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Comisión Mixta despachó mayores exigencias para declaración de patrimonio e intereses de autoridades públicas

El proyecto sobre probidad en la función pública deberá ser analizado ahora por la Sala de la Cámara de Diputados y luego por la del Senado para quedar en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su promulgación

10 de septiembre de 2015

Imagen foto_00000015Mayores exigencias para las declaraciones de intereses y de patrimonio de las autoridades públicas del nivel central y local, acordaron los integrantes de la Comisión Mixta que estuvo encargada de zanjar las discrepancias que surgieron entre el Senado y la Cámara de Diputados, en torno al proyecto sobre probidad en la función pública.

 

Así lo informó el presidente de esa instancia, senador Alberto Espina, tras señalar que la iniciativa quedó en condiciones de ser discutida por la Sala de la Cámara de Diputados y luego por la del Senado.

 

“Hemos aprobado un proyecto que es un avance muy importante que dice relación con las exigencias de probidad de todos los funcionarios públicos, sean del gobierno central, del Congreso, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, etc. Esta norma contempla muchas mayores exigencias respecto de la información que se tiene que aportar en lo que se refiere a la declaración de patrimonio, mucho más completa de la que se hace hoy día y también en lo que dice relación a la declaración de intereses”, dijo el senador.

 

Agregó que también contempla normas relativas a la enajenación de activos, pues habrá ciertas autoridades que “estarán obligadas a vender cualquier derecho o acción que tengan, de empresas que hagan negocio con el Estado porque se estima incompatible. En algunos otros casos, de cualquier otra empresa que tenga negocios dentro de la región en la que él trabaja cuando se trata de autoridades regionales”.

 

Agregó que también se incluyeron normas sobre el fideicomiso ciego “que es la obligación de las autoridades que poseen un patrimonio de alguna significación y lo tienen en acciones, a tener que entregar esas acciones a un tercero para que las administre sin conocimiento de quien las tiene, pero además vender las acciones, diversificarlas y comprarlas en otros instrumentos para que no se sepa realmente en qué se está invirtiendo”.

 

Según el senador Espina, esta iniciativa “busca tomar las medidas que permitan a través de la transparencia, la información y la publicidad, saber si el comportamiento de las autoridades está acorde con los grados de honestidad que requieren los cargos o si hay en algún momento tráfico de influencias o existe enriquecimiento ilícito u otras conductas que sean sospechosas que requieran investigarse o averiguarse para frenar cualquier caso de corrupción”.

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