Plantean problemas de implementación de ley de inclusión escolar

Diversas dificultades que han encontrado durante la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Escolar, manifestaron representantes de diversas entidades educativas a los integrantes de la Comisión de Educación del Senado durante la segunda jornada de análisis de la implementación de dicho cuerpo legal.

En la última sesión los representantes de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) Guido Crino y Rodrigo Díaz; de la Asociación Gremial de Colegios Particulares de Chile (CONACEP) Hernán Herrera; de la Fundación Magisterio de la Araucanía, Guillermina Torres y Mario Inostroza; de la Confederación de Padres y Apoderados de Chile, CONFEPA, Erika Muñoz; de la Coordinadora de Unidades Pastorales Evangélicas de Chile, CUPECH, Walter Vega y del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, plantearon las principales dificultades que han experimentado en la puesta en marcha.

En lo fundamental se refirieron a algunos problemas en lo que se entiende por gastos para fines educacionales (qué se puede hacer con cargo a ese ítem), y las demoras en los tiempos de respuesta que tiene la autoridad frente a ciertas inquietudes

Al respecto el senador Fulvio Rossi manifestó que "esta es una ley tremendamente compleja e implementarla también es un proceso complejo. Por eso es que se ha hecho una implementación gradual. El mismo Andrés Palma (secretario ejecutivo de la reforma educacional) ha señalado que este año es prácticamente marcha blanca".

Agregó que "entiendo aprensiones de los sostenedores particulares subvencionados, porque efectivamente frente a los cambios hay que ser flexibles, son cambios bien profundos y lo que estamos estudiando es establecer ciertas prórrogas que permitan facilitar y dar fluidez al proceso de implementación. Entiendo ciertas aprensiones que tienen que ver con las tasaciones de los inmuebles donde funcionan las escuelas, porque lo que corresponde es que se pague lo justo, muchas veces el 11% del avalúo fiscal no corresponde al valor real de una propiedad y eso hay que revisarlo".

El senador Rossi también manifestó que otro de los temas que se plantearon con fuerza dicen relación con los fines educativos en los cuales se puede invertir la subvención. "Tiene que haber una jurisprudencia porque no puede ser que en Tarapacá digan una cosa y en Magallanes otra. Hay que apoyar a las escuelas más chicas en todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas y con temas financieros".

Asimismo, indicó que al eliminarse el lucro, la idea es que las corporaciones sin fines de lucro adquieran el inmueble que tenía un sostenedor. "La propiedad es de la Corporación donde lo que queremos es que el sostenedor siga gestionando la educación, pero la idea es que ese inmueble que el Estado paga sea un inmueble que se dedique a la educación y no a otra cosa".

En tanto, la senadora Ena Von Baer manifestó que "vemos que hay muchos problemas en la implementación de la ley de inclusión, porque no hay claridad, por ejemplo, en las escuelas en qué pueden gastas y en qué no pueden gastar la subvención. No hay claridad tampoco respecto a las respuestas que da la Superintendencia y esto produce confusión y estamos proponiendo que el año 2016 para la implementación, específicamente del reglamento de los fines educativos sea de marcha blanca".

Asimismo, dijo que "la explicación que entrega el Ministerio de Educación a través de las seremías respecto al cambio de personalidad jurídica a una entidad sin fines de lucro, tampoco es clara porque no se les explica a los pequeños sostenedores que el inmueble respecto al cual ellos trabajaron para toda su vida, lo pierden y no lo pueden heredar".

En tal sentido, señaló que "es importante que el gobierno transmita la verdad especialmente a los pequeños sostenedores que no saben que los colegios que pagaron con créditos, con el esfuerzo de su trabajo, que esos inmuebles no se los pueden heredar a sus hijos porque pasan al Fisco".