Norma que sanciona con cárcel efectiva la colusión será votada en marzo

La primera semana de marzo los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento retomarán el estudio en particular del proyecto que fija normas para la defensa de la libre competencia, en segundo trámite.

Esto luego que en su última sesión, los legisladores no llegaran a un acuerdo respecto del artículo 61 relativo a las sanciones penales. La discusión se extendió por más de una hora, tras lo cual el presidente de la instancia, el senador Alfonso De Urresti solicitó un alto para negociar con el Ejecutivo y los propios legisladores, el curso de la votación.

Luego de 40 minutos de receso, la Comisión acordó invitar a dos académicos al próximo encuentro que se llevará a efecto, tentativamente, el miércoles 2 de marzo. La idea es despachar dentro de ese mes la iniciativa, con rapidez pero sin la premura que ha impulsado el Gobierno en los últimos días, de acuerdo a lo que han expresado los propios congresistas de Constitución.

Tras la jornada, el senador De Urresti argumentó la decisión de este grupo parlamentario. “Creemos que es necesario escuchar a profesores que nos ilustren respecto de la necesidad de investigar lo relativo a la defensa de la libre competencia y a la vez la arista penal. Por unanimidad, la Comisión acordó dejar esto para marzo”, explicó junto con confesar que existe una propuesta de cambiar el nombre a la norma bautizándola como “Eliodoro Matte”, en alusión al cartel del papel confort.

“Queremos establecer en qué momento es oportuno establecer la acción penal por parte del Ministerio Público. Esta propuesta viene de la FNE y el Ministerio Público y ellos están a favor de que una vez concluido el juicio de defensa de la libre competencia, exista el penal. Nuestro interés es que ello se haga de la mejor manera, por eso vamos a consultar a expertos para ver la realidad de otras naciones también”, aclaró.

Para el senador Alberto Espina “el punto de debate se centró en que se nos presentó un acuerdo donde se nos dice que la acción penal se ejercerá solo cuando falle el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y para permitirlo se suspende la prescripción. Es un tema que hay que resolverlo bien para ser eficaces. Lo que digo es por qué no se le permite a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) actuar cuando quiera”, insistió.

Durante la sesión, el senador Felipe Harboe expresó su molestia respecto de la forma en que se estaba tramitando la iniciativa. “Para que podamos contar con una buena ley es necesario el tiempo necesario para su reflexión. No podemos aprobar algo en dos o tres sesiones. Esta es la segunda que tenemos y necesitamos definir aspectos esenciales, pero para eso se requiere reflexionar”, insistió.

Tras la decisión de la postergar la votación, el senador Iván Moreira increpó al Ministerio de Economía respecto de la forma en que ha manejado las urgencias. “Me hubiera gustado votar ahora, pero también estoy de acuerdo que requerimos tiempo para estudiar la norma. Le pediría al Gobierno que se fije más en esto porque nosotros en la Comisión de Economía, de la que soy parte, debimos votarlo a toda velocidad y acá se frena esa urgencia porque los senadores lo piden”, señaló.

La polémica estuvo radicada en el artículo 61 donde se define qué se entenderá por colusión y cómo se sancionará a aquellos que incurran en esta conducta.

Así se señala que “el que celebre u ordene celebrar, ejecute, organice o implemente acuerdos que involucren a dos o más  competidores entre sí, para fijar precios de venta o de compra de bienes y servicios en uno o más mercados; limitar su producción o provisión; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado; o afectar el resultado de las licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas prestadoras de servicios públicos, y órganos públicos; cuya existencia haya sido establecida por sentencia definitiva ejecutoriada del TDLC, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo…”

Este texto corresponde a la propuesta que trajo el Ejecutivo a la sesión, que se supone que aunaba los criterios consensuados por los equipos técnicos de los senadores, del TDLC, la FNE, el Ministerio Público y el Ministerio de Economía.

Sin embargo, los legisladores Pedro Araya y Espina hicieron ver su molestia con la redacción puesto que “acá se dice que el Ministerio Público no podrá actuar hasta que exista una sentencia ejecutoriada del TDLC. Nosotros estamos porque el Ministerio Público pueda actuar en forma paralela en cualquier momento, para dar curso a la acción penal”, explicó el segundo.

El senador Araya aseguró que “esta fórmula es inconveniente porque se perderá mucho tiempo. No creo que los juicios del TDLC sean muy rápidos, además la naturaleza de las pruebas es muy distinta, por lo que se anulará el sentido de oportunidad para investigar”.

En contraposición, los senadores Moreira y Harboe se mostraron a favor de la citada redacción. El primero planteó que “en la Comisión de Economía  votamos a favor de este texto porque, contrario de lo que se ha dicho acá, no habrá impunidad al no existir dos procesos en paralelo. Además creemos que se reforzará la delación compensada”.

En esa dirección, el senador Harboe manifestó que “esperar la sentencia del tribunal es una buena señal porque se da seriedad a la acción penal donde el Ministerio Público investiga. Además si esperamos terminar con lo de libre competencia para perseguir el delito a nivel penal, contribuye al equilibrio institucional”.

Cabe consignar que la Comisión intentó avanzar en la discusión del artículo 62 relativo a la exención de la responsabilidad penal, sin embargo ello no se pudo dado que era necesario votar el artículo 61 para proceder con el texto.