Sanciones por colusión: instituciones vinculadas al tema harán propuestas para perfeccionar la ley

Con el objeto de perfeccionar la normativa vigente en materia de sanciones por el delito de colusión, la Comisión de Constitución del Senado le solicitó a las instituciones vinculadas a perseguir ese ilícito que elaboren propuestas para perfeccionar la legislación penal en esa materia. Ello, en el marco del proyecto que busca establecer penas de hasta 5 años de cárcel para quienes cometan ese delito.

Según explicó el presidente accidental de dicha instancia, senador Alfonso De Urresti “hemos solicitado establecer un equipo de trabajo entre las distintas instituciones, de manera tal de poder generar el diálogo adecuado y poder avanzar, por un lado en el tipo penal adecuado, autónomo del delito de colusión con mayores sanciones y con prisión efectiva para sus autores; y por otro lado, fortalecer las capacidades operativas, de investigación, de detección de este tipo de situaciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica”.

El parlamentario explicó que es fundamental tener una mirada sistémica de cómo opera el sistema económico y las distintas aristas que se pueden dar en el tema, a objeto de contar con una legislación efectiva que además de sancionar evite que se cometa este delito.

“Tiene que haber una visión en conjunto de todos los actores y una coordinación. Lo que se hace en la Fiscalía Nacional Económica, especialmente la delación compensada, los antecedentes de aquellas personas que se deciden a cooperar, tiene que ser un elemento que pueda ser utilizado correctamente en el ámbito penal, de manera que no se frustre la información y que los antecedentes que se recaban en una instancia se reciban en la otra”, dijo el senador.

Por su parte, el senador Hernán Larraín, integrante de la misma instancia, explicó que “hay un  ambiente de discusión respecto de si nosotros sólo debiéramos circunscribirlo a la parte penal que es la que propone el proyecto que estamos discutiendo o si adicionalmente debiéramos incorporar otro tipo de sanciones como las de carácter económico, aumentar las multas, promover la disolución de la empresa que incurra en esas prácticas como una alternativa, puesto que eso en muchos países ha demostrado ser más efectivo para evitar que se altere la libre competencia”.

Precisó que cómo aún no zanjan ese tema, “hemos pedido más antecedentes. Hay una opinión diversa entre el Fiscal Nacional (del Ministerio Público) y el Fiscal Nacional Económico y vamos a ver si podemos analizar estas diferencias  través de una solución que podamos lograr en la Comisión”.

Pero además de analizar dicha iniciativa, la Comisión de Constitución retomó el estudio del proyecto que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (Boletín N° 7130-07), para lo cual escuchó la opinión de diversos penalistas.

Al respecto, el senador Larraín explicó que la iniciativa “goza de toda la aprobación de los integrantes de la Comisión, pero hemos estado viendo cuáles son las hipótesis en que se debe aplicar, porque el proyecto que viene de la Comisión de Derechos Humanos tiene una serie de hipótesis que a su vez se aplican a distintas situaciones”.

Precisó que ello “puede generar un tipo penal demasiado abierto y la opinión que hemos recibido de los penalistas que hemos consultado es que probablemente haya que concentrar y precisar un poco más el tipo penal de manera de no tener algo muy extenso que finalmente pueda incluso significar una limitación a la libertad de expresión... La idea es poder tipificarlo de la manera más clara y precisa para que se consiga el propósito de evitar toda incitación al odio y la violencia”.