Consejo normativo del Sernac: ¿solo tendrá atribuciones normativas?

El lunes 30 de mayo será el día clave para que los integrantes de la Comisión de Economía zanjen las atribuciones del Consejo Normativo, el que es uno de los elementos claves del proyecto que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Los congresistas se encuentran votando las indicaciones a la norma en segundo trámite. En las últimas dos sesiones han quedado en evidencia una serie de diferencias con el Ejecutivo respecto a la dieta que tendrán los consejeros, sus atribuciones  y el ejercicio de éstas, y la consulta pública que se deberá realizar.

Considerando lo anterior, la Comisión acordó solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) un informe en legislación comparada para saber funcionan en otras naciones estos cuerpos colegiados. Asimismo, se acordó que los asesores del Ministerio de Economía junto a los de los senadores consensuen una redacción a la luz del debate.

El presidente de esta instancia parlamentaria, el senador Iván Moreira destacó que el lunes 30 se vayan a revisar y votar las materias que quedaron pendientes. “Se pensó en votar hoy pero acordamos postergarlo para tener mayores antecedentes. Ahora sí o sí a mediados de junio vamos a tener despachada esta norma porque es necesaria para los consumidores”, aseguró.

La problemática se centró en que la propuesta del Ejecutivo consigna un rol normativo para el citado consejo. En concreto se plantea que esta institucionalidad “apruebe una propuesta formulada por el director nacional (del Sernac) de interpretación administrativa, normas e instrucciones de carácter general en materia de protección de los derechos de los consumidores”.

Al respecto los senadores Iván Moreira, Lily Pérez San Martín, Eugenio Tuma y Rabindranath Quinteros coincidieron en que esta atribución meramente normativa es insuficiente.

“Veo que este consejo depende mucho del director, de las propuestas que haga. Creo que sus atribuciones son muy acotadas si pensamos en la necesidad de fortalecer el Sernac. Además creo que se convocaría ocasionalmente, cuando el director lo disponga. No me parece”, planteó el senador Tuma.

En la misma línea, la senadora Pérez San Martín declaró que “no queremos un consejo decorativo. Si hemos puesto tantas reglas para su conformación, no entiendo que se les entregue solo un rol normativo”.

Mientras que el senador Moreira agregó que “nosotros elaboramos una propuesta más completa que considera que el consejo intervenga en la política de fiscalización, la medicación y demandas colectivas, y el proceso sancionatorio. Nos parece que eso sería una estructura más robusta”.

Por su parte, el director del Sernac, Ernesto Muñoz argumentó explicando que “lo que se ha planteado no es un diseño antojadizo. El Sernac tendrá una serie de contrapesos. En materia de fiscalización, el servicio será un organismo unipersonal con representación en todo el país donde se ejercerá este rol. Creemos que ese modelo es más efectivo que si el consejo interviniera. Si se pone un consejo a cada una de las facultades del servicio, la reforma no va a funcionar”.

Pese a ello el Ejecutivo se mostró dispuesto a evaluar la propuesta de los senadores, de manera de incorporar algunas de esas disposiciones.

También existieron dudas respecto al procedimiento que rodeará al consejo. La norma estipula que la propuesta del director del servicio antes que sea remitida a este cuerpo colegiado, debe someterse a una consulta pública que será publicada en la página web del Sernac. Al respecto se acordó, dejar esto pendiente considerando que se vincula con las atribuciones del organismo. Lo propio ocurrió con el ejercicio de las atribuciones.

En cuanto a la reclamación de ilegalidad, el Ejecutivo planteó que “cualquier persona afectada por un acto de aplicación de normas o instrucciones de carácter general o de interpretaciones administrativas de la normativa, podrá reclamar por ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago dentro del décimo día”.

La idea fue cuestionada por los legisladores considerando que se obliga a la persona que desea interponer este recurso a viajar a Santiago, lo que fue calificado como un signo contra la descentralización.

En esa línea, el senador Quinteros aseguró que “esta redacción no tiene sentido y va en contra de todos los esfuerzos que hemos hecho para facilitar la vida de las personas que viven en todo el territorio nacional”.

A su turno, los parlamentarios Pérez San Martín y Moreira propusieron que sea el Sernac el que se traslade hasta el lugar donde reside la persona que quiere interponer el recurso.

El director del Sernac explicó que “la dirección del servicio está en Santiago, por lo que el afectado debe acudir a la justicia de esa ciudad. Además si se faculta a las Cortes de Apelaciones de las regiones a intervenir, podrían haber sentencias contradictorias”. Al respecto, el senador Tuma comentó que “si las cortes resuelven de manera distinta, que lo hagan porque son las reglas del juego”.

Finalmente, los asesores mejorarán la redacción de los citados incisos para incorporar de alguna manera la idea que las personas no deban trasladarse a Santiago.