Norma que adecua la ley de inclusión es respaldada por la Comisión de Educación

En condiciones de ser visto por la Comisión de Hacienda quedó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar, el que cursa su segundo trámite.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura aprobaran –en general y particular- el texto en su última sesión. Una vez que Hacienda haga lo propio, éste pasará a Sala.

El presidente de la instancia especializada, el senador Ignacio Walker valoró dicha votación favorable, explicando que “con ello damos tranquilidad a los sostenedores de la educación particular subvencionada, quienes habían quedado con una serie de dudas tras la aprobación de la ley de inclusión”.

El legislador aclaró que “con la norma en vigencia estaba pendiente lo relacionado con los inmuebles. Esto porque los sostenedores tienen la obligación de comprar o autocomprar los recintos donde funcionan los establecimientos particulares subvencionados para seguir funcionando, y ahora les damos un plazo de hasta 10 años para seguir arrendando y luego resolver esa situación”.

“Ahora, ellos van a poder acogerse a la ley, transformándose en personas jurídicas sin fines de lucro antes del 31 de diciembre de este año, pero su situación patrimonial va a quedar a salvo. Tendrán hasta 6 años para seguir arrendando, y si se transforman en sin fines de lucro antes del 30 de junio, van a tener un plazo de 10 años”, describió.

Al respecto, la senadora Ena Von Baer interpretó esta ley como “el reconocimiento del Ejecutivo de que la ley de inclusión no funciona ya que está mal planteada y ejecutada. Con ella muchos colegios particulares subvencionados tendrían que cerrar”.

“Muchas de las disposiciones de arrendamiento e infraestructura, se cambian con esta ley miscelánea, todo para que no hacer desaparecer a estos planteles”, comentó lamentando la implementación que ha tenido la norma.

Por su parte, la Ministra de Educación, Adriana Delpiano planteó que “este proyecto mejora aspectos de la ley de inclusión de carácter tributario y patrimonial. Se da la posibilidad a los establecimientos con más de 400 alumnos, que solo tenían tres años para adquirir el lugar donde funcionan, a continuar en las mismas condiciones por 6 años. Además, se les pone el incentivo que si lo hacen antes del 30 de junio, se prorroga esta situación por otros 4 años”, indicó.

Otro aspecto de esta ley miscelánea, y que fue explicado por la titular de la cartera, fue que se faculta a las universidades autónomas a impartir la carrera de pedagogía teniendo 3 años para acreditarla y otros 3 años para hacer lo propio con el plantel.

El proyecto se refiere a tres materias:

1. Permite que las universidades en proceso de licenciamiento, y aquellas autónomas a la fecha de entrada en vigencia de la norma que regula este artículo, puedan, con apego a la regulación general, comenzar a impartir carreras de pedagogía.

2. Amplía el plazo para acreditar la titularidad sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional. Para ello también fortalece el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar; entrega gradualidad en la disminución del financiamiento compartido; y extiende el plazo para comunicar la renuncia a la subvención.

3. Plantea reglas tributarias especiales: esto en cuanto al tratamiento tributario de los aportes o donaciones y el tratamiento tributario de las ventas.