DOMINIO Y USO DE AGUAS

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Corresponde continuar la discusión general del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, sobre dominio y uso de las aguas, con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.

--Los antecedentes sobre el primer proyecto (6.124-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Girardi, Navarro y de los entonces Senadores señores Ávila, Ominami y Ruiz-Esquide):

En primer trámite: sesión 56ª, en 1 de octubre de 2008 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (6.141-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional (moción del entonces Senador señor Núñez):

En primer trámite: sesión 57ª, en 7 de octubre de 2008 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (6.254-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional (moción del entonces Senador señor Horvath):

En primer trámite: sesión 78ª, en 10 de diciembre de 2008 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el cuarto proyecto (6.697-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional (moción de los entonces Senadores señores Ávila, Núñez y Vásquez):

En primer trámite: sesión 50ª, en 15 de septiembre de 2009 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el quinto proyecto (7.108-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional (moción del Senador señor Navarro y de los entonces Senadores señores Rossi y Tuma):

En primer trámite: sesión 40ª, en 4 de agosto de 2010 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el sexto proyecto (8.355-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional (moción de la Senadora señora Allende, Senador señor Letelier y de los entonces Senadores señores Gómez, Rossi y Ruiz-Esquide):

En primer trámite: sesión 24ª, en 12 de junio de 2012 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el séptimo proyecto (9.321-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional (moción de la Senadora señora Muñoz, de los Senadores señores Girardi, Araya, De Urresti y del entonces Senador señor Horvath):

En primer trámite: sesión 13ª, en 23 de abril de 2014 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el octavo proyecto (10.496-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional (moción del Senador señor Chahuán):

En primer trámite: sesión 89ª, en 6 de enero de 2016 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el noveno proyecto (10.497-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional (moción del Senador señor Chahuán):

En primer trámite: sesión 89ª, en 6 de enero de 2016 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: sesión 32ª, en 19 de julio de 2016.

Discusión:

Sesiones 54ª, en 9 de octubre de 2019 (queda pendiente la discusión en general); 65ª, en 5 de noviembre de 2019 (queda pendiente la discusión en general).

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Cabe recordar que para la aprobación de este proyecto de reforma constitucional se requieren las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 29 votos favorables, por recaer en el Capítulo III, "De los Derechos y Deberes Constitucionales".

En la sesión anterior quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Senadores señora Órdenes; señores Pérez Varela, Coloma, Lagos, Castro; señora Goic, y señores Huenchumilla, Navarro, Galilea, Sandoval, Guillier y Elizalde.

Es todo, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Gracias, señor Secretario.

En discusión general el proyecto.

Lo primero que haremos será pedir que toquen los timbres para llamar a Sus Señorías a votar.

El señor GIRARDI.- Pido que abramos la votación.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- ¿Les parece a Sus Señorías?

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Todavía no intervendré, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Le pido que abra la votación mientras.

Señor Presidente, este es uno de los proyectos más fundamentales que se han estado discutiendo en el Parlamento; forma parte de la demanda ciudadana más sentida de los chilenos. Y, en tal sentido, quiero poner en contexto el debate que estamos llevando a cabo.

El calentamiento global es la crisis más profunda que enfrenta la humanidad, y en nuestro país estamos viviendo parte de sus efectos. Chile va a ser una de las naciones más afectadas del planeta en lo que respecta al calentamiento global y sus consecuencias en materia de alteración de la biodiversidad, en sequía o escasez de agua.

Ya lo estamos viviendo: Chile exhibe una megasequía desde el norte hasta la Región de Los Ríos. Pero la megasequía es global, porque también las zonas australes o patagónicas empiezan a ser afectadas con la disminución de su pluviosidad tradicional.

En Santiago, hace diez años la lluvia superaba los 300 milímetros anuales; incluso teníamos épocas en que se registraban 500 milímetros al año. Y en 2019 solo hubo 82 milímetros de agua caída en todo el año, que es casi la pluviosidad que presenta un ecosistema semidesértico.

Aquello es consecuencia del incremento de solo un grado de la temperatura en 170 años.

Todos los modelamientos señalan, lamentablemente, que, fracasada la COP25 en su misión de proteger el Acuerdo de París, el escenario que se presenta es que la temperatura va a aumentar 3 grados en los próximos veinte a treinta años.

Vamos a vivir una situación catastrófica, con ondas de calor que serán muy superiores a las que observamos hoy día; incluso más elevadas que las que vemos en Australia, que ha vivido un proceso gravísimo de incendios. Y lo más probable es que nuestra pluviosidad esté por debajo de los 82 milímetros que tuvimos el año pasado y llegue a 40 milímetros anuales, que es la que se registra en un clima casi desértico.

El factor que más percibiremos será la escasez de agua, que tiene que ver justamente con el balance entre la demanda y la oferta que se halla dada fundamentalmente por la pluviosidad y por el depósito de nieve en las montañas, que cada vez es menor, pues la elevación de la isoterma hace que cada día llueva a mayores alturas, por lo que nieva en menor cantidad y se acumula menos agua.

Ya tenemos zonas críticas en nuestro país: hay más de 150 comunidades en las que se ha decretado situación de emergencia; existen miles de comunidades que precisan camiones aljibe para que les entreguen agua potable. Y el escenario es que habrá una restricción inmensa de este vital elemento.

Pero, en ese contexto, Chile es uno de los pocos países del planeta que derogó en 1980 el derecho al agua como derecho humano. Hasta ese año, como ocurre en casi todas las sociedades civilizadas y democráticas del mundo, el agua era un bien nacional de uso público, y, por lo tanto, su propiedad les pertenecía a todos los chilenos.

Aquí, en 1980, todos nuestros compatriotas fueron expropiados, se les conculcó ese derecho, y se permitió que poderosos grupos, a título gratuito, inscribieran esos derechos de agua, que hoy día valen millones de pesos.

La ley en proyecto no busca quitarle el agua a nadie: solo pretende hacerla susceptible de regulaciones. Todos aquellos que cuentan con propiedades mineras tienen propiedad fiscal. De modo que no es problema que, siendo propiedad fiscal, ellas se puedan enajenar, transar, vender, arrendar. No obstante, son susceptibles de tener regulaciones por parte del Estado.

Lo que ocurre en nuestro país es que esas concesiones dejaron de ser bienes nacionales de uso público y se convirtieron en propiedad privada, por lo que no son susceptibles de regulaciones: por ejemplo, prioridad de su uso. Y puede darse la paradoja que vemos en Chile: que los seres humanos no tienen agua, pero sí la hay para las plantaciones; o que para caducarles los derechos de aprovechamiento de agua a los especuladores, que han acumulado y atesorado millones de pesos por derechos que les pertenecían a todos los chilenos, el Estado hoy día debe comprarles a aquellos tales derechos para que las personas puedan acceder al agua.

No hay nada más regresivo que la norma constitucional que posibilitó esa situación. Por eso estamos planteando modificar la Carta Fundamental, para los efectos de llevar a cabo un proceso de modernización, de democratización, de solidaridades nuevas, y volver el agua a lo que es en todas las sociedades del planeta, a lo que Naciones Unidas dice que debe ser: un derecho humano.

El agua debe considerarse de esa manera, porque sin ella no se puede vivir.

No hay nada más retrógrado; no hay mayor expresión de una visión religiosa-ideológica que preservar el agua privada a perpetuidad. Esto no será factible en el siglo XXI, pues va a impedir toda gestión en materia de agua.

¿Cómo se va a asignar el agua cuando decenas de comunidades de nuestro país no dispongan de ella para tomar?

Debemos invertir. No puede ser que el agua potable siga usándose para lavar autos o para regar plazas: para el regadío solo hay que usar aguas grises tratadas.

Hay que preservar los glaciares; no hay que permitir que a los acuíferos naturales se les quite la cubierta vegetal, para que así se retenga el agua de lluvia; hay que desarrollar tecnología para desalar.

Chile tiene una inmensa oportunidad, dado que cuenta con la energía solar más barata del planeta: ¡debemos realizar una política potente en la materia!

Yo advierto que las decisiones que tomemos acá van a ser muy importantes, por cuanto en muchas regiones de nuestro país habrá racionamiento de agua en los próximos años si no hacemos nada hoy día. Pero lo primero que debemos lograr es el restablecimiento del derecho humano al agua y que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación?

El señor PROHENS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PROHENS.- Señor Presidente, solo quiero reiterar lo que señalé la vez anterior, en el sentido de que me voy a inhabilitar en este proyecto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Queda consignada su inhabilitación respecto de esta iniciativa, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, tal como lo manifesté en su oportunidad, conforme a lo preceptuado en nuestro Reglamento, me voy a inhabilitar en esta votación.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Queda constancia de ello, señor Senador.

¿Habría acuerdo para abrir la votación?

Acordado.

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, a mi juicio, la discusión que se está llevando a cabo ahora en el Parlamento es muy importante: si efectivamente vamos a ser capaces de generar un cambio, una transformación que diga relación con el nivel de preocupación que muchas veces se mantiene en el discurso público.

Este proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, sobre dominio y uso de las aguas nos plantea la necesidad de que nuestra Carta Fundamental se juegue con otros valores: con los valores de la conservación y la preservación; con entender que el agua es un bien de uso público que nos pertenece a todos. Ello forma parte del debate central, a la luz de una discusión mayor que hoy se da en nuestra sociedad respecto del cambio de nuestra Carta Fundamental hacia una Constitución que nos represente a todos y a todas.

Ello ha sido tal vez parte del ícono que muestra cómo un Texto Constitucional elaborado sin el debate ciudadano, sin la debida discusión en el Congreso, generó un mercado del agua que ha provocado profundas desigualdades en nuestro territorio; que ha hecho que unos pocos la acumulen y la utilicen como una fuente de negocio y no como un bien para asegurar la subsistencia de las personas y el acceso a este como un derecho fundamental y garantizado en nuestra sociedad.

La discusión que hoy estamos efectuando acerca de este proyecto de reforma constitucional para establecer el dominio y el uso de las aguas como un bien nacional de uso público con rango constitucional se enmarca dentro de una preocupación mayor, que tiene que ver con ser capaces como sociedad de procurar que en Chile se juegue con otros valores: con los de la solidaridad y del comunitarismo; con entender que el agua es un bien nos pertenecen a todos.

Por eso voto a favor de esta iniciativa de reforma constitucional.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, evidentemente, este proyecto se relaciona no solo con una discusión de principios, sino también con la circunstancia derivada del cambio climático y la grave sequía que está sufriendo gran parte de nuestro país, en que dos tercios de su territorio se encuentran hoy día viviendo una situación de sequía que al parecer tendrá una larga duración.

En rigor, se habla de "estrés hídrico". Ello significa que puede haber décadas de gran sequía y, también, décadas de grandes inundaciones, tal como ha pasado en otras partes del mundo. Acá no necesariamente se irá reduciendo la cantidad de agua en forma progresiva, o viceversa. El concepto es "estrés hídrico". Pero, sin duda, el cambio climático se halla asociado a esta sequía. De hecho, muchos derechos van a quedar sin valor producto de la acción de la misma naturaleza, que sigue su propia lógica.

Por otro lado, hay una legítima discusión en torno al carácter de recursos que son escasos y respecto de los cuales se suele considerar que pertenecen a todos dada la importancia que tienen para la vida humana: es el caso del agua, por ejemplo.

Asimismo, debemos recordar que en nuestro país hay ciertos recursos naturales considerados patrimonio del Estado aun cuando se entreguen en concesiones. Con esto no se rompen necesariamente precedentes constitucionales, sino más bien se establece que en algunos casos, como el del agua, dados la estrechez hídrica de nuestro país y los procesos naturales, es viable discutir sobre aquellos como bienes nacionales de uso público.

De hecho, esa declaración se halla planteada en esta iniciativa: entregar a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos al objeto de establecer sistemas de concesiones temporales y, además, para fines específicos; es decir, se fijan condiciones para la normalización de este bien nacional de uso público.

Asimismo, se garantiza la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales, así como la mantención de un caudal ecológico. O sea, hay una protección del medioambiente vinculada con esta intervención.

También se contempla el ejercicio del recurso de protección cuando se afecta el derecho al agua en los términos precedentemente mencionados: por ejemplo, en lo relativo a la priorización del consumo.

Ahora bien, el texto planteado es discutible. Algunas materias deberán estudiarse en profundidad, y, ciertamente, las tendremos que resolver en su momento. Por de pronto, mencionaré algunas.

Primero, declara de utilidad pública los derechos que sobre las aguas se hayan constituido o se hubieran reconocido. Esta es una habilitación muy genérica para que todos aquellos derechos de aprovechamiento de agua (constituidos y por constituir) puedan ser objeto de expropiación.

Si bien no existe problema en que determinado derecho de aprovechamiento sea expropiado bajo cierta circunstancia, una habilitación genérica como la que se propone podría generar una incertidumbre explicable entre quienes han accedido a la titularidad de estos derechos por la vía de la adquisición.

También establecería un precedente, sobre todo por la amplitud con que esto se plantea, respecto de otros recursos naturales que se sometan al mismo principio a futuro.

Por lo mismo, hay además un riesgo de arbitrariedad, por cuanto la norma propuesta hace prescindible una justificación detallada acerca de por qué en cada caso concreto resultaría necesaria la expropiación de aquel derecho.

Por esa razón, si bien el proyecto a mi juicio va en la línea correcta, en el sentido de recuperar un recurso esencial para ponerlo a disposición de la ciudadanía, priorizando claramente el consumo humano -porque ese es más o menos el contexto en que se plantea-, va a provocar sin duda una alteración en el mercado del agua, en los derechos de aprovechamiento, que hoy día son perpetuos y no están asociados a un uso específico, lo que significa un cambio sustantivo en las reglas del juego.

Ahora bien, es efectivo que los conflictos más urgentes con el agua no solo tienen que ver con quién es su dueño y cuál va a ser la priorización de su uso: también hay derechos de agua que, por ejemplo, no se encuentran regularizados, cuestión que no se ha resuelto.

Asimismo, se observan deficiencias en la gestión de aguas subterráneas, lo que es muy importante en algunas regiones donde el agua subterránea es tanto o más primordial que el agua superficial, y la existencia de conflictos entre la Dirección General de Aguas y determinadas organizaciones de usuarios, asuntos que tampoco se abordan y que son materias que deberían formar parte de esta iniciativa.

Si bien este proyecto de reforma constitucional tiene un alto valor -y por eso lo hemos respaldado-, en cuanto a establecer en forma efectiva el agua como un bien nacional de uso público, exhibe algunas limitaciones que es necesario resolver.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en verdad, este ha sido un largo recorrido. En la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, que en su momento fue presidida por la Senadora Adriana Muñoz, tuvimos más de nueve mociones que apuntaban (con variaciones, evidentemente) al hecho esencial: establecer a nivel constitucional que el agua es un derecho humano y un bien nacional de uso público, y que debe ser obligación del Estado el proveerla.

Esto es extremadamente importante, pues hace años, cuando se plantearon estas distintas mociones, algunos de nosotros ni siquiera vivíamos la condición de estrés hídrico que tenemos hoy día ni la situación que estamos sufriendo en este momento, en que cientos de comunas se hallan con decreto de escasez hídrica y donde la población presenta graves dificultades para el abastecimiento de agua.

En la actualidad, nadie duda de lo fundamental que resulta garantizar el derecho humano al consumo de agua.

Esto lo han dicho el Gobierno y diversas autoridades; esto lo señaló hoy día el Ministro de Agricultura en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos; esto lo mencionó el Ministro de Obras Públicas, en fin: el consumo humano del agua debe ser prioritario y esencial.

Lo que nosotros estamos planteando es elevar aquello al rango constitucional, porque hoy día solo está reconocido a nivel de Código de Aguas, el cual, por cierto, se está modificando.

Ahí hay un asunto que evidentemente en algún momento deberemos entrar a discutir y que tiene que ver con la temporalidad de los derechos de aprovechamiento de agua.

Pero hoy día lo que más nos importa es establecer aquello a nivel constitucional, porque, además, el reconocimiento del agua no solo como un elemento prioritario, sino también como un derecho humano ha sido recogido por las Naciones Unidas. Y nosotros estamos obligados, por los tratados internacionales que hemos suscrito, a reconocerlo así también.

Por eso suena incongruente que si todas la autoridades que han concurrido a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos nos han dicho que el derecho al agua es prioritario, que indudablemente es el derecho más relevante, no entendamos que nuestra conducta no puede ser sino la de aprobar esta reforma constitucional, sabiendo que puede haber artículos o aspectos debatibles, como el régimen de temporalidad, cuestión que se verá en la discusión particular.

Entonces, creemos que negarse a votar hoy día en general este proyecto de reforma constitucional es simplemente negarse a aceptar que el agua es un derecho humano; que el agua es esencial para la vida. Y hoy día, producto de fallas vinculadas no solo con el cambio climático -porque evidentemente el estrés hídrico también tiene que ver con un modelo de gestión-, la escasez de este vital elemento hace que tengamos a cientos de localidades sin poder abastecerse. Y no solo no pueden abastecerse, sino que además están rodeadas de plantaciones de monocultivos que hacen uso intensivo del agua, lo cual francamente pasa a ser algo muy doloroso.

También existen situaciones como la que se vive -hoy día lo señalaba el alcalde de Quillota- en el río Aconcagua, que se ha dividido en cuatro secciones. Se ha llegado a un acuerdo, después de mucha disputa, para que la primera y la segunda secciones teóricamente dejen pasar 36 horas de agua. Sin embargo, eso es absolutamente insuficiente. Quillota está sin agua.

Y por eso uno realmente se pregunta cómo es posible que tengamos un tipo de modelo mediante el cual algunos gozan de muchos derechos de aprovechamiento de aguas y a otros ni siquiera les alcanza para poder subsistir.

¡Cómo hoy día no tenemos regulación alguna para las sobreplantaciones que se instalan, por ejemplo en Petorca, a raíz de las cuales grandes empresas agrícolas hacen pozos de más de 150 metros de profundidad y dejan sin el recurso a los sistemas de agua potable rural!

Hoy día el Alcalde de Quillota nos decía: "Tengo más de diez localidades -por nombrar una sola: Boco, con 3.200 personas- que hoy día carecen de agua".

Entonces, la señal que debe dar este Senado es decir: "Pongamos el agua en rango constitucional, porque sí es un derecho humano, sí es vital para la vida y tiene que estar consagrada como tal. Por tanto, es una obligación proveerla y, en cualquiera de sus estados, constituye un bien nacional de uso público".

Si entendemos eso, quiere decir que su dominio y su uso les pertenecen a los habitantes de la nación. Y en ese sentido se declaran de utilidad pública los derechos que se hayan constituido. Pero lo fundamental es que se considere al agua como un bien nacional de uso público, que radica -como digo- en la soberanía de la nación y por eso nosotros debiéramos garantizar y asegurar a la población el acceso a ella.

Hoy nos reconocía el Ministro de Agricultura que Petorca quizás es el modelo de lo que no debe ocurrir.

¡Cómo es posible que se llegue al nivel de tener que implementar un plan especial, que hasta ahora no se ha visto concretado, pues la población no recibe los beneficios, no le han solucionado el problema de la escasez hídrica! Y, como alegaba el alcalde de Quillota con toda razón, ¡apenas se cuenta con cinco camiones aljibe para dar respuesta a más de diez localidades!

No es eso lo que queremos como modelo.

No es eso lo que el país debe procurar, y por ello creemos que es fundamental dar este primer paso.

Votar hoy día a favor de la idea de legislar es elevar a rango constitucional este derecho, que debiera ser sagrado en todo el país. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida; estamos hablando del consumo; estamos hablando de un derecho humano. Ni siquiera estamos hablando de los énfasis productivos ni de muchos otros temas que podríamos traer a colación.

Estamos simplemente apuntando a lo fundamental, pues resulta impensable que no seamos capaces de poner este derecho en el máximo de nuestra normativa, que es el rango constitucional.

Por todas esas razones, señor Presidente, voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Manuel José Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, quiero aclarar dos o tres temas, porque aquí se ha hablado mucho de que el agua debe ser un bien nacional de uso público.

El agua hoy día sí es un bien nacional de uso público y creo que se falta a la verdad cuando se dice que hace unos años en la Constitución del 80 fue expropiado este derecho.

La verdad es que la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento ha existido desde siempre en nuestra legislación.

Primero fue la propiedad sobre los regadores de agua, que fue la primera unidad de medida utilizada por el legislador y que proviene del derecho español. Esto fue reconocido a aquellos que regaban sus campos a inicios de la república.

El derecho de dominio para el aprovechamiento quedó reconocido en la ley sobre asociaciones de canalistas de 1908, la que además estableció que esos derechos se regían por el régimen de una propiedad inscrita y solo podían ser objeto de garantía.

Después, esto se mantuvo en el Código de 1951, en que se reconoce claramente el dominio sobre los derechos de aprovechamiento, pero no del agua en sí, porque ella es un bien nacional de uso público.

Luego existió un proceso de cambio originado por la reforma agraria y la Constitución del 80 volvió a lo mismo que se había manifestado en el Código de 1951.

Un punto que es superimportante mencionar es que hoy día están garantizados el uso del agua y los derechos de ella para el consumo humano. Otra cosa es que ninguna autoridad los haya ejercido.

Sin embargo, hoy día el Presidente de la República tiene la facultad de expropiar derechos de aprovechamiento de aguas para darle prioridad al consumo humano.

Por otra parte, el Estado, con el correr de los años, ha gastado un quinto de lo que podría haber gastado, porque el noventa y tantos por ciento de las obras que se han realizado para regar Chile han sido construidas por los propios dueños de los derechos de aprovechamiento.

Por lo tanto, me parece que este proyecto no tiene ningún sentido, porque está garantizada el agua para el consumo humano.

Asimismo, resulta muy importante desarrollar la nueva institucionalidad, porque debieran existir distintas herramientas para que este bien nacional de uso público, que es absolutamente esencial para la vida humana, sea utilizado por quienes lo necesitan y no por aquellos que especulen con él o no lo usen.

Hoy día en Chile el uso del agua permite en la agricultura más de 2 millones de puestos de trabajo.

¡Ojo que el planteamiento de la regulación a manos del Estado puede generar un alto índice de corrupción!

En resumen, estoy de acuerdo en que el agua es un bien nacional de uso público, en que tiene absoluta prioridad para el uso humano y en que deben existir las herramientas legales para que nadie en nuestro país quede exento de este elemento vital. Pero el derecho a aprovechamiento da garantías a la inversión y al desarrollo de la agricultura en Chile.

Cualquier cosa que produzca incertidumbre en esta materia va a hacer que no exista certeza para las futuras inversiones.

¿Por qué es tan grave esto, señor Presidente? Porque en el futuro tenemos que cambiar nuestra matriz productiva, la cual debiera ser, a mi juicio, agrícola.

Nosotros tenemos que transformarnos en una potencia agroalimentaria. Y eso depende del agua.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, sobre este tema ya hemos hablado varias veces en otras sesiones y no quiero repetir lo que ya hemos dicho. Sin embargo, me parece importante tratarlo por dos razones.

Primero, porque, como han señalado varios Senadores y Senadoras, enfrentamos una escasez hídrica bastante sustantiva en nuestro país, particularmente en aquellas zonas donde habita la mayor parte de la población. Entre La Serena y Concepción vive mucha gente y llueve muy poco. Tenemos poca agua y, por lo tanto, eso transforma este problema en un asunto dramático.

Y segundo, porque el tema de la propiedad del agua está en el corazón de los cambios que necesitamos hacer en nuestro país. Y, con mucho respeto para el colega que me precedió en el uso de la palabra, quiero recordar que el sistema de gestión de aguas en manos de privados solo existe en Chile.

Ninguno de los países que sufren problemas hídricos importantes -Israel es uno; Holanda es otro- entrega la gestión del agua únicamente a intereses privados. En ninguno de ellos es necesario pagar derechos cada vez que se quiere utilizar ese elemento. La gente tiene derecho al agua potable.

No he sabido nunca que en los países que acabo de nombrar existan antros de corrupción como los que acaba de mencionar el Senador Ossandón.

Entonces, estamos ante un problema que forma parte del modelo de abusos que hemos denunciado, que proviene del período de la dictadura y que queremos cambiar. ¡Lo queremos cambiar derechamente!

Queremos que el agua sea gestionada por el Estado. Lo digo con mucha claridad.

Por cierto, habrá regulaciones. Por cierto, habrá cuestiones que quedarán entregadas a privados en materia de distribución, pero adónde va el agua, para qué se usa, cómo se gestiona, cómo se obtiene es un derecho de todos los ciudadanos y una cuestión absolutamente irrenunciable.

Por esto queremos una reforma constitucional, porque es parte de las cosas que hemos planteado. El agua es un bien nacional de uso público, dice un Senador, pero resulta que es concesionada a través del llamado "derecho de aprovechamiento", de manera que alguien decide, si va a construir una carretera hídrica, si se la mandará a los agricultores de Petorca o a las mineras, pues.

Y eso es lo que tenemos que terminar. La gestión debe ser del Estado. No podemos continuar en esto, en la salud, en la educación, en el transporte público con un Estado escuálido, que todo lo concesiona, en que todo tiene un precio, en que los ciudadanos no tienen derecho si no pueden pagar por él.

Ese es el gran cambio que estamos realizando. Y por esa razón hemos querido sostener, a pesar de que se requieren dos tercios, o lo que sea, esta reforma constitucional, para apuntar con el dedo a los que no quieren realmente cambiar el modelo económico que nos rige y que está causando daño a la población de nuestro país.

Voto que sí, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, ha quedado absolutamente claro, aunque busquen interpretaciones distintas, que las aguas son bienes nacionales de uso público; y, dada la regulación contenida en el Código Civil y en el Código de Aguas, la única razón que justificaría la declaración que establece este proyecto de reforma constitucional tiene que ver con el otorgamiento de potestades excesivas a la autoridad administrativa.

Sabemos perfectamente que, atendiendo a la generalidad que deben tener las disposiciones constitucionales, cuyo fin es precisamente indicar un marco regulatorio, la legislación sobre recursos hídricos debe ser abordada a nivel legal, particularmente mediante una ley orgánica constitucional, tal como ocurre tratándose del ámbito minero. Una disposición constitucional al respecto establecería una sobrerregulación y una innecesaria especificación, aunque se diga que los tiempos son distintos, o que en nuestro país y en el mundo existe falta de agua.

Esta reforma, por otro lado, establece de "utilidad pública" los derechos que se hayan constituido sobre las aguas. A nuestro juicio, esto significa una "expropiación" de esos derechos bajo una formulación jurídico-retórica que, además de vulnerar el derecho a la propiedad en su esencia, genera incerteza jurídica. Como consecuencia natural de lo anterior, habrá una mayor intervención estatal, y nosotros no estamos de acuerdo en ello.

Esto va en la misma dirección que la reforma al Código de Aguas en actual tramitación, cuya enmienda más sustancial es el cambio de los derechos de aprovechamiento, por cuanto bajo la ley vigente existe un dominio sobre tales derechos, mientras que con la iniciativa en debate esto muta hacia una concesión administrativa.

Más allá de las consideraciones expuestas sobre esta reforma constitucional, aquí hoy día todos quieren cambiar el modelo económico. Probablemente este puede haberse agotado en algunas materias, o le faltaron modificaciones. Pero, que yo recuerde, durante todos estos años que he estado en el Parlamento, desde 1990, después del Gobierno del Presidente Pinochet y la entrega del poder en una transición de paz hacia la democracia, este modelo económico fue adoptado por la Concertación, y luego por la Nueva Mayoría.

Entonces, hoy día hablar de que el modelo fracasó, creo que no se ajusta a la realidad, porque si nos referimos a las concesiones, ex Presidentes de la Concertación fueron los campeones en ese ámbito, así que hay que ser un poquito más delicado en esta materia.

Señor Presidente, voy a votar que no. Y lo haré no solamente en esto, sino también en el cambio a la Constitución que se pretende llevar adelante.

Siento que está muy preocupada la Nueva Mayoría o la Oposición frente a este proyecto, porque cuando a mí me dicen que quieren una Constitución nueva, partiendo de cero, de un papel en blanco, pareciera que piensan que no van a ganar y por eso desean llevar adelante esta reforma constitucional.

Por tanto, la Oposición, que dice tener la mayoría para el próximo plebiscito, creo que podría esperar algunos meses, hasta cuando empiece, a partir de octubre, noviembre, la convención mixta que tramitará la Nueva Constitución, para abordar todos estos temas. No me voy a adelantar a materias que van a verse igual y que pueden ser modificadas y cambiar.

Entonces, si van a hacer una Constitución desde cero, bueno, yo no veo para qué apresurarse con esta reforma, que quedará prácticamente obsoleta, porque seguramente en esa época tratarán de modificar la Carta y que Chile pase a ser un país estatista.

Por eso, Presidente, por una cuestión más práctica, prefiero votar en contra y esperar para enfrentarme a la discusión en la comisión constituyente respecto de todos estos aspectos, pues vamos a tener -espero que no- una Constitución nueva.

Voto que no.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, este proyecto de ley viene del año 2016. No fue elaborado en el marco del debate constitucional que hemos iniciado a partir de las enormes movilizaciones sociales que han estremecido al país. No es un tema para discutirlo en barricadas ni en forma burda, porque es muy serio y afecta a miles y miles de chilenas y chilenos que hoy día no tienen agua para vivir, o para sobrevivir.

Entonces, creo que la dramática situación que vive el país reclama seriedad a los legisladores y a las legisladoras cuando hacemos estos debates.

Fíjese, Presidente, que estudios científicos nacionales e internacionales han señalado que Chile, dentro de todos los países del planeta, es uno de los que enfrentan una mayor situación de riesgo ante el cambio climático. Y esto no es casual, sino producto de la catástrofe hídrica que se vive cada vez con mayor intensidad en las regiones de todo nuestro país. Y esta catástrofe nos sorprende con una normativa constitucional y legal anclada en el año 80, definida en dictadura y con una disposición del recurso muy distinta a la que existe hoy día.

Por eso es un reclamo serio el debatir estos temas, que vienen desde hace mucho tiempo. Nosotros acumulamos alrededor de diez iniciativas de ley, presentadas en este Senado desde los años 2005, 2006, 2007, y, por cierto, por resistencias que no son fáciles de imaginar, nunca habían sido tramitadas.

Entonces, cuando tenemos una norma que consagra a nivel constitucional la propiedad del agua, por cierto debe llamarnos la atención.

La Constitución le dedica solo un artículo -perdón, yo diría un número de un artículo- al tema del agua. En el artículo 19, numeral 24°, inciso final, se consagra el derecho a la propiedad privada del agua. No hay nada más en el Texto Fundamental sobre un elemento tan esencial como es el recurso agua.

Entonces, no es efectivo lo que señalaba -por su intermedio, señor Presidente- el Senador Ossandón: que nosotros tenemos consagrado que el agua es un derecho humano.

La norma pertinente se encuentra en el Código Civil, en el Código de Aguas, pero no en la Constitución. Por tanto, existe una disociación normativa en el país. ¡Cómo es posible que dos cuerpos legales consagren el agua como bien nacional de uso público pero no así la Constitución!

Entonces, lo primero que propone este proyecto es elevar a rango constitucional que el agua es un bien nacional de uso público. Eso es lo que estamos haciendo, porque no existe en la Constitución chilena.

Por otro lado, señor Presidente, es muy importante, además de corregir esta disociación normativa, establecer que la Carta Fundamental debe hacerse cargo de que el agua es un derecho humano.

Tampoco existe esa disposición en la ley. Hoy día estamos debatiendo la modificación al Código de Aguas en la Comisión de Agricultura, y en los primeros cinco o seis artículos de esa propuesta legal hemos ido consagrando, transversalmente, el agua como un derecho humano y, además, como la primera prioridad en la función que cumple el recurso hídrico.

Entonces, señor Presidente, aquí no hay nada nuevo ni nada extraño que atemorice. ¿Por qué va a existir incertidumbre económica? En este proyecto solamente consagramos que el agua es un bien nacional de uso público en cualquiera de sus estados -a lo mejor eso también preocupa a algunas actividades productivas-, ya sea a nivel de los glaciares, de los océanos. Y, además de aquello, consagramos que es un derecho humano.

Lo que puede extrañar es el hecho de que nosotros no toquemos el artículo 19, número 24°, inciso final. En el texto no se toca la propiedad privada del agua. Y todos los que hemos leído dicho precepto sabemos que el Estado entrega a los privados el derecho de aprovechamiento del agua en forma de propiedad privada.

Y eso, señor Presidente, contrariamente a lo que decía el Senador Iván Moreira -lamentablemente, no se encuentra en la Sala-, ha sido fuente de corrupción.

Hoy día, cuando el Estado les regala a los privados ese derecho de aprovechamiento -por ejemplo, voy a plantar cien hectáreas de arándanos y el Estado me regala el derecho a perpetuidad-, pueden hacer lo que quieran con ese recurso: si desean, se lo guardan en el bolsillo para especular, para ejercer un acto de corrupción. Entonces, un elemento que es de todas las chilenas y todos los chilenos el Estado se lo regala a una persona para que produzca cualquier tipo de actividad económica, y esta se lo guarda en el bolsillo, esperando que el mercado, que regula este bien -porque el agua se transformó en un bien de mercado-, le dé un mejor precio. Así, algo que se le regaló lo va a vender en miles de millones de dólares, como ha sucedido ya en varias oportunidades.

En consecuencia, existe una fuente de corrupción muy grande cuando no hay regulación.

Ni en esta propuesta ni en ninguna otra respecto del Código de Aguas figura que el Estado no entregará de aquí para delante derechos de aprovechamiento de agua para las actividades productivas. Eso sería una ceguera absoluta, sería negar un elemento imprescindible para actividades productivas. Pero lo que hay que hacer es volver a regular, a reequilibrar esto.

¿Me permite un minuto, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene un minuto adicional para finalizar, señora Senadora.

La señora MUÑOZ.- Concluyo diciendo que no sé por qué atemoriza esta reforma, cuando es de mínimos.

Les quiero informar a los colegas que han incorporado la variable incertidumbre que no se encuentra presente en el texto el tema de la propiedad del agua. Lamentablemente, no lo pudimos aprobar en la Comisión de Recursos Hídricos el año 2017.

Así que esta, señor Presidente, es una reforma constitucional de mínimos.

Hago un llamado a los colegas para que aprueben esta reforma, ya que es un elemento fundamental para enfrentar hoy día la enorme catástrofe hídrica que vive nuestro país.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Recursos Hídricos y, fundamentalmente, la labor que ha realizado la Senadora Adriana Muñoz.

Creo que el contenido del proyecto es importante. Se encuentra en discusión general, y espero que avancemos a la segunda etapa de su tramitación y podamos ver qué hacemos para que la legislación que estamos modificando sea completa. Aquí se plantea una modificación al artículo 19, número 23°, de la Constitución de la República, pero nos queda pendiente el numeral 24°. Y creo que debemos ser más coherentes en la redacción que hagamos.

Sin lugar a dudas, esta iniciativa, que introduce nuevos incisos al numeral 23° del artículo 19 de la Constitución, viene a compatibilizar lo que la ley dice que se garantiza y que la Carta Fundamental no hace.

Las cifras en materia de agua debieran hacernos reflexionar.

Hace pocos minutos veía un video que me mandaron dirigentes de la Región del Maule -lo he reenviado al Ministro de Obras Públicas- respecto de lo que acontece en el río Mataquito.

¡Ahí están robando agua con motobombas y extrayéndola del río! Y eso, obviamente, es algo que no podemos tolerar, más aún cuando nuestros agricultores, nuestra gente se encuentra con serios problemas de agua para consumo humano y para la producción agrícola, para poder regar los campos.

Cuando uno mira las cifras del año 2015 observa que 663 millones de personas aún no tenían acceso a fuentes de agua potable; 8 de cada 10 vivían en zonas rurales. Y esa cifra, que es a nivel mundial, se repite en nuestro país de manera impresionante: ¡en Chile más de un millón de personas no tiene agua potable!

Mil niños fallecen en América Latina por enfermedades asociadas al agua.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".

¿Qué es el agua, señor Presidente? Justamente eso: un elemento vital, limitado -¡cada vez más limitado!-, indispensable y, sin lugar a dudas, de primera necesidad. Y en nuestro país su administración se encuentra en manos de la empresa privada. Y, ¡claro!, mientras el agua no escasee, la verdad es que no es un problema. El problema empieza a existir o lo empezamos a evidenciar cuando se vuelve un recurso escaso.

El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los seres humanos.

En Chile el agua es concebida como un bien nacional de uso público en las leyes. Pero en nuestra Constitución se reconoce el derecho de los particulares a tener el dominio sobre el recurso hídrico.

Esta iniciativa nos permite entrar de lleno en este debate, más allá de lo que decía un colega que nos antecedió en el uso de la palabra sobre la discusión constituyente. En ella debiéramos, obviamente, debatir este y otros derechos; cómo somos capaces de equilibrarlos en nuestra Constitución; cómo reconocemos que el derecho al agua es un derecho fundamental y, por tanto, debe estar garantizado y reconocido como tal.

Señor Presidente, lo que nuestra Carta Fundamental contiene no es un capricho constitucional. Lo que contiene es simplemente una decisión que se tomó hace muchos años. Y la pregunta hoy día, en pleno siglo XXI, cuando tenemos un serio problema de agua que afecta a muchos y a muchas, y en poco tiempo más a todos, es qué vamos a hacer con esa norma de rango constitucional y cómo vamos a enfrentar esta discusión, hoy desde el Parlamento, mañana desde la Constituyente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención los discursos de la mayoría de las Senadoras y los Senadores de Oposición respecto de este tema, en los que establecen que el drama de la sequía que hoy día vivimos prácticamente quedaría resuelto si cambiamos y aprobamos este proyecto.

Si aprobamos esta iniciativa, ¿volverá el agua a Petorca? Se la podremos quitar a unos para dársela a otros; eso es lo máximo que lograremos.

Esto es, señor Presidente, utilizar el tema constitucional para tratar de convencer a los ciudadanos de que la solución a sus problemas se encuentra en la norma constitucional.

El agua en Chile es un bien nacional de uso público.

Los derechos de aprovechamiento se entregan a perpetuidad porque es una inversión que realiza cualquiera. Y ahí están los miles, miles y miles de canales en Chile hechos particularmente por pequeños, medianos agricultores, con los que se pueden regar cientos y miles de hectáreas.

Ese en realidad es el tema.

Pero a mí no me asusta este proyecto de ley. Lo que verdaderamente me preocupa es que se busca resolver un problema por una vía absolutamente equivocada.

Yo participé intensamente en la Comisión de Recursos Hídricos durante tres o cuatro años. Y de ello puede dar fe la Senadora Adriana Muñoz, que la presidió. Y todos los especialistas nos dijeron que en Chile, de Santiago hacia el norte, no había agua. Y agregaban que de Santiago hacia el sur había, pero que llegaba de manera estacional y, por tanto, cuando se requería con mayor intensidad, el agua ya se había ido.

¿Qué le ha impedido al Estado desarrollar una política generadora de fuentes de agua en el norte de Chile?

Que alguien me explique aquí por qué las plantas desalinizadoras todavía no constituyen una política estatal, una política pública que le garantice a la gente del norte que tendrá agua. ¡Eso es lo que hay que hacer, pues! ¡Eso es lo que hay que hacer!: garantizarle a la gente que va a disponer de agua, pero no a través de la retórica ni del discurso, sino de la acción, de la infraestructura y la inversión. No hay un solo argumento que nos permita decir que el Estado ha estado amarrado de manos para llevar adelante una política pública, la cual ha sido propuesta por distintas universidades, por distintos científicos, tal como lo constatamos en la Comisión de Recursos Hídricos.

¿Qué le ha impedido al Estado establecer una política de embalses en el sur?

Recuerdo cuando la Presidenta Bachelet anunció la construcción de alrededor de doscientos embalses pequeños y medianos en el centro-sur. ¿Qué le impidió a ella la construcción de esos doscientos embalses pequeños y medianos? ¿Qué se lo impidió? No se hicieron, y eran fundamentales para cubrir las necesidades de agua de la población.

¿Qué le impide al Estado de Chile contar con una política pública para construir pequeños, medianos y grandes embalses? ¿Qué le impide al Estado de Chile llevar adelante una política para llenar los acuíferos?

¿Qué le impide al Estado manejar, por ejemplo, las aguas del lago Laja, el principal embalse natural de nuestro país, cuando el Estado de Chile tiene más del 50 por ciento de los derechos de ese gran embalse? ¿Qué se lo impide? ¡Nada!

Por lo tanto, señor Presidente, lo que hay que hacer aquí, verdaderamente, es pasar a la acción, a la inversión en infraestructura de aguas. Así lo han resuelto países como Australia, donde la gestión del agua también se halla en manos privadas. Y si alguien quiere traer una carretera hídrica del sur al norte de Chile, necesita las autorizaciones tanto de la Dirección de Obras Hidráulicas como de la Dirección General de Aguas y, por tanto, no puede hacer lo que quiera, como aquí se trata de traslucir.

Por eso, señor Presidente, yo no le tengo miedo a esta reforma, sino que creo que está profundamente equivocada y va por un camino que no resuelve absolutamente nada. ¡No resuelve absolutamente nada!

¿Me da un minuto más, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Puede continuar.

El señor PÉREZ VARELA.- Digo que no resuelve nada y genera la ilusión de que a las personas se les van a solucionar sus problemas con el agua.

Hoy día en la región que yo represento, de Ñuble, los grandes problemas del sector rural dicen relación con la pavimentación y el agua potable rural. Y se hace un esfuerzo muy importante, pero todavía no es suficiente. La inversión en el sector de agua potable rural es fundamental.

La Dirección de Obras Hidráulicas nos planteó que el único problema que tenía para llevar adelante los programas de agua potable rural era cuánto se demoraban y que solo el 10 por ciento de los proyectos no avanzaba por temas de derechos de aprovechamiento de aguas.

Por lo tanto, señor Presidente, pasemos del discurso a la acción de obras concretas que verdaderamente resuelvan estos temas a los chilenos.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el agua es vida, pero esta es la crónica de una muerte anunciada.

En cuanto a este proyecto -digámoslo con franqueza entre nosotros-, ¡no nos pisemos las capas entre superhéroes! ¡No hagamos un tongo con esto! ¡No hagamos un mero ejercicio como si pudiéramos decir "aquí hay un debate cierto y real en cuanto a que el agua va a volver a manos del Estado y este, entonces, podrá realizar obras, con lo que habremos dado satisfacción a una demanda del 90 por ciento de los chilenos que cree, sinceramente, que el agua tiene que volver a manos del Estado"! Porque hoy día el agua es privada, se lucra con el agua, se utiliza el agua y, en definitiva, se enriquecen quienes la obtuvieron gratuitamente y de manera eterna, ¡para siempre, para toda la vida!

Por tanto, aquí estamos discutiendo una situación que conlleva una paradoja. ¡Todos sabemos que este proyecto se va a perder! ¡Todos sabemos que no tenemos los 29 votos para los dos tercios! Y, entonces, el debate debiera ser sobre los dos tercios.

Y le quiero decir a Chile, a la ciudadanía, a quienes nos escuchan que cuando cuestionamos los dos tercios del acuerdo político para la Nueva Constitución dimos cuenta de las dificultades que implicaría contar con esos dos tercios.

¡Tuvimos nueve Senadores designados! Pinochet se sentaba aquí atrás. No sé quién está atrás. Está Francisco Huenchumilla, que es símbolo de libertad, consecuencia y de lucha, señor Presidente.

El señor LETELIER.- Pinochet se sentaba más atrás.

El señor NAVARRO.- Pero en el fondo, ahí, contra la muralla, para que nadie le tuviera que cuidar las espaldas, se sentaba Pinochet junto a generales y almirantes.

Y luego estaba el sistema binominal.

¡Echamos abajo a los Senadores designados! ¡Echamos abajo el sistema binominal! Y aun así este Senado, sin binominal, sin Senadores designados, no tiene los 29 votos para hacer posible este proyecto y, por tanto, se va a perder.

Todas las buenas intenciones de los discursos en el sentido de que el agua es lo mejor de la vida, de que el agua es esencial, de que el agua es heavy se pierden. ¡No tenemos los votos! Porque están estos dos tercios que la Constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán estableció para hacerla inmodificable.

Por tanto, este debate no es tan inútil, aunque solo sirve para demostrar que eso es lo que va a pasar con los dos tercios en el ejercicio de la Constituyente. Y si queda así, a firme, y no alcanzamos los dos tercios para una nueva Constitución de verdad, esto es lo que vamos a tener: va a quedar la hoja en blanco, el agua seguirá en manos de unos pocos que se han enriquecido, bajo el precepto del guatón del lago Ranco: "Este es mi jardín, y es el lago de mi jardín"; o del gerente de Scotiabank: "Este es mi mall". "¡Fuera de mi mall!", "¡Fuera de mi jardín!", "¡Esto es mío!". Porque los que tienen el agua ahora dicen "es mía y yo hago lo que quiero con ella, incluso no la uso".

Señor Presidente, aquí estamos en un debate mucho más profundo que el de señalar que el agua es vida, porque hay un doble discurso.

Yo le digo al Senador Pérez, que ya no está en la Sala, que hicimos el canal Laja-Diguillín. Y yo emplazo al Senador Pérez para que me diga cuánta eficiencia tuvieron los 110 millones de dólares del canal Laja-Diguillín, cuánto se evapora, cuál es la eficiencia que tiene.

Y ahí está el embalse Punilla sin hacerse. ¿Cómo se va a hacer? Porque va a haber una hidroeléctrica. La única manera de hacer viables los embalses es con hidroeléctricas.

El Presidente Piñera, en su primer período, en 2010, no lo hizo. Y en su segundo mandato tampoco lo quiere hacer, porque, la verdad, no quiere tocar los intereses. ¡Son demasiados intereses!

Yo no sé cuántos Senadores tienen derechos de agua. Y si los tienen, por lo menos debieran inhabilitarse. Eso sería lo justo y lo transparente. Yo no lo sé, solo lo advierto. Cuando discutimos el proyecto de ley de pesca se inhabilitaron.

Y si hay Senadores de Oposición que tienen derechos de agua, también deberían inhabilitarse. Porque, en definitiva, debemos develar que no nos dan los 29 votos que exige el quorum constitucional para la reforma constitucional, de dos tercios, los mismos dos tercios que van a estar vigentes para establecer la Nueva Constitución. No nos dan los votos, porque es muy difícil, es un quorum inalcanzable. Y esta dificultad la vamos a encontrar cuando discutamos en la Nueva Constitución, como aquí se ha dicho, el derecho al agua, el derecho humano al agua y la propiedad del agua.

Solo les quiero señalar que hay quienes han tomado conciencia de esto. Con todo lo que hemos criticado a ENEL por sus termoeléctricas, cuando fuimos a Roma, Italia, cuando tomamos el proyecto de HidroAysén -¡Patagonia sin represas!-, no solo retrocedieron, sino que donaron el agua al Estado chileno, devolvieron las aguas. Ese es un parámetro de comportamiento que debieran tener y observar quienes hoy día señalan que están con la ciudadanía.

El señor LETELIER.- No las donaron. Las devolvieron para no pagar multas.

El señor NAVARRO.- Yo, señor Presidente, voy a votar a favor como un testimonio. Este Senado da todos los días testimonios. Y este es un testimonio necesario.

Hay quienes son dueños del agua y no la quieren soltar porque creen que es de ellos. Pero se la vamos a quitar porque vamos a luchar por los dos tercios en la Nueva Constitución.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor PÉREZ VARELA.- Senador Navarro, ¿quiere saber lo que pasó con los 110 millones del embalse Diguillín?

El señor QUINTEROS.- Sigamos, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, es evidente que tenemos diferentes visiones de la historia de Chile. Es indudable que este debate dice relación con la historia de Chile.

Yo entiendo que el Senador Pérez, que me antecedió en el uso de la palabra,...

El señor PÉREZ VARELA.- ¡Fue Navarro!

El señor LETELIER.-..., habló de los canales construidos para el riego en nuestro país, que vienen del tiempo de la Colonia en el caso de varios de ellos. Y comprenderá, al igual que yo, que esto es parte de un debate histórico.

Pero quiero ir al tema sustantivo, señor Presidente.

Después del golpe militar, y aunque a algunos les moleste que uno lo vea así, la violación sistemática de los derechos humanos no fue un exceso; fue la condición necesaria para alterar los equilibrios que había en nuestra sociedad; fue la forma de destruir los partidos, de destruir el tejido social, de destruir los sindicatos, y fue la condición necesaria para imponer las siete modernizaciones de la dictadura en los años 77 y 78, modernizaciones que, una década antes del Consenso de Washington, instalaron las bases de un modelo neoliberal: el Código Minero, el Código Laboral, la municipalización de la educación, las AFP, las isapres, la regionalización y el Código de Aguas. Fueron los elementos propios para sentar el nuevo modelo.

Y ya en ese tiempo estaba la Comisión redactora de la Constitución del 80, donde algunos colegas de hoy y otros que lo fueron en el pasado participaron y ayudaron en la redacción de sus disposiciones. Ellos generaron un invento -no puedo desmerecer su creatividad-: algo que era un bien nacional de uso público lo transformaron en un derecho de uso y lo constituyeron como propiedad privada. Por ende, en la Constitución tenemos la ficción de un bien nacional de uso público, pero que, a través de un acto jurídico, fue privatizado. Y tal fue el grado de la privatización, que a lo único que apunta esta reforma constitucional, en el fondo, es a poner el dedo en esa llaga.

No me sorprende hoy la reacción de la Derecha y del Oficialismo porque, tal como anunciaron en una conferencia de prensa -todos, menos uno-, en cuanto a que no quieren una nueva Constitución, van a rechazar esta reforma, dirigida contra uno de los pilares de las modernizaciones que impulsaron y que sustenta un modelo privatizador, un modelo que expandió el mercado a ciertos ámbitos de la vida que en otras sociedades no se observa. Decir que en Australia hay gestión privada de recursos hídricos no es correcto. Desconocer que todos los países del mundo hacen gestión pública con un rol importante del Estado, y que en ellos existe un Estado social de derecho que garantiza el bien colectivo por sobre los intereses personales o particulares, tampoco es correcto.

Señor Presidente, lo que aquí está en discusión es si el Estado, si lo colectivo, es más importante que lo individual y lo privado en algo tan fundamental como las riquezas de nuestro país, una de las cuales es el recurso hídrico.

Un colega habló de corrupción en el uso del agua. Yo diría lo siguiente: la DGA hoy, en período de sequía, ¡vaya que ha actuado mal!, ¡vaya que ha hecho la vista gorda! Es vergonzoso.

Varios hemos visto cómo se perforan pozos de 120 metros en el Valle Central, secando las norias de todos los pequeños campesinos. Pero la DGA no hace ni dice nada, en circunstancias de que hay una violación flagrante del actual Código.

Lo que queremos asegurar en esta reforma, señor Presidente, es que el Estado vuelva a tener el rol que le corresponde.

Es cierto: parece que nuestra sociedad volverá a discutir por qué uno es partidario de un modelo de desarrollo de un tipo, versus los que son partidarios de un modelo de desarrollo de otro tipo. El Código de Aguas y, en este punto, su consagración en la Constitución, reflejan un modelo de sociedad neoliberal. Y yo estoy seguro de que quienes protestan en la calle, en su gran mayoría y más allá de su diversidad, tienen en común que están reaccionando contra los efectos de este modelo neoliberal y quieren transformaciones.

Por desgracia, los colegas de enfrente reaccionan cuando tienen miedo, cuando se sienten amenazados. Por desgracia, estamos constatando un fenómeno que le hace mal a Chile: una Derecha dura, de ciertos intereses...

El señor HUENCHUMILLA.- ¡Dele un minuto más, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).- Ya le agregamos uno.

El señor NAVARRO.- ¡Dele otro!

El señor LETELIER.- ¡Me interrumpieron al empezar, Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).- Ya le dimos un minuto adicional al Senador Letelier.

La señora PROVOSTE.- ¡Es un derecho irrenunciable!

El señor QUINTANA (Presidente).- El derecho a un minuto adicional, que ya fue concedido.

A continuación, le corresponde hacer uso de la palabra al Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, entiendo que en el Senado siempre hemos tenido un fair play entre nosotros. ¡Qué más da un minuto más, un minuto menos, en un tema tan importante!

¡No me parece bien este clima, señores Senadores de la Derecha!

Señor Presidente, me produce cierto pesimismo este debate, porque, a propósito de este proyecto, estamos discutiendo un tema político de la máxima importancia. Todos los sectores políticos del país podemos cometer errores y los hemos cometido, pero, después de escuchar este debate, creo que no hemos aprendido nada de lo que pasó el 18 de octubre, porque uno esperaría que los distintos sectores, pero fundamentalmente los de Gobierno, hubieran buscado una explicación a por qué pasó lo que pasó, y no pensar, más encima ahora, en enero, que esto a lo mejor ya pasó, como dijo el señor Presidente de la República.

Yo me temo que esto no ha pasado y que probablemente en marzo volveremos a enfrentar el mismo escenario, o uno parecido, por cuanto los políticos no hemos estado a la altura de las exigencias que hoy día tenemos. Lo digo porque los países, cuando sufren quiebres, han perdido los consensos respecto de ciertas cosas.

Nosotros, en 1973, los perdimos y vivimos una larga dictadura. Y después, a lo largo de los años, y hoy día, con el estallido del 18 de octubre, siento que también perdimos los consensos en cuanto al modelo de sociedad que hemos construido. No tenemos coincidencia en eso.

Entonces, la pregunta es: ¿vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo, o nos vamos a escudar en el artículo, en el inciso, en el quorum, para impedir la solución de los grandes problemas que están detrás de la profunda rabia acumulada por la gente, que siente que esta es una sociedad del abuso, desigual, donde unos no son lo mismo que los otros? La gente se rebela, sobre todo los pobres, los jóvenes en las poblaciones, que no tienen esperanza ni destino, y que nos señalan: "Hay temas que se deben resolver".

¿Qué hay detrás de este proyecto? Detrás de este proyecto, señor Presidente, tenemos un sistema económico que dice que en esta vida se paga por todo; que en esta vida todo va al mercado; que en esta vida todo es lícito para ganar plata; que en esta vida el que tiene plata aplasta al que no la tiene, porque, si hay algo elemental en la vida, es el agua, como el aire.

Resulta que la legislación chilena declara el agua como un bien nacional de uso público. Desde hace muchísimos años que así se halla establecido en el Código Civil, en nuestro viejo Código Civil: artículo quinientos y tanto. Ya no me acuerdo exactamente en cuál. Pero la Constitución del 80 introdujo un aparataje jurídico según el cual los derechos de aprovechamiento real son derechos de propiedad absoluta.

Lo que tenemos que discutir, entonces, es si el agua va a ir al mercado o no va a ir al mercado, y si se va a transar como un bien en desmedro de los que no tienen.

¡Esa es la discusión que se nos plantea!

Y les quiero decir a las bancadas de la Derecha: nadie se opone a que haya fábricas de cemento y estén en el mercado; o a que haya fábricas de alambre y estén en el mercado. Aquí estamos hablando del agua, por los abusos que han cometido cientos de propietarios con este vital elemento, que transan en el mercado en desmedro de las necesidades de la gente. Esa es una sociedad del abuso.

Entonces, la votación de hoy día es una prueba de la blancura, pensando qué va a pasar en la Constitución, si es que tenemos la posibilidad de trabajar una nueva Constitución.

Termino, señor Presidente, simplemente haciendo un llamado a estar a la altura de la respuesta que la gente nos está pidiendo.

Aquí nadie quiere echar abajo la estantería, volver a fojas cero, pero busquemos los consensos de qué va al mercado y qué no va al mercado. El agua no puede ir al mercado; la salud no puede ir al mercado; la previsión no puede ir al mercado, por nombrar los bienes más sustantivos. En el resto, los empresarios tienen un ancho campo para desarrollar todos los emprendimientos que quieran. Pero no se puede abusar de bienes públicos en perjuicio de la gente.

Eso es lo que está en discusión aquí.

Por lo tanto, que la Derecha no siga cometiendo los mismos errores de los últimos treinta años al negarse a entrar al fondo de la discusión que el país nos está pidiendo.

Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Pido la unanimidad de la Sala para que pueda presidir la sesión en unos momentos más la Senadora Muñoz.

--Queda autorizada la presidencia accidental de la Senadora señora Adriana Muñoz.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, es importante entregar algunos datos técnicos antes de dar mi argumentación.

Lo primero, y bien importante, es que prácticamente el 85 por ciento del agua dulce de Chile, de nuestro querido país, se pierde en el mar; dato no menor, porque es muchísima el agua que hoy día no somos capaces de conducir. Estoy hablando de conducir no solo para actividades productivas, sino también para el consumo humano y todos los temas sanitarios. Hoy existe un porcentaje relevante de la población que todavía no tiene alcantarillado. Es un asunto preocupante para el país y, sin duda, guarda relación, en parte, con las grandes diferencias que hay entre unos y otros ciudadanos.

Por otro lado, y además de constatar esa diferencia -digamos que finalmente ocupamos el 15 por ciento del agua dulce existente en Chile; el resto la perdemos-, tenemos una sequía que ya varios han mencionado: la peor en los últimos sesenta años; un déficit de precipitaciones cercano al 75 por ciento; cinco regiones del país en crisis hídrica. Y, fuera de eso, tenemos un déficit muy importante en el ámbito de la planificación territorial, lo que ha hecho que nuestras ciudades se hayan construido en lugares en los que, en mi opinión, nunca debieron haberse emplazado, dado que eran zonas de resguardo que permitían que conserváramos el recurso hídrico, sobre todo en la capital nacional, Santiago, donde además viven siete millones de habitantes.

Entonces, por un lado, hay una situación técnica, que no se ha abordado con políticas públicas efectivas en resguardo de conducir el agua dulce, y por el otro, hemos tenido cero planificación territorial, un pésimo manejo de las zonas rurales y también urbanas respecto al cuidado del agua, y una situación de cambio climático que evidentemente no favorece.

También coincido -y aquí tengo diferencias con algunos de mis antecesores- en que existen bases fundadas de que, en algunos casos, lamentablemente ha habido especulación con el agua. Por lo mismo, estamos trabajando, en la Comisión de Agricultura, presidida por el Senador Elizalde, un Código de Aguas que ha recibido más de 370 indicaciones. Hemos trabajado duramente este año y esperamos avanzar muchísimo en los meses que quedan para poder resolver el texto que nos entregó la Comisión de Recursos Hídricos, que también trabajó bastante. Recordemos que el proyecto lleva en tramitación más de ocho años.

Varios de los artículos de dicha normativa se hacen cargo de todo lo que he escuchado acá: definición del agua; la posibilidad efectiva de caducar derechos en caso de que no se usen; caudal ecológico. Además, muchas atribuciones que el Estado no tiene se las estamos otorgando a través de este Código de Aguas en estudio. Hemos llegado a muy buenos acuerdos y espero que sigamos en la misma senda por el bien del país.

Me preocupa, efectivamente, que estemos polarizando la discusión acerca de un proyecto que no me cabe duda de que tiene la buena fe de hacer el punto respecto del agua. Esto me parece -y lo dije la vez anterior- un poco discordante, ya que estamos trabajando un Código de Aguas cuya discusión y votación debieran estar cerradas de aquí a dos o tres meses más y que aborda prácticamente el 90 o 100 por ciento de todo lo que hemos discutido en la Sala. Me preocupa que no transparentemos de alguna manera eso.

Por otro lado, acá se habló de la DGA. A mí, que fui funcionaria pública, me inquieta que se la desacredite, entendiendo que todo es perfectible y que pueden equivocarse. Pero es bueno que ustedes sepan que todo ese organismo tiene solamente cuarenta fiscalizadores para todo Chile, cuarenta fiscalizadores para poder hacerse cargo de la fiscalización de los derechos de agua de todo el país. Los recursos son ínfimos y, por lo tanto, es muy complejo decir que no han hecho el trabajo. ¡Si el tema tiene que ver con que el trabajo se hace con recursos humanos y técnicos!

Hoy día el Estado de Chile, y todos los gobiernos, no solo este, quizás no han tenido la visión, por un lado, de hacer planificación territorial, de hacer inversión pública, y por el otro, de propender al financiamiento privado para una mejor distribución del agua, de tal forma de no perder el 85 por ciento del recurso. Se requiere mayor fiscalización, a fin de que no exista ningún tipo de especulación con el agua, y una mejor normativa, porque la que existe ahora es antigua.

En ese contexto, creo que hay que analizar en profundidad los aspectos técnicos del agua, que son realmente muy interesantes. Hay mucho que trabajar.

No demonicemos a la Derecha, por favor. Nosotros queremos lo mejor para el país, igual que ustedes. Podemos tener visiones distintas, pero en este Senado no hay buenos ni malos: simplemente personas que podemos pensar distinto.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Ofrezco la palabra al Senador Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, esta debe ser de las votaciones más importantes que nos ha correspondido realizar como Senado de la República. Y es bueno que uno pueda sincerar su posición.

Yo no demonizo a quien vota en contra, pero creo que uno tiene que justificar y explicar por qué vota de tal o cual forma.

Nosotros estamos ante una situación que es importante destacar, de cambio climático brutal, que no solo afecta a la provincia de Petorca -mi solidaridad con sus habitantes-, que entendemos por estar cerca de este lugar. Hoy la crisis por el cambio climático está afectando a todas y cada una de las regiones y las provincias, e incluso a zonas como las que nos toca representar: las regiones de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén, las que, otrora paraísos de lluvia, hoy enfrentan tremendas limitaciones. Y si eso uno lo proyecta a las regiones del norte, se configura un panorama aún más brutal.

Aquí el problema de fondo es establecer si el agua está desacoplada, desagregada de la tenencia de la tierra.

Se ha hecho referencia al Código de Aguas, cómo ha venido evolucionando, a los canalistas. Toda esa situación es perfecta. Y menciono lo que ocurrió con la reforma agraria. Precisamente, cuando se asignaban tierras, se asignaban con agua. Pero luego vino la Constitución de 1980, hecha por un grupo de señores que quisieron preservar el derecho de propiedad y privatizaron las aguas. Y es justamente en esa época que se produce la desagregación de la tenencia de la tierra con los derechos de aguas.

Por lo mismo, hoy en el país -esto es único en el mundo, porque no existe en otras legislaciones- se puede tener dominio o propiedad de un terreno sin poseer un derecho de agua, y tener un derecho de agua sin poseer un terreno. Eso es lo que hoy día existe en la realidad.

Cuando uno revisa y pide información por transparencia, o mediante el envío de oficios del Senado, acerca de a nombre de quién están constituidos los derechos de los ríos más importantes del sur de Chile: Baker (a mi lado está la Senadora de la Región de Aysén); Bueno, en la Región de Los Ríos; San Pedro, Imperial y otros, el 80 o 90 por ciento de los derechos de agua sobre esos grandes cursos de agua están en manos de hidroeléctricas, o de terceros para especular.

Y para qué decir los derechos respecto de los esteros.

Entonces, seamos claros. Lo decía muy bien la profesora Nancy Yáñez, que concurrió a la Comisión y cuya opinión fue recogida en el informe. Ella sostiene textualmente que "la legislación vigente reconoce el agua como un bien nacional de uso público" -no caigamos en la discusión de si está reconocido- "en los términos que prescribe el artículo 595 del Código Civil, y el artículo 5° del Código de Aguas. Con todo, aseveró que dicha noción -que la excluye del comercio humano, en virtud de la teoría de la dominialidad de los recursos- se torna inaplicable" -repito: ¡se torna inaplicable!- "a raíz del contenido del inciso final del numeral 24 del artículo 19° de la Constitución Política de la República, que permite su privatización mediante la propiedad que se ejerce sobre el derecho de aprovechamiento de aguas.".

En definitiva, se radica el derecho de propiedad sobre ese derecho de aprovechamiento.

¿Y qué es lo que se hace con eso?

Se dejan engordar esos derechos de agua para especular. Yo inscribo estos derechos antes que el propietario de un terreno o un proyecto agrícola, simplemente para utilizarlos en algún momento. Eso se llama especulación, eso se llama engordar un derecho que ha otorgado el Estado no para un fin determinado, porque no importa si cumple o no el fin de regar un predio, o abastecer, y dejar a extensos territorios sin agua.

¿Qué es lo que se propone? Y por eso es importante que se sepa. Aquí no se está pidiendo una locura, no se está queriendo poner esto patas para arriba. Es establecer en la Constitución, precisamente en el artículo 19, número 24°, los siguientes elementos:

Primero, agregar en el numeral 23°, del artículo 19, lo siguiente: "Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público" (a fin de reafirmarlo). "En consecuencia, su dominio y uso pertenecen a todos los habitantes de la nación. Decláranse de utilidad pública los derechos que sobre ella se hayan constituido o reconocido.

"La Ley regulará el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales derechos y de las concesiones que sobre las aguas se reconozca a particulares. Estas últimas serán siempre temporales" (siempre temporales, no se deben establecer derechos a perpetuidad), "se circunscribirán a fines específicos y podrán estar sujetas al pago de patentes o tasas.

"En su otorgamiento y ejercicio se priorizará el consumo humano, el doméstico y el saneamiento, resguardando los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico, para lo cual se podrá reservar aguas superficiales y subterráneas y contemplar otras limitaciones y obligaciones. Se dispondrá de un manejo sustentable e integrado de los recursos hídricos de las cuencas, que considere las características de cada zona del país y que asegure la participación e información de la ciudadanía".

Eso es lo que queremos: establecer el agua como un derecho humano fundamental, eso es lo que votamos.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Señora Presidenta, el agua es un elemento vital para el ciclo de vida no solo de los seres humanos, sino también del planeta. El agua cubre el 70 por ciento de la superficie del planeta y solo el 2,5 por ciento corresponde a agua fresca (ríos, lagos, acuíferos), y un porcentaje menor a este último es apto para el consumo humano, agrícola e industrial.

Por lo tanto, estamos hablando de un recurso que es vital, es imprescindible, y cuya gestión es estratégica pensando en el futuro.

Y ahí hay varios temas. Una cosa es el acceso al agua potable, derecho que no está garantizado en el país. Al respecto, la encuesta Casen del año 2017 muestra que más de un millón cuatrocientas mil personas no tienen acceso a agua potable, y funcionan con camiones aljibes o tratando de sobrevivir con algún otro tipo de dispositivo para el suministro de agua potable.

El Banco Mundial, en agosto del año 2019, publicó el documento Calidad desconocida: crisis invisible del agua, que describe el nivel de contaminación del agua potable en 72 países, donde se advierte que en 83 localidades de las 392 encuestadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios el nivel de arsénico alcanzó un umbral que sobrepasa lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Por lo tanto, tenemos un problema de acceso y de calidad. Y en Chile contamos con recursos hídricos, pero, efectivamente, su gestión ha sido un gran déficit para lo que estamos conversando hoy día.

Lo que queremos hacer es una reforma constitucional: que se garantice como un derecho fundamental el acceso al recurso hídrico, y hoy día, como se ha señalado, el reconocimiento del agua como un bien nacional de uso público está establecido en el Código Civil, en el Código de Aguas, pero no tiene rango constitucional.

Por eso creo que también es importante la conversación que se inicia ya, y que tendrá su fecha cúlmine el 26 de abril de este año, en el marco del plebiscito para una nueva constitución, porque efectivamente tenemos que hablar de una reforma constitucional si queremos cambiar el formato de la gestión del recurso hídrico en Chile.

Lo digo porque este es un país de eufemismos, y alguien podrá señalar que no se ha privatizado el agua, ¡que es un bien nacional de uso público...! Pero, en la lógica de los derechos de uso y derechos de aprovechamiento, lo que ha ocurrido en la práctica es que a partir del Código de Aguas de 1981 se empezó a especular con un recurso tan elemental como este. La reforma del año 2005 no fue suficiente, los derechos ya estaban prácticamente todos entregados.

En la Región de Aysén yo tengo la experiencia de que quisimos declarar como reserva ambiental las cuencas de Murta, de Palena (aun así se trató de cambiar esa situación), porque eran las únicas cuencas donde teníamos aún recursos disponibles: el resto, como se ha dicho, está en manos de transnacionales, de empresas hidroeléctricas o simplemente de especuladores que han hecho de esto un negocio.

El trámite en general es bastante simple: a partir del trabajo que se hace con la Dirección General de Aguas del MOP se inscriben los derechos, se publican en los diarios y, al final, este bien nacional de uso público es transable, usted lo puede hipotecar, y lo inscribe en el Conservador de Aguas.

Por eso digo que es un país de eufemismos, porque puede que esté declarado bien nacional de uso público, pero en la práctica no se da que este recurso tan elemental para la vida lo sea.

Por otro lado, en el contexto de cambio climático, hoy día con el fenómeno del calentamiento global, existe una amenaza a la biodiversidad, pero otro gran efecto de este gran problema global es el déficit hídrico.

Chile lleva más de una década bajo esta situación de estrés hídrico. Y no es casual. Se ha hablado bastante de Petorca, y ahí el Gobierno, para abordar la crisis hídrica de la comuna, donde otorgó derechos, terminó pagando millones de pesos a fin de recuperar el agua para los pobladores, siendo que era un bien nacional de uso público.

También tenemos los primeros expatriados climáticos del país en su Región de Coquimbo, estimada Presidenta, en Montepatria, donde se estima que ya un 15 por ciento de los habitantes de esa comuna han tenido que salir del territorio por la crisis hídrica.

Este es un problema real, y si no cambiamos el formato de gestión, si no entendemos que este es un derecho humano fundamental y no le damos rango constitucional, que yo espero que sea parte de las conversaciones en el marco de la construcción y redacción de una nueva constitución en Chile, la situación se va a volver aún más crítica.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señora Presidenta, sin duda que estos son temas en los cuales, quizás, el enfoque debiera ser distinto a cómo lo estamos haciendo.

El Senador Huenchumilla nos interpelaba respecto de la voluntad y las disposiciones que tenemos como sector para analizar algunos temas y ponernos de acuerdo.

Creo que esta tendencia a ubicarse en trincheras nos está haciendo bastante mal en la reflexión respecto del fondo de los problemas. Y un Senador de la Oposición señalaba hace un par de días: "Después de leer los titulares de la reforma de salud, de la reforma de Fonasa, estoy en contra". ¡El mismo lo decía, sin conocer el contexto! En cambio, se valoran, por ejemplo, las visiones provenientes de la Democracia Cristiana, en cuanto a no pronunciarse sino al menos hasta conocer los textos.

Creo que esta tendencia a procurar no encontrar puntos de consenso, a no tender puentes que, en definitiva, nos permitan construir, a pesar de las diferencias de mirada, creo que nos hace muy mal.

En tal sentido, debemos preguntarnos: ¿es esta la solución para el problema de fondo? Si fuese así, la firmaría y probablemente la aprobaría. Se ha querido instalar, además, que con la Nueva Constitución vamos a resolver todos los problemas que hoy día agobian a nuestro país.

Hace un tiempo comentaba con expertos, en relación con el tema del agua, que la eventual recuperación de los derechos de agua que hoy día están en manos del sector privado significa cerca de 30 mil millones, pero no de pesos: ¡30 mil millones de dólares! ¡Eso es lo que costaría!

Imagínense: 30 mil millones de dólares para recuperar esos derechos de agua. ¿Cuántas necesidades en materia de infraestructura se podrían atender? Y uno recuerda las soluciones planteadas a lo largo de la historia: la carretera hídrica, los proyectos de embalses, los canales de regadío, en fin, tantas cosas.

Además, evidentemente estamos frente a una situación donde el agua está repartida desuniformemente en nuestro país. Tenemos regiones, como la nuestra, con un promedio cercano a los 3 millones de metros cúbicos de agua por habitante al año, contra 56 metros cúbicos, por ejemplo, en la Región de Antofagasta.

Por eso, hay que poner énfasis también, para que quede en la referencia de los datos en materia de agua para consumo humano, que entre el período del año 1998 (para que hagan la relación de quién estaba gobernando) y hasta el año 2004, todas las sanitarias que tenían la administración de la gestión del agua potable -¡todas las sanitarias entre 1998 y 2004!- fueron privatizadas.

Y fue este Congreso Nacional el que aprobó la norma del entonces Presidente Eduardo Frei, que permitió que el Estado llevara adelante ese proceso de privatización.

El año 2004 se cerró ese capítulo y el cien por ciento de las empresas dedicadas a la generación de agua para consumo humano pasó desde el sector fiscal al sector privado.

Y muchos de los que se hallan aquí -incluso algunos han intervenido- fueron hasta Ministros de Estado en gobiernos en los cuales respaldaron este mismo proceso de iniciativas privatizadoras.

Por eso, señor Presidente, creemos que aquí hay que ver el asunto con una mirada para mejor resolver. Porque incluso yo también fui autor de un proyecto de modificación constitucional respecto de cómo aseguramos el resguardo del agua para consumo humano y cómo aseguramos el resguardo para las actividades esenciales.

Creemos que este tipo de iniciativas deberían dar espacio precisamente para buscar mecanismos para la construcción de buenos acuerdos, de grandes acuerdos.

Aquí tocamos temas donde estamos tendiendo permanentemente a situarnos en trincheras. Y, por último, creyendo que lo hacemos fácil al plantear ciertas cuestiones.

El Senador Navarro expresaba precisamente el punto: necesitan 29 votos para aprobar esta reforma constitucional, pero todos sabemos cuál es el escenario, cuál es el contexto en que se inserta la discusión.

Por qué en vez de forzar la situación y ponernos en esta disyuntiva no somos capaces de enfrentar con decisión los desafíos y realmente construimos una solución.

¿Va a modificar este proceso constitucional, aun cuando se aprobara, el hecho de que el país debe desembolsar esos 30 mil millones de dólares que significa recuperar esa agua?

O planteado de otra manera: ¿esos 30 mil millones de dólares no se podrían ahorrar, eventualmente, en vez de gastarlos para recuperar algo y quedar en el mismo punto, y realmente alcanzar un acuerdo, una forma de avanzar en la construcción real de una solución de fondo y no hacerle creer al país que con esta reforma constitucional y con la Nueva Constitución vamos a resolver todos los problemas que tenemos como sociedad?

Voto en contra.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Ofrezco la palabra al Senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.- Señora Presidenta, en el tema del agua, me parece a mí que se señalan una cantidad de cosas profundamente inexactas que hacen que muchas veces las posturas se extremen y no se llegue a acuerdos que considero que serían sumamente sensatos de lograr.

Cuando se dice que el agua es un bien nacional de uso público; en verdad, así es. Lo establece el Código de Aguas; lo mencionaba, además, el Código Civil. Ambos son muy antiguos: uno de 1951, otro de 1857. Y si lo señalara la Constitución, también sería bueno. No hay ningún problema en que la Carta Fundamental ratifique algo que es de toda evidencia.

"Que Chile es el único país del mundo donde el agua es privada", ya empieza a ser una afirmación un poco curiosa. Porque desde el punto de vista jurídico, los derechos de agua, sea cual sea la denominación que reciban en los países, es finalmente un derecho real administrativo. Punto. Se llamen "derechos de aprovechamiento" en Chile, y se llamen como se llamen en otras partes del mundo.

Pero lo que sí ocurre en todas partes del mundo es que cuando esos derechos se entregan al uso de la agricultura, y desde tiempos inmemoriales, nadie los puede tocar sin una extraordinaria y poderosa razón. Imagínense ustedes, no más, que a alguien se le ocurriera ir a tocarles los derechos de agua de los agricultores franceses o de los agricultores australianos o de los agricultores neozelandeses.

¡Yo creo que termina en la plaza mayor no de la mejor manera...!

Pero lo que sí poseen todos esos países son buenas gobernanzas. Algunos de ellos, gobernanzas privadas. Aquí se alega porque en Chile el sistema es muy privado; bueno, en Australia también ocurre lo mismo. La mayor parte del mundo, eso sí, tiene sistemas mixtos.

Pero lo que tratan de hacer todos, sean sistemas mixtos, sean sistemas controlados muy fuertemente por el Estado como en Israel o sean sistemas más privados como el de Australia, es de que el agua alcance para disponer de una poderosa agricultura y, por supuesto, que también exista agua para el consumo humano, ojalá 150 litros per cápita, que es más o menos el estándar que requiere una persona para vivir dignamente.

"Que aquí se le habrían quitado los derechos de agua a los chilenos en 1980" son afirmaciones, la verdad, bastante absurdas, a mi juicio.

"Que las aguas alguien se las guarda en el bolsillo y están especulando". La verdad de las cosas, me he dado el trabajo de preguntar en todas las asociaciones de canalistas de la Región del Maule dónde está alguien guardando el agua. Por supuesto que nadie puede estar haciéndolo. El agua que uno no usa simplemente sigue para abajo. Y todos andan tratando más bien de conseguir agua para poder usarla en sus respectivas actividades.

La sequía no es culpa ni de las paltas, ni tampoco de los limones, ni tampoco de las sandías. Esto suena de Perogrullo: la sequía obedece a cambios mucho más importantes. Y lo que debemos hacer es establecer una gobernanza y realizar las inversiones para que el asunto pueda ser bien resuelto.

Hoy día hay montones de poblados en Chile derechamente sin agua. Pero, tal vez, si uno mira el asunto con detención se debe a que disponen de pozos de 15 a 20 metros de profundidad y el agua hace mucho rato que no se halla a ese nivel; y no por culpa de las plantaciones de alrededor, sino porque dejó de llover en la medida en que lo hacía más antiguamente.

Por lo tanto, aquí se deben realizar esfuerzos en términos de inversión, en términos de gobernanza, porque nos esperan desafíos enormes por delante.

Yo no me opongo a que constitucionalmente se establezca el agua como un bien nacional de uso público; me parece absolutamente lógico que se disponga, además, como un derecho humano fundamental; me parece también que el Estado debe velar por que el agua les llegue a todas las personas para su consumo diario. No tengo ningún problema en que todo eso quede en la Constitución y ojalá se pueda lograr un buen acuerdo tanto a nivel constitucional como también a nivel de Código de Aguas.

Aquí no hay por qué mirar binariamente el mundo agrícola con el mundo sanitario y con el mundo del consumo domiciliario.

Ahí está...

Le pido un minuto.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Puede continuar, señor Senador.

El señor GALILEA.- Ahí está la sabiduría de una legislación que debemos ser capaces de concordar.

Yo no sé si van a estar o no los votos para aprobar esta reforma constitucional, pero aprovecho de señalar que me abstendré de votar por tener una inhabilidad en el tema que nos ocupa.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Finalmente, ofrezco la palabra al Senador Juan Castro.

El señor CASTRO.- Señora Presidenta, cuando escucho las intervenciones de muchos colegas compruebo que hay verdades y no verdades.

Se dicen verdades, porque cuando uno recorre y conversa con personas, se da cuenta de lo que sucede. Y también se ve por la prensa lo que ha ocurrido con el tema de los derechos de aguas.

Asimismo, hay falta de información. Creo que a muchos colegas les falta conocimiento acerca de cómo funciona o ha funcionado lo relativo a agua en nuestra historia.

Podemos afirmar que el agua es un bien nacional de uso público. Efectivamente es así. Pertenece al Estado de Chile; es de todos los chilenos. Esta es una realidad.

El punto es que, cuando empezó a desarrollarse la agricultura, se autorizó a los agricultores a hacer canales para desviar el agua de un río con el fin de llevar adelante su actividad. Eso viene desde hace muchos años en nuestra historia, desde la Colonia. No me cabe ninguna duda.

De igual modo, los pescadores artesanales acuicultores tienen derecho de concesiones acuícolas para producir sus mitilios.

Cuando hablamos de agua, es inmenso el contexto de lo que ella significa en nuestro desarrollo, en la generación de riqueza, en la agricultura.

Esos pescadores obviamente no pagan la concesión. Es gratuita.

Ahora pasemos a las concesiones de las radios: la obtención de una de estas frecuencias también es gratuita por una cantidad de años. Es decir, están limitadas.

Las concesiones mineras, por su parte, están afectas a un pago.

Respecto del agua, en su momento no se le colocó un valor, no se concesionó. Solo se autorizó a los agricultores a realizar desvíos de cursos de agua para desarrollar la agricultura.

Pero hay un aspecto que yo expliqué en su oportunidad, y lo volveré a hacer ahora porque es relevante y, además, para que los colegas Senadores entiendan quién especula con este recurso. Siempre aquí se habla de la "especulación del agua".

¿Por qué voy a votar en contra del proyecto? Porque defiendo la agricultura. Soy de una zona agrícola y me siento un real representante de los agricultores, porque nací y me desarrollé en el campo.

A mí me duele mucho cuando se dice abiertamente y con liviandad que el agricultor especula. La verdad es que yo nunca he visto especular a un agricultor. Al contrario, lo he visto sufrir muchas veces por la falta de agua.

Entonces, ¿quién especula?

Yo no tengo problema alguno en que conversemos y nos sentemos a realizar las modificaciones necesarias.

Obviamente hubo un momento que se separó el agua de la tierra. Cuando ello ocurrió, desde mi punto de vista, se generaron dos derechos:

El derecho llamado "consuntivo", que faculta para consumir el agua; o sea, el que ejerce un agricultor cuando toma el agua, la desvía y riega sus plantaciones.

Y el derecho denominado "no consuntivo". En el ejercicio de este derecho nos encontramos con personas que manejaban información, "habilosas", a lo mejor bastante inteligentes -puede que hasta se pensó así-, quienes fueron al sur y al centro del país e inscribieron derechos de aguas, de los ríos. Al inscribirlos, esas personas "habilosas" no tenían ni un metro de tierra para regar.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Concluyó su tiempo, señor Senador.

El señor CASTRO.- ¿Me permite un minuto?

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Continúe, Su Señoría.

El señor CASTRO.- Esos derechos no consuntivos fueron vendidos a las eléctricas.

Esas personas fueron las que especularon, esas personas fueron las que echaron a perder lo relativo al uso del agua para la agricultura.

A mi juicio, ahí radica la gran equivocación que se comete cuando se habla de especulación. Para mí, la especulación en la agricultura nunca ha existido. ¡Nunca ha existido!

El agricultor toma el beneficio de tener agua en su propiedad y la ocupa para producir; la transforma en alimentos, que son los que están en nuestras mesas.

Por lo tanto, estoy dispuesto a sentarme a conversar para ver cómo somos capaces de...

Señora Presidenta, le pido un minuto extra.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Solo uno más. Continúe.

El señor CASTRO.- Tenemos que sentarnos a conversar para ver cómo somos capaces de entender esta situación.

¡La especulación no nos gusta! ¡El aprovechamiento no nos gusta! ¡No hay ningún Senador que le guste el aprovechamiento!

Por lo tanto, si dialogamos y entendemos en qué se usa el agua y para qué, vamos a estar todos dispuestos a hacer una modificación constitucional en esta materia con el propósito de proteger la agricultura y el consumo humano por sobre todo.

El aprovechamiento de los grandes agricultores en desmedro de las comunidades tampoco nos gusta. No me cabe ninguna duda de que lo que hay en Petorca es un aprovechamiento de los grandes por sobre los pequeños.

Eso lo podemos conversar, trabajar. Indudablemente, todos vamos a estar de acuerdo en mejorar el tema del agua.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- No hay más inscritos.

El señor GALILEA.- Señora Presidenta, punto de reglamento.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor GALILEA.- Yo declaré mi inhabilidad, pero apreté "abstención" por error. Pido que me borren esa abstención para quedar simplemente inhábil.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Así se hará.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Terminada la votación.

--Se rechaza en general el proyecto de reforma constitucional, por no haberse reunido el quorum constitucional requerido (24 votos a favor y 12 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Van Rysselberghe y los señores Castro, Coloma, Durana, García, García-Huidobro, Moreira, Ossandón, Pérez Varela y Sandoval.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Rechazada la reforma constitucional sobre el agua.

Queda, entonces, como tarea para la asamblea constituyente.