Articulado sobre violencia en los estadios será debatido por la Sala del Senado

Con un fuerte énfasis en el "antes, durante y posteriores" consecuencias y sanciones para los hechos de violencia en los recintos deportivos, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, despachó a Sala el articulado del proyecto de ley modifica la ley 19327, en lo tocante a su ámbito de aplicación y al establecimiento de un régimen sancionatorio efectivo, y la ley 20.502, en materia de funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, también conocida como "proyecto sobre violencia en los estadios".

Al respecto, el senador Alberto Espina, presidente de la instancia parlamentaria, destacó que se podrán aplicar, por ejemplo, "sanciones superiores a 10 años de cárcel a quienes secuestren un bus".

Cabe destacar que durante las sesiones de trabajo se contó con la presencia de del Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey y el jefe del Plan Estadio Seguro, José Roa y se tiene como marco prioritario la Copa América a disputarse en el país a mediados de año.

El senador Espina señaló que “es un proyecto que tiene cambios muy importantes en relación a la legislación actual, en el sentido de establecer sanciones mucho más duras a quienes cometen actos de violencia o desmanes en los estadios. Hay mayores exigencias a los clubes organizadores y mayores exigencias también para los efectos de proteger a la familia cuando van al estadio”.

“Hoy lo que busca esta ley es hacer todos los esfuerzos para que no queden impunes los delincuentes que asisten a los estadios, que les da lo mismo el espectáculo de fútbol y lo que hacen es robar, asaltar y transformar el fútbol en una oportunidad para cometer delitos”, especificó.

En la misma línea, sostuvo que “después de un arduo trabajo, junto al Gobierno, a los clubes de fútbol, a los dirigentes, se establecieron sanciones, por ejemplo, a quienes secuestren un bus arriesgaran durísimas penas de cárcel, con penas superiores a los 10 años”.

“Nosotros hemos avanzado lo más posible y lo que importa es cómo actúan los jueces, los policías y los fiscales. Si ellos hacen bien su pega, probablemente muchos de los delincuentes que quedan libres no van a poder ir más a los estadios”, precisó.

Además, el congresista esgrimió que “debemos terminar con una mala costumbre que existe muchas veces en autoridades que termina el partido de fútbol y dicen ‘hubo incidentes menores, 25 detenidos, saqueos en los alrededores del estadio’ y siempre los tratan como que fueran hechos menores, la autoridad intenta bajarle el perfil. Y eso es un error (…) Cada vez que hay una casa que es víctima de un ataque, de un saqueo, de quebrar vidrios, o robos después de un partido de fútbol, es un hecho grave, donde se trata de afectar a personas inocentes, por conductas de delincuentes y hay que terminar con eso”.

En tanto, el integrante de la instancia parlamentaria, senador Andrés Zaldívar, indicó que estas mejoras van en directo beneficio a una ley que ya existe, "pero hemos visto que en su aplicación práctica hay varios elementos que hay que corregir".

A su juicio, "queda una buena ley con la cual podremos permitir de una vez por todas que en los estadios haya paz y tranquilidad para que la familia vaya a ver los espectáculos sin tener situaciones de violencia, que puede ser en los estadios mismos o en los alrededores; por lo tanto para el fútbol y los espectáculos es importante q esto funcione".

La norma, destacaron los legisladores, permitirá aplicar sanciones drásticas y existirá una política preventiva. Asimismo, resaltaron las arduas y variadas sesiones que se dedicaron para despachar a Sala prontamente este proyecto.

La principal modificación apunta a la ampliación de la aplicación de la ley a hechos y circunstancias conexas como banderazos, arengazos, celebraciones, entre otros, los cuales antes estaban exentos de la aplicación de la ley, terminando sin sanción alguna.

Asimismo, la nueva normativa describe de mejor manera los deberes de los organizadores de los eventos de fútbol profesional y establece sanciones más duras y efectivas, con agravantes por reincidencia en caso de incumplimiento. Las infracciones a esta ley serán conocidas por los Juzgados de Policía Local conforme al procedimiento de la Ley 18.287, salvo que constituyan delitos cuyo conocimiento le corresponde a los tribunales en lo penal.

También se crea un tipo penal que sanciona el denominado “secuestro de buses”, con penas privativas de libertad, donde hasta el día de hoy este delito no estaba sancionado sino por la Ley de Seguridad Interior del Estado, la cual no tiene aplicación práctica en nuestro país, salvo casos muy extremos.

Por último, se crea un registro de prohibiciones de acceso a eventos de fútbol. Respecto del mismo, la Comisión de Gobierno deberá determinar si será público como el registro de pedófilos o será privado para los clubes y autoridades, pues son éstos los que deben velar por el cumplimiento de estas sanciones.