Comisión Especial de Seguridad Ciudadana: apoyo transversal a medidas de Estado para combatir el terrorismo

En “una señal de unidad y de visión de Estado” para el combate contra el terrorismo, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana expresó su solidaridad con las víctimas del atentado ocurrido en el Metro y que dejó a 14 personas heridas de diversa consideración.

La instancia que preside el senador Felipe Harboe y que integran los senadores Alberto Espina, Hernán Larraín, Pedro Araya y Antonio Horvath también recogió el convencimiento “transversal” de sus integrantes en orden a condenar a este tipo de hechos y contribuir en todo lo necesario para que los autores sean sancionados efectivamente.

Por ello, recalcaron la necesidad que los tres poderes del Estado actúen coordinadamente y en unidad para enfrentar este flagelo del delito organizado. En esa línea ofrecieron toda la colaboración de la Comisión para perfeccionar la legislación vigente y entregar las herramientas necesarias tanto para persecución como para la acreditación de estos delitos. Cabe recordar que el mencionado grupo legislativo realizó una "cumbre de seguridad", el pasado 4 de agosto, en el ex Congreso donde escucharon a todos los representantes de los organismos relacionados con la seguridad en el país y propusieron diversos perfeccionamientos a la actual institucionalidad. (Revise la nota relacionada)

El senador Harboe recordó que “como grupo transversal de senadores trabajamos en el diagnóstico de este tipo de hechos, con el fin de elaborar un conjunto de propuestas que entregaremos al gobierno para mejorar los niveles de seguridad y preservar la paz social”.

Indicó que “en esa Comisión tenemos una mirada transversal y unánime en cuanto a que la seguridad constituye un valor importante en la preservación de la paz social y tiene que ser asumido como política de Estado”. “Hemos aprendido que la reyerta política y la discusión de corto plazo no generan los aportes necesarios en un tema tan importante como es velar por nuestros ciudadanos”.

En alusión a las víctimas expresó que “solidarizamos con sus familias condenamos el hecho y queremos señalar que como Comisión de Seguridad nos pondremos a disposición de la autoridad para apoyar medidas que busquen mejorar las condiciones de seguridad, hacer más eficientes las medidas de persecución y tener prontamente la determinación de los responsables”.

Expresó que “la paz social ha sido construida entre todos y debemos preservarla entre todos. El terrorismo no distingue  color político y es deber de la política mantener la unidad y ayudar en todo aquello que corresponda para sacar adelante las medidas que garanticen la preservación de la paz social”.

Puntualizó que “como Comisión de Seguridad Ciudadana estamos disponibles para tramitar con seguridad las modificaciones legales que se requieran para dotar al Estado de las facultades y la información para prevenir hechos de esta naturaleza o bien para reaccionar ante hechos de esta naturaleza”.

Respecto a la legislación para combatir el terrorismo, el senador Harboe expresó que “el problema no está en las sanciones sino en la penalidad para identificar a los autores y lograr probar en un juicio la participación activa en calidad de autor, cómplice o encubridor de estos delitos y para eso tenemos que modificar ley, con el fin de dar más facultades y contar con un mejor sistema procesal”.

No obstante, recalcó que “en paralelo tenemos que hacer una modificación al sistema de inteligencia. Hoy, las técnicas de las investigaciones son distintas y, por eso hemos planteado la necesidad de tener fiscales especializados”.

El senador Espina indicó que “tenemos absolutamente la convicción que es necesario pasar desde el diagnóstico a las soluciones. El diagnóstico concreto es que el país ha reaccionado tarde a la conciencia política y ciudadana de que hay grupos violentistas que están cometiendo actos de terrorismo y que requieren ser duramente sancionados”.

Aseveró que “no sacamos nada en culpar quién tiene más o menos responsabilidad. Lo que hoy sentimos es el deber de que los poderes del Estado deben actuar con unidad, respaldar al Gobierno en las medidas que adopte y lograr corregir aspectos que tiene la ley, y que harían posible tener mejores resultados”, precisó.

“La actual legislación, que aun cuando requiera perfeccionar las atribuciones de los fiscales y de los policías, permite perfectamente obtener resultados que logren detener y condenar a los autores de este delito que tiene una pena que puede fluctuar entre 20 años y presidio perpetuo. De manera que no se puede utilizar como pretexto o argumento el que la actual ley antiterrorista (…) para justificar lo que hasta ahora ha sido un fracaso en las investigaciones que se han hecho en el caso de las bombas”.

En este sentido, el parlamentario –quien también es miembro de la Comisión de Constitución del Senado- sostuvo que “resulta difícil entender que la ley antiterrorista no tiene hoy agentes encubiertos que permitan infiltrar policías que permitan desarticular las organizaciones que están actuando en el país. Lo mismo de la entrega vigilada o las intercepciones telefónicas, y ni hablar de la necesidad de agilizar los servicios de inteligencia”.

Finalmente, el senador Espina manifestó que “en estos momentos, lo que tenemos que cumplir a la ciudadanía es que nos vean trabajando unidos para los efectos de colaborar con el Gobierno, agilizar los cambios que se requieren en la ley, aumentar las facultades de las inteligencias de las policías y de la Agencia Nacional de Inteligencia, y otorgar los recursos a los fiscales”, concluyó.

En tanto, el senador Hernán Larraín intervino para manifestar que “ante hechos tan brutales, el compromiso transversal de la Comisión de Seguridad Ciudadana es enfrentar el terrorismo con una perspectiva de Estado donde todas las instituciones deben dar una señal potente de repudio social ante hechos de esta naturaleza”.

Recalcó que “esto se logra por ejemplo, perfeccionando la actuar ley antiterrorista haciéndola un instrumento adecuado dentro de un Estado democrático que actúa con legitimidad para impedir que estas conductas se apoderen de la convivencia social”.

En ese sentido dijo que “comprometemos nuestro esfuerzo con otras instituciones en perfeccionar esta ley para combatir y representar el repudio social que ameritan estos hechos”.  No obstante, recordó que “no hace mucho se perfeccionó la Ley para evitar presunciones que servían en forma injusta para condenar a personas por conductas terroristas pero que, al mismo tiempo, hacen más difícil probar el delito”.

Asimismo argumentó la necesidad de “cambiar ciertos métodos de acción policial que son ineficientes. Pues pareciera que la inteligencia no funciona para evitar conductas terroristas. Hay demasiados hechos que se suceden hace años y no se han desarmado a estos grupos”.

Manifestó que “también hay otros lugares donde existe este tipo de actividades donde no hemos sido capaces de dotar a nuestras policías de inteligencia para crear un Estado de Derecho que asegure la paz”.

El parlamentario indicó que “ese es nuestro compromiso: una legislación antiterrorista adecuada con legitimidad y que permita a los organismos policiales evitar e impedir que estas conductas prosperen y siembren el terror en la población.  No nos atemorizan y vamos a seguir actuando porque el mayor éxito del terrorismo es generar temor y debilitar a las instituciones”.

Por su lado, el senador Pedro Araya reafirmó el derecho de los ciudadanos a “vivir en paz”, por lo que grupos violentistas no tienen cabida en la sociedad chilena. “Respaldamos la acción del Ministro y el Subsecretario del Interior como conductores de la política de seguridad pública”.

En esa misma línea recordó que la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana “advirtió que una de las principales falencias del sistema de persecución penal  era el sistema de inteligencia que es deficiente y se construyó en Chile cuando había desconfianzas y se trató de limitar las atribuciones de las policías y la ANI”.

Asimismo manifestó “la voluntad para avanzar en un sistema adecuado de inteligencia que, no solo se agota en la ley antiterrorista sino también para perseguir delitos de narcotráfico y comunes”. “Necesitamos una nueva ley antiterrorista que entregue herramientas eficaces a órganos de persecución penal”.

Por ello, aseguró que “estamos disponibles para avanzar teniendo presente que es necesario resguardar nuestro Estado de Derecho”.