Advierten que casi 600 mil personas sobreviven gracias a camiones aljibes

El encargado de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Reinaldo Fuentealba, y el delegado presidencial para los recursos hídricos, Reinaldo Ruiz, han sido invitados a la próxima sesión de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía que se llevará a cabo el martes 10 de marzo.

Este fue uno de los acuerdos a los que llegaron los integrantes de esta instancia parlamentaria el martes pasado luego de escuchar a representantes de la Junta de Vigilancia del río Longaví y sus afluentes; como también a la entidad “Agua que has de beber”.

Ambas entidades hicieron ver sus demandas respecto a la falta del vital elemento que afecta no sólo desde lo doméstico sino también el desarrollo productivo ligado a la agricultura y la energía. En particular, cuestionaron los procesos institucionales en cuanto a las dificultades que existen para dar curso a la instalación de sistemas de Agua Potable Rural (APR).

La presidenta de esta instancia, la senadora Adriana Muñoz explicó que las situaciones explicitadas dejan en evidencia que “la urgencia debe estar en encontrar agua y proporcionarla a la brevedad a todas las personas que la requieren que cada día son más”.

La legisladora detalló que casi 600 mil personas viven gracias a camiones aljibes. “Esto nació como una solución temporal pero hoy es una política pública instalada permanente. Eso no puede ser. Está bien que avancemos en lo legislativo, pero también debemos reconocer que hoy está la urgencia de hacer frente a la escasez de agua, en eso debe estar el acento”, declaró.

En esa línea, comentó que la Comisión se mostró partidaria de hacer ver a las autoridades la inactividad que han tenido los gobiernos frente a esta demanda. “Necesitamos dar una respuesta institucional, por eso decimos invitar a las autoridades de la DOH y el delegado presidencial”.

Otro de los temores expresados por los representantes de la citada junta de vigilancia fue la titularidad de sus derechos en agua. Cabe recordar que en la Cámara Baja se están tramitando algunos proyectos que establecen cambios al Código del Agua, en tanto, en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado se está estudiando hacer de este un bien nacional de uso público.

“Estas discusiones han generado en los regantes el temor de que en el corto plazo perderán sus derechos y eso no es así. En el futuro se pasará de una titularidad privada a una pública, pero eso recién lo estamos estudiando”, comentó la legisladora recordando el mandato que recibió la Comisión de la Sala.

En tanto, este miércoles 11, la Comisión de Agricultura recibirá al Ministro de Agricultura, Carlos Furche; y al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga para analizar la sequía que afecta a las regiones de la zona sur.

El presidente de esta instancia parlamentaria, el senador Iván Moreira aseguró que "hoy nuestros agricultura requieren ayuda inmediata. Si bien se les ha entregado forraje y planes de riego suplementario, esto no es suficiente. Se debe trabajar con planes a largo plazo".

El legislador manifestó su preocupación respecto a los efectos económicos que tiene este panorama. Así admitió que el sector lechero será uno de los más afectados, por lo que abogó por soluciones en el corto plazo.

En relación a la cita con el titular del MOP, el congresista adelantó que se le pedirá a la DOH que apoye con la implementación de pozos profundos. "Esta es una solución que requiere tiempo, pero hay que comenzar desde ya a trabajar en ello", acotó.

La junta de vigilancia del río Longaví hizo ver sus dudas respecto a los cambios que se generarían en la titularidad de los derechos de aprobarse cada una de las iniciativas que están en trámite en el Congreso Nacional.

En esa línea, hicieron consultas respecto a quién y cómo se define el interés público en materia de aguas, cómo se considera fortalecer el trabajo de las organizaciones de usuarios (juntas de vigilancia y comunidades de aguas), cómo se compatibilizarán los derechos antiguos con las nuevas concesiones, y quién se encargaría de financiar las modificaciones a las obras de infraestructura existentes considerando los cambios que se proponen.

En tanto, “Agua que has de beber” -proyecto que impulsa la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo junto a la Corporación Canelo de Nos, Fundación Senda Darwin y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, con el apoyo de la Unión Europea (UE)- planteó algunas soluciones a esta crisis.

Así se abogó por una intervención integral, que permita solucionar los problemas con el agua de manera sistémica y en el largo plazo, considerando la variabilidad del clima. También se hizo ver la necesidad de elevar a rango constitucional la prevención de que las aguas son bienes nacionales de uso público, garantizando que el bien común esté por sobre la propiedad privada.

Otra alternativa expresada por la agrupación fue que el Estado establezca para cada macro-cuenca, un caudal mínimo que permita resguardar las funciones sociales y ambientales; como así también que se nacionalicen las empresas sanitarias, de manera que el fisco controle a menos el 51% de la participación patrimonial.