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Colaboradores externos del Sename piden estabilidad por cambios que tendrá nueva institucionalidad

Esta fue una de las demandas de las que tomaron conocimiento los legisladores en la última sesión de la Comisión de DD.HH. El objetivo de la jornada fue obtener nuevos antecedentes que permitan explicar la precariedad del servicio.

27 de mayo de 2016

Imagen foto_00000014Una mirada a la situación de las entidades privadas que sostienen la mayor parte de la gestión del Servicio Nacional de Menores (Sename), dieron los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en su última sesión.

 

Los congresistas desde hace algunas semanas, se encuentran analizando la situación de los centros de menores, particularmente la precariedad con que funcionan y cómo ese factor redunda en la atención de los pequeños.

 

En la última sesión los parlamentarios recibieron al Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza; el director del Refugio de Cristo, padre Enrique Opaso; y el director de asuntos corporativos de Entel Chile, Felipe Simonsohn.

 

Cabe consignar que actualmente el Sename depende del Ministerio de Justicia, sin embargo en el marco de la nueva institucionalidad que se generará tras la aprobación de diversos proyectos de ley en trámite, el Ministerio de Desarrollo Social tendría un papel relevante. De allí la presencia de este secretario de Estado en la sesión.

 

SUBVENCIONES

 

El presidente de la instancia, el senador Alejandro Navarro mostró su preocupación por los cambios que se harían a la ley, considerando que los proyectos no se refieren al futuro que tendrían las organizaciones que colaboran con el servicio.

 

“Veo que acá no existen garantías para decir que otro niño no morirá en uno de los centros. Hay siete mil menores tratando de entrar a un sistema que en sí mismo es precario. Me gustaría saber por qué las entidades que sustentan el Sename no están recibiendo las debidas subvenciones, por eso quiero oficiar a diversos ministerios para esclarecer qué pasa con esos fondos”, sostuvo.

 

En la misma dirección, el senador Baldo Prokurica reflexionó acerca de las obligaciones que tiene el Estado para con estas fundaciones. “Estoy pensando en el Refugio de Cristo, la fundación Las Rosas o el Hogar de Cristo. El Estado les paga por hacer su pega. Muchas de estas organizaciones me han pedido audiencias para pedirme que interceda para que les cancelen las subvenciones”, confesó.

 

“A veces creo que hay un sesgo hacia los privados, se les mira en menos y se desprecia la labor que realizan. Si el Gobierno ha decido terminar con esta alianza, está bien, pero hay que decirlo no dejarlo en una nebulosa. Ahora si queremos evaluar su gestión, hagámoslo”, planteó.

 

Por su parte el senador Juan Pablo Letelier recordó el caso de fundación Las Rosas y el problema que existe con el Ministerio de Salud (Minsal). “Hay un acuerdo marco para determinar cuánto paga el Minsal por día cama. Ahora se quieren licitar. Entiendo que el tema de adultos mayores está en manos del Ministerio de Desarrollo Social”, consultó al ministro del ramo.

 

PROTECCIÓN POR REPARACIÓN

 

Entrando en las exposiciones, el ministro Barraza analizó la actual política pública de infancia reconociendo que esta tiene un carácter tutelar porque interviene en la vida del menor o adolescente cuando la vulneración ya se ha llevado a cabo. “Lo que se buscará ahora es aplicar una lógica de protección que se anticipe a los hechos porque hoy es meramente reparatoria. Así la acción del Estado se torna inoportuna”, explicó.

 

Aclaró que desde la creación del Consejo de la Infancia se ha buscado ampliar el enfoque con una política intersectorial. “El nuevo modelo establece que lo que hoy conocemos como Sename se transforme en dos servicios: uno de protección especializado que aborde la vulneración; y otro de infracción especializado. El primero a cargo del Ministerio de Desarrollo Social; y el segundo a cargo del Ministerio de Justicia”, comentó.

 

En ese marco, y desde un punto de vista legislativo, el ministro explicó que se encuentran en el Congreso Nacional tres iniciativas relacionadas. La norma marco corresponde a aquella que crea un sistema de garantías de los derechos de la niñez (Boletín N° 10315-18), el que se encuentra en la Cámara Baja en su primer trámite.

 

“Las otras dos son la que crea la Subsecretaría de la Niñez (Boletín N° 10314-06) que está en la Comisión de Gobierno del Senado; y la que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (Boletín N° 10584-07) que están en la Comisión de Constitución de este mismo Senado. Ambas cursan su primer trámite”, explicó recordando que en marzo pasado se lanzó la llamada política nacional de la infancia, la que deberá ser materializada por la mesa intersectorial en que participan doce ministerios.

 

La autoridad confesó además que gran parte de la preocupación que despiertan estos cambios dice relación con los colaboradores externos. “Sabemos que muchos programas del Sename hoy son operados por fundaciones y organizaciones. Ellos sustentan el quehacer del día a día, pero ahora esas labores serán traspasadas a nuestro ministerio”, declaró.

 

CAMBIOS A LA LEY

 

En la misma línea, el padre Opaso comentó que la fundación que representa lleva más de 64 años en la quinta región. Actualmente administra 19 hogares de menores, los que acogen a mil 700 niños. “El día que recibimos la política nacional de la niñez y de la adolescencia convocamos a mesas técnicas para analizar el documento considerando que nosotros somos colaboradores del Estado. Nos dimos cuenta que el foco está bien porque dice relación con el interés superior del niño”, aseguró.

 

Sin embargo hizo ver que “quedamos sorprendidos porque el texto indica que dos leyes (N° 20.032 y 16.118) van a ser derogadas. Esas normas son las que dan sustento a nuestra labor, por eso vemos que nuestra estabilidad se cuestiona. Por ejemplo, habíamos firmado un convenio con el Sename para recibir a recién nacidos, pero con estos cambios vemos difícil poder concretarlo”.

 

“Nos preocupa que no aparezca con fuerza el rol de los colaboradores del Estado. No tenemos la certeza jurídica de que vamos a seguir haciendo nuestra labor. Aparte hay que reconocer que tenemos graves problemas con las subvenciones, no nos pagan lo que corresponde, de hecho lo que nos pasan, no cubre ni siquiera un cincuenta por ciento de los gastos”, confesó.

 

El religioso insistió en que el Estado entrega 270 mil pesos por niño y eso resulta insuficiente. “Hay muchos que tienen necesidades siquiátricas. Nosotros no contamos con los recursos para darles la atención que merecen. Los tribunales de familia los mandan a nuestros hogares, pero no es llegar y recibirlos. Ellos tienen dignidad y debemos tener los medios para darles el mejor trato”, manifestó.

 

Finalmente, Simonsohn de Entel explicó como la empresa ha logrado relacionarse con la comunidad fomentando el acceso igualitario a internet. “Entre nuestras iniciativas se encuentra Conectando Chile 1 y 2, que es un proyecto que ha permitido dotar de conectividad a 181 localidades del país alejadas de los centros urbanos, ahora son más de 549 con la nueva etapa del programa. Podemos decir que 202 escuelas cuentan con banda ancha gratis por dos años”, relató.

 

A su vez describió la experiencia del programa Barrio Feliz, y desde el punto de vista educativo, destacó los convenios que han suscrito con Enseña Chile y Unicef, las iniciativas País Digital, Yo leo, y a creación de la primera biblioteca pública digital en América Latina que se encuentra en la comuna de Independencia.

 

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