Comisión de Economía continúa evaluando fórmula que permita extender la garantía de bienes durables

El potencial encarecimiento de los bienes durables al extenderse su garantía de 3 meses a 2 años, fue el principal tema analizado por los integrantes de la Comisión de Economía en su última sesión.

Esta instancia se encuentra estudiando la moción, en primer trámite, que modifica la ley de derechos de los consumidores estableciendo garantía para los bienes durables, es decir, los que pueden ser usados más de una vez, tales como los electrodomésticos, productos electrónicos y automóviles.

En la ocasión, hicieron uso de la palabra representantes de la Cámara de Comercio de Santiago y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), quienes expresaron una serie de observaciones a la norma en estudio. Un punto en que coincidieron y con el cual empatizaron los legisladores, fue que debido a las nuevas exigencias que se proponen, se genere un alza en estos productos, lo que iría en perjuicio de los consumidores.

El presidente de la Comisión, el senador Iván Moreira comentó que solo resta una sesión de audiencias donde serán invitados líderes de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecus) y Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Tras ello se procederá a votar la idea de legislar, decisión que luego deberá ser analizada por la Sala.

Durante la sesión, los legisladores Moreira, Lily Pérez San Martín y Rabindranath Quinteros admitieron que la intención de la norma es proteger a los consumidores, por lo que “resultaría conveniente revisar las ideas matrices de manera que no se termine mermando aún más los derechos de los compradores”.

En tal sentido, la senadora Pérez San Martín comentó que “el proyecto está bien intencionado pero otra cosa pasa en la práctica. Para nosotros es útil reflexionar sobre la necesidad de cambiar el concepto de bienes durables y agrupar los productos de acuerdo a su naturaleza, o distinguir el rol que tendrá en esta iniciativa los llamados bienes de segunda selección o los desechables”.

En la misma línea, el senador Quinteros reconoció que “no se trata de legislar para liquidar al empresariado. Queremos que se entregue el mejor servicio a las personas, evitando los abusos, pero a la vez los proveedores tienen derecho a desarrollar su emprendimiento pero de dentro de la ley”.

A su vez, una de las autoras del texto, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe recordó el contexto social. “Hoy la gente no se conforma con adquirir bienes. Hoy las demandas apuntan a que los servicios funcionen bien y por eso debemos velar por la relación post venta. La gente quiere que se responda por el producto por el que pagaron”, hizo ver.

Dentro de las observaciones realizadas por los gremios invitados estuvo la necesidad de cambiar la definición de bienes durables aplicando aquella que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE); estudiar el rol de los servicios técnicos; analizar los bienes discontinuados, de segunda categoría o desechables; los efectos tributarios de ampliar la garantía; incorporar criterios de conformidad y proporcionalidad; y los efectos de estos cambios en los precios.

En representación de la Cámara de Comercio de Santiago, Francisco Arthur valoró la propuesta pero cuestionó algunos aspectos. “Uno de los temas que deben observarse es la emisión de las llamadas garantías tributarias, las notas de crédito que hoy duran 3 meses. Si se quiere extender este instrumento a 2 años, debe hacerse ese cambio”, planteó.

Desde lo jurídico, el organismo aseguró que “se confunde el plazo para reclamar con la prescripción de la garantía por disconformidad. También no se distinguen la gravedad de la falla y su efecto de responsabilidad del proveedor. Creemos que sería conveniente que los proveedores entreguen a los consumidores, al momento de la compra, el detalle de las potenciales fallas”.

“Me parece que esta norma debe considerar dos principios: el de conformidad y el de proporcionalidad. Lo primero corresponde a las expectativas de uso y a que se entregue lo pactado; y la proporcionalidad dice relación con el grado de responsabilidad del proveedor considerando el daño del producto”, se planteó.

Por su parte, el presidente del Comité de Derechos de los Consumidores de la SOFOFA, Claudio Ortiz mencionó algunas cifras en cuanto a los bienes durables. “Hoy estos productos han crecido un 15% anual, mientras que los no durable lo han hecho en una proporción de un 6,6%. Es más, de las ventas los durables representan entre un 25 y un 35% del total de la economía, lo que no es menor”, aclaró.

“Ahora somos partidarios de que el proyecto recoja la definición del INE. De acuerdo a ella, se entiende por bien durable los automóviles, productos electrónicos, productos tecnológicos y los de equipamiento para el hogar”, mencionó con el fin de que los legisladores recojan este concepto considerando que el que está redactado en el proyecto sería más amplio.

En cuanto al traslado del producto asociado a la garantía, Ortiz insistió en que ello debe ser de cargo del consumidor, “porque es este el que plantea el problema. Entendemos que cuando se trata de bienes de mayor costo, es el proveedor quien se ocupa de esta logística”. También planteó que “cuando un producto cuesta menos de una UTM (46 mil pesos), debería operar la devolución en vez de la reparación de éste”.