Comisión de Economía tuvo primer acercamiento a proyecto del Gobierno que sanciona con cárcel la colusión

Revisar la conveniencia de que solo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sea el encargado de investigar la colusión fue una de las temáticas que intentaron despejar los integrantes de la Comisión de Economía al conocer el mensaje que acaba de llegar al Senado.

Se trata de la iniciativa en segundo trámite, que fija normas para la defensa de la libre competencia. Así el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; y el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal entregaron detalles del texto.

En lo sustancial, la propuesta establece:

• Que el monto de la multa ascienda al doble del beneficio obtenido durante la colusión o el 30% de las ventas

• Prohibición de contratar a los infractores en cualquier órgano de la administración pública por hasta 5 años desde la sentencia ejecutoriada

• Contempla la delación compensada

• Establece penas de privación de libertad de entre 5 y 10 años. En el caso que se apliquen beneficios, los culpables a lo menos deberán estar un año en la cárcel

• En el caso de que la colusión haya sido respecto de un producto de primera necesidad, las penas de cárcel parte en 7 años y medio

El presidente de la Comisión, el senador Eugenio Tuma consultó a las autoridades las divergencias que han surgido entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público. “Entiendo que ambos órganos podrían verse beneficiados del rol del otro, eso mientras fluya la información”, hizo ver.

En la misma línea, el senador Iván Moreira reconoció que el Ministerio Público se ha mostrado interesado en investigar de oficio. “Creo que es importante que la fiscalía marque la diferencia porque en los últimos años han demostrado un alto nivel de profesionalismo que se debería aprovechar”, explicó.

En materia de juicios, el legislador también recordó un oficio que mandó la Corte Suprema a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, donde señala que la indemnización de perjuicios no solo debe ser conocida por los TDLC sino también por los tribunales civiles. “Entiendo que en lo penal estas causas las ven los tribunales de garantía, pero en lo civil existen estas dudas de competencia”, recalcó.

Otras dudas estuvieron en la institucionalidad y su capacidad de hacer frente a la alta concentración de mercados como los de las Isapres, farmacias, telefonía celular, supermercados, bancos, detergentes y papeles. Al respecto el senador Tuma cuestionó “¿cómo podemos hacer que el Estado regule esta situación? sobre todo pensando que en este caso, por ejemplo, la Fiscalía demoró 10 años en desbaratar el cartel”.

Para el senador Alejandro Navarro, una forma de fortalecer a la FNE es cambiar la forma en cómo se designa a su titular. “Creo que debería designarse una terna, la Presidenta debería elegir de ahí un nombre, y luego el Senado ratificarlo. La Alta Dirección Pública no es suficiente para dar prueba de imparcialidad”, planteó.

Respecto a la cárcel efectiva, el parlamentario recordó que en otras naciones donde la legislación es dura, en realidad quienes van a la cárcel son los ejecutivos medios puesto que los dueños de las empresas están resguardados. “No quiero que acá pase lo mismo. Se debe perseguir a los responsables finales que son los que realmente deben responder”, agregó.

Por su parte, la senadora Lily Pérez San Martín preguntó cómo el mensaje resuelve el tema de las multas, particularmente quiénes serían los destinatarios de dichos fondos. En general, se mostró satisfecha con la propuesta y la forma en como recoge las ideas matrices de mociones relacionadas.

“Escuchamos al fiscal, quien de manera muy clara nos explicó este proyecto integral que no solo sanciona con cárcel a los infractores, sino que fija multas altísimas. También establece delación compensada para quien denuncia primero y busca prevenir la concentración del mercado”, manifestó la congresista.

A su vez, el senador Jorge Pizarro aseguró que no solo los consumidores se ven afectados por esta estafa, sino también la economía en su conjunto. “Los extranjeros que invierten en Chile tienen una alta valoración de la institucionalidad. Somos una economía pequeña pero sólida que da garantías de justicia. Este caso enloda aquello”, afirmó.

El congresista consultó si el mensaje que deberá ser votado en general por la Comisión, nació fruto de la experiencia de la propia FNE. Reflexionó respecto de la necesidad de compatibilizar en un justo equilibrio la cárcel con multas significativas.

La Comisión acordó invitar a la próxima sesión a expertos en derecho económico para ver la realidad en nuestro país; y a la vez, solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) un estudio para conocer cómo acciones vecinas han enfrentado estos casos estableciendo cárcel, multas e indemnizaciones.

Asimismo, se le solicitó a la FNE un informe en el que se detallen los mercados que se encuentran más concentrados, en los que potencialmente podría observarse colusión.

En tanto, la ministro Céspedes explicó algunas de las indicaciones ingresadas al proyecto también iniciado en mensaje, que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores (Boletín N° 9369-03).

Esta norma está en segundo trámite y ahora la Comisión está trabajando en las mejoras al texto. En esa línea, el Ejecutivo explicó que durante el debate en general una de las críticas que se hicieron fue que el nuevo Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) concentraría muchas funciones.

“Frente a ello creamos un consejo normativo que busca interpretar la norma. Éste estaría conformado por tres integrantes con altas credenciales técnicas, los que serían nombrados con acuerdo del Senado y durarían en su cargo 4 años”, declaró admitiendo que se perfeccionan disposiciones sobre impugnación de la legalidad.

“También queremos que los consumidores tengan mayor libertad para presentar sus denuncias. Como se nos dijo que el Sernac no estaba presente en todas las regiones, decidimos que este trámite también pueda hacerse en los Juzgados de Policía Local”, aseguró adelantando que también existirá un catálogo de multas con agravantes y atenuantes.

Este miércoles la Comisión revisará y votará las indicaciones presentadas por el Gobierno y los propios parlamentarios.