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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 370ª
Sesión 76ª, en miércoles 16 de noviembre de 2022
Ordinaria
(De 16:20 a 18:57)
PRESIDENCIA DE SEÑOR ÁLVARO ELIZALDE SOTO, PRESIDENTE, Y
SEÑORA LUZ EBENSPERGER ORREGO, VICEPRESIDENTA
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y
EL SEÑOR JULIO CÁMARA OYARZO, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Castro Prieto, Juan Enrique
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Elizalde Soto, Álvaro
--Flores García, Iván
--Gahona Salazar, Sergio
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, el Ministro de Obras Públicas, señor Juan Carlos García Pérez de Arce, y la Ministra de Salud, señora Ximena Aguilera Sanhueza.
Asimismo, se encontraba presente la asesora legislativa de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, señora Denisse Charpentier Castro.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y el señor Julio Cámara Oyarzo, subrogante, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 16 señoras Senadoras y señores Senadores.

El señor ELIZALDE (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ELIZALDE (Presidente).- Las actas de las sesiones 73ª y 74ª, especiales, en 8 y 9 de noviembre de 2022, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ELIZALDE (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Oficios
De la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia y de la señora Subsecretaria de Evaluación Social
Con el que solicitan la designación de un representante titular de esta Corporación, ante la Red Nacional Agenda 2030, del Consejo Nacional de Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, identificando las tareas adscritas a este cargo.
--Se toma conocimiento. Pasa a los Comités.
De la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública
Responde planteamiento del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, en orden a considerar la realización de un plebiscito ciudadano en la Región de La Araucanía y la Provincia de Arauco, en la Región del Biobío, para consultar a sus habitantes sobre la continuidad del estado de excepción constitucional en la Macro Zona Sur.
Atiende requerimiento del Honorable Senador señor Espinoza, referido a la posibilidad de contar con un vehículo policial nuevo en la comuna de Chaitén, específicamente para quienes residen en la localidad de Ayacara.
Del señor Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento
Da respuesta y remite nuevos antecedentes a la inquietud de la Honorable Senadora señora Rincón, sobre la necesidad de fiscalizar y adoptar otras medidas relativas al proceso de liquidación forzosa de la empresa que se indica.
Del señor General de Carabineros Jefe de la II Zona de Carabineros de Antofagasta
Informa consulta del Honorable Senador señor Araya, relativa a las medidas necesarias para dotar de mayor seguridad a los vecinos de la Población Oriente, comuna de Antofagasta, y a la ocurrencia de hechos delictuales en el sector que indica.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura e informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, para incorporar el libro electrónico (Boletín N° 12.959-04).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y Rumanía", suscrito en Santiago, el 26 de febrero de 2021 (Boletín N° 15.332-10).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señores Keitel, Cruz-Coke y Kast, con la que inician un proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, con el objeto de propiciar la incorporación de la asignatura de Educación Física en los niveles que indica (Boletín N° 15.501-04).
De los Honorables Senadores señores Keitel, Cruz-Coke y Kast, con la que inician un proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, con el objeto de propender al aumento de la cantidad de horas en que se imparte la asignatura de Educación Física en los establecimientos educacionales (Boletín N° 15.502-04).
--Pasan a la Comisión de Educación.
De los Honorables Senadores señores Chahuán, Castro González y Flores, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, con el objeto de incluir a los técnicos de enfermería de nivel superior (TENS) entre las profesiones médicas y afines que pueden desempeñar las actividades que se señalan (Boletín N° 15.504-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.

El señor BUSTOS (Prosecretario).- Eso es todo, Presidente.
Gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Muchas gracias, señor Prosecretario.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Antes de entrar al Orden del Día, ha pedido la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena para un punto de reglamento.
Senadora, tiene la palabra.

La señora ARAVENA.- Presidente, solicito a usted y a la Sala que puedan evaluar la posibilidad de ver sobre tabla el proyecto de ley que flexibiliza los requisitos y plazos de implementación de la ley Nº 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 15.364-09).
El tema es que dicha ley, que fue publicada el 2017, adolece de algunos problemas en torno a su implementación, ya que contiene hitos relevantes cuyos plazos cierran el 20 de noviembre de 2022, como la inscripción del registro de operadores, la conformación de los consejos consultivos y el inicio de la función de fiscalización.
Este proyecto es del Ejecutivo, fue propuesto hace alrededor de tres meses, y consta de un artículo único, el cual modifica seis disposiciones transitorias de dicha ley para extender los plazos que vencen el próximo domingo.
Entonces, ya no hay más tiempo y es un problema urgente porque, al menos en la mayoría de nuestras regiones, los APR están muy complicados para poder dar cumplimiento a esta ley.
En consecuencia, solicito que se evalúe mi petición para buscar una manera de resolver esto y ampliar los plazos.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Propongo que demos el acuerdo para votar el proyecto una vez que llegue el certificado correspondiente.
Eso vendría siendo en la sesión de hoy porque, en caso contrario, el proyecto tendría que verse en dos semanas más, toda vez que la próxima tenemos citadas sesiones de Sala para ver el proyecto de Ley de Presupuestos.
Apenas llegue el certificado, podríamos votarlo.
¿Habría acuerdo en la Sala para proceder en esos términos?

El señor NÚÑEZ.- Sí, Presidente.

La señora ARAVENA.- Sí.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Muy bien.
Así se acuerda.
Quedamos a la espera del certificado.
Pasamos al primer proyecto del Orden del Día.
V. ORDEN DEL DÍA



CUMPLIMIENTO DE METAS SANITARIAS Y DE ATENCIÓN DE USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE SALUD CON OCASIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN DE CATÁSTROFE POR PANDEMIA ASOCIADA A COVID-19

El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes.
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica, para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda, con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia de COVID-19, iniciativa correspondiente al boletín N° 14.257-11.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.257-11) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por objetivo dar por cumplidos aquellos procesos de formulación y evaluación del sistema público de salud que dan lugar al pago de asignaciones y bonificaciones asociados a metas sanitarias y trato al usuario, en consideración a la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la epidemia o pandemia a que ha dado lugar el virus SARS-CoV-2.
La Comisión de Salud hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, discutió la iniciativa en general y en particular, por constar de un artículo único.
Asimismo, advierte que el proyecto requiere informe de la Comisión de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y por el artículo 27 del Reglamento del Senado, pues impone gasto fiscal.
Finalmente, la referida Comisión deja constancia de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señor Bianchi (en reemplazo del Senador señor Flores), señores Chahuán y Sandoval (en reemplazo del Honorable Senador señor Macaya), y de que también lo aprobó en particular con las modificaciones y votaciones, también unánimes, que se consignan en su informe.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, esto es, los artículos 1 y 2 permanentes y el artículo transitorio del proyecto, en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Salud, como reglamentariamente corresponde.
Hace presente, además, que no introdujo enmiendas al texto despachado por el mencionado órgano técnico, sancionando las normas indicadas sin modificaciones, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma, Cruz-Coke, García, Lagos y Núñez.
Además, la Comisión de Hacienda deja constancia de los informes financieros considerados en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 15 y siguientes del informe de la Comisión de Salud, en las páginas 12 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor ELIZALDE (Presidente).- Le daremos la palabra al Presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma.
Estamos a la espera de la llegada del Presidente de la Comisión de Salud, Francisco Chahuán.
Senador Coloma, tiene la palabra.

El señor COLOMA.- Muchas gracias, Presidente.
Vengo, en nombre de la Comisión de Hacienda, a rendir el informe del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica, para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda, con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia de COVID-19.
Voy a hacerlo bien resumido, Presidente.
¿De qué se trata esta normativa?
Sabemos que hoy día hay un conjunto de asignaciones y bonificaciones, particularmente a los funcionarios del mundo de la salud, que dependían de la evaluación que se hiciera de su trabajo en determinadas circunstancias. Esto era lo que se llamaba "cumplimiento de meta sanitaria de atención de usuarios". Y esta es una normativa que obviamente se aplica.
Lo que ocurre en este caso particular, especialmente vinculado a trabajadores de la salud, es que, producto de la pandemia, la verificación de las metas sanitaras de atención se hacía imposible en la práctica. Y de ahí surge la opción de que en forma excepcional, por este año, se entiendan cumplidas las metas sin verificarse el proceso.
Y la razón es clara.
Uno ya se ha acostumbrado a andar sin mascarilla, pero hace pocos meses tuvimos una alerta global en materia sanitaria, y precisamente lo más difícil de fiscalizar era el cumplimiento de metas.
También, digámoslo, la primera prioridad de los trabajadores de la salud era brindar una buena atención a los usuarios. Y obviamente generar un escenario similar al de tiempos de normalidad, para efectos de acreditar el cumplimiento de metas, era una preocupación muy secundaria.
De ahí que surge esta idea -tengo que decirlo también- a mi entender inconstitucional, pues el cumplimiento se plantea sin el patrocinio del Ejecutivo y sin los recursos necesarios, aunque después se arregla todo en un proceso normal mediante la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo, con lo cual se busca la lógica virtuosa de generar proyectos importantes que estén financiados.
Esto supuso que el Ejecutivo presentara dos indicaciones desde un punto de vista financiero: una por 11.186.711 miles de pesos, destinados a los trabajadores de los establecimientos de los servicios de salud (ley N° 20.645), y el resto para el pago de los trabajadores de la atención primaria de salud, que son 9.112 millones 672 mil pesos, lo que irroga un gasto fiscal de 20.299 millones 383 mil pesos.
Posteriormente se agregó otra indicación por 1.612 millones de pesos, porque había una diferencia entre el informe original y lo que, en definitiva, se tenía que reliquidar respecto de determinados funcionarios de la salud.
Con esto, Presidente, creo que se da una salida justa a un problema real mediante una señal importante, que es una señal de agradecimiento al mundo de la salud por el tremendo esfuerzo que ha realizado en unos de los momentos más dramáticos que han ocurrido en nuestro país.
Asimismo, a la sesión nuestra fue invitada la Presidenta de la Fenats, quien valoró este acuerdo, aunque también planteó una situación de hecho, que el Gobierno quedó de estudiar, sea en este escenario o en otro, relacionada con los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Metropolitano, donde se produce una situación bien excepcional, ya que, como ellos entraron en funcionamiento definitivo, por así decirlo -la expresión no es correcta, pero es gráfica- a partir de enero, quedaron fuera de este beneficio.
Y ahí es donde la Comisión le pide al Ejecutivo -sabemos que no es atribución nuestra hacerlo, porque esto supone gasto, pero nos parece bien justo- que, ante condiciones equivalentes, se encuentren soluciones equivalentes.
Y si bien es verdad que un grupo grande de trabajadores de la salud -el más importante, digamos- va a recibir esta asignación especial, esta bonificación por efecto del cumplimiento de metas, también hay otro grupo de funcionarios, localizados en el Hospital Metropolitano, que por razones de funcionamiento no la van a poder percibir, a menos que haya un cambio. Yo sugiero, por ejemplo, que sea a través de la ley de reajuste, que se verá en los próximos días, mediante una indicación miscelánea o alguna otra fórmula.
Si se logra eso, creo que el cumplimiento de la tarea es mucho más completo.
Por eso, en nombre de la Comisión de Hacienda, valoramos la aprobación unánime de este proyecto.
Tuvimos una buena conversación con la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud; quedamos con el compromiso de hacer en la Sala esta petición formal al Gobierno para que pudiera evaluarla, y nos parecería de alta justicia complementar este esfuerzo, incorporando a aquellos trabajadores que, por esta vía, quedan de lado.
Con esta idea, proponemos aprobar rápidamente el proyecto para que esta bonificación pueda pagarse lo antes posible.
He dicho, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a proceder a abrir la votación.
Saludamos a los dirigentes de la Fenats y de Fenpruss que nos acompañan desde las tribunas.
Se ha abierto la votación.
Este proyecto no es de quorum especial.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Secretario, haga la consulta de rigor para proceder a dar por cerrada la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (28 votos a favor y 1 pareo), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro Prieto, Coloma, Cruz-Coke, Edwards, Elizalde, García, Huenchumilla, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Moreira, Núñez, Prohens, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
No votó, por estar pareado el señor Pugh.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Se consigna la intención de voto favorable de la Senadora Claudia Pascual y de los Senadores Felipe Kast, Francisco Chahuán y Kenneth Pugh.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se deja constancia de que se encontraban pareados el Senador señor Espinoza con el Senador señor Ossandón, y el Senador señor Gahona con el Senador señor Castro González.

El señor ELIZALDE (Presidente).- En consecuencia, se da por aprobado el proyecto de ley, que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia de COVID-19.
(Aplausos en las tribunas).
Se enviará el oficio respectivo a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.

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El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Presidente, por insinuación de algunos parlamentarios jefes de Comité, nosotros el día lunes pusimos en la tabla de hoy el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona delitos en contra del medioambiente, con los números de los respectivos boletines que ahí aparecen.
Lamentablemente, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente no están presentes en este minuto y, por tanto, no pude consultarles a ellos, pero algunos asesores han reparado en lo siguiente.
¿Qué pasa, Presidente? El proyecto, que está en el punto 3 de la tabla, versa sobre la misma materia que aquel que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos (boletín Nº 13.205-07). Este proyecto está en segundo trámite constitucional y se encuentra en discusión particular en la Comisión de Constitución, con urgencia calificada de "suma" desde el pasado 9 de noviembre de 2022.
Por su parte, el proyecto que está en tabla es del año 2019 e incorpora mociones que fueron presentadas hasta el 2014. Su texto es anterior a la Ley de Cambio Climático, por lo que requeriría importantes cambios.
Entonces, yo preguntaría a la Comisión de Medio Ambiente si vale la pena continuar con la tramitación de ese proyecto y votarlo hoy día, o si más bien es preferible incorporar lo que sea rescatable del proyecto que ya está en segundo trámite y con urgencia del Gobierno vigente y retirar esa iniciativa de la tabla por haber perdido la oportunidad.
Presidente, me gustaría que usted pidiera información sobre este proyecto.
Nada más.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Sobre este punto, le vamos a ofrecer la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Matías Walker.

El señor WALKER.- Gracias, Presidente.
Respecto de lo que plantea el Senador Iván Moreira, como Presidente de la Comisión de Constitución, y sin perjuicio de respetar la autonomía de lo que haga la Comisión de Medio Ambiente -de hecho, el Senador Alfonso de Urresti ya había advertido de que estaban tramitando otro proyecto-, efectivamente, estamos votando en particular, en segundo trámite constitucional, el proyecto que sistematiza todos los delitos económicos y de atentados contra el medioambiente.
Y, en efecto, el Senador De Urresti advirtió de esta situación, en el sentido de que hay un proyecto distinto, en primer trámite, en la Comisión de Medio Ambiente. Nosotros, por prudencia y por respeto a dicha Comisión, acordamos seguir adelante con el resto de los tipos penales, por ejemplo, atentado a la libre competencia y otros, a la espera de lo que resolviera la Comisión de Medio Ambiente.
Creo que más bien es una decisión que deben tomar los Comités. Pero, efectivamente, lo que hace este proyecto, que estamos votando en particular -de hecho, tuvimos sesión el lunes con todos los profesores de Derecho Penal que nos han acompañado desde su trámite en la Cámara de Diputados-, es sistematizar todos los delitos económicos, incluyendo los atentados al medioambiente. Es más, el texto toma en consideración los anteproyectos de reforma al Código Penal de los Gobiernos de la Presidenta Bachelet y del Presidente Piñera.
Adicionalmente, por si esto fuera poco, la Cámara de Diputados quiere empezar a tramitar la reforma al Código Penal propiamente tal. Entonces, lo que hemos hablado, por lo mismo, con la Ministra de Justicia, es que ya que este proyecto respecto a los delitos económicos y ambientales está en segundo trámite,... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... Comisión de Constitución.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a tener que resolver esto, pero hay varios proyectos antes en el Orden del Día.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Previamente, el Senador Insulza quiere hablar del proyecto anterior, que ya se votó.
Yo solo quiero dejar constancia de que cuando cerramos la votación no había nadie inscrito.
Entonces, le vamos a dar la palabra al Senador Insulza.

El señor CHAHUÁN.- ¡Presidente!

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador Chahuán, usted no estaba en ese momento. Por lo tanto, no le vamos a poder dar la palabra por ese proyecto. Se la daremos a la Ministra de Salud y vamos a continuar, porque en el caso del Senador Insulza, él dice que no lo vimos, aunque no estaba apretado el botón, pero efectivamente se encontraba en la Sala.

El señor CHAHUÁN.- Estábamos en sesión de la Comisión de Salud.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Él sí estaba en la Sala.
Si un Senador llega después de una votación, no estando en la Sala, y quiere hablar del proyecto que ya se votó, yo no le puedo dar la palabra, con todo respeto, porque, de lo contrario, vamos a sentar un precedente nefasto para el futuro, pues tendremos que esperar a que los Senadores entren a la Sala dos o tres horas después para hablar de proyectos que ya se votaron.
Entonces, vamos a hacer una excepción...

El señor CHAHUÁN.- ¡Pido reglamento!

El señor ELIZALDE (Presidente).- ... con el Senador Insulza...

El señor CHAHUÁN.- ¡Reglamento!

El señor ELIZALDE (Presidente).- ... y con la Ministra.
Senador Insulza,...

El señor INSULZA.- Yo no quiero crear ningún problema.

El señor ELIZALDE (Presidente).- ... y después le doy la palabra, Senador Chahuán, por reglamento.
Senador Insulza.

El señor INSULZA.- Yo sí estaba en Sala, como se constata en la votación.
Si mi nombre no fue registrado, no tengo problema.
Solo quería agradecer a los trabajadores de la salud por la enorme labor que han realizado a lo largo de todos estos años de pandemia, un trabajo heroico, que está bien recompensado el día de hoy.
Mis felicitaciones por eso.
Ese era mi único objetivo.
Y en cuanto al uso de la palabra, creo que ya no corresponde, como usted dice.
Me gustaría que se insertaran mis observaciones en la Versión Oficial.
Pero solo se trataba, como dije, de un agradecimiento a los trabajadores de la salud, que a mi juicio no son premiados, sino agradecidos con este proyecto, por lo mucho que se lo merecen.
Muchas gracias.
(Aplausos en tribunas).

El señor ELIZALDE (Presidente).- De todas maneras, Senador Insulza, se va a agregar su intervención a la Versión Oficial, que la va a hacer llegar por escrito, tengo entendido.
Perfecto.
--El texto del Senador señor Insulza cuya inserción se dispuso es el siguiente:
"Quiero valorar este proyecto, anhelado con justicia por los trabajadores de la salud, fruto del reconocimiento a los tres años que han tenido que enfrentar los trabajadores de la salud la pandemia, señalando que la iniciativa entrega justicia a una situación que, producto de la crisis sanitaria, había derivado en la imposibilidad de cumplir metas.
"Valorar también la disposición de los parlamentarios transversalmente y del Ejecutivo que neutralizó la eventual inconstitucionalidad presentando las indicaciones pertinentes que simplificaron derechamente el trabajo de la Comisión Mixta, llamada a pronunciarse sobre la admisibilidad del proyecto, resguardando los imperativos de legalidad del mismo y permitiendo que la legitimidad de este se impusiera haciendo justicia con los trabajadores de la salud que han debido asumir con la debida versatilidad las diversas tareas que la pandemia les exigió técnica, profesional y éticamente.
"Finalmente, valorar la presteza con que ha actuado la Comisión de Hacienda del Senado que ha despachado su informe favorable certificando además que se trata de 21 mil millones de pesos que se encuentran debidamente financiados sectorialmente y por el Tesoro Público en subsidio, y dar fe así de la voluntad general y oportuna de reconocer el aporte de los trabajadores del sector salud en los duros tiempos de pandemia y hacer visible la imposibilidad de cumplir metas y objetivos para acceder a la evaluación habilitante para obtener sus remuneraciones mejoradas, dando por cumplidas en un 100 por ciento dichas metas".

El señor ELIZALDE (Presidente).- Ministra, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.- ¡Presidente!

El señor ELIZALDE (Presidente).- Después de la Ministra le doy la palabra, Senador Chahuán.

La señora AGUILERA (Ministra de Salud).- Gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, quiero saludar a los Senadores. Y me disculpo porque estaba en sesión de la Comisión de Salud y no pude estar presente en el momento de la aprobación del proyecto de ley que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud.
Agradezco la aprobación de este proyecto, que hace justicia y justo reconocimiento a la labor que han realizado los trabajadores de la salud durante estos más de dos, casi tres años, de emergencia sanitaria; una emergencia de larga evolución, sin precedentes en nuestra historia republicana, y respecto de la cual van a pasar años antes de que podamos constatar todos los efectos que ha tenido para nuestra vida, para nuestra salud, para el sistema de salud, e incluso para la economía, como a todos les consta.
Doy gracias por la aprobación del proyecto en nombre de todos los funcionarios del sistema de salud, de la atención primaria de salud municipal, de las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales, del Instituto de Salud Pública, de la Central Nacional de Abastecimiento, del Fondo Nacional de Salud, de la Superintendencia de Salud y de los establecimientos de salud de carácter experimental.
Muchas gracias.
(Aplausos en tribunas).

El señor ELIZALDE (Presidente).- Gracias, Ministra.
Senador Chahuán, punto de reglamento.
Tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.- Intervengo para que el señor Presidente retire sus dichos, debido a que estábamos en Comisión de Salud aprobando beneficios de descanso reparatorio para los trabajadores del sector privado de salud por su trabajo durante la pandemia.
Usted ha señalado que aquí hay Senadores que entran y salen. Estábamos en Comisión de Salud, con la Ministra de Salud, y pido que usted retire sus dichos.
Quiero que se agreguen mis palabras, para que queden incorporadas, tal como las del Senador Insulza.
Pero le quiero decir que estaba la Ministra y el Presidente de la Comisión de Salud, en la Comisión de Salud, sacando adelante un proyecto hasta total despacho.
He dicho, señor Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador Chahuán, yo no voy a retirar mis dichos, porque lo que dije es que usted no estaba.
Pero voy a agregar algo más: las Comisiones no pueden sesionar en paralelo con la Sala. La sesión empezó a las 16:20. Su Comisión debería haber terminado de sesionar a las cuatro de la tarde. La Ministra no tiene por qué saber eso, porque es Ministra, no Senadora. Pero los Senadores tenemos la obligación no solo de conocer el Reglamento, sino de respetarlo.
Yo solo constaté que usted no estaba en la Sala. Tanto es así que le pedimos al Senador Coloma que diera el informe de Hacienda y dijimos que íbamos a esperar a que llegara en algún momento el Presidente de la Comisión de Salud.
Si la Comisión de Salud sesionó en paralelo con la Sala, sin autorización de esta, simplemente no cumplió el Reglamento.
Yo me limité a describir hechos y no hago ninguna calificación al respecto.

El señor CHAHUÁN.- Pido reglamento.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Le daré la palabra altiro, Senador.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Senadora Aravena.

La señora ARAVENA.- Presidente, respecto al proyecto que sanciona los delitos contra el medioambiente, tengo una minuta bastante extensa sobre la historia de su tramitación.
Pero me voy a remitir solo a explicar que, por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, después de ver de nuevo el proyecto y de haber escuchado atentamente a la señora Ximena Insulza, profesora de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, que además integró varias instituciones vinculadas al tema, tomamos la decisión de que tales proyectos debían ir por vías paralelas.
Entonces, cumplo con informarle a esta Sala.
Puedo leer el informe completo, si usted lo estima necesario, Presidente, pero tengo que hacer ver cuál fue la decisión de la Comisión, que estoy presidiendo en reemplazo de la Senadora Núñez.
Solo eso.
Muchas gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Lo que pasa es que este proyecto se encuentra en tercer lugar y de todas maneras va a quedar en cuarto lugar, porque tenemos antes el proyecto que se acordó agregar sobre tabla, por haber llegado el certificado correspondiente.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.- Simplemente para que quede constancia en la Versión Oficial, quiero señalar que se estaba legislando en forma paralela a la Sala puesto que era urgente despachar el proyecto de ley de descanso reparatorio para los trabajadores del sector privado.
Esto ha ocurrido muchas veces, y tuve que extender la sesión para poder despachar el proyecto.
Lo digo simplemente para que quede constancia en la Versión Oficial.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador Chahuán, cada vez que usted interviene me obliga a argumentar adicionalmente.
El Senador Insulza reclamó porque, estando en la Sala, no había podido hablar. Usted no se encontraba en la Sala y pidió hablar, y por eso dije que no íbamos a hacer una excepción en su caso porque usted no estaba en la Sala.
Acto seguido, pidió que retirara mis dichos, y yo lo único que hice fue describir una realidad: usted no estaba en la Sala a la hora que correspondía, pudiendo tener razones más que justificadas: yo no las voy a entrar a calificar.
Lo que sí debo manifestar es que, cada vez que usted señale...

El señor CHAHUÁN.- ¡Por qué!

El señor ELIZALDE (Presidente).- ... este punto, me obliga a precisar que las sesiones de Comisión requieren autorización de la Sala para funcionar en paralelo. Por tanto, ni los martes ni los miércoles, estando citadas sesiones ordinarias a contar de las cuatro de la tarde, pueden sesionar las Comisiones.
No cuesta nada concurrir a la Sala. Si existieran motivos fundados para sesionar en paralelo, la Sala va a otorgar la autorización. En caso contrario, no lo pueden hacer.
Yo solo he descrito hechos, no he calificado conductas, y expliqué la razón por la cual sí habíamos hecho la excepción con el Senador Insulza (porque él sí estaba en la Sala) y no la habíamos hecho con usted, independientemente de que considere que las razones son justificadas.

El señor CHAHUÁN.- Diga la verdad.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Cada vez que usted insista, yo voy a tener que repetir la razón por la cual hicimos la excepción.

El señor CHAHUÁN.- ¡Estábamos en la Comisión de Salud, trabajando!

El señor ELIZALDE (Presidente).- Le insisto.
Usted me dice que estaba en la Comisión de Salud: las Comisiones no pueden citar en paralelo a la Sala; eso lo sabemos todos.
--El texto del Senador señor Chahuán cuya inserción se acuerda con posterioridad es el siguiente:
"Señor Presidente, Honorable Sala:
"En mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud, paso a informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica, para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda, con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia de COVID-19.
"Este proyecto se originó en una moción transversal de diversos Diputados, que primeramente fue declarada inadmisible, lo que posteriormente se revirtió en la Sala de la Cámara, siendo aprobado su artículo único, y en esta Corporación, al ser ingresada fue igualmente declarada inadmisible, formándose de acuerdo a la ley, una Comisión Mixta, que propuso su admisibilidad, la que al ser aprobada permitió proseguir su tramitación, y fue aprobada en la Comisión, en general y en particular, siendo reemplazado su artículo único, por dos artículos, en virtud de indicaciones presentadas por el Ejecutivo, lo que se traduce en que le ha dado su patrocinio al proyecto.
"El texto aprobado del proyecto en la Comisión, que los colegas tienen a su disposición, dispone que en forma excepcional se pague en el año 2022 al personal regido por el Estatuto de la Atención Primaria, contenido en la ley N° 19.378, la asignación de mejoramiento de la calidad de trato al usuario, contenida en la ley N° 20.645, en la forma y modalidades que el artículo primero establece, beneficios que se hacen extensivos también al Hospital Experimental Padre Alberto Hurtado.
"Asimismo, el artículo 2o dispone que durante el año 2022, de manera excepcional, los funcionarios de los servicios de salud, de la Subsecretaría de Salud Pública, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Instituto de Salud Pública de Chile, de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de los Servicios de Salud, del Fondo Nacional de Salud, de la Superintendencia de Salud, y de los establecimientos de salud de carácter experimental creados por los decretos con fuerza de ley Nos 29, 30 y 31, todos del año 2001, del Ministerio de Salud, recibirán el pago de las asignaciones variables o de sus componentes variables, según corresponda, asociados a metas ejecutadas durante el año 2021, tales como, el componente variable de la asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo establecido en los artículos 83 al 85 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; el componente asociado al cumplimiento anual de metas sanitarias y mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios de la asignación de acreditación y estímulo al desempeño colectivo regulado en los artículos 86 al 89 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; y la asignación asociada al cumplimiento anual de metas de producción y de calidad del artículo 12 de la ley N° 20.707.
"El proyecto se encuentra debidamente financiado, según nos lo ha informado la Comisión de Hacienda, y debo señalar que esta iniciativa ha sido muy esperada por los funcionarios del sector público de salud, cuyo objeto es dar por cumplidas las metas sanitarias, debido a que, con motivo del estado de excepción de catástrofe, generado por la pandemia de COVID-19, se produjo una situación muy compleja que obstaculizó el cumplimiento de las metas contempladas.
"Por esta razón, con las modificaciones señaladas, hemos aprobado por unanimidad el proyecto de ley referido, por lo que solicito a los colegas que den igualmente su voto favorable, para que vuelva a la Cámara a cumplir su tercer trámite constitucional, dadas las enmiendas que acá se le han introducido.
"Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
"He dicho".
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a pasar, entonces, a la lectura de una Cuenta agregada.

El señor BUSTOS (Prosecretario).- Presidente, en este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informes
De la Comisión de Obras Públicas y de las Comisiones de Hacienda y de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, unidas, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, con la finalidad de flexibilizar sus requisitos y plazos de implementación (Boletín Nº 15.364-09) (con urgencia calificada de "suma").

El señor ELIZALDE (Presidente).- Votaremos este proyecto a continuación del que vamos a ver ahora, en tercer lugar.
Quedan para tabla, conforme se acordó unánimemente al inicio de la sesión, acogiendo la petición de la Senadora Aravena.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Pasamos al segundo proyecto del Orden del Día.



INCORPORACIÓN DE NUEVO PÁRRAFO EN CÓDIGO PENAL RELATIVO A EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. VETO

El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental, al proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo en el Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, iniciativa correspondiente al boletín N° 14.440-07, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.440-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Es dable recordar que el objetivo de este proyecto de ley es propender a la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial cuando afecte a niños, niñas y adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo párrafo al Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas o adolescentes.
Cabe consignar que la Cámara de Diputados, que es Cámara de origen, aprobó por unanimidad la totalidad de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al texto despachado por el Congreso Nacional.
Dichas observaciones versan sobre lo siguiente:
-La observación N° 1 propone sustituir el numeral 11 del artículo 1 del proyecto, que introduce modificaciones en el artículo 368 ter del Código Penal.
-La observación N° 2 propone adicionar un numeral 13, nuevo, que suprime el artículo 369 bis del Código Penal, relativo a la apreciación de la prueba por parte del juez.
-La observación N° 3 propone sustituir el numeral 13 del artículo 1, que pasaría a ser 14, y que introduce modificaciones al artículo 369 ter.
-La observación N° 4 propone sustituir el numeral 14 del artículo 1, que pasaría a ser 15, y que introduce modificaciones en el artículo 369 quinques.
-La observación N° 5 propone adicionar un numeral 16, nuevo, que reemplaza una referencia en el inciso primero del artículo 370 bis.
-La observación N° 6 propone reemplazar el numeral 16 del artículo 1, que pasaría a ser 18, y que introduce modificaciones en el artículo 372 del Código Penal.
-La observación N° 7 propone adicionar un numeral 19, nuevo, que reemplaza la referencia en el artículo 372 ter.
-La observación N° 8 propone sustituir el artículo 2, que modifica el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales.
-La observación N° 9 propone sustituir el artículo 3, que modifica el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
-La observación N° 10 propone adicionar los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, nuevos, para modificar, respectivamente, los siguientes textos legales: el Código Procesal Penal; la ley N° 19.856, que crea un Sistema de Reinserción Social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta; la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN; la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transportes Remunerados de Escolares; el Código Orgánico de Tribunales, y la ley N° 19.846, sobre calificación de la producción cinematográfica.
Además, es dable consignar que el Presidente de la Comisión de Constitución calificó las observaciones números 2, 5, 7 y 10 como aditivas.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado deja constancia de que, sometidas a votación la totalidad de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Elizalde, Galilea y Walker, por lo que propone a la Sala aprobar las diez observaciones formuladas por el Primer Mandatario.
Asimismo, consigna que el artículo 12, que introduce modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales, propuesto por la observación N° 10, tiene rango de ley orgánica constitucional, por lo que requiere 27 votos favorables para su aprobación.
Cabe recordar que, al tenor de lo dispuesto en los artículos 127 y 188, números 1° y 2°, del Reglamento del Senado, las observaciones del Ejecutivo se discuten en general y en particular a la vez, se votan separadamente y no procede dividir la votación.
El texto de las observaciones presentadas se transcribe en las páginas 6 y siguientes del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor ELIZALDE (Presidente).- Quiero recordar que hay normas de quorum especial consideradas en las observaciones del Presidente de la República. Además, son varias votaciones.
Vamos a recabar la unanimidad para votar todo conjuntamente.
¿Habría acuerdo para una sola votación?
(Rumores).
El Senador Chahuán no da el acuerdo; por tanto, vamos a tener que votar una a una.

El señor MOREIRA.- ¿Cuántos votos se necesitan?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Se requieren 27 votos.
Les recuerdo que, si se cae, el texto va a quedar incoherente.
No olvidemos que este veto fue aprobado unánimemente.
Senador Chahuán, yo sé que usted está enojado conmigo, pero no haga responsables de que se caiga una votación a las niñas, niños y adolescentes que se verán beneficiados con esta legislación.
Entonces, voy a recabar de nuevo la unanimidad.
Si tiene un problema conmigo, lo resolvemos de otra manera. Pero no legislemos mal; no repitamos malas prácticas que se dan en otros órganos; legislemos bien.
(Rumores).
Voy a recabar de nuevo la unanimidad.
¿Habría acuerdo para que sea una sola votación?

El señor CHAHUÁN.- Sí, Presidente, doy la unanimidad.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Muy bien, haremos una sola votación.
Muchas gracias, Senador Chahuán, por su grandeza y su gentileza.
Entonces, una sola votación.
Senador Walker, tiene la palabra.

El señor WALKER.- Muchas gracias, Presidente.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar respecto de las observaciones, en segundo trámite constitucional, formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo en el Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, iniciado en mensaje del ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique, para cuyo despacho se ha hecho presente la urgencia calificada de "suma".
Es dable mencionar que la Honorable Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó la totalidad de las observaciones del Presidente de la República por unanimidad (130 votos).
Cabe hacer presente que la observación signada con el N° 10, en lo que respecta al nuevo artículo 12, que introduce modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales, incide en una norma orgánica constitucional, de conformidad con el inciso primero del artículo 77 y en concordancia con el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Carta Fundamental.
El propósito de estas observaciones es hacerse cargo de un conjunto de aspectos formales que deben ser afinados como consecuencia de la creación del nuevo tipo penal que establece la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes.
En este marco, se trata de adecuaciones de referencia legislativa que se dan principalmente debido a que los delitos sexuales en los últimos cinco años han sido objeto de diversas modificaciones como consecuencia de la entrada en vigencia de distintas normativas, entre ellas la ley N° 21.057, sobre entrevistas videograbadas; la ley N° 21.160, que declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; la ley N° 21.153, que tipificó el acoso sexual en espacios públicos; la ley N° 21.483, que reforzó la protección de las víctimas de delitos cuando sean menores de edad, y la Ley Antonia, actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional.
Además, si bien durante la tramitación del proyecto de ley sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes se hizo alusión a otras disposiciones legales relevantes, faltó precisar algunas normas vinculadas con la materia.
Las observaciones del Ejecutivo, entonces, admiten la siguiente agrupación:
a) Las relativas al párrafo 6 bis que se incorpora al Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal, con el objeto de que las referencias permitan una aplicación efectiva de la disposición para delitos contenida en el mismo Código, en particular en lo relativo al delito de violación.
b) Las referidas al artículo 367 quáter, que pasó a comprender los delitos asociados a pornografía de niños, niñas y adolescentes, y que hoy se encuentran en el artículo 366 quinquies y en el artículo 374 bis, que se eliminan del Código.
c) Las que atañen al nuevo delito de transmisión de material pornográfico, que necesita ser incorporado como referencia legislativa en el artículo 367 septies.
En lo tocante a la eliminación del artículo 369 bis del Código Penal (que el Ejecutivo propone en la observación N° 2), el Ministerio Público manifestó su opinión favorable a dicha supresión, puntualizando que no generaría efectos en materia de persecución penal. En todo caso, dicha supresión sería armónica con la regulación que se consulta para el Código Procesal Penal.
En el mismo sentido, el profesor de Derecho Penal señor Antonio Bascuñán explicó que el artículo 369 bis del Código Penal constituye una regla anterior a la reforma procesal penal, y que su función fue dialogar con el Código Procesal Penal, estableciéndose en el tiempo intermedio una norma de valoración racional de la prueba, al margen de apreciaciones legales o prueba tasada. Por ello, y como en la práctica el artículo 369 bis cayó en obsolescencia, requiere ser interpretado con arreglo a las normas de apreciación de la prueba introducidas por dicho Código. Los delitos sexuales no requieren una norma especial distinta de la que se contiene en aquel cuerpo normativo.
Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.
Le ruego desde ya, si usted y la Sala lo tienen a bien, abrir la votación.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Bien.
Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación, teniendo presente que, dentro de las diez observaciones, la correspondiente al artículo 12, como ha señalado el Presidente de la Comisión, es de quorum especial.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Se abre la votación de todas las observaciones, como se acordó previamente.
(Durante la votación).
Senadora Aravena, tiene la palabra.

La señora ARAVENA.- Presidenta, trataré de ser bien breve.
Solo quiero señalar que me parece un muy buen proyecto y que el trabajo de la Comisión fue muy bueno. En ese contexto, cambiar el concepto de prostitución infantil por el de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es quizá lo más valioso.
También deseo hacer mención, específicamente, a una indicación que nosotros presentamos, finalmente no aprobada, que aborda un tema del cual es importante hacernos cargo. Dice: "quien sea dueño, administrador o responsable de una página web, aplicación o plataforma digital que exhiba, difunda, distribuya o comercialice, bajo cualquier formato, material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años" debiera ser sancionado "con presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales".
La semana pasada, en Estados Unidos, una de las páginas pornográficas más grandes del mundo fue demandada precisamente por la exhibición en internet de la violación de un niño de apenas doce años de edad.
Por otro lado, el Ministerio Público ha señalado, como consta en uno de los informes referidos al proyecto, que "El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a los Estados garantizar que las personas, naturales o jurídicas, puedan ser consideradas responsables penalmente por haber cometido o intentado cometer delitos contemplados en el Protocolo Facultativo, o por haber sido cómplices o haber participado en ellos, debiendo establecer por ley la responsabilidad de las empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones".
Por último, está el tema del acceso por parte de los menores de edad a material pornográfico como forma de abuso.
Otra materia pendiente que no fue abordada en este proyecto es el libre acceso que tienen hoy día menores de edad a material que es inapropiado para ellos. El libre acceso a material pornográfico violento y explícito, por ejemplo, está generando un efecto devastador en el desarrollo de las nuevas generaciones.
Los esfuerzos por regular el contenido y restringir el acceso a pornografía a menores de edad no han estado a la par con la rapidez con que ha evolucionado la tecnología. Eso lo plantea la Unicef.
Por ello, junto con otros Senadores, hace pocos días presentamos un proyecto para establecer un sistema de verificación de edad a sitios y plataformas web que exhiban contenido no apropiado para menores de edad.
Gracias, Presidente.
Obviamente, voy a votar a favor el veto.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senadora.
Les ruego a los señores Senadores que emitan su voto.
Cabe recordar que esta votación contempla una observación que requiere quorum especial.
No hay más inscritos, así que haremos sonar los timbres por algunos minutos para que todos los señores Senadores vengan a votar.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Ya están entrando los que faltan.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Sí.
Esperaremos unos minutos.
Están sonando los timbres.
Señor Secretario, haga el llamado respectivo.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
(La Senadora Campillai, ingresando a la Sala, levanta la mano).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Sí, falta la Senadora Campillai.
La vamos a esperar, Senadora. No se preocupe.

La señora CAMPILLAI.- Muy amable. Muchas gracias.
(Pausa).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Cerrada la votación.

--Se aprueban las observaciones formuladas por el Presidente de la República (34 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda despachado.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Edwards, Elizalde, Flores, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Kusanovic, Latorre, Moreira, Núñez, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Aprobado y despachado el veto.
¿Dejamos la constancia de su voto favorable, Senador Keitel?

El señor KEITEL.- Sí, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Así se consigna.

El señor KEITEL.- Gracias.


El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a pasar ahora al proyecto que por unanimidad se acordó agregar a la tabla de hoy.
Le damos la bienvenida al Ministro de Obras Públicas, quien se ha hecho presente en la sesión.



FLEXIBILIZACIÓN DE REQUISITOS Y PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LEY DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES


El señor ELIZALDE (Presidente).- En discusión el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, con la finalidad de flexibilizar sus requisitos y plazos de implementación.
Esta iniciativa se va a votar sobre la base de los informes de la Comisión de Obras Públicas y de las Comisiones de Hacienda y de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, unidas, correspondiente al boletín Nº 15.364-09.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 15.364-09) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Señor Secretario, proceda a dar la relación de la iniciativa, por favor.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- El señor Presidente ha puesto en discusión el proyecto referido.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".
Esta iniciativa tiene por objeto flexibilizar los requisitos y las exigencias previstos en la ley Nº 20.998; modificar plazos e hitos de este cuerpo normativo a fin de garantizar una implementación gradual y adecuada, y fortalecer la asistencia y el acompañamiento a los comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales en el tiempo intermedio.
La Comisión de Obras Públicas consigna que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de una iniciativa de artículo único, la discutió en general y en particular y resolvió unánimemente sugerir a la Sala que sea considerada del mismo modo.
La referida Comisión deja constancia de que el proyecto de ley fue aprobado en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Gatica y Sepúlveda y señores De Urresti y Gahona. En particular aprobó la iniciativa con las votaciones también unánimes y en los términos que consigna en su informe.
Posteriormente, las Comisiones unidas de Hacienda y de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía se pronunciaron acerca del proyecto de ley en los términos en que fue despachado por la Comisión de Obras Públicas, como reglamentariamente corresponde.
Hacen presente, además, que la iniciativa fue aprobada en general por mayoría: 8 votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Castro Prieto, Coloma, García, Lagos, Latorre, Saavedra y Núñez, y la abstención del Honorable Senador señor Kast.
En particular fue aprobada con las votaciones que consigna el informe, incluida una modificación que recayó en la letra c) del N° 2 del artículo único, que consiste en reemplazar el inciso tercero nuevo que se propone agregar al artículo cuarto transitorio de la ley Nº 20.998, enmienda que se aprobó por mayoría: 8 votos a favor, de los Senadores señora Provoste y señores Castro Prieto, Coloma, García, Lagos, Latorre, Saavedra y Núñez, y la abstención del Honorable Senador señor Kast.
Por otra parte, se deja constancia del informe financiero, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de nuestra ley orgánica.
Finalmente, el texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 47 y siguientes del informe de la Comisión de Obras Públicas; en las páginas 31 y siguientes del informe de las Comisiones unidas, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor ELIZALDE (Presidente).- Se ha solicitado el ingreso a la Sala de Denisse Charpentier, asesora legislativa del Ministerio de Obras Públicas.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Señor Ministro, tiene la palabra.

El señor GARCÍA (Ministro de Obras Públicas).- Gracias, Presidente.
Por su intermedio, quiero partir agradeciendo a los Senadores integrantes de la Comisión de Obras Públicas y de las Comisiones de Recursos Hídricos y de Hacienda, unidas, por el estudio y análisis del presente proyecto.
Como antecedente, quiero indicar que la ley Nº 20.998, publicada en el año 2017 y vigente a partir de noviembre del 2020, establece un nuevo marco regulatorio para el funcionamiento de los servicios sanitarios rurales, con derechos y obligaciones para dirigentes y dirigentas, usuarios y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.
Sin embargo, la situación de pandemia no permitió el avance en los distintos procesos de implementación de esta ley, y en diciembre del año 2021 entró en vigor la ley Nº 21.401, que prorrogó algunos de los plazos, como el de tarifas, Consejo Consultivo, fiscalización e inscripción en el registro de operadores.
Desde abril del presente año, la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas ha realizado un proceso participativo con dirigentes y dirigentas de diferentes agrupaciones -hemos tenido treinta y una reuniones con ellos-, con el objeto de:
Primero, conocer y escuchar los planteamientos en relación con el proceso de implementación de esta ley.
Segundo, elaborar el diagnóstico y plan de trabajo que contempla la constitución de mesas para abordar temas planteados por los dirigentes, con la finalidad de revisar los procedimientos, los manuales, el reglamento y, eventualmente, modificaciones legales.
Fue a partir del diagnóstico anterior que se concluyó que gran parte de los comités y las cooperativas tienen actualmente importantes dificultades para cumplir las normas. En consecuencia, consideramos necesario un trabajo en terreno de la Subdirección para difundir, informar, capacitar y acompañar a los comités y las cooperativas.
En síntesis, este proyecto aborda tres objetivos.
Primero, flexibilizar los requisitos y las exigencias de la ley Nº 20.998, en atención a la realidad actual de los comités de agua potable y cooperativas de servicios sanitarios rurales.
En segundo término, modificar los plazos e hitos relevantes de esta ley con el fin de garantizar una implementación adecuada, gradual y amigable de su contenido.
Y tercero, fortalecer, durante este período de prórroga, la asistencia a los comités y las cooperativas de servicios sanitarios rurales, de manera que puedan sentirse acompañados por el Estado durante el rol que cumplen en cada uno de los territorios.
Presidenta, esperamos un respaldo de los Senadores y las Senadoras en esta iniciativa.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- A usted, Ministro.
Le damos la palabra al Senador Coloma para que realice el informe respectivo.

El señor COLOMA.- Gracias, Presidenta.
Voy a hacer un informe un poquito distinto, porque tiene que haber un contexto para que todos lo entendamos.
Más o menos hace doce años, surgió en el ámbito parlamentario, para ser franco, la idea de generar una política pública en materia de APR. Creo que eso era algo que tenía todo el sentido. Los APR -recordemos-, particularmente en el inicio, son creaciones un poquito espontáneas; algunos fueron dirigidos por los municipios, debido a intereses legítimos para que lugares adonde es imposible que llegue una concesionaria la gente pudiera organizarse para tener agua potable.
Eso fue algo muy relevante, y generó la idea de legislar.
¿Por qué digo "hace doce años"? ¡Porque la ley se demoró en salir como siete años! ¡Siete!
Pasaron varios gobiernos, y hubo una lógica de continuidad para generar una institucionalidad que permitiera dar a estos APR una estructura legal, lo que también tenía que ver con fiscalización, con rendición de cuentas, con un tema de formalización; pero -¡y eso es importante!- perseguía un objetivo final positivo: que los APR pudieran ser elegibles de mejor manera para recibir ayuda y así poder funcionar.
Finalmente eso se gatilló en esta ley, que se aprobó, ¡ojo!, hace cinco años.
A partir de ese momento, por cierto, había que dar un plazo largo para dictar un reglamento. No hay nada más difícil que reglamentar estas cosas. Y eso se demoró todo el tiempo del mundo.
La ley decía que empezaba a funcionar cinco años después, justo el próximo lunes. Es la primera parte, correspondiente al plazo final que tienen los APR para inscribirse u organizarse; la palabra es...

El señor GARCÍA (Ministro de Obras Públicas).- Registrarse.

El señor COLOMA.- ... "registrarse". Esa es la expresión correcta.
Bueno, la realidad actual se originó en parte por el estallido social y de violencia, pero, fundamentalmente, por la pandemia. Debido a ello, todo ese esfuerzo fue imposible hacerlo.
Lo concreto es que hoy día muy pocos APR están registrados, lo que hace bien compleja la situación.
De ahí venía la primera obligación o necesidad de esta iniciativa de ley: postergar por dos años el período para la inscripción. Este punto creo que está fuera de discusión; están todos de acuerdo. El Senador Kast se abstuvo más por reglas generales, pero no por esto. Esta modificación es razonable y nosotros creemos que hay que apoyarla.
Sin embargo, hay dos cambios adicionales: uno, el punto de inicio del proceso de fijación de tarifas, y el otro, el período en el cual la Superintendencia debe fiscalizar, además de dar la colaboración para ayudar a los APR a cumplir con las obligaciones que la ley les genera.
Respecto de esas dos cosas, el Gobierno pidió una ampliación de plazos. Y ese tema es un poquito más discutible.
Yo quiero dar números -esto lo hemos discutido muchas veces, pero en otra lógica- que me parecen interesantes. ¿De qué estamos hablando? Del orden de 2 millones 200 mil personas que se surten de agua potable a través de los APR. Es una enorme cantidad de personas, radicadas en los lugares más rurales de Chile. En la Región Metropolitana hay varias también, pero, en general, esto es muy regional.
¿De qué orden de magnitud estamos hablando? Esto lo pudimos ir determinando durante la discusión.
Aquí se distinguen tres niveles de APR, dependiendo del número de arranques.
El segmento más grande, conformado por 601 arranques domiciliarios o más, corresponde a 286 sistemas. Estamos hablando de más de 800 mil personas beneficiadas, para que tengan una idea.
Después está lo que en la iniciativa se denomina "segmento mediano": entre 301 y 600 arranques, que equivale a 424 sistemas. Estamos hablando de más de 400 mil usuarios.
Y después viene el segmento menor, los pequeños APR: entre 0 y 300 arranques, que corresponde a más de 1.500 sistemas, beneficiando a 700 mil personas, aproximadamente.
En este punto el Gobierno planteó dar un período mayor de tiempo para efectos del proceso de fijación de tarifas.
La propuesta original era ampliar el plazo por parejo, pero nosotros hicimos una innovación y diferenciamos a los grandes, los cuales sí pueden adelantar un poco su proceso, esto es, tener al día la contabilidad, los inventarios; en general, implementar todo el sistema. Como tienen más capacidad, pensamos que sí podían hacerlo.
Entonces, se amplía el plazo de funcionamiento por segmento. Para los años 2024, 2025 y 2027, en que quedó al final el plazo de fijación de tarifas, según el tamaño: los más grandes y los medianos más cerca y los más pequeños al final del proceso.
Ahí se distinguió -y por eso hago la diferencia-, a su vez, entre aquellos operadores con 150 arranques o menos, caso en el cual se da un mayor plazo para llevar a cabo este proceso de fijación tarifaria, y los que quedan en un paso intermedio, a quienes se les otorga también un plazo intermedio para ello.
Esa fue la génesis de esta normativa y lo que se debatió al respecto.
Hubo, además, un último punto, el proceso de fiscalización, que fue el más discutido, porque tiene que ver con el tema tarifario. Ahí tengo una duda, ya que se está pidiendo una enorme cantidad de años para que la Superintendencia y la Subdirección cumplan plenamente con sus facultades en materia de fiscalización. Pero no es fiscalización pura y simple, sino una con ayuda: es un acompañamiento.
Ahora bien, yo me abstuve en esa parte final, al igual que los Senadores Castro y Kast, básicamente porque pensamos que si el Ejecutivo, para estos efectos, solicita un mayor plazo de dos años -y para esto está pidiendo más tiempo todavía-, debería tener, Ministro -por intermedio de la Mesa-, una contraprestación.
Entonces, en el fondo, la norma no debiera señalar en este período "podrá ayudar a los" -voy a decirlo en términos más coloquiales, pues el texto no lo señala así-, sino que a mi juicio esto debería ser una obligación. O sea, la autoridad debería tener la obligación durante ese período desde ya de generar los pasos necesarios para ayudar, acompañar, asesorar particularmente a los pequeños comités a fin de que puedan lograr estar en tiempo y forma en este escenario.
Por lo tanto, aprobamos la idea de legislar; aprobamos por unanimidad el plazo de dos años para el registro; aprobamos por voz mayoritaria un nuevo plazo para la fijación de tarifas, y lo más debatido (igual se aprobó 6 por 3; yo me abstuve) fue lo relativo al plazo en materia de fiscalización.
Porque -y digamos las cosas como son también-, aquí, claro, son dos años más, pero al final esto empezará a funcionar en rigor el 2029. El 2029 ya ni siquiera va a ser el próximo gobierno, sino el subsiguiente el que tendrá en plena aplicación una ley que empezó a estudiarse hace doce años.
Yo sé que esto ha generado inquietud en los APR, en algunos más, en algunos menos -he hablado con muchos de ellos-, porque obviamente una ley nueva es complicada, por establecer más obligaciones; sin embargo, estoy convencido de que generará más beneficios al final, porque la mantención de las redes, el cuidado, la fiscalización, en fin, serán parte de las obligaciones del Estado, y eso va a ayudar en los procesos para tener mejor calidad y mayor cantidad de agua potable rural.
Esa es, en términos más simples, la explicación de este proyecto. Como esto debería estar funcionando el lunes, se amplió en dos años el plazo para el registro; se amplió el período para el proceso de fijación tarifaria, dependiendo del tamaño del APR, y se amplió el plazo en que debe ejercerse plenamente la fiscalización.
Yo pido que ojalá en el segundo trámite la norma que habla de "podrá" se haga más exigente; que el Ministerio también se obligue en el proceso de fiscalización a anticiparlo, y, sobre todo, a generar las ayudas suficientes para acompañar en este nuevo proceso que el país inicia en materia de agua potable rural.
Tal es el sentido de esta iniciativa, que proponemos aprobar en los términos que he indicado.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Solicito el acuerdo para abrir la votación respecto de este proyecto.

El señor COLOMA.- Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Como una forma de facilitar el debate, debo señalar que me parece bien que hagamos una sola votación, para no tener que abrir las otras, porque técnicamente deberíamos realizar al menos tres votaciones: sobre la idea de legislar; alguien podría pedir que se vote separadamente aquello en que se abstuvo, o también es factible que se solicite votar normas respecto de las cuales otros Senadores se abstuvieron.
Sin embargo, como digo, considero más razonable votar todo junto, dejando constancia de que en la idea de legislar se abstuvo el Senador Kast y que en la última parte, en el N° 6) del artículo único, tocante a los plazos de vigencia del rol de fiscalización, se abstuvieron el Senador Kast, el Senador Castro y quien habla.
Hagámoslo así; es más fácil, porque no altera el resultado final.
En tal sentido, podríamos votar todo en un solo acto.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Muy bien.
Solicito el acuerdo para abrir la votación en los términos señalados por el Senador Coloma.
Acordado.
En votación.
(Durante la votación).
Tiene la palabra el Senador Saavedra.

El señor SAAVEDRA.- Muchas gracias.
Voy a votar que sí, como dice aquí, en la pantalla. Y lo voy a hacer porque lo que busca el proyecto con urgencia es tratar de aplicar la ley que aprobó el mismo Congreso. O sea, sería una incongruencia que nosotros despachemos leyes y después no las podamos aplicar.
Esa es una de las partes que tiene este proceso.
Pero como soy de la Región del Biobío, evidentemente estoy muy satisfecho, porque no les provocamos problemas de desestabilización a los usuarios del agua potable rural en mi región y en el resto del país.
En nuestra región son 135 mil usuarios beneficiarios. Por tanto, la rentabilidad social que tienen estos proyectos es tremendamente impresionante. Esto permite resolver problemas de desigualdad territorial que se dan entre la población urbana y la población rural; si no, tendremos que seguir adelante, y seguramente en los próximos días habrá que examinar la partida del Ministerio del Interior para lo que tiene que ver con la repartición de agua con camiones aljibes.
Es la situación de aquellos que no tienen agua potable rural y que la obtienen para el consumo humano a partir del reparto que se hace a través de esos camiones.
Esa es la realidad.
Por consiguiente, el Congreso debe contribuir a superar estas condiciones.
En tal sentido, esta iniciativa posibilita ir asentando un sistema, un servicio de agua potable rural que hoy día pretende solamente aplicar la ley para ir estableciendo y sistematizando ese camino, que es gradual, lento. Porque no olvidemos que los dirigentes de los sistemas de agua potable rural son personas voluntarias, son personas que con mucho esfuerzo y compromiso con la ciudadanía asumen estos papeles en condiciones bastante dificultosas, pues mayores conocimientos no tienen. Digo esto con el respeto que me merecen todos y con el agradecimiento, además, por el compromiso que tienen con sus comunidades.
En segundo término, entiendo que vendrá -aprovecho de planteárselo al Ministro de Obras Públicas- en un tiempo más la ley larga, que establecerá ya fundadamente un sistema de servicios sanitarios para el mundo rural. Porque estamos hablando del agua potable; pero también hay que ver cómo vamos a tratar las aguas servidas en el mundo rural, que es otra de las situaciones que a mi entender se hallan inconclusas en el país, y que es uno de los desafíos estructurales que tenemos como chilenos y chilenas a fin de superar las condiciones y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de los más de 2 millones 200 o 300 mil compatriotas que para el consumo tienen el sistema de agua potable rural.
Así que, por lo menos mi bancada, la Socialista, va a aprobar con mucha convicción este proyecto, porque sabemos que estamos realizando una contribución para consolidar un funcionamiento sistémico del agua potable rural en nuestro país, y que con ello -reitero- ayudamos a mejorar la calidad de vida de más de dos millones y medio de chilenos.
He dicho.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Quintana.

El señor QUINTANA.- Gracias, Presidenta.
Efectivamente, yo quiero destacar la discusión que estamos teniendo hoy. Creo que el Senador Coloma hizo una exposición bastante detallada acerca de la historia que tuvo la ley respectiva, incluso del proyecto principal, que es la institucionalidad, el cual se despachó hace cinco años.
Es factible que nos quedemos cortos. Qué bien que el Ejecutivo, el señor Ministro, esté siendo parte de esta reunión -lo vi en La Araucanía hace pocos días-, porque este es uno de los temas centrales.
Probablemente -y con razón-, para muchos colegas que representan grandes centros urbanos esta sea una discusión que no les llega, y no porque no la entiendan, sino porque en su rol de representantes regionales no les aparece. A nosotros sí nos aparece, porque en la región el 25 por ciento del total de la población tiene problemas de carencia absoluta de agua potable o de alcantarillado. Lo normal es que no cuenten con alcantarillado; y el agua, bueno, se lleva en camiones aljibes, como se ha dicho.
Entonces, este asunto es muy relevante y ojalá pudiéramos resolverlo. Pero yo me temo que las cuestiones que aquí se han planteado puede que no den cuenta de toda la problemática. Me refiero a la fiscalización, a las tarifas.
Claro, es factible que si se obliga a las personas empiecen a pagar tarifas. En general, no es que la morosidad sea tan alta; más bien se trata de un sistema no tan estricto, no tan formal, porque finalmente son los comités pequeños (conozco bastante la realidad de esos más de mil), con su propia estructura -muchas veces de una comunidad mapuche, o parceleros, rurales-, quienes se organizan para el cobro, para la mantención, para tomar el estado del agua, en fin. La cuestión es que muchas veces se requieren inversiones, y ahí es donde yo estimo que los alcaldes sienten, en general, que este es un asunto que los sobrepasa.
Hay convenios -yo entiendo- en todas las regiones con las empresas sanitarias, las que ayudan fundamentalmente en la asesoría técnica para las ampliaciones. Pero a la hora de concretar esto, vemos que es tierra de nadie, y finalmente, claro, se va a compeler al pago de la tarifa, porque es fundamental: si la gente no la paga, no se puede hacer la mantención; si falla una bomba, no hay quién la reemplace, etcétera.
Pero lo tocante a las inversiones creo que no está del todo resuelto. Yo sé que esto es plata y no son pocos recursos; pero la probabilidad de que un comité que está en el rango más pequeño, de menos de 300 arranques, pase al rango intermedio cada vez es mayor. Esto está ocurriendo casi a diario, ya que lo que se está dando hoy día, en los hechos, y usted lo sabe bien, Ministro -por su intermedio, Presidenta-, es que los comités están pidiendo ampliaciones. Porque un comité de agua potable rural que hace diez años partió con doscientos cincuenta o doscientos ochenta socios, bueno, hoy está experimentando la llegada de mucha más gente a vivir al campo, y después de la pandemia aún más. Por lo menos es la realidad del sur de Chile, en particular de La Araucanía. Y esas personas requieren servicios básicos.
Asimismo, está el tema de la fiscalización, por supuesto, y que lo haga la Superintendencia; también se halla lo concerniente al tarifado, respecto de lo cual me parece muy bien que queden para el final los comités chicos; pero yo siento que lo relativo a las inversiones no se encuentra del todo resuelto.
¿Quién hace el mejoramiento? ¿Quién construye la segunda torre cuando hay que ampliar el proyecto, o el estanque, que son cosas complejas? Ahí -reitero- los municipios miran para el techo; en los gobiernos regionales, sí, se puede optar a algunos recursos; tal vez la Subdere podría colaborar en ello también. Pero esto es demasiado largo; y bueno, todos sabemos -el Ministro lo conoce muy bien-, está la Dirección de Obras Hidráulicas, y en paralelo, lo que hacen los gobiernos regionales, que a veces avanzan más rápido en esta materia.
Pero -insisto- yo creo que es la transición de ser un comité chico a pasar a constituirse en un comité mediano lo que requiere estudios, pozos, nuevas captaciones de aguas, en fin, y eso normalmente no está.
Por supuesto, voy a votar a favor de este proyecto.
Considero muy importante que este tema, entre muchos otros, lo tenga el Ministro en su radar. Esta es una situación muy sentida, por lo menos en La Araucanía, y que muchas veces no tiene solución.
Y quisiera agregar lo último.
Es tan complejo este asunto, que hay comunas, cabeceras comunales, ciudades enteras que son parte de un comité. Por ejemplo, Perquenco, en la provincia de Cautín, es en sí mismo un comité. Hay otros que son cooperativas y por lo tanto tienen una naturaleza jurídica distinta, lo que también les produce problemas a la hora de hacer las plantas de estabilización; para qué hablar de las cuestiones vinculadas con la contaminación, que están muy asociadas a esto. Se ha hablado poco al respecto.
Entonces, hay que aprobar esta iniciativa, naturalmente; pero creo que hay que mirar un poco más allá. De modo que no descartaría que más adelante tengamos que fijar un nuevo plazo para prorrogar la entrada en vigencia especialmente del tarifado, si es que esto no va de la mano con las inversiones para efectivamente tener una buena satisfacción de los usuarios.
Es todo, Presidenta.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidenta.
Valoro el acuerdo a que se llegó en las Comisiones unidas de Hacienda y de Recursos Hídricos en términos de flexibilizar los plazos y diferenciar según tamaño de las APR, número de arranques. Porque no es lo mismo la fiscalización para las más pequeñas que, por ejemplo, para una cooperativa más grande, que pudiera estar en condiciones de ponerse al día, de ser fiscalizada como corresponde, de cumplir con todos los requerimientos de la ley y el reglamento en los tiempos que se establecen. Por lo mismo, se requería hacer una diferenciación, y creo que se llegó a un buen acuerdo en el ámbito de una ley corta.
Ahora, sabemos que la realidad de las APR, por lo menos de las que me toca conocer acá, en la Región de Valparaíso, principalmente al interior, es muy precaria en muchas de ellas, pues son dirigentes que trabajan de manera voluntaria, sin recibir remuneración, a diferencia de los operadores; que dedican mucho tiempo a resolver conflictos locales, vecinales, quejas de todo tipo, llamados a cualquier hora, y que disponen de su tiempo y de sus autos para visitar lugares sobre todo en sectores rurales y localidades más lejanas. Ellos muchas veces reclaman que hay ausencia o distancia de las instituciones dedicadas al acompañamiento, a la capacitación, al apoyo técnico, y que más bien solo hay una mirada de sanción o de fiscalización.
Entonces, a mi juicio, lo que se comprometió acá, en esta ley corta, y también en el presupuesto 2023 -si es aprobado, obviamente-, es que la Subdirección de Servicios Sanitarios, que tiene a cargo la supervisión de las APR y de todo el sistema de agua potable rural por parte del Gobierno, tendrá que hacer esa labor intermedia, en el fondo, más allá de lo que le corresponderá hacer a la Superintendencia en su momento, cuando se establezca el plazo que la ley indica.
Ahí me parece que puede haber una buena sinergia. Hay recursos comprometidos; también es parte del programa de gobierno fortalecer las APR, las que además, junto con dotar de agua potable a muchas comunidades rurales en todo Chile, forman parte de un identitario cultural, el cual, como país, considero que debiéramos promover, fortalecer, acompañar y no dejarlo a su suerte. Incluso durante la tramitación de la ley anterior hubo temores de muchas APR en el sentido de que había ciertos intentos de privatización, o de que las sanitarias pudieran avanzar en su lógica de privatización y de negocio hacia las APR o las cooperativas, que son instituciones sin fines de lucro, que tienen otra lógica de organización, que tienen otra presencia comunitaria, que tienen otros vínculos territoriales.
Entonces, acá el Estado puede jugar un rol de mayor acompañamiento, de mayor capacitación, de mayor formación técnica, y también de supervisión, ciertamente, para que estén al día y cumplan con la labor que se les encomienda en los plazos adecuados. Después vendrá, evidentemente, la fiscalización de la Superintendencia.
Una reflexión que salió en la Comisión es que muchas veces la Superintendencia -no en todos los casos, no quiero generalizar, pero esto ocurre en numerosas oportunidades- es bien laxa con las sanitarias, que son empresas privadas grandes, multinacionales, con capitales extranjeros, y que funcionan bien mediocremente en muchos lugares. Basta mirar el caso de Essal en Osorno. Acá hay muchos reclamos hacia las sanitarias en relación con la atención a los clientes, a los usuarios.
Bueno, hay múltiples problemas, y la Superintendencia -no siempre, no quiero generalizar- en muchas oportunidades funciona de manera laxa en su supervisión a las sanitarias privadas. Y a veces las APR dicen: "Nos tratan de manera más dura a las APR o a las cooperativas que a las sanitarias, que fueron privatizadas en democracia".
En consecuencia, pienso que eso debiera cambiar de lógica en un momento en que el país está viviendo una escasez hídrica muy aguda. Y es parte de los compromisos de Gobierno fortalecer el sistema de agua potable rural. Creo que esta es una buena solución corta, de una ley corta; después vendrá la otra discusión, si es que lo amerita, pues hay todo un debate sobre algunos dirigentes que plantean que hay que revisar la ley larga. Yo no estoy tan seguro de aquello, lo cual será parte de otro análisis, o de algunas adecuaciones. Pero por lo menos me parece que esta es una buena salida en términos de los plazos que se comprometieron.
Voto a favor, Presidenta.
Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio aprovecho de saludar también al Ministro de Obras Públicas, quien nos acompaña el día de hoy.
En el tema del agua potable rural, la necesidad de generar implementaciones y de fortalecer la asistencia y el acompañamiento tanto de los comités como de las cooperativas sin duda constituye un aspecto esencial cuando estamos hablando de un elemento tan básico para una población como el agua potable.
Nuestro Ministro aquí presente, quien conoce la Región de Aysén, de extremo a extremo, sabe el esfuerzo que ha significado la implementación de estos programas a lo largo de toda la zona. Tenemos más de cuarenta comités en la región: desde Repollal por el norte, que es una isla en el archipiélago de las Guaitecas, pasando por Melinka, al lado, la capital de la comuna, con una población cercana a los 2.500 habitantes y que -¡imagínese!- hasta el día de hoy ni siquiera tienen un proyecto de alcantarillado; desde el extremo de Puerto Raúl Marín Balmaceda hasta Villa O'Higgins también se abastecen a través del mecanismo de APR.
A propósito, Ministro, usted tomaba agua en esa misma localidad fronteriza de nuestra región. La única ventaja, la única diferencia, es que cuando abría la llave en Villa O'Higgins, el agua salía pura, de calidad y daba gusto tomarla. Pero cuando los mismos vecinos de Melinka, Islas Huichas, Puerto Aguirre, Caleta Andrade, Estero Copa, abren la llave, Presidenta, el agua les sale como té; no es agua pura.
Por eso, la relevancia y la significación de proyectos de esta naturaleza, que esperamos se transformen en la exigencia no solamente en lo relacionado con la cobertura en toda nuestra región, que de por sí ya es relevante y significativa, evidentemente nos obliga a dar este paso adicional.
Incluso recuerdo que siendo alcalde de Coyhaique tuvimos que crear los sistemas de alcantarillado para comunidades que estando al lado ni siquiera tenían estos servicios, como Villa Ortega, Ñirehuao, El Blanco. Valle Simpson, por ejemplo, estando a veinte o veinticinco kilómetros de la capital de la Región de Aysén, no los tiene.
Es más, en este minuto el Gobierno Regional acaba de aprobar un recurso para que Villa Jara, que está en la recta de la salida sur de Coyhaique, después de la Laguna Foitzick -para que se ubique en el espacio, Ministro-, implemente este programa de agua potable rural.
Para este proyecto habrá una discusión más adelante sobre cómo lo vamos cambiando y mejorando. Pero esto significa un gran apoyo y un gran aporte para cientos de dirigentes que con voluntad asumen esta tarea y esta responsabilidad, con todas las dificultades que eso significa. Lo más común en las discusiones es quién paga o no los costos asociados a los servicios.
También hay que reconocer que detrás de ello está el trabajo generoso, silencioso y voluntario de muchos dirigentes, quienes cumplen esta tarea con mucho cariño, con mucho afán, con mucho espíritu, en pos del servicio para sus respectivas comunidades.
Y si ese trabajo cuenta, a través de este mecanismo, con la asistencia y el acompañamiento a los comités, por parte de este servicio sanitario, evidentemente que nosotros no podemos menos que apoyarlo.
Hace poco recibí a Elena Hermosilla, presidenta del Comité de Agua Potable Rural de Mallín Grande, que es una pequeña localidad ubicada entre Chile Chico y Puerto Guadal, y ella me señalaba lo orgullosa y feliz que estaba al saber que en su trabajo podía contar con una asesoría y un acompañamiento.
Así que con el mayor gusto y en nombre de los más de cuarenta comités de la Región de Aysén, no podemos menos que apoyar absolutamente este proyecto.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Sanhueza.

El señor SANHUEZA.- Gracias, Presidenta.
Sin duda, a quienes representamos regiones con una gran ruralidad, como es la Región de Ñuble, este proyecto nos afecta directamente, porque la verdad es que hay diferentes tipos de APR funcionando hoy en día.
Están los que se hicieron con un estándar de la DOH; los que se hicieron con un estándar de la Subdere, y otros que se hicieron con el estándar de los Fondos Presidente de la República, que son muy precarios, y si bien es cierto solucionaron el problema inmediato, hoy día no cumplen ninguna de las normativas.
Por eso, independiente de que en forma obvia hay que aprobar este proyecto en lo relacionado con los plazos, también estoy muy de acuerdo en que debe existir un acompañamiento. Porque la verdad es que en las zonas rurales uno ve que hay falta de conocimiento para poder administrar adecuadamente este tipo de APR, que se hace con mucha voluntad, con mucho compromiso de parte de los vecinos, pero tal vez con falta de profesionalismo. Y el Ministerio tiene que acompañar y profesionalizar un servicio tan importante como es la entrega del agua potable. Si bien es cierto es un avance, también necesitamos normalizar la inversión para que la infraestructura sea la adecuada.
En ese sentido, creo que esto tiene que ir acompañado de un programa a corto, mediano y largo plazo, en que podamos realizar las inversiones necesarias para que todos los APR cumplan con un estándar mínimo. Y para eso también hay que considerar -lo planteó el Senador Quintana- que en los lugares donde existen APR hoy día se han generado pequeños villorrios, por lo cual su demanda ha aumentado. Tenemos APR que en algún minuto funcionaron muy bien, pero cuya entrega de agua hoy no funciona con la potencia que se necesita muchas veces, incluso, para hacer uso del calefón. Y a eso se suma que, producto del terremoto del 2010, había APR que tenían un caudal de agua necesario y que hoy día no lo tienen porque las napas subterráneas se corrieron. Eso implica una inversión importante por parte del Ministerio de Obras Públicas.
Sobre este punto, Ministro, quería hacerle un llamado a que podamos efectivamente contemplar un plan que permita darles una solución efectiva y entregarles una mejor calidad de vida a todos nuestros compatriotas que viven en zonas rurales; muchos de ellos hacen patria y tratan de conservar nuestras tradiciones, nuestra agricultura.
A quienes vivimos en zonas urbanas, yo sé que a veces nos cuesta empatizar con algo tan simple, tal vez con lo que nacimos, como es abrir la llave y que salga agua. Pero cuando uno recorre nuestros campos, muchas veces ve la precariedad de que el agua no es tan potable como debiese ser. Por lo tanto, resulta necesaria una inversión importante de parte del Estado.
A lo anterior se suma que en nuestros sectores rurales, que estamos tratando de desarrollar, como Ñuble, que es una región nueva que está partiendo, también tenemos un potencial turístico muy importante.
Entonces, creo que se debiera contemplar un apoyo considerable, Ministro, para poder regularizar la parte sanitaria que conlleva tener emprendimientos turísticos en nuestras zonas rurales, porque también es una manera de complementar la agricultura; es una manera de contribuir al desarrollo de ciertas zonas, sobre todo en las zonas de secano que tenemos, pero que sin duda contribuyen, a través del turismo, al desarrollo de la región.
Gracias, Presidenta.
Voy a votar a favor.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Gatica.

La señora GATICA.- Gracias, Presidenta.
Ministro, quiero saludarlo nuevamente.
Bueno, voy a votar a favor de este proyecto, que lo que busca, en realidad, es algo supersimple: responderles a los distintos dirigentes de los comités de agua potable rural de nuestro país.
Quiero darle las gracias específicamente al Ministro por haber acogido esta solicitud. Tuvimos una instancia en donde nos reunimos con él y con representantes de la Corporación de Agua Potable Rural de la Región de Los Ríos, en las dependencias del Ministerio, para plantear esta situación: ver de qué manera se podía abordar la aplicación de la ley N° 20.998, cuya ejecución se estaría posponiendo hasta el año 2024. Y eso es muy positivo.
Presidenta, no puedo dejar pasar esta instancia para plantear ciertas inquietudes que tienen los comités de agua potable rural.
La primera se relaciona con la implementación de esta iniciativa de ley. Una de las grandes dudas que tienen los dirigentes es hacerse cargo -porque eso señala este proyecto- de la administración de todo el sistema sanitario de estos comités; es decir, no solamente del agua potable rural, sino también del sistema de alcantarillado y lo que esto conlleva (inversión pública en torno a infraestructura), algo que hoy día no existe, teniendo en consideración que la gente de campo no cuenta con alcantarillado, sino, por lo general, con fosas sépticas. Así que tenemos una gran tarea de aquí a dos años para ver cómo se abordan las obras e infraestructura en esta materia.
Por otro lado, les tienen que entregar a los dirigentes y a los directorios de los APR el acompañamiento necesario (capacitación, especialización), para que tengan conocimiento sobre cómo administrar no solamente lo correspondiente al agua potable rural, sino también al sistema de alcantarillado, porque todo esto conlleva el sistema sanitario.
Además, no puedo dejar pasar esta instancia para hacer una solicitud.
Es una solicitud levantada por distintas empresas constructoras pequeñas de mi zona, la Región de Los Ríos, que tiene que ver con este reajuste de presupuesto que se ha enfocado en las grandes obras estatales, producto de la situación económica que estamos viviendo hoy día. Y en realidad, Ministro, aquí le quiero pedir que no dejemos de lado a las constructoras pequeñas, ¡que no dejemos de lado a aquellas personas que han decidido emprender y generar fuentes de empleo a su alrededor! Ellas son las más golpeadas hoy día; son las que en un momento decidieron endeudarse para formar una pequeña empresa; son las que decidieron dar el paso siguiente para emprender y realizar obras, de menor impacto probablemente, pero que tienen alta importancia en la calidad de vida de nuestra gente.
Yo quiero apelar a eso, por aquellas empresas que, por ejemplo, llevan a cabo la ejecución de obras de entre 100 y 800 millones de pesos y que hoy no estarían siendo contempladas en la implementación del reajuste presupuestario a través del polinomio en el que están trabajando en conjunto los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda.
No las dejemos de lado, porque ellas son nuestro principal motor para salir adelante, para la reactivación económica, y -digamos las cosas como son- son las que se han visto mayormente golpeadas en este último tiempo con la pandemia, con el estallido social, y ahora con esta fuerte crisis económica producto de la inflación.
Así que, Presidenta, quiero terminar haciendo un reconocimiento a todos los dirigentes, hombres y mujeres, que hoy día sacan la cara a través de los comités de agua potable rural; darles las gracias por su trabajo, reconocerles su esfuerzo, y decirles que de parte de esta Senadora tienen el compromiso de seguir apoyándolos en todo lo que sea necesario.
Hace unos meses presentamos un proyecto de acuerdo, aprobado por todo el Senado, que buscaba eximir de la tarifa de horario punta de la energía eléctrica a los comités de agua potable rural, porque actualmente estos son medidos de manera igualitaria con las empresas sanitarias y eso no corresponde.
Así que este es otro temita, Ministro, que también se lo encargo, para que lo podamos ver con el Ministerio de Energía, pues implica recursos directos a los APR que podrían ser invertidos en los puntos más débiles que exhiben en la actualidad.
Voto a favor de modificar la ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, con la finalidad de flexibilizar sus requisitos y plazos de implementación.
Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- A usted, Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA.- Muchas gracias, Presidenta.
Saludo al Ministro y a quien lo acompaña como parte del equipo.
Mire, para nosotros es muy importante esta ley. Yo diría que los servicios sanitarios rurales son las organizaciones más importantes que tenemos en estos sectores, en conjunto quizás con otras organizaciones, pero desde el punto de vista administrativo, de los servicios, de la organización ciudadana, son las más importantes. Así lo ha planteado incluso el PNUD en distintos informes.
Además, hay que considerar la relevancia en el acompañamiento de la política habitacional, porque en la medida que no tengamos APR, agua potable rural funcionando, no vamos a poder hacer viviendas ni tampoco avanzar en algo tan prioritario como son los servicios sanitarios rurales, o más bien el tratamiento de aguas servidas, de sectores donde tenemos muchas complicaciones pensando en la contaminación de las napas subterráneas.
Entonces, al final es un todo en lo rural -y en la Región de O'Higgins, que yo represento, esto significa un poco menos de la mitad de la población-; por lo tanto, es un instrumento muy importante.
La ley que vamos a prorrogar demoró muchísimo tiempo en el Congreso, muchísimo tiempo, creo que más diez años -me podrá corregir el Ministro- y además fue trabajada con las distintas organizaciones.
Entonces, el que hoy debamos prorrogarla tiene que ver con varias complicaciones, entre ellas la pandemia, que fundamentalmente no ha permitido el acompañamiento necesario para su implementación. Pero también en el transcurso de este tiempo nos hemos dado cuenta de otras dificultades. En forma particular, quiero decir (risa) que: ¡le tengo terror a la Superintendencia de Servicios Sanitarios...! ¡Terror...! Y así se lo he planteado al Superintendente. La Superintendencia tiene otro sentido, el de fiscalizar a las empresas sanitarias: ¡empresas sanitarias! Pero los APR no son empresas; de hecho, no tienen fines de lucro, muchas son cooperativas o comités con socios y con directivas absolutamente ad honorem, que no ganan ningún peso, y con esto de la Superintendencia, no sé cuántos querrán ser dirigentes de APR, por lo que la situación se va a complicar mucho más.
Entonces, yo creo que hay que revisar.
Hay que revisar, primero, el rol de la Superintendencia. Se lo planteé al Ministro en la Comisión de Obras Públicas, de la cual soy miembro permanente. Deben tener la capacidad de armar algo especial en la Superintendencia; no se puede medir con los mismos parámetros ni con los mismos tipos de funcionarios que están investidos con otra mentalidad en este tema.
Segundo, el acompañamiento. O sea, si hay algo importante en estos años es el acompañamiento en la implementación: se debe saber qué es lo que está ocurriendo, sobre todo con las exigencias que se van a solicitar.
Tercero, la estratificación. Porque la estratificación al final nos va a complicar; va a significar que mientras más grande sea un APR, más complicaciones tendrá. Entonces, ¿quién va a querer ser más grande? ¿Quién va a querer tener proyectos de ampliación? Quizás de mejoramiento, pero no de ampliación. Y eso nos puede limitar colateralmente en la política de vivienda. Ojo con eso, porque la estratificación nos puede complicar.
Y lo cuarto es la Subdirección. En la implementación institucional de nuestro Ministerio, ¿cómo vamos a tener un acompañamiento? Porque quiero recordarles que las sanitarias ya no van a estar. Creo que en el tema de las sanitarias, como unidad técnica, el cambio no debería haber sido tan abrupto; quizás debería haber sido un poco más... más lento...

El señor BIANCHI.- ¡Paulatino!

La señora SEPÚLVEDA.- Esa es la palabra: ¡paulatino! Porque de verdad, si tenemos alguna complicación un sábado, un domingo o un día cualquiera, yo no sé si vamos a tener la capacidad de reaccionar rápidamente como Estado. Entonces, quizás este cambio debió haber sido un poco más paulatino.
Y yo le diría, Ministro, que en la Subdirección hay que hacer perfiles de cargo y de profesionalización. O sea, le pido, de verdad, que cuando se tenga que contratar gente esta sea absolutamente especialista en temas...
(Se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Termino con esto, Presidenta.
Como decía, en temas de hidráulica, de ingeniería, de revisión de proyectos, de asistentes sociales que puedan acompañar.
Ojo con eso. Lo hemos pedido además en la Comisión, porque me preocupan las condiciones en que vamos a armar esta Subdirección, que es absolutamente técnica, ¡absolutamente técnica! Y eso es lo que hoy día tenemos que cuidar y resguardar, porque es parte importante de los desafíos que tenemos en el Ministerio de Obras Públicas.
Sin duda, Ministro, vamos a votar favorablemente, porque además esto lo han pedido todos los APR del país, todas las organizaciones.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- A usted, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.- Gracias, Presidenta.
Aprovecho de saludar al Ministro Juan Carlos García.
A ver, no hay ninguna duda de que este Senado va a aprobar esta prórroga que se ha planteado, esta ley corta, pero eso no nos debe impedir ver lo que significa esta ley, que está vigente y que hay que implementar en los plazos que ahora estamos acordando.
Esta ley, en palabras muy coloquiales y sencillas, lo que intenta es ponerle pantalones largos a los APR. Y eso es algo extremadamente difícil. Y es difícil, básicamente, por la disparidad de la situación en que se encuentran los APR del país. Hay APR minúsculos y hay APR muy grandes. Recuerdo, no sé, Gultro, por ejemplo, al sur de Rancagua; otros Senadores se han referido a distintos APR en sus regiones.
Bueno, entre ese APR de miles de arranques versus uno que puede tener treinta y cinco arranques, la verdad es que no hay prácticamente ningún parentesco. Y, por lo tanto, intentar ponerle un mismo pantalón, una misma camisa y un mismo cinturón a este tipo de instituciones va a costar mucho.
Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza -y espero que el Ministerio se haya preocupado de esto- son los recursos en la Ley de Presupuestos que estamos actualmente discutiendo, para ir armando un equipo que efectivamente esté en condiciones de capacitar a APR en todo el país. Ya lo decía el Senador Coloma: son más de 2 millones los usuarios de APR en todo Chile. Y, por lo tanto, el Ministerio y, en el futuro, la Subdirección de APR deben tener un equipo técnico robusto para poder subir a toda esta inmensa cantidad de APR al nuevo estándar que les estamos pidiendo.
Eso es lo primero.
Esto hay que empezarlo ya, este año. Recuerdo que en una reunión que tuvimos hace poco tiempo con el Ministro en su oficina nos explicó que tenían programado contratar a un número importante de profesionales. Eso me parece central. Hay que empezar a trabajar en esto, porque son desafíos enormes.
¿Qué vamos a hacer con las ampliaciones? Algo que es pan de cada día en los APR.
¿Cómo vamos a enfrentar, eventualmente, la posibilidad de unir APR? En muchas partes, tiene toda la lógica del mundo unirlos, pero a ellos mismos, a la directiva de esos APR, les cuesta mucho tomar una decisión de ese estilo y, por lo tanto, debiéramos generar mecanismos para que ello ocurra.
¿Qué pasa si hay un APR que ya llega a tener un tamaño suficientemente importante como para que, por ejemplo, sea razonable pensar que sea absorbido por una sanitaria? ¿Cómo se gatilla un mecanismo como ese? ¿Cómo se paga? En fin.
Creo que son temas sumamente relevantes de abordar.
Las inversiones.
Respecto al criterio de la Superintendencia, la Senadora Sepúlveda decía: "Le tengo pánico a la Superintendencia de Servicios Sanitarios aplicando su normativa a los APR". Y no deja de tener algo de razón, porque son mundos completamente distintos.
Entonces, la Superintendencia fiscaliza y hace todo en base a programas de inversión. Cada cuatro o cinco años hay que hacer un programa de inversión en las sanitarias. En consecuencia, los APR van a tener que hacer más o menos lo mismo, pero se van a tener que medir con varas distintas en atención a la distinta situación en que se encuentran.
Por lo tanto, junto con aprobar el proyecto que se ha planteado el día de hoy, yo le pido al Ministerio que le ponga todo el empeño, todo el talento y toda la energía a lograr que este proceso sea exitoso.
No cuesta nada que nos volvamos a ver las caras en dos años más para decir: "La verdad es que nadie está preparado; de nuevo todas las organizaciones piden prórroga". Y capaz que no tengamos otra alternativa que otorgar nuevamente una prórroga y nos vayamos de prórroga en prórroga.
Entonces, hay que tratar de anticiparse y lograr que al menos una parte importante de los APR, los que estén más preparados para ello, los más grandes, se encuentren en condiciones de asumir ya los nuevos desafíos que esta ley les ha planteado.
Voto a favor, Presidenta, y le deseo al Ministerio la mejor de las suertes en este empeño, que es realmente gigantesco.
Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Daniel Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Gracias, Presidenta.
Lo primero que quiero hacer es saludar al Ministro y también al equipo de la Dirección de Obras Hidráulicas que lo acompaña. Pero la verdad es que los primeros a los que nosotros tenemos que hacerles un reconocimiento es a todos los dirigentes y dirigentas de APR de todo Chile.
La verdad, Ministro, Senadores y Senadoras, es que la labor que hacen los APR es fundamental. Y hay algo que yo sé que siempre se dice, pero que es válido repetir: los dirigentes de APR no reciben un peso por su labor. No es una labor remunerada. Por supuesto que la APR puede tener funcionarios remunerados -habitualmente se lo llama "operador"- o los asesores que tengan mayor expertise en contabilidad, pero los dirigentes de APR son gente de las localidades y de las comunidades que asumen un rol social, que asumen la importancia de proveer algo esencial, que es un derecho humano, como el acceso al agua, y que cumplen una labor tremendamente encomiable pero con poco reconocimiento.
Creo que, en esa línea, Ministro, todo lo que se pueda hacer para reconocer esa labor, para poder darles más apoyo, bienvenido sea, por la relevancia que tienen.
Dicho esto, comparto algo que se ha planteado en este debate, y es la importancia de que el Estado les entregue más apoyo a estas organizaciones que son los comités de agua potable rural, partiendo de la base de que esa es la intención que tiene esta normativa que hoy día estamos prorrogando, pero que ya está vigente, que es la Ley de Servicios Sanitarios Rurales.
También hay que agregar algo muy importante, y yo sé que la Senadora Sepúlveda lo dijo, pero quiero reiterarlo. Con esta ley se acabaron las asesorías técnicas que entregaban las empresas sanitarias. Alguien puede afirmar que eso es un problema, pero yo quiero decirles que es todo lo contrario. Es un tremendo logro que se haya hecho eso, porque en la Región de Coquimbo la empresa sanitaria Aguas del Valle, que hacía la asistencia de los APR, subcontrataba a otra empresa, que era la que iba a terreno, y se ahorraba en ese puro acto el 50 por ciento de los recursos. O sea, tenían una utilidad que era espectacular sin hacer un gasto, y gran parte de la plata que el Estado destinaba a la asistencia técnica quedaba como utilidad de la empresa sanitaria y no llegaba a la comunidad.
Entonces, en ese sentido, el haber terminado con esa asesoría técnica y que lo haga el Estado de forma directa es un tremendo avance. Y yo lo digo: ¡un tremendo avance!
Por lo demás, parte del compromiso era que la ley ordenara la creación de una Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, la cual ya se creó y está operando. Y en la discusión de esta ley, que tuvimos en conjunto con los Senadores y las Senadoras de la Comisión de Recursos Hídricos, nos informaron que este año ya se hicieron nuevas contrataciones -si no me equivoco, son aproximadamente cincuenta profesionales- y que el año 2023 tenían que hacerse otras setenta. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, hacer la tarea que dejaron de realizar las empresas sanitarias.
Por consiguiente, esto no es algo voluntario; es una urgencia. Y no sería malo que también el Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios, nos enviara un oficio contándonos cómo se distribuyen por regiones estos nuevos profesionales, lo que nos permitiría a nosotros tener más certeza a la hora de pedir mayor apoyo, porque sabemos que se requiere, para los comités de agua potable rural.
Lo que hay que explicar -se ha dicho, pero es bueno reiterarlo- es que con la pandemia hubo dos años en que en la práctica gran parte de esta labor quedó congelada. Y el acompañamiento en terreno que se tenía que hacer, viendo la realidad de los APR, no se pudo concretar. Y nosotros entendemos que eso es algo absolutamente ajeno a la voluntad de la autoridad. Por eso no podemos respetar hoy día las fechas iniciales de la entrada en vigencia de la fijación tarifaria por la SISS o de la fiscalización. En ese sentido, la prórroga es absolutamente necesaria y obviamente la vamos a apoyar.
Por último, quiero plantear un tema que me parece que es más de fondo. Sé que tenemos esta ley corta, urgente, que apoyamos, pero también hay cuestiones que están pendientes, que son inquietudes que han surgido en las APR.
Creo que tampoco es serio que el Parlamento haga una ley larga con temas muy de fondo y que la modifique rápidamente, pero sí creo que hay que hacerse cargo de un problema. Nosotros hablamos de que la Superintendencia va a fiscalizar este sector, pero la Superintendencia tiene la experiencia de fiscalizar a empresas que persiguen fines de lucro, como lo son las empresas sanitarias. Y su lógica de la multa tiene que ver con una ganancia que ellas obtienen y con un servicio que, por lo tanto, debe ser del mismo estándar de mercado de cualquier otro servicio. Pero los APR son entidades de una naturaleza distinta; no son entidades con fines de lucro, no son empresas; son organizaciones comunitarias que prestan un servicio que incluso podríamos llevar al plano del respeto de un derecho humano básico, el acceso al agua, que ahora queremos que también llegue al saneamiento sanitario.
Entonces, desde ese punto de vista, la SISS tiene que actuar bajo otra lógica, bajo otro parámetro, porque solo aplicar la sanción nos puede llevar a que muchos APR en la práctica mueran.
En consecuencia, teniendo presente aquello, creo que hay un gran debate, y probablemente vamos a tener más tiempo una vez que se apruebe esta prórroga... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... que considero muy importante poder materializar.
Eso, Ministro.
Y agradezco al equipo que lo acompaña.
Gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Iván Flores.

El señor FLORES.- Muchas gracias, Presidenta.
Saludo al Ministro de Obras Públicas.
Yo quisiera tocar un punto colateral respecto de lo que ya hemos venido prorrogando en la comprensión de que durante la pandemia no pudieron constituirse estos servicios sanitarios rurales, no pudieron recibir las capacitaciones y todo lo que el proyecto original diseñó. Sin embargo, ahora que estamos viendo que es necesario aprobar una prórroga por una cuestión tarifaria, pero también por la capacidad de administrar un servicio sanitario, creo que tenemos que darle una vuelta.
Lo planteo aquí, estimado Ministro, porque la mayoría de las plantas de tratamiento existentes en los distintos sectores rurales de Chile no funciona. Y no funciona, primero, porque no hay una regulación en la normativa respecto de las condiciones en que una pequeña planta de tratamiento opera, sobre todo las más antiguas, establecidas cuando las tecnologías recién venían empezando y el proceso era prueba y error.
Segundo, porque muchas de estas plantas, financiadas con recursos de la Subdere a través del Programa Mejoramiento de Barrios, con distintas propuestas que hacían los distintos ingenieros que conocían distintas tecnologías, se entregaron a los municipios porque estos eran los mandantes de los recursos canalizados mediante la Subdere. Y esas plantas, a lo menos las que yo conozco y ubico, no funcionan porque los municipios tampoco tienen las condiciones técnicas ni financieras para poder mantener un sistema, primero, de captación, de red, de colectores de aguas servidas; luego, de tratamiento, y finalmente, de mantención, tanto de la parte mecánica como de la sanitaria propiamente tal.
Es superdelicado manejar una sanitaria. Antiguamente se pensaba que eran casi un biodigestor, o sea, que se le echaba el agua servida adentro y que, producto de la fermentación, iba floculando todo y finalmente lo que salía era agüita casi limpia. Eso no existe en Chile, ¡no existe! Y hoy día lo que vemos es una realidad que golpea a los sectores rurales, porque, claro, se construye un edificio y los efluentes de esta planta son aguas servidas, lo que ni siquiera tranquiliza la conciencia de nadie porque los propios vecinos saben que lo que está saliendo de allí es agua servida, sea que las plantas sigan siendo de responsabilidad municipal o, sobre todo, si se trata de las que fueron abandonadas por los municipios. Y tengo una larga lista de plantas que conozco.
¿Sabe cuál es el problema, querido Ministro -por su intermedio, Presidenta-? Que esto sigue ocurriendo, y sigue ocurriendo porque la norma es ambigua. No existe hoy día una norma que obligue a que las plantas de tratamiento de esta naturaleza, de este tamaño y en estas circunstancias sean diseñadas, evaluadas y construidas, mucho menos operadas, conforme a condiciones sanitarias de seguridad o de inocuidad, para hablarlo en términos un poquitito más ad hoc.
¡La pregunta es qué vamos a hacer, pues! Esta prórroga da un respiro a un hecho que dice relación con algo que el Estado hoy día no puede resolver, ¡mucho menos las organizaciones sociales!, a las cuales ya les es difícil administrar un APR, dado que les cuesta cobrar. Porque recordemos que en el sector rural hay poca gente asalariada; la mayoría son pequeños agricultores que lo que tienen que hacer es mirar para el cielo a ver si cayó agua y ver si los cultivos fructifican para poder vender en un par de meses más la cosecha y transformarla en lucas, las que tienen que administrar durante todo el período, hasta la siguiente cosecha. O esperar que la gallinita ponga huevos para convertirlos en plata y tener dinero para la micro.
Así que cobrarle a la gente en el campo cuesta mucho, y eso hace que muchos APR, sobre todo los pequeños y medianos, estén siempre en el límite de la posibilidad de ser autosustentables y, también muchas veces -no quiero denostar a quienes hacen muchos esfuerzos ad honorem por administrarlos-, de tener un servicio de calidad de agua tal que permita efectivamente cumplir con las condiciones sanitarias que el agua potable, por definición, exige.
Entonces, si ya les cuesta tener agua potable para la gente, no esperemos que ese mismo comité sea el que haga lo otro. Tal vez esto debió haber sido un debate y una reflexión cuando se crearon los servicios sanitarios rurales. Pero la realidad es esta, al menos la que yo conozco.
En consecuencia, no solamente tenemos que darle la vuelta a esto y ver hasta cuándo prorrogamos para que se regule la cuestión tarifaria o la obligación de constituirse en sanitaria; la pregunta es si esto lo pueden hacer los pequeños agricultores o los vecinos rurales, que son familias de mucho esfuerzo y la mayoría de bajos ingresos.
En esas circunstancias, es una tremenda mochila entregarles a ellos una responsabilidad sanitaria que puede ser perseguida judicialmente si ocurre un brote de algo ligado con la mala disposición de las aguas servidas. En ese escenario, yo creo que al Estado, si queremos avanzar, no le queda otra que involucrarse, tal como lo hicimos con la electrificación rural a principios de los noventa, cuando el noventa y tantos por ciento de ese mundo tenía televisión a través de una batería de auto. Hoy día casi todo está con electricidad y con agua potable. Lo mismo va a tener que ocurrir a nivel sanitario: deberá concurrir el Estado, porque las empresas sanitarias son las únicas que logran cumplir la norma.
Presidenta, quería poner este punto frente al Ministro, quien se encuentra aquí presente y ha estado muy atento. Porque yo creo que tenemos que hacer una propuesta distinta, más allá de la prórroga.
Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
El Senador Walker no está.
No hay más inscritos.
Señor Secretario, proceda a hacer el llamado, por favor.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Cerrada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (35 votos a favor y 1 pareo), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Edwards, Elizalde, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Keitel, Kusanovic, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
No votó, por estar pareado, el señor Pugh.


La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- El proyecto ha quedado aprobado en general y en particular, y se despacha a la Cámara de Diputados.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Hay una solicitud del Senador Moreira -hemos estado conversando con los integrantes de las distintas Comisiones- referida a un proyecto que está en la tabla y que tipifica los delitos...

El señor MOREIRA.- ¡Presidente, hace rato que quiere hablar el Ministro!

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Al parecer, el Ministro quiere intervenir.

El señor ELIZALDE (Presidente).- ¿Quiere hablar, Ministro?
¿Sí?
Bien.
Tiene la palabra.

El señor MOREIRA.- ¡Hágale una recomendación al Ministro: que no vaya a la Cámara de Diputados...!

El señor ELIZALDE (Presidente).- ¡Ministro, trate de no hablar muy largo...! ¡Son bromas...!

El señor GARCÍA (Ministro de Obras Públicas).- Gracias, Presidente.
Quiero valorar no solo el trabajo de las Comisiones, sino también lo que se ha planteado acá, porque hoy día hay 5 mil dirigentes que se verán beneficiados con esta extensión de plazo. Además, caber recordar que este es un sistema que va a cumplir sesenta años; es una política de Estado que tenemos que estar mejorando siempre, de manera continua, y que hoy beneficia a 2 millones 200 mil personas.
A propósito de lo que han planteado acá, hay que señalar que en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, hemos tenido un salto explosivo de usuarios en el sistema de agua potable rural, lo que nos obliga a un mejoramiento en los procesos internos como Ministerio, y es en lo que estamos trabajando para acortar los plazos de los nuevos sistemas, pero también en la ampliación de ellos.
Es por eso que hoy día estamos integrando también -y esperamos tenerlo implementado el 2024- el sistema de ventanilla única, que nos permitirá aunar los criterios entre los diferentes sistemas de agua potable rural: los que tiene el Ministerio de Obras Públicas, los municipales, los de los gobiernos regionales, los de la Subdere, etcétera, en función de lo que ustedes mismos han planteado acá.
Para el año 2023, en el presupuesto que hemos presentado como Gobierno, contemplamos 290 mil millones de pesos de inversión para agua potable rural -es un presupuesto histórico y también acorde a lo que hemos visto este año- y, además, 17 mil millones para capacitación, asesoría, regularización de derechos de agua, etcétera. Es un monto inédito y ha sido recogido a partir de lo que se nos ha planteado aquí. Esto significa que a las cincuenta y seis personas que hemos contratado este año se suman noventa y seis el próximo, principalmente para fortalecer a los equipos regionales. Y, adicionalmente, le he solicitado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que cree un equipo ad hoc para las APR, respondiendo a las peticiones de ustedes.
Así como esta fue una ley participativa en su origen -algo que muchos de ustedes conocen-, la modificación del reglamento, que es a lo que nos abocaremos en estos dos años, y eventualmente de algún articulado de la ley, también va a ser participativa con las agrupaciones de agua potable rural. Creemos que deben ser parte del proceso. Las hemos hecho parte de él durante este año y lo seguiremos haciendo en estos dos años, para mejorar la ley.
Y muchas gracias por los alcances que se hicieron. Sin duda, han sido muy valiosos tanto para esta postergación como para la ley en su conjunto.
Muchas gracias, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- A usted, Ministro.
Y felicitaciones por la aprobación.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- A continuación, solicito el acuerdo de la Sala, por lo siguiente.
La próxima semana nos corresponde votar el Presupuesto, donde vamos a establecer una excepción: en caso de que el Gobierno presente el oficio de nombramiento del Fiscal o de la Fiscal Nacional, se va a autorizar a la Comisión de Constitución para sesionar simultáneamente con la Sala. Además, haremos una segunda excepción, nada más, referente a la Comisión de Relaciones Exteriores, a cuyo respecto le voy a dar la palabra al Senador Quintana.
Pero la sesión tendría que ser el martes en la mañana, Senador Quintana, que es cuando se realizará el debate en general del proyecto de Ley de Presupuestos.

El señor QUINTANA.- Sí, Presidente, la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores tendría que ser durante la mañana del martes, dado que el 1 de diciembre es el fallo del Silala, respecto de lo cual el Gobierno ha tenido a bien contarnos un poco, a la Comisión de Relaciones Exteriores, en qué está. Es muy probable que sea una sesión reservada. Pero quisiéramos que la Sala nos autorizara para ese efecto el martes en la mañana.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Entonces, el martes en la mañana va a ser convocada por su Presidente la Comisión de Relaciones Exteriores, en sesión reservada.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador Galilea, tiene la palabra.

El señor GALILEA.- Presidente, quería pedir una excepción para una Comisión que funciona viendo una temática distinta, que es la Revisora de Cuentas.
Nosotros tenemos que resolver toda la revisión de cuentas hasta antes del 31 de diciembre y habíamos fijado, si mi memoria no me falla -y está presente el Senador Insulza-, reunirnos el lunes 21.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Pero el lunes no hay sesión.

El señor ELIZALDE (Presidente).- El lunes no hay problema porque la sesión de Sala es el martes.

El señor GALILEA.- O sea, ¿el acuerdo es solo para martes, miércoles y jueves?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Estamos convocados a sesión de Sala martes, miércoles y jueves.

El señor GALILEA.- Correcto.
Entonces, ¿el lunes no hay problema?

El señor ELIZALDE (Presidente).- El lunes no se topan los horarios.

El señor GALILEA.- Listo.
¡Senador Insulza, tiene que llegar a las tres de la tarde...!
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador García, tiene la palabra.

El señor GARCÍA.- Presidente, una consulta: yo calculo que la próxima semana también debiéramos votar, si el Ejecutivo presenta la solicitud respectiva, la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia.
¿Está previsto eso en medio de la vorágine del despacho de la Ley de Presupuestos?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Le cuento inmediatamente, Senador.
Es muy buena su pregunta.
Estamos convocados: el martes, en la mañana y en la tarde; el miércoles, en la mañana y en la tarde, y el jueves, en la mañana y en la tarde, en sesiones de 10 a 14 y de 15 a 20 horas.
Y está convocada para el miércoles, a las ocho de la noche, una sesión para votar la prórroga del estado de excepción constitucional. Estamos conversando con el Ejecutivo y con la Cámara porque, eventualmente, la podríamos adelantar para el martes, a las ocho de la noche.
Entonces, la idea es votarla después de la sesión en que veamos Presupuesto.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Pero hasta ahora la sesión está convocada para el miércoles, a las 20 horas, aunque estamos coordinándonos con la Segprés y con la Cámara para, eventualmente, adelantar esa sesión al martes, a la misma hora.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Les decía que el Senador Moreira hizo referencia a proyectos que regulan materias similares, pero no de manera exactamente igual.
Hemos conversado con los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales y nos proponen que votemos en general el proyecto que sanciona delitos contra el medioambiente y que lo enviemos a la Comisión de Constitución para el informe en particular. ¿Por qué razón? Porque eso permitirá que se discuta en paralelo con la iniciativa que tipifica los delitos económicos y algunos delitos ambientales.

El señor WALKER.- ¡Eso!

El señor ELIZALDE (Presidente).- Entonces, eso permitirá que la regulación respectiva quede coherente al ser ambos proyectos tramitados en la Comisión de Constitución.
En esas condiciones, podríamos votar la idea de legislar del texto legal que sanciona los delitos contra el medioambiente.
¿Habría acuerdo para que el debate en particular se desarrolle en la Comisión de Constitución?

El señor MOREIRA.- ¿Presidente?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador Moreira, tiene la palabra.

El señor MOREIRA.- Yo estoy de acuerdo y no tengo ningún problema con dicho planteamiento. Pero me preocupa que no haya aquí algún miembro de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Sabe por qué? Porque, si no, van a sentirse pasados a llevar y dirán que fue algo que decidimos a las seis y media de la tarde, cuando no había nadie presente.
Es mi única preocupación.

La señora PROVOSTE.- Concuerdo con el Senador Moreira.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Walker.

El señor WALKER.- Gracias, Presidente.
Yo no quiero interpretar la voluntad presunta del Senador Alfonso de Urresti -y acá están la Senadora Luz Ebensperger y el Senador Rodrigo Galilea, integrantes de la Comisión de Constitución-, quien, al participar del trabajo de ambas Comisiones, advirtió que hay una diferencia de enfoque entre el proyecto de delitos económicos, que sigue la lógica de hacer responsables a los dueños o gerentes de las empresas, o a aquellos que poseen facultades de administración, siguiendo el esquema de las más modernas legislaciones en la materia, y que se aplican en Estados Unidos, en Europa, y el de delitos medioambientales, que es más propio del régimen general.
Por eso a mí me parece una buena propuesta, la cual, de alguna manera, guarda relación con lo que advirtió el Senador Alfonso de Urresti en la propia Comisión de Constitución al mencionar el trabajo realizado en la Comisión de Medio Ambiente. Y aprobar la idea de legislar significa un respaldo a la labor desarrollada allí.
El análisis artículo por artículo respecto de los tipos penales podemos realizarlo en una sola discusión y siguiendo un comparado que pueden trabajar las Secretarías de ambas Comisiones, teniendo en consideración que los delitos ambientales son solo un aspecto de los delitos económicos que están contenidos en el proyecto de ley que, como dije, está en segundo trámite constitucional y que estamos votando en particular.
Gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Entonces, se procederá a leer la relación y luego vamos a votar el proyecto en general para que podamos enviarlo a la Comisión de Constitución.
No se fusionan los proyectos porque uno está en segundo trámite y el otro en su primer trámite.
Senadora Pascual, ¿sobre este punto?

La señora PASCUAL.- Disculpe, Presidente, solo una pregunta: ¿la Comisión de Medio Ambiente lo discutió en general y en particular?

El señor ELIZALDE (Presidente).- No.

La señora PASCUAL.- Si no lo ha discutido en particular, ¿por qué no pueden sesionar unidas las Comisiones de Constitución y de Medio Ambiente para ese propósito?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Podría ser una alternativa, pero este proyecto lleva dos años esperando ser votado en general.

La señora PASCUAL.- ¡No, no, si yo estoy absolutamente de acuerdo con que votemos hoy día su idea de legislar; eso está fuera de discusión! Mi consulta es para el camino siguiente que usted estaba...

El señor ELIZALDE (Presidente).- Yo creo que la mejor forma de que el proyecto se tramite rápido es que lo vea una sola Comisión, porque, si no, terminará ocurriendo lo mismo de la vez pasada, que estaba en Medio Ambiente y se mandó a Constitución y pasaron dos años.
Por eso estamos mandándolo a una Comisión, para que...

La señora PASCUAL.- Sí, lo que pasa es que no veo a nadie de la Comisión de Medio Ambiente en la Sala.
Solo por eso.
Tengo la misma aprensión que el Senador Moreira.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Entonces, ¿habría acuerdo para mandarlo a la Comisión Constitución?

La señora PASCUAL.- Ahí llegó Juan Ignacio Latorre.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Eso permitiría que el proyecto quede coherente con el que se está discutiendo en segundo trámite, con el compromiso, obviamente, de la Comisión de Constitución de despacharlo.
Tiene la palabra la Senadora Aravena.

La señora ARAVENA.- Yo quisiera aclarar lo que dije antes, porque quizás no todos me escucharon.
La Senadora Núñez es la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, que yo he presidido en este mes y medio, y vuelvo a reiterar que sesionamos específicamente para ver esta materia, donde se escuchó a una experta y nuevamente se volvió a insistir en la importancia de votar este proyecto, que ya lleva dos años de tramitación.
Vuelvo a reiterar que las profesoras Ximena Insunza y Valentina Durán revisaron el proyecto que también se está viendo en la Comisión de Constitución y las dos expertas plantearon que es bueno que se analice la presente iniciativa.
Y la propuesta que usted está haciendo, Presidente, a mí me parece muy buena.
El único problema que yo veo acá es que, según la minuta que ha preparado la Secretaría de la Comisión, se requiere una cantidad importante de votos, que debieran ser 29, porque es de quorum especial.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Sí, pero es solo una norma, que si se cae al no alcanzarse el quorum puede ser repuesta en la discusión en particular.
De todas maneras, quiero informarle a la Sala que este proyecto es del 2007, y se trata de una fusión de varias iniciativas. La primera moción es de ese año, y ya estamos en el 2022.
Por eso la Comisión de Medio Ambiente propuso que se votara en general y buscar dejar coherentes los distintos tipos penales involucrados.
Yo tengo una opinión que puede no ser compartida por la Sala, pero siempre he sido de la tesis de que todo lo que se refiere a tipificación penal sea visto por la Comisión de Constitución, porque permite que haya un todo coherente, independientemente de que pase por una Comisión especializada: a la de Mujer, por ejemplo, respecto de determinados delitos. Pero que lo vea Constitución permite que haya una visión integrada y coherente con otros proyectos.
Como se cuestionó que se votara hoy día, la propuesta que estamos haciendo es pronunciarnos por la idea de legislar y que se envíe a la Comisión de Constitución para el despacho en particular.
Senadora Sepúlveda, tiene la palabra.

La señora SEPÚLVEDA.- Gracias, Presidente.
Encontrándole la razón y entendiendo la experticia que puede tener la mencionada instancia en la materia, y considerando el tiempo que lleva en tramitación y la complejidad y la cantidad de trabajo que tiene la Comisión de Constitución, considero que podríamos fijar un plazo en el cual se deba despachar este proyecto en particular.
Entonces, si fuera posible establecer un plazo, creo que sería positivo que pasara a Constitución, Presidente.
Gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador Walker, ¿un plazo prudente? Porque tiene razón la Senadora Sepúlveda, pensando en que no se siga dilatando el proyecto.

El señor WALKER.- Presidente, con el mayor agrado.
Quiero llamar la atención en el sentido de que el proyecto de delitos económicos, del cual forman parte los delitos ambientales, es bastante extenso, y sería muy extraño despachar en particular solo una categoría.
Yo más bien pido, de acuerdo con lo solicitado por el propio Senador Alfonso de Urresti, quien trabajó con las dos Comisiones, que nos habiliten para ver en conjunto ambos proyectos, porque lo que no puede pasar es que haya dos iniciativas con contenido distinto tramitándose en paralelo en dos Comisiones.
Nosotros, como digo, ya estamos votando en particular el proyecto sobre delitos económicos, que está con urgencia, y que pretendemos despachar durante este año a la Sala.
Estamos hablando de una iniciativa de más de mil páginas, aproximadamente, que abarca toda la categoría de delitos económicos del Código Penal, de la legislación especial, más otros tipos penales que se agregan, por ejemplo, la aplicación de los días multa a los ejecutivos o dueños de las empresas, y el comiso de ganancias.
También versa sobre aspectos procesales de la titularidad en la acción de la Fiscalía Nacional Económica respecto de delitos tributarios, delitos aduaneros, o atentados contra la libre competencia,
Entonces, sería una tarea ambiciosa, en concordancia con la urgencia del Gobierno, que pudiéramos darnos todo el mes de diciembre para despachar ambos proyectos de ley desde la Comisión de Constitución.
Espero que no me reclamen sus demás integrantes, pero sé que comparten el mismo espíritu.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Mireya Canavati me informa -siempre está al tanto de los detalles, y aprovecho de felicitarla por su gran trabajo- que el 1 de junio del 2021 se acordó que este proyecto fuera discutido en particular en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Por qué razón? Porque la Comisión de Medio Ambiente discutió en general y en particular el proyecto y fusionó seis mociones en un solo texto. Por tanto, ahí ya se hizo el debate. Además, propuso que lo votáramos en general para que fuera despachado en particular por la Comisión de Constitución.
Así que en esos términos veríamos el proyecto: se vota en general, y la Comisión de Constitución lo analiza en particular.
Hay una norma de quorum especial, el cual esperamos reunir, y en caso contrario, si se repone en la discusión en particular, tendría que aprobarse por separado, con el quorum correspondiente.



TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona delitos contra el medio ambiente.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 9.367-12, 5.654-12, 8.920-07, 11.482-07, 12.121-12 y 12.398-12, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- El objetivo del proyecto es crear delitos de grave contaminación y daño ambiental dolosos y culposos, establecer reglas que permitan excluir la sanción penal de la bagatela, incluir delitos de burla del sistema administrativo de protección del medio ambiente, considerar reglas de responsabilidad de los directivos de empresas y de las personas jurídicas y proponer otras reglas especiales.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales hace presente en su informe que las iniciativas, tras ser refundidas, fueron discutidas en general y en particular, en virtud del acuerdo de la Sala de fecha 28 de noviembre de 2018, resultando aprobada la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadoras señoras Allende y Órdenes y Senadores señores Prohens y Sandoval, y el ex Senador señor Girardi.
En particular, el proyecto de ley fue aprobado con las votaciones y en los términos que se indican en su informe.
La referida Comisión consigna, además, que el artículo 23 de la iniciativa de ley, despachada por dicha instancia, tiene el rango de norma orgánica constitucional, por lo que requiere de 27 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe entre las páginas 288 y 298 del informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.


El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a proceder a abrir la votación.
Senadora Provoste, ¿usted está pidiendo la palabra por este proyecto?

La señora PROVOSTE.- No, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Senador Chahuán, usted es autor de varias de estas iniciativas.
Le damos entusiastamente la palabra.
Se abre la votación.
(Durante la votación).

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, en mi calidad de coautor de varias de las mociones que se encuentran refundidas en este proyecto de ley -es bueno señalar que reúne mociones parlamentarias y un mensaje del Ejecutivo- vengo en manifestar que el texto ha sido enriquecido con las disposiciones de diversos cuerpos legales que se han introducido, que permiten contar con una legislación robusta en materia de daños al medio ambiente que constituyen delitos, dada su gravedad y las consecuencias que causan.
A este respecto, me remito a lo señalado en la exposición de motivos de la moción de nuestra autoría al citar al profesor italiano Amedeo Postiglione, quien, en su Tratado de derecho ambiental, sostiene que el ilícito ambiental es un "hecho antijurídico, previsto por el derecho positivo, lesivo del derecho al ambiente, o sea, al aspecto esencial de la personalidad humana, individual y social, en relación vital con la integridad y el equilibrio del ambiente, determinado por nuevos trabajos o acciones sobre el territorio y por alteraciones voluntarias, químicas o físicas o por cualquier otro atentado o perjuicio, directo o indirecto, o en uno o más componentes naturales o culturales y las condiciones de vida de los seres vivientes".
En este orden de ideas, y teniendo presente que el ilícito ambiental es considerado por los tratadistas como un delito social, por cuanto al afectarse el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se atenta contra el derecho humano fundamental, que como tal goza de protección con rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, estimamos que ciertas conductas de este tipo deben ser sancionadas penalmente, al igual que se establece en las legislaciones de diferentes países, como acertadamente lo hace el proyecto aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales que hoy se somete a nuestra consideración.
Se han incorporado en este proyecto importantes disposiciones que afectan la responsabilidad penal de personas y directores de empresas y personas jurídicas, contemplando sanciones de adecuada drasticidad para sus conductas antijurídicas.
Por estas razones, y tal como lo hizo la Comisión, cuyos integrantes aprobaron por unanimidad su texto, estimamos que debe darse el voto favorable a este informe.
Tenemos una tarea pendiente: cómo ser capaces de terminar con las mal llamadas "zonas de sacrificio ambiental".
En nuestra región hemos iniciado acciones legales en cada uno de los hitos de contaminación, para preservar el derecho de los conconinos, de los quinteranos, de los puchuncavinos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso precisamente nos impulsó en su momento a presentar acciones legales en contra de ENAP y de aquellos que resultaran responsables.
Y cuando hubo derrame de hidrocarburos en el río Aconcagua, también interpusimos acciones penales; en esa oportunidad -yo no era parlamentario-, por primera vez el Consejo de Defensa del Estado demandó a una empresa estatal, lo cual permitió que hoy día dispongamos del humedal de Concón, tan importante y que fue parte de una medida transaccional.
Asimismo, es relevante entender que acá se requiere avanzar de manera sistemática para poder abordar las temáticas medioambientales, que es algo absolutamente necesario.
Por eso hemos emprendido acciones para impedir, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario en determinadas zonas del país y de nuestra región y hemos ayudado a que se declaren santuarios de la naturaleza donde hemos desarrollado una acción ambiental activa para los efectos de proteger a todos y cada uno de los ciudadanos en esta materia.
Quiero agradecer el trabajo de Carmen Gloria Aravena, nuestra Senadora, a la que además le ha tocado presidir la Comisión de Medio Ambiente en reemplazo de Paulina Núñez, quien ha dado el impulso necesario para sacar adelante este proyecto de ley.
Reitero que somos coautores de iniciativas que se han fusionado y que buscan que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, contemplado en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, efectivamente se convierta en una realidad y no sea un simple espejismo, como ocurre en determinadas zonas de nuestra región y del país.
He dicho, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).- Gracias, Senador.
Quiero informarles a los señores Senadores y señoras Senadoras que quedó pegado el título del proyecto anterior, tanto en las pantallas individuales como en la grande de la Sala, pero que en el acta y en la hoja de votación se va a reflejar correctamente el que corresponde.
Les recuerdo que estamos votando en general el proyecto, en primer trámite constitucional, que sanciona delitos contra el medio ambiente, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Luego nos queda otro proyecto en tabla.
Tiene la palabra el Senador Walker.

El señor WALKER.- Muchas gracias, Presidenta.
Quiero valorar el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente respecto de las mociones refundidas contenidas en este proyecto de ley que sanciona delitos contra el medio ambiente.
Por eso he concurrido a la aprobación general de este proyecto.
Asimismo, quiero agradecer la propuesta de la Mesa, que además es consistente con las resoluciones anteriores, en el sentido de que el contenido en particular de este proyecto sea analizado por la Comisión de Constitución, que tengo el honor de presidir, pues ya se encuentra votando en particular, desde hace un tiempo, un ambicioso proyecto que sistematiza todos los delitos ambientales con los delitos contra el orden socioeconómico, los denominados "delitos económicos".
¿Y por qué es tan importante que podamos analizar en particular en la Comisión de Constitución el proyecto que hoy día estamos votando en general, relacionado con los delitos especiales de daño ambiental? Porque es muy relevante que estos ilícitos sean objeto de una regulación y tengan una sanción conforme al espíritu del proyecto que sistematiza todos los delitos económicos, que, como decía, nace del trabajo destinado a elaborar un anteproyecto de Código Penal durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet y anteriormente del Gobierno del Presidente Piñera.
Por eso, valoro el trabajo de profesores como Antonio Bascuñán, Héctor Hernández, Gonzalo Medina, Javier Wilenmann, Verónica Rosenblut, probablemente los mejores profesores de Derecho de nuestras universidades, que han dedicado un valioso tiempo para sistematizar todos los delitos económicos.
¿Y por qué es tan importante que los delitos contra el medio ambiente tengan una regulación sistemática, en conjunto con los otros delitos económicos que cometen las empresas? Porque las sanciones son muy relevantes, no solo para los efectos de las multas sino también de la reparación del daño. Por eso las sanciones deben ser ejemplares, es decir, que no solo se aplique la pena corporal, el castigo penal propiamente tal, sino que esta vaya acompañada de sanciones económicas que hagan hincapié en la responsabilidad de quienes son los propietarios de esas empresas y tienen facultades de dirección, habitualmente los gerentes generales.
La idea no es que "pague Moya", como decimos en buen chileno; que las sanciones no sean clases de ética, como dirían algunos, sino que sean efectivas y, además, les duela en el bolsillo a las empresas que provocan daño ambiental.
Por eso instituciones como el comiso de ganancias ilegítimas, aun sin sentencia condenatoria, son muy importantes.
También la aplicación de días multa, es decir, una sanción económica por cada día de infracción a la norma ambiental, pasa a ser algo relevante.
Y de ahí que resulta muy importante que la sistematización de los tipos penales y las sanciones económicas que conllevan los delitos ambientales de atentados contra el medio ambiente sean un todo coherente entre sí y un todo coherente con el resto de la legislación económica contenida en este ambicioso proyecto.
Por eso apruebo en general el proyecto y nos disponemos, con esa filosofía, a tramitarlo en particular... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene más tiempo, Senador Walker, para que termine su intervención.

El señor WALKER.- Muchas gracias, Presidente.
Solo para redondear, me parece muy importante que la legislación relativa a delitos ambientales, por daños al medioambiente, tenga una regulación coherente y armónica con el proyecto que sistematiza todos los delitos económicos y de atentados contra el medio ambiente, incluyendo el daño a las aguas, para que recaiga una responsabilidad especial contra quienes, dentro de las empresas, tienen facultades de dirección, de manera tal que las sanciones sean ejemplares y podamos cumplir el objetivo de preservar un medio ambiente libre de contaminación.
Gracias, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos a darle la palabra a la Senadora Carmen Gloria Aravena, quien está haciendo las veces de Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, instancia que despachó este proyecto en general y en particular, para que entregue el informe respectivo.
Senadora Aravena, tiene la palabra.

La señora ARAVENA.- Presidente, la verdad es que no sé -voy a ser bien honesta- si tiene sentido que yo lea el informe por solo cumplir con una norma, porque no lo va a escuchar nadie, porque ya todos hablaron y dieron su opinión y porque el informe siempre se rinde después de que se hace la relación de cada proyecto.
Había pedido la palabra, pero creo que ya es muy a destiempo y se escuchó a todos los otros Senadores.
Yo no entiendo por qué a veces suceden este tipo de cosas.
Aquí no hay primeras ni segundas categorías al interior del Congreso, y siento que no fue correcto el trato que se le dio a este proyecto en particular.
Así que no voy a dar cuenta del proyecto.

El señor ELIZALDE (Presidente).- De todas maneras, muchas gracias, Senadora Aravena.
No hay más solicitudes de palabras ni más inscritos.
Señor Secretario, haga la consulta de rigor.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Perdón, no vamos a cerrar todavía la votación.
Está pidiendo la palabra el Senador Coloma.
Puede intervenir, Senador.

El señor COLOMA.- Presidente, lo que pasa es que yo quiero dejar claro que este proyecto tiene un informe de la Corte Suprema, que uno debiera por lo menos leer. No es que la Corte Suprema sea el Corán, pero ayuda a ilustrar en estas materias.
La Corte Suprema dice que el proyecto va en línea correcta en el sentido de cuidar el medio ambiente, pero, pese a su importancia, en la discusión se deben hacer muchas muchas mejoras. Y lo informa desfavorablemente. ¿Por qué? Porque:
En lo que respecta a los delitos establecidos en la propuesta, opina que su defecto más evidente dice relación con su vaguedad. Conceptos tales como pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo no están explicados en forma alguna.
Segundo, se prevén hipótesis fácticas que no alcanzan a superar el estándar mínimo que establece la garantía de legalidad en su faz de tipicidad (ley estricta y cierta).
Tercero, la definición de las conductas penales es tan amplia que es imposible, a partir de su lectura, discernir qué conductas son potencialmente criminales y cuáles no.
Y por último, el Máximo Tribunal hace presente que el proyecto está vulnerando el contenido mínimo del mandato de determinación de la ley penal, establecido en el inciso final del artículo 19, N° 3º, de la Constitución.
Entonces, Presidente, creo que este es un tema bien complejo.
Yo entiendo el concepto final y lo que se busca, pero aquí se está alterando el Código Penal, se están criminalizando conductas.
Y si la misma Corte Suprema plantea que es imposible determinar cuáles son esas conductas, empieza a generarse la lógica de la ley penal en blanco, que supongo ya está rechazada por todo el mundo, o la vaguedad en los tipos, que es lo peor que puede hacer un legislador.
Por lo tanto, entiendo que esto eventualmente podrá ser discutido, pero, con un informe de esta naturaleza, yo por lo menos me voy a abstener.
He dicho, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Este proyecto contiene una norma de quorum especial. Por lo tanto, no rigen los pareos en esta votación.
Estamos a la espera de los Senadores que aún no han votado.
Senador Galilea, ¿usted había pedido la palabra?

El señor GALILEA.- No, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Ya.
Entonces, vamos a proceder a hacer la consulta de rigor para dar por cerrada la votación.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor y 3 abstenciones), con excepción del artículo 23, por no reunir el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Gatica, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro González, Chahuán, Elizalde, Flores, Galilea, García, Insulza, Keitel, Kusanovic, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Pugh, Quintana, Sandoval, Velásquez y Walker.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Coloma y Sanhueza.


El señor ELIZALDE (Presidente).- En consecuencia, se aprueba en general el proyecto, con excepción del artículo 23, norma que requería quorum especial por regular una materia propia de ley orgánica constitucional.
Todo lo demás queda aprobado en general.
Se envía el proyecto a la Comisión de Constitución para que lo despache en particular.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Corresponde fijar plazo para formular indicaciones.
Senadora Aravena, se propone el jueves 22 de diciembre.
¿Estaría de acuerdo?
Dele la palabra a la Senadora Aravena, por favor.

La señora ARAVENA.- Gracias por darme la palabra.
Sí, no hay ningún problema. Lo voy a anotar acá.
Gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Entonces, el jueves 22 de diciembre, a las 12 horas, en la Secretaría de la Corporación.
Así se acuerda.
Pasamos al siguiente proyecto del Orden del Día.



AGRAVAMIENTO DE PENAS Y SANCIONES EN LEY DE PESCA Y ACUICULTURA PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE USO DE EXPLOSIVOS


El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.465-21) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- Este proyecto de ley tiene por objetivo aumentar las penas, tanto en la multa como en las penas privativas de libertad, asociadas al delito de quien emplee, utilice o se valga de elementos explosivos o tóxicos en la realización de actividades pesqueras extractivas; asimismo, penalizar a quien comercialice, procese, elabore, transporte o almacene a título oneroso recursos hidrobiológicos capturados o extraídos con elementos explosivos o tóxicos.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura hace presente que, de conformidad con el artículo 127 del Reglamento del Senado, consideró en general y en particular la iniciativa, por tratarse de un proyecto de artículo único, y propone a la Sala proceder del mismo modo.
La referida Comisión, además, deja constancia de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Espinoza, Kusanovic, Moreira, Núñez y Soria. En particular, aprobó la iniciativa con las modificaciones y las votaciones, también unánimes, que consigna en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 19 del informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.


El señor ELIZALDE (Presidente).- ¿Se va a emitir informe sobre este proyecto?
Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MOREIRA.- Presidente, le quiero pedir que abra la votación.
Además, quien debiera rendir este informe es el Presidente de la Comisión de Pesca.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Daniel Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Presidente, la verdad es que puedo rendir el informe, pero en esencia es bastante parecido a lo que leyó el Secretario.
Este es un proyecto de artículo único que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura. Nosotros lo aprobamos en la Comisión de Pesca en forma unánime.
El objetivo del proyecto es aumentar las penas asociadas al delito de quien utilice elementos explosivos o tóxicos en la realización de actividades pesqueras extractivas, tanto en su multa como en las penas privativas de libertad; además, penaliza a quien comercialice, procese, elabore, transporte o almacene a título oneroso recursos hidrobiológicos capturados o extraídos con elementos explosivos o tóxicos.
Se presentaron, en conjunto con el Ejecutivo, varias indicaciones. En comparación con el texto que se aprobó en el primer trámite constitucional, quedaron las multas y se incorpora también el supuesto de la reincidencia.
Podríamos agregar que este proyecto de ley tiene su origen en lo que ocurrió en la Región de Antofagasta, particularmente en el hallazgo de un delfín en el sector de Juan López de esta comuna, el cual habría sido abatido por ondas producidas por detonaciones de dinamita.
El uso de dinamita en un medio marino no solo produce daños directos a las especies hidrobiológicas que pueden habitar el medio, sino también a las que habitan o transitan por lugares cercanos, como es el caso de cetáceos y grupos de mamíferos marinos con una alta dependencia al sonido.
Durante la conferencia Cavitación y Cetáceos, el investigador Timothy Leighton destacó cómo los cetáceos, los mamíferos con mayor experiencia en el uso de la acústica en aguas burbujeantes, son capaces de generar en su movimiento grandes campos de burbujas de gases en su beneficio.
En consecuencia, la pesca con este tipo de artefactos es profundamente invasiva, poco selectiva, y atenta contra la seguridad de nuestros recursos hidrobiológicos y medio marino.
Yo lo único que añadiría, Presidente, es que esto es algo bien inusual.
Cuesta imaginarse que en Chile alguien utilice elementos explosivos en la actividad pesquera. Pero, lamentablemente, había una cierta tradición histórica en Antofagasta en cuanto al uso de estos elementos, y todavía aparecen antecedentes de que se ocupan, por lo que, obviamente, existe el riesgo de que esto pueda también llegar a regiones continuas.
Por eso tiene un valor esta iniciativa, y nos pareció tan importante aprobarla en la Comisión de Pesca del Senado.
Eso, Presidente.
Gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).- Vamos, entonces, a abrir la votación.
En votación.
Les agradecería a todos los Senadores presentes que voten.
Vamos a hacer la consulta de rigor para dar por cerrada la votación.
Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (19 votos a favor y 1 pareo), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Rincón y Sepúlveda y los señores Coloma, Elizalde, Flores, Galilea, Keitel, Kusanovic, Latorre, Moreira, Núñez, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.
No votó, por estar pareado, el señor Pugh.


El señor ELIZALDE (Presidente).- En consecuencia, queda aprobada la iniciativa.
Se despacha a la Cámara de Diputados para su tercer trámite.
Pasamos a Incidentes.
VI. INCIDENTES

El señor ELIZALDE (Presidente).- En Incidentes, no hay Senadores inscritos para intervenir.
En consecuencia, habiéndose cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor CHAHUÁN:
Al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y al Presidente del Gobierno Regional de Valparaíso, solicitándoles confirmar si ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN EFECTUADA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO EN BUSES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA QUE CUBREN SECTOR RURAL COSTERO RECAYÓ EN EMPRESA EVERIS.
Y al Director Nacional del Servicio Electoral, a fin de que informe si se ha procedido a DENUNCIAS CONTRA PERSONAS QUE NO CONCURRIERON A VOTAR EN PLEBISCITO REALIZADO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO.
De la señora RINCÓN:
A la Gobernadora Regional del Maule, informándole APROBACIÓN EN LEY DE PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTE A AÑO 2023 DE GLOSA QUE FACULTA A GOBIERNOS REGIONALES PARA COMPRAR TERRENOS DESTINADOS A PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES.
De la señora RINCÓN y de los señores FLORES y WALKER:
Al Ministro de Hacienda y a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, solicitándoles ENVÍO DE BASES DE CÁLCULO, MODELOS Y PROGRAMAS UTILIZADOS PARA LAS ESTIMACIONES DE ACTUAL PROYECTO DE REFORMA DE SISTEMA PREVISIONAL y pidiéndoles ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA QUE EN DETERMINACIÓN DE MONTO DE APORTE ESTATAL SE USE MONTO DE PENSIÓN QUE SE ESTÁ PAGANDO AL PENSIONADO AL MOMENTO DE SOLICITAR LA PGU Y NO LA PENSIÓN DE BASE AL MOMENTO DE PENSIONARSE.
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El señor ELIZALDE (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:57.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción suplente