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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 370ª
Sesión 93ª, en miércoles 21 de diciembre de 2022
Especial
(De 11:56 a 16:46)
PRESIDENCIA DE SEÑOR ÁLVARO ELIZALDE SOTO, PRESIDENTE, Y
SEÑORA LUZ EBENSPERGER ORREGO, VICEPRESIDENTA
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y
EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, ACCIDENTAL
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Castro Prieto, Juan Enrique
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Elizalde Soto, Álvaro
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Flores García, Iván
--Gahona Salazar, Sergio
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, el Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel Cullell, y la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Jeannette Jara Román.
Asimismo, se encontraban presentes la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacios, y el Subsecretario del Trabajo y Previsión Social, señor Giorgio Boccardo Bosoni.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y de Secretario General accidental y Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:56, en presencia de 20 señoras Senadoras y señores Senadores.

El señor ELIZALDE (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA

El señor ELIZALDE (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales (Boletín N° 15.557-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Segundo informe de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado, como reconocimiento a su labor durante la pandemia de Covid-19, en las condiciones y con los efectos que señala (Boletín Nº 14.943-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para Tabla.
IV. ORDEN DEL DÍA



REAJUSTE DE REMUNERACIONES Y OTROS BENEFICIOS PARA TRABAJADORES DE SECTOR PÚBLICO


El señor ELIZALDE (Presidente).- La presente sesión especial ha sido convocada para votar la ley de reajuste del sector público.
Tiene la palabra el señor Secretario para que proceda a dar lectura a la relación del proyecto.

El señor GUZMÁN (Secretario).- Buenos días.
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales, iniciativa que corresponde al boletín N° 15.557-05.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 15.557-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por objeto reajustar las remuneraciones del sector público; conceder aguinaldos de Navidad del año 2022 y de Fiestas Patrias del año 2023, para el sector activo y pasivo; otorgar otros beneficios que indica, y modernizar la gestión del Estado en diversas materias.
La Comisión de Hacienda hace presente que, por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata", y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, trató la iniciativa en general y en particular a la vez.
La referida Comisión deja constancia que aprobó en general el proyecto de ley por 4 votos a favor, de los Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos y Núñez, y una abstención del Honorable Senador señor Kast.
En particular, aprobó la iniciativa con la modificación y las votaciones que consigna en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 207 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe hacer presente que existen solicitudes de votación separada.
En este sentido, el Honorable Senador señor Chahuán solicitó la votación separada de los artículos 74, 75, 76 y 77 de la iniciativa legal, los cuales se encuentran en las páginas 151, 158 y 162, respectivamente, del comparado.
Por su parte, la Honorable Senadora señora Ebensperger solicitó la votación separada de los artículos 74 y 75 del proyecto.
Se hace presente que también la Honorable Senadora señora Ebensperger solicita, en el evento de ser aprobadas las normas indicadas, incorporar y someter a discusión y votación las siguientes indicaciones a dichas disposiciones:
La primera, para reemplazar el inciso penúltimo del artículo 74, y la segunda, para agregar una frase en el inciso segundo del artículo 75.
Del mismo modo, la Honorable Senadora señora Provoste solicitó la votación separada de los artículos 76 y 77.
Es todo, señor Presidente.


El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Muy buenos días, estimado Presidente.
Paso a informar a nombre de la Comisión de Hacienda el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que, como bien decía el Secretario, otorga reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede beneficios que indica.
Como sabemos, esta es la ley de reajuste; sin embargo, tradicionalmente, y quizás no es la mejor forma, pero es parte de la historia, se le agregan una especie de misceláneas, donde van resolviéndose distintos temas que van quedando a la vera del camino y que encuentran aquí el lugar para poder ir solucionándolos. Yo dejo claro que hubo acuerdo de toda la Comisión en que es una fórmula, aunque no la óptima, que se ha aplicado siempre. No constituye ninguna innovación. E incluso aquí hay un poquito menos que otras veces, y eso también se valora.
Señor Presidente, este informe no va a ser tan corto. Y aunque voy a ser lo más estructurado posible, creo que la discusión amerita una pequeña explicación más profunda.
Primero, hubo un conjunto de sesiones muy participativas. Estuvo el Ministro de Hacienda, la Ministra del Trabajo, la Subsecretaria General de la Presidencia, la Directora de Presupuestos y el Ministro de Educación, pero además hicimos un esfuerzo grande en la Comisión por escuchar a todas las personas que tuvieran algo que opinar, plantear, valorar, reclamar, porque estos verbos se van conjugando conforme a la lógica de cada uno de sus requerimientos.
Entiendo que nunca había ocurrido, pero fue un ejercicio importante que recibiéramos a la Asociación Chilena de Municipalidades -voy a avanzar según el orden de los planteamientos-, a la Unión de Funcionarios Municipales, a la Mesa del Sector Público, a la Central Única de Trabajadores, a la Mesa Complementaria al Sector Público, a la Asociación de Magistrados, Fiscales, Defensores y Profesionales del Poder Judicial (Aprajud), a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, a la Asociación Nacional de Fiscales, a la Asociación de Defensores y Defensoras Penales Públicos de Chile (ADEF), a la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público (Affremor), a la Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (Afudep), a la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (Afiich), a la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (Aneiich), al Colegio Médico de Chile, a la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fenats Unitaria), al Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, a la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprús), a la Asociación de Funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (AFCMF), a la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Bancos integrada a la CMF, a la Confederación Nacional VTF Chile, a la Confederación Nacional de Trabajadoras de la Educación Inicial Movimiento VTF, a la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de las Universidades Estatales de Chile (Fenafuech), a la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de Educación Municipalizada de Chile (Confemuch), a las Federaciones Nacionales de las Asociaciones de Funcionarios de las Universidades Estatales de Chile, a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), a la Coordinación de Profesores por Horas de Clases (CooPH), a la Federación de Funcionarios del Congreso Nacional, a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), a la Asociación de Profesionales y Técnicos de la I. Municipalidad de Providencia (Aprotec) y a la Alcaldesa de la Municipalidad de Tomé.
O sea, tuvimos una amplia opción de escuchar, que es un muy buen ejercicio en materias como esta.
¿Cuál es el objetivo fundamental del proyecto?
Generar un reajuste de remuneraciones y resolver un conjunto de asuntos vinculados a los aguinaldos y a leyes que tenían que ser modificadas.
Un poquito más de silencio, para poder...
(Rumores en la Sala)
Si pueden cerrar la puerta, porque es complejo intervenir así.
Señor Presidente, vamos a la cuestión de fondo.
¿Qué se aborda en la presente iniciativa?
En primer lugar -y para esto pido especial atención de los Senadores porque fue lo más relevante, aunque no sea lo único-, el reajuste de remuneraciones para el sector público, que es donde se produjo la discusión.
¿Qué decía el proyecto de ley en esta materia? Que a contar del 1° de diciembre de 2022, a los trabajadores del sector público que se indica se les generaría el siguiente reajuste: un 12 por ciento para las remuneraciones brutas de hasta 2.200.000 pesos, y de 264 mil pesos brutos mensuales para las remuneraciones brutas superiores a 2.200.000 pesos. Dejo claro que esos 264 mil pesos son parte de la remuneración, porque también se habló mucho si era un bono que no se incluía.
Aquí surgió el gran debate, porque, a pesar de que no es primera vez que ocurre de esa manera, nunca se había producido una diferencia -y porque también tuvimos una inflación muy alta- respecto de los reajustes que los distintos funcionarios de la Administración pública reciben.
Y al hacer este corte -voy a decirlo en forma gráfica- quedaron 82 mil funcionarios públicos (esa es la magnitud) con un reajuste de 264 mil pesos, cualquiera fuera la remuneración que pudieran percibir.
Y eso generó una preocupación, que planteé en su momento junto con otros Senadores, por cierta lógica de diferenciación entre funcionarios públicos que, desde mi perspectiva, era muy inconveniente porque se distinguía según la remuneración: a algunos se les daba el 12 por ciento de reajuste y a otros se les otorgaban los 264 mil pesos, que más o menos, en función de la remuneración, equivales a entre un 2 y un 8 por ciento de reajuste, para que entendamos el orden de magnitud.
Lo anterior genera una reacción bien compleja, porque los cálculos de reajuste se hacen en base a tres criterios básicos, aunque ha ido cambiando en el tiempo: primero, la inflación esperada, de la que uno siempre debería tratar de preocuparse; segundo, algo de la inflación pasada, que generalmente no se usa, pero en este caso, como el reajuste del año anterior fue de 6 por ciento y la inflación alcanzó a un 13 por ciento (básicamente por la invasión de Rusia a Ucrania), se produjo una diferencia muy importante; y tercero, la productividad, cuestión que de alguna manera más cuesta administrar.
Ante esta realidad, en la inmensa mayoría de las intervenciones en la Comisión se hizo presente la inconveniencia de utilizar la diferenciación como una forma de resolver el reajuste de la Administración pública. Y como la fórmula ya se había usado en años anteriores, se había ido acumulando y algunos cargos habían perdido su competitividad hasta en un 30 por ciento en el nivel de remuneraciones.
¿Y dónde está el problema? En que si uno quiere una buena Administración pública, no hablemos de tamaño (si es grande o pequeña), debe haber cargos profesionales con una remuneración adecuada a su nivel. Porque la amenaza -entre comillas; porque es una amenaza legítima- radica en que muchos funcionarios emigren al sector privado, cosa que ya está ocurriendo, porque en ese nivel de remuneraciones es donde se produce la mayor diferencia entre el sector público y el sector privado.
Por consiguiente, al producirse una no reajustabilidad de sus remuneraciones, sino que un aumento fijo de 264 mil pesos, se ocasionaba un detrimento en ese nivel de remuneraciones que no se condice con el alza del costo de la vida, ni pasada ni eventual, y producía un problema de administración severo.
En verdad, es una cuestión muy compleja, donde el Gobierno planteó sus restricciones en materia de reajuste y que la fórmula obedecía a un acuerdo al que se había llegado con la mesa de trabajo respectiva y se había resuelto de esa manera.
Ahora bien, nosotros no tenemos autonomía para presentar otro guarismo, pero sí podemos votar a favor o en contra, como se lo planteamos al Gobierno.
Y ahí sostuvimos una larga pero importante negociación, que como Presidente de la Comisión me tocó encabezar, donde tratamos de buscar la mejor solución, que si bien puede no ser la óptima, sí resuelve el problema de fondo.
¿Y qué se logró finalmente? Firmar un protocolo de acuerdo que, respecto de este punto, establece lo siguiente:

1.- El Ejecutivo propondrá, a más tardar el 31 de julio de 2023, una solución legislativa que se haga cargo de resolver las diferencias que se han producido en las distintas escalas de remuneraciones producto de los reajustes diferenciados otorgados a través de reajustes del sector público, a saber, aquellos casos en que grados inferiores han alcanzado remuneración de grado superior, de manera de mantener el orden jerárquico.

2.- En el marco de esta solución legislativa, el Ejecutivo propondrá un ajuste a las remuneraciones de las y los funcionarios que recibieron 264 mil pesos como reajuste. Este ajuste se aplicará a partir de agosto de 2023, con un incremento de 4 por ciento promedio respecto de las remuneraciones que este grupo de funcionarios recibió en 2022.
¿Por qué un 4 por ciento promedio y no un 4 por ciento fijo? Porque algunos funcionarios, agregándosele ese 4 por ciento, podían recibir más del 12 por ciento de reajuste. Son poquitos, pero había que restringir ese espacio. Y por eso se habla de "promedio".
Ahora, lo más relevante es que este ajuste se complementará en diciembre de 2023 y permitirá totalizar un incremento de 12 por ciento respecto de las remuneraciones vigentes a noviembre de 2022, sirviendo de base para el reajuste general que se determine para 2024.

3.- El Ministerio de Hacienda encargará un estudio comparativo de remuneraciones para cargos tipo en el sector público y el sector privado, que presentará a la Comisión de Hacienda del Senado antes del próximo reajuste de remuneraciones del sector público.

4.- Se explorarán fórmulas alternativas para que en los reajustes venideros no se replique la referida situación.
¿Qué significa esto en la práctica? Que un grupo de trabajadores, una cantidad mayor, va a percibir el reajuste del 12 por ciento diseñado; y los restantes 82 mil trabajadores que no recibieron dicho reajuste, sino que solo 264 mil pesos, van a tener en agosto de 2023 un incremento promedio del 4 por ciento y en noviembre o diciembre recibirán el suplemento que permita que lleguen efectivamente al 12 por ciento. Y aquello generará la lógica de igualación deseable en funcionarios públicos que son de dignidad equivalente, pero además servirá de base para el reajuste del año que sigue, en términos de no ocasionar una cola de desajustes que vaya quedando (no sé si me explico).
Obviamente, hubiera sido mejor un reajuste parejo del 12 por ciento otorgado ahora, pero yo entiendo -no soy el Ejecutivo- que había una imposibilidad económica o por último había un acuerdo de otra naturaleza que lo impedía. Pero valoro el esfuerzo realizado por parte de los parlamentarios, que fuimos bien insistentes en nuestro planteamiento; también valoro a los distintos gremios que hicieron uso de la palabra para graficarlo; y la buena voluntad de todos los sectores: de la Mesa del Sector Público, del Ministro de Hacienda, de la Ministra del Trabajo y de la Subsecretaria de la Segprés, quien fue la redactora, como ministra de fe, de todos los acuerdos a que se llegaron.
Esa fue la solución, y a mí me parece adecuada.
He recibido la reacción de muchos de los gremios que fueron recibidos en la Comisión, y si bien consideran que no es un acuerdo óptimo, sí reconocen que al final resuelve el problema, aunque sea con cierto plazo.
Además, el Gobierno -y no tiene que ver con este caso en particular- se comprometió a realizar un estudio respecto de la equivalencia de remuneraciones entre el sector público y el privado y a que esta lógica de diferenciación no se siga replicando en el tiempo, por las complejidades que supone.
Así que me parece un buen acuerdo.
Y es probablemente lo medular en un proyecto, que, dicho sea de paso, vale 3.400 millones de millones, para que nos ubiquemos dentro del universo total de lo que significa el reajuste dentro de las finanzas públicas.
Uno podrá discutir si el 12 por ciento está bien o está mal, pero eso fue parte de un debate sostenido en otro momento y que tiene que ver con decisiones que el Ejecutivo toma en función de cuánto influye el reajuste en la inflación, cuánto debe considerar lo futuro versus lo pasado en materia del aumento del costo esperado.
Pero respecto del tema que tuvimos que abordar, a mi juicio quedó resuelto de buena manera. Y en esa lógica fue que se suscribió el protocolo entre todos los miembros de la Comisión de Hacienda y el Ministro de Hacienda, la Ministra del Trabajo y la Directora de Presupuestos, que para estos efectos resulta muy importante.
Eso es lo medular, pero no lo único.
Y quiero hacer un breve recuento.
El artículo siguiente genera un aguinaldo de Navidad para el sector activo dividido en dos tramos: 63.062 pesos para el primer tramo y 33.358 pesos para el segundo, en función de las remuneraciones.
El aguinaldo de Fiestas Patrias es de 81.196 pesos para el primer tramo y de 56.365 pesos para el segundo tramo.
En el bono de escolaridad se pagan 39.483 pesos, tanto en marzo como en junio del 2023.
La bonificación adicional al bono de escolaridad, para remuneraciones inferiores a 943 mil pesos, es de 33.358.
El aporte del Servicio de Bienestar es de 137.559 pesos y 13.756 pesos, según las dos leyes que existen en esta materia.
El bono de escolaridad, la bonificación adicional para las universidades estatales y la bonificación de nivelación, según los distintos estamentos, es un monto de 479.967 pesos para los auxiliares; para administrativos, de 534.157 pesos, y para técnicos, de 568.219 pesos.
El bono de invierno para pensionados, muy requerido y relevante, se fija en 74.767 pesos.
El aguinaldo de Fiestas Patrias del sector pasivo es de 23.261 pesos, más 11.933 pesos por cada causante de asignación familiar o maternal.
El aguinaldo de Navidad del sector pasivo, aun cuando no reciban los beneficios por aplicación de la disposición anterior, es de 26.734 pesos y el incremento por causante es de 15.104 pesos, según la asignación.
La bonificación extraordinaria trimestral para enfermeras y matronas del servicio de salud: 278.631 pesos.
El bono de vacaciones es de 100 mil pesos para rentas líquidas iguales o inferiores a 943.703 pesos, y de 50 mil para el resto.
En cuanto al aumento de línea de corte para el otorgamiento de aguinaldos y bonos para quienes reciben asignaciones de zona, el incremento es de 46.642 pesos -son dos- y se fija en 943.703 ese corte.
La regulación del componente variable por bono de desempeño laboral de los asistentes en la educación.
La asignación especial para profesionales del Servicio Médico Legal. Es una tabla que está ahí en el informe.
Un bono anual para personas que se desempeñen en zonas extremas, de un monto de 141.491 pesos, para remuneraciones iguales o inferiores a 946 mil pesos.
Las bonificaciones a las universidades estatales Arturo Prat, de Antofagasta, de Tarapacá, de Magallanes y de Aysén, que se refiere al punto de una bonificación que está establecida en la ley 20.883, van de 68 mil pesos a 2.763 pesos.
Se extiende el pago de la asignación extraordinaria para funcionarios de Atacama, que es -recordemos- una facultad que se le da al gobierno regional.
Se contempla la actualización de los valores del bono que se otorga a los asistentes de la educación, a 32.575 pesos.
Las asignaciones por desempeño en condiciones difíciles, al personal asistente de la educación.
El aumento de los montos de las bonificaciones a las zonas extremas.
El bono mensual para el personal afecto al inciso primero del artículo 1 y a los asistentes de la educación regidos por la ley 19.464.
El bono especial asignado -se conoce como "bono término de conflicto", no sé cómo llamarlo de otra manera, así se dice-, que siempre se da.
También se incorpora una norma -esto es bien relevante; no tiene nada que ver con el reajuste, pero siempre está acá- que permite al pequeño productor agrícola que, por efecto del reavalúo de su propiedad, queda fuera de Indap, volver a esa institución sin considerar, para este efecto, el límite de activos de 3.500 unidades de fomento.
Se otorga un plazo extraordinario para el bono poslaboral, que lo planteó el Ministerio del Trabajo. Consiste en otorgar un plazo extraordinario para acogerse a los beneficios de incentivo al retiro a los funcionarios y funcionarias que tengan 70 años de edad o más y que no lo hayan impetrado. Esto es como un derecho posterior que se genera, porque hay algunas personas que no lo hicieron.
Los artículos 50, 52 y 53 son normas para postular al bono poslaboral o al bono de incentivo al retiro y bono de complemento de pensiones a los trabajadores de las localidades que se determinen. La Ministra del Trabajo, si es de su interés, podrá explicar de mejor manera la política pública sobre los bonos al retiro, que es un tema que ha sido siempre preocupación de esta Comisión.
Posteriormente hay normas respectos recursos de subvención escolar al Servicio Nacional de Educación Pública.
Medidas prorretención escolar.
Esto fue bien planteado dentro de la Comisión. Hay 290 mil millones de pesos que están no usados en la Ley SEP y que generaban una lógica de retención. Esta materia fue modificada a petición del Senador Kast, y ayuda a tratar de mantener a los niños en una política más proactiva, para que los grados de deserción escolar que se vayan produciendo no sean tan dramáticos.
Los artículos 65 al 69 son normas relativas al trabajo remoto y se actualizan en estas normas. Se trata de instituciones que han pasado por leyes especiales y a las cuales, de alguna manera, se les mantiene el plazo.
También se contemplan normas para mejorar el pago de pensiones alimenticias, en relación con el Registro Nacional de Deudores, precisando que la Comisión de Mercado Financiero es el órgano encargado de fiscalizar, sancionar o interpretar las obligaciones aquí planteadas.
En los artículos 74 y 75 voy a detenerme brevemente, porque sé que este es un tema bien complejo, que fue muy discutido y que probablemente va a ser de difícil solución.
Lo voy a explicar en forma fácil.
Hay un dictamen de Contraloría que establece la obligación de que los funcionarios municipales que están a honorarios, pasado el 31 de diciembre, tengan que cambiar de categoría.
Voy a plantear este tema sin dar opinión, porque estoy informando.
Aquí hay dos alternativas.
Una de ellas es que no se traspase, no ocurra nada, caso en el cual nuevamente hay dos alternativas: que los municipios no renueven los contratos a honorarios de un grupo muy importante -estamos hablando de un universo de más o menos 10 mil personas- o se intente decretar la nulidad del dictamen de la Contraloría. Esas son las dos alternativas.
Y lo que está proponiendo este proyecto específico es que esas personas sean pasadas a contrato de trabajo.
Esto es parte de la segunda discusión, porque van a convivir personas que están sometidas al Estatuto Administrativo y otras que están en el Código del Trabajo... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Ese es el segundo punto.
Lo tercero es cómo cohabitan o conviven las dos líneas de funcionarios, unos regidos por el Código del Trabajo y otros por el Estatuto Administrativo, y cuáles son las responsabilidades de unos y de otros.
Otro problema es qué pasa con la antigüedad en los cargos. ¿Se asumen o no esos nuevos cargos?
Quinto -y mirémoslo desde otro punto de vista-, todo esto hay que mezclarlo. Obviamente tener un contrato de trabajo da más seguridad que estar a honorarios. El problema es por qué no se pasa a la planta o a contrata. La respuesta es que muchas de las personas que hoy día están a honorarios podrían no cumplir los requisitos para pasar a la contrata y no podrían seguir en funciones en el municipio.
Estoy haciendo una relación.
Esa es la realidad, que está bien compleja, y la solución que plantea el proyecto de ley es generar el traspaso de esos trabajadores de honorarios a Código del Trabajo.
Para ese efecto, además, en el artículo 75 se disponen recursos a la Subdere y la Diprés para generar esa transición, que se piensa hacer en cuatro años.
Recordemos que en la Administración Pública, según la Ley de Presupuestos -ahí son un poco más los funcionarios-, también se establece un plan a cuatro años para el traspaso en función de este dictamen. Aquí también se hace a cuatro años, pero de una forma matemática o aritmética distinta, lo que fue objeto de una larga discusión.
Los artículos 74 y 75 también se aprobaron por votación no unánime y fueron objeto de una discusión compleja.
Yo lo quiero decir con claridad.
No creo que aquí estén los buenos y los malos, sino que estamos tratando de resolver un problema que se produce a propósito de un dictamen.
Esto genera gran preocupación en los municipios, tanto en los alcaldes que ven cómo se les viene un problema la próxima semana como en los funcionarios o trabajadores a honorarios, que también ven una dificultad respecto de la estructura, el estatus jurídico o las condiciones económicas en que pueden ser traspasados.
Eso lo podrá explicar con mayor diligencia la Ministra del Trabajo o el Ministro de Hacienda, porque fue parte importante de la discusión. Y eso es relevante.
Finalmente, Presidenta, insisto en que el costo financiero de este conjunto de proyectos es de 500 mil millones de pesos el año 2022 y 2.981.762 millones de pesos el año 2023, lo cual, en conjunto, hacen los 3.400 millones de millones, a los que hice referencia al inicio de esta presentación.
Por eso, señora Presidenta, sin perjuicio de lo que se plantea, nosotros proponemos, por 4 votos a favor y 1 abstención, la aprobación de la idea de legislar de este reajuste.
Casi todas las votaciones fueron por unanimidad, salvo un cambio que se hizo en la ley SEP y dos abstenciones, una en el artículo 74 y otra en el artículo 75, respecto de las cuales se ha pedido votación separada, por lo que usted señaló en la relación.
De esa manera, se ha terminado un trabajo en el que, desde mi perspectiva a lo menos, logramos encuentros importantes y acuerdos en materias muy difíciles, como son las relativas al reajuste.
Me parece que eso ayuda a tener una mejor Administración Pública, particularmente en la generación de una lógica de igualación, que es muy deseable respecto de los reajustes; y a mantener un alto nivel en ella, la cual requiere disponer de las mejores condiciones posibles para desarrollar su tarea.
He dicho, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, señor Senador.
Solicitamos el acuerdo de la Sala para que pueda ingresar la Subsecretaria de la Segprés, señora Macarena Lobos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Puede entrar, señora Subsecretaria.
Me había pedido la palabra la señora Ministra del Trabajo.

La señora JARA (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Muy buenas tardes a todas y todos los Senadores, así como a los trabajadores del sector público que nos acompañan desde la gradería.
En representación del Gobierno del Presidente Boric queremos señalar que hoy día estamos dando cumplimiento a un acuerdo muy importante, suscrito con más de dieciséis organizaciones representativas de la Mesa del Sector Público, la que viene trabajando hace varios meses temas tanto de orden económico (reajuste, aguinaldo y distintos bonos que son materia de esta negociación tradicional) como también de índole laboral.
Por ello, en conjunto con el Ministro de Hacienda queremos dar cuenta de los acuerdos suscritos y que forman parte del sustento material del proyecto de ley que recientemente informara el Senador Coloma.
En ese sentido, quisiera poner en común con este Senado que, en el marco del trabajo realizado por la Mesa del Sector Público y el Ejecutivo durante este año, se desarrollaron doce mesas temáticas activas, que evaluaron distintas perspectivas y demandas gremiales históricas con el ánimo de irlas resolviendo.
Ya están instaladas tres mesas transversales, que involucran a toda la Administración Pública, bajo los siguientes conceptos: en primer lugar, de tareas de cuidado infantil; en segundo término, de la necesaria seguridad funcionaria en el ejercicio de su labor pública; y en tercer lugar, de salud mental, toda vez que la recuperación del empleo, el mejoramiento de las tasas de participación laboral pospandémica, han venido además acompañados de efectos indeseados. Uno de ellos, el aumento en las patologías de carácter de salud mental, tanto de origen laboral como de origen común.
Asimismo, en el ánimo del diálogo social que hemos llevado adelante con los trabajadores, cabe puntualizar que se encuentran constituidas nueve mesas de trabajo que atienden demandas sectoriales. Al respecto, me gustaría señalar que una de ellas dice relación con las universidades estatales, la cual se va a reinstalar ahora con carácter tripartito, para resolver demandas históricas que tienen que ver con situaciones económicas, en particular, y el reconocimiento de sus funcionarios como trabajadores públicos a efectos del reajuste.
Dentro de las otras mesas sectoriales está la relativa a la Confemuch, perteneciente al Ministerio de Educación; a la Asemuch, de la Subdere; a la renovación de contratas; a los DFL N°s 5, 4, 31; a las horas promedio, y a la asignación técnica del Ministerio de Salud.
Por otro lado, me gustaría señalar que se han elaborado tres estudios, encargados en el marco de los acuerdos de la Mesa del Sector Público. Uno de ellos dice relación con las remuneraciones de los trabajadores públicos, y en particular con un tema que ha estado bastante presente en esta discusión, que tiene que ver con las brechas salariales, con las brechas dentro de las instituciones, como asimismo con las brechas que se producen con motivo de fundamentos de género, y que por cierto son parte de las deudas que mantenemos con las mujeres en nuestro país, y que debemos abordar.
Se encargó un segundo estudio relativo al tema de los viáticos, y un tercer estudio acerca del incentivo al retiro, que se ha convertido en un instrumento importante de política pública a fin de poder, por un lado, permitir que las personas que han experimentado daño previsional y que además reciben bajas pensiones en el contexto del sistema que tenemos hoy día, puedan retirarse del servicio público; y por otro, posibilitar la movilidad dentro de las instituciones.
El Gobierno y la Mesa del Sector Público avanzaron sustantivamente en un protocolo que, como señalaba, contiene materias de orden económico, donde está por cierto el reajuste como uno de los elementos principales.
Al respecto me gustaría señalar que, de las dieciséis organizaciones gremiales del sector público, catorce de ellas firmaron el protocolo, entre las cuales se encuentran la ANEF, la Asemuch, la Fentess, la Confusam, la Ajunji, la Fenfussap, Confemuch, Fenafuch, Fenafuech, Fenats Unitaria, Fenats Nacional, Fauech, Confedeprús y el Colegio de Profesores y Profesoras.
Quiero señalar además que la negociación estuvo encabezada por el Presidente de la CUT, David Acuña, y por el Coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, a quien aprovecho de saludar, por su intermedio, Presidenta.
¡Estaba en la galería, pero en este minuto no está...!
(Risas).
Además, debo manifestar que vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo para el año 2023, pues creemos que dicha instancia abre espacios importantes para que, a través de un trabajo bilateral conjunto con los trabajadores y trabajadoras y el Estado como su empleador, podamos llegar a bases comunes al objeto de, por ejemplo, abordar una temática tan relevante como la igualdad de oportunidades salariales, que en el Estado, también como señalé, se dan ciertas diferencias.
En cuanto a los acuerdos de carácter económico, por su intermedio, Presidenta, si le parece a bien, voy a entregar la palabra al Ministro de Hacienda.
Sin embargo, debo agregar que, como señalaba el Senador Coloma, en esta ley en proyecto también se legislan otros elementos relacionados con el sector pasivo del país, los pensionados.
Al respecto cabe recalcar que, además de lo que recoge la iniciativa sobre el acuerdo contenido en el protocolo con los funcionarios públicos respecto de materias misceláneas, también contiene un tercer capítulo relativo a los beneficios que alcanzan a los jubilados, y que básicamente consisten en los aguinaldos de Fiestas Patrias, de Navidad y bono Invierno.
Gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias a usted, señora Ministra.
Le damos la palabra al Ministro de Hacienda, don Mario Marcel.
Perdón, Ministro.
¿Punto de reglamento, Senador Cruz-Coke?

El señor CRUZ-COKE.- Gracias, Presidenta.
Le solicito que recabe la unanimidad para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario del Trabajo, que también se encuentra presente aquí.
Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Se ha solicitado el acuerdo para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario del Trabajo.
¿Habría acuerdo para ello?
Bien.
--Así se acuerda.

El señor SANDOVAL.- ¡Pero si está el Ministro!

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Señor Ministro de Hacienda, tiene la palabra.

El señor MARCEL (Ministro de Hacienda).- Muchas gracias, Presidenta.
Como recién señalaban la Ministra y anteriormente el Senador Coloma, este proyecto de ley es muy importante en el trabajo legislativo del año, dado que establece el reajuste del sector público en un ciclo que se ha ido repitiendo todos los años desde el retorno a la democracia.
Por lo tanto, esta es una iniciativa en la cual se manifiesta, por un lado, el papel del Estado como empleador y, por otro, como responsable del manejo de las finanzas públicas y también, por supuesto, respecto de su peso como empleador dentro del mercado del trabajo en general.
Esos distintos roles son los que hay que conciliar y traducir en un proyecto que al mismo tiempo responda a las aspiraciones de los trabajadores y a las necesidades de la Administración Pública.
En términos de números, este proyecto otorga un reajuste que alcanza a 820 mil trabajadores directos e indirectos del Estado. Por su parte, se beneficia a un millón cien mil funcionarios que reciben aguinaldos y bonos con financiamiento fiscal; a casi tres millones de pensionados que reciben aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias; a 1 millón 700 mil pensionados que reciben el bono de invierno, y además se desprenden algunos parámetros muy relevantes para el funcionamiento de áreas importantes del sector público.
Recordemos, por ejemplo, que cuando se discutió recientemente la Ley de Presupuestos para el 2023, uno de los temas que más se analizaron fue el per cápita de la salud primaria. En esa oportunidad se fijó un guarismo de 10.000 pesos. Los funcionarios reclamaban algo así como 10.250 pesos. Con este reajuste ese per cápita va a quedar en 10.430 pesos.
Por todas estas razones, por el número de personas que se benefician, el efecto que tiene sobre las subvenciones educacionales, el per cápita de salud primaria, el proyecto tiene un costo fiscal también muy importante, que es del orden de los 500 mil millones de pesos en el 2022 y alrededor de 3 billones de pesos en el 2023. De manera que, por supuesto, tiene un peso bien relevante en la gestión de las finanzas públicas.
Ahora, como decía la Ministra, este es un proyecto que materializa el componente económico de los acuerdos con la mesa del sector público, en la cual participan dieciséis organizaciones.
Creo que es importante destacar que aunque muchas veces el que sea una negociación no reglada uno lo ve como algo negativo, también tiene una dimensión positiva, que es el hecho de que los propios trabajadores tienen que buscar su manera de organización para estar presentes y plantear sus demandas en un proceso lo más estructurado posible, que no depende de las reglas que se impongan desde afuera, sino de las reglas que internamente nos podamos dar nosotros.
En tal sentido, quiero valorar la mesa del sector público.
Con seguridad, ninguno de nosotros considerará que es fácil poner de acuerdo a dieciséis organizaciones distintas, sobre todo en un contexto de negociación representativo de cientos de miles de trabajadores. Se trata de la negociación colectiva más grande que existe en el país. En este caso, claramente dicha negociación se dio con un grado de organización, de compromiso y de disposición al diálogo realmente muy valorable. Eso es lo que nos ha permitido llegar a esta instancia con un acuerdo suscrito hace algunas semanas.
Así que hago un reconocimiento especial a la mesa del sector público por su papel en todo este proceso.
Este proyecto de ley también incluye dentro del articulado, llamémosle "misceláneo", el cumplimiento de varios compromisos que surgieron de la reciente discusión del Presupuesto. Ya mencioné el caso del per cápita de la salud primaria; hay varios temas en materia educacional, por ejemplo, que están incluidos. En el fondo, hay tres o cuatro puntos -creo que fueron cerca de cincuenta- de los que contuvo el Protocolo de Acuerdo del Presupuesto del Sector Público que ya los estamos cumpliendo con esta iniciativa.
Ahora, adicionalmente a esto, en el trámite en la Comisión de Hacienda surgieron una serie de inquietudes que también fuimos capaces de recoger en un acuerdo complementario, al cual se refirió el Senador Coloma.
En particular, cuando propusimos el reajuste del sector público, especialmente en todo lo que fue el proceso de negociación previo, nos enfrentábamos al desafío de cómo poder responder a la aspiración de los funcionarios de tener un reajuste que los compensara por la inflación pasada y, por otro lado, que cupiera dentro de un Presupuesto que presenta un crecimiento más moderado.
Para eso finalmente se definió este reajuste en dos tramos: un tramo con un reajuste proporcional y un tramo con un reajuste fijo, que es el establecido para los mayores ingresos. Las proporciones son 90 por ciento de trabajadores en el primer grupo, 10 por ciento en el segundo. Pero esto genera una trayectoria remuneracional para los profesionales de mayor calificación en la Administración Pública, por lo que se planteó que eso implicaba riesgos de perder profesionales calificados.
En definitiva, esto se resolvió a través de un nuevo protocolo, comprometiendo de parte del Ejecutivo un proyecto que se presentará a más tardar el 31 de julio con una solución legislativa que resuelva las diferencias que se producen en las escalas a raíz de reajustes diferenciados en el tiempo -han ocurrido ya en varias oportunidades-, lo que lleva a que existan situaciones en las que hay funcionarios subalternos que perciben una remuneración igual o mayor a la del superior jerárquico. Por supuesto, eso es una anomalía dentro de la estructura de remuneraciones. Entonces, este es un primer tema que se resolvería.
Y el segundo es completar, por así decirlo, el reajuste de 12 por ciento en diciembre de 2023 para los trabajadores que en esta oportunidad están recibiendo el reajuste de 264 mil pesos, con un paso intermedio en agosto con un incremento promedio del 4 por ciento.
Eso nos va a permitir, por un lado, conciliar estos dos objetivos durante el 2023 y, al mismo tiempo, asegurar una base para la continuidad de los sistemas de remuneraciones a futuro que mantengan los incentivos y la retribución a los trabajadores de mayor calificación.
A la vez, se incluyeron otras materias, particularmente ligadas a los temas de educación, que vienen incluidas en el capítulo misceláneo de esta iniciativa. Además, hay referencias a los incentivos al retiro, que, como señaló la Ministra Jara, corresponden a una de las mesas de trabajo más importantes que están comprometidas con la mesa del sector público.
Así que tenemos un proyecto que involucra recursos cuantiosos; que materializa lo que el Estado ha comprometido con los trabajadores del sector público en su carácter de empleador y, al mismo tiempo, también lo hace de manera consistente con su responsabilidad por el manejo de las finanzas públicas.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Ministro.
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La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Saludamos a quienes nos acompañan en las tribunas.
Se encuentran presentes distintos funcionarios de la mesa del sector público, invitados por el Senador Daniel Núñez.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
También hay funcionarios de la Municipalidad de Tomé, invitados por el Senador Enrique Van Rysselberghe.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Además, se encuentran presentes funcionarios de la Asociación de la Municipalidad de Tomé, invitados por el Senador Gastón Saavedra.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Y también nos acompañan funcionarios de la Municipalidad de Maipú, invitados por la Senadora Carmen Gloria Aravena.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Los saludamos a todos ellos.
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La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidenta.
Saludo al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo, a las Subsecretarias y a los Subsecretarios, a las y los dirigentes que nos acompañan también desde las tribunas.
En este proyecto de reajuste se discuten varios temas importantes para el presente y el futuro del país.
Como lo decía el Senador Coloma, quien informó acerca del proyecto, el misceláneo trae varias iniciativas que importan, como la ampliación de los programas de retiro, los aguinaldos para los jubilados.
Y este año se incorporan temas que permiten que los colegios usen, por ejemplo, los saldos de la subvención escolar preferencial para financiar programas que enfrenten el deterioro de los aprendizajes que nos provocó la pandemia.
Se perfeccionan otras normas para otorgar un poco más de recursos que nos permitan impulsar un plan de recuperación educativa el próximo año escolar. Pero esos recursos aún son insuficientes para enfrentar los dramas que significan el mayor ausentismo escolar, el aumento de la deserción y el deterioro de los aprendizajes en los niveles básicos de nuestro sistema escolar.
Se requieren aportes potentes.
Es urgente un liderazgo más activo desde el organismo rector en nuestro país, que es el Ministerio de Educación, promoviendo esta recuperación educativa como el principal desafío para el año 2023.
Lo hemos dicho una y otra vez: si se gobernara con discursos, tendríamos resueltos todos nuestros problemas. El Presidente de la República, en su visita oficial en México, señaló que la educación era una prioridad. Pero, hasta ahora, a quien vemos permanentemente haciendo cosas en favor de la educación es al Ministerio de Hacienda. Lo observamos aquí durante la discusión del Presupuesto. Y, tal como el propio Ministro lo ha señalado, hoy día, en esta ley de reajuste, se materializan algunos compromisos del Protocolo de Acuerdo de la Ley de Presupuestos.
Este protocolo complementario compromete más recursos para desarrollar acciones en beneficio de los estudiantes que están en riesgo de abandonar el sistema educativo. Espero que esto se implemente rápidamente, porque en marzo próximo necesitamos un sistema educativo movilizado y en el que la mayoría de los estudiantes estén en los colegios aprendiendo, educándose y formándose, pero también teniendo garantías respecto de que esos establecimientos educacionales son espacios en donde hay una convivencia sana. Eso es lo mejor para el presente y para el futuro.
También debemos resolver el tema de los trabajadores a honorarios en el sector municipal.
(Aplausos y manifestaciones de apoyo en las tribunas).
Hemos conversado con varios colegas durante las horas en que se ha discutido esto acá y hemos escuchado a los dirigentes, varios de los cuales nos acompañan en el día de hoy. Quiero insistir en que no es una buena práctica que este programa de traspaso al Código del Trabajo haya sido acordado solo con los alcaldes y las alcaldesas y no con los gremios de los funcionarios municipales que hoy están presentes.
(Aplausos y manifestaciones de apoyo en tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Les solicitamos silencio, por favor.

La señora PROVOSTE.- La solución no solo puede hacerse hacia delante, sino que también deben resolverse las demandas históricas que han levantado estas organizaciones de funcionarios. No queremos que esto sea una nueva deuda histórica que acompañe el futuro de nuestro país.
Debe aclararse el número de funcionarios considerados en este programa de traspaso al Código del Trabajo y qué porcentaje del personal sería afectado. El Gobierno no puede construir una fórmula para enfrentar el dictamen de la Contraloría sin negociar con los gremios de los funcionarios y las funcionarias a honorarios.
Le pido al Ejecutivo que instale una mesa de trabajo con los alcaldes y las alcaldesas; los gremios municipales, y los representantes de los trabajadores y las trabajadoras a honorarios, para que enfrentemos de un modo racional sus problemas laborales.
Quiero valorar que la mayor parte de este proyecto fue acordada con la mesa del sector público. El diálogo social sigue siendo una herramienta importante para avanzar en mejores condiciones de trabajo y la urgente modernización del Estado.
Aplaudo que hayan privilegiado una fórmula solidaria que protege las rentas inferiores y recupera el poder adquisitivo de los funcionarios públicos de menores ingresos, como fue acordar este 12 por ciento de reajuste para las rentas inferiores. Deberíamos valorar ese gesto en momentos en que prima el individualismo, porque así queda demostrado que el sindicalismo sigue siendo un actor social que promueve una mayor solidaridad en un país que debiera recuperar ese valor social como un principio fundante en nuestras relaciones.
Felicito a la ANEF, a la CUT y al conjunto de los gremios del sector público. Valoro y felicito especialmente la sindicalización de los movimientos de la educación, tanto de los SLEP como de los asistentes de la educación, de las trabajadoras de los establecimientos vía transferencia de fondos y, por cierto, de los sindicatos de los trabajadores y las trabajadoras a honorarios. Espero que con su presencia en el día de hoy, de ayer y en las jornadas que sucedan a este encuentro logremos encontrar una solución justa y armoniosa a la realidad que hoy día ellos viven.
Quiero también reconocer a quienes han sido artífices de este acuerdo, representados aquí por los Ministerios de Hacienda y del Trabajo, para promover la solidaridad social y el diálogo, que es tan importante y necesario en nuestro país.
Anuncio mi voto a favor.
Además, he solicitado votación separada de los artículos que dicen relación con los trabajadores a honorarios. Voy a rechazar esas normas, pero voy a aprobar el resto del proyecto.
He dicho, señora Presidenta.
Muchas gracias.
(Aplausos y manifestaciones de apoyo en tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
Les solicitamos a nuestros visitantes en las tribunas que por favor no emitan opiniones ni a favor ni en contra.
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, tal como se ha señalado, en virtud de esta ley de reajuste al sector público no solamente se ha incorporado el aguinaldo para los pensionados, sino que también se está dando cumplimiento a algunos compromisos.
Como Presidente de la Comisión de Salud, en su momento pedimos que el per cápita llegase a 10.400 pesos, cuestión que, en virtud de esta ley de reajuste del sector público, finalmente se cumple y, por tanto, se comienza a dar dignidad en la atención de salud, particularmente la primaria.
También se resuelve otro de los temas que a nuestro juicio era importante, que es el de los sostenedores. De hecho, habíamos presentado una ley de carácter interpretativo respecto de aquellos sostenedores que se hubieran organizado como personas jurídicas sin fines de lucro con posterioridad al 30 de junio de 2017, para los plazos de adquisición de los inmuebles, cuestión que está resuelta en dos artículos, entre ellos, el 55.
Pero también he pedido votación separada de los artículos 74 y 75, porque creo claramente que la solución que se está dando hoy día contraría y precariza la relación de los trabajadores, particularmente del mundo municipal.
Efectivamente, el artículo 4° del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales faculta a los municipios para contratar personal a honorarios. Estos se conocen como "honorarios a suma alzada".
Pero hoy día, en la gran mayoría de los municipios del país, tenemos programas comunitarios en función de los cuales se contratan muchos trabajadores con relaciones laborales que tienen la apariencia de legal, pero que cuentan con una dificultad de carácter estructural, porque son trabajadores que realizan labores administrativas habituales y permanentes. No podemos pretender que, finalmente, los derechos de los trabajadores terminen siendo salvados a través de los fallos de los tribunales de justicia, los que han reconocido la antigüedad.
¿Y qué ocurre finalmente? Que los municipios terminan transando en los procesos judiciales respecto de la antigüedad de los trabajadores, en circunstancias de que terminan precarizados.
Este es un tema que tenemos que resolver porque, sin lugar a duda, acá se está contrariando y no se está dando cumplimiento al Estatuto Administrativo.
Del mismo modo, existe otra dificultad: muchos de esos trabajadores, además, tienen responsabilidad administrativa. Este es un tema, yo diría, de fondo.
Finalmente, se está poniendo en cuestión el dictamen E 173.171 N22, de la Contraloría General de la República, de 10 de enero de 2022, donde se reconoce la institución como de confianza legítima.
Hoy día, la solución dada en virtud de los artículos 74 y 75 precariza aún más la relación laboral de los trabajadores. Y, ciertamente, la autorización para que se contraten vía Código del Trabajo los precariza aún más. Primero, porque no reconoce la antigüedad, y segundo, porque sigue generando una situación de carácter precario respecto de estos trabajadores. Un escenario distinto, por ejemplo, sería llevarlos a contrata. En la actualidad están en una situación bastante vulnerable.
Por eso, nosotros solidarizamos con los trabajadores del mundo municipal, en términos de considerar los años de servicio del personal a honorarios; reconocer su derecho a vacaciones, como el de todos los trabajadores chilenos, y, por supuesto, establecer un mecanismo que se haga cargo íntegramente de la situación del personal a honorarios.
Yo pedí una fiscalización al Contralor General de la República respecto del cumplimiento en su momento del criterio 80-20 en los órganos del Estado. Y tenemos un problema, porque el Estado es el peor empleador de Chile. ¡El Estado es el peor empleador de Chile!
Finalmente, la subcontratación, la práctica de contratar trabajadores a honorarios, que tienen responsabilidad administrativa pero que no gozan del derecho a vacaciones, está precarizando a ese personal. Acá se tiene que avanzar en la modernización del Estado.
Conversé con la Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien me dijo: "Mire, esta es la mejor negociación posible, porque da un plazo de cuatro años". Creemos, sin lugar a dudas, valorando el trabajo de Carolina Leitao, que no se puede seguir precarizando, con un proceso de cuatro años de incertidumbre, a los trabajadores de los municipios de nuestro país.
Por ello, vuelvo a insistir en que tenemos que dar un paso decisivo en la modernización del Estado.
Hay un tema del cual poco se ha hablado: el acuerdo que habilita el nuevo proceso constitucional tuvo cinco acuerdos adicionales.
El primer acuerdo dice relación con proceder a un proceso de modernización del Estado. Los trabajadores públicos deben gozar efectivamente de los derechos y también de los deberes que tienen todos los trabajadores chilenos. Además, se rigen por un estatuto especial. El Estado, ciertamente, debe cumplir con ese marco de obligaciones legales y de dignificación del trabajo; por tanto, su modernización es absolutamente necesaria.
Reitero: el acuerdo que habilitó el camino para una nueva Constitución tiene entre sus acápites justamente avanzar en un proceso de modernización del Estado.
Otro punto dice relación con las agendas de seguridad; otro, con los temas de acompañamiento a las personas que lo están pasando mal por efecto de los procesos inflacionarios, quienes no alcanzan a llegar a fin de mes. Además, hay que ponerse en los zapatos y empatizar con aquellos que están en largas listas de espera: 2.027.000 chilenos; de los cuales, 370 mil están esperando intervención quirúrgica y un millón siguen esperando un procedimiento médico.
Eso también es parte del acuerdo. ¡También es parte del acuerdo que habilitó un nuevo proceso constitucional y que los presidentes de partido firmamos! Por tanto, esperamos que se cumpla la palabra empeñada.
Y también -insisto- se planteó una modificación del sistema político.
Por último, quiero decir lo siguiente respecto de los derechos de los trabajadores de los municipios de Chile: no se puede seguir precarizando su condición, y creo que la norma contenida en los artículos 74 y 75 la precariza. Por tanto, no solamente he pedido su votación separada, sino que voy a votar en contra de estos artículos.
He dicho, señor Presidenta.
(Aplausos en tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra...

La señora PROVOSTE.- Presidenta, ¡reglamento!

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- ¡Ah! Reglamento.
Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Hay varios que tenemos Comisiones; en mi caso, tengo que ir a presidir la de Educación.
¿Se puede abrir la votación en general?

El señor CHAHUÁN.- Hay votaciones separadas.

La señora PROVOSTE.- Pero estoy hablando de la votación en general.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Vamos a esperar un rato más antes de abrirla.

La señora PROVOSTE.- Lo que pedimos es que...

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Avisaremos.
No vamos a abrir la votación sin antes avisar en todas las Comisiones.

La señora PROVOSTE.- Se agradece.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador Rojo Edwards.

El señor EDWARDS.- Gracias, Presidenta.
Tengo una visión distinta, porque nos acercamos a completar una década prácticamente perdida en términos económicos. Desde el 2015, cuando se aprobaron la reforma tributaria, educacional y laboral, el crecimiento per cápita se estancó; los salarios reales se han mantenido, pero el efecto es que han ido bajando; la desigualdad, después de décadas de algunas mejoras, que no han sido suficientes, se estancó también. De hecho, el 2014 estuvimos a punto de terminar con los campamentos y el déficit de viviendas en Chile, pero hoy día vivimos una verdadera crisis habitacional.
El Banco Central, en sus predicciones, cree que la situación se viene bastante mal: un crecimiento potencial de 2,2 por ciento (cercano al crecimiento de la población); una inversión que se desploma; hacia el 2025 proyectos por un tercio de lo que tenemos hoy día, que ya es bastante bajo.
Hoy día el Gobierno nos pide que aprobemos una reforma tributaria y gastos que, creo yo, no van en la línea de que la próxima década no sea otra década perdida en términos económicos, como la que estamos terminando.
En poco tiempo, cuando se empiecen a sentir los ajustes económicos, probablemente va a venir la presión por los retiros, y la inflación va a seguir muy alta.
Según la Cepal, Presidenta, Chile se va a contraer en su economía más de 1 por ciento el próximo año, y ni siquiera le vamos a ganar a Haití. Todos los países de la región van a crecer más que nosotros, según lo que entiendo.
Pero, más allá del problema económico que vivimos en términos macro y considerando los casi 4 billones de dólares -o tres coma algo- que cuesta este proyecto para 2023, me hago la siguiente pregunta: ¿es justo que subamos los sueldos en un 12 por ciento y no en el 7,6 o 10,6 que planteaba el Gobierno en su presentación, de acuerdo a los criterios históricos o al reajuste normal que pudo aplicarse? La pregunta es si está bien o si es justo subir en 12 por ciento los salarios a quienes estamos en el Estado.
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, el sueldo promedio de la población en Chile es de 680 mil pesos; el ingreso mediano es de 458 mil, o sea, el 50 por ciento de quienes trabajan ganan menos de 458 mil pesos. Quienes trabajan en el Estado, según el INE, tienen un ingreso medio de 964 mil pesos; pero, al agregar algunos bonos adicionales, según el ex Presidente de Alta Dirección Pública, esos ingresos suben hasta alrededor de 1 millón 600 mil pesos, lo cual se aproxima a tres veces las remuneraciones promedio de los trabajadores del sector privado.
Y comparando con igual tipo de cargo, los estudios indican que se paga entre 32 y 40 por ciento de sueldo adicional para similar trabajo en el sector público. Y sin mencionar que los trabajadores del sector privado, que ya ganan bastante menos, son los que se quedan sin trabajo cuando hay crisis: pueden ser despedidos con mayor facilidad, sus empresas quiebran o sus clientes simplemente pueden reemplazarlos.
En definitiva, estoy viendo que con los impuestos pagados por trabajadores del sector privado se paga a un grupo que gana casi tres veces más que quienes lo están solventando. Eso no significa que no existan injusticias dentro del sector público, sin duda.
Pero esos mismos trabajadores del sector privado probablemente van a ver reducido su poder de compra el próximo año, y van a tener que financiar a la vez un aumento del 12 por ciento, con un incremento real bastante fuerte, porque esto está calculado por sobre la inflación esperada.
Además, el Gobierno extendió, en un acuerdo escalonado entre agosto y diciembre, el 12 por ciento de aumento también para quienes ganan 5, 6, 10 y hasta 18 millones de pesos mensuales en el Estado.
Pero también resulta interesante haber escuchado al Ministro de Hacienda en estos días. Él se opone a aplazar la entrada en vigencia del pago del 19 por ciento de los servicios de profesionales del sector privado. La mayoría de ellos gana mucho menos que muchas de las personas que trabajan en el Estado. O sea, va a haber un 12 por ciento positivo para profesionales del sector público y un pago de 19 por ciento de impuesto adicional para los profesionales del sector privado.
Me encantaría, Presidente, sinceramente, que todos los sueldos subieran, pero estamos creando dos verdaderas castas: trabajadores clase B, que son los del sector privado, y trabajadores con ciertos beneficios, a los cuales el sector privado simplemente no accede.
Yo pensaba que, para el Ministro de Hacienda y para el Presidente, la idea de igualdad y justicia social tenía un sentido profundo, pero no la estoy viendo en las reformas que se están implementando.
El Presidente Boric, además, habló de responsabilidad fiscal. Yo quiero decir que, si seguimos gastando más de lo que podemos y aplicando malas políticas públicas, probablemente en el mediano plazo (tres, cinco, siete años) tendremos que asumir un ajuste que será tremendamente doloroso para los chilenos. Creo que están bastante lejos los años de un manejo responsable de las finanzas públicas.
Presidente, a mí me encantaría poder aprobar esto, y ojalá mucho más, pero pienso que está fuera del alcance a lo que hoy día el Estado debiese estar disponible, especialmente para un Ministro de Hacienda que generalmente dice que no hay recursos y por eso quiere hacer una reforma tributaria, la cual probablemente va a hacer que Chile siga estancado, como lo ha estado en los últimos años en que los salarios siguen bajando.
Personalmente, queriendo votar a favor y ojalá mucho más, no lo voy a hacer, porque siento que es la votación responsable, aunque difícil políticamente.
Voy a votar rechazo.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidenta.
Quiero presumir de la seriedad y responsabilidad del señor Ministro de Hacienda. Creo que, de algún modo, en el Gobierno constituye un bálsamo de esperanza de que las cosas se van a hacer bien, por la seriedad con la cual se proyecta.
Aprovecho de saludar al Ministro Marcel, a la Ministra del Trabajo y a la gente que los acompaña.
En esta materia hay que partir de una premisa cuando hablamos de remuneraciones y funcionarios públicos: el Estado es el peor empleador cuando se trata de la aplicación o el cumplimiento de las normas en materia del trabajo.
La normativa señala que en la estructura funcionaria solamente puede existir un 20 por ciento de la dotación total en condición de contrata y un 10 por ciento en condición de honorarios. Un ejemplo: en el SAG de la Región de Aysén, el 90 por ciento de los funcionarios está en calidad de contrata y honorarios, con lo cual el Estado contraviene todas las normas e, incluso, las instrucciones de la propia Contraloría que se han dictaminado sobre este particular, las cuales no se cumplen. Y esto no es de ahora, es de toda la vida, ¡de toda la vida!
En el caso de los funcionarios municipales -y conozco este tema porque durante muchos años fui alcalde en tres comunas de la región más linda de Chile, lo que evidentemente me comprometen en todo y profundo sentido-, el 57 por ciento del total de los funcionarios de los municipios está a honorarios. ¡El 57 por ciento! Me dicen la cifra: poquito menos de 69 mil personas; a contrata: 18.500. O sea, estamos hablando de una condición superprecaria en materia de situación contractual.
La Contraloría General de la República, haciéndose eco de esta realidad -hubiésemos querido que esto aconteciera hace muchos años-, dispuso a través de un dictamen de enero del presente año que, a partir de 2023, se prohíben los contratos a honorarios por parte de los municipios y por parte del Estado, en general.
En ese contexto, evidentemente, se generan algunas situaciones que es necesario tener presente.
Hablaba hoy día en la mañana con el Presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, Marcelo Santana, y también con asesores de la Asociación Chilena de Municipalidades, a quienes pregunté por esta diversidad de situaciones.
La condición a honorarios, estimados amigos y amigas, es la más inestable en la estructura de funcionarios, a pesar de que muchos de ellos prestan servicios hace muchos años, y uno los conoce porque compartió con ellos. Todos los años la incertidumbre de que no les renueven el contrato a fin de año es una situación que está presente permanentemente; más todavía en el caso de los municipios, porque a veces cambian la autoridad y la que asume cree que tiene que empezar todo de nuevo y despide a una cantidad impresionante de personas. Se genera esta inestabilidad, particularmente, en los servicios en los cuales las autoridades son electas. Me refiero hoy día a los alcaldes, a los gobernadores regionales y también al Gobierno, por cierto.
Hay un análisis de la Universidad Andrés Bello, en el área de políticas públicas, sobre los costos que tendría el traspaso a contrata de los trabajadores a honorarios. La UNAB señala que, en el caso de los municipios, ese costo sería un monto cercano a los 14 mil millones de pesos, y para resolver el problema de todos los demás funcionarios en esa condición, habla de un costo para el Estado de 330 mil millones de pesos.
La Universidad Andrés Bello proyecta esos costos respecto del traspaso de honorarios a contrata para el Estado. Me gustaría saber si esto es real, y si fuese así en el caso de los municipios -ámbito que en lo particular me interesa-, quisiera saber cómo se resuelve ese déficit.
Lo segundo, se ha hablado mucho de la situación de inestabilidad.
Perdónenme, funcionarios -los aprecio de todas maneras y con muchos he compartido a lo largo de tantos años en el mundo municipal-, por el planteamiento que haré. Aquí se plantea pasar al personal a honorarios, con la situación de precariedad que genera esa condición, a un contrato de Código del Trabajo. Probablemente no sea la mejor solución. Todos los funcionarios probablemente hubiesen querido regirse por el Estatuto Administrativo o por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Ese era el anhelo que tenían todos. Pues bien, lo propuesto, no siendo la solución ideal, es un paso en la dirección correcta de darles seguridad y estabilidad a esos funcionarios.
La única duda que queda es que, al ser funcionarios regidos por el Código de Trabajo, pierden una serie de beneficios que, evidentemente, habrá que regular y establecer. La propia Contraloría señala algunos riesgos respecto de los trabajadores a honorarios: "Por ello, no les asiste necesariamente el derecho a feriado, a permisos, a gozar de licencias médicas, ni a percibir sus remuneraciones durante su vigencia, protección que sí poseen los funcionarios públicos". O sea, hay muchas disparidades que se deben resolver.
¿Es lo ideal? Sinceramente, creo que no.
Pasaba lo mismo con las funcionarias VTF, que tenían una condición totalmente distinta de la que gozaban las que se regían por el estatuto de la Junji, pese a que realizaban las mismas labores. Y ahí se rompía el principio básico de que, a funciones similares, remuneraciones iguales. Efectivamente, funcionarias de jardines infantiles VTF ganaban menos que las de otros jardines infantiles, que además tenían todo un marco regulatorio de protección, normas y otras tantas cosas, todo lo cual evidentemente genera esa diferencia que no debiera existir.
Yo creo que ahí está el espíritu.
Quiero interpretar a la Contraloría para entender por qué se genera esta situación. Es más, dicho órgano señala que todos los funcionarios a honorarios, cuando se les pone término a su contrato, suelen recurrir a los tribunales de justicia, no a la Contraloría, como lo hacen normalmente los funcionarios de la Administración Pública. Y en los tribunales, ¿qué ocurría? Les reconocían una serie de cosas y había que reincorporar a muchos. Precisamente esa era la inestabilidad.
Estimados funcionarios, amigos, sinceramente les digo que, entre tener a un funcionario a honorarios, con la condición de precariedad que implica, a tener a un funcionario con contrato de trabajo, insisto, si bien no es lo ideal, creo que es un paso adelante en la protección de esos miles de trabajadores. En el mundo municipal, más de la mitad de los funcionarios está en condición a honorarios.
Por lo tanto, espero que esto se pueda corregir.
Yo sé que hay una escala en materia de reajuste, que se corrigieron los valores y que se van a compensar en el mes de agosto y en los años venideros. Por lo tanto, no van a perder el poder adquisitivo. Eso me parece bien.
Ojalá el día de mañana, Ministro, Ministra, avancemos más en el perfeccionamiento de lo que significa la estructura funcionaria, para que se corrijan los problemas de estabilidad, de condiciones, de remuneración o, incluso, de igualdad. Uno siempre reconocía a profesionales que ejercían la misma labor, por ejemplo, de desarrollo comunitario, como un asistente social en la gobernación versus otro en la municipalidad: las escalas no tienen nada que ver, ¡la escala municipal y la escala única de remuneraciones no tienen nada nada que ver! Hablamos de personas que cumplen las mismas funciones, pero cada uno tiene niveles de remuneración distintos.
Por eso, no aplaudiendo lo propuesto, sinceramente creo que es un pequeño paso hacia delante. Entre tener a un funcionario a honorarios, con toda la inestabilidad que eso significa, a tener a un funcionario con un contrato por Código del Trabajo, no siendo lo ideal, considero que es un paso adelante para darle un marco regulatorio distinto y una protección diferente.
Espero, sinceramente, que esos 69 mil funcionarios del mundo municipal puedan pasar a una mejor condición.
Muchas gracias, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Pido el acuerdo de la Sala para prorrogar la sesión hasta el total despacho de este proyecto.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Queremos saludar a los dirigentes de la Confedeprús, presentes en las tribunas, en nombre de la Senadora Isabel Allende, quien los ha invitado.
Solicito ahora la autorización para abrir la votación en general.
¿Habría acuerdo para ello?
No olvidemos que hay varias solicitudes de votación separada.

La señora PASCUAL.- Manteniendo el tiempo de las intervenciones.

El señor ELIZALDE (Presidente).- La Senadora Pascual da el acuerdo manteniendo los tiempos de intervención.
Entonces, se abre la votación en general.
(Durante la votación).
Tiene la palabra el Senador José García.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, Presidente.
En primer lugar, quisiera referirme al reajuste diferenciado del 12 por ciento para las rentas de hasta 2 millones 200 mil pesos brutos mensuales y al reajuste parejo de 264 mil pesos para las rentas superiores a ese monto.
Tuvimos la oportunidad en la Comisión de Hacienda de escuchar a muchos gremios, a muchos representantes de trabajadores del sector público que manifestaron su disconformidad con este reajuste, lo que no es primera vez que ocurre...
(Rumores en la Sala).

El señor ELIZALDE (Presidente).- Les pido guardar silencio a los Senadores que están hablando.
Senador García, puede continuar.

El señor GARCÍA.- Decía que aquello no es primera vez que sucede: también ha pasado en ocasiones anteriores, lo cual ha significado en muchos casos que se topen los grados, incluso que grados inferiores terminen con una renta mayor al grado inmediatamente superior.
Por eso, habiéndoles planteado esta situación al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo, a la Directora de Presupuestos, a la Subsecretaria General de la Presidencia, creo que el protocolo que finalmente se acordó, el cual señala que esta materia se va a resolver en el sentido de que por lo menos a diciembre de 2023 todos van a alcanzar el reajuste del 12 por ciento, cualquiera que sea el nivel de renta, es un avance significativo en cuanto a garantizar el respeto por las respectivas escalas de remuneraciones.
Naturalmente cada vez que se llega a este tipo de acuerdos no se logra todo lo que uno quiere; pero creo que el principio de respetar las escalas de remuneraciones finalmente es un buen paso en la dirección correcta.
Ciertamente, este proyecto de ley de reajuste abarca una enorme cantidad de materias, muy distintas; es realmente misceláneo, porque muchas de ellas no tienen que ver con reajuste.
Por lo tanto, me voy a referir brevemente a las cuestiones que generaron más dudas, más inquietudes, e incluso opiniones diversas en la discusión de la Comisión de Hacienda.
Por supuesto quiero hacer mención de la situación de los trabajadores a honorarios de las municipalidades, materia que se regula en los artículos 74 y 75 del proyecto de ley de reajuste.
Me siento interpretado por las palabras del Senador Sandoval sobre la situación de precariedad en que han estado estos trabajadores a honorarios por años, ¡por años!, así como también lo estuvieron en la administración central del Estado, cuestión que hemos ido resolviendo poco a poco con funcionarias y funcionarios que se han incorporado a contrata a través de las correspondientes leyes de presupuestos. Bueno, pero nunca hicimos eso con los trabajadores municipales, y hemos mantenido a personas que trabajan para el Estado, para el primer órgano de comunicación que este tiene con la ciudadanía, los municipios, en las peores condiciones: sin derecho a feriado, sin derecho a sus cotizaciones previsionales, sin derechos laborales.
Por eso coincido con el Senador Sandoval en que hay que permitir entregarles a los municipios la facultad para que paulatinamente, gradualmente puedan abordar esto a través del Código del Trabajo, lo que probablemente no sea la solución ideal, pero es una solución: ¡es una solución!
Por ello, nosotros tenemos que seguir perfeccionando la normativa. Ojalá pudiéramos reconocerles el tiempo que han trabajado, los años de servicio; eso sería de plena justicia. Es, por lo demás, lo que han hecho reiteradamente los tribunales de justicia cada vez que un trabajador a honorarios ha sido despedido: les han reconocido todos los derechos inherentes a la protección que establece el Código del Trabajo.
Entonces, creo que es una manera concreta de avanzar. Pero no podemos mantener la situación de seguir contratando trabajadores a honorarios cuando están cumpliendo tareas permanentes, cuando están cumpliendo funciones fundamentales para la ciudadanía, pues son servicios comunitarios.
Por lo tanto, tenemos que corregir aquello. Creo que esta ley de reajuste, más los dictámenes de la Contraloría General de la República nos llevan a tener que asumir este asunto con toda dedicación y tomando una definición al respecto.
También quiero referirme al per cápita de salud.
Presidente, debemos seguir revisando esta materia. Porque miren ustedes lo que sucede: una parte del per cápita de salud se reajusta mediante la Ley de Presupuestos del Sector Público y otra mediante el proyecto de ley de reajuste, pero no sabemos si la suma de ambas, Ley de Presupuestos y ley de reajuste, permite que efectivamente los municipios financien la atención primaria de salud.
Qué nos dicen a nosotros la mayoría de los alcaldes: que tienen enormes déficits, que deben hacer una enorme cantidad de traspasos...
(Rumores en la Sala).

El señor ELIZALDE (Presidente).- ¡Silencio, por favor!
Adelante, Senador García.

El señor GARCÍA.- ... de recursos municipales a la atención primaria de salud.
Ahora mismo, Presidente, cuando estamos señalado que hay que hacerse cargo de la situación de precariedad de los trabajadores a honorarios de las municipalidades y alguien dice "¡Pero es mucha plata; los municipios no van a tener plata para hacerlo!", bueno, ¡mayor razón para que abordemos el problema en su integridad!
Si la atención primaria de salud está significando grandes déficits para los municipios, mayor razón para que resolvamos esto con un estudio serio. ¿Cuánto es realmente el per cápita que se necesita para asegurar el financiamiento de la atención primaria, para no disminuir las prestaciones, para que realmente esté presente en todos los hogares del país, porque es la puerta de entrada al sistema público de salud?
Debemos hacernos cargo de esas preguntas, debemos corregir, debemos enfrentar esas dificultades y de una vez por todas encontrar soluciones definitivas. No más soluciones parche, sino definitivas, porque eso es lo que finalmente demanda la ciudadanía.
Yo, naturalmente, voto a favor la idea de legislar respecto de este proyecto, pues considero que ha habido avances importantes.
También valoro que el proyecto de reajuste haya venido con acuerdo de las organizaciones sindicales de la mesa del sector público. Creo que eso facilita mucho las cosas.
Reitero mi pronunciamiento favorable a la idea de legislar.
Gracias, Presidente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Para claridad de Sus Señorías, el proyecto se está votando en general.
Con posterioridad se verán las normas respecto de las cuales se solicitó votación separada o se realizaron indicaciones, que son los artículos 74, 75, 76 y 77.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
Quiero partir señalando que, efectivamente, estoy de acuerdo con todos aquellos que han expresado acá que debe ser resuelta esta situación de precariedad, de exceso de contrataciones a honorarios y también a contrata en los distintos municipios.
Pero creo que para buscar una solución justa hay que ir, asimismo, al origen del problema.
Y aquí hay responsabilidades no solamente de este y los Gobiernos anteriores, que no han legislado -en este caso, a través de una propuesta del Ejecutivo, porque esta es una materia de su iniciativa exclusiva-, al igual que nosotros, para superar este problema.
Es, además, responsabilidad del Congreso, donde constantemente legislamos para entregarles más y nuevas atribuciones a los municipios sin respetar el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que cada vez que se les otorguen más atribuciones a los municipios se tiene que decir de dónde viene la fuente de financiamiento. Porque ha pasado que hemos llenado de atribuciones a las municipalidades, lo que me parece bien, pero con los mismos presupuestos.
Y, en tercer lugar, aquí también hay una gran responsabilidad del Contralor General de la República.
El Contralor General es en parte el responsable de haber aceptado todos los contratos a honorarios que tienen hoy día en precariedad a muchos funcionarios. No contento con eso, también hace unos años, no en esta gestión sino en la anterior, para poder registrar los contratos a honorarios, que según señala el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales deben ser para tareas específicas y sin subordinación y dependencia, la Contraloría empezó a exigirles a los municipios que señalaran en ellos subordinación y dependencia, así como cumplimiento de horario, lo cual los convirtió en contratos de trabajo.
Ahora, a comienzos de este año, emite dictámenes que dan a conocer una realidad de la que él también es responsable. Y en vez de solicitarles al Ejecutivo y al Parlamento que busquen una solución y legislen al respecto, él lo hace a través de sus dictámenes. El Contralor tiene la fiscalización de la legalidad de los actos administrativos; pero él emitió estos dictámenes basándose -así lo señala textualmente- en el principio de realidad. Podemos estar de acuerdo en que hay que solucionar el problema; pero no es él quien debe hacer esto sobre la base de dictámenes. El Contralor no tiene facultad para legislar; y, conforme al artículo 7º de nuestra Constitución, esos dictámenes adolecen de nulidad absoluta.
Por lo tanto, a mí me gustaría, primero, que el Contralor entendiera que no tiene la facultad de legislar.
Dicho lo anterior, cabe señalar que el Ejecutivo, frente a estos dictámenes, se vio en la obligación de hallar fórmulas; por lo tanto, los ratifica y de alguna manera busca la forma de cumplirlos en la Ley de Presupuestos, respecto de los servidores públicos que no son municipales, estableciendo recursos y un plazo para que sean traspasados a contrata.
El Protocolo de Acuerdo de la Ley de Presupuestos, en el punto VII, número 1, señala que el traspaso de los funcionarios municipales se va a solucionar en la ley de reajuste en similares condiciones. "Similares condiciones" sería que hoy día estuviéramos aprobando que pasaran, no al Código del Trabajo, sino a contrata. ¿Pero aquí qué se está acordando? Que pasen al Código del Trabajo. ¡Y para ello se están modificando leyes permanentes!
Esta es una ley miscelánea, está bien; pero no abusemos de ello.
Yo recuerdo una ley de presupuestos de hace un par de años en que solo la Senadora Rincón y yo votamos en contra porque se modificaba la Ley Orgánica de la Contraloría para solucionar el problema de la entonces Subcontralora y la posibilidad de que el Contralor no pudiera prescindir de sus servicios... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
No podemos modificar leyes permanentes a través de la ley de reajuste; no es correcto, no es una buena política, no es una buena técnica legislativa.
Además, estamos traspasando a estos funcionarios al Código del Trabajo en circunstancias de que el Estatuto lo prohíbe, excepto que se trate de actividades transitorias en municipalidades que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos; de miembros de la corporación, y si no me equivoco, del doctor que se desempeñe en el gabinete sicotécnico de la dirección de tránsito. Estos son los únicos casos en que los municipios pueden contratar por Código del Trabajo.
Entonces, hoy día se busca esta solución. Vamos a tener otra categoría y más discriminaciones internas; no se resuelve el problema.
Se establece que pasan a ser trabajadores regidos por el Código del Trabajo, pero se les limitan también ciertos derechos, porque si el día de mañana son despedidos, quedan con una inhabilidad, salvo que devuelvan toda la plata, para volver a trabajar en la municipalidad.
Nuevamente se está castigando a estos trabajadores.
Vamos a tener funcionarios municipales sujetos al Estatuto Administrativo y funcionarios municipales sujetos al Código del Trabajo en condiciones distintas; con normas, obligaciones y deberes diferentes.
Esta no es la forma correcta de resolver el problema.
Presidente, le pido el último minuto y termino.
Por esta razón, solicité votación separada solo de dos artículos, para intentar que quede vigente el que levanta -si mal no recuerdo es el artículo 77- la inhabilidad de sobrepasar los porcentajes de contrata y honorarios, porque me parece una mejor solución, no así el que pasen a Código del Trabajo, además de que con eso estamos incumpliendo el Protocolo de la Ley de Presupuestos.
Finalmente, también presenté una indicación que voy a retirar, pues pido agregar unas cuestiones que sé que son materia de ley orgánica. ¿Y por qué la presenté? Para demostrar que estamos haciendo mal las cosas. Porque aquí, para proceder bien, habría que cambiar la ley orgánica; pero como no podemos hacer eso, estamos modificando otras normas y creando otras maneras de solucionar este problema que no están de acuerdo con la legalidad vigente y en que lo único que conseguimos es aumentar la desigualdad y la discriminación de los funcionarios municipales, que además históricamente ha sido la planta pública con más bajas remuneraciones si uno la compara con otras plantas públicas.
Presidente, de verdad creo que esta no es la forma de solucionar las cosas.
Gracias.
He dicho.
(Aplausos en tribunas).

El señor ELIZALDE (Presidente).- Tenemos a diez Senadores inscritos y la Cámara nos espera por una hora más, como máximo. Entonces, les pido, de ser posible, acortar las intervenciones.
¿Podríamos acordar, ya que se abrió la votación, reducirlas a cinco minutos, para que podamos enviar el proyecto a la Cámara de Diputados?
¿Habría acuerdo?
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Por consiguiente, se aplica el tiempo de las votaciones.
Tiene la palabra el Senador Gastón Saavedra.

El señor SAAVEDRA.- Gracias, Presidente.
Esta ley anualmente siempre busca resolver problemas que son endémicos en cuanto a las relaciones laborales en el Estado, y no los hemos solucionado.
La crisis principal tiene que ver con los trabajadores a honorarios, porque este invento sobre la manera en que se relacionan con el Estado a través de la prestación de servicios, esa forma jurídica, evidentemente es discriminatoria y lesiva desde el punto de vista de los derechos. ¡Claramente!
Pero es más complejo aún para el caso de los municipios. Y allí tenemos una dificultad, la que es mayor por cuanto cada una de las 345 municipalidades del país tiene una realidad particular, que se vincula con su ley propia, con su planta propia, y, por lo tanto, se hace difícil la uniformidad respecto de la relación laboral. Es indudable que en el Estado, y particularmente en los municipios, se necesita modernizar las relaciones laborales.
No podemos seguir en el camino que estamos. El próximo año, si no resolvemos este asunto, vamos a volver a caer en la misma situación, más con el dictamen del Contralor, que evidentemente merma las posibilidades de mantención de la situación en que están en la actualidad los trabajadores a honorarios de los municipios.
Frente a ello hay que buscar una salida. De ahí que lo regulado en los artículos 74, 75, 76 y 77 del proyecto de ley habla de eso.
Entonces, tenemos que buscar una salida.
Pero, al mismo tiempo, debemos solicitarle al Gobierno -por su intermedio, Presidente-, tanto al Ministro de Hacienda, aquí presente, como a la Ministra del Trabajo, quien estaba por acá, que se abran a la posibilidad, una vez despachada esta iniciativa de ley, de establecer una fórmula de trabajo conjunta entre los trabajadores a honorarios y la búsqueda de una solución definitiva para este problema. No podemos mantenerlo en el tiempo.
En este escenario, en la búsqueda de una solución, yo solicito que en el párrafo segundo del artículo 74 se incorpore a los criterios que se han fijado la idea de la solución de continuidad.
Creo que hay que ir robusteciendo los derechos de los trabajadores, su protección a partir de los proyectos de ley que nosotros aprobamos.
Si efectivamente queremos avanzar en mejoras sustantivas en las relaciones laborales en el aparato público, tenemos que entender que la demanda histórica de los trabajadores ha sido la estabilidad en el empleo. Y ellos no solamente la piden por ley, sino que además hay esfuerzos personales -me consta- por cualificarse para poder prestar en mejor condición servicios a la comunidad, y eso también tenemos que valorarlo.
De ahí que reitero mi solicitud, porque, si no, tendremos que hacer votación separada de los artículos 74 y 75, y si hay una mayoría para rechazarlos, se van a rechazar; pero si no es así, y se puede corregir el problema, y nos abrimos a eso en lo que queda de la votación en particular, siento que estamos a tiempo para evitar situaciones de conflicto y de crisis en el sector municipal.
Lo último, respecto de lo que es el proyecto en sí, esta es la negociación colectiva más grande que el país efectúa. Efectivamente, alcanza a 815 mil trabajadores. No hay duda de eso. Pero, al mismo tiempo, debe de ser la negociación colectiva que se acerca más a la justicia social, porque permite que se aumenten los salarios en virtud de lo que pasó con el IPC. Es cierto que esta vez se llega al 12 por ciento, y, por lo tanto, eso tenemos que valorarlo.
No soy de aquellos que pretenden hacer pagar la crisis económica a los trabajadores y sus familias. Los que pertenecemos a la bancada del Partido Socialista estamos porque haya justicia social, porque se respeten las organizaciones sindicales, porque sus demandas sea recogidas en el tiempo, hasta que haya una protección plena de los trabajadores.
Por lo tanto, es justo lo que aquí se da.
Lo otro es que también hay que evitar ampliar las brechas socioeconómicas en el sector público, porque no puede ser que aquellos trabajadores que ganan 2 millones 200 mil tengan el 12 por ciento, que significa aproximadamente 250 mil mensuales, y también otros que ganan más que eso, porque, si se les aplica ese porcentaje, la brecha va a ser mucho más grande.
Eso no lo podemos legislar nosotros, porque estaríamos legislando desigualdad social. Estamos aquí para legislar por la justicia social, por la igualdad, por acortar las brechas socioeconómicas.
Insisto: voy a votar a favor. Y le pido al Gobierno abrirse a resolver el problema de los honorarios municipales, que viven una situación muy compleja, de inestabilidad, al final del año.
Y reitero, Ministro y Ministra: debemos abrirnos a esto para corregir la situación y buscar una salida honrosa para aquellos trabajadores que están hoy día en condiciones difíciles.
He dicho, Presidente.
(Aplausos en tribunas).

El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.- Gracias, Presidente.
Quisiera comenzar mi intervención saludando, desde luego, a quienes nos acompañan en las tribunas. Sé que han estado muy pendientes, durante muchas semanas, de este acuerdo y de lo que vamos a votar en este momento, que es el proyecto de ley de reajuste del sector público.
También quiero valorar -y saludo la presencia del Ministro de Hacienda, la Ministra del Trabajo, la Subsecretaria- que se ha hecho un buen trabajo. Creo que el diálogo que se ha abierto, la disposición a conversar y el acuerdo a que se llega con 14 de las 16 principales organizaciones, hablan por sí mismos.
Pero no es lo único. El que se dejen mesas abiertas de diálogo para abordar temas que obviamente preocupan, que tienen que ver con equidad de género, con trabajo decente, con incentivo al retiro voluntario, con trabajo telemático, con riesgos en la seguridad del trabajo; u otras cosas que son extremadamente relevantes, como la salud mental, en fin, la seguridad, habla también de un Gobierno que tiene la disposición de conversar con las organizaciones de los trabajadores.
Bienvenidos los trabajadores organizados, porque es la mejor forma en que una sociedad puede funcionar: a través de sus gremios, de sus organizaciones.
Por cierto, como aquí se ha dicho, este reajuste de 12 por ciento para aquellos que ganen menos de 2 millones 200 mil, y de 260 mil fijos para el tramo superior, con un anexo que han explicado muy bien el Ministro y quienes han intervenido, de cómo se irá reajustando, también se hace en un contexto bien difícil. Todos sabemos que este es un año duro. Y el próximo semestre o trimestre del año que viene lo va a ser aún más: bajo crecimiento, o menos crecimiento, alta inflación.
Aprovecho también de señalar en esta Sala, tanto a la Ministra del Trabajo como al Ministro de Hacienda, la enorme preocupación que tenemos por los sectores más vulnerables, que hoy día ven la imposibilidad de completar la canasta básica de alimentos. Por primera vez podemos decir que no está garantizada la seguridad alimentaria de una parte importante de nuestra población; podemos decir que la gente está sufriendo enormemente con la inflación y los productos que suben día a día; inflación que tiene, por supuesto, causas internas y externas, como sabemos. Y no podemos seguir permitiendo ese enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda, así como la merma para los trabajadores que implica, desequilibrio que han provocado, entre otras cosas, los retiros.
Lo que quiero, entonces, es destacar que el contexto no ha sido fácil. Por eso, yo celebro este acuerdo. Creo que ha sido muy potente el diálogo, como decía, para buscar entre todos las mejores condiciones.
Ahora, este país tiene que enfrentar de una vez por todas las enormes desigualdades salariales que existen; no podemos seguir ignorándolas, como tampoco las bajas remuneraciones. No hablemos solo del sector público; también del sector privado. Realmente, es impactante la cifra, si uno ve el salario promedio de nuestro país.
Claro, eso tiene una serie de otras derivadas. Entre otras cosas, el sistema que hemos heredado de los famosos fondos de pensiones. Porque, para qué decir, cuando llega la hora de jubilar, el drama que se nos crea.
Tenemos que valorar este reajuste. Por eso lo vamos a apoyar. Por supuesto que nos parece bien.
Es cierto: este es un mecanismo para que en diciembre del 2023 quede de alguna manera nivelado y podamos el próximo año abordar este tema de una forma más racional. Espero que no sigamos con estos enormes desajustes, porque nos hacen mal y realmente no hablan bien de un país que es incapaz de tener una condición mucho más razonable en materia de remuneraciones, de beneficios de los trabajadores.
Por cierto, destaco todos los otros aspectos: los aguinaldos de Fiestas Patrias y muchas otras cosas.
Aquí se habló de algo muy importante, que es cómo tener política y financiamiento para recuperar alumnos que han abandonado las escuelas, lo que es extremadamente preocupante, ¡extremadamente preocupante! No solo están los niños que no tuvieron clases presenciales, que no aprendieron, sino que, además, aquellos que han abandonado el colegio, y tenemos que recuperarlos.
Pero no puedo terminar sin dejar de señalar algo que aquí se ha dicho ampliamente.
Le solicito al Gobierno -por su intermedio, Presidenta-, al Ministro que nos está escuchando, a las Ministras, que podamos hacer a lo menos una indicación que diga que, en el caso de los trabajadores, que de acuerdo al dictamen... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se reactiva por indicación de la Mesa)... al Código del Trabajo, a lo menos haya una solución de continuidad para ellos. Es extremadamente injusto que no busquemos una solución y nos obliguen a votar separadamente en contra, porque entendemos su preocupación.
Sabemos que no es lo mismo este vicio que tenemos de contratar a honorarios y hacerlos trabajar por años, en el mismo trabajo, con las mismas responsabilidades, en circunstancias de que es evidente que no corresponden a la categoría de honorarios. ¡Ya llegó la hora de una solución!
Esperemos, entonces, que esa solución venga de una vez por todas. Será gradualmente, pero tenemos que hacerlo.
No podemos sino ponernos en el lugar de estos gremios que nos han hecho ver con toda razón que para ellos es extremadamente complejo, porque no tienen una solución de continuidad; no hay reconocimiento, entonces, de su trabajo; están en una condición de vulnerabilidad, pendientes de si los van a contratar o no, sin saber a cuántos van a contratar, y no damos a los municipios los recursos para poder hacerlo.
Por eso, espero que haya una solución, Presidenta, porque es algo que todos estos gremios, que hoy día están escuchando ansiosamente, esperan.
Así que vamos a votar, por supuesto, a favor.
Valoramos las conversaciones, el diálogo, el avance, pero también queremos una solución para los gremios que hoy día están extremadamente inquietos por todo este traspaso al Código del Trabajo de los trabajadores municipales.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Iván Flores.

El señor FLORES.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero saludar a la Ministra y el Ministro presentes, así como a los Subsecretarios, y a los trabajadores que se encuentran en las tribunas.
Señora Presidenta, tal como ocurrió en la Ley de Presupuestos, donde ajustamos una serie de necesidades que eran evidentes -por ejemplo, el aumento del per cápita, el mayor presupuesto para seguridad-, creo que ha habido un buen esfuerzo financiero del Estado para responder a las necesidades de los funcionarios públicos, dado el mayor costo de la vida. Por eso, se firmó un buen protocolo con los principales gremios, incluyendo a nuestra ANEF.
Sin embargo, sigue apareciendo, por distintas razones o circunstancias, el fantasma o más bien la dura realidad de los trabajadores públicos a honorarios, incluso a contrata, que no están, evidentemente, en la planta y que no solo carecen de estabilidad laboral, sino que además tienen una vida que se ha hecho precaria. Si no, preguntémosles a los prodesales, a los PDTI o a los funcionarios que salvaron muchas vidas cuando fueron adicionados a los servicios de salud, que han venido siendo despedidos y que todavía viven una incertidumbre gigantesca antes del 31 de diciembre.
En este contexto, claro que ha sido un problema constante, que ha venido generando un acostumbramiento, porque no se han tomado las decisiones políticas de buscar un acuerdo nacional para resolver la planta permanente del sector público y, con ello, asegurar la mayor efectividad de los tres poderes del Estado. Porque sus trabajadoras y trabajadores podrían tener más certeza y hacer carrera funcionaria. Y esto no se da con los funcionarios a honorarios, incluso con algunas contratas.
Todos los problemas de fondo, que son estructurales, los venimos arreglando desde hace años a través o de la Ley de Presupuestos o de la ley de reajuste, y al año siguiente tenemos el mismo problema. Por ello, el debate de este reajuste salarial del sector público y los misceláneos que lo acompañan, son en realidad, por vicios de origen en la Administración del Estado respecto a su relación con los funcionarios públicos, donde no se han buscado soluciones de fondo, solo parches anuales.
Valoro que algunos puntos se hayan resuelto de buena manera en el debate de esta iniciativa, pero quiero llamar la atención sobre otros.
Los reajustes diferenciados son mecanismos excepcionales, pero cuando se hacen habituales, como ha ocurrido, empiezan a generar distorsiones en las carreras funcionarias porque producen traslapes, porque empiezan a haber desincentivos para el reclutamiento en algunos estamentos.
También tenemos que hacernos cargo de los bajos niveles de solidaridad en la sociedad chilena, lo que hace difícil implementar fórmulas que busquen nuevos equilibrios hacia las remuneraciones más bajas. Por ejemplo, ajustar hacia arriba el incremento a las rentas superiores en el mes de agosto y nivelar en 12 para doce meses más es una fórmula que acota las distorsiones que generan los reajustes diferenciados. Y por eso valoro a los gremios que la respaldaron.
Me parece clave rescatar que haya existido diálogo social, negociación con los gremios y acuerdos que le hacen bien al país. Pero, surge la pregunta: lo que se hizo con unos, ¿por qué no se hizo con otros?
Me preocupa que en el ámbito de los honorarios municipales no se haya dado el mismo diálogo que existió con otros funcionarios, menos aún un diálogo que fructifique. Ello está pendiente y es necesario de hacer.
Lo actuado ha sido un diálogo incompleto, ya que esta fórmula de traspasar al Código del Trabajo se acordó con la Asociación de Alcaldes y no se trató adecuadamente con los funcionarios que tienen otras demandas sobre la materia.
(Aplausos en tribunas).
Un dato que no conocemos a cabalidad, señoras Ministras y señor Ministro -por su intermedio, señora Presidenta-, es la realidad laboral municipal, tanto de los que funcionan directamente con el municipio, como de los que lo hacen a través de los servicios externalizados. Es importante que esta Sala conozca cuál podría ser la radiografía del número de honorarios en los municipios; qué proporción de ellos se verán afectados por el dictamen de la Contraloría, y cuál va a ser la solución propuesta para los artículos 76 y 77.
Es evidente que hay una disparidad entre lo informado por el Gobierno y lo que nos dan a conocer los gremios municipales. Sabemos que la fórmula inicial del Ejecutivo, que proponía que este plan de traspaso fuera con acuerdo del concejo municipal, se cambió a solo información al concejo. ¿Y qué pasó, entonces?
Tal como lo planteara la Senadora Provoste, señora Presidenta, solicito formalmente al Gobierno que inicie un trabajo serio... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... con alcaldes y gremios municipales para resolver de mejor manera que hasta el momento cómo se debe enfrentar este dictamen de Contraloría que obliga a los municipios a terminar con los honorarios. Así se hace con las universidades públicas, se hace en la administración central y no se entiende por qué no se hace a nivel municipal con los funcionarios a honorarios.
Por ello, apoyaré la votación separada para rechazar los artículos 76 y 77.
(Aplausos en tribunas).
Tenemos que resolver bien esta materia, señora Presidenta, y no dejar el problema nuevamente a cargo de los funcionarios municipales, porque el hilo no puede seguir cortándose por lo más delgado.
El resto del acuerdo entre el Gobierno y la ANEF y los demás gremios lo votaré a favor.
Gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Kusanovic.

El señor KUSANOVIC.- Gracias, Presidenta.
En nuestro querido país existen distintas normas laborales: Código del Trabajo, Estatuto Administrativo, Estatuto Docente, etcétera, y eso genera ciudadanos de primera, segunda y tercera clase.
Es un tema que tenemos que corregir; hay algunas normas con más permisividades y otras con más injusticias, dependiendo de cuál sea. Pero estas disposiciones permiten, en algunos casos, que se contrate personal permanente a honorarios, lo que es una locura.
No se pagan las imposiciones, otros son contratados a plazo fijo, renovable todos los años; hay sueldos no imponibles en un cien por ciento. Después nos quejamos porque las jubilaciones son malas: ello ocurre porque el sueldo no es imponible o lo es en un bajo porcentaje.
No se pagan las indemnizaciones por años de servicio. En Chile, menos del 20 por ciento de los trabajadores logra cobrar su indemnización por años de servicio.
Acá tiene que haber un cambio en estas reglas, de lo cual todos los Senadores y los parlamentarios somos responsables. La indemnización por años de servicio debe pagarse todos los meses e ir a una cuenta en la AFP.
Todas estas injusticias fomentan la mediocridad y la incompetencia. Si logramos tener en Chile una sola norma laboral para todos, que sea justa -si es para todos va a ser mucho más justa que lo que tenemos hoy en día-, y arreglar los problemas que existen, va a ser la única manera de que terminemos con esta situación que se ha ido agrandando cada vez más a través de los últimos treinta a cuarenta años.
Así que yo llamo al Gobierno y a los parlamentarios a estudiar este tema y a sacar una ley definitiva, una ley laboral para todos los chilenos, que cumpla y elimine las injusticias.
Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Voy a ser breve, tal como lo ha pedido el Presidente, porque en realidad no es el momento de repetir los mismos discursos que decimos todos los años sobre la desigualdad y ese tipo de cosas.
La verdad es que me parece que se está haciendo un esfuerzo grande, porque ciertamente la situación económica del país no es la más adecuada, y yo felicito, entonces, a los Ministros por el esfuerzo realizado.
Lamentablemente, voy a votar en contra de los artículos 74 y 75,...
(Aplausos en tribunas).
... como lo he comprometido con los trabajadores municipales, porque es evidente que no es un gremio que esté conforme con la solución que se está dando y esto lleva ya demasiado tiempo esperando.
Yo hubiera querido votar otro artículo en contra, Presidente, pero no existe. No hay una sola mención a las universidades. Se les aumentó el basal en un 6 por ciento, creo, y tienen que pagar sueldos más altos por un 12 por ciento ahora.
O sea, seguimos crucificando a las universidades estatales, que van a tener que hacer un esfuerzo por pagar remuneraciones con recursos con los que prácticamente no cuentan y que van a ser costeados por la educación. La educación va a pagar por ese hecho.
Desgraciadamente, no hemos tenido fortuna con el Senador Durana en otra materia, que conversábamos recién. Creo que llevamos cinco años planteando el problema de los bonos de zonas extremas y el bono especial de los trabajadores de las universidades estatales de nuestras regiones extremas. Tampoco hay nada, están los mismos recursos de antes no más para pagar esos bonos.
Pero no puedo votar artículos que no existen. Hubiera querido que existieran para poder aprobarlos en esta oportunidad, porque esos son problemas que planteamos una y otra vez al Ministerio de Hacienda durante este Gobierno y el anterior, y también al Ministerio de Educación y en todos lados; y los analizamos en nuestra Comisión de Zonas Extremas; y vamos a hablar con los Ministros y les mandamos cartas y oficios; pero no pasa nada.
Entonces, la verdad es que voy a hacer exactamente lo que me dice el rector con el que estoy consultando estos temas: "no vale la pena", "esto no considera a las universidades estatales", "mejor no digamos nada".
Así que voy a votar en contra de lo primero solamente. Lo segundo no lo puedo votar en contra porque no está en la ley.
Gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
No obstante estar abierta la votación, le vamos a dar la palabra al Ministro para que pueda responder las preguntas. No va a intervenir de nuevo, sino que contestará consultas efectuadas por los señores Senadores.
Señor Ministro de Hacienda, tiene la palabra.

El señor MARCEL (Ministro de Hacienda).- Muchas gracias, señora Presidenta.
En efecto, quería hacer algunas aclaraciones respecto de este tema, que ha estado en prácticamente todas las intervenciones relacionadas con la situación de quienes están a honorarios en las municipalidades.
Primero, debemos tener claro que los artículos 74 y 75 del proyecto son normas que surgieron producto del dictamen de la Contraloría sobre la situación de los trabajadores a honorarios en el sector público.
En lo que respecta a esta materia, en primer lugar, lo que la Contraloría nos ha señalado es que si no hay una modificación legal, la obligación de terminar con los regímenes de honorarios en todos los casos que determina su dictamen es inmediata y total. No es fraccionada, ni en etapas, sino inmediata. Eso significaría que los municipios tendrían que absorber a todos los trabajadores a honorarios si es que quisieran mantener sus empleos, y para que esto ocurra deberían contar con una dotación de personal a objeto de absorberlos como funcionarios a contrata, y aquellos que están a honorarios tendrían que cumplir los requisitos indicados para los cargos a contrata. Si eso no ocurre, esas personas van a perder sus puestos de trabajo, no podrán seguir siendo contratados a honorarios.
Esa es la situación que nos plantea el dictamen de la Contraloría.
Lo anterior se demuestra acá por el hecho de que, por ejemplo, el texto del inciso tercero del artículo 74 establece que para efectuar los traspasos señalados se puede modificar el límite máximo de la dotación de personal. O sea, este artículo está facultando para modificarlo. Si esta norma no existiera, la dotación de personal no se podría modificar. Del mismo modo, en el inciso subsiguiente se determina que "Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se podrá superar el límite establecido en el inciso final del artículo 2 de la ley N° 18.883", es decir, el límite respecto de la proporción de funcionarios a contrata.
Entonces, tengamos claro que la norma está generando una solución de continuidad que permita absorber todas las situaciones del personal a honorarios, y si ella no existiera,...
(Manifestaciones en tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Solicito silencio a las personas que están en las tribunas.

El señor MARCEL (Ministro de Hacienda).- ... si no existiera, varios miles de trabajadores a honorarios van a perder sus empleos.
Esa es la situación, tal como está planteada.
Por tanto, dado que el dictamen tiene vigencia a contar del 1° de enero del próximo año, el plazo con que contamos para resolver el problema es ahora; no hay más tiempo.
(Manifestaciones en tribunas).
A continuación, debemos señalar que este artículo no obliga a absorber al personal a honorarios en la alternativa del Código del Trabajo. Si un municipio tiene cupos en su dotación, puede traspasar los funcionarios a la contrata. Si habiendo usado dicha facultad para traspasar al Código del Trabajo la municipalidad presenta cupos en la contrata, no tiene limitaciones para incorporar a esos funcionarios; no se le prohíbe aquello.
Más aún, en relación con muchas de las intervenciones en que se han planteado soluciones más de fondo al problema, los artículos mencionados no impiden que posteriormente se pueda legislar para dar soluciones más integrales a la situación. El punto es que debemos tener una solución de continuidad antes del 31 de diciembre.
Y eso están tratando de hacer tales artículos. ¿Y cómo lo están haciendo? Creando un mecanismo por defecto en caso de que no existan otras alternativas, como es la contrata, para efectuar los traspasos.
Entonces, considero importante entender el contenido de esto.
Acá no se está obligando a traspasar al Código del Trabajo si existen otras alternativas. Pero si este artículo no estuviera, la situación de varios miles de funcionarios va a ser particularmente compleja.
Entonces, la medida no es para eternizar el problema del personal a honorarios, ni para profundizarlo, sino para establecer un puente que permita encontrar soluciones más satisfactorias sobre el particular.
(Manifestaciones en tribunas).
Ahora, el Senador Saavedra...

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Disculpe, Ministro.
Solicito a los invitados que están en las tribunas que mantengan el orden, sin emitir opiniones porque, si no, vamos a desalojarlos.
Muchas gracias.

El señor MARCEL (Ministro de Hacienda).- Por otra parte, ha habido un par de intervenciones referidas a dar solución de continuidad en los casos en que se produzcan estos traspasos. Y me imagino que tiene que ver con el reconocimiento de la antigüedad, en caso de pasar el personal al Código del Trabajo, para efectos de las indemnizaciones por años de servicio.
A este respecto, nosotros entendemos que el texto contenido en el proyecto, que se refiere en varias oportunidades a las indemnizaciones, reconoce implícitamenmte que se debe producir el reconocimiento de los años de servicio. Y hay esa solución de continuidad. Ahora, si es necesario explicitarlo más aún, por supuesto que lo podemos hacer, porque de lo que se trata -como lo señaló, me parece, el Senador Sandoval- es de que los trabajadores queden más protegidos y no más desprotegidos. Por cierto, una de las diferencias que existen entre el personal a honorarios y el sujeto al Código del Trabajo es precisamente las indemnizaciones por años de servicio.
Entonces, dado que este texto se refiere a indemnizaciones, y si es así es porque se supone que existen, hay que concluir, por lo tanto, que una persona que se acaba de traspasar y lleva diez años trabajando a honorarios tiene esa antigüedad para efectos de una indemnización. Pero si es necesario explicitarlo más, por supuesto que siempre se puede hacer.
Ahora bien, lo que se está proponiendo no es el final de la historia, no es necesariamente una solución definitiva al problema. Pero si en este momento no tenemos una solución de transición, vamos a enfrentar un problema aún mayor. Y, créanme, este no es un tema que podamos resolver en una Comisión Mixta, ni se va a solucionar postergando el reajuste a todos los funcionarios del sector público. Esta situación solo se podrá resolver en la medida que tengamos una solución de puente y después abordemos la cuestión de fondo en propiedad. Pero, sin el puente, no podremos pasar al otro lado, donde vamos a buscar las soluciones en propiedad.
Gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.- Gracias, Presidenta.
Quiero saludar al Ministro y la Ministra, al Subsecretario y la Subsecrataria presentes.
En primer lugar, voy a hacer un pequeño paréntesis solo aclaratorio.
El Senador Chahuán en su intervención dijo que el acuerdo que habilita un nuevo proceso constitucional contiene también un acuerdo sobre modernización del Estado, sobre prioridades sociales, sobre reforma al sistema político y electoral, etcétera. Y eso no es así. Aquí tengo el documento (la señora Senadora muestra un texto), donde solo se habilita un nuevo proceso constitucional.
Les recuerdo que lo que algunos interpretan por modernización del Estado es jibarización del Estado. Por tanto, yo no podría haber suscrito un acuerdo así.
Eso lo quiero decir con mucha claridad.
En segundo lugar, deseo manifestar que obviamente estoy a favor en general y con gran parte del proyecto de reajuste al sector público. Creo que en contextos económicos complejos, como los que estamos viviendo, se hace muy importante sostener una discusión adecuada, pero, al mismo tiempo, contar con una salida apropiada cuando existe escasez o estrechez económica.
Sin embargo, quiero también levantar el punto de que me parece que el Gobierno debe generar elementos y avanzar en soluciones definitivas para resolver la situación de los funcionarios y las funcionarias a honorarios de las universidades estatales, que aquí no se nombran, como ya se dijo. No obstante, el Gobierno comprometió una mesa de trabajo de la cual emane una propuesta en ese sentido.
Ahora, no puedo votar a favor de estos artículos -y quiero decirlo con mucha franqueza- precisamente porque tuve la experiencia de cinco años como concejala en la Municipalidad de Santiago y conozco la realidad de los funcionarios y las funcionarias municipales. Sé que puede haber opiniones diversas entre gremios, inclusive. Pero no me parece correcto que en una ley de reajuste del sector público estemos dando una solución a la rápida frente a un dictamen que tampoco considero justo, en cuanto a otorgarles un tiempo adecuado al Ejecutivo y a los municipios para resolver el problema de fondo que existe en nuestro país con los funcionarios y las funcionarias municipales.
Cómo es posible entonces entender, cuando en el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se llegó a un acuerdo por parte del Ejecutivo de ese tiempo para que los trabajadores y trabajadoras a honorarios del Estado central pudieran pasar a contrata con gradualidad y que se comprometiera también una solución a dicha temática para los municipios, que cinco años después no tengamos esa solución.
Y respecto a lo que hoy se propone -me van a perdonar-, no me queda claro que sea mejor con Código del Trabajo, porque seguir manteniendo dos y ahora ¡tres! figuras de relación contractual por parte del Estado no iguala a los trabajadores y a las trabajadoras, no va en el sentido de las demandas históricas de los funcionarios y las funcionarias a honorarios del Estado central y descentralizado, como son los municipios.
Quiero manifestar además, muy honestamente, que yo no estoy en contra de alcaldes y alcaldesas, no estoy en contra de los municipios, pero creo que la solución de fondo tiene que darse en una mesa en donde estén las alcaldías, el Gobierno y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras municipales a honorarios.
(Aplausos en tribunas).
¡No puede ser parcial! Porque, aunque no lleguemos a la solución que cada uno de nosotros o que los funcionarios o las funcionarias espera en lo personal, es mucho más transparente con todos en la mesa, y no lo que ha llegado acá.
Lamento decirlo.
Y no voy a votar a favor de estos artículos para pedirle con harto cariño y esfuerzo al Ejecutivo la voluntad de resolver esta situación de mejor manera. Estamos disponibles a tramitar nuevamente acomodos legislativos que permitan en enero, a corto plazo, encontrar la solución. Pero de verdad que hoy día, a la rápida, me genera muchas más dudas.
Necesitamos esa mesa de trabajo y además asumir de verdad que no se puede seguir con argumentaciones que tratan de sacar las castañas con la mano del gato, porque también se pretende establecer que para que haya un contrato único para todos los trabajadores y trabajadoras del país debemos terminar con el Estatuto Administrativo, y no creo que sea la solución que están esperando hoy día los trabajadores y las trabajadoras del sector público.
Y creo que introducir el tema del Código del Trabajo...
(Aplausos en tribunas).
... hoy día en los municipios, más allá de las corporaciones municipales donde ya se permite, puede abrir la puerta para ese camino de muy mala manera.
Por eso, no voy a dar el voto a favor para los artículos 74 y 75.
Muchas gracias.
(Aplausos en tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- A usted, Senadora.
Insisto en no emitir opiniones a favor ni en contra.
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Gracias, Presidenta.
Saludo a los Ministros presentes, y principalmente a todos los dirigentes que han estado varios días acá trabajando y que con mucho respeto han planteado sus observaciones. Pero también es de justicia comprender que la situación de los funcionarios a honorarios no resiste más análisis, habiendo sido yo también funcionaria municipal y funcionaria pública por muchos años.
Quizás el Ministro, y el Gobierno en general, nunca tuvo tiempos más difíciles para gestionar un reajuste de remuneraciones del sector público como los actuales. Primero, porque hay una evidente situación de recesión económica que nos enfrenta a un futuro económico bien incierto para los próximos años. Pero eso no es responsabilidad de los funcionarios y, por lo tanto, hay que hacerse cargo del asunto.
Por otro lado, el dictamen de la Contraloría, que plantea que de una u otra manera hay que eliminar a los honorarios rápidamente, deja a los alcaldes ante dos alternativas: despedir a sus funcionarios a honorarios, lo que es terrorífico, y segundo, atenerse a juicios laborales que van a perder, porque evidentemente los funcionarios a honorarios van a ganar esos litigios y les deberán reconocer todas sus cotizaciones y las condiciones que no tuvieron.
En ese contexto, el traspasarlos al Código del Trabajo, en mi opinión, constituye una solución no deseable ni correcta.
Yo coincido con mis colegas en que aquí faltó una mesa transversal de trabajo. Está bien, había que trabajar con la Asemuch porque se trataba de buscar una solución rápida, pero ¡falta una pata de la mesa!, ¡faltan los afectados! Eso es evidente. Y de una u otra manera quienes trabajamos en municipios sabemos que hay funcionarios de primera y de segunda categoría, ¡eso siempre ha sido así! Y el Estado se ha llenado de honorarios: tiene muchos más honorarios cumpliéndoles los PMG que trabajadores con otra condición contractual, y eso no es justo.
Y no estoy diciendo con eso que haya más gente de la necesaria ni tampoco que no debamos hacer cumplir las metas y los compromisos que tenemos como trabajadores. Pero la situación se viene arrastrando por mucho tiempo y quizás, como todas las cosas en la vida, es momento de ponernos las pilas y ordenar la casa, pero no de esta manera.
Yo, al igual que muchos de los que me antecedieron, voy a votar en contra de los artículos 74 y 75 porque considero que no se debe buscar una solución trabajando de esta manera. Por tanto, espero que tengamos la oportunidad en la Comisión Mixta o ahora de buscar una solución alternativa que sea un poco más a largo plazo, que sea mejor pensada, porque de lo contrario igual vamos a estar perjudicando a los alcaldes, que deberán hacer un cambio de contrato, pero en desmedro de trabajadores que llevan muchos años trabajando para los municipios.
En consecuencia, no estoy de acuerdo con la solución propuesta.
Y quiero agregar algo antes de que termine mi tiempo.
Me preocupa la situación que se tuvo que enfrentar en torno a los sueldos del Poder Judicial y de los médicos especialistas -y le pido al Ministro que me ponga atención, porque cuando estamos hablando es importante que los Ministros presentes en la Sala puedan escucharnos-, porque estimo que debemos nivelar hacia arriba, no hacia abajo.
Hay escasez de especialistas en Chile y un sector privado que paga mucho más que el sector público, y todos lo sabemos. Y cuando castigamos a los médicos especialistas, lo único que hacemos es desincentivarlos para que trabajen en el Estado, cuando es precioso el servicio público, pues pocos están dispuestos a esforzarse y a no ganar tanto por ayudar a la ciudadanía de menos recursos.
Es una pésima señal, pues de alguna manera les estamos diciendo a los jueces que han hecho carrera en el Poder Judicial y a los especialistas que han hecho carrera en el servicio público: "vayan a trabajar al sector privado, porque les va a ir mejor". Y lo que vamos a hacer es nivelar hacia abajo, porque, seamos objetivos, profesionales hay muchos, pero existen profesionales buenos, más o menos y malos: es la ley de la vida. Entonces, si queremos contar con los mejores profesionales o los mejores trabajadores, debemos brindarles las más óptimas condiciones, y tratar de ser justos en el tipo de contrataciones y no mantener funcionarios de primera y de segunda categoría.
Considero un error haber pretendido rebajar el sueldo a profesionales que hoy día en el sector privado ganarían muchísimo más.
Por otro lado, esta solución parche -y entiendo la justificación del Ministro- no me parece la adecuada. Aquí hay que sentar a la mesa a los trabajadores y buscar una solución más de fondo, que implique reconocer también todos los años de servicio o al menos en parte una... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
(Aplausos en tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA.- Muchas gracias, Presidenta.
El relato que hace la Ministra del Trabajo sobre estas doce mesas activas en el sector público; de las tareas de cuidado de la salud que se están desarrollando; de las nueve mesas sectoriales; de los estudios de brecha salarial, viático, incentivo al retiro, etcétera, además de los resultados que hoy día podemos esperar en términos del reajuste propiamente tal, son muy interesantes. Me parece que sin duda constituye un avance, algo que el sector público estaba pidiendo, y donde la mayoría de los gremios vota a favor.
Creo que nadie en esta Sala va a votar en contra del reajuste en general. Al contrario, lo considero un tremendo avance, donde el Gobierno ha hecho su trabajo en términos del diálogo para lograr este incremento.
Ahora, por primera vez las normas misceláneas han cobrado un realce importante y aquello tiene que ver con que las organizaciones afectadas han puesto el punto sobre la i.
Y aquí yo quiero destacar en forma muy especial a una dirigenta de muchos años de los trabajadores a honorarios del país: Natalia Corrales, que hoy día se encuentra en las tribunas, quien ha realizado una tremenda labor desde hace mucho tiempo en el sector público, en los municipios, donde también estaba a honorarios.
Entonces, quiero preguntarle al Ministro de Hacienda -y está claro que debe buscar los votos necesarios en la Sala, pero la mayoría de los Senadores y Senadoras hemos manifestado que los artículos 74 y 75 nos complican, aunque entiendo absolutamente lo que está planteando, y le estamos señalando: "Mire, vamos a votar en contra; ojo con esto" y los funcionarios están manifestando "esto no nos sirve, no nos gusta, no corresponde"-, ¿qué pasa con la carrera funcionaria?; ¿qué pasa con la arbitrariedad que pueda manifestar un alcalde?; ¿qué pasa con la antigüedad de los funcionarios?
Hoy día hay funcionarios y trabajadores municipales que llevan veinte años a honorarios. ¿Eso se pierde? ¿Qué ocurre con la especificidad y las particularidades que cada uno de ellos tiene?
Yo me imagino, Presidenta, que en esto tiene que haber una conversación con el Contralor General de la República, porque si llegamos a un minuto que es perentorio -ahí llegó la Subsecretaria-, cómo no vamos a ser capaces de conversar con el Contralor General de la República y decirle: "Mire, ¿sabe? Necesitamos un tiempo, entendiendo las características que usted nos está planteando".
Y yo le encuentro toda la razón al Contralor, porque uno dice: "Bueno, ¿aquí qué es lo que tenemos?" Tenemos funcionarios con dependencia; tenemos funcionarios con horarios; tenemos funcionarios, además, que son permanentes y no transitorios, como debería ser un honorario.
Entonces, ¿sabe, Presidenta? El problema aquí se llama "voluntad". ¡Voluntad! Y la voluntad de los Senadores y las Senadoras ya se ha transmitido: vamos a votar en contra, gústele o no al gobierno. Vamos a votar en contra, y se va a caer ese articulado.
Entonces, uno dice "plan B". ¡Plan B! ¿Y cuál es el plan B? Hablar con el Contralor, ver las complicaciones que existen, tener un período más de tiempo, que es normal -¡es normal eso!-, para poder ajustar esto y sentarnos a conversar, pues tenemos doce mesas activas en el sector público.
¡Cómo no vamos a tener una mesa activa también para el sector de los trabajadores a honorarios! ¡Cómo no lo vamos a poder hacer!
Además, tenemos que considerar que ellos son muy diversos. ¡Muy diversos!
Entonces, confío en la inteligencia práctica, la inteligencia intelectual, la inteligencia emocional que tienen nuestros Ministros -los dos- y todos los Subsecretarios que hemos visto aquí.
Miren, la cosa se va a caer sola.
Por eso, yo les diría, con todo cariño, que hagamos el esfuerzo. ¡Hagamos el esfuerzo!
Y además -por su intermedio, Presidenta- le agradezco al Ministro lo del INDAP. Muchas gracias por los pequeños agricultores.
Pero aquí se trata de un realismo político absoluto. La norma se cae. No tenemos nada más que hacer.
Entonces, plan B. Hablemos con el Contralor, busquemos la fórmula e incorporemos a esta mesa el tema de los honorarios.
Muchas gracias, Presidenta.
(Aplausos en las tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
¡Por favor!
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.- Gracias, Presidenta.
Un proyecto de ley de reajuste como el que hoy votamos nos hace ver con claridad el complejo escenario económico que enfrentamos, y lo aún más complejo que resulta para los trabajadores de nuestro país el abordarlo.
En términos simples, los trabajadores de nuestro país están sufriendo las consecuencias del fenómeno inflacionario, y el reajuste de un 12 por ciento, que hoy votamos, no compensa la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos.
El acuerdo alcanzado ayer en relación con algunos aspectos va a permitir que más trabajadores puedan recibir este reajuste, especialmente la clase media de funcionarios fiscales, que son trabajadores profesionales, que han hecho carrera y que tienen remuneraciones por encima de los dos millones doscientos mil pesos. Y no era justo que ellos paguen el costo de los hechos fortuitos, de la pandemia, de la economía, de la inflación, de los efectos internacionales de la baja producción, porque la inflación nos afecta a todos.
Pero es claro: la espiral de inflación versus ajustes solo se logra parar con gestión, y eso es lo que esperamos permanentemente del actual Gobierno.
Me preocupa el pronunciamiento de Contraloría frente a una consulta de la Cámara de Diputados, mediante la cual solicita la reinterpretación en materia de contrataciones a honorarios en la Administración del Estado, en virtud de que las municipalidades habrían tenido, penosamente, que optar entre obedecer el dictamen o respetar los límites respecto del gasto total en remuneraciones para las contratas, que establece el artículo 2º de la ley N° 18.883.
La Contraloría, que es lo que hoy día ha generado el mayor problema con relación a la justa demanda de los funcionarios municipales a honorarios, mediante dictámenes ha respondido que el límite máximo del 40 por ciento no puede ser un obstáculo para dar cumplimiento al dictamen que ordena el traspaso de los servidores que indica la contrata, puesto que los pronunciamientos de esta entidad de control son obligatorios para las municipalidades. Las entidades edilicias podían superar los dos límites previstos en el artículo 2º de la ley N° 18.883.
En consecuencia, los municipios están imposibilitados o impedidos de desvincular personal a honorarios.
Mi pregunta es: ¿quién salva a los alcaldes que, en función de esta normativa, podrían ser acusados por notable abandono de deberes? En definitiva, ¿el Contralor está por sobre la ley? ¿Puede finalmente emitir un dictamen que hoy nos tiene en esta discusión dentro de lo que significa el reajuste del sector público?
Sin perjuicio de lo anterior, cabe preguntarse, como lo ha hecho fundamentalmente mi colega José Miguel Insulza con relación a las universidades estatales y universidades de zonas extremas -y se agradece la regularización de los honorarios-, si este reajuste tiene que ser financiado con recursos propios de las universidades, ¿por qué en la Ley de Presupuestos se negó el mayor porcentaje de los excedentes del crédito fiscal de años anteriores, considerando además que las universidades extremas tienen que soportar el bono y la asignación de zonas extremas, que legítimamente reciben todos los funcionarios públicos?
Las municipalidades, además, solicitan apoyar la propuesta que permite la creación de una planta en extinción para funcionarios bajo la figura del Código del Trabajo, en especial para las municipalidades más pobres.
Entonces, en eso se destacan los aportes extraordinarios que se van a entregar a las municipalidades desde el año 2023 hasta el 2026.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, y obviamente también a favor de los funcionarios y trabajadores a honorarios de las municipalidades.
Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.

El señor ARAYA.- Gracias, Presidenta.
Nos corresponde pronunciarnos hoy sobre el proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones, a contar del 1º de diciembre de 2022, a las y los trabajadores del sector público, en las condiciones que se describen en este proyecto de cuerpo legal.
Asimismo, concede un conjunto de prestaciones económicas a los trabajadores, y establece ciertos bonos y aguinaldos para los pensionados.
Lo primero sobre lo cual quiero llamar la atención es que la mayoría de los funcionarios públicos ya recibieron sus remuneraciones correspondientes al mes de diciembre de 2022 y, más allá de las muy buenas razones que puedan existir, es cada vez más evidente que nuestro proceso legislativo, en casi todo, está llegando tarde.
Solo quiero dejar sentado el punto, para nuestra propia reflexión y la del colegislador, de que probablemente estos temas debieran tratarse con un mayor tiempo y antes de pagar esas remuneraciones.
Entrando al fondo del tema, cuando ingresó el proyecto de reajuste al Senado observé con genuina preocupación que se estaba acentuando una suerte de política salarial que, aparentemente, busca hacer distribución de renta, solidaridad o política social a través del reajuste de remuneraciones del sector público. Es decir, se les estaba dando más a los que ganan menos y se les daba menos a los que ganan más.
El punto está en que una política salarial de estas características, sostenida en el tiempo y sin ningún criterio de productividad, calificación o agregación de valor, termina generando como resultado que los que ganan menos estén cada vez más cerca de los que ganan más. Y el diferencial remuneracional que existe, justificado en la jerarquía, la calificación profesional, la idoneidad técnica, la responsabilidad, etcétera, simplemente desparece en razón de un supuesto ideal de justicia o igualdad.
Está práctica de reajustes diferenciados (más bajos o de reajuste cero) para las remuneraciones más altas, inaugurado por el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet y que de ahí ha permanecido más o menos constante hasta ahora, ha generado una medida popular, pero a mi juicio técnicamente incorrecta e incluso abusiva.
Es comprensible y esperable que en ciertas ocasiones los funcionarios del Estado o quienes cumplimos roles públicos debamos ajustarnos el cinturón, y que quienes tenemos ingresos más altos contribuyamos con más.
Lo que no es razonable, en mi opinión, es que esto se convierta en una política constante, solo porque a la mesa negociadora del reajuste del sector público le parece que es justo o equitativo.
¿Por qué me alarmó particularmente en esta oportunidad el proyecto de ley de reajuste, construido con esa misma lógica?
A diferencia de la mayoría de los Ministros de Hacienda anteriores, el actual Ministro Marcel, fuera de tener una sólida formación en macroeconomía, en política fiscal, monetaria y financiera, por su experiencia como Presidente del Banco Central, también es un experto en temas de modernización del Estado y, por lo mismo, conoce muy bien las estructuras de las remuneraciones y los muchos efectos indeseados que generan este tipo de distorsiones, las cuales, al aprobarse un reajuste tal y como fue presentado, consolidan un modelo completamente incompatible con los objetivos de modernización institucional, profesionalización del Estado, fortalecimiento del capital humano y mérito. En cualquier otra administración de la hacienda pública se podría alegar desconocimiento, impericia. En este caso, no. El Ministro sabe, como nadie, de lo que estamos hablamos.
Ejemplo de ello es lo que ocurre con el personal médico de Antofagasta, que estaba muy preocupado de no recibir reajuste de remuneraciones, pues con ello no había ningún incentivo a permanecer en la salud pública.
Así las cosas, me satisface profundamente el protocolo de acuerdo al que se llegó entre la Comisión de Hacienda del Senado y el Ministerio de Hacienda, porque, en primer término, reconoce el problema que estamos tratando, entiende la urgencia de atenderlo y diseña un plan para enfrentarlo.
Asimismo, con respecto al tema conflictivo que se ha planteado hoy día en relación con los trabajadores a honorarios y las municipalidades, creo que esta materia debe abordarse a la brevedad en una mesa tripartita como una forma de encontrar una solución definitiva. Y quizás este sea el comienzo de analizar una nueva forma de contratación en las municipalidades, pues no podemos seguir con la actual estructura que tienen hoy día los municipios en cuanto a sus plantas de personal: a contrata, a honorarios o personal por servicios traspasados.
Señora Presidenta, por su intermedio, quisiera felicitar al Ministro Marcel, así como también a la Subsecretaria, a la Ministra del Trabajo y a los Senadores de la Comisión de Hacienda por haber alcanzado este acuerdo, pues va en la línea correcta.
Dicho eso, voy a votar a favor en general este proyecto.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Muchas gracias, Presidenta.
Dos cuestiones quisiera plantear al señor Ministro de Hacienda, por su intermedio, señora Presidenta.
La primera es una cuestión general sobre lo que significa el reajuste para el sector público que, como señaló usted, señor Ministro, en su primera intervención, viene año tras año desde el retorno a la democracia en 1990.
¿Por qué los trabajadores del sector público se someten a que el Estado tenga que tomar una decisión para poner al día la pérdida de valor que han sufrido sus ingresos, producto de que el dinero en un determinado tiempo, en este caso un año, ha disminuido su valor como resultado de la inflación?
Entonces, mientras los trabajadores del sector público se guían por la política fiscal que implementa el Gobierno para ver cómo les restituye la pérdida del valor que han sufrido sus ingresos producto de la inflación, paralelamente el sector privado, el mercado, se rige por el sistema de precios.
El sistema de precios rige al mercado en virtud del cual, dado su funcionamiento, los precios suben y bajan, pero más suben, y, por tanto, automáticamente el dinero va perdiendo valor en razón de la subida de los precios.
El mercado funciona libremente entre privados y entre todos los que compran y venden, porque así es su funcionamiento, y entonces no tenemos una manera de enfrentar, desde el punto de vista del manejo de las finanzas y de la hacienda pública, un problema macroeconómico como el actual.
¿Por qué lo digo? Porque el sistema es uno solo.
En el fondo, ¿cuál es el dinero que anda circulando en la economía? ¿Cuál es el sistema de precios? Las cosas suben, porque funciona así el mercado, y los trabajadores del sector público dicen: "Mire, nada podemos hacer frente a esto, porque si el Estado me da el reajuste, tendré mis remuneraciones un poco más al día, producto de la inflación".
Por lo tanto, ¿cómo funciona este sistema? ¿No podemos tener un sistema más sustantivo, distinto, para no estar año a año en una mesa entre los trabajadores y el Gobierno pirquineando -y perdónenme la expresión- todo el tiempo un punto más o un punto menos?
Entonces, cambiamos y decimos "no, a quienes reciben dos millones doscientos no les vamos a dar un reajuste porque es mucho", en circunstancias de que simplemente esto responde a un conjunto de trabajadores de clase media, de los cuales el Estado podría verse desprovisto si no estamos en condiciones de recuperar sus remuneraciones. Es decir, podrían irse. Y el Estado necesita buenos funcionarios, buenos profesionales.
Por lo tanto, ¿no podríamos tener un sistema distinto?
Es una pregunta que yo hago simplemente en mi condición de Senador y de abogado, no de economista experto en esta materia.
Ese es el primer punto.
Y el segundo, Ministro, se refiere al tema de los trabajadores a honorarios y del dictamen de la Contraloría.
El dictamen de la Contraloría y los fallos que ha emitido la Corte Suprema en esta materia son hechos y se basan en las leyes vigentes, en lo que existe. Si existiera una ley distinta, el dictamen de la Contraloría y los fallos que ha dictado la Corte Suprema en materia de reunificación de la jurisprudencia serían también distintos.
Aquí la Senadora Sepúlveda se preguntaba por qué no conversamos estos temas con el Contralor. Pero la manera que tiene el Congreso de conversar con el Contralor es mediante la ley.
Por lo tanto, perfectamente podríamos tener un artículo que postergara lo que el dictamen ha señalado, porque la ley obliga también al Contralor y porque si estamos hablando de la conducción macroeconómica, en el Estado eso está entregado al Ejecutivo, no a un organismo que tiene por objeto velar por la legalidad de los actos del Gobierno. No puede el Contralor -y lo digo con todo respeto- dirigir la economía y el funcionamiento de la relación que existe entre los funcionarios y el Estado.
Por consiguiente, desde el punto de vista jurídico, creo que perfectamente podríamos llegar a una salida, un acuerdo -me pareció escucharlo de la Senadora Luz Ebensperger- de consagrar un artículo, un inciso, que postergue este sistema para instalar una mesa de trabajo con todos los actores disponibles y, por supuesto, con las organizaciones de los trabajadores que permita darnos un plazo y llegar a una solución definitiva.
El problema de fondo acá, señor Ministro, es de filosofía política.
La filosofía política consiste en cómo se relaciona el Estado con sus trabajadores. No puede hacerlo mediante un contrato de trabajo, que es una relación de derecho privado. Esa es la relación entre el capital el trabajo. Aquí estamos hablando de un vínculo entre los trabajadores y el Estado, que es de una naturaleza diferente.
Por eso, si postergamos esto y tenemos buena voluntad política, a lo mejor podemos encontrar una solución de fondo a los dos problemas que he planteado.
Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Gracias, Presidenta.
Saludo, por su intermedio, tanto al Ministro de Hacienda, a la Subsecretaria Lobos como a cada uno de los dirigentes nacionales y regionales de los distintos gremios, que nos acompañan en las graderías y con quienes hemos compartido en múltiples instancias durante esta semana o a través de medios electrónicos para hacernos presentes sus inquietudes.
Yo quiero ser bien claro.
Me parece que este es un buen proyecto, es una buena negociación. Se está recuperando parte de lo que se ha perdido por el alza del IPC. Es una negociación que los gremios a nivel nacional han abordado de manera ordenada.
Por eso reconozco, Ministro, el esfuerzo que ustedes han hecho -y no quiero ser injusto en el planteamiento- en materia de presupuesto.
Creo que siguen quedando temas pendientes, eso sí.
Las universidades estatales brillan por su ausencia. Y dado que este es un Gobierno progresista, un Gobierno que se compromete y que mantiene una visión de las universidades públicas, creo que debiera ser la primera prioridad el preocuparnos de que nuestras universidades públicas a lo largo de Chile no vayan disminuyendo ni deteriorando las remuneraciones de sus funcionarios, así como tampoco la capacidad de retener y mejorar a sus distintos escalafones de funcionamiento.
Primera norma.
En segundo lugar, me parece importante hacer un debate a nivel nacional respecto de cómo en la Administración Pública hemos ido creciendo y multiplicando la inclusión de personal bajo una dudosa juridicidad desde el punto de vista laboral a través de honorarios.
Eso no existe en otras partes del mundo, y no debiera ser en Chile una práctica habitual.
Y lo digo particularmente por lo que me ha tocado ver en reuniones con gremios ligados a la agricultura -Prodesal, Indap, PDTI-, donde es una situación vergonzosa que trabajadores y trabajadoras que llevan un largo tiempo y que han cultivado una relación de confianza con las comunidades y los pequeños agricultores, tienen que, con su vehículo, con su incertidumbre, sin ninguna protección, estar expuestos a aquello, frente a otros servicios que prestan las instituciones públicas. Y eso, Ministro, no podemos soslayarlo, no podemos evitarlo.
Expongo estos antecedentes como elementos previos.
En materia de salud también hay mucha desigualdad, y los gremios lo han señalado. Hay que fortalecer la red pública, especialmente la atención primaria. Ahí hay que seguir insistiendo, hay que seguir reteniendo a los buenos profesionales y técnicos, quienes han enfrentado momentos muy duros con la pandemia.
Pero quiero dejar para el último la referencia política, Ministro.
De hecho, para picar o para militar en el optimismo, dejo los artículos 74 y 75 para el final. Se tienen que votar separados, y yo al menos los voy a votar en contra, porque no podemos evitar o chutear este debate.
Usted habla de la solución de puentes. Mire, yo soy de la Región de Los Ríos, en la que tenemos malos recuerdos de puentes. Yo no quiero que esta solución sea el puente Caucau ni estas mesas que son tan buenos para instalar.
Hay que trabajar directamente con un artículo que permita postergar esto y encontrar una solución de fondo.
No busquemos soluciones a problemas que signifiquen otro problema; tampoco puentes, porque de puentes hay mala experiencia, ¡mala experiencia!
Aquí nosotros tenemos que dignificar ese trabajo de decenas, de miles de trabajadores que han cumplido funciones permanentes en municipios y que hoy día se enfrentan a esta incertidumbre. Y con todo el respeto hacia quienes han redactado este artículo, se señala en su inciso segundo que los alcaldes o alcaldesas, "con informe al concejo municipal, establecerán los requisitos para el traspaso, la forma de determinar la remuneración líquida mensual y el honorario líquido mensual, los criterios de priorización...".
Oiga, ¿y dónde están las organizaciones de los trabajadores para esto? O sea, vamos a quedar sujetos simplemente al criterio de un alcalde o una alcaldesa, y con una diferencia tremenda entre grandes municipios y pequeños municipios.
Entonces, generaremos nuevamente un problema; en vez de enfrentar esta situación, vamos a ahondarla.
¿Y por qué tenemos que legislar contra el tiempo?
Me parece bien, el Contralor hace su trabajo, pero él no está sobre el Congreso. Tenemos las facultades, y aquí hemos escuchado de todos los actores -muy bien lo señalaba el Senador Huenchumilla- que existe una formula. El Contralor no está sobre la ley; el Contralor interpreta... (se apaga el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... y emite dictámenes. ¡Me parece bien!, ¡me parece bien!; a veces uno está de acuerdo, a veces uno está en desacuerdo. Pero este es el Parlamento. Aquí está la soberanía popular, de Senadores y Senadoras que hemos sido electos para representar a la gente que nos interesa. Al menos a mí me gusta representar a los trabajadores.
Vamos a votar en contra para forzar una solución de fondo. No estos puentes, estos puentes Caucau o estos puentes intermedios para este tipo de situaciones.
Resolvamos este problema, para que esos trabajadores o esas trabajadoras que están hoy día a honorarios no terminen simplemente con un contrato de trabajo, con una modalidad que no va a solucionar el problema de fondo.
Voy a votar a favor del proyecto, pero pediré votación separada del artículo 74, para abrir esa puerta: puerta y mesa, no puentes Caucau o algo que se le parezca.
He dicho, señora Presidenta.
(Aplausos en tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, señor Senador.
Señor Secretario, le pido que haga el llamado de rigor, porque no hay más Senadores inscritos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (47 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Elizalde, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
Votó por la negativa el señor Edwards.
Se abstuvo la señora Rincón.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se hace presente a Sus Señorías que ahora correspondería efectuar la votación de aquellos artículos respecto de los cuales se solicitó votación separada, que son los artículos 74, 75, 76 y 77.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, señor Secretario.
Entonces, se da por aprobado en general el proyecto de ley de reajuste del sector público y pasamos a las normas respecto de las cuales se ha solicitado votación separada.
Nos vamos a ir pronunciando una a una.
Señor Ministro, ¿usted quiere agregar algo antes o iniciamos las votaciones separadas?
(Manifestaciones en tribunas).
Una vez más solicito a quienes están en las tribunas no emitir opiniones, ni a favor ni en contra.
Señor Ministro, tiene la palabra.

El señor MARCEL (Ministro de Hacienda).- Muchas gracias, Presidenta.
Ha habido varias intervenciones, la última fue la del Senador De Urresti, pero también lo hicieron así el Senador Araya, la Senadora Allende y la Senadora Sepúlveda, que plantearon buscar soluciones de fondo acerca del tema de los honorarios.
A este respecto, la vía de la conversación con la Contraloría ha estado desarrollándose durante todo el año. Nosotros, como Ministerio de Hacienda, como Ejecutivo, hemos estado conversando con la Contraloría el tema de la aplicación de su dictamen. No es algo respecto a lo cual hayamos estado cruzados de brazos, esperando que terminara el año para plantear recién el problema, de manera que es difícil pensar que eso pudiera formar parte de un plan B.
Lo que el Gobierno ha señalado al mismo tiempo es que no está cerrado a conversar soluciones de fondo para este tema. El punto es cómo hacerlo y con quién hacerlo.
Efectivamente, el Ejecutivo, como lo mencionaba me parece que el Senador Huenchumilla, tiene estas mesas de trabajo con los funcionarios públicos en diversidad de temas y no existe ningún inconveniente en hacerlo respecto de esta materia.
El punto es que hacen falta otros actores en la mesa. Nosotros no podemos discutir el tema de los honorarios sin los alcaldes ni las alcaldesas, ellos son los empleadores de los trabajadores a honorarios de las municipalidades.
Es cierto que hay muchas materias que requieren una solución legislativa, pero me imagino que todos coincidiremos en que las soluciones legislativas que incidan sobre la situación de los municipios tendrán que incorporar a quienes están a cargo de ellos.
El tiempo para hacer eso no son las horas que quedan de discusión de este proyecto, no es la instancia de una Comisión Mixta. Creo que en buena medida lo que manifestaba el Senador Huenchumilla tiene que ver con cómo generar ese tiempo.
Lo que se plantea en este proyecto es hacerlo a través de esta solución puente -vuelvo a usar el término "puente" porque no se me ocurre otro; afortunadamente, hay muchos puentes mejores que el puente Caucau en el país-, que permite generar ese espacio para desarrollar esa conversación, para poder llevar adelante ese trabajo.
Debemos tener claro que esto no es una conversación de veinticuatro horas, porque estamos hablando de trescientos cincuenta municipios en el país, con personal a honorarios que cumple distintas funciones, que se encuentra en diversas situaciones. Esto no es como cuando hablamos sobre el sector público, en donde hay un régimen laboral que es propio del sector público y nosotros representamos al Estado como su empleador; esta es una situación diferente. Por lo tanto, encontrar esas soluciones de fondo requiere tiempo, y tenemos que encontrar la forma de ganar ese tiempo.
En este proyecto, los artículos 74 y 75 tenían ese propósito, evitar que se generara una situación particularmente onerosa para trabajadores que podían perder su empleo como resultado de la aplicación de la norma.
Si existen otras alternativas, por supuesto que siempre estaremos dispuestos a conversarlas. Pero lo que quiero dejar claro es que nosotros no hemos renunciado al propósito de dar soluciones más de fondo a este tipo de situaciones, pero no podemos hacerlo de manera unilateral o de manera bilateral solo con los funcionarios, tenemos que incorporar necesariamente a los alcaldes y a las alcaldesas del país.
Eso es lo que quería aclarar, Presidenta, porque creo que el Ejecutivo ha propuesto una manera de enfrentar esto. No estoy seguro de si existe otra alternativa. Votar en contra de los artículos 74 y 75 no es la solución, porque perder esas normas significa que nos enfrentamos a una situación inminente que no tenemos tiempo de resolver.
Entonces, si existe otra alternativa, perfectamente la podemos conversar. Pero no nos hagamos la ilusión de que eliminando los artículos 74 y 75 vamos a resolver la situación.
Es lo que quería señalar, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, señor Ministro.
Vamos con las votaciones separadas, por favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Como se indicó, corresponde votar por separado los artículos 74, 75, 76 y 77.
En el orden del proyecto, habría que votar en primer lugar el artículo 74, a solicitud de los Senadores señores Chahuán y señora Ebensperger.
El artículo 74, Sus Señorías, comienza en la página 151 del comparado, cuarta columna, y señala lo siguiente:
"Durante los años 2023 al 2026, facúltase al alcalde o alcaldesa para modificar la calidad jurídica de personas contratadas a honorario a suma alzada o asimiladas a grado, pasando a ser contratadas bajo las normas del Código del Trabajo, con una remuneración líquida mensualizada que le permita mantener su honorario líquido mensual y de acuerdo a lo que se establezca en el decreto alcaldicio señalado en el inciso siguiente.
"El alcalde o alcaldesa, con informe al concejo municipal, establecerá los requisitos para el traspaso, la forma de determinar la remuneración líquida mensual y el honorario líquido mensual, los criterios de priorización, para el caso que haya más personal a honorarios que disponibilidad presupuestaria para el traspaso, considerando a lo menos la mayor antigüedad de la persona contratada a honorarios en el municipio que cumpla cometidos específicos de naturaleza habitual en él. También podrá considerar para estos efectos los períodos contratados en la municipalidad bajo otra calidad jurídica; y las demás normas de procedimiento que sean necesarias para la implementación de este artículo.
"Para efectuar los traspasos señalados, podrá ser modificado el límite máximo de la dotación de personal fijada en el presupuesto municipal, con cargo a una compensación equivalente en el número de personas contratadas a honorarios a suma alzada, asociadas a los Subtítulos correspondientes y no podrá significar en caso alguno un aumento de funcionarios. Con todo, no serán susceptibles de volver a contratar a honorarios en las mismas funciones del personal traspasado al Código del Trabajo por aplicación de este artículo.
"Los ajustes derivados de la aplicación de este artículo serán establecidos por medio de decretos alcaldicios.
"Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se podrá superar el límite establecido en el inciso final del artículo 2 de la ley N° 18.883, sólo hasta los porcentajes que sean necesarios para cubrir los gastos que sean con cargo al empleador con motivo del cambio de calidad jurídica.
"El alcalde o alcaldesa deberá informar anualmente al concejo municipal la aplicación de lo señalado en este artículo. El alcalde o alcaldesa podrá poner término al contrato de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de que trata este artículo, de acuerdo a la normativa vigente.
"No se podrá pactar el pago de indemnizaciones por causas distintas de las indicadas en los artículos 161, 162 y 163 del Código del Trabajo, y en caso alguno se podrá alterar el monto que entregue la base de cálculo dispuesta en dichas normas. En ningún caso se podrá convenir, individual o colectivamente, indemnizaciones cuyo límite máximo exceda aquel establecido en el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo.
"A las trabajadoras y los trabajadores contratados en virtud de este artículo les serán aplicables las reglas sobre responsabilidad administrativa contenidas en el Título V de la ley N° 18.883.
"Las trabajadoras y los trabajadores que hayan cambiado de calidad jurídica en virtud de este artículo y que perciban indemnización por años de servicio, no podrán ser contratados bajo ninguna calidad jurídica en la respectiva Municipalidad, ni en sus corporaciones, durante los cinco años siguientes al término de su contrato, a menos que, previamente, devuelvan la totalidad del beneficio percibido, debidamente reajustado por la variación del Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes de pago de la indemnización y el mes anterior al de la restitución, más el interés corriente para operaciones reajustables.
"En caso de que la facultad dispuesta por el presente artículo haya sido ejercida, con negligencia inexcusable, sin contar con los recursos presupuestarios suficientes, se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en la letra c) del artículo 60 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior.
"El número de personas que cambiaron de calidad jurídica en virtud de este artículo deberá ser informado anualmente, dentro de los treinta días siguientes al término del mes respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a la Dirección de Presupuestos.
"Las municipalidades deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los antecedentes actualizados, al menos una vez al mes, de los funcionarios respecto de los cuales se ha aplicado lo señalado en este artículo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del artículo primero de la ley N° 20.285.".
Ese es el texto del artículo 74, cuya votación separada se ha solicitado.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Necesitamos dos minutos y continuamos, pero no hemos suspendido.
Dos minutos, por favor.
(Luego de unos instantes).

El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a suspender la sesión por cinco minutos.
(Manifestaciones de rechazo en tribunas).
Sostendremos una reunión de Comités en la sala lateral, para ordenar la votación.
Se suspende la sesión.
(Manifestaciones de rechazo en tribunas).
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--Se suspendió a las 14:53.
--Se reanudó a las 16:26.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Continúa la sesión.
Vamos a recabar el acuerdo de la Sala para lo siguiente: terminar de votar el proyecto sobre reajuste, que se debe enviar a la Cámara; levantar esta sesión e iniciar la otra en forma inmediata, la especial referida a la prórroga del estado de excepción constitucional; concluida dicha sesión, iniciar la ordinaria, en cuya tabla hay una sola iniciativa.
¿Habría acuerdo para proceder de esa forma?
--Así se acuerda.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Queremos saludar especialmente a los estudiantes de la Escuela Diferencial España de Coyhaique, quienes están de gira de estudios; a la directora Maciel Acuña Jerez, y al profesor Juan Fernández Barril, todos los cuales han sido invitados por la Senadora de la Región de Aysén, Ximena Órdenes Neira.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a solicitar el acuerdo de la Sala para abrir un plazo mínimo para presentar la indicación del Ejecutivo que se conversó durante la reunión de Comités.
¿Habría acuerdo para ello?
--Así se acuerda.

El señor ELIZALDE (Presidente).- La indicación se entiende ingresada.
El Secretario de la Corporación la va a leer.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
El Ejecutivo, haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de la República, ha formulado una indicación al proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, a fin de que sea considerada durante la discusión de la iniciativa en la Corporación.
Al efecto, respecto del artículo 74, se presenta la siguiente indicación para agregar, en su inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: "Lo anterior, se aplicará cuando el personal a honorarios no pudiera ser traspasado a cargos a contrata.".
En consecuencia, el inciso en referencia, que es el inciso primero, queda del siguiente tenor: "Durante los años 2023 al 2026, facúltase al alcalde o alcaldesa para modificar la calidad jurídica de personas contratadas a honorario a suma alzada o asimiladas a grado, pasando a ser contratadas bajo las normas del Código del Trabajo, con una remuneración líquida mensualizada que le permita mantener su honorario líquido mensual y de acuerdo a lo que se establezca en el decreto alcaldicio señalado en el inciso siguiente. Lo anterior, se aplicará cuando el personal a honorarios no pudiera ser traspasado a cargos a contrata.". Esta última frase es la que agrega la indicación.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a proceder a abrir la votación de la indicación respecto del artículo 74.

El señor EDWARDS.- ¿Puede repetirla?

La señora PASCUAL.- Repítala.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.- Pido si puede repetir o explicar la indicación.

La señora RINCÓN.- Sí, que la expliquen.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Perdón, antes de abrir la votación, le vamos a dar la palabra al Ministro para que la explique.

La señora RINCÓN.- Eso.

El señor MARCEL (Ministro de Hacienda).- Gracias, Presidente.
Lo que estaríamos acordando es lo siguiente: "Los Senadores abajo firmantes y el Gobierno, representado por el Ministro de Hacienda y por la Ministra del Trabajo y Previsión Social, suscriben el siguiente protocolo que recoge los acuerdos surgidos en el marco de la discusión de la Ley de Reajuste de Remuneraciones, en el marco de viabilizar la tramitación legislativa, y se comprometen a constituir durante el mes de enero de 2023 una mesa de trabajo tripartita integrada por representantes de alcaldes y alcaldesas, de los trabajadores y las trabajadoras municipales, incluidos los que se desempeñan en calidad de honorarios, y el Ejecutivo, representado por el Ministerio del Trabajo, la Subdere y la Diprés, para abordar una solución integral a la situación del personal que se desempeña a honorarios en los municipios.
"Las propuestas que surjan de esta mesa deberán ser evacuadas durante el segundo semestre".
Eso sería, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Bueno.

El señor MOREIRA.- ¡Presidente!

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador Moreira.

El señor MOREIRA.- Seré muy breve, Presidente. Es para señalar un detalle importante.
Quiero pedir que lo leído por el señor Ministro, esa especie de acuerdo, se nos haga llegar a nosotros. ¿Para qué? Para poder enviarlo a los alcaldes de cada una de las regiones que representamos, y darles así algún grado de tranquilidad.
Yo tengo treinta alcaldes en mi región. Entonces, me gustaría que ese documento pudiera ser remitido hoy día, para así nosotros reenviárselo a todos los alcaldes.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a proceder a abrir la votación respecto de...

El señor GARCÍA.- Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Antes el Senador García está pidiendo la palabra.
Senador.

El señor GARCÍA.- Presidente, muchas gracias. Seré muy breve.
Es muy importante hacer una precisión: el dictamen de la Contraloría se refería a algunos trabajadores a honorarios, particularmente a los que estaban contratados bajo una determinada asignación presupuestaria.
El artículo 74 y siguiente no hace alusión a ninguna de esas divisiones de funcionarios a honorarios que existen dentro de las municipalidades. Por lo tanto, debemos entender que están comprendidos todos los trabajadores a honorarios, cualquiera que sea la asignación presupuestaria por la cual se estén cancelando sus remuneraciones.
Muchas gracias, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Muy importante la precisión, Senador García.
Senador Huenchumilla, tiene la palabra.

El señor HUENCHUMILLA.- Presidente, una cuestión de procedimiento.
Acabo de leer el borrador, cuyo encabezado es el siguiente: "Los Senadores abajo firmantes". La pregunta es: ¿quién va a firmar este documento? ¿Van a firmar los jefes de Comités, los Senadores de gobierno, los Senadores de oposición? ¿Va a ser una mezcla? ¿Quién es la contraparte, firmando este documento con el Gobierno?
Gracias, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Muy buena pregunta, Senador Huenchumilla.
Yo propongo que firmen los jefes de Comités que así lo quieran; además, puede ser la Mesa del Senado.

El señor MOREIRA.- Y los de Hacienda.

El señor ELIZALDE (Presidente).- No sé si podremos agregar también a los integrantes de la Comisión de Hacienda, para que al final...

La señora ALLENDE.- Los de Trabajo, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Firmarían los miembros de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, la Mesa del Senado y los jefes de Comités que así lo deseen.

La señora RINCÓN.- Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Yo no me voy a meter en el fondo del acuerdo. Pero este es un tema que al final se repite.
Explicó este punto largamente la Senadora Luz Ebensperger hoy pasado el mediodía y pasó algo similar en su momento con la Ley de la Contraloría: mediante la Ley de Presupuestos modificamos una ley permanente. Ahora vía ley de reajuste estamos cambiando otra ley, para resolver un problema, ¡pero no hacemos la discusión de fondo donde corresponde!
Presidente, por muy protocolo que haya, y con todo el respeto que les tengo al Ministro, a la Ministra y a los colegas, yo no estoy de acuerdo.
La vez pasada la Senadora Luz y yo votamos en contra; hoy voy a volver a rechazar, porque tenemos que hacer las cosas bien.
No voy a dar mi voto a favor, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador De Urresti.
Senadora Allende.

La señora ALLENDE.- ¡Abra la votación, Presidente!

El señor ELIZALDE (Presidente).- Sí, vamos a hacerlo.
Entonces, se somete a votación el artículo 74 con la indicación que ha propuesto el Gobierno, que señala: "Lo anterior, se aplicará...

El señor DE URRESTI.- ¡Presidente! ¡Presidente!

El señor ELIZALDE (Presidente).- ... cuando el personal a honorarios no pudiera ser traspasado a cargos a contrata.".
¿Ahora sí, Senador De Urresti?

El señor DE URRESTI.- Sí.

El señor OSSANDÓN.- ¡Abra la votación, Presidente!

El señor DE URRESTI.- Presidente, ya que este avance mediante un protocolo de acuerdo se logra in extremis, a punto de votar, y superando la teoría de los puentes que el Ministro planteó, creo que es importante, para precisión y tranquilidad de los trabajadores y funcionarios que están presentes, establecer cuál es el calendario del programa.
Llama poderosamente la atención que una situación que arrastramos desde hace tiempo, que durante muchos meses y años ha existido, terminamos resolviéndola o buscando fórmulas en el último instante.
Yo soy enemigo de estas mesas y estas situaciones de componenda. No me gustan, porque hay que abordar lo de fondo.

El señor INSULZA.- ¿Y por qué lo firmó, entonces?

El señor DE URRESTI.- No lo he firmado, Senador.

El señor INSULZA.- Está bien.

El señor DE URRESTI.- No me gusta ahondar los problemas, sino abordarlos.
Entonces, quiero saber cuál es el procedimiento; cuáles serán los plazos, y cómo será la participación de los trabajadores, alcaldes y distintas asociaciones que hoy día están presentes.
Me gustaría que eso quedara claro y preciso.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro Marcel o la Subsecretaria; no sé quién va a responder la pregunta.

El señor MARCEL (Ministro de Hacienda).- Yo, Presidente.
En el texto que acabo de leer se habla de constituir estas instancias en enero del 2023; eso significa trabajar especialmente durante el primer semestre, para que, como dice al final, las propuestas que surjan de esta mesa sean evacuadas durante el segundo semestre.
Ese es el horizonte de trabajo que nos hemos definido, el cual responde, por un lado, al hecho de que estamos integrando a distintos actores y, por otro, a que nos estamos haciendo cargo de un problema que, como bien señala el Senador De Urresti -por su intermedio, Presidenta-, es complejo y no ha tenido una solución adecuada en mucho tiempo.
Nos estamos fijando un plazo exigente, pero al mismo tiempo prudente, para generar las propuestas que efectivamente se requieren.

El señor MOREIRA.- Presidente, abramos la votación.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Se abre la votación respecto del artículo 74, con la indicación presentada por el Ejecutivo.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.
(Durante la votación).

La señora PROVOSTE.- ¡Punto de reglamento!

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senadora Provoste, tiene la palabra.
Está abierta la votación.

La señora PROVOSTE.- Presidente, respaldando lo que señala el Senador Francisco Huenchumilla, me parece que lo adecuado es que, antes de abrir la votación, se estampen las firmas en el protocolo y se garantice que los trabajadores, particularmente de las asociaciones de trabajadores a honorarios de los municipios, estén en esa mesa tripartita.
Si usted lo dispone así, Presidente, al menos debiera estar su firma, antes de iniciar la votación.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Sí.
Propongo lo siguiente, considerando que la firma importante aquí es la del Gobierno: yo voy a firmar el documento ahora en nombre del Senado; los jefes de Comités e integrantes de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda que decidan suscribirlo lo hacen después. Pero la firma relevante es la del Gobierno, porque esta fue una petición de los Senadores.
El Ministro ya lo asumió al leerlo.
Así que voy a firmarlo de inmediato.
Está abierta la votación.
(El señor Ministro de Hacienda, el señor Presidente y la señora Vicepresidenta firman el documento que contiene el protocolo de acuerdo).
(Pausa prolongada).
El protocolo ya ha sido firmado por el Ministro de Hacienda, por la Vicepresidenta del Senado y por mí. Los jefes de Comités e integrantes de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo que estimen conveniente firmarlo pueden hacerlo.
No quiero menospreciar la firma de los colegas Senadores y Senadoras, pero la firma que importa en esta materia es la del Ministro de Hacienda.
Señor Secretario, por favor, proceda a hacer la consulta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto respecto del artículo 74, con la enmienda que se ha introducido?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 74, con la enmienda presentada por el Ejecutivo (34 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Castro González, Castro Prieto, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Espinoza, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Campillai, Gatica, Núñez, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Chahuán, Cruz-Coke, Gahona, Ossandón, Prohens y Van Rysselberghe.
Se abstuvo el señor Edwards.
(Más adelante el Senador señor Flores pide dejar constancia de su intención de voto en contra).

El señor ELIZALDE (Presidente).- En consecuencia, se aprueba el artículo en los términos indicados.
(Manifestación verbal en contra en tribunas).
Vamos a proceder a las siguientes votaciones.
¿Es necesario, después de esta votación, realizar por separado las tres votaciones pendientes?
Voy a ir por partes.
¿Podríamos aprobar, con la misma votación, el artículo 75?

El señor FLORES.- No.

El señor ELIZALDE (Presidente).- ¿No?
Ya, perfecto.
El Senador Flores no da el acuerdo, por lo que se vota el artículo 75.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se ha solicitado votación separada del artículo 75, que se encuentra en la página 158 del comparado, cuarta columna. Ahí lo pueden revisar Sus Señorías.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Se abre la votación del artículo 75.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.
(Luego de unos instantes).

El señor ELIZALDE (Presidente).- Haga la consulta de rigor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 75 (31 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Castro González, Castro Prieto, De Urresti, Durana, Elizalde, Espinoza, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Campillai, Gatica, Núñez, Pascual y Sepúlveda y los señores Bianchi, Chahuán, Cruz-Coke, Flores, Gahona, Ossandón, Prohens y Van Rysselberghe.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Coloma, Edwards y Macaya.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senadora Pascual, ¿le parece que votemos los artículos 76 y 77 juntos?

La señora PASCUAL.- Sí.

El señor ELIZALDE (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar los artículos 76 y 77 juntos?
Perfecto: se abre la votación.
Votamos, conjuntamente, los artículos 76 y 77.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.
(Luego de unos instantes).

El señor ELIZALDE (Presidente).- Señor Secretario, por favor, proceda a hacer la consulta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban los artículos 76 y 77 (40 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones), quedando el proyecto aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Elizalde, Espinoza, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.
Votaron por la negativa las señoras Aravena y Campillai y los señores Gahona, Ossandón y Van Rysselberghe.
Se abstuvieron la señora Provoste y los señores Flores y Huenchumilla.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Se aprueban los dos artículos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Flores hizo presente a la Mesa que con relación a la primera votación, la del artículo 74, pide dejar constancia de su intención de voto en contra, para que se consigne en el registro respectivo.
(Rumores en la Sala).

El señor ELIZALDE (Presidente).- Así se hará.
Entonces, se despacha el proyecto a la Cámara de Diputados.

Vamos a levantar la sesión, y procederemos a reiniciar los computadores al objeto de comenzar la sesión especial relativa a la prórroga del estado de excepción constitucional.
No olvidemos que una vez terminada esa sesión especial llevaremos a cabo la sesión ordinaria, en que discutiremos el proyecto que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado.
Así que...

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ha llegado otra Cuenta agregada, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Antes de levantar la sesión, vamos a dar lectura a una Cuenta agregada.

El señor BUSTOS (Prosecretario).- Se ha recibido, Presidente...

El señor ELIZALDE (Presidente).- La Cuenta agregada la vamos a leer al inicio de la sesión especial siguiente.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 16:46.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción suplente