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Asociación de Magistrados y Red de Universidades por la Infancia entregan propuesta para perfeccionar proyectos

La Comisión especializada en temas de infancia y adolescencia recibió el informe elaborado por un grupo multisectorial de profesionales y le solicitó al Ejecutivo que lo considere para seguir legislando.

20 de diciembre de 2019

Contar con dos equipos que faciliten la instalación de la nueva institucionalidad y crear consejos de protección de la infancia, son algunas de las propuestas que entregaron a la comisión especial de niñez y adolescencia, la asociación nacional de magistrados y la red de universidades por la infancia.

Los profesionales entregaron un completo informe a la comisión especializada de Niñez y Adolescencia del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (boletín N° 12.027-07)  y del proyecto que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez (boletín 10.315-18).

Imagen foto_00000011En la oportunidad, las magistradas Mónica Jeldres y Pamela Lobos entregaron un detallado informe con las propuestas para facilitar la puesta en marcha de la nueva institucionalidad de niñez e hicieron lo propio la coordinadora de las universidades Mahia Saracostti  y el académico Isaac Ravetllat.

“Hemos querido establecer en el documento todo lo que debe estar en la ley y como todos los servicios, unidades y subunidades se están relacionando”, dijo Jeldres.

Entre los aspectos que resaltaron las magistradas, está la necesidad de que existan dos equipos, uno de desinstitucionalización y otro de puesta en marcha del sistema, similar a como se hizo con la puesta en marcha de la reforma procesal penal. Las profesionales explicaron que dada la magnitud del cambio que se quiere impulsar en materia de protección de niñez y menores vulnerables, es fundamental que a lo menos existan esos dos equipos para facilitar la instalación del nuevo sistema.

Asimismo, manifestaron que es fundamental hacer un seguimiento de la trayectoria de los menores que ingresan y salen del sistema. “No hay seguimiento de la vida del niño, hay una sobreintervención y la idea es llegar antes e ir evaluando el sistema”, dijo la magistrada Jeldres.

El documento también se refiere a la necesidad de promover los derechos del niño, de fortalecer la prevención y de perfeccionar los plazos en materia de protección especial administrativa y protección especial judicial.

Otro de los aspectos que propusieron es la necesidad de contar con Oficinas Locales de la Niñez con equipos clínicos especializados, implementar un Consejo Consultivo de los niños, a nivel local y contar con Consejos de Protección de la Niñez, tanto comunales como regionales.

En esa misma línea, la magistrada Pamela Lobos manifestó la importancia de darle relevancia primero a lo social y no a lo judicial. “Nos piden a los jueces una solución que nunca vamos a poder satisfacer, porque el problema es social. La idea que se logren soluciones antes de judicializar”.

En tanto, el profesor Ravetllat advirtió que “no nos podemos conformar con una ley de garantías que reproduzca la Convención de los derechos del Niño, que tiene 30 años, sino que necesitamos ir un poco más allá. Necesitamos una legislación del siglo XXI y darle una estructura a la ley de garantías de los derechos del niño”.

Por su parte la Subsecretaría Carol Bown manifestó que verán en detalle los documentos presentados a objeto de ver cómo se compatibilizan con las iniciativas en trámite.

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