Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 370ª
Sesión 116ª, en viernes 24 de febrero de 2023
Especial
(De 11:16 a 13:18)
PRESIDENCIA DE SEÑOR ÁLVARO ELIZALDE SOTO, PRESIDENTE, Y
SEÑORA LUZ EBENSPERGER ORREGO, VICEPRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR JULIO CÁMARA OYARZO, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Elizalde Soto, Álvaro
--Flores García, Iván
--Gahona Salazar, Sergio
--García Ruminot, José
--Insulza Salinas, José Miguel
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Pascual Grau, Claudia
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales; el Ministro de Defensa Nacional subrogante, señor Gabriel Gaspar Tapia, y la Ministra Secretaria General de la Presidencia subrogante, señora Macarena Lobos Palacios.
Actuó de Secretario General subrogante el señor Julio Cámara Oyarzo, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:16, en presencia de 18 señoras Senadoras y señores Senadores.

El señor ELIZALDE (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE PERSONAS FALLECIDAS POR ÚLTIMOS INCENDIOS FORESTALES

El señor ELIZALDE (Presidente).- Quiero, al dar inicio a esta sesión, que guardemos un minuto de silencio por todas las personas que han fallecido en el contexto de los incendios forestales que, lamentablemente, han tenido lugar en las últimas semanas en varias regiones de nuestro país.
Así que le pido a la Sala que guardemos este minuto de silencio para recordar a todos quienes han fallecido en el contexto de esta emergencia.
(Los asistentes se ponen de pie y la Sala guarda un minuto de silencio).
Junto con eso, queremos expresar nuestra solidaridad a todas las personas que han sido afectadas por estos incendios y también nuestro reconocimiento a todos quienes, particularmente de servicios públicos y también de algunas empresas privadas, han desarrollado labores para combatir los incendios.
En el caso particular de la Región del Maule, que afortunadamente no ha sido una de las más afectadas en este contexto, ha habido un buen trabajo. He sido testigo personal de cómo el Delegado Regional, Humberto Aqueveque, así como la Ministra Antonia Orellana y la Ministra Jeannette Jara, han servido de enlace.
Lo importante es que exista colaboración de todos los sectores, precisamente para enfrentar esta emergencia, y lo más relevante, adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se sigan produciendo incendios de esta magnitud en el futuro en nuestro país, con las consecuencias catastróficas que lamentablemente han tenido no solo desde el punto de vista económico, sino que, por sobre todo, respecto de quienes se han visto afectados en su vida cotidiana y quienes lamentablemente han fallecido.


III. CUENTA

El señor ELIZALDE (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados
Con el que comunica que, en sesión de fecha de ayer, 23 de febrero de 2023, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 42 de la Constitución Política de la República, ha dado su acuerdo a la solicitud efectuada por S.E. el Presidente de la República, mediante oficio GAB.PRES. N° 362, de 20 de febrero de 2023, a efecto de que se prorrogue la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío, declarado por el decreto supremo N° 189, de 16 de mayo de 2022, y prorrogado, la última vez, por el decreto supremo N° 47, de 8 de febrero de 2023, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del período previsto en el señalado decreto supremo N° 47
(Boletín N° S 2.362-14) (con urgencia del inciso segundo del artículo 40 de la Carta Fundamental).
--Queda para Tabla.
Permiso Constitucional
Del Honorable Senador señor Espinoza, en virtud del artículo 60 de la Carta Fundamental, a contar del día 23 de febrero de 2023.
--Se toma conocimiento.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Y, si le parece a la Sala, se accede a lo solicitado.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Queremos agradecer la presencia de la Ministra del Interior, Carolina Tohá, así como de los Subsecretarios Gabriel Gaspar y Macarena Lobos, quienes nos acompañan en esta sesión.
IV. ORDEN DEL DÍA



PRÓRROGA DE VIGENCIA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE EMERGENCIA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBÍO (REGIÓN DEL BIOBÍO)

El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a proceder a dar lectura a la relación y posteriormente se dará inicio a la votación.


El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- Gracias, señor Presidente.
Se pone en discusión el oficio de Su Excelencia el señor Presidente de la República mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Carta Fundamental, solicita el acuerdo del Congreso Nacional en orden a prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, ambas de la Región del Biobío, declarado mediante el decreto supremo N° 189, de 16 de mayo del 2022, modificado por el decreto supremo N° 262, de 12 de septiembre del 2022, y con sucesivas prórrogas, la última de las cuales fue mediante el decreto supremo N° 47, de 8 de febrero del 2023, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo adicional de quince días a contar del vencimiento del período previsto en el señalado decreto supremo N° 47, asunto correspondiente al boletín N° S 2.362-14.
Para los señalados efectos, el Ejecutivo expone que una serie de lamentables hechos de violencia en diferentes zonas de la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío, han afectado gravemente el orden público, la vida y la integridad física de habitantes, trabajadores y trabajadoras. Ello, agrega, ha dificultado el normal desarrollo de la vida y de las actividades económicas de dichas zonas.
Atendido lo anterior y en virtud de la norma constitucional citada, fue declarado, mediante el indicado decreto supremo N° 189, el estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas antes mencionadas por un término de quince días.
Con posterioridad, mediante los decretos supremos números 199, 214, 219, 223, 231, 242, 245, 270, 285, 296, 307, 320, 335, 356 y 365, todos del año pasado, y números 12, 40 y 47, de este año, dicho estado de excepción fue prorrogado por igual período, lo cual ha promovido la coordinación interinstitucional entre las Policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, teniendo positivos efectos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.
Sin embargo, agrega el Ejecutivo, a pesar de dichas medidas, las circunstancias que motivaron tal declaración aún subsisten, por lo que se hace necesario prorrogar el estado de excepción por quince días adicionales. Lo anterior, puntualiza, tendrá como objetivo facilitar la adopción de medidas de protección, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.
Por consiguiente, mediante el oficio en actual trámite, se solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar el referido estado de excepción por un plazo adicional de quince días a contar del vencimiento del período previsto en el señalado decreto supremo N° 47.
Sobre esta materia, cabe recordar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución, el estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período, para cuyo efecto requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional, el cual se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40, norma conforme a la cual el Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha en que el Presidente de la República someta a su consideración la declaración del respectivo estado de excepción, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición sin que pueda introducirle modificaciones.
Si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del Presidente.
Se hace presente que la Honorable Cámara de Diputados, en sesión del día de ayer, dio su acuerdo a la solicitud en referencia.
Cabe mencionar que Su Excelencia el Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 42 de la Constitución, informa acerca de las últimas medidas adoptadas durante el estado de excepción constitucional vigente.
Eso es todo, señor Presidente.


El señor ELIZALDE (Presidente).- Gracias, señor Secretario.
Quiero informar a las Senadoras y Senadores que, conforme a los acuerdos de Comités, vamos a tener sesiones los días 1 y 2 de marzo: miércoles y jueves de la próxima semana. Obviamente, la tabla del Orden del Día va a ser fijada por los Comités oportunamente. Y además hay un par de sesiones especiales que están pendientes.
Vamos a hacer una propuesta a los Comités para ver la forma de realizar estas sesiones. Pero el acuerdo que adoptaron es sesionar la próxima semana, los días 1 y 2 de marzo.
Vamos a dar por abierta la votación.
Y ofrecemos la palabra al Senador García, que la ha solicitado.
(Durante la votación).

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, señor Presidente.
Saludo a la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; a la señora Subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; al señor Subsecretario de Defensa; a las señoras Senadoras y a los señores Senadores.
Quisiera partir señalando que la Región de La Araucanía, al igual que las provincias de Biobío y Arauco, está hoy con doble estado de excepción constitucional.
El estado de excepción constitucional de emergencia, sobre cuya prórroga nos tenemos que pronunciar durante esta sesión, como bien sabemos, tiene su fundamento en el control del orden público, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.
En palabras del Fiscal Regional del Ministerio Público, en La Araucanía operan grupos armados que usan armas de guerra. Y yo tengo la convicción de que mientras estos grupos armados sigan operando en los distintos territorios del país -aunque, naturalmente de manera muy concentrada en la macrozona sur-, se requerirá que continúe vigente el estado de excepción constitucional de emergencia.
Pero, como decía, estamos con doble estado de excepción constitucional: al de emergencia se ha sumado en estas últimas semanas el estado de excepción constitucional de catástrofe, dictado por el Ejecutivo en razón de los graves incendios que ha sufrido el país en estas últimas semanas y que han significado la pérdida de 25 vidas humanas, 450 mil hectáreas quemadas, más de 2.100 viviendas siniestradas y miles de familias y personas damnificadas. Solo en la Región de La Araucanía los incendios han significado la muerte de 8 personas, más de 112 mil hectáreas quemadas, que representan tres veces, ¡tres veces!, lo que en promedio anual se ha quemado en el último quinquenio.
Yo creo que esta sola cifra de hectáreas quemadas -cifra oficial de la Conaf; aquí no estamos inventando nada, no estamos interpretando nada-, que representa tres veces el promedio anual del quinquenio, refleja por sí sola el drama y la magnitud del desastre que nos ha tocado vivir.
Se han quemado 2 escuelas completamente; hay otras 7 con daño parcial, afectando directamente a 336 alumnos y sus respectivas comunidades educativas; 2.825 animales muertos, con el perjuicio que eso significa para el patrimonio, particularmente de los pequeños campesinos, muchos de ellos campesinos mapuches; 1.736 colmenas destruidas; 1.385 kilómetros de cercos destruidos.
Estos son los daños con mayor precisión hasta la fecha; falta por dimensionar todo el daño agrícola, todo el daño forestal y todo el daño ambiental.
Me refiero a ambos estados de excepción constitucional porque indudablemente están relacionados. En La Araucanía, según información de Conaf -para no entrar en polémica-, el 42,2 por ciento de los incendios son considerados intencionales, superando con creces el promedio nacional señalado por la misma institución.
Es de extrema relevancia que, por primera vez, orgánicas radicalizadas se adjudiquen incendios intencionales de plantaciones forestales y siembras agrícolas a través de pancartas y lienzos reivindicatorios dejados en los lugares en que se ha atentado.
También es claro que en las zonas con mayor control territorial por parte de los grupos radicalizados el combate contra los incendios se hace extremadamente complejo, por los riesgos de seguridad a que se ven enfrentados los brigadistas forestales, los bomberos, las propias comunidades afectadas, requiriendo el apoyo de las Fuerzas Armadas y las Policías.
Por lo tanto, señor Presidente, es necesario extender el estado de excepción constitucional de emergencia. Y nuestro llamado a la Sala, a las señoras Senadoras, a los señores Senadores, es a proceder en consecuencia.
Pero yo también quisiera insistir en la necesidad de que el Ministerio Público investigue la intencionalidad... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se reactiva por indicación de la Mesa)... de los incendios forestales.
Esto no puede quedar en la impunidad, porque también es la manera de prevenir que estas situaciones se vuelva a repetir. Ya el año 2017 tuvimos una enorme cantidad de hectáreas perdidas también por incendios, muchos de ellos intencionales. Se está repitiendo ahora el 2023, casi alcanzando ya las cifras del año 2017.
Es urgente investigar, encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de los tribunales.
Voto a favor, señora Presidenta.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Muchas gracias, Presidenta.
Primero, envío un saludo muy afectuoso a todos los colegas, esperando que hayan tenido un descanso reparador en sus vacaciones.
Y rindo un homenaje a todos aquellos que han tenido que actuar durante este mes, este largo mes que ya llevamos de incendios, por el esfuerzo que han realizado en circunstancias extraordinariamente graves para el país.
Una vez más, Presidenta, nos reunimos para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia. Se trata de un tipo de medida que naturalmente nunca es grato tener que llevar adelante; todos bien sabemos que el estado de emergencia no es una cosa ideal; por el contrario, se ocupa cuando es indispensable, cuando es necesario. Y considero importante recalcar esto, porque las instituciones del país han respondido bien. Y este es un estado de emergencia que ya lleva varios meses. Eso quiere decir que estamos respondiendo en materia de seguridad pública a lo que son las demandas de la población.
A mí me preocupa mucho que siempre que tratemos este tema se mencionen solamente hechos negativos. Yo, por lo tanto, me voy a permitir recordar cosas que han pasado, que están pasando en este Senado, que muestran que somos serios en esta materia, y que estamos realizando un trabajo muy importante.
Aprobamos recientemente, aunque aún tenemos que hacerlo en la Sala, el informe de la Comisión Mixta en materia de drogas.
Tenemos avanzada ya, casi terminada en las Comisiones unidas, la ley sobre ciberdelitos.
Hemos aprobado también, en Sala, medidas especiales para combatir el crimen organizado.
Esperamos terminar, en las primeras semanas del mes de marzo, el proyecto de ley sobre el Ministerio de Seguridad Pública.
Tenemos pendiente -porque no hemos llegado a un buen acuerdo, aun cuando espero que lleguemos a él- una iniciativa de ley, bastante drástica, en materia de usurpación.
Y en las últimas sesiones el Senado aprobó finalmente la normativa constitucional sobre infraestructura crítica, a la cual se agrega además el decreto, que esperamos que sea publicado hoy, o mañana, sobre el despliegue militar en las fronteras del norte del país; tema que, cuando lo planteamos algunos, no fue visto con muchas posibilidades, y en que, sin embargo, avanzamos.
Sin duda, todavía tenemos problemas. La misma Presidenta ha recordado varias veces, en estos últimos días, que el problema es qué hacer con los que están aquí, ya no solamente qué hacer con los que quieren entrar.
Tenemos que ocuparnos de eso.
Y está pendiente el empadronamiento de los inmigrantes ilegales.
Y si está pendiente, hay que hacerlo.
Pero, ¡por Dios que hemos hecho cosas!
Estoy seguro de que el Gobierno va a investigar el tema de los incendios. No nos anticipemos a eso.
Además, no es fácil determinar si un incendio fue provocado. Tengamos presente que la mayor parte de ellos tiene origen en la acción de los seres humanos, por cierto. Otra cosa es que sean intencionales y que ello se demuestre. Yo espero, sinceramente, que esas investigaciones se hagan y que arrojen resultados, porque es mucha gente inocente la que ha sido dañada por los incendios, incluso con muchos muertos.
Con todo, lo que yo quiero decir aquí es que hemos estado trabajando bien en esta materia. No es una cosa del Gobierno, ni de los Senadores oficialistas o de oposición. Yo estoy muy agradecido por la participación de los Senadores de la oposición en la discusión de los proyectos de ley que hemos conversado, pues ello muestra que podemos trabajar juntos.
Por último, Presidenta, hago un llamado a los colegas de la oposición a que nos unamos todos en un acuerdo nacional para combatir la delincuencia y el crimen organizado, como lo ha propuesto la Ministra del Interior. El documento respectivo está en nuestras manos. Todavía tenemos la oportunidad de plantear los últimos alcances, si queremos. De una vez por todas, mostrémosle al país que la unidad que hemos tenido en el Congreso para avanzar en estos temas podemos ejercerla para enfrentar este desafío en todo Chile, con la colaboración de todos.
Voto favorablemente, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Gracias, Presidenta.
Primero, saludo a la Ministra Tohá, a la Subsecretaria Macarena Lobos y al Subsecretario Gabriel Gaspar, quienes nos acompañan.
Yo creo que estos han sido tiempos muy difíciles. La verdad es que la Región de La Araucanía, hasta hace pocos días, quizá un mes, tenía una situación bastante más tranquila -hay que reconocerlo-, en comparación a la violencia permanente en la que vivimos. Lamentablemente, luego de salir de vacaciones, llegaron estos incendios, que han destruido una importante superficie de Chile, no solamente en La Araucanía.
No hay soluciones perfectas, y tampoco podemos decir hoy día que tenemos claridad respecto de lo que ha ocurrido. Sí sabemos que hay, sin duda, incendios intencionales. No hay que olvidar que el año 2022 hubo intencionalidad en el 68 por ciento de los incendios que se registraron en La Araucanía.
Las cifras no son permanentes; probablemente van a cambiar. La Ministra habló de 25 por ciento de intencionalidad; la Conaf, de sobre un 40 por ciento.
Pero, en estricto rigor, de los veinte atentados incendiarios que ha habido desde el 1° de enero hasta el 23 de febrero, trece han ocurrido en La Araucanía, especialmente en Malleco. Esta no es una tendencia de ahora, pues ya lleva varios meses. Malleco no ha disminuido su situación de violencia, a pesar de que ha sido efectivo el estado de excepción en el resto de las comunas y provincias donde se aplica. ¿Por qué? Yo tiendo a creer que la presencia de grupos radicales que viven y actúan en esa zona influye para que eso ocurra.
Ahora, en términos concretos, vamos a tener que abocarnos a dos ámbitos: por una parte, a recuperar la economía y la vida de las familias que han sido afectadas por los incendios y, por otra, a hacernos cargo del tema legislativo, porque hay que avanzar en muchas leyes. Como decía el Presidente de la Comisión de Seguridad, Senador Insulza, tenemos que llegar a acuerdos y avanzar rápidamente en lo que sea necesario para colaborar desde el punto de visto legislativo.
Dado que me quedan pocos minutos, solo quiero señalar que he sido bien enfática en decir que no es posible evaluar los incendios sin hacernos parte de una hipótesis: las orgánicas radicales territoriales o de resistencia territorial probablemente estén vinculadas a estos siniestros.
Hay un libro que elaboró la CAM hace algunos años, el 2018, titulado Chem ka Rakiduam, en el que se plantean estrategias para quemar helicópteros que ocupan los brigadistas forestales. En una parte de ese texto dice: "Estábamos listos, la escopeta pasó tiro y avanzamos rápidamente hacia los helicópteros, primero al más lejano; efectué 7 disparos a la cabina y tomé la posición de cubrir, al tiempo que el otro peñi remató el vidrio con la del 12, en seguida el peñi quemador roció con bencina la cabina y encendió su antorcha y con esta la aeronave".
Desde esta época hasta ahora, se han quemado seis helicópteros, actos que han sido reivindicados por distintas organizaciones, especialmente por la CAM. El punto es que hace pocos días en Quechereguas, al lado de Temucuicui, fueron quemados tres camiones, y uno de los lienzos decía: "Fuego y balas a las forestales".
Entonces, es difícil no pensar que, además de la casuística y del descuido humano en los incendios, lo que es evidente, también hay una intencionalidad en contra de las forestales.
El problema es que viven personas cerca de las forestales o entremedio de ellas. También trabajan cerca muchos pequeños agricultores, de quienes conocí la lamentable y terrible situación que vivieron con los incendios. De alguna manera se han visto afectadas muchas familias, en especial porque algunos de sus miembros hoy día están fallecidos.
Yo creo que el Gobierno, junto con la Fiscalía, debe investigar esto con mayor apertura, además de hacer un esfuerzo entre todos para seguir manteniendo el estado de excepción. Por eso voto a favor de su prórroga.
Reitero que tenemos que estar abiertos a considerar que en esto hay una intencionalidad bastante más alta de la que se cree, lamentablemente, al menos en la Región de La Araucanía.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, por supuesto que vamos a respaldar esta extensión del estado de excepción constitucional, por cuanto creemos, sin lugar a dudas, que ha contribuido en forma gravitante en materia de seguridad desde el punto de vista de los vecinos y las comunidades tanto de la Región del Biobío como de la Región de La Araucanía. Creemos que es necesaria esta prórroga.
Además, pienso que debiéramos complementarla con algunas propuestas legislativas.
En el día de hoy, junto con la Senadora Carmen Gloria Aravena y los Senadores José García, Carlos Kuschel y Matías Walker, hemos presentado un proyecto de ley para disponer la cooperación eficaz y el agente encubierto a efectos del establecimiento del delito de incendio.
Y junto con el Senador Moreira, hemos presentado una iniciativa, a la que también se sumaron Carmen Gloria Aravena, José García y Carlos Kuschel, para establecer como delito terrorista el de incendio y que sea inexcarcelable.
Yo espero que acá podamos incorporar esas herramientas.
Y con motivo del megaincendio en Valparaíso, los parlamentarios de la región presentamos transversalmente una serie de proyectos de ley, los cuales se encuentran en este Congreso y nunca recibieron urgencia por parte de ninguno de los gobiernos anteriores, a fin de hacerse cargo, por ejemplo, de la responsabilidad de la mantención de quebradas o de las especies arbóreas altamente combustibles.
Entonces, yo le pido al Ejecutivo que revise todos los proyectos que hay sobre el delito de incendio, a efectos de poder abordar debidamente esa materia.
Además, deseo recalcar una materia de la cual la Presidenta ha estado particularmente preocupada: la situación de la macrozona norte. Quiero plantear el punto porque la modificación del decreto respectivo para el despliegue de fuerzas militares en la frontera a fin de evitar la inmigración ilegal es un tema respecto del cual tenemos que hacernos cargo. Y si bien la Ministra del Interior, Carolina Tohá, nos ha dicho que ello corresponde a observaciones que ha hecho la Controlaría, es muy importante transmitir adecuadamente el mensaje.
Nosotros hemos estado escuchando a Jorge Díaz, Gobernador de Arica y Parinacota, quien ha denunciado que esto podría afectar el control en su región, donde hay cien pasos fronterizos clandestinos y donde las Fuerzas Armadas deberán disponer de capacidades para efectuar los controles de identidad necesarios para enfrentar la inmigración ilegal.
Respecto de los temas de seguridad -nosotros se lo hemos planteado a la Ministra del Interior, Presidenta-, los votos de Renovación Nacional siempre van a estar disponibles. Por tanto, se requiere avanzar en las urgencias legislativas en ese ámbito.
Con relación a las urgencias en materia del delito de incendio, pido al Gobierno que revise los proyectos que hemos presentado el día de hoy y también las iniciativas que habíamos ingresado anteriormente con los Senadores de la Región de Valparaíso transversalmente -la Senadora Allende firmó y el Senador Lagos Weber, con toda certeza-, justamente para poder hacernos cargo del problema.
Por supuesto, vamos a aprobar esta ampliación del estado de excepción en La Araucanía y en la Región del Biobío.
Queremos plantear también, en nombre de la Senadora María José Gatica, la necesidad de extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos. Nosotros vamos a formular este planteamiento cada vez que se dé la oportunidad. Tenemos que hacerlo para dejar constancia de la necesidad por mayor seguridad a través del despliegue de las Fuerzas Armadas en esa región.
He dicho, señora Presidenta.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Luciano Cruz-Coke.

El señor CRUZ-COKE.- Muchas gracias, Presidenta.
Junto con saludarla a usted, a mis colegas que se reincorporan a este Hemiciclo, a la Ministra y a las demás autoridades presentes, quiero referirme al punto del cual todo el mundo está hablando mucho, lo que es evidente porque se ha transformado en el tema del verano: la tragedia generada por los incendios.
Esta sesión es para aprobar -por decimoctava vez, si no me equivoco- el estado de emergencia. Y me parece bien que cada cierto tiempo -no una vez al mes, sino cada quince días- nos presentemos acá precisamente para tratar de explicar asuntos que emergen de repente, como ha ocurrido con los incendios.
No es una novedad que sucedan, y efectivamente hay que estar preparados; pero sí es novedad el volumen de estos incendios. Hablamos de 109 mil hectáreas destruidas, que corresponde a un 59 por ciento más que la temporada anterior y 314 por ciento más que el total del quinquenio. Esto, según Pablo Urquízar, quien en su momento fue el coordinador de la macrozona sur. Por tanto, estamos hablando de incendios enormemente devastadores y grandes.
Al respecto, llama la atención la disparidad en las cifras que se dan. La Ministra señaló en su momento que uno de cada cuatro incendios (25 por ciento) sería intencional; la Corma indicó que sería más del 60 por ciento; el Gobernador del Biobío manifestó que podría ser 47 por ciento, y la Conaf habló de una intencionalidad de 40 por ciento.
Con todo, no podemos desligar los incendios del problema de seguridad que existe efectivamente en la zona.
Y el Gobierno ha celebrado los avances. Vimos a la Ministra Vallejo valorar el hecho de que han disminuido las acciones violentas gracias, precisamente, al estado de excepción constitucional. Es la razón por la cual nosotros vamos a votar a favor de la prórroga, como lo hemos hecho permanentemente, en la medida que el Ejecutivo concurra al Congreso cada quince días, como señala la Constitución, a dar cuenta de lo que está sucediendo.
Primero, cabe preguntar -para hacer una intervención lo más escueta posible, pues no quiero redundar en lo que ya se ha dicho- respecto de la intencionalidad en los incendios. La Fiscalía no ha querido pronunciarse. Para nosotros es importante saber si estamos ante un problema de seguridad pública o ante hechos que, si bien pueden ser ocasionados por el ser humano, no tienen necesariamente la intención de provocar un daño.
Y, segundo, queremos saber cómo vamos a avanzar en los proyectos sobre la materia, cuya tramitación termina demorando enormemente.
Respecto de la iniciativa sobre usurpaciones -lo señalaba recién el Senador Insulza, quien preside la Comisión de Seguridad-, llevamos más de un año pidiendo en Comités que se trate, ¡más de un año!, y no hay acuerdo. Está de testigo acá el Senador García, quien ha sido muy insistente en este tema. Pero todavía no logramos sacarlo adelante, pese a que hemos visto el problema que tenemos con las tomas, las usurpaciones; en fin, no viene al caso seguir insistiendo en ello.
El proyecto de infraestructura crítica logró sacarse adelante. Recordemos que hubo uno que en su momento se rechazó. Yo era Diputado en la legislatura anterior y presencié cuando quienes gobiernan hoy día votaron permanentemente en contra de ese proyecto de infraestructura crítica. Tuvimos que generar otro ante la emergencia, pues naturalmente necesitábamos el resguardo de la infraestructura por parte de las fuerzas militares.
Se acaba de sacar el decreto respectivo de Contraloría para actuar en la zona norte. Entiendo que eso va medianamente bien encaminado, porque el error ahí era administrativo solamente.
Y también está el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad.
Entonces, me parece que lo primero es pisar el acelerador a fondo para sacar todos los proyectos de seguridad, independientemente de los resultados de la mesa y de quienes participan en ella. Al final, la mesa es este Congreso. Acá va a haber toda la disponibilidad del mundo de nuestra parte para sacar adelante esos proyectos, como la ha habido siempre, a pesar de la oposición de quienes nos gobiernan, no de todos, pero sí particularmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, para despachar esas iniciativas.
Y lo segundo es tener una idea de si nos encontramos hoy día ante un problema de seguridad agravado o si los incendios no tienen que ver con intencionalidad, con ataques terroristas ni con el problema de seguridad que hemos venido discutiendo y que nos tiene aquí analizando por decimoctava vez la prórroga del estado de emergencia en la macrozona sur, lo que también costó mucho sacar adelante.
Gracias, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Gracias, Presidenta.
Voy a partir saludando a las autoridades que nos acompañan: a la Ministra del Interior, al Subsecretario de Defensa y a la Subsecretaria Macarena Lobos.
Por cierto, como dijo muy bien el Presidente del Senado, nuestro primer homenaje es para todas las víctimas: para quienes han perdido la vida en estos horrorosos incendios y para aquellos que han visto expuestas sus vidas y han resultado heridos, lesionados, en fin.
Junto con recordar a las víctimas, quisiera hacer un reconocimiento a la solidaridad internacional. Creo que pocas veces hemos visto en Chile tal despliegue de brigadistas de varios países, dispuestos a colaborar y a estar con nosotros en momentos tan difíciles. Es un orgullo saber que vienen a ayudarnos. Incluso, se está pidiendo prorrogar su permanencia por el efectivo trabajo que están haciendo y su aporte en la contención de esta gran cantidad de incendios, a raíz de lo cual, como aquí se ha dicho, se han visto afectadas más de 450 mil hectáreas.
Quiero partir, entonces, reconociendo aquello.
Y creo que ese gesto de solidaridad internacional debiera ser motivo para que entendamos que situaciones críticas, no solo los incendios, sino también los temas de seguridad y de violencia, requieren unidad de nosotros.
En eso me sumo a lo señalado por el Senador José Miguel Insulza, quien planteó que, en general, nos centramos en las malas cifras, en los números más golpeantes y dolorosos, pero reconocemos poco lo bueno que se ha hecho. Claramente, se está realizando un trabajo serio, riguroso, responsable, y estamos avanzando. ¿Por qué no mencionar esas cosas? ¿Por qué siempre tenemos que detenernos en las polémicas, a veces incluso bastante estériles?
Yo no tengo ninguna duda de que las autoridades presentes están abocadas a dar todas las facilidades para contener y apagar estos incendios, y de que, además, se va a investigar el grado de responsabilidad en la provocación de ellos, porque en algunos casos serán descuidos, pero en otros no. Por eso tienen que ser investigados. No podemos dar cifras sin que haya efectivamente una investigación que establezca el nivel de intencionalidad. ¡Esto tiene que ser serio!
Por lo mismo, me parece que debiéramos dejar atrás las polémicas. Les quiero decir muy sinceramente a algunos colegas de la oposición que no es el momento de estar hablando de polémicas. Todos los días se genera una: que la Ministra habló de 25 por ciento y la Conaf de otro tanto; que si en realidad los conejos..., lo que sea.
Creo que es hora de que nos pongamos un poquito más serios y solidaricemos con las víctimas, con nuestro país, con lo que significa el dolor y la pérdida. Hablo de pérdidas humanas, de pérdidas materiales, de pérdidas agrícolas, de pérdidas habitacionales, de perder la totalidad de lo que poseen las personas.
Lo que espera de nosotros la gente es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad.
Por eso quiero valorar que se estén discutiendo algunos proyectos. El Senador Insulza decía que en ello ha habido una buena colaboración de la oposición. Yo les pido que tengamos esa misma disposición para trabajar en la mesa que ha convocado la Ministra del Interior para abordar temas de seguridad, los cuales obviamente siguen siendo muy relevantes y de preocupación esencial para la población. No podemos restarnos. ¡No hay justificación para restarnos! Siempre se puede mejorar, siempre se puede criticar positivamente, constructivamente. No comprendo que, siendo realmente temas muy acuciantes e importantes, algunos simplemente se resten de participar.
Presidenta, las cifras son claras. La violencia ha disminuido un 36 por ciento comparado con el mismo período del año anterior. Por supuesto que tenemos que valorar, como ya dije, no solo todo el trabajo desplegado, sino también otras medidas que se están tomando.
Anuncio desde ya mi voto a favor y hago un llamado para que ojalá todos se sumen a trabajar por la seguridad y por desterrar la violencia, el crimen organizado y tantas otras cosas que están afectando a nuestra población.
He dicho.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Matías Walker.

El señor WALKER.- Muchas gracias, Presidenta.
Por supuesto que vamos a respaldar la renovación del estado de excepción constitucional en la macrozona sur.
Y aprovecho de saludar a la Ministra del Interior, a la Ministra de la Segprés y al Ministro de Defensa subrogante.
Quiero destacar, al igual que otros colegas, la importancia de la renovación del estado de emergencia en el contexto de los incendios forestales que han afectado a la macrozona sur y, sin duda, me uno a las condolencias a todos los familiares de quienes perdieron la vida en estos trágicos incendios. Esto, además, en un contexto en que ya se encuentra publicada la reforma constitucional sobre infraestructura crítica, que viene a coadyuvar en el propósito de que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura relacionada con servicios esenciales o básicos para la población.
Quiero resaltar, asimismo, que dentro del acuerdo que suscribimos con el Ejecutivo en el marco de la aprobación de la reforma constitucional ya estamos trabajando con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa; de hecho, hemos tenido sendas reuniones con la Ministra Tohá, con el Subsecretario Gaspar y también con la Ministra Fernández, con el objeto de concretar el protocolo de acuerdo para los efectos de presentar, a más tardar en marzo, un proyecto de ley que establezca las reglas del uso de la fuerza en el caso de las Fuerzas Armadas, particularmente en las zonas fronterizas.
Sé que ha llamado la atención el contenido del decreto con fuerza de ley del cual se está tomando razón en Contraloría acerca de las reglas del uso de la fuerza. Hay que decir que en esta materias se aplican las reglas estándares. Hemos estado analizando, también con el Ministerio del Interior y el de Defensa, la legislación comparada -por ejemplo, la que rige en Alemania-, y los principios instaurados son básicamente los mismos: el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad.
¿Qué va a ser lo interesante? Que, con motivo del proyecto de ley, vamos a poder discutir acá, en el Congreso Nacional, cuán extendidas pueden estar esas reglas sobre el uso de la fuerza y particularmente cuándo las Fuerzas Armadas podrán emplear sus armas de servicio para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en las áreas fronterizas, en especial en la zona norte del país.
Obviamente, hay que darles atribuciones a las Fuerzas Armadas, pero cumpliendo con los principios generales que rigen en esta materia. La idea es que ellas cuenten con atribuciones y que, una vez que las ejerzan, tengan todo el respaldo de los poderes democráticos.
Yo tengo mucha convicción de que este trabajo prelegislativo va a derivar en un proyecto de ley que entrará con un amplio consenso en cuanto a las reglas del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas con miras al resguardo del orden y la seguridad, no solo para enfrentar la migración irregular, que a veces está relacionada, sino, sobre todo, el narcotráfico, el crimen organizado y los denominados "coyotes", que cometen el delito de trata de migrantes, ya penalizado en nuestra legislación.
Así que, Presidente, concurrimos con nuestro voto favorable a prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.
Vaya todo nuestro reconocimiento a los parlamentarios que han estado desplegados en esas regiones durante la catástrofe de los incendios, particularmente a la Diputada Joanna Pérez, quien ha estado en terreno, junto a sus representados, enfrentando esta difícil situación.
Y vaya todo nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas, para que puedan seguir desplegando su importante labor junto con Carabineros, la Conaf y Bomberos.
Gracias, Presidente.
He dicho.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Estamos en votación.
La Ministra debería hablar al final. No obstante, conforme al Reglamento, como ha sido mencionada en reiteradas oportunidades por algunos Senadores, le voy a dar la palabra para que realice una precisión.
Ministra Tohá, puede intervenir.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- Gracias, Presidente.
Muy buenos días a todos los Senadores y todas las Senadoras.
Quisiera referirme a los temas que se han planteado al final de la sesión, para alcanzar a escuchar todas las exposiciones; pero, como tengo el temor de que algunos se retiren después de votar, voy a aclarar un punto, mencionado ya varias veces, a fin de que no se produzca un malentendido.
Los datos de incendios que ha dado esta Ministra son todos datos de Conaf. El Gobierno no tiene otros; no tiene datos propios ni nunca ha puesto en discusión los que entrega la Corporación Nacional Forestal. Lo que pasa es que los datos de Conaf se generan de la siguiente manera.
Cuando los brigadistas llegan a combatir los incendios, hacen un primer reporte en base a su observación. Dicen: "Bueno, en este incendio veo tales elementos; hay varios focos; según el viento viene para acá, pero los focos se han movido para allá: parece que es intencional". O: "Veo claramente un cable caído; lo más probable es que se haya iniciado producto de una falla eléctrica". O bien: "Me cuentan que el vecino de al lado quiso hacer una quema controlada y se le descontroló, por lo que, aparentemente, hay un acto de negligencia". Es una primera observación que hace el brigadista, o la brigadista; en general son hombres.
Después Conaf lleva a cabo un proceso de investigación mucho más acucioso, del cual sale una definición bastante más, por decirlo así, sustantiva, definitiva en cuanto al origen del incendio. Y se realiza con peritos, con equipos que la Corporación ha ido desarrollando y ampliando también en el tiempo, que efectúan un estudio ya más en profundidad. Ahí hay peritaje, hay trabajo químico, se levantan testimonios; no es solamente lo que se escuchó a la llegada. Un brigadista llega a combatir un incendio, no a efectuar una investigación. Aquí, en cambio, sí hay una investigación.
Pues bien, después de estas investigaciones, los datos nacionales de Conaf indican que el 25 por ciento de los incendios, aproximadamente, han sido intencionales, porcentaje que es más o menos constante a través de los años. Ha habido 26 por ciento; este 2023 ha sido un punto menos que el año anterior; en otro se registró un 32; en uno, creo que el 2019, se escapó y fue, pónganle, 44 por ciento. Pero estos son promedios nacionales. Si uno mira región por región o mira una comuna, puede encontrar datos muy distintos. En algunas los porcentajes son mucho más altos; en otras, mucho más bajos.
Pero hagamos cuenta de que el dato total es de 25 por ciento, porque las comunas que preocupan a la Sala son aquellas donde coincide que hay disputa y conflicto político, conflicto con las forestales, y normalmente ahí el nivel de intencionalidad del reporte de Conaf, luego de las investigaciones realizadas -no de la información visual que realizan los brigadistas-, es más alto.
Pero, como digo, hagamos cuenta de que no, de que el indicador es de 25 por ciento. ¡Veinticinco por ciento es mucho! Entonces, ¡no hay ninguna duda de que la intencionalidad es un problema! Si es 25, si es 43, no hay una disputa, una razón para generar un conflicto político en torno a si importa o no la intencionalidad: ¡importa en cualquier caso! Porque 25 por ciento es un porcentaje muy alto, sobre todo considerando lo graves que son las consecuencias de los incendios y lo altísima que es la sanción penal para este ilícito. Si no me equivoco, el delito de incendio es el delito más grave que existe en la legislación chilena; es el más grave, el que tiene mayor sanción, y el que puede causar muertes inesperadas, porque un incendio empieza aquí pero uno no sabe dónde termina.
Así y todo, tenemos que por lo menos un 25 por ciento de los incendios son intencionales.
Entonces, el mundo político, en lugar de transmitirle a la ciudadanía una disputa respecto de esto, debería transmitirle la prioridad de atacar el problema. Y si hay dudas con las cifras, que lo vean los técnicos que estudian los incendios, no nosotros, como si fuera un tema sobre el cual tuviésemos que construir un acuerdo político en torno a cuál es el porcentaje.
Es lo que quería plantear, Presidente, para que no se nos desvíe la conversación. El tema es importante y hay que tratarlo, pero, números más, números menos, importa en cualquier caso. ¡En ningún caso es poco, en cualquier caso es significativo!
Muchas gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Gracias, Ministra, por su rectificación.
Se le ha concedido la palabra conforme a lo establecido en el artículo 37, inciso primero, de la Constitución, y en el artículo 169, inciso final, del Reglamento.
Continuamos con las intervenciones de los Senadores y las Senadoras.
Tiene la palabra la Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.- Gracias, Presidente.
En primer lugar, saludo a todas y todos los Senadores presentes; a la Ministra del Interior, Carolina Tohá; a la Subsecretaria del ramo, Macarena Lobos, y al Subsecretario de Defensa, que también que está acá.
Luego quisiera solidarizar y homenajear a los chilenos y a las chilenas fallecidos; solidarizar con las familias damnificadas, y sobre todo, homenajear al personal de Conaf, de Bomberos, y a los brigadistas internacionales, que tanto han trabajado para combatir los incendios.
Es imposible llevar a cabo esta votación sin referirnos a dicha temática.
Quiero felicitar el actuar del Gobierno en la coordinación del combate contra los incendios, en el levantamiento de la información para llegar con la pronta ayuda, y en la coordinación y ejecución de la entrega de esta.
El 2017, bajo el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, vivimos eventos de megaincendios en cuatro regiones de nuestro país -diríamos cinco, si tomamos en cuenta la inauguración de la Región del Ñuble que se produjo ese año-, y creo que no hemos aprendido muchas cosas, como país, en materia de prevención.
Quiero decir esto porque efectivamente no tengo ningún problema en que se investigue si existe intencionalidad, cuánta intencionalidad hay, y quiénes son los responsables de ella.
Para los megaincendios del 2017 también se acusó intencionalidad, lo cual derivó en investigaciones que en muchos casos revelaron negligencia, también piromanía, etcétera, etcétera. Ahora, si hay otra intencionalidad en relación con otros eventos, por favor, ¡hay que investigarla! Pero quiero decir que no hemos aprendido de un tema que es fundamental. Tenemos que hacerles caso a las palabras de la alcaldesa de Santa Juana, que apuntan muy gráfica y claramente al modelo de desarrollo económico afincado en nuestro país.
Yo no tengo problema en que existan forestales, pero, ¡cómo no va a poder existir un manejo preventivo en esta materia!, ¡cómo no va a poder existir una promoción de la agricultura familiar campesina! El 2017 me tocó ver -y entiendo que ahora se han reproducido- los mismos eventos, en las mismas localidades, donde tenemos campesinos que ya no pueden trabajar la tierra, por su edad, y porque sus familias y herederos no quieren trabajarla y terminan arrendándola para que las forestales planten ahí. ¡Y son las que finalmente se incendian!
Entonces, cuando la alcaldesa de Santa Juana dice "somos comunidades no rodeadas por forestales, sino metidas entre las forestales", ¡es muy brutal! Y esto implica que debemos discutir el tema con todas sus complejidades y circunstancias.
Insisto: aquí tenemos que castigar si es que hay intencionalidad, qué duda cabe, pero también tenemos que repensar nuestros modelos de desarrollo económico. No podemos darnos el lujo de, cada cinco, seis, siete años -ojalá no sea tan seguido-, padecer megaincendios en donde tres, cuatro, cinco regiones se vean afectadas de esta manera. ¡Por favor!
También debemos promover la fiscalización del manejo preventivo de estas plantaciones; lo mismo de las comunidades que viven cerca: educarlas. ¡Miren qué casualidad! Hay comunidades en la Octava Región, camino a Santa Juana, que se están salvando producto de la solidaridad y el trabajo colectivo, y ayer, en Melipilla, tenemos dos víctimas fatales porque los portones de las parcelas estaban cerrados y no se compartió el agua de las piscinas.
¡Pucha, el individualismo también nos está afectando en esto!
Por lo tanto, tenemos que resolver este tipo de situaciones, y hacerlo, insisto, de manera mucho más coordinada e integral.
Finalmente, además de felicitar al Gobierno, quiero decirle que es necesario promover estos ámbitos de manera más integral -reitero- en materia de prevención, así como pensar en un manejo, en una conversación franca, sin exterminar indudablemente la explotación económica,... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo)...
Un minuto más, Presidente, por favor... (se reactiva el micrófono por indicación de la Mesa)
... con las forestales, porque yo quiero denunciar que en comunidades afectadas de la Octava Región (Santa Juana, Chiguayante, Tomé, etcétera) hubo trabajo con las forestales cercanas para que estas hicieran un plan de manejo preventivo de los incendios. Y, a siete años de aquello, no lo hicieron. Resulta que hoy día esas comunidades están quemadas.
Por lo tanto, me parece que no se puede decir "los incendios ocurren". ¡No! También se pueden prevenir, y en ello las empresas forestales tienen una responsabilidad.
Para terminar, solamente quiero señalar que en mi opinión las grandes víctimas de estos incendios son, indudablemente, nuestros compatriotas, las chilenas y los chilenos, sus familias, las comunidades, y no me parece que se vea bien que el Fiscal Nacional recientemente designado haya señalado, sin investigación alguna, que las víctimas son solo las empresas forestales.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.- Gracias, Presidenta.
Saludo a la señora Ministra del Interior, Carolina Tohá, y a los señores Subsecretarios de Defensa y de la Segprés.
La verdad es que estamos expectantes por la toma de razón del decreto con fuerza de ley relacionado con el reglamento de infraestructura crítica por parte de la Contraloría. Nosotros esperamos que el respectivo decreto permita regular y ordenar el correspondiente despliegue de las Fuerzas Armadas.
Es importante recordar que el proyecto de infraestructura crítica se aprobó con la firma de un protocolo que permitía estudiar un mecanismo constitucional de protección a la participación de las Fuerzas Armadas en materia de protección, control y uso de la fuerza con el objetivo de empoderarlas en el control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas delimitadas por el correspondiente decreto supremo y autorizar la detención de personas -que será por doce horas, para ponerlas a disposición de las fuerzas de seguridad-, pues se echan de menos procesos de reconducción y colaboración en los procesos de expulsión de migrantes irregulares e ilegales.
Lamentablemente, mientras no se cumpla con el protocolo de acuerdo, las Fuerzas Armadas, con las actuales reglas de uso de la fuerza, tendrán un accionar muy limitado y en muchos casos se van a enfrentar con delincuentes pertenecientes al crimen organizado, quienes están preparados para cometer asesinatos. Los grupos de delincuentes utilizan armas de grueso calibre, incluso armas prohibidas en la comercialización normal de nuestro país, o derechamente armamento de guerra. Estamos hablando de grupos de personas que tienen desprecio por la vida y están dispuestas a enfrentarse con nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad con mayor violencia.
Con las actuales reglas de uso de la fuerza los militares tendrán un uso muy limitado en su accionar en las fronteras. Yo me pregunto cómo se defenderán de los delincuentes pertenecientes al crimen organizado que ingresan al país si deben ceñirse a los protocolos que establece el artículo 10, que detalla los principios y deberes de advertencia que deben cumplir. Lo que vamos a tener en nuestras fronteras no van a ser efectivos militares. que lamentablemente van a cumplir la ingrata función de ser "espantapájaros", sin atribuciones y absolutamente vulnerables en su integridad, personal y jurídica.
Otra de las inconsistencias de este decreto es que las Fuerzas Armadas van a ejercer un control de identidad a personas que ingresan sin ningún tipo de identificación. Es decir, ¿qué vamos a hacer con ellas? Porque, en general, quienes entran por pasos irregulares o ilegales no traen documento alguno.
Se echa de menos que en las zonas de resguardo no se incorpore la ruta 5 Norte para dar protección al transporte de mercancías y personas y fundamentalmente resguardar a nuestros transportistas, que ven amenazadas sus fuentes laborales, su integridad física, por temor a ser asaltados, no solo en las rutas, sino, incluso, en las zonas de descanso o en las posadas de los camioneros.
Lamentablemente, Chile vive un problema de inseguridad que se expresa de distinta manera en el norte y en el centro. ¡Para qué hablar de la intencionalidad presentada en las miles de hectáreas y casas quemadas en los incendios forestales ocurridos en las zonas centro y sur del país!
Yo quiero recordar las declaraciones del Fiscal Regional de Arica y Parinacota a un medio de comunicación nacional durante el mes de febrero: "Estamos frente a un negocio ilícito que tiene otros códigos". La Región de Arica y Parinacota y la macrozona norte son zonas atractivas para organizaciones vinculadas al crimen organizado. Y esto tiene que ver con su ubicación geográfica con respecto a dos países productores de droga, y además con que tenemos puertos que evidentemente son utilizados por estas organizaciones para blanquear algunos viajes, porque nuestra bandera tiene mejor apertura en ciertos países para efectos de generar mayores o menores restricciones a la hora de las fiscalizaciones.
Le pido un minuto más, Presidenta.
"Hoy en nuestra frontera -lo dice claramente el Fiscal Regional-, y quizás a veces no se ve con perspectiva desde la lejanía, entra y sale quien quiere. Entra y sale quien quiere de manera ilegal, obviamente, porque la cantidad de kilómetros que tenemos es muy extensa". Es decir, si una persona quiere cometer un crimen en la Región de Arica y Parinacota o en la Región de Tarapacá, en un par de horas ya está en Perú. Y esa persona cruza caminando.
Además, ha quedado claramente establecido que finalmente las Fuerzas Armadas serán en estas funciones más figurativas que decisivas.
Por último, señora Ministra, quisiera solicitarle, con mucho respeto, activar la política migratoria. Sigue habiendo desprolijidad y falta de voluntad política, y eso, lamentablemente, genera organizaciones criminales en el tráfico de personas, de migrantes.
El no tener una política migratoria hace que finalmente sigamos teniendo miles de personas sin ningún tipo de documentación y, en consecuencia, Arica y Parinacota va a seguir siendo un lugar de arribo de bandas criminales y donde deambulen personas que no puedan acreditar la carencia de antecedentes penales, generando temor e inseguridad en la población.
Gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Paulina Núñez.

La señora NÚÑEZ.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Por su intermedio, saludo a la Ministra, a los Subsecretarios presentes; a los colegas, además, porque en este receso legislativo nos hemos convocado de manera excepcional, así que evidentemente también los saludo.
Quiero partir de la misma manera que el Presidente del Senado y también muchos de los colegas, solidarizando y empatizando no solamente con las personas que lo han perdido todo, sino también con los familiares que perdieron a uno de los suyos. Y creo, sinceramente, que una de las maneras de poder reparar ese dolor es llegar a los responsables.
Aquí me imagino que no está en discusión que esto ha sido intencional. Alguien decía por ahí que "todo incendio es intencional". Bueno, evidentemente a veces hay dolo, a veces hay culpa, pero lo importante es que alguien responda, a propósito de las consecuencias muy dolorosas que ha habido durante estos meses.
Y por lo mismo también quiero agradecer y reconocer el trabajo que han hecho bomberos, bomberas, brigadistas y todas las personas durante este período.
Evidentemente, estamos acá para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, adelantando de esa manera el voto a favor. Pero también yo no pierdo la esperanza -y lo he mencionado en cada sesión en que nos hemos convocado para pronunciarnos respecto del estado de excepción constitucional de la macrozona sur- de que en la macrozona norte también podamos tener resguardada nuestra frontera y el territorio, dada la vulnerabilidad que existe no solamente a propósito de la migración irregular -que trae consigo que no sepamos ni siquiera quién está ingresando a nuestra casa, a nuestro país-, sino también por la presencia del crimen organizado, que a todas luces me imagino que nadie duda de que está presente en nuestro país y de que su puerta de ingreso es la zona norte.
Por lo tanto, Presidenta, quiero reiterar, a propósito de que está la Ministra presente, que esto no se descarte y se siga evaluando. El Presidente de la República, el Subsecretario y la Ministra han estado presentes en la zona, y creo sinceramente que después de esa ida las evaluaciones, a propósito de los compromisos que se hicieron, podrían dejar sobre la mesa que un estado de excepción se establezca en la macrozona norte.
En esta intervención también quiero dejar dos cuestiones muy claras, Presidenta, a propósito del proyecto de infraestructura crítica, ¡de la Ley de Infraestructura Crítica!
Primero, yo espero que, teniendo ley y teniendo evidentemente claridad sobre las reglas del uso de la fuerza de parte de las Fuerzas Armadas, no se aplique solamente en la macrozona sur. Es decir, que mantengamos el estado de excepción de emergencia, sobre todo en las provincias de Arauco y en la de Biobío, donde lo hemos estado manteniendo, porque sabemos que la Ley de Infraestructura Crítica, por lo que hasta ahora hemos ido conociendo a propósito del decreto del Presidente, tiene de manos amarradas a las Fuerzas Armadas, o todavía con muchas falencias y vacíos -quiero dar algunos ejemplos para no quedar solamente en los titulares, en el discurso- para que puedan cumplir con lo que fue el espíritu del legislador; o sea, con que haya una protección de la infraestructura crítica, considerando que nosotros en el norte lo primero que resguardamos es nuestra propia frontera.
No podemos mandar a las Fuerzas Armadas sin implementos. Una ley que no tenga recursos para que puedan ocupar estos implementos antes de ocupar una arma letal, si es que llegara a ser el caso, no tendría ninguna eficacia.
Entonces, esos recursos tienen que estar considerados para que, insisto, puedan ocuparlos dependiendo de la gradualidad, en virtud de las reglas del uso de la fuerza.
Lo segundo, nosotros tenemos información que no todos tienen. Y no solamente hay una carencia, insisto, de los profesionales, de los oficiales, suboficiales y de las Fuerzas Armadas, sino que, reitero, también de los implementos con que los estamos mandando, en el papel, a resguardar la frontera.
Por eso, insisto en que espero que, si eso no se contempla, no se deje de lado el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur.
Pero vuelvo a mi zona, vuelvo a Antofagasta, vuelvo a la zona norte de Chile. Y vuelvo, entonces, a la Ley de Infraestructura Crítica. Tampoco podemos mandar a las Fuerzas Armadas sin una formación, sin una capacitación, como sí la tienen las Policías, para ejercer estas atribuciones y cumplir ahora con estas labores. Porque, de lo contrario, repito, no vamos a tener una ley como sí se discutió y se aprobó en el Congreso, con el espíritu que tuvimos a la vista para poder tener una migración segura, ordenada y regular.
Y por último, Presidenta, obviamente que respecto al contenido que podría quedar mermado en la ley en virtud del decreto, y que ya se retiró para ser complementado, no se deben efectuar solamente correcciones de forma -como hemos visto a través incluso de los medios de comunicación-, sino que esto debe recogerse de buena manera.
Ello, para que al momento de ejecutar esta ley con el decreto correspondiente no tengamos que hacer una mala evaluación de algo que efectivamente de buena fe -yo lo creo de esa manera- todos sabemos que es una herramienta más y un paso más para poder tener un mayor resguardo en lo que es la puerta de ingreso al país, sabiendo además que por allí se ingresa, pero que los delitos se terminan cometiendo también en cada una de las regiones de Chile. Me refiero, precisamente, al crimen organizado.
Así que muchas gracias, señora Presidenta.
Voto a favor de esta prórroga. Y espero sinceramente que, sin perjuicio de la Ley de Infraestructura Crítica, la zona norte pueda seguir protegida, sin descartar que también cuente con esta protección.
He dicho.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA.- Muchas gracias, Presidenta.
Saludo a las Ministras y al Ministro hoy día presentes. Y reitero, de parte de todos los colegas, también de mí, el agradecimiento a todos aquellos que han estado en la primera línea:
A los brigadistas forestales, respecto de los cuales solo quiero recordar que son lo último de lo último en la Conaf, y que incluso realizaron un paro hace algunos años, precisamente por los bajos sueldos que tenían y porque además eran trabajadores temporeros y temporeras.
A los bomberos, muchos de los cuales lamentablemente no tenían ni siquiera bencina, petróleo para poder salir a atacar los incendios.
Y a Carabineros, así como a todos aquellos que estuvieron presentes en estos brutales incendios forestales.
A mí lo que me preocupa, Presidenta, y -por su intermedio-, Ministros, es que hemos tenido tantas Comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, hemos tenido tantas reuniones, tantas sesiones especiales para ver estos temas, que a nosotros nos gustaría -estamos conversando con algunos miembros de la Comisión de Agricultura- hacer una evaluación de aquellas cosas que hemos planteado, pero solo con el afán de aportar en esta materia.
¿Qué pasa, por ejemplo, con los tendidos eléctricos hoy día? Que nosotros deberíamos tener una normativa, pero rápida y precisa, para sacar estos cables eléctricos.
¿Qué pasa con la coordinación entre las forestales privadas y lo que está ocurriendo con la Conaf? Debería suceder algo prácticamente igual a lo que hubo respecto a las camas críticas con el COVID. En ese minuto todos debían estar a disposición de un solo comando y no cada uno hacer lo que estimara conveniente o lo que creyera mejor en determinadas circunstancias.
Deberíamos saber qué ocurre y conocer el porcentaje de lo que significa el cambio climático en estos incendios forestales.
¿Qué pasa con los flujos de los recursos en el minuto de utilizarlos? ¿Qué pasa con los contratos, las licitaciones a tiempo? ¿Qué pasa con la planificación rural? O sea, siempre hablamos de planificación urbana, pero también necesitamos hoy una planificación rural.
¿Qué pasó con el tiempo de los ataques tempranos? Tenemos que evaluar qué es lo que ocurrió con eso, ¿no? Es algo que aprendimos desde los incendios del 2017.
Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¡Mire! Vamos a tener otra vez un incendio en Valparaíso, vamos a tener otra vez incendios forestales. Entonces, la pregunta es: ¿aprendemos o no aprendemos? ¿Somos capaces o no de disminuir esto?
Yo quería proponerle a la Ministra -por su intermedio, Presidenta- que pudiéramos armar una Comisión cuando ya no tengamos los incendios, que es el invierno. En invierno tenemos que prepararnos para enfrentar los incendios forestales.
Creo que aquí lo que hay que hacer es traer especialistas, ¡traer especialistas!, que puedan evaluar cómo estamos tomando las decisiones, cómo estamos haciendo las coordinaciones, qué pasa con el flujo de recursos. Y tenemos gente que sabe de esto. Debemos incorporar más tecnología a la Conaf para poder predecir qué va a ocurrir con ese incendio. Pero lo que no podemos hacer es conformarnos con las cifras que hoy tenemos. ¡Eso es lo que no podemos hacer!
Entonces, yo quería pedirle a la Ministra que, tal como ella ha liderado muchas cosas, bueno, ¡que también lidere esto y nos permita mirar desde arriba, con especialistas, en tiempos en que no hay incendios, todos los factores que nosotros creemos que deberían ser revisados! ¡Todos!
¡La Superintendencia de Electricidad y Combustibles es vital! Necesitamos el mapeo de todo esto. Eso nos pasó el 2017 en la Región de O'Higgins; los incendios los tuvimos por eso, y todavía no tenemos la resolución de la fiscalía.
Por lo tanto, mi preocupación es cómo aprendemos a disminuir los riesgos. Y eso sí lo podemos hacer.
Lo segundo es respecto del 25 por ciento. Es una pregunta para la Ministra. A mí me gustaría saber -vamos a votar, sin duda, a favor del estado de excepción constitucional; por eso estamos aquí y vamos a estar permanentemente con el Gobierno- qué ha pasado con los niveles de inversión que se estaban planteando en la zona. Porque una cosa era la posibilidad de diálogos, etcétera, pero otra, los niveles de inversión que se necesitan para mejorar la calidad de vida de las personas de la macrozona sur y cómo ha evolucionado el programa, que a mi juicio es fundamental para atacar la raíz del problema -no solo sus consecuencias; también su raíz!; cómo han ido los diálogos, cómo han ido las inversiones, etcétera.
Eso, Presidenta.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Pugh.

El señor PUGH.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Por su intermedio, saludo a la Ministra del Interior, a la Ministra subrogante de la Segprés y al subrogante del Ministro de Defensa Nacional.
Señora Presidenta, estamos convocados y reunidos hoy porque el Estado sigue fracasando. El Estado sigue fracasando porque tenemos que mantener en forma permanente un estado de excepción constitucional que, tal como señaló un colega, es un doble estado de excepción, porque además se suma la catástrofe. Pero el origen es la emergencia, es la falta del Estado de derecho que tenemos en un área donde el Estado completo no ha sido capaz de lograr algo tan sencillo y tan anhelado: la paz.
Las Fuerzas Armadas no son fuerzas policiales y cuando contribuyen a la paz lo hacen normalmente en operaciones de paz de Naciones Unidas, fuera del territorio nacional. En una condición normal, las Fuerzas Armadas estarían en sus cuarteles o en sus áreas de entrenamiento; no estarían haciendo lo que hacen ahora para poder mantener un Estado de derecho frágil.
Yo, señora Presidenta, valoro el trabajo que está llevando a cabo el nuevo Fiscal Nacional para permitir perseguir todos aquellos actos criminales, así como los que se puedan determinar como actos terroristas, porque son ellos los que están causando el problema al Estado de derecho, el cual tenemos que enfrentar con un estado de excepción.
¡No queremos más estados de excepción constitucional! Tampoco queremos figuras que se puedan utilizar para mantener en forma permanente a las Fuerzas Armadas en tareas que no les son propias.
Las Fuerzas Armadas tienen un rol particular y por eso se han especializado. Operan equipos de alta complejidad y son pocas personas; ya no se dispone de los grandes números de conscripción que servían al Estado para muchas situaciones. De hecho, señora Presidenta, y por su intermedio, Ministra del Interior, hay que analizar bien el tema de los vasos comunicantes de la fuerzas que se están desplazando del norte al sur para precisamente apoyar en la catástrofe, porque ahora se piensa usarlas en el norte.
Hay que preguntarse: ¿qué fuerzas? ¿Cuáles? ¿Cómo se han generado? Y ahí viene lo que ya algunos han mencionado respecto al nuevo decreto que regula el empleo de estas fuerzas en el norte.
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero pedirle a la Ministra del Interior que por favor se revise ese decreto. Hay ciertas cosas que no conversan con la normativa internacional que tanto queremos respetar. Cuando se habla de "armas no letales", la verdad es que todas las armas lo son. Naciones Unidas ocupa el concepto de "armas menos letales", pero letalidad va a haber, y tenemos que hacernos cargo de ello.
Por eso es tan importante que la ley que se va a trabajar y para la cual ha sido convocado un grupo a contar del 1 de marzo, considere las hipótesis de todos aquellos casos donde ocurran fatalidades, situaciones no esperadas, no deseadas, y que no sean quienes están ejerciendo ese deber, el rol de establecer el Estado de derecho, finalmente los responsables.
Las Fuerzas Armadas tienen esquemas de trabajo conjunto. Y por eso, señora Presidenta, llama la atención que no se haya usado el esquema que existe en el norte para disponer de fuerzas militares en un ambiente conjunto, con una cadena de mando conocida, con un sistema de inteligencia, con un centro de difusión de inteligencia, y que se nombre, tal como lo están preparando en el decreto supremo que fue retirado y que próximamente ingresará, a algunos jefes militares sin ninguna posibilidad de saber qué fuerzas van a tener ni qué inteligencia y apoyo conjunto. Falta agregar el trabajo especializado, profesional, de aquellos que entienden un problema sistémico general.
Quisiera pedir un minuto adicional para referirme a ello, señora Presidenta.
El Estado va a seguir fracasando si no enfrentamos el problema con el Estado completo.
En nuestras fronteras la primera línea de defensa son básicamente nuestra defensa fitosanitaria (el SAG); la defensa de nuestros intereses económicos (Aduanas, Servicio de Impuestos Internos) para evitar los contrabandos; la Extranjería; la PDI, y la Policía, que tiene una zona de frontera, con una generala a cargo.
Las Fuerzas Armadas pueden contribuir, pueden cooperar, pero necesitamos rediseñar el sistema completo.
Por eso, señora Presidenta, por su intermedio, le pido oficialmente a la Ministra del Interior que a contar del 1 de marzo convoque además a un grupo de expertos para ver el problema completo de seguridad y defensa en el norte integrado, de manera de realizar una defensa en profundidad, tal como he señalado, con todos los medios conjuntos, pero en la cual cada elemento del Estado cumpla un rol.
Y la Fiscalía, nuevamente, es el gran articulador. El delito se tiene que perseguir, se tiene que recuperar evidencia (la inteligencia no es evidencia), y una vez perseguido, condenado con penas efectivas que se cumplan.
Así vamos a recuperar la paz tanto en la zona sur como en la zona norte. El Estado va a seguir fracasando cada vez que estemos convocados aquí para seguir extendiendo los estados de excepción constitucional o cualquier otra capacidad que tengamos para usar a las Fuerzas Armadas con un fin no previsto, y para tener que disminuir todas las capacidades del Estado, porque hay delincuentes y gente que se ha articulado para producir daño a este país.
Esa unión es una unión de Estado, y requiere ser trabajada pronto.
Por eso, señora Presidenta, consciente de la responsabilidad que tenemos todos los que estamos en esta Sala, debemos seguir apoyando la extensión de los estados de excepción, pero no debemos olvidar que es una excepción, que no podemos permitirnos vivir permanentemente en excepción, y con las Fuerzas Armadas, tal como he señalado, en las calles, patrullando, para mantener el Estado de derecho, o ahora desplegándose a las fronteras con bastante incertidumbre y sin hacer uso de todos los sistemas. Deben existir cadenas de mando precisas; deben tener una misión definida; deben tener todos los medios materiales, humanos, económicos y también, como se señaló, la capacitación y el entrenamiento necesarios para cumplir este rol.
Yo espero que seamos capaces de sacar en marzo, con ese grupo de trabajo, una idea para poder hacer algo definitivo que permita mantener nuestro Estado de derecho en forma permanente, sin necesidad de recurrir a lo que hoy son las Fuerzas Armadas.
Quiero dirigir mis últimas palabras a todos aquellos que perdieron familiares o a quienes se les destruyeron sus producciones: ¡lo lamento!
Voto a favor.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Loreto Carvajal.

La señora CARVAJAL.- Muchas gracias, Presidenta.
Deseo saludar a nuestra Ministra del Interior y a los Subsecretarios presentes, de Defensa y de la Segprés.
Esta es una jornada especial. Sé que la convocatoria de hoy es para pronunciarnos sobre el estado de excepción, y anuncio por supuesto mi voto a favor, pero es imposible obviar el contexto que estamos viviendo. La representación que me puso en esta Sala tiene que ver justamente con una de las principales zonas afectadas por los incendios: la Región de Ñuble.
Desde esa perspectiva, quiero agradecer al Gobierno, en la persona de la Ministra del Interior, haber generado acciones muy importantes para combatir los incendios y hacerse cargo, con responsabilidad y mucha premura, de lo que se está viviendo allá desde los primeros días de febrero, que a la fecha constituye una de las catástrofes más grandes de los últimos años, aunque no la única, en nuestra Región de Ñuble.
Si hacemos memoria de lo que ha pasado -y es interesante hacerlo por la referencia que voy a señalar más adelante-, notaremos que no se trata de una excepción, sino de una constante, no solo a propósito del cambio climático, sino también de la situación territorial que tenemos, sobre todo, en las regiones que hemos sido afectadas nuevamente, y recalco el "nuevamente".
Lo digo porque en 2012 sufrimos un megaincendio que se llevó la producción agrícola de cereceros, viñateros y de agricultores del sector de Coyanco, en la comuna de Quillón, donde más de 25 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego, zona que no ha sido posible reconstruir o reconstituir como hubiésemos querido.
En 2017, más de 165 mil hectáreas fueron devoradas por un megaincendio, catástrofe que comenzó en la Séptima Región. Recordemos el poblado de Santa Olga, entre otros. Desde esa región vecina se generó la pérdida de más de 32 mil hectáreas, hoy pertenecientes a la Región de Ñuble.
Y en este año 2023, casi 60 mil hectáreas han sido consumidas por el fuego, afectando el corazón de la Región de Ñuble, que represento aquí honradamente. La pérdida de esas hectáreas dañó nuestra principal vocación territorial: la agricultura y, sobre todo, la vitivinicultura, lo que probablemente no será posible reconstruir.
Hago esta lectura porque me allego a lo que dice la Senadora Allende: no es tiempo y no nos podemos dar el espacio para improvisar; no podemos hacer vista gorda como si esto no fuera a ocurrir otra vez. ¡Esto va a seguir ocurriendo! Hay que ver cómo vamos a prepararnos para lo que sabemos que va a venir, porque esta situación es permanente.
Además, implica pérdidas no solo materiales, sino también de vidas humanas, como también lo vivimos en la Región de Ñuble. Me acuerdo de tres personas en el caso del incendio del 2017: un bombero de Ñiquén; una bombera que era directora de la Segunda Compañía de San Carlos, y de un vecino que, a propósito del incendio, le dio un paro cardíaco en la comuna de Quirihue. Hoy día una voluntaria de Bomberos, a raíz de un accidente de tránsito, perdió su vida.
Por supuesto, nos sumamos al dolor de la Región vecina del Biobío y solidarizamos con ella, a propósito de los caídos en Santa Juana y de las más de veinte víctimas fatales.
Hago este relato porque es importante para mí señalar que es necesario que en una sesión especial -y hago el planteamiento a la Mesa- abordemos las condicionantes y acciones que permanentemente tendremos que asumir -a lo mejor en el seno del Legislativo, con el apoyo del Ejecutivo, por cierto- para enfrentar lo que viene.
Yo sé que me queda poco tiempo, Presidenta; le pido unos minutitos más.
Quiero explicar por qué es tan relevante hacer el punto de la Región de Ñuble.
Nosotros tenemos una vigencia que inició el 2018. El 2019 vivimos el estallido social; durante 2020 y 2021, la pandemia; el 2022 nos empezábamos a parar, y viene la catástrofe del 2023.
No podemos entender que exista hoy día un pensamiento de reconstrucción sin haber terminado antes de construir la Región de Ñuble. Y se lo digo -por su intermedio, Presidenta- a nuestra Ministra del Interior.
Esto nos pilló a medio camino, con servicios que no están completamente habilitados, porque éramos una división provincial de la Región del Biobío y había servicios que estaban a la espera de ser complementados. ¡Y hoy tenemos que asumir una catástrofe en esas condiciones!
Entonces, mi primer llamado y mi primera apuesta es que nuestro Gobierno nos escuche. Entendamos que debemos terminar el proceso de habilitación de la Región de Ñuble, que es la más joven de nuestro país. Pero hoy día está tremendamente afectada y perjudicada con todo lo que ha ocurrido.
Yo sé que hay una delegada presidencial nominada, a quien valoro enormemente porque es una gran profesional -me refiero a Paulina Saball, con quien estuvimos ayer en la región-; pero necesitamos poner el foco sobre esta base; necesitamos que se genere una prioridad para la Región de Ñuble no solo para comenzar a reconstruir, sino también para terminar de construirla y habilitarla. Esta emergencia nos pilló, digámoslo, no totalmente habilitados para enfrentarla.
Lo segundo es contar con una institucionalidad que se haga cargo de forma permanente de las catástrofes. Hoy casi 60 mil hectáreas han sido consumidas en la región, y tenemos más de 500 viviendas que no es posible habilitar en el corto plazo. ¡Cómo, tratándose de 500 viviendas, no de miles, los organismos que hoy están a cargo de la prevención de catástrofes no han tenido en vista que venía un costo en esa línea, para haber tomado los resguardos necesarios!
No podemos seguir esperando un presupuesto que permita que la Conaf tenga brigadistas forestales solo en la estación de verano y no de manera permanente, como lo hacen las grandes forestales. Ahí hay un punto que tenemos que abordar.
Debemos asumir también que en regiones como la nuestra hay volcanes con alerta amarrilla, kilómetros de costas y, por supuesto, riesgo de incendios, todo lo cual -ya lo he mencionado- requiere una institucionalidad distinta de prevención y también un trato diferente en cómo enfrentar la catástrofe.
Solo para terminar: un nuevo trato con la industria forestal es absolutamente urgente. Hay empresas en la zona cuya superficie plantada es de cientos de miles de hectáreas, y en realidad no asumen como corresponde el riesgo que significa tener plantaciones al lado de las vocaciones agrícolas y territoriales, que merecen ser respetadas.
Yo sé que debe haber cortafuegos y fiscalización, pero no podemos pedirle a la gente, cuando ha vivido ahí toda su vida, que salga porque viene una plantación cerca.
Hay que generar un nuevo trato con las forestales para que asuman los riesgos con condiciones equilibradas.
No podemos permitirnos cada año estar improvisando para contratar un supertanker o un ten tanker cuando sabemos que, con un incendio, las superficies se ponen en riesgo por miles. Además, la industria forestal no combate con la misma fuerza ni prevé con la misma premura lo que significa el riesgo que implica para las personas y la vida humana.
Yo solo quiero poner en antecedente esto y valorar la solidaridad de tantos y tantas que nos han llamado.
Espero que este Senado -y la Mesa, a través de su Presidencia- también asuma, como muchas veces lo hemos hecho, acciones solidarias, pero también activas, como la que he mencionado de generar una sesión especial para tratar este tema y abordar acciones legislativas que nos permitan mayor resguardo y, por supuesto, mayor confianza en lo que viene.
Gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Iván Flores.

El señor FLORES.- Muchas gracias, Presidenta.
Quiero saludar a la Ministra del Interior, a la Subsecretaria de la Segprés y al Subsecretario de Defensa.
Estamos debatiendo nuevamente la prórroga de un estado de excepción, por delitos violentos, por actos terroristas, por destrucción y muerte en parte de la macrozona sur, por el temor y la incertidumbre que generan trastornos sociales o económicos en esa zona. Pero estoy convencido de que eso no se resuelve con un estado de excepción constitucional que permita a las Fuerzas Armadas participar de modo acotado en la disuasión, en la prevención o en el combate de tales actos. Claramente, estamos muy lejos de eso a través de esta medida.
Espero que quienes conformemos la Comisión de Seguridad de este Senado a partir de marzo podamos efectivamente entrar a un debate de lo que el Gobierno ha planteado y ofrecido a Chile: una nueva agenda de seguridad nacional, que no solamente abarque una nueva institucionalidad a través de un nuevo Ministerio, sino que también considere una manera distinta en que el Estado de Chile impulse una modernización, tecnologización y fortificación del aparato preventivo. Y en este punto me refiero, particularmente, a la inteligencia policial y también al refuerzo que necesitan las Policías, tanto Carabineros como Investigaciones de Chile.
No es el rol de las Fuerzas Armadas intentar frenar actos de violencia extrema, como los que han ocurrido. Ellas están preparadas para otras cosas, como disuadir y contener eventuales agresiones externas.
Algunos de nosotros consideramos que una migración descontrolada, además de personas que buscan un Estado que las acoja y les dé refugio, en la intención de migrar hacia un país de mejores expectativas, implica el riesgo del ingreso sin control del crimen organizado y del narcotráfico a gran escala.
¡Bienvenidas las Fuerzas Armadas que colaboran con un Estado que claramente está debilitado para prevenir y combatir un grado de delincuencia que nunca antes habíamos visto!
Pero no son las Fuerzas Armadas las llamadas a hacer eso, aunque, sin duda, tienen que participar.
Aquí se ha estado hablando de los incendios intencionales. Al respecto, concuerdo con la Ministra en que no es lo relevante cifras más, cifras menos.
Con todo, ha habido incendios intencionales en esta temporada, que es la segunda más desastrosa en la historia de Chile. Anteriormente, están los incendios provocados en la segunda mitad de 1800 y primeros días de 1900, que se hacían para abrir la frontera agrícola. Lo que ha ocurrido este verano, sin olvidar lo sucedido en el período 2016-2017, es un nuevo récord, ¡un triste, penoso y horroroso nuevo récord!, no solamente por el número de hectáreas quemadas, que probablemente supere las quinientas y tantas mil, sino también porque ha habido muertos, lo que nunca antes había pasado en estos siniestros.
Aquí no les vamos a echar la culpa a los "conejos incendiarios", pues tenemos un problema en serio de intencionalidad en los incendios. ¡Y eso es muy grave porque aquí se ha muerto gente! No solamente hemos perdido patrimonio forestal, patrimonio agrícola, suelos, viviendas por miles, como nunca antes se había visto, sino que también hemos perdido vidas.
Pero esa será materia de otro debate.
Conversamos el punto con la Senadora Sepúlveda recién -ambos somos miembros de la Comisión de Agricultura- y vamos a pedir una sesión especial para analizar este tema.
Ya planteamos esto en la temporada del 2016-2017, siete meses antes de que ocurriera el desastre, cuando preguntamos sobre ello formalmente a la Onemi y a la Conaf en su tiempo, mediante oficio, y la respuesta fue muy a la chilena: "Somos todos campeones; estamos listos; tenemos todo resuelto". ¡Y ocurrió el desastre de 2017!
En esta oportunidad preguntamos lo mismo, y nos dijeron que esta vez sí estamos completamente preparados. ¡Y no lo estamos!
Pero esa es otra materia, que ya la discutiremos.
Sin duda, tenemos que aprobar este estado de excepción.
Con todo, en cuanto a las situaciones que se derivan de los incendios forestales y de la intencionalidad en ellos, tendremos que abrir un espacio de análisis, un debate nacional en el que debemos dejar fuera las consignas y las ideologías. Aquí tenemos un problema muy serio de seguridad, ¡muy serio de seguridad! Por lo tanto, debemos revisar, debatir, corregir y eventualmente sancionar de manera distinta a quienes provoquen estos desastres ambientales, sociales, económicos, con pérdidas de vidas humanas.
Voy a aprobar, señora Presidenta, esta nueva prórroga del estado de excepción, pero vuelvo a decir que necesitamos iniciar un debate en serio para ver cómo frenamos lo que nos está pasando.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
No hay más inscritos.
Haga el llamado correspondiente, señor Secretario.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Cerrada la votación.

--Se aprueba la solicitud para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío (22 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Núñez, Órdenes, Pascual y Sepúlveda y los señores Chahuán, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Elizalde, Flores, Gahona, García, Insulza, Keitel, Kuschel, Lagos, Moreira, Pugh y Walker.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y el señor Durana.


La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Se aprueba la renovación del estado de excepción.
Le damos la palabra a la señora Ministra del Interior.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- Gracias, Presidenta.
Me gustaría dar respuesta a varias temáticas que se plantearon en el transcurso de la sesión, ¡por lo menos para los Senadores y las Senadoras que siguen en la Sala...! ¡A los demás les mandaremos recados...! Creo que es importante porque han salido temas de mucho interés.
Lo primero que quiero aclarar no se refiere a esta Corporación. Resulta que en el día de ayer hubo molestia en la Cámara de Diputados porque el Ministerio estaba representado por el Subsecretario Monsalve. Yo quisiera decir que eso sucedió producto de que hemos adoptado la modalidad de alternamos día a día para el manejo de las sesiones del Cogrid nacional. Cuando vimos que estos dos días habría sesiones en el Congreso, decidimos que el jueves el Subsecretario vendría a la Cámara y yo estaría en el Cogrid y hoy lo haríamos al revés: yo vendría aquí y él estaría en el Cogrid. Lamento que eso se interpretara de otra manera, pero no tiene ninguna otra razón que la señalada.
Respecto de las temáticas que han surgido aquí, naturalmente ha habido mucho interés, porque es primera vez que nos encontramos durante el mes de febrero y hay que conocer la evolución que ha tenido la situación en el norte y la implementación de todas las reformas de infraestructura crítica que este Congreso aprobó a finales de enero.
La verdad es que, como anticipamos en esa ocasión, ha habido un trabajo muy intenso durante febrero para sacar eso adelante, por la urgencia que tiene. Se necesitaba ocupar el plazo que nos dio el Parlamento de tres meses, pero buscamos hacerlo en un tiempo mucho más breve. Eso significó que en muy pocos días estuvo listo el decreto con fuerza de ley para la toma de razón en la Contraloría, lo que ya ocurrió hace algunos días atrás.
Se presentó, posteriormente, el decreto supremo que, como recordarán, es el que habilita la aplicación de esta nueva facultad que entrega la Constitución, que se legisla a través del DFL. Ese texto recibió comentarios de Contraloría, razón por la cual en el día de ayer se retiró el documento para incorporar las observaciones respectivas. Y ya se incorporó nuevamente al órgano contralor.
Esperamos que durante el día de hoy, máximo el lunes, esté lista la toma de razón de Contraloría. En cualquiera de los dos casos, a inicio de la próxima semana va a comenzar el despliegue de las fuerzas en la zona norte.
Se ha hecho un trabajo con mucha prontitud, pero también con mucho cuidado, porque entendemos que estamos incorporando una tarea que no es habitual. Asumimos que hay que hacerlo tomando las precauciones del caso y generando las condiciones para que esto funcione adecuadamente.
Por eso se trabajó bien intensamente en una mesa que incorporó a nuestro Ministerio; al de Defensa; a la Segprés, en algunos momentos; a la Cancillería, y a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, para ver todo el tema del área de despliegue de las Fuerzas Armadas.
Se tuvo muy presente adoptar normas y hacer aplicación de las reglas generales que rigen en nuestro país en materia de uso de la fuerza, a fin de lograr que el despliegue de las Fuerzas Armadas se centrara en el objetivo que se estableció y se hiciera incurriendo en los menores riesgos posibles, tanto para las personas que circulan por esos lugares como para los militares que van a estar desplegados.
Cabe recordar, porque ha habido debate en estos días sobre el punto, que el despliegue de las fuerzas militares tiene como foco hacer controles de identidad, registrar a las personas que presenten algún indicio de estar cometiendo delito y detenerlas para trasladarlas a las Policías.
No es el objetivo que las Fuerzas Armadas detenga el tránsito por la frontera haciendo actos de fuerza en contra de las personas que están circulando. ¡No es ese el objetivo! Hacerlo significaría exponer gravemente a quienes circulan, a las Fuerzas Armadas y al Estado de Chile, porque no es una práctica aceptada que se detenga la migración a balazos. ¡No es la idea!
Dicho lo anterior, entendemos que este despliegue requiere apoyo de las Fuerzas Armadas en distintas dimensiones. El Subsecretario de Defensa va a precisar con mayor detalle esos elementos.
Sí quisiera decir que, como Ministerio del Interior, tomamos el resguardo de hacer un trabajo conjunto con Carabineros durante toda esta semana, mientras se tramitaban los distintos instrumentos, a fin de entregar capacitación a los efectivos que se van a desplegar en la frontera. Eso es algo que se organizó entre el mando de Carabineros y el mando del Ejército, que va a ser la fuerza que se va a desplegar en este momento. Después podremos hacer una capacitación más amplia, en la medida que recurramos a otras de las ramas de las Fuerzas Armadas. Pero ahora el foco estaba en el Ejército.
Se hicieron esas capacitaciones precisamente para entrar en el conocimiento más detallado de los procedimientos de control de identidad, registro, detención y traslado de las personas para entregarlas, cuando sea el caso, a las Policías, que son las que siguen con los otros procedimientos que corresponden cuando se genera una detención.
Entendemos que esta herramienta es muy importante, pero, tal como se ha señalado aquí, se requieren muchas otras acciones si queremos ser efectivos. Nadie está pensando que poniendo militares en la frontera se resuelve el problema fronterizo, en lo más mínimo. De hecho en estas mismas semanas se ha intensificado -incluso con apoyo de este mismo Parlamento, a través del Parlamento Andino- el trabajo con Bolivia a efectos de determinar una modalidad que permita hacer reconducciones en la frontera, que es el gran problema que tenemos. Hoy día podemos identificar a alguien que ha circulado irregularmente a través de los límites, pero no lo reciben de vuelta en Bolivia. Por tanto, estamos trabajando y tenemos ya algunas ideas que se ven bastante promisorias sobre cómo podríamos resolver este asunto, trabajo que está siendo liderado por la Cancillería.
También, como recordará esta Cámara, incluimos en el Presupuesto una serie de medidas para reforzar la labor que realiza Aduanas, los trabajos que se hacen por parte de Directemar, los elementos que se entregan al Servicio de Impuestos Internos. Tenemos en plena ejecución un proyecto, anunciado aquí varias veces, que es un sistema de inteligencia fronteriza que va a traducirse en puestos de observación, puestos de mando. Vamos a partir con tres y posteriormente vamos a llegar con seis más. Se inician en el sector de Colchane y nos van a permitir tener una observación mucho más completa de lo que ocurre en los pasos irregulares que habitualmente se emplean.
Y tenemos una agenda legislativa muy relevante, gran parte de ella acordada en las conversaciones que hubo para alcanzar el compromiso transversal, y que se va a ir gestionando durante el año. Algunos de esos proyectos ya están en tramitación en este Congreso.
Entonces, el pie con el que estaremos tratando los temas fronterizos va a hacer muy distinto.
Además está en implementación todo el desarrollo del Servicio Nacional de Migraciones, que nos va a permitir una serie de herramientas, entre ellas el sistema de empadronamiento. Muy importante: las personas que entran a nuestro territorio sin identificación no tienen documentos de su país, pero Chile va a tener herramientas para otorgarles una identificación, contar con su registro biométrico y poder, por lo tanto, hacer seguimiento de su presencia en el territorio nacional.
Eso es parte de un esfuerzo que estamos haciendo desde la PDI. Hay también un trabajo con la Organización Internacional para las Migraciones. Estamos comprando equipamiento especializado para eso y hemos recibido apoyo internacional. Esto va a significar, por ejemplo, que cuando militares encuentren a personas circulando, las reconduzcan a la PDI y, si no son aceptadas de vuelta -por ejemplo en Bolivia, si pasaron por Colchane-, al menos se podrá realizar un proceso de empadronamiento. Tales personas van a quedar registradas: tendrán una foto, huellas dactilares, un nombre y un número de identificación, cosa que hoy día no sucede. Chile está lleno de individuos de los cuales no tenemos ningún registro ni ninguna manera de identificar, porque no nos consta ni su nombre ni disponemos de ningún tipo de registro biométrico.
En cuanto a las temáticas de otros proyectos que han sido mencionados acá, no quisiera explayarme, pero sí dar tranquilidad de que se está avanzando. En el trabajo que nos presentaron el Senador García y el Senador Quintana en materia de usurpaciones, efectivamente hubo una demora durante el mes de enero, pues tuvimos que cuadrar una serie de observaciones que surgieron desde los distintos Ministerios, pero esa labor ya está concluida. Vamos a conversar con los Senadores para ver si la comparten, porque en el fondo se trata de una iniciativa de ellos. Queremos llegar a un punto de entendimiento para destrabar el proyecto. No basta con que todo el mundo lo quiera; hay que ponerse de acuerdo en las características que va a tener, para que resulte.
Ese es el esfuerzo que estamos haciendo en materia de usurpaciones, para que no solo pongamos en votación el proyecto, sino que también lo aprobemos. Pensamos que ya estamos como bien en la puerta del horno, digamos, para poder lograrlo. Y consideramos que es una herramienta bien importante.
Respecto a los datos que han aparecido a propósito del tema de los incendios, aparte de lo que clarifiqué previamente, quisiera señalar aquí que como Ejecutivo hemos estado muy activos en la presentación de querellas en todos los casos en que hay indicios de que existen responsabilidades que perseguir, que no siempre son de intencionalidad; a veces son de negligencia y a veces de obstaculización del trabajo de combate al fuego, como la persona que no permitió que se ocupara su piscina o las oportunidades en que se ha atentado contra las brigadas, porque, aunque ustedes no lo crean, atacan a las brigadas mientras están operando, incluso a brigadas internacionales.
En todos estos casos se han presentado querellas a medida que hemos ido recibiendo los antecedentes. Ya vamos en treinta y cuatro. Y la Fiscalía ciertamente va a investigar. Pero lo que no va a tener Fiscalía es un informe nacional acerca de la intencionalidad de los incendios, porque ella investiga los casos en que recibe querellas. ¡Y hay miles de incendios! ¡Miles! O sea, no hay ninguna posibilidad de que Fiscalía nos dé un dato propio de qué pasó con los incendios. Eso lo van a poder hacer los órganos técnicos, que ciertamente tenemos que fortalecer, mejorar sus metodologías, aunque se han ido vigorizando con los años. Hoy día no son los que eran hace un tiempo; tienen más herramientas, tienen más expertos, tienen más tecnologías, tienen más facultades para hacer su trabajo.
En cuanto a la extensión de los incendios, la verdad es que desde el punto de vista de lo que hemos vivido este 2023, la cantidad no ha sido superior a la de años anteriores. Hasta ahora ha habido menos incendios que el 2022, como número, pero han sido más extensos porque las condiciones climatológicas han sido muy parecidas a las del 2017. Algunos han tenido una extensión denominada "extrema". Piensen ustedes que el de Santa Ana es como el camino entre Santiago y el Congreso. Tienen ese tamaño; son de una proporción increíble. En realidad, son focos que se juntan en un momento y que, una vez que se juntan, empiezan a generar incendios hacia los lados y se transforman en una cosa que, mientras uno combate nuevos incendios y logra que no prosperen, continúan y continúan; pasan semanas y continúan. Y cuando se activan las condiciones del viento, reparten otra vez y se acercan a zonas de riesgo, como ocurrió la última semana en todo el sector de Coronel, de Hualqui, de San Pedro, donde hemos estado trabajando muy fuertemente para lograr que los incendios no avancen más.
Entonces, el análisis es fundamental. Cuando se empieza a discutir el tema con todo el fragor que significa la urgencia, que ciertamente compartimos, es importante poner arriba de la mesa los datos, mirar en detalle qué pasó. Este año hay muchas cosas que todavía hay que analizar bien. Lo que sucedió, por ejemplo, en Santa Juana: por qué el incendio evolucionó de esa manera y en un momento llegó a tener una velocidad de avance de más de 35 kilómetros por hora. Muchas personas fueron pilladas por el fuego porque, por más que alcanzaran a recibir la orden de evacuación, si no tenían auto les era imposible arrancar del fuego, que iba varias veces más rápido que el paso humano. Son dinámicas con características extremas y para las cuales nos tenemos que preparar.
Como quiera que sea, y más allá de las discusiones -y aun cuando ya me referí a esto en la intervención anterior-, podrá haber dudas sobre los datos, se podrá investigar mejor, a lo mejor faltó focalizar en algún lugar, pero es evidente, y sobre ello ningún experto tiene una opinión diferente, que los incendios son multifactoriales: los hay producto de la negligencia, los hay producto de la intencionalidad, los hay producto de la vulnerabilidad del territorio, los hay desde el punto de vista de la precariedad de las instalaciones.
Por ejemplo, el otro día nomás, en medio de esta temporada de incendios, estuve en un lugar, por aquí cerca, circulando por un camino donde las plantaciones están a los lados; tiene su perímetro, tiene un área de circulación que uno podría decir "es como una faja de protección"; pero después vuelve a haber pinos plantados que se tocan arriba del camino. Entonces, si se prende fuego ahí, este se transforma en un túnel de llamas.
Eso no debería pasar en ninguna parte -Chile es un país forestal-, pero ocurre en muchos lugares. Y mientras más rural y apartado es el lugar, más se da, porque más chiquitito es el camino y más fácil es que se topen por arriba los árboles y el fuego pase de lado a lado.
Eso ocurre hoy día en nuestro país. Ahora, ¿ocurre porque nadie se ha preocupado, porque no hemos avanzado nada? ¡No! Hemos avanzado mucho. Esto hoy día pasa menos de lo que pasaba antes. ¡La cantidad de fajas que hemos logrado levantar a los lados de los caminos! ¡La cantidad de lugares donde se han tomado medidas! ¡La cantidad de comunas que hoy cumplen sus metas de cortafuego!
Esta temporada nos pilló con metas de cortafuegos cumplidas en la mayoría de las comunas que han sido afectadas; metas de cortafuegos significativamente más altas que las del año pasado. ¡Pero se quedaron todas cortas! Hace años llegaba esta fecha y no estaban cumplidas. ¡No se cumplían! No se hacían cortafuegos. ¡Ahora se hacen! Porque existe el sentido de que son importantes. Pero algunos incendios pasan de largo por ellos porque quizás tenemos que hacer cortafuegos más profundos, más amplios, muchos más; asumir que las superficies plantables son menos vastas de lo que pensábamos; que las plantaciones no pueden ser paños extensos, sino que tienen que estar interrumpidas por otros tipos de actividades. Son temas de planificación del territorio que no son rápidos, que son costosos, pero indispensables, porque, si no, la vulnerabilidad es enorme... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
¡Se hacen muchas preguntas y tratamos de responderlas dentro de lo que se puede!

El señor ELIZALDE (Presidente).- Dele nomás.
Tiene todo el tiempo, Ministra. Está muy bien su intervención.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- Gracias.
Bueno, los incendios son multifactoriales. Y la negligencia también juega aquí un rol fundamental. ¡La cantidad de casos que hemos pillado!
El otro día unas máquinas defectuosas estaban haciendo unos trabajos agrícolas; se prendió fuego en una máquina, ¡y listo! Se armó el tremendo incendio y estuvo amenazado todo un sector: todo el sector de Teodoro Schmidt estuvo en riesgo por un camión al que se le prendió fuego en una actividad agrícola. ¡En esta época!
Y en otros lugares sigue habiendo quemas o la gente continúa haciendo fogatas.
El incendio de Viña se armó por unos chicos que estaban ahí y prendieron un fuego; se les escapó de las manos, arrancaron, y miren en qué terminó aquello.
Entonces, las causas son multifactoriales. Y tenemos que actuar en todas las dimensiones; que nadie se quede tranquilo con su pedacito de causa. ¡Todas son importantes!
Y es verdad -alguien lo mencionó, no recuerdo quién, en la Sala, y es parte de lo que se ha hablado en el Cogrid nacional- que no solo tiene que haber colaboración entre Corma y Conaf, que la hay -a medida que se pone grave la emergencia se colabora más todavía, aunque quizás se debiera colaborar antes de que se pusiera tan grave, con más intensidad-; pero una cosa que hemos visto es que esta colaboración ya no puede ser por contactos bilaterales: "Falta un avión aquí, ¿podrías derivar uno?". Debe haber, como con las camas críticas en tiempos de pandemia, una sola flota, una sola pantalla, donde esté todo en línea, de manera que no se llame y se diga "¿tienes un avión?", sino que tú estés viendo todos los aviones. "¿Dónde están? Hay cuatro aquí. Pero este fuego se puso más agresivo; desplazamos las naves".
Ahora, eso no puede ser así siempre, pero, desde el momento en que los incendios toman esta agresividad y pasamos a la lógica del megaincendio, a una situación crítica, tiene que ser así, ¡tiene que ser así! Es como cuando se declara estado de emergencia a propósito de la situación sanitaria, donde uno pasa a otro régimen de administración de los recursos.
Ahora nosotros pasamos a otro régimen -no es que seguimos en el mismo-, pero hay que darle más potencia a este régimen excepcional, y entregar más herramientas para que se lleva a cabo. Porque hoy día existe colaboración, pero se hace así, llamando por teléfono: "Oye, necesito dos aviones. ¿Dónde los tienen?". Esto sería mucho más rápido si la información estuviera en una pantalla y se decidiera ahí mismo, para actuar en el instante.
En cuanto a los especialistas y el avance que hemos tenido. ¿Cuándo vamos a aprender? La verdad es que -y esto lo decía la Senadora Sepúlveda- si uno viera a Chile, no podría decir -sería injusto", aunque sería muy fácil afirmarlo- "no se aprendió nada del 2017". La Presidenta Bachelet heredó una situación dramática, que después dio lugar a una Comisión. Se trajo a los mayores expertos, una Comisión de sesenta expertos, lo más potente que existía, que le hizo unos informes a Chile, además de la Comisión investigadora que hubo. Y cuando uno mira el resultado de esos informes, se da cuenta de habido muchos avances desde entonces hasta ahora, aun cuando hay varias áreas donde todavía nos falta muchísimo.
Entonces, no es que no hayamos avanzado ni aprendido nada. ¡No! ¡Sí hemos aprendido! Ahora tenemos más del doble, más del triple de la flota de aviones que la que teníamos en esa época. Los brigadistas son como el 70 por ciento más. Tenemos una institucionalidad que no existía en ese entonces, el Senapred, y más importante, el Sinapred, que es el sistema de manejo de las emergencias, coordinado por Senapred, pero que incluye a muchos organismos. Ya no es la pura buena voluntad: hay un mando único, y existe una manera de gestionar los aportes que funciona, ¡funciona! ¿Podría funcionar mejor? Sí, pero funciona. Y antes no la teníamos, ¡antes no lo teníamos!
Ahora disponemos de capacidades de coordinación y equipos técnicos que antes tampoco teníamos. Los equipos que investigan en Conaf no son los que eran antes. O sea, se ha mejorado significativamente.
¡Y tenemos más recursos! Solo este 2023 tenemos un 22 por ciento más de recursos que el año pasado. El Parlamento aprobó un incremento del presupuesto en ese porcentaje, que sirvió para muchas cosas, entre otras mejorar las remuneraciones de los brigadistas, aunque es verdad que a futuro tendremos que ir a una cosa mucho más amplia. Pero los brigadistas recibieron un 6 por ciento adicional al 12 por ciento de reajuste general que hubo, porque se entiende que es una actividad que requiere un refuerzo por sobre la generalidad del sector público.
Y han aparecido ideas. Por ejemplo, retomar un proyecto del que se habló tiempo para avanzar también hacia un sistema regional de gestión de las emergencias, con equipos de cada región, porque, cuando suceden estas situaciones, todos nos tenemos que apoyar. Nunca se dan todas al mismo tiempo. E igualmente tiene que haber sistemas de colaboración con el norte mucho más aceitados, porque cuando nosotros estamos en emergencia allá están en invierno. O sea, debiéramos contar con una incorporación casi automática de los recursos del hemisferio contrario.
Ahora, hay que decir que nunca está de más traer a otros especialistas; pero para esta emergencia vinieron muchos. Y lo que nos dijeron -los portugueses, los españoles, los italianos, que son los que trajeron más peritos- es, primero, que estos incendios, aquí y en la quebrada del ají, son una cuestión que supera cualquier institucionalidad. No son muy distintos de los de California, de los de España, de los de Australia, países donde probablemente no hay conflictos como el de la macrozona sur, pero donde existe condiciones macro del cambio climático que hacen que la vulnerabilidad sea igualmente muy importante.
Por eso estamos viendo megaincendios en muchos lugares, con cuadros políticos diferentes, con condiciones distintas en muchos aspectos, o donde incluso existe una planificación territorial mejor que la nuestra. ¡Miren a lo que se llega en California, que es un estado que, creo, representa la quinta o sexta economía del mundo! Y ahí hay incendios iguales o peores que los nuestros, ¡peores que los nuestros!, porque esto se debe a una vulnerabilidad del planeta de unas dimensiones que no conocíamos.
Y esos expertos, cuando han venido acá, nos han dicho: "Esto supera a cualquiera y lo que ustedes han hecho es lo correcto".
Ahora, ¿se puede mejorar? ¡Cierto que se puede mejorar!
Por lo tanto, en lugar de flagelarnos, creo yo, tenemos que mejorar, y asumir que el avance que hemos logrado, por más importante que sea, ha sido insuficiente.
Y una última cosa, Presidente, aunque antes quisiera decir que agradezco que hayan votado favorablemente el estado de excepción, que es muy significativo donde quiera que lo tengamos (en La Araucanía y en el Biobío), más allá de que hoy día esté reforzado por este otro, porque ha dado resultados.
Aquí se ha mencionado un par de cosas y yo simplemente quisiera entregar unos cuantos datos, nomás.
En materia de usurpaciones, un tema tremendo, tenemos que avanzar en la legislación. Pero, si comparamos el período mayo-febrero con el anterior mayo-febrero, comprobaremos que hay un 60 por ciento menos de usurpaciones; y si comparamos octubre-febrero (para comparar estados de emergencia con estados de emergencia), veremos que hay un 32 por ciento menos. O sea, el año pasado, también con estado de emergencia, entre octubre y febrero hubo un 32 por ciento más de usurpaciones.
Entonces, hemos ido mejorando. Algunas acciones han ido dando resultados, aunque todavía nos falta mucho, porque igual sigue habiendo usurpaciones, porque igual atacan a los brigadistas, porque igual hay grupos a los que, como se les complicó el robo de madera, ahora están en la quema de la madera.
Ciertamente, debemos seguir trabajando. Y en ese sentido la aprobación de hoy va a ser un aporte al trabajo que tenemos que llevar adelante.
Gracias, Presidente.
El Subsecretario va a hacer referencia a los temas de formación y equipamiento.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Agradecemos la intervención de la Ministra Tohá, que ha aclarado gran parte de los puntos que fueron planteados por los Senadores y las Senadoras en sus intervenciones.
Y le vamos a dar la palabra, entonces, al Ministro Gaspar.

El señor GASPAR (Ministro de Defensa Nacional subrogante).- Muchas gracias, Presidente.
Voy a ser muy breve, porque la señora Ministra ha dado un completo informe de la situación, así que solo me resta agregar unos muy pequeños datos.
En relación con el objetivo inicial y fundante de esta sesión, cabe destacar que en el despliegue en la macrozona sur hoy día existen alrededor de tres mil efectivos de las Fuerzas Armadas y cerca de mil carabineros asignados específicamente a esta tarea, lo cual ha permitido lo que señalaba la señora Ministra: una disminución sustantiva de los niveles de los actos de violencia en la zona y una mejora en la situación de seguridad, que por cierto no ha concluido. Y es la razón por la cual concurre aquí el Gobierno a solicitar la renovación de este proceso.
En segundo lugar, se han hecho algunas alusiones a la macrozona norte y al proceso legal y reglamentario que está en curso.
Quisiéramos expresar que, en lo que respecta al Gobierno y a las Fuerzas Armadas, lo que sucede es que nos encontramos implementando los acuerdos originados en la reforma constitucional que otorga al personal militar mayores atribuciones en el resguardo de las áreas fronterizas.
Se dice que no hay capacitación, lo cual es cierto: las Fuerzas Armadas tienen otra misión, pero sí se están capacitando, desde hace algún tiempo, por Carabineros de Chile, que es el que tiene la formación profesional para las nuevas tareas, las nuevas facultades que otorga la reforma constitucional aprobada por el Honorable Congreso. Y esas funciones son las de control de identidad, registro y eventualmente conducción y detención de personas para entregarlas a las unidades contraloras, como se llaman, es decir, las Policías.
En eso se ha capacitado ya el primer contingente, de la Sexta División, que comprende Arica e Iquique, y de la Primera División, con base en Antofagasta; concretamente aquí tenemos efectivos del regimiento Rancagua, de la brigada Huamachuco, con destino en Putre, y el personal que está en Cariquima, en la zona fronteriza cercana a Colchane.
Quiero aclarar que esto es básicamente para el Ejército, porque la Armada ya dispone de atribuciones policiales a través de la policía marítima y, por tanto, ahí tiene el entrenamiento, la práctica y el equipo desde hace mucho tiempo y lo aplica responsablemente conforme a la ley y el reglamento.
Y respecto a que no están equipadas, queremos informar que en el marco de este proceso han sido dotadas de medios no letales, sobre todo antidisturbios, pero eso no significa que las Fuerzas Armadas anden desarmadas. En una unidad básica, la escuadra, existe algún personal que lleva su armamento reglamentario y algunos portarán armamento no letal, que será usado para las distintas fases que establece el reglamento de uso de la fuerza.
Y por supuesto que, en el caso de agresión, las Fuerzas Armadas están autorizadas para hacer uso de todo su equipo para repelar ataques mayores.
Lo que sí quisiera señalar es que las Fuerzas Armadas están listas y disponibles para cumplir con las decisiones del poder político, dentro del marco de la Constitución y de la ley.
Y como una última constatación, quiero referirme específicamente a los temas de frontera.
Ninguna frontera se puede controlar bien si no hay cooperación al otro lado, y eso requiere de una construcción de acuerdos, particularmente con los vecinos bolivianos y peruanos.
En eso está trabajando la Cancillería, porque eso escapa de la tarea de Defensa. Es una tarea estrictamente diplomática, como también lo es un conjunto de tareas que fueron muy bien señaladas por el Senador Pugh, respecto a que de la frontera hacia el interior lo que se requiere es un esfuerzo multiagencial para enfrentar estos problemas; vale decir, tener una optimización de nuestras tareas de fiscalización aduanera; tener una mejoría en el control sanitario; tener el funcionamiento adecuado de Extranjería; aumentar en algunas partes los turnos y no trabajar solo de ocho a cinco, porque los migrantes no tienen hora ni mucho menos la delincuencia.
Esas son tareas que escapan de la Defensa y que son parte del esfuerzo no solo del gobierno central, sino particularmente del apoyo y la sugerencia de los gobiernos regionales y locales.
Muchas gracias, señor Presidente.
)------------(

El señor ELIZALDE (Presidente).- Quisiera dar una información, una triste noticia: ha partido Carlos Provoste Arcos, padre de la Senadora Yasna Provoste Campillay.
A la distancia, le enviamos un saludo a la Senadora Provoste, a toda su familia, y le expresamos las condolencias a nombre del Senado.
)------------(

El señor ELIZALDE (Presidente).- Habiéndose cumplido su objeto, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 13:18.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción suplente