EXTENSIÓN Y MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS A FORESTACION ESTABLECIDOS EN DECRETO LEY N° 701
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fomento forestal, que modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el decreto ley N° 701, de 1974, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8603-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 3 de abril de 2013.
Informe de Comisión:
Agricultura: sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos principales del proyecto son los siguientes:
-Bonificación, mediante concurso, para las actividades que señala.
-Incentivos especiales para personas o comunidades indígenas cuando impliquen aspectos culturales en áreas de uso forestal.
-Aporte a la mitigación del cambio climático.
La Comisión discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos de los Senadores señores Coloma, García y Larraín Fernández. Se pronunciaron en contra los Senadores señores Quintana y Ruiz-Esquide.
Debe tenerse presente que los números 15 y 16 del artículo 1° del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación requieren 21 votos favorables.
Cabe recordar que, en sesión de 9 de abril pasado, la Sala acordó que en el segundo informe el proyecto fuera conocido por las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, pido segunda discusión para esta iniciativa.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Conforme, sin perjuicio de realizar ahora la primera.
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El señor HORVATH.- Deseo plantear un punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales retomó la discusión sobre la necesidad de avanzar en la tramitación de una iniciativa de ley que valora y protege los glaciares, considerando particularmente los proyectos de CODELCO, Barrick Gold (Pascua Lama), Anglo American y otras empresas, que tienden a generar conflicto entre intereses mineros, agrícolas, turísticos y de conservación de montaña, más la situación de aguas.
Por eso, dicha normativa (boletín N° 4.205-12) reviste especial importancia. Fue aprobada en general por el Senado, pero se dejó pendiente porque el Gobierno anterior quedó de mandar algunas indicaciones, y el actual tampoco las ha enviado hasta la fecha. Sin embargo, se han producido los avances respectivos.
Por las razones anotadas, solicito que se establezca un nuevo plazo, de 30 días, para formular indicaciones a ese proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se fijará plazo para presentar indicaciones a dicha iniciativa hasta el 8 de julio próximo, a las 12, en la Secretaría de la Comisión.
--Así se acuerda.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El proyecto sobre fomento forestal quedó para segunda discusión, sin perjuicio de realizar ahora la primera.
¿La Senadora señora Alvear ha pedido la palabra para referirse a esta iniciativa?
La señora ALVEAR.- No, señor Presidente. Era sobre una materia anterior.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, podría quedar todo para segunda discusión, aun cuando estoy en condiciones de informar ahora el proyecto en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Es preferible efectuar la primera discusión en esta oportunidad.
Tiene la palabra, Su Señoría, para informar sobre el proyecto.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la iniciativa procura extender los incentivos a la forestación en un ámbito de mucha importancia para Chile.
El decreto ley N° 701, promulgado en 1974 y modificado en 1998, no ha expirado, pero el 31 de diciembre pasado dejó de regir el Título V de dicha normativa, que entregaba una bonificación a los propietarios que plantaban por primera vez un predio de aptitud forestal. Lamentablemente, por la demora en el análisis de esta iniciativa, para los efectos de plantaciones forestales este año se está desaprovechando, lo cual es una gran pérdida para el país.
Pensamos -en esto todos coincidirán- que esta es una política de Estado mantenida por más de 80 años, debido a que Chile tomó conciencia de la grave deforestación ocurrida por siglos a causa de la habilitación de tierras para cultivar y del uso de leña como combustible.
En 1931 se dictó la Ley de Bosques que incentivó por primera vez la forestación de tierras desnudas, con el fin de proteger suelos de cerros que se estaban erosionando, con grandes pérdidas de tierras, al embancar ríos, canales y tranques y alimentar dunas que volvían al continente por sus costas.
Se estimaba entonces que en la cordillera de la Costa y en el área precordillerana andina desde Coquimbo al sur había más de 5 millones de hectáreas en tales condiciones. Hoy se considera que dicha superficie es de 2,6 millones, y recientes catastros realizados por la CONAF determinaron que aún existen 2,3 millones de hectáreas de aptitud forestal sin bosques. Es decir, la cifra actual coincide con la estimación de hace más de 80 años.
Por lo tanto, nos encontramos ante una tarea de Estado que no está concluida y que es necesario continuar, más todavía cuando los resultados de tal proceso, que se reactiva con el decreto ley N° 701, ha sido extraordinariamente beneficioso para el país, porque con una inversión menor se ha logrado instalar una realidad forestal de magnitud que antes no se daba.
Además de lo realizado durante todos estos años, promocionando el Estado la forestación a través de diferentes instrumentos legales, han quedado sin plantar los suelos más marginales, pues algunos de ellos, por su estado de degradación, no son capaces de soportar siquiera un bosque para producir madera.
Lo hecho durante este período ha servido también para favorecer a todos los propietarios que tuviesen interés, cualquiera sea la dimensión de su predio, cuestión que a esta altura no pareciera justificarse debido a que la rentabilidad de las inversiones es elevada y, en consecuencia, no se requiere recurrir a subsidios cuando se trata de terrenos de tamaño significativo.
Por eso, el primer objetivo de esta iniciativa es rediseñar la estructura de propietarios campesinos por favorecer, enfocando el beneficio fundamentalmente en los más pequeños.
En el proyecto de ley ingresado al Congreso, el propietario más grande al que se pretende modificar es de un tamaño equivalente a la mitad del propietario mediano definido en el texto vigente.
En concreto, los beneficiarios serán los pequeños propietarios forestales, esto es, aquellos con ventas anuales de hasta 2 mil 400 UF; los medianos propietarios forestales, con ventas anuales entre 2 mil 401 y 10 mil UF, y el resto de los agricultores con ventas entre 10 mil y 50 mil UF. Sobre las 50 mil UF no habrá bonificación.
Esta es una manera de circunscribir el beneficio a las empresas que podríamos llamar "pymes forestales". Las forestales medianas o grandes, por esta vía, quedan marginadas en lo sucesivo de seguir siendo favorecidas.
El criterio que se usa en el proyecto es el del ingreso o venta anual, dejando de lado la definición empleada hasta ahora, tomada de la Ley del INDAP. Porque esta norma define al pequeño propietario agrícola como aquel que solo vive del predio, en el supuesto de que es imposible que lo haga en sectores forestales sin bosques. Por lo mismo, se excluye a muchos pequeños propietarios de los beneficios del decreto ley N° 701.
El beneficio se asigna a través de un sistema de concurso simple y flexible que prioriza a los pequeños propietarios, permitiendo así focalizar esta política pública con criterios regionales, sociales o financieros. Además, satisface la necesidad del Estado de comprometer y presupuestar su costo en el mediano y largo plazo.
En lo fundamental, esta iniciativa tiene dos objetos.
Por una parte, crea un incentivo a la plantación de bosques con fines productivos o madereros, como ha sido hasta ahora, pero incluye, adicionalmente -lo que reviste una enorme importancia, pues se trata de una innovación muy significativa-, bonificar la plantación cuando tenga el propósito exclusivo de proporcionar servicios ambientales, tales como detener la desertificación, controlar la erosión, proteger el suelo, mejorar la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente mediante la captura de dióxido de carbono.
En esos casos, se propone bonificar al pequeño propietario con el 100 por ciento del costo de plantar y para que excluya la ganadería, asegurando el éxito de la plantación. Además, se dispone el pago de un bono anual, por 20 años, para el cuidado y aseguramiento del establecimiento forestal. Esta es una propuesta muy notable, pues constituye uno de los primeros pagos ambientales asegurados por ley en el mundo.
De manera que no solo hay una renovación del beneficio, sino que también, junto con circunscribirlo a los pequeños propietarios, se hace una innovación adicional al extender la bonificación a la plantación cuando se persiguen objetivos ambientales de conservación y protección del medio ambiente.
Adicionalmente, la iniciativa considera la modalidad de comercialización de eventuales bonos de carbono a partir de las plantaciones realizadas con los beneficios de esta ley, para permitir a los propietarios, en el futuro, acceder a ese mercado una vez que se desarrolle.
Finalmente, se consideran recursos económicos para fortalecer y mantener los inventarios de volumen y de carbono de los bosques que el país necesite para cumplir sus compromisos internacionales relacionados con acciones de mitigación de gases de efecto invernadero.
La iniciativa en análisis fue discutida largamente en la Comisión. Tuvimos muchas audiencias, en las cuales se recibió a un total de 18 organizaciones del más variado origen relacionadas con la materia. Estas son: la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Corporación Nacional Forestal de Magallanes y la Antártica Chilena, el Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal, la Federación Nacional de Sindicatos de la Corporación Nacional Forestal, la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca, la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, el Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G., la Fundación Centro de los Bosques Nativos, la Fundación Terram, el Departamento de Acción S ocial del Obispado de Temuco (el Ingeniero Forestal y Encargado del Programa de Medio Ambiente respectivo), la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), la Asociación de Viverista y Forestadores de La Araucanía, la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH), las Comunidades y Organizaciones de los Pueblos Indígenas por el Bosque Ancestral en Chile, las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados y la Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y Pueblos Originarios de Chile (ASÍ CONSERVA CHILE).
Es decir, pudimos escuchar a una gama muy amplia de personas que, por cierto, tenían sobre el particular opiniones distintas, las cuales quedaron consignadas en el informe que está en manos de Sus Señorías.
Uno de los temas objeto de debate en estas presentaciones fue la consulta indígena que corresponde efectuar en virtud del Convenio N° 169 de la OIT. Como los Senadores saben, hoy día no existe un procedimiento adecuado para realizarla. Hay una normativa, dictada en 2009 o 2008, que no satisface las exigencias establecidas por esa Organización para lograr que se cumpla el propósito de dicho instrumento internacional. Sin embargo, y a pesar de que aún no se ha estructurado tal procedimiento -se encuentra en vías de elaboración-, se llevó a cabo una consulta bastante significativa a nivel nacional, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la de Aysén, incluyendo la Provincia de Isla de Pascua, a través de las instancias que el Gobierno pudo constatar que representan a la población indígena que será potencialmente afectada en las zonas rurales.
Dicho proceso de consulta se validó ante 87 dirigentes indígenas, y alcanzó a 1.400 comunidades de las 4 mil 800 registradas.
Eso fue un asunto que generó debate en la Comisión, y muchos representantes de organizaciones indígenas, como las que mencioné, hicieron presente que, a su juicio, la consulta no se realizó realmente en la forma o con el espíritu que contempla el Convenio N° 169. No obstante, debo señalar que ella, con todas sus limitaciones y aunque probablemente no cumplió con lo óptimo en materia de consultas -esperamos que ello sea reglamentado una vez que se disponga de un procedimiento concordado-, sin lugar a dudas fue la más completa que, con motivo de una iniciativa de ley, se haya aplicado a los pueblos indígenas.
Alguien podrá decir con razón que ello no es suficiente. Pero a ese respecto, con ánimo realista y sentido común, se debe admitir que la consulta se hizo, que se procuró alcanzar al mayor número de instituciones y comunidades¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- ¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede continuar.
El señor LARRAÍN.- Gracias.
Decía que se procuró alcanzar al mayor número de instituciones y comunidades posible. Y creo que al menos recogimos sus inquietudes.
Espero que en la discusión en particular, si se aprueba este proyecto en general, se pueda continuar con ese proceso, porque es lo que corresponde.
Ciertamente, en esta discusión se han formulado distintos tipos de alcances, objeciones o cuestiones. Solo por dar un ejemplo, una inquietud fue la relativa a la concursabilidad. Al efecto, debo señalar que el decreto ley N° 701 mantiene un sistema de asignación directa una vez que se cumplen las exigencias y los objetivos establecidos para acceder al beneficio. Pero aquí se contempla un concurso que -como bien dije-, aunque es simple, flexible y prioriza a los pequeños propietarios, igual es un concurso y, por lo tanto, algunos postulantes que reúnan todos los requisitos requeridos pueden resultar no favorecidos.
En lo personal, creo que es necesario introducir modificaciones para apuntar al propósito central de abrir el beneficio a todos los que cumplan con los requisitos y volver a la idea de la no concursabilidad si se cumplen las exigencias de la ley. Pero esta es una materia que, por cierto, será debatida.
Finalmente, quiero expresar que en la Comisión hubo una propuesta de algunos colegas, fundamentalmente de los Senadores Ruiz-Esquide y Quintana, para aprobar una prórroga al decreto ley N° 701 por dos años.
Nosotros analizamos esa inquietud y, finalmente, concluimos que, de aprobarse la presente iniciativa, el país contará con un instrumento bastante mejor que dicho cuerpo legal. Por ende, pensamos que sería un error extender la vigencia del decreto ley N° 701, pues ello significaría no avanzar en mejorar la situación actual, como sí lo permitiría el texto en estudio.
Por consiguiente, en lo fundamental, consideramos que la aprobación de la normativa en proyecto implicará avanzar, dar un paso positivo, porque -como mencioné- es mejor que el decreto ley N° 701: focaliza más, incluye materias ambientales, elimina a las empresas medianas y grandes. En fin, es posible mencionar otras razones que le otorgan un significado mayor, y por último, si en dos o tres años más se estimara necesario introducirle correcciones, nada impediría hacerlo.
En consecuencia, la mayoría de la Comisión desestimó la prórroga de ese decreto y acordó recomendar la aprobación en general de esta iniciativa, para que en la discusión en particular se pueda subsanar todo lo que se precisara.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo señalar que el problema ambiental más importante que vive o sufre nuestro país es la erosión y la desertificación, que comprometen a 48 millones de hectáreas -es decir, a cerca del 60 por ciento de la superficie del territorio nacional-, lo que hace que ninguna región de Chile esté ajena a ese problema.
Ello no es de curso reciente. De hecho, en ciertos procesos de colonización se produjeron muchos incendios, incluso institucionales en algunos casos. Ello se debía a que para darles títulos a los colonos se les exigía tener sus campos rozados, es decir, quemados, pues en esa época no había un aprovechamiento forestal, ni caminos, ni tecnología.
A principios del siglo XX, durante el Gobierno de Balmaceda, llegan a Chile importantes científicos y naturalistas de Europa, algunos de ellos de origen alemán, como el geógrafo Juan Steffen y los profesores Federico Albert, Federico Hanssen y Federico Johow.
La labor de Federico Albert es digna de destacar en esta materia, porque realizó un trabajo relevante para activar la conciencia chilena de esos años acerca de la protección de la flora y la fauna, que eran sistemáticamente diezmadas. Él llevó a cabo algunos proyectos señeros para frenar la erosión y la desertificación en dunas como las de Chanco y Concón. En su condición de naturalista de especies foráneas, encontró distintos tipos de pinos que crecían con gran rapidez y eran capaces de detener esos procesos (hasta el día de hoy podemos admirar algunos de los árboles plantados en esa época, hace más de 100 o 120 años). Además, él hizo una serie de otras acciones para crear conciencia ecológica.
En todo ello también influyó que en 1931 el Gobierno de ese entonces dictara la Ley de Bosques y, de esta forma, se empezara a incentivar la forestación. Sin embargo, el proceso de erosión y desertificación ha seguido con mucha fuerza, debido a que Chile es más bien un país agrícola y ganadero y aún no existe una cultura forestal bien asentada para que la gente trabaje y viva dentro de los bosques.
En 1974 se llevó a la realidad un proyecto que se venía elaborando desde antes de los años setenta. Es decir, desde el punto de vista político, transversalmente se planteó la necesidad de generar un subsidio para recuperar tierras afectadas por procesos de pérdida de suelos casi irreparable en términos de plazos humanos.
Dicha ley resultó, en general, muy exitosa: subió la masa forestal casi en 2 millones de hectáreas y empezó a poner freno a la erosión y la desertificación. Hoy en día esa labor representa, lejos, más del 95 por ciento de la actividad económica vinculada a lo forestal.
Con todo, la gran deuda del sector se relaciona con el bosque nativo. Tenemos una cantidad enorme de él. Pero, por falta de caminos y de industrialización, no ha sido puesto en valor, pese a la última ley de bonificación que logramos sacar después de dieciséis años en el Congreso. Ese lapso podría llevar a pensar que la iniciativa pertinente fue excesivamente tramitada. Sin embargo, no fue así. Los proyectos no duermen en el Parlamento. Lo que pasa es que era inconveniente pues, por un lado, permitía la sustitución del bosque nativo, y por otro, no contemplaba fondos para dar incentivos ni para fortalecer a la Corporación Nacional Forestal, que todavía permanece en una situación, desde el punto de vista institucional, híbrida.
Este proyecto ha sido prorrogado por la vía de las leyes de presupuestos o por otras iniciativas, que han extendido los beneficios pertinentes por un par de años.
Sin embargo, forestar es una actividad cuyos resultados se pueden observar, según la especie de que se trate, al menos después de quince, veinte, treinta, cuarenta o hasta cincuenta años. Y por eso se requiere -como se propone hoy- un horizonte bastante mayor.
Ahora, como explicó el Presidente de la Comisión de Agricultura y lo destacará con mayor razón el señor Ministro del ramo, en ese horizonte se necesita, además, focalizar el proceso en el sector de los pequeños y medianos propietarios que participan en esta actividad.
Nosotros hemos visto esto con interés. No somos ajenos a la necesidad de trabajar en el fortalecimiento y la definición de una CONAF pública ni a la de volver a poner en equilibrio una práctica que siempre ha tenido una mejor tabla de costos, pero que, por distintas razones, no se ha materializado: la reforestación con bosque nativo.
En el caso de la Región de Aysén, donde llegamos a tener tres millones de hectáreas quemadas y hoy en día urge reforestar 800 mil, el hacerlo con bosque nativo no es fácil, porque significa generar cercos especiales, incluso para detener las liebres que se comen los renovales. La experiencia ha demostrado que la plantación de especies de crecimiento más rápido (por ejemplo, la de ejemplares exóticos de alto valor, como el pino oregón en esta Región) genera, por un lado, una cobertura ante el viento, los embates climáticos y el excesivo sol, e impide, por otro, la entrada de animales para alimentarse de los renovales. Asimismo, por el hecho de cerrar el paso al ganado ovino y bovino, el bosque nativo se mantiene protegido y a los pocos años crece incluso más que el exótico.
Me parece muy conveniente lo que se ha logrado. Nosotros tenemos una iniciativa parlamentaria con tal fin (no lo hemos conseguido hasta la fecha), para bonificar por etapas. Hoy día el Ejecutivo está dispuesto a incorporar este punto. Así, por ejemplo, sería posible plantar mil árboles en una hectárea y, una vez que generaran una situación de protección, proceder a una segunda fase con especies nativas. Y ello se bonificaría de acuerdo al número de árboles plantados en las distintas etapas.
En la línea de impulsar la protección, la actividad forestal y los servicios que ofrece el bosque, el presente proyecto bonifica en cien por ciento el costo de los árboles no aprovechados y que se encuentren en faldeos altos, en zonas de erosión o de difícil acceso. Ello obedece a que resulta fundamental recuperar el manto vegetal y generar, entre otros beneficios, el mejoramiento del ciclo hidrológico, la reconstitución de la flora y fauna, la protección de los ecosistemas y, además, la posibilidad -esto es muy importante- de respetar una de las leyes de la naturaleza más maravillosas que existen: por la vía de la fotosíntesis, la captación de carbono y la liberación de oxígeno en nuestro planeta.
Por tal razón, un grupo de parlamentarios estamos trabajando en un acuerdo para que en la discusión particular del proyecto vayamos en esa línea, es decir, en la de permitir una forestación por etapas que considere los bordes de los cursos de agua, los torrentes en las cabeceras de las cuencas y todo lo que significa la protección como el punto focal más importante de lo que viene.
Eso debe traducirse en un incentivo a los pequeños y medianos productores que vaya más allá de la limitante que hoy día les impone la ley como beneficiarios del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), en el sentido de que deben vivir casi exclusivamente del campo. Porque en el caso forestal, ello no es posible aún.
De ahí que se ha abierto el beneficio a los propietarios forestales cuyos ingresos por su actividad económica no superen las 50 mil unidades de fomento al año, con lo cual se incluye a los medianos productores pero se descarta a los mayores.
En forma paralela, consideramos imprescindible establecer una mesa de trabajo compuesta por parlamentarios y representantes del Gobierno y de las diversas organizaciones, a fin de llegar a acuerdos que nos permitan contar con una CONAF pública y tener a la vista todos los antecedentes que nos posibiliten evaluar cuál ha sido el resultado concreto, desde los puntos de vista económico, ambiental y social, de la aplicación del decreto ley Nº 701, que viene desde 1974.
¿Y por qué lo digo? Porque en su minuto, a propósito de ese cuerpo legal, había un gasto fiscal más o menos sincronizado o aparejado con las hectáreas que se forestaban. Sin embargo, eso se desnaturalizó desde el momento en que se empezaron a incorporar otras actividades cuyos resultados no siempre son claros, lo cual ha originado que se gasten muchísimos recursos y que la cantidad de hectáreas forestadas disminuya considerablemente.
A lo anterior hay que asociarle diversas líneas de crédito, como las que ofrecen el INDAP y el BancoEstado.
Por todo ello, pienso que debemos desburocratizar el procedimiento.
Los concursos deben ser simples para que las personas que cumplan determinado requisito y reciban las ponderaciones del caso puedan acceder a los beneficios, a efectos de ser capaces de retomar una actividad en la cual los hombres y las mujeres tienen bastante que aportar, especialmente aquellas en viveros y plantaciones.
En consecuencia, para todas las regiones de Chile, bajo las salvaguardas que podremos perfeccionar durante la discusión en particular, esta iniciativa legal resultará altamente beneficiosa.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, tengo la convicción de que este es un proyecto de ley extraordinariamente importante para el mundo forestal, y más todavía para los sectores agrícolas, sobre todo en la zona centro-sur del país.
Si hay una política pública exitosa desde todo punto de vista es la de incentivo forestal.
Me cuesta imaginar otros recursos que hayan tenido un aprovechamiento público y privado más importante que aquellos que impulsaron este cambio copernicano en la vocación forestal de Chile, en términos de permitir un desarrollo que no se base en la depredación de la capacidad de nuestros bosques -a diferencia de muchos otros países-, sino en el incentivo a una plantación adicional.
Como Presidente de la Comisión de Agricultura me tocó ver distintos informes internacionales sobre la materia que expresaban su admiración, a pesar de que Chile es una potencia forestal relevante, por el hecho de que la capacidad productiva de nuestros bosques hoy día es mayor que hace diez, veinte o treinta años.
Eso obviamente constituye un elemento que, por sí mismo, refleja que cuando una política pública acierta en el incentivo a determinados productos se generan, si ella fue bien ideada y se produce una ecuación público-privada correcta, resultados muy positivos.
Amplios sectores de Chile, como la zona costera de la Región del Maule, cambiaron profundamente a partir de iniciativas de esta naturaleza. En el caso particular de esa área no existían bosques nativos, sino tierras muy improductivas con un grado de pobreza asociada muy dramático -los indicadores daban cuenta de una máxima pobreza social-. Sin embargo, hoy día uno puede apreciar que se ha generado un cambio muy positivo, y que en ella conviven, por cierto, numerosas empresas grandes con algunas pequeñas y medianas, que han visto en el uso inteligente de los recursos forestales una forma de sustento, de crecimiento muy relevante.
Por lo tanto, lo primero es lo primero: este proyecto representa una política pública que realmente vale la pena. Y, a mi juicio, lo que está haciendo el Gobierno apunta a algo absolutamente correcto: a cómo proyectar por veinte años más este tipo de subsidios, que se encuentran en su proceso de término, agregándole una lógica de mejoramiento ambiental. Ello nos permitiría darnos cuenta de que estos elementos tienen una óptica económica, desde la perspectiva forestal; pero, asimismo, ofrecen una forma de enfrentar con éxito problemas tan profundos como el calentamiento global, la desertificación, la captura de carbono, lo que de otra manera, se tornaría muy difícil.
Y lo novedoso del proyecto en discusión radica en la creación de un segundo subsidio que no solo se limita al beneficio forestal productivo, sino que se extiende también al ambiental. Porque se le otorga al pequeño productor una bonificación de hasta cien por ciento de los costos de la plantación, con el propósito, precisamente, de recuperar o mejorar zonas desde la perspectiva ambiental.
Y esto tiene que ver con la modernidad. Es una fórmula inteligente de enfrentar el futuro, con políticas pensando no en el Chile de mañana, sino en el de 20 años más. El Chile de hoy se escribió hace muchos años atrás; el Chile de las próximas décadas se está escribiendo hoy día. Y en el ámbito forestal y de políticas públicas me parece muy relevante aprobar un proyecto de este tipo.
La aplicación de la presente iniciativa tiene un costo alto para el país: 355 mil millones de pesos, según el informe financiero, en los años de vigencia de aquella. Pero, obviamente, se pueden contrarrestar con los 5 mil 600 millones de dólares que exportamos en este rubro. Porque aquí hay una inversión pública, pero se generó adicionalmente un enriquecimiento del país que le permite, por la vía impositiva, no solo recuperar esas cantidades, sino que aumentarlas en forma significativa en beneficio de todos, pero especialmente de los chilenos y chilenas que están en esos lugares, comúnmente de muy difícil acceso, con muy poca alternativa productiva y que pueden encontrar en esta normativa una fórmula de desarrollo potente.
Algunos han querido plantear este tema -y es correcto- desde la perspectiva del cuidado del bosque nativo. Y el Senador Horvath tiene razón: aquí no se está proponiendo una sustitución, sino que se está buscando la manera de aprovechar la explotación de terrenos que son de muy difícil producción y acceso. Cualquiera que vea las costas montañosas de nuestra zona centro-sur (también las hay más al norte) podrá darse cuenta de lo difícil que es desarrollar en ellas algún tipo de actividad productiva que no sea la forestal. Esa es la gracia, y mediante el proyecto se logra aquello. Y les quiero decir que este modelo es el que otros países están tratando de implementar.
Entonces, yo me alegro de que el Gobierno haya insistido y le haya "puesto pino" a este tema. Espero, muy de verdad, que el Parlamento apruebe la iniciativa en debate. ¿Por qué digo esto? Porque me preocupa lo que he visto en los últimos proyectos de esta naturaleza: que al final ocurre algo raro. Esta es una zona "rara" de la sociedad, donde en último término las cosas, no sé por qué, van muriendo. La CONAF pública, que a mi juicio era muy importante, fracasó por la falta de votos, en una lógica política que yo nunca he podido entender hasta el día de hoy.
No sea cosa que suceda algo parecido en este caso. Porque esta es una política pública ultraprobada, ultramejorada. Aquí hay talento. Ha participado la gente del Ministerio de Agricultura. Lo han explicado el Ministro, el Subsecretario. Los representantes de la CONAF han buscado una fórmula inteligente para maximizar el uso de recursos y agregar el tema ambiental, que yo considero muy atractivo respecto de lo que viene hacia delante.
Por eso, señor Presidente, nosotros apoyamos este proyecto con entusiasmo. Hay mucha gente del mundo forestal, particularmente pequeños productores, que lo están esperando. Yo tuve hace pocos días una reunión con los productores forestales de Constitución, quienes me pidieron especialmente acelerar este tipo de iniciativas, porque es lo que permite darle continuidad al desarrollo de los bosques. Los bosques se van cosechando, hay que ir plantándolos, y esta técnica público-privada, que ha sido tan exitosa, requiere continuidad. Lo que no necesita, precisamente, es zona de vacío.
Señor Presidente, confiamos en la aprobación de este proyecto, porque estamos convencidos de que es un paso hacia un Chile más moderno, más productivo, que mira más a nuestras regiones agrícolas y forestales.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo que -no me cabe duda de ello- reviste gran trascendencia para el país.
Las iniciativas que lo precedieron han significado que hoy día seamos considerados una potencia forestal en la región, a pesar de nuestras desventajas respecto de otras naciones muy poderosas, que prácticamente lo han tenido todo.
Sin embargo, con el inicio del decreto 701, sobre Fomento Forestal, se han logrado plantar más de 2 millones y medio de hectáreas. Y la inversión desde entonces hasta la fecha llega a 560 millones de dólares.
Pero yo quiero llevar a los colegas también a razonar sobre otros subsidios que ha dado el Estado de Chile. Para las camionetas Chevrolet de Arica y para los autos Peugeot de la Quinta Región -ahí vemos nosotros todavía las instalaciones- se gastaron más de 600 millones de dólares. Yo pregunto: ¿dónde están esas camionetas y esos autos? ¡Convertidos en chatarra!
El resultado de estos otros subsidios son 2 millones y medio de hectáreas que están produciendo, que le dan trabajo a miles de chilenos y que permiten que la exportación anual de los productos llegue a 5 mil 600 millones de dólares hoy día. Y es una fuente renovable, la que, como ya se ha dicho, por la fotosíntesis, controla el carbono. Incluso, los países desarrollados pagan a productores forestales de otras naciones para compensar la contaminación que ellos generan, porque aquí, con estas plantaciones, se está descontaminando.
Es evidente que muchas veces surge la suspicacia y se pregunta por qué tal o cual grupo económico se ha quedado con este beneficio. A lo mejor inicialmente fue así. Pero ya hace mucho tiempo que los grupos grandes no tienen derecho a participar de la bonificación del decreto 701.
Es más, quiero que lo sepan claramente: ninguna de esas grandes empresas está plantando nuevos bosques hoy día. Están solamente forestando lo que explotan. Y se están yendo del país.
Plantar una hectárea en Chile cuesta 7 mil dólares. Es preciso cercar, plantar y seguir todo el proceso. Dichos empresarios se han ido a Brasil: compran a mil dólares la hectárea plantada, y con un crecimiento salvaje.
Entonces, ahí está la papa. ¡En Uruguay y en Brasil tienen más hectáreas de terreno que las que poseen en Chile y los aplauden y les piden que vayan allá! Aquí los vemos muchas veces casi como enemigos.
Yo sé que esto ha traído trastornos donde han adquirido muchas hectáreas de plantaciones y han invadido los terrenos pequeños; o han circundado prácticamente todas las comunas: Tomé, Penco, en que no es posible expandirse porque todo es de la forestal. Pero hemos hablado con esos empresarios, y han entregado cien, doscientas hectáreas, las que sean necesarias, para las poblaciones y la expansión.
Desde que hubo un cambio de gerentes en estas forestales, se advirtió una actitud distinta, que apunta a buscar la buena vecindad, no la enemistad. Y eso es lo que ha dado resultado. No obstante, estas grandes empresas hoy día no participan de las nuevas plantaciones; ellas forestan lo que explotan porque la ley las obliga. Si explotaron el bosque, tienen que plantar. Pero ya no están comprando terrenos para plantar, porque aquí es muy caro y en otras partes les resulta altamente beneficioso.
Por eso, soy partidario de modificar el decreto 701 y focalizarlo en los más pequeños, en el mundo indígena.
¡Y la focalización apunta a los suelos degradados! En la zona mía hay más de un millón de hectáreas cóncavas que se están erosionando cada día más.
¡Esta bonificación es para ese suelo! ¡No para el propietario!
Si nosotros no hacemos nada y no fomentamos la producción forestal, vamos a llegar a ser como el norte: suelos erosionados absolutamente.
Por eso, considero que el proyecto es muy conveniente y me sorprende a veces ver tanta oposición. Yo he colocado el ejemplo de los productores forestales en las comunas que son rodeadas por las plantaciones. Pero a eso se le busca una salida y hay buena disposición para hacerlo. Además, la política de buena vecindad está dando resultados. Ellos siempre escuchan, entregan terrenos para implementar una cancha de fútbol o para que los use un comité de vivienda: siempre están atentos y colaboran en todos los aspectos.
Yo he sido testigo de cada una de esas cosas.
Por eso, hoy día quiero llamar la atención sobre esta materia y señalar que el proyecto representa un beneficio para los pequeños propietarios forestales y, de manera fundamental, para los suelos, porque si no los intervenimos rápidamente se van a erosionar y nuestro querido país los va a seguir perdiendo.
Por eso, apoyo la iniciativa. No obstante, también he escuchado a la gente con la cual muchas veces uno no está de acuerdo.
Yo quisiera que el Ministro fuese muy claro con relación a las próximas etapas que vamos a revisar.
Se señala que las plantaciones de eucaliptus están secando los ríos, pues consumen mucha agua. Por supuesto que se necesita el agua, pero ¿cuán veraz es lo que se afirma? Es cierto que millones de plantaciones de pinos consumen agua, pero después la entregan, la devuelven. El problema fundamental tiene que ver con los eucaliptus, pues existe una oposición muy grande y una observación muy significativa en torno a ellos.
En Chile el bosque se da bastante bien con relación a otras naciones, salvo Brasil. Aquí se planta para esta generación. El pino, según sea su explotación, si se destina para elaborar celulosa, está listo a los diez años; si se deja para madera, a los veinte. ¡En países europeos tardan ochenta y cien años! ¡Todas las plantaciones son para otras generaciones, no para las actuales!
Son miles los trabajadores que viven de esta actividad. Y así como tiene detractores también hay miles de miles de familias que subsisten gracias a ella y que la defienden, porque es algo renovable.
Nosotros hoy día estamos muy contentos con el cobre, pero este metal, más temprano que tarde, se va a terminar y solo nos quedará un hoyo en la tierra. El cobre no se reproduce, pero el pino sí. Son los recursos renovables los que a la larga le pueden dar a nuestro país la posibilidad de seguir recibiendo ingresos. Naturalmente, este es solo un aspecto. Hay que invertir en educación, en conocimiento, en investigación y en desarrollo. Sabemos de naciones que no tienen ninguna materia prima, pero nosotros les mandamos diez barcos cargados con cobre y ellas nos devuelven un contenedor lleno de chips. Es decir, trabajan el conocimiento, la técnica. Nos venden inteligencia; nosotros, la materia prima.
Tenemos que invertir en educación, pero también en cosas productivas como las que señalo.
Antes se despachaban los rollizos de madera enteros y los chips a granel en los barcos. Hoy día ya no se hace eso. La materia prima se manda procesada y hasta se embarcan muebles. Hemos crecido y avanzado en cada una de estas actividades.
Yo sé que hay muchos asuntos que corregir y seguramente con motivo de la discusión en particular del proyecto vamos a presentar indicaciones. Seguiremos escuchando a miles de personas, pero debemos avanzar, enmendar lo malo, porque esto representa una fuente de ingresos y de producción de recursos renovables, lo cual es muy útil para el país, tal como se ha demostrado. Las inversiones se han devuelto por miles.
Dimos un bono muy justo, que todos aprobamos con mucho cariño: ¡320 millones de dólares, altiro! Aquí se han invertido 560 millones, desde el año 1974 a la fecha. ¡Miren el resultado que tenemos!
Por eso es que tenemos que pensar como país, como nación, en qué parte vamos a meter los huevos para que nos reporten el producto y la fuente de trabajo el día de mañana.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CRUZAT (Ministro de Agricultura subrogante).- Señor Presidente, hemos tenido oportunidad de oír las posiciones de distintos Senadores, quienes han manifestado la importancia que reviste el proyecto de ley que ahora se somete a consideración del Senado para el desarrollo del país.
Se trata de una iniciativa que cuenta con una historia de alto impacto, pues, tal como se relató, permitió el desenvolvimiento de una industria que hoy día es admirada y que genera empleo y desarrollo para todo Chile, en particular para la región centro-sur.
Pero como ocurre con cualquier iniciativa en un país que avanza en sus etapas de desarrollo, y habiéndose vencido el capítulo referido a las bonificaciones que otorgaba la ley vigente, se presenta a consideración del Senado y de la Cámara de Diputados una nueva normativa de fomento forestal, que corresponde a una proyección de lo que el país necesita para los próximos veinte años. Y para eso se ha escuchado a muchos propietarios, hoy día presentes en las zonas rurales, que nos han hecho saber sus necesidades. Son dueños de terrenos que muchas veces no tienen otro uso más que el forestal y que actualmente no cuentan con el beneficio vigente que les otorgaba la actual legislación.
Estamos hablando, señor Presidente, de más de dos millones de hectáreas que se encuentran desnudas, que se están perdiendo a consecuencia de la erosión y cuya única aptitud se orienta al uso y desarrollo forestal. Me refiero a las comunidades agrícolas de la Cuarta Región, de la zona de secano y de la precordillera de la zona central, y de algunos lugares de Aysén, incluso de Magallanes.
En nuestro país hay todavía más de dos millones de hectáreas que se están erosionando y a las que no se les da un uso alternativo. Frente a esa disyuntiva hay dos opciones: proponer, tal como lo hace el proyecto de ley, que en esos terrenos se desarrolle una actividad que tenga un objetivo económico y social claro de desarrollo y que facilite la permanencia de las personas en el territorio, contando con el apoyo del Estado, o nos quedamos callados, esperamos que el tiempo pase y que algo que es crucial para el desarrollo de nuestro país, como es el suelo, se pierda de manera irreparable. Porque cuando este no exista no habrá opción de ley, no habrá nada que hacer ahí.
Por lo tanto, el sentido de urgencia de esta normativa es prioritario y fundamental.
Se ha destacado la historia del sector forestal en Chile. Yo los invito a soñar y a pensar cuál es la historia que queremos construir para los próximos años, teniendo ya una industria consolidada. Porque es ahí donde empiezan a aparecer las priorizaciones que pretende la iniciativa en debate.
En primer lugar, se crean dos fondos: uno, con un objetivo forestal, más parecido a lo que veníamos haciendo, para seguir desplegando en los terrenos de pequeños y medianos propietarios forestales la actividad económica que tanto desarrollo le ha dado al país. Por otro lado, se crea un fondo de protección vegetal, con un propósito más bien ambiental, de protección de cobertura, introduciendo la plantación de especies de otro tipo y que puede llegar a otorgar una bonificación de hasta 100 por ciento. Al mismo tiempo, se introduce un elemento innovador y revolucionario: por primera vez en Chile una política pública reconoce, mediante un pago, los servicios ambientales que genera la protección y el cuidado de un ecosistema plantado, porque si no se planta el suelo se dañará de manera irreparable. Y en eso pensamos cuando decimos que hay que detener el desierto, que es preciso impedir que siga avanzando hacia el sur de Chile. Si no generamos un instrumento, una política pública que realmente permita conseguir ese objetivo ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Solamente a través de la voluntad? ¿Solo mediante el compromiso que, a mi juicio, todos tenemos? El Estado debe definir políticas públicas para ese fin y, particularmente, el instrumento que se somete a consideración del Senado incorpora aquella variable como un elemento esencial.
Por ello, esperamos que ustedes, que van a tener la oportunidad de conocer esta ley en proyecto también en particular, nos den la posibilidad de llevar a cabo este debate, una discusión fundamental que debemos realizar en nuestro país y para cuyo desarrollo se asignan recursos y formulan propuestas.
La ley en proyecto no es solo para tres regiones, sino para todo el territorio nacional. Y por eso nos interesa que los Senadores que representan a Arica, a Magallanes, en fin, vean en el articulado que se sugiere una alternativa para colaborar regionalmente en la tarea por hacer.
Tal como indicaba, señor Presidente, se rediseña por completo la estructura de fomento forestal, enfocándose exclusivamente en los pequeños y medianos propietarios.
Estamos hablando de una categoría de mediano propietario que equivale a la mitad de la que define la propia CORFO. Y efectuamos una restricción y orientamos el sistema hacia el segmento más necesitado.
Ya lo han dicho varios Senadores: la industria forestal tradicional de alguna manera ya es sustentable, está operando en una lógica de reforestación; pero tenemos que hacer algo mucho más direccionado hacia los lugares donde se necesita mayormente el instrumento en cuestión, el cual puede concretarse solo si detrás hay una política pública y no únicamente una ventanilla.
Nos ha costado demostrar -y pretendemos conseguirlo durante el debate en particular- que la única forma de tener políticas regionales abocadas a contener el avance de las dunas en algunas zonas, a contener las riberas en otras, a llegar a las cárcavas del secano costero es mediante un sistema concursal. Porque la ventanilla única actual no permite hacer política pública: genera una apertura, pero no posibilita focalizar los mecanismos implementados y redirigirlos hacia la satisfacción de las necesidades prioritarias en los términos que demanda hoy día nuestra nación.
El mecanismo propuesto no puede significar burocracia, ni implicará más burocracia que la actual. De hecho, así lo asegura el texto, que espero sea perfeccionado por los Senadores tras conocerlo.
No es intención del Ejecutivo burocratizar el sistema, sino compatibilizarlo con las diferentes necesidades de cada una de las regiones. Tenemos abierta la alternativa del Tesoro Público. Precisamos incorporar, como lo permite la ley, a los gobiernos regionales, dotados actualmente de recursos extraordinarios para acrecentar los fondos y los proyectos.
Por otra parte, es importante destacar que la ley en proyecto incorpora elementos novedosos y fundamentales para el desarrollo del mercado de bonos de carbono que pretendemos impulsar a través de ella.
En efecto, será posible que los propietarios accedan a beneficios ambientales que hoy no se hallan disponibles para los pequeños y medianos propietarios.
Existen experiencias en el mercado de los bonos de carbono, pero solo para las grandes compañías. En este momento no se pueden extender a los pequeños y medianos propietarios. Por eso, la ley en proyecto busca dar las primeras señales, construir una institucionalidad que permita llegar a ese sector.
También se aportan recursos económicos relevantes, más significativos que los actuales. Están consignados en el informe financiero, y pueden tomarse en cuenta a la hora de dimensionar el compromiso de nuestro Gobierno por generar de verdad una ley que constituya una política de Estado que continúe colaborando en una tarea nueva, distinta de la que se llevó a cabo en las décadas de los setenta, ochenta y noventa, y que necesita un compromiso y una discusión a la altura de las circunstancias.
Le pido al Senado que tenga en consideración el interés general; que les permita a todas las regiones participar en sus deliberaciones, y que posibilite que, tras la aprobación general del proyecto, haya un debate particular sano, con participación de las Comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura, al objeto de lograr una muy buena ley de fomento forestal para los próximos veinte años.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, nos queda poco tiempo, y hay tres oradores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, las intervenciones anteriores me ahorran mucho de lo que quería decir.
En verdad, dudo de que exista un cuerpo legal que haya generado tanto beneficio en nuestro país -no solo en la reforestación, sino también en el desarrollo, en la creación de trabajo, en la reparación del medio ambiente, en el ataque a la desertificación y en otras áreas- como el decreto ley N° 701.
Cuando uno analiza la historia de esa normativa se da cuenta de que su resultado, con pocos recursos estatales, ha sido impresionante.
Lo comentaba recién con el Ministro: Chile es el único país de América que hoy puede decir que tiene mayor superficie forestada que antes. La mayoría, especialmente Brasil y otras naciones de Sudamérica e incluso de Norteamérica, han ido perdiendo su superficie; la han ido trabajando sin ampliarla.
Aquí, gracias al decreto ley 701, la realidad es muy distinta.
De 1974 a 1994 se plantaron alrededor de un millón 700 mil hectáreas, de las cuales 807 mil fueron bonificadas por forestación, la mayoría de ellas en terrenos degradados -como lo planteó el Ministro-, los que no tienen otro destino. Esos terrenos fueron recuperados para su reinserción en la actividad productiva de nuestro país.
Además, dicha normativa contribuyó significativamente a la sustentabilidad ambiental, toda vez que introdujo la obligación de reforestar los bosques explotados, lo que contribuyó a convertir a Chile (como ya expresé) en una de las pocas naciones que pueden exhibir un balance positivo en cuanto a uso y conservación de bosques.
Señor Presidente, el objetivo del proyecto en debate -los Senadores de Renovación Nacional lo aprobaremos- es prorrogar nuevamente los incentivos del decreto ley N° 701 para el establecimiento de plantaciones forestales.
En términos de incentivos, la ley ya focalizó las bonificaciones, asignando 90 por ciento para los pequeños propietarios forestales, 75 por ciento para los medianos y 50 por ciento para los grandes.
Adicionalmente, y para efectos de resguardar los intereses de los ciudadanos que postulen a los beneficios de la ley en proyecto, especialmente los de los pequeños propietarios, se creó el Registro de Operadores Forestales, con la finalidad de hacer de esta una actividad seria y desarrollada por personas del área.
Aparte aquello, se incorporaron medidas y beneficios especiales para personas de comunidades indígenas, las que no habían sido consideradas en cuerpos legales anteriores.
En mi concepto, eso implica que el proyecto en discusión prevea mayores beneficios.
Por consiguiente, aprobaremos la idea de legislar.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Ejecutivo por presentar con premura esta iniciativa, decisión que valoro.
Quienes me antecedieron en el uso de la palabra explicaron claramente los beneficios que ha significado para Chile el decreto ley N° 701, que ahora, mediante las modificaciones sugeridas, se focaliza fundamentalmente en los pequeños y medianos propietarios, quienes hasta hoy no han podido acogerse a sus disposiciones.
Pienso que eso significa una verdadera revolución en el sector forestal, que no ha tenido opciones para explotar otras actividades.
En muchas zonas del país, al pequeño y al mediano propietarios no les resulta factible forestar o atajar la erosión que estropea sus campos.
Opino, señor Presidente, que en el momento de votar la idea de legislar debemos analizar también la situación de los terrenos que están en manos del Estado.
¿Cuántos millones de hectáreas estatales no son objeto hoy de un cuidado sustentable o carecen de posibilidades de reforestación?
Sin duda, debemos hacernos cargo de tal situación.
Señor Presidente, el mayor propietario de nuestro país es el Estado. Creo que falta esta visión en el punto expuesto.
Por cierto, se trata de una situación distinta. No vamos a bonificar al Estado. Pero hay que buscar la manera de que la desertificación en sus tierras sea parte del pasado y no del presente ni del futuro.
Tenemos que abordar dicho aspecto en la discusión particular. Porque si hay algo que en Chile ha funcionado bien y con pocos recursos con relación a los beneficios logrados (económicos, de sustentabilidad ambiental y, fundamentalmente, sociales) es el decreto ley N° 701.
Ahora, señor Presidente, yo planteo lo mismo que expuso aquí el Senador Coloma. Me lo preguntan los pequeños y medianos propietarios, sobre todo los del secano costero, de la Sexta Región: "¿Cuándo vamos a tener la posibilidad del subsidio, Senador, para avanzar en la recuperación de los suelos degradados y entrar en el mismo mundo al que accedieron principalmente los grandes?".
Creo, pues, que ahora corresponde focalizar los incentivos en los pequeños y medianos propietarios.
Por otro lado, señor Presidente, quiero valorar el esfuerzo que está desplegando el colega Horvath para llegar en el Senado a un acuerdo que permita el avance que necesitamos desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental.
Es un punto a analizar. El esfuerzo se está haciendo. Lo importante es aprobar la idea de legislar sobre la materia que nos ocupa esta tarde. Porque lo peor que podríamos hacer en este momento sería rechazarla, ya que ello significaría dejar millones de hectáreas sin proyección hacia el futuro y, con ello, no poder apoyar a los pequeños propietarios, quienes desean ingresar a un mundo que se les ha vetado históricamente.
Voy a votar a favor de este proyecto de ley, señor Presidente, en el entendido de que hay que perfeccionar su articulado.
Insisto: uno de los mayores problemas que existen en la materia es el abandono del Estado con respecto a sus terrenos.
En tal sentido, echo de menos -y ojalá pudiera retomarse la discusión del proyecto pertinente- lo de la CONAF pública.
Es imposible que la Corporación Nacional Forestal, con los instrumentos que tiene hoy, lleve adelante todos los procesos.
Por lo tanto, a quienes en su momento no dieron el voto favorable a la idea de legislar les hago un llamado para que reestudiemos el proyecto sobre creación de la CONAF pública y, a lo mejor, en el acuerdo a que se está tratando de llegar, con el trabajo del Senador Horvath, consignemos la posibilidad de tener dicho organismo y lograr un gran avance en materia de sustentabilidad de nuestros recursos forestales.
Anuncio el voto favorable de la Unión Demócrata Independiente, al objeto de que podamos acelerar al máximo las medidas conducentes a la sustentabilidad de nuestros bosques y de que se sigan entregando los recursos requeridos para el incremento de nuestras exportaciones, el mayor crecimiento de Chile y la eliminación de la pobreza, aspecto en el que queremos avanzar con la máxima velocidad posible.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, todas las intervenciones que he escuchado hasta ahora han sido sumamente favorables al proyecto en debate. Pero nuestra bancada tiene una visión distinta. Y por eso adherimos también a la solicitud de segunda discusión que formuló el Senador Ruiz-Esquide.
En primer lugar, aquí hay cierta contradicción. Porque, efectivamente -y lo recordó el Senador García-Huidobro-, no tenemos una CONAF pública.
No pudimos legislar al respecto porque el Gobierno presentó un muy mal proyecto, el cual, además, no contaba con la adhesión de los propios trabajadores; generaba conflictos y una situación de incertidumbre, y se cruzaba con la iniciativa que establecía el Servicio de Biodiversidad, cuyo texto tampoco era bueno.
No hubo manera de trabajar dos proyectos sin duda complementarios y que, por ende, necesariamente debían tratarse en conjunto. Entonces, lisa y llanamente, tuvimos que rechazar la idea de legislar, al objeto de impedir que se despachara una mala legislación.
Todos entendemos que la Corporación Nacional Forestal no puede seguir con su situación actual; está claro. Y todos queremos una CONAF pública; fortalecida; con las herramientas, los recursos y el personal que le permitan llevar a cabo sus importantes funciones. Pero eso no se lograba con el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Así que, primero, deseo dejar sentado claramente que no tuvimos responsabilidad en el rechazo de la CONAF pública. Este se debió a dos proyectos malos: el que creaba esa Corporación y el que establecía el Servicio de Biodiversidad. Y así opinaron no solo los parlamentarios de Oposición, sino también muchísimos técnicos y profesionales a los que escuchamos.
En segundo lugar, tengo aquí un documento que presentó la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (algunos de sus representantes nos acompañan en las tribunas; han estado gran parte de la tarde esperando la discusión de este proyecto). Y no son pocos los argumentos que plantea, las razones por las cuales duda de que debamos aprobar esta iniciativa tal como viene propuesta (no votaremos ahora, pues se pidió segunda discusión, para analizar más en detalle el texto).
Claramente, hay contradicciones. Y si este proyecto contenía el elemento medioambiental cuya importancia ahora se trata de poner de manifiesto, debió verlo la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, lo que no ocurrió.
Entonces, sería esencial que tuviéramos una mirada distinta. Porque la del decreto ley N° 701 fue muy economicista con relación al fomento. Y este no fue poco. Hubo una inversión significativa: más de 500 millones de dólares. En un país como el nuestro, esa es una bonificación muy relevante.
Pero también digamos algo que no se menciona acá: los principales beneficiarios fueron grandes empresas forestales -cualquiera que sostenga otra cosa sabe que está faltando a la verdad-, las que no siempre (y aquí discrepo del colega Sabag) tuvieron una magnífica convivencia con su personal.
Muchos trabajadores del sector forestal han vivido una situación bastante difícil. Hemos sabido de sus dificultades en materia remuneracional y de la gran dureza de sus condiciones laborales.
Entonces, que no se trate de vendernos una realidad distinta.
Es cierto que el referido cuerpo legal, aparte la riqueza que generó para un grupo importante, permitió la creación de empleo. Pero a nosotros también nos importan bastante la calidad de la ocupación, las condiciones laborales, las remuneraciones pagadas.
Por consiguiente (lo digo con franqueza), no creo que esos grandes grupos beneficiados con el decreto ley N° 701 (básicamente, son tres) vayan a sacar un premio en materia de relaciones laborales, al menos en algunos casos.
Todo lo anterior motiva que, razonablemente, deseemos poner en el Senado una mirada distinta sobre la materia.
Nos gustaría, pues, tener claro por qué vamos a aprobar un proyecto que es un poco la prolongación de lo anterior, aunque aquí se nos diga que esta vez los incentivos irán al pequeño propietario: queremos tener seguridad al respecto.
Por eso apoyamos la segunda discusión: deseamos claridad en el sentido de que en verdad iremos en ayuda del pequeño y, eventualmente, del mediano propietarios, y no como ha ocurrido hasta ahora, en que se ha beneficiado solo a los grandes.
De otro lado, opino que debiera eliminarse la concursabilidad para el acceso de los pequeños propietarios a las bonificaciones.
Nos importa mucho la ampliación de las actividades bonificadas, sobre todo si estamos hablando de abastecimiento de agua; de la recuperación de ecosistemas; de la capacidad para trabajar bien desde la perspectiva ambiental, especialmente en materia de provisión y seguridad de los servicios ecosistémicos.
Después de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a la aplicación del decreto ley N° 701, la fijación de un plazo de 20 años para el otorgamiento de los beneficios nos provoca dudas.
Y hay un aspecto no menor: la eliminación de la expresión "otros propietarios forestales" como beneficiarios de la bonificación. Porque, de acuerdo a las cifras de que disponemos, vemos de nuevo que no se favorece precisamente a los pequeños propietarios.
Por eso, es importante que tengamos una CONAF con muchos más recursos y que salga fortalecida de todo este proceso. Porque esa Corporación debe dar asesoría, y ojalá permanente, al pequeño propietario forestal para que pueda acceder sin tantas trabas a los beneficios pertinentes.
En virtud de todo lo expuesto, y sin desconocer la relevancia del sector forestal, particularmente en cuanto a generación de empleo, queremos un mejor proyecto. Sobre todo, deseamos ver involucrados los temas sociales, los laborales y los medioambientales.
No basta con que nos digan, como se ha hecho en esta Sala, que la buena vecindad significa haber efectuado aportes. Muchas veces se asocia la responsabilidad social de la empresa a la entrega de una cancha de fútbol, al empaste de un campo deportivo o a equis donaciones. Creemos que ya es hora de dejarse de evaluaciones a veces tan básicas, que no corresponden verdaderamente a dicho concepto.
Por eso, señor Presidente, la bancada socialista quiere la segunda discusión. Deseamos analizar el proyecto con mucho más detenimiento, con más detalles y conocerlo mejor. Es una lástima que ni en la Cámara ni acá haya pasado por la Comisión de Medio Ambiente, porque merecería haber sido estudiado desde ese punto de vista y no solo desde uno tan economicista.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Queda poco tiempo, Senador señor Ruiz-Esquide.
Tiene la palabra.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Entiendo que no restan más de 3 o 4 minutos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, primero, agradezco al Comité Socialista que haya aceptado nuestra petición de segunda discusión.
Segundo, cabe hacer presente, solo para precisar lo que va a suceder en el futuro, que la discusión particular, por el acuerdo que ha mediado, deberá verificarse, en definitiva, en las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, unidas, lo cual satisface también la solicitud que usted ha hecho.
Tercero -y muy brevemente-, el Senador que habla votó en contra de la iniciativa. Y lo va a seguir haciendo.
He propuesto al Ejecutivo un modelo -bastante razonable, a mi juicio- para resolver las diferencias entre nosotros, pero lamento que ni siquiera haya considerado la posibilidad de discutir la cuestión.
Es algo muy sencillo. Como hoy no tenemos un cuerpo legal, y la materia no se puede tratar en diez minutos ni con "discusión inmediata", cabría aprobar rápidamente un proyecto que el Ejecutivo puede mandar para prorrogar por un año lo que hoy existe como ley, pero no está vigente. Y en seguida podemos darnos tiempo para plantearles al Gobierno y a la Alianza, conforme a lo políticamente correcto, fijar un plazo, si quieren, para que la iniciativa sea aprobada en el período del Presidente Piñera, quien la envió, a lo que también hemos estado dispuestos.
Se nos ha dicho que no a todo.
Quiero agregar un cuarto punto. Estimo que hay razones fundadas de nuestra parte para no votar el proyecto. Ante la realidad de la CONAF, no se pueden entregar 700 u 800 millones de dólares a una entidad privada.
Ahora, en cuanto a la opinión de los pueblos originarios, conforme al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no se han cumplido las normas que estamos considerando justamente en otra Comisión del Senado, que es la de Derechos Humanos.
Hay un aspecto que no se toca y que plantearon los ingenieros forestales: donde hay pinos, se acaba el agua, y donde hay eucaliptos, se acaba antes. Y la agricultura está absolutamente liquidada desde ese punto de vista, como sucede en algunas zonas de la Región que represento.
Por último -solo para mencionarlo-, también le propuse al Gobierno algo bastante simple, a propósito de la entrega de 700 u 800 millones de dólares a una entidad privada, conforme a un proyecto que no satisface a los más pequeños, y por 20 años, período que prácticamente corresponde a una generación de chilenos. Expuse que hemos estado viendo las dificultades que enfrenta el mundo agrícola, propiamente tal -no el forestal-, en particular en la agricultura expansiva en el centro del país, y he preguntado algo muy claro: por qué no aprovechamos de hacer un aporte sustancial y extraordinario al sector para equiparar el aporte que se le está haciendo a la forestación. Porque no todo es tan brillante, ni precioso, ni sano, ni bueno, como se desprende de las intervenciones que hemos escuchado.
Una comuna patognomónica en la Octava Región es la de Mulchén. Era el último espacio triguero y agrícola que teníamos hasta hace 15 o 20 años. Se transformó en completamente forestal y hoy se registra erradicación. La gente se ha ido y no hay agricultura.
En virtud de las consideraciones expuestas, señor Presidente, voy a votar en contra.
Y quiero dedicar solo 30 segundos a un asunto que no mencionaré ni en mofa ni como algo semejante.
He escuchado al señor Ministro de Agricultura subrogante. En el clima de acusaciones, de desprestigio, de falta de respeto al Senado por parte de todo el Ejecutivo, desde el Presidente de la República para abajo -incluidos Ministros y Ministras de cuya conducta no quiero hablar, por consideración a mi condición de médico-, quiero expresarle que le agradezco que haya tenido la gentileza de referirse a nosotros con deferencia al pedir llevar a cabo el estudio que se requiere. Estimo que ello es un avance sustancial en las políticas y conductas del Ejecutivo.
Las demás autoridades nos tratan de baruntes, de subhumanos y de cosas por el estilo. De ello hemos reclamado, reclamamos y reclamaremos permanentemente, porque en los peores tiempos de nuestro país se empezó con conductas presidenciales y ministeriales de rechazo al rol del Senado y del Poder Legislativo.
Repito que lo anterior no lo expreso en mofa. Sinceramente, le agradezco al señor Ministro subrogante por tratarnos como personas respetables a quienes les pide analizar con cuidado la materia, porque eso sobrepasa con exceso la solicitud que les vengo haciendo al Presidente y a Ministros y Ministras de que entiendan que nosotros representamos al país tanto o más que ellos.
Muchas gracias.
--El proyecto queda para segunda discusión.
