valoró estas modificaciones ya que "este sistema de Alta Dirección Pública fue diseñado para incorporar mayor profesionalización de los altos cargos en la administración pública, para dar transparencia y garantizar que las personas que están siendo nombradas cumplen los requisitos".

Recordó que en 2014, cuando era Vicepresidente del Senado le correspondió participar en un seminario donde hubo mucha participación de distintos actores y sectores y allí se realizaron numerosas observaciones de cómo se estaba llevando el proceso de concursabilidad donde faltaba mayor transparencia y habían determinaciones de los gobiernos de turno que no siempre correspondían a una correcta definición de recursos humanos".

"Se tomaban decisiones de exoneraciones de personas elegidas con Sistema de Alta Dirección Pública sin otra razón que la falta de confianza política", dijo el legislador y añadió que "el objetivo es que quiénes se desempeñen en determinadas  funciones que desde el Estado se han definido como más técnicas puedan ser seleccionadas por su capacidad, pero también que existan personas de confianza política".

En esa línea el proyecto permite que los gobiernos tengan algunas libertades para que en los primeros meses de gobierno nombren un determinado número de personas como si fueran por Sistema de Alta Dirección Pública, se habla de un número de 12 o 15 cargos, pero a la vez, que tengan la limitación de no poder llamar a concurso cuando está terminando el mandato respectivo".

"Esto con el fin de evitar que un gobierno saliente llame a concurso para diversos cargos, dejando de manos atadas a la administración que asuma", precisó el senador Tuma.