Agencia Nacional de Acreditación: alistan una completa reestructuración del sistema

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se encuentra analizando el proyecto de ley, en su primer trámite legislativo, que tiene por objeto establecer un nuevo sistema de acreditación para las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, a través de una nueva institucionalidad y del establecimiento de un proceso de acreditación obligatorio, con estándares más exigentes para todas las instituciones de educación superior, que apuntan a mejorar la calidad en la educación superior y a transformar esta mejora en un proceso continuo.

Al respecto, el presidente de la instancia parlamentaria, senador Jaime Quintana manifestó que han escuchado a una serie de invitados, de diferentes áreas de la educación, para en unas semanas más “cerrar esta ronda de sesiones, para luego tomar la decisión de votar en general, pero nos interesa saber si el Ejecutivo se va a hacer cargo de las observaciones de los distintos sectores”

Y adelantó que durante la próxima semana se espera la presencia de la Ministra de Educación y del presidente de las corporaciones municipales, con el fin de continuar el tema del desfinanciamiento de la educación pública y municipalizada.

Por su parte, la senadora Ena Von Baer, miembro de la Comisión, manifestó que, “esperamos que en las sesiones con expertos e instituciones podamos avanzar en este importante proyecto para reestablecer la seguridad familia chilena. El sistema ha hecho agua, todos lo sabes. Tenemos que lograr que el sistema entregue tranquilidad a las familias cuando elijan una institución superior que esté reconocida y sea de calidad, para lo que tenemos que reformular completamente el sistema y eso establece este proyecto”.

AGENCIA NACIONAL DE ACREDITACIÓN

¿Por qué se propone este nuevo sistema?

En respuesta a que la legislación vigente no logra satisfacer apropiadamente los objetivos de los sistemas de acreditación, se propone la creación de una Agencia Nacional de Acreditación y se modifica la manera en que debe desarrollarse la acreditación de las instituciones de educación superior en nuestro país.

Todo esto enmarcado en el paso, en las últimas décadas, de un sistema de educación superior selectivo a uno masivo. Si en 1990 la matrícula de educación superior bordeaba los 270.000, hoy supera el millón de jóvenes. Si en 1990 la  cobertura bruta era de cerca del 16%, hoy está en torno al 50%.

¿Qué rige hoy en día?

En el actual Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el proceso de acreditación es voluntario, salvo para las instituciones que imparten Medicina y Pedagogía. La acreditación puede ser por 7 años (acreditación integral) pero puede entregarse dicha certificación por menos años, situación que ha generado cuestionamientos a la calidad de los planteles (universidades y CFT) y que ha tenido como ícono la Universidad del Mar.

Cabe recordar que entre los rectores que se hicieron presentes en la Comisión de Educación, el 23 de enero pasado, estuvo el presidente del Consorcio de Universidades Estatales y el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi. Éste manifestó una serie de materias que como universidades les interesa incorporar en el texto legal, tales como la conformación de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, la acreditación de las carreras de postgrado y cómo este tema se relaciona con el licenciamiento.

La conformación de la CNA está compuesta por quince miembros a tiempo parcial, siendo la mayor parte de ellos representantes de las distintas instituciones del sistema de educación superior y, por tanto, con potenciales conflictos de interés que requieren del establecimiento de un sistema claro de inhabilidades e incompatibilidades.

¿Y qué propone este proyecto?

La propuesta busca establecer un nuevo sistema de acreditación para los organismos que impartan educación a nivel superior que sean reconocidos por el Estado, haciendo obligatorio dicho proceso y propone cambios a la conformación del CNA.

Este sistema deberá estar establecido en la Ley General de Educación y que comprenda la Superintendencia de Educación Superior y el Sistema de Acreditación de Instituciones de Educación Superior y establece una serie de medidas para fortalecer la institucionalidad del sistema de acreditación.

La Comisión Nacional de Acreditación se reemplazará por una Agencia Nacional de Acreditación, con un Consejo conformado por cinco miembros. Esta conformación -unida al hecho de que se especificarán las incompatibilidades e inhabilidades y se establecerán otras nuevas para lograr una mayor dedicación de los consejeros -permitirá asegurar una mayor independencia de éstos,  resolviendo los conflictos de interés que pudieren tener.

¿Qué atribuciones tendría la Agencia Nacional de Acreditación?

La Agencia Nacional de Acreditación será un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio; cuyo objeto será velar porque las instituciones de educación superior desarrollen su misión y el proyecto académico que ellas mismas han definido, satisfaciendo los estándares  establecidos en esta ley. 

Administrará y se pronunciará sobre el licenciamiento y la acreditación de las nuevas instituciones de educación superior y estará a cargo del Consejo de la Agencia Nacional de Acreditación. Éste estará conformado por cinco miembros. El presidente del Consejo será el jefe superior del servicio y lo nombrará el Presidente de la República; su cargo será de dedicación exclusiva e incompatible con todo otro cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector público o privado; los otros cuatro miembros serán designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado.

Para estos efectos el  Presidente de la República seleccionará al consejero de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Los consejeros durarán cinco años en sus cargos, pudiendo ser designados para nuevos periodos y se renovarán por parcialidades. Cabe señalar que proyecto establece incompatibilidades para el cargo de consejero y establece inhabilidades para intervenir en asuntos que afecten a las instituciones de educación superior. Asimismo el mensaje hace aplicable las inhabilidades y las incompatibilidades a todos los miembros de la Agencia.

¿Cómo se procederá al licenciamiento de las instituciones?

Actualmente el licenciamiento corresponde al Consejo Nacional de Educación, el proyecto modifica esta atribución entregándoselo a la Agencia Nacional de Acreditación y se establece que éste comprende la aprobación del proyecto institucional y el proceso que permite evaluar el avance y concreción del proyecto académico de la nueva entidad, a través de variables significativas de su desarrollo, tales como docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, programas de estudios, y de infraestructura, los  recursos económicos y financieros necesarios para otorgar los grados académicos y los títulos de que se trate.

¿Y el acceso a la acreditación?

Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos para ser reconocidos oficialmente tendrán que acreditarse, la que tendrá por objeto verificar el cumplimiento de los estándares que establece el proyecto, en el marco de la  misión y el proyecto académico que las instituciones de educación superior han definido.

Para efectos de la acreditación, la Agencia deberá elaborar y mantener publicado en su página web un Manual de Acreditación que explique, detalle y dé ejemplos sobre la aplicación de los estándares de evaluación. Éste deberá someterse a consulta pública y será una guía tanto a las instituciones de educación superior como a los pares evaluadores.

El proceso de acreditación considerará una autoevaluación; una evaluación externa, realizada por pares evaluadores que deberán encontrarse incorporados en un registro público que la Agencia llevará a ese efecto; y la deliberación y pronunciamiento del Consejo.

En todo proceso de acreditación, la Agencia deberá considerar a lo menos la mantención de los requisitos del licenciamiento, así como lo evaluado según los estándares establecidos, en el proceso de acreditación inmediatamente anterior, incluyendo las observaciones formuladas, con el fin de promover el mejoramiento continuo de las instituciones.

¿Qué sucede si se pierde o no se obtiene la acreditación?

La institución a la que no se le otorgue acreditación perderá el reconocimiento oficial, lo que se hará efectivo a partir del año académico inmediatamente siguiente a aquel en el que la institución de educación superior hubiese perdido su acreditación. Sin perjuicio de lo anterior, por un periodo que no excederá de tres años la institución podrá otorgar títulos a quienes sean alumnos regulares o egresados de la institución al momento de  perder el reconocimiento oficial.

Por último vinculado al proceso de acreditación, el proyecto establece que si se demuestra que para la obtención de la acreditación se cometiere cohecho, estafa o falsificación de instrumento público o privado, se deberá iniciar de inmediato un nuevo proceso de acreditación, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Además, se  contempla una multa de hasta 400 UTM para la institución que se hubiere beneficiado consecuencia de la comisión de alguno de los   delitos señalados.

¿A la fecha, quiénes han manifestado sus posturas y han estado presentes en la Comisión de Educación del Senado?

Al día de hoy, sin olvidar que aún faltan algunos expositores por recibir en audiencia, han presentado sus visiones:

-          El ex ministro de Educación Harald Beyer y el presidente del Consejo Nacional de Educación.

-          Los rectores de las Universidades: de Santiago; de Valparaíso; de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Andrés Bello; de Arte y Ciencias Sociales; de la Católica Silva Henríquez; Academia de Humanismo Cristiano; Miguel de Cervantes; y la Universidad Central.

-          El vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores (CRUCH); el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH; el rector de Inacap, en representación del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

-          Representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH); y de las Federaciones de Estudiantes de las universidades: Federico Santa María; de Valparaíso; P. Católica de Chile; y de la Universidad de Chile.

-          El coordinador nacional de la organización Educación 2020 y representantes de las Fundación Jaime Guzmán y del Instituto Libertad y Desarrollo

¿Cuál es la siguiente etapa de tramitación?

La Comisión de Educación del Senado espera terminar en las próximas sesiones las rondas de audiencias para poder someter el proyecto a votación en general.