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AVP: un paso más para terminar con la discriminación

Por Isabel Allende, senadora por la Región de Atacama

10 de enero de 2014

Imagen foto_00000001El Proyecto de Ley sobre el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) surge no sólo como una forma de un nuevo contrato que permita regular los derechos y obligaciones entre aquellos que lo celebran, sino también– y a mi juicio lo más importante- otorga carácter jurídico a muchas personas que sufren en silencio, porque han sido discriminadas, muchas veces incluso humilladas, ya que no tienen derechos previsionales, ni derechos hereditarios, ni otros beneficios de la vida en común, simplemente porque no han optado por el matrimonio.

 

Tras haber debatido en dos oportunidades el proyecto sobre AVP, y habiendo escuchado a algunos de mis colegas, me hizo recordar la discusión de la ley conocida como “Ley de Divorcio”, por el nivel de pasión que en algún instante surgió, de descalificaciones y amenazas; incluso el que fuéramos catalogados como rupturistas, en contra de la familia. Nos costó mucho que los parlamentarios más conservadores entendieran  que nuestra  obligación es legislar sobre políticas públicas en beneficio de todas y todos.

 

Luchamos para que la gente entendiera que si hay divorcios no era porque había una ley, sino porque se trata de seres humanos, y como tales pueden fracasar en sus matrimonios. Además, es un legítimo derecho el intentar rehacer la vida, para encontrar una nueva pareja. El tiempo nos dio la razón, porque hoy, el matrimonio sigue existiendo, y lo más importante, que las personas actualmente disponen de una legislación acorde a la realidad actual.

 

De igual forma, lo que estamos haciendo con este proyecto es otorgar una oportunidad  para las parejas heterosexuales y homosexuales. Es un paso más contra la discriminación, aunque aún nos falta por avanzar.

 

Quiero recordar que esta iniciativa nace de un texto del entonces senador Allamand, como también de un mensaje del Presidente de la República que le dijo al país, simplemente “nos ocuparemos de los dos millones de chilenos que conviven en parejas sin estar casados, protegeremos sus derechos de acceso a la salud, a la previsión, a la herencia y a otros beneficios sociales, removiendo los obstáculos que hoy les impiden ese acceso y la discriminación existente de forma de constituir una sociedad inclusiva, acogedora, no excluyente”.

 

Pero, además, creo que esto también tiene sustento en la Constitución Política, porque en su Artículo 1° nos dice que: “El Estado tiene como finalidad promover el bien común de sus habitantes”. Por lo tanto, contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material-espiritual posible es lo que estamos haciendo hoy.

 

Cuando pensamos en lo que costó sacar la Ley Antidiscriminación, o cuando observamos largos y dolorosos juicios contra la familia de origen o la lucha del conviviente que sobrevive al otro, para poder tener derechos previsionales o suceder una herencia, realmente son situaciones que han quedado desreguladas, y han provocado enormes problemas y tremendas injusticias de parejas que han vivido juntas por largos años -homosexuales o heterosexuales- pero sobre todo homosexuales, porque son doblemente discriminados. Por todo lo expuesto, tengo la convicción que estamos frente a una realidad de la que tenemos que hacernos cargo. Evidentemente hay que perfeccionar la norma, porque quedan algunos temas pendientes.

 

Presenté una indicación con el Senador Rossi para que se incorpore al artículo 182 del Código Civil un inciso segundo que diga: “Tratándose de una pareja de mujeres, las madres del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son las mujeres que se sometieron a ella”. Hoy mismo estamos asistiendo a un juicio que se ha llevado a la Corte Interamericana, precisamente, por este tipo de situación y nosotros tenemos que avanzar en buscar cómo ir solucionando situaciones que se dan en la vida real.

 

Tengo la convicción, y en esto me voy a quedar con las palabras de la Fundación Iguales: “La homosexualidad no es una conducta enferma o desviada, sino que es una expresión más de la naturaleza humana, la que lleva a un hombre o una mujer a desear y amar a otro del mismo sexo, conservando el instinto de formar pareja y hogar”. Como sociedad tenemos que dejar de tener la mirada de la conducta desviada o enferma, sobre la homosexualidad porque  es falso, no nos hace bien y solo muestra una actitud intolerante. Por lo mismo ratifico que estoy a favor del proyecto y así he votado.

 

De todas formas, éste requiere de algunas perfecciones. Debemos hablar de “convivientes” más que de “contratantes”. Además, el procedimiento debiera realizarse ante el oficial de Registro Civil no ante un notario, porque este acto debe ser reconocido por el Estado y no por un particular.

 

Como Senadora de la República espero que continuemos avanzando en esta línea y derribemos mitos absurdos que solo impiden que las personas –independiente de su opción sexual- puedan desarrollar una vida de pareja y familiar digna, y sin ningún tipo de humillaciones.

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