REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 370ª
Sesión 43ª, en martes 9 de agosto de 2022
Ordinaria
(De 16:16 a 19:45)
PRESIDENCIA DE SEÑOR ÁLVARO ELIZALDE SOTO, PRESIDENTE, Y
SEÑORA LUZ EBENSPERGER ORREGO, VICEPRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, ACCIDENTAL
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan Enrique
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Elizalde Soto, Álvaro
--Gahona Salazar, Sergio
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Giorgio Jackson Drago, y la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Antonia Orellana Guarello.
Asimismo, se encontraba presente la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacios.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y de Secretario General accidental y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 18 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 36ª, ordinaria, en 19 de julio de 2022; 37ª y 38ª, especiales, y 39ª, ordinaria, en 20 de julio de 2022, que no han sido observadas.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Quince Mensajes de S.E. el Presidente de la República
Con el primero, hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, para incorporar el libro electrónico (Boletín N° 12.959-04).
Con los cinco siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos (Boletín N° 12.392-25).
-El que da derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable (Boletines Nos 7.736-11, 9.644-11, 11.745-11 y 11.577-11, refundidos).
-El que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para facilitar la obtención de patente de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica (Boletín N° 14.534-06).
-El que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución (Boletín N° 14.008-07).
-El que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina (Boletín N° 13.375-11).
Con el séptimo, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que regula los biocombustibles sólidos (Boletín N° 13.664-08).
Con el octavo y noveno, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho de las siguientes iniciativas:
-El que modifica la ley N° 21.202, para agregar mecanismos de participación directa en las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano (Boletín N° 14.619-12).
-El que modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, para tipificar el delito de suministración de drogas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento (Boletines Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos).
Con el décimo y undécimo, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
-El que crea el Ministerio de Seguridad Pública (Boletín N° 14.614-07).
-El que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación (Boletín N° 13.982-25).
Con los cuatro últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
-Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11.077-07).
-El que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes (Boletín N° 14.440-07).
-El que crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290 (Boletín N° 9.252-15).
-El que modifica las leyes Nos 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el propósito de exigir Resolución de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual Institucionalidad Ambiental (Boletín N° 13.652-12).
--Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.239, para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica, correspondiente al Boletín N° 15.179-06 (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el segundo, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que declara la nulidad de la ley N° 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, correspondiente al boletín N° 10.527-07.
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el tercero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica y complementa las normas que indica respecto del sistema educativo, correspondiente al Boletín N° 15.153-04 (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura y a la de Hacienda, en su caso.
Del Excmo. Tribunal Constitucional
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-artículo 20, inciso primero, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (Rol N° 13402-22 INA).
-artículos 248, letra c), y 258, inciso final, ambos del Código Procesal Penal (Rol N° 13316-22 INA).
-artículos 48 de la Ley de Rentas Municipales; y 53, inciso tercero, del Código Tributario (Rol N° 13411-22 INA).
-artículo transitorio, inciso primero, de la Ley N° 20.791 (Rol N° 13423-22 INA).
-frase "Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador", contenida en el artículo 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y del artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 13442-22 INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 13478-22 INA; Rol N° 13414-22 INA).
-última frase del artículo 140, del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; y, del artículo 36, inciso segundo, letra f), del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469 (Rol N° 13385-22 INA).
-artículo 33, N° 2, de la Ley 18.838 (Rol N° 13405-22 INA).
-artículo 162, inciso quinto, oración final, e incisos sexto, séptimo, octavo y noveno, del Código del Trabajo (Rol N° 13433-22 INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12746-22; Rol N° 12760-22; Rol N° 12766-22; Rol N° 12749-22; Rol N° 12770-22; Rol N° 12751-22; Rol N° 12772-22; Rol N° 12777-22).
-artículos 5°, inciso segundo; 10, inciso segundo; y 11, letras a) y c), de la Ley N° 20.285 (Rol N° 12493-21; Rol N° 12612-21; Rol N° 13003-22).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final; e inciso segundo, parte primera, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 13190-22).
-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 12319-21-INA).
-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886 (Rol N° 12595-21).
-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 12264-21; Rol N° 12635-21).
-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 12750-22).
-artículos 5°, inciso segundo, 10, inciso segundo, y 11, letras a) y c), de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública (Rol N° 13035-22).
-artículo 1°, inciso segundo de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12494-21; Rol N° 12706-22; Rol N° 12744-22; Rol N° 12753-22; Rol N° 12758-22; Rol N° 12759-22; Rol N° 12817-22; Rol N° 12821-22; Rol N° 12779-22; Rol N° 12824-22; Rol N° 12783-22; Rol N° 12798-22; Rol N° 12826-22; Rol N° 12800-22; Rol N° 12809-22; Rol N° 12833-22; Rol N° 12837-22).
-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 12882-22).
-artículos 162, incisos quinto, parte final, sexto y séptimo; y 472, del Código del Trabajo (Rol N° 12165-21).
-artículo 120, inciso primero, de la Ley N° 18.834 (Rol N° 12615-21).
--Se manda archivar los documentos.
De la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública
Hace llegar respuesta a solicitud del Honorable Senador señor Araya, relativa a la implementación del Plan de Reforzamiento Policial.
De la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Remite respuesta a planteamiento del Honorable Senador señor De Urresti, en relación con las causas y justificaciones entregadas por Gendarmería de Chile para trasladar a internos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario Santiago 1 al Complejo Penitenciario de Valdivia.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones
Allega información a requerimiento del Honorable Senador señor De Urresti, respecto de la situación de las 275 localidades de la región de Los Ríos que no cuentan con conectividad digital, el presupuesto regional para conectividad digital y las fiscalizaciones de servicios móviles en la comuna de Paillaco.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos
Responde, reservadamente, inquietud del Honorable Senador señor Van Rysselberghe.
Del señor Director del Servicio Electoral
Envía planilla actualizada con nómina de locales de votación para el Plebiscito Constitucional a efectuarse el domingo 4 de septiembre de 2022.
Del señor Director Nacional de Obras Hidráulicas (S)
Atiende petición de la Honorable Senadora señora Allende, en relación con las fiscalizaciones que se han realizado para asegurar la calidad del agua de los servicios de Agua Potable Rural de Cabildo y Peñablanca.
Contesta solicitud del Honorable Senador señor De Urresti, sobre la posibilidad de priorizar los proyectos que indica, por parte del Ministerio de Obras Públicas.
Del señor Director General de Concesiones de Obras Públicas (S)
Informa inquietud del Honorable Senador señor García, en relación con la consideración de un acceso directo al camino a Galvarino desde la ruta 5 Sur, en sentido sur a norte, en la comuna de Lautaro.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios
Responde requerimiento del Honorable Senador señor Araya, acerca de las acciones de fiscalización, los procedimientos sancionatorios y las multas cursadas por las faltas de servicio que indica en el período que señala.
Del señor Fiscal Judicial (S) de la Corte Suprema
Informa consulta de la Honorable Senadora señora Rincón, respecto de la situación que afecta a adolescente en causa de protección que se indica.
Del señor Jefe de Gabinete de la Ministra de Defensa
Atiende inquietud del Honorable Senador señor Pugh, relativa a la cadena de mando, control y coordinación que el Ministerio estableció para ejercer la conducción política de las Fuerzas Armadas desplegadas en la macrozona sur.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en los proyectos de ley, en primer trámite constitucional, sobre publicidad de las sesiones de los consejos regionales y concejos municipales (Boletines Nos 14.250-06, 14.266-06 y 15.123-06, refundidos).
De la Comisión de Salud e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina (Boletín N° 13.375-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía, establecidos en el artículo 27 bis de la ley N° 20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903
(Boletín Nº 14.151-04) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género e informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos (Boletines N° 14.946-07 y N° 14.926-07, refundidos).
De la Comisión de Seguridad Pública, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución (Boletín Nº 14.008-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para Tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señoras Rincón y Órdenes y señores Castro González, Flores y Walker, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Decreto N° 900, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en materia de adopción de medidas de seguridad por parte de los concesionarios (Boletín N° 15.253-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
De los Honorables Senadores señor Sandoval, señoras Gatica y Pascual y señores Espinoza y Kusanovic, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 21.442, Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, con el objeto de interpretar su artículo 100 e introducir otras enmiendas (Boletín N° 15.254-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Del Honorable Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto que modifica el artículo 155 del Reglamento del Senado, con el objeto de establecer que las votaciones públicas queden registradas en la página web institucional (Boletín N° S 2.296-09).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Es todo, Presidente.
Gracias.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ELIZALDE (Presidente).-
A continuación, el señor Secretario procederá a dar lectura a los acuerdos de Comités.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes.
Los Comités, en sesión celebrada el día lunes 8 de agosto recién pasado, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Considerar en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 9 de agosto en curso las siguientes iniciativas:
-Primero, proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes en la forma que se indica, que corresponde a los boletines Nos 14.015-25 y 13.657-07, refundidos.
-Segundo, proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos, que corresponde a los boletines Nos 14.946-07 y 14.926-07, refundidos, siempre que fuere despachado por la Comisión de Hacienda y se hubiere recibido el respectivo informe.
-Y tercero, proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre plazo de operaciones de furgones escolares, que corresponde al boletín N° 3.486-15.
2.-
Considerar en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 10 de agosto en curso, las siguientes iniciativas:
-Primero, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución, correspondiente al boletín N° 14.008-07.
-Segundo, proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que elimina la facultad de las isapres de solicitar la declaración de invalidez de un afiliado, correspondiente al boletín N° 13.491-11.
-Y tercero, proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina, correspondiente al boletín N° 13.375-11.
3.-
Citar a sesión especial del Senado para el día miércoles 17 de agosto en curso, de 15 a 16 horas, con la finalidad de recibir el informe del Consejo Nacional de Televisión sobre el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la letra k) del artículo 12 de la ley N° 18.838.
4.-
Realizar, al inicio de la sesión ordinaria del día miércoles 17 de agosto en curso, un homenaje al ex Senador señor Arturo Alessandri Besa, recientemente fallecido.
5.-
Convocar a sesión especial de la Corporación para el día miércoles 7 de septiembre del presente año, de 15 a 16 horas, oportunidad en la cual el Consejo del Banco Central de Chile presentará al Senado la evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso, como asimismo el informe de las proposiciones para el año calendario siguiente, según lo dispuesto en el artículo 80 de la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central.
6.-
Proponer a la Sala que se den por aprobados en particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación, y continuar con su tramitación en la Comisión de Hacienda, según corresponda, las siguientes iniciativas:
-Primero, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el Servicio Agrícola y Ganadero, que corresponde al boletín N° 11.637-01, iniciativa que cuenta con trámite de Hacienda, en su caso.
-Segundo, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende la esfera de protección que otorga la ley N° 20.205 al personal de las Fuerzas Armadas regido por el decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, frente a la denuncia por faltas a la probidad y otros delitos y consagra un procedimiento para ello, que corresponde a los boletines Nos 12.211-02 y 12.948-02, refundidos.
-Y tercero, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario, prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos, que corresponde al boletín N° 13.598-11.
7.-
Oficiar a la Honorable Cámara de Diputados con el objeto de que dicha instancia designe a sus representantes en la Comisión Mixta encargada de resolver la discrepancia entre ambas Cámaras respecto del proyecto de ley que regula los biocombustibles sólidos, que corresponde al boletín N° 13.664-08, y comunique dicha decisión a esta Corporación.
8.-
Se accede a la solicitud del Banco Central de Chile en orden a confirmar la fecha del día miércoles 6 de septiembre de 2023, para presentar, ante la Sala del Senado, el Informe de Política Monetaria, en el horario que esta Corporación determine. Y
9.-
En relación con el oficio N° 70/R.I./2022, de fecha 16 de junio de 2022, de la Honorable Comisión de Régimen Interior del Senado, se reitera a las señoras Senadoras y señores Senadores jefes de los Comités Parlamentarios del Senado, que aún no lo han hecho, que procedan a comunicar la designación de las señoras Senadoras o señores Senadores que integrarán la Honorable Comisión Revisora de Cuentas de la Corporación para el presente período legislativo.
Es todo, señor Presidente.
)-----------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Keitel ¿pidió la palabra?
El señor KEITEL.-
Gracias, Presidente.
Una vez más quiero formular la pregunta.
Sé que a través del Senador Cruz-Coke se hizo la consulta el día de ayer en la reunión de jefes de Comités, pero me preocupa que podamos ver, ojalá cuanto antes, no sé a través de qué mecanismo, si en una sesión extraordinaria o especial, lo relativo a las Comisiones.
Qué va a pasar con las Comisiones especiales, con las permanentes y con las nuevas que se conformen es algo que tenemos que concretar cuanto antes. Ojalá que hoy día podamos determinar qué podemos hacer.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Sobre ese punto, hay una serie de modificaciones reglamentarias que despachó la Comisión de Constitución.
Como hay urgencias vigentes y como además debíamos cumplir con la disposición del Reglamento en orden a poner en el primer lugar de la tabla de hoy el proyecto de usurpaciones, porque se solicitó el aplazamiento de la votación la semana pasada por uno de los Comités y tenía que ser incorporado en el primer lugar del Orden del Día, los Comités decidieron fijar una sesión específica donde se vean todas estas iniciativas simultáneamente.
Aunque se tienen que votar por separado, se decidió abordar en la misma sesión todas las modificaciones reglamentarias.
El propio Senador Bianchi me había hecho presente el punto porque tiene otro proyecto que le interesa mucho.
Entonces, los Comités debieran establecer una fecha específica dentro de una sesión ordinaria, y los asuntos se votarían como si fueran proyectos de ley, pero no van a ratificación a la Cámara de Diputados porque solo modifican nuestro Reglamento.
Senador Walker ¿sobre este punto?
El señor WALKER.-
Precisamente, Presidente.
La Comisión de Constitución ya despachó todas las reformas al Reglamento que tienen que ver con Comisiones especiales que pasan a ser permanentes y otras que se refunden. Y también lo relacionado con el aumento del número de Senadores que las conforman y lo vinculado con la formación del Comité o los Comités Independientes.
Así que el documento está a disposición de los Comités para que dispongan cuándo se pone en tabla para conocimiento de la Sala, como usted bien ha señalado, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senador Walker.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
De conformidad con el acuerdo adoptado por los Comités, correspondería dar por aprobadas en particular las siguientes iniciativas, respecto de las cuales no se presentaron indicaciones dentro de los plazos determinados al efecto y tampoco fue solicitada la apertura de uno nuevo para formularlas, salvo que en esta instancia se pida el establecimiento de un plazo para alguna de ellas.
EXTENSIÓN DE ESFERA DE PROTECCIÓN A PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS FRENTE A DENUNCIA POR FALTAS A LA PROBIDAD Y OTROS DELITOS
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En primer lugar, correspondería dar por aprobado en particular el proyecto, en segundo trámite constitucional, que extiende la esfera de protección que otorga la ley N° 20.205 al personal de las Fuerzas Armadas regido por el decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, frente a la denuncia por faltas a la probidad y otros delitos y consagra un procedimiento para ello, que corresponde a los boletines Nos 12.211-02 y 12.948-02, refundidos.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 12.211-02 y 12.948-02, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
--El proyecto queda aprobado en particular por no haberse presentado indicaciones y despachado en este trámite.
PROHIBICIÓN DE DESECHAR EN LUGARES NO HABILITADOS MASCARILLAS, ESCUDOS FACIALES, GUANTES Y OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE CARÁCTER SANITARIO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En segundo lugar, correspondería dar por aprobado en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario, prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos, que corresponde al boletín N° 13.598-11.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 13.598-11) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe hacer presente que, respecto de esta iniciativa, el inciso segundo del artículo 1° tiene el carácter de norma orgánica constitucional, motivo por el cual se debe dejar constancia de que se reúne el quorum requerido para su aprobación, que corresponde a 28 votos a favor.
--El proyecto queda aprobado en particular por no haberse presentado indicaciones, dejándose constancia de que se reúne el
quorum
constitucional requerido (36 Senadores y Senadoras presentes), y por tanto, despachado en este trámite.
FORTALECIMIENTO DE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Por último, respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el Servicio Agrícola y Ganadero, correspondiente al boletín N° 11.637, por contemplar el trámite de la Comisión de Hacienda, se debe remitir a dicha instancia.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 11.637-01) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá de la manera indicada.
--El proyecto pasa a la Comisión de Hacienda.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Entonces, hemos dado por aprobados dos proyectos respecto de los cuales no se presentaron indicaciones dentro del plazo establecido, y un tercer proyecto, que tampoco recibió indicaciones, ha sido enviado a la Comisión de Hacienda.
Así se acordó en la reunión de Comités del día lunes.
Pasamos al Orden del Día.
PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, AMPLIACIÓN DE PERÍODO DE FLAGRANCIA Y FACILITACIÓN DE DETENCIÓN DE OCUPANTES RESPECTO DE DELITO DE USURPACIÓN
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en votación el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes, en la forma que indica, iniciativa que corresponde a los boletines Nos 14.015-25 y 13.657-07, refundidos.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 14.015-25 y 13.657-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe hacer presente que la Sala del Senado inició el estudio en general de la iniciativa en su sesión del 3 de agosto del año en curso, oportunidad en la cual fue solicitado el aplazamiento de la votación, quedando en consecuencia para ser votado en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy.
El texto que la Comisión de Seguridad Pública, por la mayoría de sus integrantes, propone aprobar en general se transcribe en las páginas 53 y 54 del primer informe de dicha Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Gastón Saavedra.
El señor SAAVEDRA.-
Gracias, Presidente.
Mi intervención obedece a que necesariamente hay que plantear por qué uno va a votar, como corresponde y en consecuencia, ante una situación que en las regiones, y particularmente en la que habitamos, se está dando.
El objetivo declarado del proyecto refundido que discutimos y votamos hoy es el de diferenciar las distintas hipótesis de usurpación y ocupación de inmuebles para modificar la sanción dispuesta en la ley, garantizar la aplicación de la norma y disuadir esta clase de hechos mediante la sanción eficaz, confiriéndole carácter delictivo a la respectiva conducta, eliminando el límite a la flagrancia y estableciendo la prestación de servicios en beneficio de la comunidad como nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, a fin de facilitar la detención de ocupantes ilegítimos.
Sin embargo, y a juzgar por los testimonios de los invitados que comparecieron ante la Comisión de Seguridad Pública, las múltiples modificaciones propuestas al Código Penal y al Código Procesal Penal no son totalmente suficientes, pues no dan cuenta de situaciones, por ejemplo, en las que el propietario facilita la ocupación del predio y no efectúa la denuncia dentro del plazo de flagrancia, con fines de especulación inmobiliaria. Tampoco recoge adecuadamente ni distingue los diversos tipos de usurpación de aquellas acciones destinadas a tomas de establecimientos con fines de protesta social o tomas de terrenos para instalar viviendas sociales.
Los académicos y expertos que expusieron ante la Comisión también aportaron elementos de juicio, en que invitaron a diferenciar hechos distintos, a saber: la toma de un establecimiento educacional no constituye un delito de usurpación, porque el ánimo de los estudiantes no es apropiarse del inmueble; lo mismo ocurre con aquellas tomas donde se instalan campamentos, que constituyen una forma de protesta para demandar del Estado la satisfacción de una necesidad social.
La regulación de la usurpación requiere sin duda de un cuidadoso estudio previo de la realidad criminal, de la conducta de los usurpadores y de la realidad social que da contexto a este ilícito, pues la usurpación más común no es la violenta, sino la no violenta, y sus causas son más o menos las mismas: exclusión social o desamparo y, muy a menudo, falta de acceso eficaz de las personas más necesitadas a la vivienda.
Al respecto, como indicó el profesor José Luis Guzmán, de la Universidad de Valparaíso, es preferible incidir sobre las causas o factores de esta situación antes que legislar penalmente, porque se corre el riesgo de imponer una pena a las víctimas de esta situación social, como podría darse con los comités de vivienda o con las ocupaciones de inmigrantes.
Por cierto, y aunque se ha enfatizado que se trata de un delito que se comete en todo el territorio, es cosa de analizar a los invitados y los argumentos utilizados en la Comisión para darse cuenta de que se trata de mociones que nacen mirando a La Araucanía y a la macrozona sur, aun cuando lo que sucede en ese territorio implica mucho más que una mera discusión jurídica referida a la naturaleza del inmueble.
Como lo reiteró el colega Huenchumilla a lo largo de la discusión, uno de los objetivos de este proyecto es enfrentar las ocupaciones que se producen en la macrozona sur del país, pero lo que sucede en dicha zona responde más bien a un conflicto político que el Estado no ha sabido resolver.
Por tanto, enfrentados al dilema de no hacer nada o de avanzar en algunos aspectos regulatorios y sancionatorios, por mínimos que pudieran resultar, parece razonable apoyar esta iniciativa, que, confiamos, se podrá seguir perfeccionando en la Cámara de Diputados. Lo importante es que dicha normativa fortalezca su condición de norma general y nacional y no solo de aplicación a un territorio específico, y que se centre en entregar las mejores formas para que Carabineros pueda actuar y que el propietario del inmueble lo pueda recuperar oportunamente. Eso, y no la sanción como objetivo final, es lo importante.
Por todo lo anterior, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a abrir la votación de acuerdo a la aplicación del Reglamento.
Así que se abre la votación.
Estamos votando el proyecto en general. Hoy día se vota solo en general.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
(Durante la votación).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Edwards, tiene la palabra.
¿No?
El señor MOREIRA.-
¿Se abrió la votación?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se abrió la votación, sí.
El señor MOREIRA.-
¿Se puede hablar?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se puede fundamentar el voto hasta por un máximo de cinco minutos.
Senador Edwards.
El señor EDWARDS.-
Gracias, Presidente.
Quiero partir aclarando que la usurpación, en todo momento y en cualquier circunstancia, a mi juicio constituye un delito. Y quienes hemos defendido el Estado de derecho no nos vamos a perder en aquello.
Aquí tenemos una gran diferencia con quienes enarbolan una delirante teoría argumentando que una toma ilegal de tierras podría resultar en una situación de win-win, como lo hemos escuchado de un Ministro hace unos días. Es un razonamiento impresentable, que no solo refuerza una lógica de impunidad, sino que además demuestra la incapacidad de entender cómo funciona la justicia y los incentivos para efectos de aumentar la violencia.
Siempre será un pésimo precedente que el Estado pague a los dueños legales de un terreno una compensación para que se puedan adquirir esas tierras y después entregárselas a quienes ilegalmente, por la fuerza y con violencia en muchos casos, se las han tomado. Eso es algo absolutamente inaceptable. Y la teoría del win-win es completamente ridícula de parte de, por su intermedio, un Ministro de Estado.
Peor aún, si se aprueba la propuesta de Constitución que elaboró la Convención, el Estado además les podrá expropiar sus terrenos a quienes hayan sido víctimas de usurpación, pagando un precio, no de mercado, sino justo. Aquí es difícil pensar en un win-win, especialmente cuando hay definiciones de justicia tan distintas.
Y esto no se trata de interpretaciones. Basta citar al mismo Ministro del win-win, que afirmó -por su intermedio, Presidente- que "en expropiaciones no siempre el precio justo es algo parecido, al menos, al precio de mercado".
Esta es una de las partes en que se aprecia la importancia de este proyecto, más allá de las expropiaciones en sí, sino de la violencia que generan, porque por medio de la modificación al Código Penal lo que se busca es elevar las penas de usurpación a penas privativas de libertad, siendo que hoy día son solo multas, además de excluir del Código Procesal Penal la hipótesis de flagrancia de solamente doce horas, período después del cual se complica totalmente el desalojo.
Esto no tiene nada que ver con aquellas personas que sufren en campamentos, Presidente, sino que está enfocado en los violentistas y empresarios del robo, como los narcos y los narcoterroristas de la macrozona sur y muchos otros que lucran algunas veces con las tomas de terrenos.
Justificar las usurpaciones de la macrozona sur como razonables, como lo acabo de escuchar de un Senador -por su intermedio, Presidente-, dada la situación de la zona, resulta absolutamente impresentable y significa tener cero empatía con las víctimas que sufren día a día el terrorismo permanente, los balazos y los ataques.
Por cierto que el proyecto es perfectible, Presidente, pero es urgente que avancemos en esta tramitación, como en el resto de los países. Usted puede constatar, en el estudio que hizo la Biblioteca del Congreso, que en la gran mayoría de los países latinoamericanos la usurpación es un delito que no solo se sanciona con multa, sino también con penas un poco más altas.
Se tienen que agravar estas penas. Es necesario modernizar esta legislación. Tenemos que promover la defensa de los chilenos que son víctimas de violencia de este tipo, generada por la tolerancia de estas usurpaciones, y además, obviamente, la protección de los chilenos que se han ganado con su esfuerzo su propiedad privada.
Hoy día el terrorismo y la delincuencia están descontrolados en zonas importantes de Chile, en parte por la tolerancia de la usurpación que ha existido.
Por lo anterior, Presidente, y porque por lo menos desde Republicanos -y entiendo que también de parte de muchos Senadores presentes de otros partidos- vamos a defender a las víctimas. Entendemos que el Estado tiene que estar del lado de las víctimas, ¡jamás del lado de los victimarios!, que utilizan las usurpaciones para obtener, generalmente, más que posiciones políticas, beneficios propios que muchas veces no les corresponden.
Voto a favor de la presente iniciativa. Y espero que lo antes posible vuelva en particular con las respectivas modificaciones.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
Quiero saludar -pues me han informado que están presentes en las graderías- a don Alejo Apraiz, Presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural; a Dayana Pereira, viuda del cabo Nain, y a Ana Martínez, viuda de Jorge Maulén. Precisamente ellos han querido estar presentes el día de hoy en nuestro Senado a fin de tomar conocimiento de este proyecto.
Como miembro de la Comisión de Seguridad Pública en el período legislativo pasado, entiendo que es un tema difícil para algunos y de importancia para otros, pero que, por la amplitud de casos posibles, se vuelve cada día más complicado de resolver.
Para algunos se reduce solo a las denominadas "tomas" de La Araucanía, donde definitivamente no reina el Estado de derecho, sino la ley del más fuerte. Sin embargo, la usurpación también afecta a pequeños propietarios urbanos que ven con impotencia cómo sus casas o departamentos son invadidos por personas muchas veces desconocidas, quienes rechazan los emplazamientos de los dueños.
Todos debemos recordar cuánto demoró el Estado en desalojar los inmuebles tomados en la calle República, de Santiago, un barrio eminentemente patrimonial. Si el Estado, con todos sus medios, demoró años, qué pocas esperanzas quedan para las personas normales. Incluso ayer, en Quilpué, la familia de una persona asesinada por interponer acciones contra una usurpación fue notificada de que el tribunal de garantía rechazó desalojar el predio.
El problema es histórico, social, judicial, pero también político.
Para mí lo primero son las víctimas, la defensa del derecho a la propiedad y la preocupación por aquellas personas que con esfuerzo han adquirido una propiedad para sembrarla, cultivarla o simplemente arrendarla.
Concuerdo con los profesores de derecho que asistieron a la Comisión en cuanto a que el proyecto requiere modificaciones importantes porque tiene nudos difíciles de resolver. Pero es necesario avanzar, por lo que lamento que este proyecto haya vuelto a la Sala, por el evidente retraso que esto implica para su tramitación.
La señal es confusa y cabe preguntarle seriamente al Gobierno y a cierta Izquierda: ¿les interesa o no la defensa de la propiedad? Porque los chilenos demandan certezas. ¿Cómo saber qué es un precio justo en el proyecto de Nueva Constitución si el Ministro Segprés -muy amigo de este Senado- ya anunció que precio justo no es lo mismo que precio de mercado? O cómo saber por qué el Presidente de la República prefiere a mi Región de Los Lagos. Por cierto, agradezco y valoro que la visite; pero, ¿por qué no puede ir a La Araucanía? ¡Si está al lado! ¡Va a la Región de Los Lagos y no a La Araucanía, donde la situación es dramática, con predios tomados e incluso organizaciones que anuncian restituciones sin que exista ninguna represalia jurídica!
Por lo mismo, no puede haber más dilaciones. Obviamente el proyecto requiere mejoras, pero la señal debe ser contundente, ¡contundente! Por eso quiero manifestar que apoyo este proyecto.
Y reitero que lamento los retrasos. Tenemos que avanzar, porque no puede ser que haya una región del país secuestrada por el terrorismo que se disfraza en la idea de "violencia rural". Todos sabemos la verdad. Cuando los terroristas exhiben armas de guerras, desafían al Estado, al propio Presidente de la República. Sabemos que con ellos nunca podrá haber diálogo.
Por eso me parece importante que hayamos concurrido, por la información que manejamos, a la prórroga de los estados de excepción y que hoy día se sepa que también va a haber lugares de la Región de Los Ríos.
Bueno, esperamos que las cosas se hagan.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Kast.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Primero, quiero saludar a quienes hoy día nos acompañan y representan a las víctimas de la violencia en La Araucanía. Está presente Alejo Apraiz, quien dirige una agrupación que efectivamente acoge a cada una de las víctimas que se sienten abandonadas por el Estado; Dayana Pereira, viuda del cabo Nain, quien junto a sus hijos vio cómo el terrorismo apagó la luz de esperanza de su familia, y Ana María Martínez, viuda de Jorge Maulén -quien perdió la vida en Tirúa después de meses de lucha-, y que vio cómo se frustró el sueño de su familia completa.
Desgraciadamente, hoy día no nos acompañan Valentina Correa y su familia, que sufrió el asesinato de su padre en manos de sicarios, y a quien la Justicia chilena, en el día de ayer, paradójicamente no les devolvió los terrenos que le arrebató la mafia que mandó asesinar a su padre. Pero no solamente eso: también les reprochó a ella y a su familia su inactividad en el proceso y que por eso no autorizaría el desalojo.
De verdad invito a los colegas presentes a que nos pongamos un minuto, ¡un minuto!, en los corazones y en las vidas de las víctimas, de aquellos que tal vez hoy día nos miran y dicen: ¿cómo es posible que en Chile no se pueda garantizar algo tan simple como vivir tranquilo en tu casa, en tu parcela? ¿Para qué está la política si no es para garantizar la paz? De hecho, de eso se trata: de que uno pueda vivir tranquilo en su casa. Es la antítesis de la barbarie y de la ley de la selva.
Y si alguien cree que debemos redistribuir y entregar tierras a otros, ¡ningún problema! Pero hagámoslo bajo el Estado de derecho: comprando y entregando la tierra, otorgando algún subsidio habitacional, pero nunca autorizando que exista la ley de la selva, porque eso es la antítesis de la democracia. La democracia, al final, se trata de que estemos de acuerdo en tolerar todas las diferencias, pero nunca la violencia, ¡nunca el que yo tengo el derecho a imponerme sobre el otro sin pasar primero por la ley, por un intercambio voluntario! Eso es justamente lo que hacemos con este proyecto de ley.
Hace dos años este mismo Senado rechazó el proyecto del robo de madera. ¡Ni siquiera aprobaron la idea de legislar! Y hoy día esos mismos Senadores nos dicen: "No, ahora sí estamos disponibles para aprobarlo". ¿Qué cambió? Que hoy día gobiernan ellos. ¡Qué bueno ese cambio! ¡Qué bueno que hoy estén disponibles para aprobar el robo de madera, que de hecho votaremos mañana!
Yo les pido que entiendan la importancia de esta iniciativa porque no solamente ayuda a la región que represento; este es un proyecto refundido de distintos colegas -los tres Senadores de Chile Vamos, de La Araucanía, somos autores-, sino también porque ayuda a distintas regiones donde desgraciadamente han lucrado, ¡han lucrado con la toma de terrenos de otros! Y esto es el fracaso absoluto de la política, cuando frente a este lucro, a esta indolencia, simplemente nos quedamos sin hacer nada.
Lamento que hoy día estemos votando solamente la idea de legislar, porque el acuerdo de Comités, en marzo, fue que la Comisión de Seguridad Pública tenía dos meses para despachar en general y en particular el proyecto. Entonces, ¡hoy día debiéramos estar votándolo para que fuera enviado a la Cámara de Diputados en forma definitiva! ¡Pero no hicieron nada! Hubo una falta tremenda de la Comisión de Seguridad. Espero que eso se revierta.
Quiero agradecer que hoy día lo estemos votando. Y valoro que nos estén acompañando Alejo Apraiz, Dayana Pereira, Ana María Martínez y también Juan Carlos Gazmuri, quien dirige una agrupación de la sociedad civil que pone primero a las víctimas y dice "No más violencia".
Presidente, por su intermedio, espero que todos nos pongamos un minuto, al momento de apretar el botón para votar, en los zapatos y en las vidas de quienes sufren las usurpaciones. Estoy seguro de que si lo hacemos todos votaremos en forma unánime a favor. Y si no, claramente les estaremos fallando a la democracia y a la obligación que tenemos como Senadores de garantizarle a cada familia chilena el sentido común de vivir en paz y de ser dueño de lo que tienen, de su pedazo de tierra.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Tenemos un problema, un megaproblema en el país. En Chile no se puede vivir en paz, no se puede estar tranquilo porque estamos desbordados de delincuencia, de narcotráfico. Este no es el país que conocemos.
Hoy vivimos una tremenda crisis. ¿Y qué piensa la gente? Que aquí no hacemos nada. Y la verdad es que no están tan equivocados -lo digo con mucho respeto-, porque es increíble e impresentable que esta iniciativa se haya dilatado tanto. Nos dijeron que esperáramos una semana para que viniera el Ministro a explicarnos. Pero el Ministro ¡no está, no vino! ¡No cambió nada! ¡Estamos viendo el mismo proyecto, que seguimos dilatando, y es un tema mínimo!
Entonces, yo pienso: está bien, los tiempos han cambiado, la seguridad pasó a ser un tema que quizá no tenía el mismo valor que antes. ¡Pero hasta cuándo vamos a seguir romantizando la violencia o permitiendo que ciertas cosas sucedan como si fuesen normales!
Entonces, este es un proyecto mínimo.
El tema de la usurpación tiene que enmarcarse dentro de una serie de proyectos, pero le damos tantas vueltas que la verdad de las cosas es que yo veo mucha más inteligencia en la delincuencia que en los entes políticos de decisión.
No quiero imaginarme todo lo que falta.
¡Pobre gente, que depende de lo que aquí se tendrá que realizar! ¡Pobre gente de Chile! Es un tema esencial la seguridad. Y no quiero personalizarlo en un problema de derecha ni de izquierda, porque, al igual que en el otro Gobierno, ha habido problemas.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? La primera etapa del Gobierno era preguntarse de quién era la culpa: si del que estaba antes o del que está ahora. Después, el revertir lo que se opinaba antes. ¿Y cuándo se ponían de acuerdo para ver qué era lo que pasaba, qué le afectaba a la gente? Esa política, por amateur, se la devoró la delincuencia.
La verdad es que de dónde proviene el problema yo creo que poco importa. Entonces, ¿cómo lo solucionamos?
Vemos espectáculos penosos. La otra vez en la Cámara de Diputados alguien dijo que acá viene un Bukele o un sheriff. ¿Qué va a suceder? Que van a empezar a salir todos estos superhéroes y va a formarse la autotutela, el "yo me defiendo", porque no hay justicia y porque ya ni siquiera vale la pena denunciar los hechos. ¡Para qué denuncio si no pasa nada! ¡Para qué denuncio si no me van a pagar! ¡Para qué denuncio si la Justicia no funciona!
¿Cuánto ganan los carabineros en este país? Un carabinero que recién sale gana lo mismo que un guardia de seguridad. Entonces, vamos a terminar en un país en que habrá más cámaras de seguridad que timbres en las casas.
¡Este no es Chile!
El alcalde de mi comuna decía: "Apuren el tema de cerrar las calles". O sea, cerrar las casas, cerras las calles; nos encerramos por la pandemia, nos encerramos por la delincuencia.
¡Hasta cuándo dejamos que lo negativo vaya superando lo que nosotros podemos revertir acá!
Yo exijo otra conducta, y se lo exijo al Gobierno, que no está en la Sala.
Y, por favor, no es una crítica contra el Gobierno. ¡No! Este no es un tema ni de derecha ni de izquierda, sino de justicia, de un mínimo de inteligencia, de valor, de empatía, de respeto hacia la ciudadanía, que hoy reclama y se muere de miedo. Y con justicia lo hace, porque veo que acá las cosas van muy lento. Los delincuentes van mucho más rápido que la clase política.
He dicho, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
El sábado en la Región de Arica y Parinacota, en Lluta, en el kilómetro 5, personas chilenas, también algunos extranjeros, quisieron tomarse un predio fiscal y un terreno sembrado que pertenece a particulares.
Los agricultores enfrentaron a los que se querían tomar el terreno, y hubo lesionados.
Durante todo el sábado, en las redes sociales -incluso recibí mensajes, llamadas- se decía: "Se salió de control esto de las tomas. Por favor, hacer algo".
Hubo mensajes como: "Vecinos, yo estaba en la entrada del camino, pero las personas que se están tomando los terrenos, que serían cinco hectáreas, son aproximadamente doscientas. No quieren los terrenos para sembrar, sino que como parcelas de agrado. Por el camino hay varios vehículos que están esperando a entrar a ocupar los terrenos. Las pocas personas que estamos hemos parado el ingreso a la entrada para que no pasen. Pero, lamentablemente, lo hicieron por otro lado. Hay un hombre grandote que tiró los pallets que dejamos y empujó a unos vecinos".
"Igual, temprano, en otras de las tomas estaba una vecina con su bebé en coche y la tiraron para un lado".
"Tratamos de cerrar todos los pasos, algunos por un camino de tierra que daba a una empresa agrícola; el otro que ingresa por la carretera, que pasa por la escuela G-8".
De hecho, el campus de la universidad en el sector de Lluta, donde se analizan las certificaciones de dominio de la denominación de origen, también estaba en riesgo.
"Vecinos, vecinas, hacemos un llamado urgente. Se necesita que ahora vayan a la entrada de Porvenir, por el puente, con vehículos para cerrar el paso, porque estos que se tomaron los terrenos están entrando con camionetas y llevando palos para cerrar".
"Por favor, ¡ayúdennos!".
Carabineros llegó al lugar. Al principio solo pudo ver el desorden público. No tiene instrucción de desalojar, salvo que llegue la orden de alguna autoridad. Luego se constituyó el delegado presidencial, casi al mediodía, hasta que hubo una agresión y ahí Carabineros, en función del delito flagrante, custodió la entrada del camino que llevaba a las tomas.
Finalmente, esto es gracias a las señales que se han dado en el tiempo, en distintos gobiernos, con respecto a las tomas ilegales.
Me piden hacer llegar videos a las autoridades de Santiago, incluso a Senadores, para que todos vean los problemas que se están generando, no solo en la Región de La Araucanía sino también en la macrozona norte.
Esto está sucediendo porque se ha perdido el respeto a la propiedad privada.
Yo quiero hacer un llamado, finalmente, en función de la tranquilidad de la ciudadanía, porque de verdad la gente ya está más que molesta con las situaciones que estamos viviendo en todo el país y, obviamente, en la macrozona norte, donde en los delitos de mayor connotación social, los homicidios, las violaciones, los asesinatos de personas que incluso son quemadas, aparentemente ya no estamos hablando solo de extranjeros.
Creo que se hace necesario meditar, pensar y finalmente hacer que la ley vuelva a ser parte del Estado de derecho en nuestro país.
Voto a favor, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidenta.
Voy a ser bien breve porque ya me referí a este proyecto hace poco.
Quiero saludar a las representantes de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, y especialmente a las viudas del cabo Nain y de Jorge Maulén, porque de verdad hoy día están generando un apoyo moral importante para muchas víctimas de violencia vinculadas a la usurpación. Eso hay que entenderlo.
Probablemente, ellos no fallecieron por esta situación, pero hay muchos carabineros hoy día en el país, en nuestra macrozona sur, que con frío, bajo la lluvia y en condiciones muy precarias están cuidando casas, incluso de personas que tienen sus terrenos usurpados o han recibido amenazas en ese sentido.
Yo quiero reiterar que tanto Carabineros como la Fiscalía Nacional plantearon la urgencia de legislar al respecto y aumentar las penas por usurpación.
Reconocemos que hay muchas cosas por mejorar y, en ese contexto, sabemos que efectivamente las penas mínimas hoy día no se están cumpliendo.
Entonces, ¿cómo hacemos para que eso mejore? Quizá trabajar en una línea paralela con las penas alternativas y en cómo somos capaces de ir perfeccionando los mecanismos para que esto no ocurra, porque cuando se trata de delitos realmente graves, como este, debe recaer una responsabilidad en quien lo haya cometido.
También quiero agregar que el Subsecretario Monsalve, en una declaración de hace poquitos días, reconoce en los medios de comunicación que las penas de usurpación son muy bajas. Estamos hablando de la segunda autoridad del Ministerio del Interior admitiendo que hoy día se requiere legislar.
Pero también quiero hacer un punto, al que ya se han referido otros Senadores, en el sentido de que son preocupantes y graves, en mi opinión, las declaraciones del Ministro Jackson, en las cuales plantea que es un win-win tomar un predio.
Las actividades agrícolas, forestales o agropecuarias en general son nobles ocupaciones, de las cuales muchísimos seres humanos en este país se sienten orgullosos. No todo el mundo está esperando que le tomen un predio para vendérselo a la Conadi. ¡Por favor! Históricamente se compran doce, quince predios, a valores de mercado algunos, pero ese no es el punto. Hay mucha gente que ama lo que hace y a la cual no le dan más alternativa que entregarlos al precio que le paguen después de muchísimo sufrimiento.
Entonces, la verdad es que burlarse de algo así es bien extraño, por decir lo menos, y preocupante, porque se trata de representantes del Gobierno.
¿De qué lado está el Gobierno? ¿Cómo concibe la actividad productiva? ¿Cómo concibe la actividad agrícola?
Yo soy agrónomo, crecí en el campo, conozco mucho la agricultora de mi región. Tenemos muchas actividades, pero yo les diría que hay una nobleza tremenda en el cultivo de la tierra, la crianza de animales y la vida del campo.
Por lo tanto, es una ofensa que alguien diga algo así.
En ese contexto, con toda humildad puedo reconocer que probablemente hay muchos errores que subsanar en el proyecto, pero de eso se trata legislar.
Tenemos una tremenda responsabilidad moral con el norte, con el sur, con Chile completo, en lo que dice relación con el respeto a la actividad productiva; respeto a la propiedad privada; respeto a lo que juramos defender cuando llegamos aquí, que es la Constitución vigente.
En ese contexto, yo solo pido unidad porque hoy día, frente a la angustia por la violencia que está viviendo el país, nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de legislar, de avanzar y de ocupar todas nuestras capacidades para, de alguna manera, defender lo poco de seguridad que les queda a nuestras familias chilenas.
Voy a aprobar este proyecto.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Insulza.
El señor INSULZA.-
Presidenta, no pensaba hacer uso de la palabra, porque ya fundamenté hace algunos días sobre este proyecto. Pero, como el Senador Durana leyó una larga narración, quiero mencionar que estuve en contacto todo el tiempo con el concejal de mi partido, Mario Mamani, quien encabezaba el grupo de trabajadores que evitaron la toma de ese predio. Ellos consiguieron, primero, detenerla, y después lograron, dentro de doce horas, hacer el desalojo.
Ahora, la iniciativa que se nos está presentando no sirve para esto. ¡Claro! Si se demoran doce horas, sí. Pero si es una especie de flagrancia perpetua, el proyecto sirve para sacar a gente que lleva diez o veinte años ocupando un predio.
Lo que nosotros hemos propuesto es que se aumente el período de flagrancia y que no se incrementen las penas de ninguna manera. Se aumenta el período de flagrancia y se permite un juicio mucho más corto, en caso de que no alcancen a llegar con la demanda, de manera que los propietarios no tengan que esperar tres años.
Para eso podría servir un proyecto sobre usurpación. Y eso no está en esta propuesta.
Por esa razón, estamos engañando a la gente si le decimos: "Aprobamos un maravilloso proyecto". ¡No! Si se aprueba, yo voy a presentar las indicaciones, para incluir las cosas que estamos planteando. Es cierto. Pero creo que sería mejor presentar un proyecto en limpio y de nuevo.
Por eso estoy votando en contra, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador José García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Honorable Sala, brevemente quisiera recordar que hoy votamos solo la idea de legislar y que, de conformidad con lo señalado en el artículo 68 de nuestra Constitución Política, cuando un proyecto es desechado en su idea de legislar, debemos esperar un año para presentar la misma iniciativa o una idea referida a la misma materia.
Y creo que nuestro país no puede darse el lujo de esperar un año para legislar en asuntos que son de tanta preocupación para toda la ciudadanía.
También quiero señalar que junto con la Senadora Carmen Gloria Aravena en la Comisión de Seguridad del Senado presentamos las indicaciones que se hacen cargo de todas las observaciones que hicieron los distintos expertos que expusieron en ella.
Por lo tanto, podemos asegurar que, aprobándose esas indicaciones, el proyecto cumple con todas las exigencias. Y, por supuesto, va a quedar un proyecto moderno, un proyecto que es necesario y que se hace cargo de una legislación extraordinariamente atrasada.
Quiero también recordar que, en el informe de la propia Comisión de Seguridad, tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público señalaron estar de acuerdo con el proyecto, que era necesario y que contenía las herramientas requeridas para enfrentar de mejor manera el creciente delito de usurpación.
También quiero hacer presente que el texto que hoy rige el delito de usurpación data de 1874. Eso muestra lo atrasada que está nuestra legislación y la necesidad que tenemos de ponerla al día.
Asimismo, existe un informe sobre cómo ha venido ocurriendo y cómo se ha desarrollado el delito de usurpación estos últimos meses: el 22 por ciento de las denuncias -¡22 por ciento de las denuncias!- proviene de organismos del Estado, entre ellos, las municipalidades.
Por lo tanto, este es un instrumento, una modernización de nuestro ordenamiento jurídico, que también es requerido por organismos del Estado.
Por eso, señoras Senadoras, señores Senadores, yo les pido encarecidamente, como Senador por la Región de La Araucanía, que nos pongamos en el lugar de las víctimas y votemos favorablemente la idea de legislar.
Ya tendremos el tiempo para conocer las indicaciones, discutirlas y presentar a la Sala un proyecto que ojalá sea la suma de muchas voluntades, la suma de una voluntad muy muy mayoritaria, para que efectivamente podamos entregarles a Carabineros de Chile y al Ministerio Público estos nuevos instrumentos.
Finalmente, señora Presidenta, saludo a don Juan Carlos Gazmuri; a Alejo Apraiz, Presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en nuestra Región de La Araucanía; saludo con el mayor sentimiento a la señora Dahianna Pereira, viuda del Cabo Nain, asesinado en actos de servicio en una emboscada en la localidad de Metrenco, comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía; y, por supuesto, saludo también con igual cariño a la señora Ana María Martínez, viuda de Jorge Maulén, comerciante muerto en la ruta entre Cañete y Tirúa.
Ellos representan a tantas otras víctimas, a tantas otras personas, que hoy día no pueden estar con nosotros, porque la violencia terminó con ellos.
Gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
No hay más inscritos porque el Senador que quedaba no está en la Sala.
Señor Secretario, haga el llamado.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Muy bien, señora Presidenta.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez y Rincón y los señores Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.
Votaron en contra las señoras Allende, Campillai, Órdenes, Pascual y Provoste y los señores De Urresti, Insulza, Latorre, Núñez, Quintana y Velásquez.
Se abstuvieron la señora Carvajal y el señor Araya.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se encuentran pareados el Senador señor Espinoza y el Senador señor Pugh.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Bien.
Queda aprobado el proyecto en general. Debe volver a la Comisión de Seguridad.
¿Plazo para indicaciones?
Se propone el miércoles 24 de agosto, a las 12 horas, en la Secretaría del Senado.
El señor CRUZ-COKE.-
¿Presidenta?
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
¿Sobre este punto, Senador?
El señor CRUZ-COKE.-
Sí.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, Senador.
El señor CRUZ-COKE.-
Presidenta, como este punto no es nuevo y lo hemos planteado varias veces en reuniones de Comités, el acuerdo para esta votación postergada -y le pido que el Secretario pueda revisarlo en las actas- era que el proyecto iba por una semana a la Comisión para indicaciones y volvía a este Hemiciclo para votación.
Ese fue el acuerdo tomado en el momento en que comenzaron a dilatarse, por diversas razones, las votaciones que han derivado nuevamente en esta postergada votación que, en vez de hoy, debió hacerse la semana pasada.
Yo entiendo que algunos tienen la voluntad de que esta iniciativa no salga, que no se vea o no están dispuestos a votar en contra. Pero, al menos para honrar la palabra que como jefes de bancada hacemos de los acuerdos que adoptamos en este Senado, espero que se tome nota de los acuerdos que se tomaron en las reuniones de Comités.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador Edwards.
El señor EDWARDS.-
Presidenta, reafirmando las palabras de quien me antecedió, el Senador Cruz-Coke, la verdad es que el primer acuerdo era votar el proyecto en general y en particular -creo- dos meses atrás. Luego se postergó y se volvió a postergar.
Por lo tanto, a mi juicio esta iniciativa debiéramos sacarla bastante rápido; se ha discutido hace mucho tiempo en la Comisión, la cual lleva varios años en ella.
Así que ojalá se den todas las facilidades para que en el espíritu de lo que hemos acordado muchas veces, con largas y tediosas discusiones en la reunión de Comités, el plazo sea de una semana y el proyecto se pueda votar lo antes posible, ojalá el próximo miércoles.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Senadores, efectivamente el 1º de julio hubo un acuerdo en el sentido que ustedes señalan. Pero las veces posteriores, lo de "la semana" no estuvo dentro de esos acuerdos.
Por eso, hoy día la Mesa propone el 24 de agosto, fecha con la cual el Presidente de la Comisión está de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor CRUZ-COKE.-
¿Presidenta?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Son siete días de diferencia; no estamos hablando de que se prorrogue un mes.
Yo propongo que nos pongamos de acuerdo para no hacer de esto una controversia, porque al final todo lo que respecta a este proyecto es una controversia. Lo que sí es que la Comisión debiera despacharlo.
Le vamos a dar la palabra al Senador Cruz-Coke; luego al Senador Kast, y después al Senador Quintana.
El señor CRUZ-COKE.-
Yo entiendo que ese acuerdo, que fue un segundo acuerdo después del que se tomó hace dos meses, era para que el proyecto fuera a la Comisión por una semana y luego volviera a la Sala. Como no se puso en tabla oportunamente, por distintas intervenciones para prorrogar su tratamiento, se optó por colocarlo en votación con un nuevo primer informe, entiendo, y eso permitió seguir generando este tipo de maniobras.
Lo único que pido, señor Presidente, más allá del plazo de una semana, es que este proyecto se vote en particular en el espíritu que se había comprometido. No me quiero casar con que sea exactamente en una semana, pero sí me llama mucho la atención que, habiendo estado la iniciativa más de dos meses en la Comisión sin generarse ninguna indicación sustantiva, finalmente se siga dilatando por medio de maniobras la votación final de este proyecto.
Así que confío en el criterio de la Mesa para dar un tiempo lo más acotado posible para presentar indicaciones; solucionar esto finalmente, y tener el proyecto para su votación en particular en cuanto expire el período de indicaciones.
Gracias, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Senador Kast.
El señor KAST.-
Presidenta, buscando generar un clima de entendimiento y agradeciendo al jefe de mi bancada por haber intentado en varias ocasiones que se cumpla el acuerdo que se tomó en marzo, le hago una propuesta que busca unir las distintas miradas que se están presentando hoy día.
Yo no tengo problema en que se fije el 24 de agosto como plazo para formular indicaciones. Pero quiero que se agregue como acuerdo que la semana siguiente, la del 29 de agosto, sea el plazo límite para que la Comisión despache el proyecto.
No sé si me explico. Lo que está detrás del espíritu que plantean los Senadores Cruz-Coke y Edwards es que tengamos plazos que se cumplan. Aquí nadie quiere que se haga mal la pega legislativa. Presidenta, dado que no se hizo la pega -porque lo cierto es que quienes solicitaron más tiempo no hicieron nada los últimos tres meses; esa es la verdad, pues no presentaron ni una indicación ni trataron el proyecto-, para buscar un entendimiento, solo pedimos que se fije el 24 como fecha para la formulación de indicaciones y que la semana siguiente sea el plazo perentorio de la Comisión para despachar la iniciativa a la Sala.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
Presidenta, esta discusión se genera porque se trata de un proyecto tremendamente defectuoso, y lo reconocieron así hasta sus propios autores en la sesión anterior, quienes no quisieron en su momento acoger las observaciones y propuestas de cambio que fueron hechas por penalistas. Y, para poner las cosas en su justa dimensión, los autores tampoco estuvieron dispuestos a darse una semana para escuchar la opinión del nuevo Ejecutivo, tal como se hizo en el proyecto sobre robo de madera, que entiendo que llega mañana a la Sala con cambios importantes.
O sea, aquí no solamente debe haber indicaciones de los señores Senadores y señoras Senadoras; también es urgente tener indicaciones del Ejecutivo; por de pronto, del Ministerio de Vivienda.
Yo he insistido en la discusión y lo reitero hoy día: este es un proyecto que tiene efectos no solo en las comunidades del sur. Los autores, probablemente, siempre tuvieron en su cabeza el tema del sur, pero no hacen ninguna referencia a La Araucanía, para ser concreto. En efecto, esta iniciativa va a tener consecuencias en asuntos urbanos en distintos puntos del país.
Este proyecto no se mejora en una sola sesión. Entonces, me parece que no es razonable pensar que en el plazo del 24 de agosto va a estar lista la iniciativa, más aún porque el Presidente de la Comisión de Seguridad está convocando -lo sabe muy bien el Senador Prohens, porque fue parte de ese acuerdo esta mañana, junto con la Senadora Rincón y el Senador Van Rysselberghe- a varias sesiones para tratar el proyecto que perfecciona las normas de persecución del crimen organizado, y, por otro lado, porque ya llegaron las indicaciones del Gobierno a la iniciativa que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que son temas que también tienen urgencia.
Entonces, lo que están planteando los colegas sencillamente no es realizable en el plazo que han señalado, más aún cuando se trata de un proyecto tan defectuoso como el que fue aprobado esta tarde.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Senador Insulza.
El señor INSULZA.-
Presidenta, la verdad es que no quería referirme al plazo; puede fijarse el que se quiera.
Simplemente, quiero hacer ver que el 24 está en medio de la semana regional de agosto; por tanto, el 24, 25, 26, 27, 28 y 29 da más o menos lo mismo. En consecuencia, lo que está planteando el Senador -no sé si fue el Senador Kast quien dijo que esto quede despachado el 29- implica que tendríamos que hacer sesiones especiales durante la semana regional para tratar las indicaciones.
Lo que él dice, conciliadoramente, es que está de acuerdo con modificar el plazo de indicaciones hasta el 24, pero pide que se discuta el proyecto antes del 29. Eso quiere decir que lo discutamos en semana regional, con feriados y fines de semana incluidos.
Lo razonable -y de esto hablábamos cuando nos referíamos al plazo de una semana, creo yo- era contar con un período acotado en la Comisión para despachar la iniciativa, lo que va a ser difícil, como lo ha recordado el Senador Quintana.
Pero demos un plazo razonable para formular las indicaciones. Puede ser una semana, si se quiere; no tengo ningún inconveniente en ello. Y tratemos el proyecto en la última semana, la que viene después de la regional. De otra manera no hay ninguna posibilidad.
Además, esto no se debiera decidir necesariamente con una votación de Sala. Pongámonos de acuerdo. No tengo ningún inconveniente en que las indicaciones se presenten a la brevedad. Hoy día estamos a 9; podemos fijar el plazo hasta el lunes 22. ¡No tengo ningún problema en eso!
Pero tengamos claro que es semana regional y, por lo tanto, no podremos despachar el proyecto en esa semana, porque tendríamos que volver. Creo que el despacho podría ser a fines de septiembre, por lo menos. Y yo tendré que citar a alguna reunión especial para eso.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Le vamos a dar la palabra al Senador Edwards y cerraremos la discusión sobre este punto. Luego haremos una propuesta.Además, tenemos que avanzar porque hay otro proyecto que también es muy importante, y este tema es más bien adjetivo.
Nuestra proposición incorporará las aprensiones que han planteado los Senadores.
Senador Edwards.
El señor EDWARDS.-
Presidente, tal como a varios colegas, me ha tocado estar en muchas discusiones y en muchos acuerdos respecto a este proyecto, por eso voy a citar la frase de un filósofo chileno, que dijo: "No nos pidan que seamos tontos después de las 12, además de ser tontos antes de las 12".
Es evidente que están retrasando la discusión de la iniciativa.
Lo que ha propuesto el Senador Kast es que esto quede despachado en la semana del 29. Esa es la propuesta. Y se pide que se pueda votar, que no haya oposición para ello, apenas se pueda en la Sala, una vez que lo despache la Comisión la semana del 29.
Pero ahora se dice "a fines de septiembre", cuando esto debió haber sido votado en general y en particular, gracias a un acuerdo mayoritario, hace dos meses.
Creo que acá está en juego, Presidente -y me va a perdonar-, la credibilidad de los acuerdos que se toman en Comités. Si no se puede confiar en dichos acuerdos porque luego se vuelven a votar, si la palabra de los señores Senadores que acordaron esto no se respeta, se hace muy difícil trabajar en un Senado que tenga altura de miras.
Acá hay un acuerdo. Se pide que, si se despacha en la semana del 29 en la Comisión, se vote en la siguiente en la Sala, pero sin artimañas y respetando mínimamente los acuerdos que se han alcanzado.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senadora Aravena, sobre este punto.
El señor KAST.-
Señor Presidente, le pido la palabra.
La señora ARAVENA.-
Bien breve.
Solo para tratar de buscar un acuerdo porque finalmente todos tenemos que lograr un objetivo común, creo que debiéramos dejar para el viernes 26 o el lunes 29 el último plazo para presentar indicaciones, de vuelta de la semana regional. Ese podría ser un buen tiempo para ingresar las indicaciones.
Es una sugerencia solamente.
Lo importante es que hay que trabajar bien. De hecho, yo soy de la idea de hacer una separación del tipo de delito; por tanto, si uno quiere ponerle cabeza y corazón a esto, creo que el propuesto es un buen plazo para trabajar bien el proyecto.
Por eso me parece que el 29 sería una buena fecha.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Kast, última vez que le doy la palabra sobre este punto, porque tenemos que ir resolviendo otros temas.
El señor KAST.-
Muy breve, Presidente.
Simplemente creo que el Senador Insulza me entendió mal. No he dicho que el 29 sea la fecha para que esto esté despachado, sino la semana que comienza ese día. Por lo tanto, Presidente, estoy de acuerdo con lo que plantea el Senador Insulza en el sentido de que la Comisión tenga esa semana para despacharlo.
Y lo otro es que deseo corregir al Senador Quintana, quien dijo que nosotros no dimos la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera intervenir. Eso es falso, y lo sabe el Senador Insulza, porque sí posibilitamos que se sesionara antes de votar el proyecto para que el Ejecutivo viniera a la Comisión, pero finalmente no asistió.
Así que, para no seguir dilatando esto, propongo que, tal como señaló el Senador Insulza, fijemos como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 22; así la Comisión tendrá la semana del 29 completa para tratar y aprobar el proyecto, y en la semana siguiente podremos verlo en la Sala.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Presidente, entiendo que nos estamos poniendo de acuerdo en el plazo para presentar indicaciones. Hay una propuesta de que sea hasta el 29 de agosto. No tenemos ningún problema en eso; es algo que se hace en todos los proyectos de ley.
Pero, dado que aquí se han citado los acuerdos, quiero ser transparente en decir que el Comité del Partido Comunista va a ejercer todas las facultades y prerrogativas que le corresponde, como en cualquier iniciativa de ley.
Si el proyecto está maduro y las indicaciones se resuelven de buena manera en la Comisión, muy bien; pero si hay indicaciones del Gobierno y su análisis requiere una semana extra al plazo que se ha fijado, también lo vamos a defender, Presidente.
Así que quiero dejar en acta que no somos parte de ningún acuerdo que establezca que la Comisión perentoriamente tiene que despachar esto en cuatro, cinco o seis días, porque puede haber indicaciones del Ejecutivo que requieran mayor estudio. Tenemos que abrirnos a esas opciones.
Obviamente, como se trata del debate en particular, se votarán las normas del proyecto; nadie está dilatando en extremo su tramitación. Pero no nos pueden obligar a que esto tenga que salir, sí o sí, con las indicaciones que estén presentadas, cuando ni siquiera han llegado las del Ejecutivo.
En ese sentido, Presidente, tenemos posibilidades en el Reglamento y las vamos a ocupar.
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El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Matías Walker.
El señor WALKER.-
Gracias, Presidente.
Ya que estamos organizando la agenda legislativa de los próximos días y semanas, quiero señalar que, como es de público conocimiento, hoy se aprobó, prácticamente por unanimidad en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el proyecto que rebaja los quorum de reformas constitucionales a cuatro séptimos, y también hoy día, en la Comisión de Constitución del Senado, aprobamos por unanimidad, en general y en particular, el proyecto de artículo único que rebaja los quorum de las leyes orgánicas constitucionales.
Hemos conversado con los distintos Comités y queremos pedirle, Presidente, que recabe la unanimidad para que votemos el día de mañana en la Sala este importante proyecto, que fue despachado por unanimidad en la Comisión de Constitución.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a la propuesta del Senador Matías Walker?
El proyecto quedará en el primer lugar de la tabla de la sesión de mañana.
--Así se acuerda.
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El señor ELIZALDE (Presidente).-
Respecto del otro tema, tenemos que establecer un plazo para presentar indicaciones.
Desde acá no es fácil hacer una propuesta. La Vicepresidenta propuso el 24 de agosto, pero luego plantearon el 17 y el 29 de agosto. Entonces, es difícil. Vamos a insistir en la propuesta del 24, pese a la sugerencia de la Senadora Aravena para fijar el plazo el 29 y al planteamiento de que sea el 17.
El punto es el siguiente: el 17 es miércoles y no hay sesión de Comisión los días jueves y viernes y, además, toda la semana siguiente es regional. Entonces, hemos estado teniendo una discusión sobre una fecha que no va a tener impacto en la aceleración de la tramitación del proyecto.
Vamos a insistir en la propuesta del 24 de agosto, a las 12 horas, en la Secretaría de la Corporación.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos al siguiente proyecto del Orden del Día.
MODIFICACIÓN DE LEY N° 14.908 EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y PAGO EFECTIVO DE DEUDAS POR ALIMENTOS
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Le damos la bienvenida a la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y vamos a proceder a la relación del proyecto correspondiente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos, iniciativa que corresponde a los boletines 14.946-07 y 14.926-07, ambos refundidos.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 14.946-07 y, 14.926-07 refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa tiene como objeto establecer un procedimiento y mecanismos efectivos para el cobro de las pensiones de alimentos adeudadas, facultando al tribunal competente para iniciar una investigación sobre el patrimonio activo del deudor en las cuentas bancarias, en las cuentas de ahorro previsional voluntario y en los instrumentos financieros o de inversión.
En el caso de que el alimentante no mantenga fondos o, habiendo fondos, estos no sean suficientes para el pago de la deuda, la parte alimentaria podrá pedirle al tribunal que consulte a la administradora de fondos de pensiones correspondiente respecto de los saldos que el deudor mantiene en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.
La Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género deja constancia de que la Sala del Senado acordó, en la sesión del 3 de mayo del 2022, fusionar el mensaje presidencial y la moción que dieron origen a esta iniciativa, conforme a lo estipulado en el artículo 17, letra a), de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Asimismo, hace presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley, la cual, a continuación, fue analizada por la Comisión de Hacienda en lo relativo a las normas de su competencia
Además, la referida Comisión Especial deja constancia de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadoras señoras Allende, Carvajal, Núñez y Pascual y Honorable Senador señor Sanhueza. En particular, aprobó la iniciativa en los términos y con las votaciones que consigna su informe.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, sancionándolas por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Coloma, García, Kast y Núñez, y propone la aprobación del proyecto en los mismos términos en que fue despachado por la mencionada Comisión Especial.
Por otro lado, deja registro de los informes financieros considerados, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Finalmente, cabe señalar que los artículos 19 quáter, 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies y 19 octies, todos contenidos en el numeral 7 del artículo 1º del proyecto, así como el inciso segundo que se agrega en el artículo 36 de la ley N° 14.908, mediante el numeral 9 del artículo 1º de la iniciativa, revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 28 votos favorables para su aprobación.
Además, los artículos 19 quinquies y 19 sexies, propuestos por el numeral 7 del artículo 1º del proyecto, en tanto dicen relación con el derecho a la seguridad social, implican un quorum calificado, por lo que requieren 25 votos a favor para su aprobación.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 29 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidente).-
Gracias, Secretario.
Para rendir el informe de la Comisión Especial, tiene la palabra la Senadora Pascual.
La señora PASCUAL.-
Gracias, señora Presidenta.
En mi calidad de Presidenta de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de esta Corporación, me corresponde informar a la Sala respecto del proyecto de ley que fusiona los boletines 14.946-07 y 14.926-07, que modifica la ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos.
Este proyecto de ley fue analizado por los integrantes de la Comisión, las Senadoras Allende, Carvajal, Núñez, el Senador Sanhueza y quien habla, durante doce sesiones, para concordar en forma unánime, salvo en una materia, un texto que refleja la voluntad de poner término a la violencia económica que sufren niñas, niños, adolescentes y mujeres por el no pago oportuno de las pensiones de alimentos decretadas por los tribunales de justicia.
Para ello, se modifica la ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, el Código Civil y la ley Nº 20.593, sobre Registro Nacional de Prófugos, a fin de establecer un procedimiento expedito y permanente para el cobro de deudas alimenticias, que se puede derivar de una medida de apremio o una vez que se hayan decretado los alimentos por resolución que cause ejecutoria del tribunal con competencia de familia y exista deuda impaga.
Este procedimiento entrega al tribunal competente la facultad de investigar el patrimonio activo del deudor.
Dicha investigación comprende la revisión de las cuentas bancarias, de los instrumentos financieros o de inversión y de las cuentas de ahorro previsional voluntario que mantenga el alimentante deudor, a través en los sistemas de interconexión que el tribunal mantiene con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y otros servicios del Estado que sean necesarios.
Luego de agotada la investigación del patrimonio activo del deudor y en el caso de que se encontraren activos, el tribunal dictará la resolución que ordena el pago de la deuda con tales fondos, que puede ser de hasta tres días hábiles, pudiendo configurarse en un plazo menor, dependiendo de la rapidez con la cual se emitan las resoluciones y las respuestas de las instituciones vinculadas.
Para cautelar los derechos derivados de la pensión de alimentos, el tribunal también deberá decretar una medida cautelar de retención de fondos del deudor cuando estos sean habidos.
Una vez que sea notificada la institución donde se encontraron los fondos mediante resolución que ordene el pago de la deuda, esta tendrá quince días hábiles para realizar la transferencia a la cuenta bancaria de la parte alimentaria.
En caso de que el alimentante deudor no posea fondos en cuentas bancarias o en los otros instrumentos financieros descritos en el procedimiento especial enunciado previamente, se inicia una segunda etapa del procedimiento.
Esta contempla que, frente a una circunstancia de común ocurrencia en nuestro país, como es que haya tres pensiones adeudadas, continuas o discontinuas, la parte alimentaria podrá solicitar al tribunal que consulte a la administradora de fondos de pensiones en la que se encuentre el afiliado deudor acerca de los saldos que mantiene en su cuenta de capitalización individual. La obtención de la información y la dictación de la resolución que ordene el pago de la deuda se deberán realizar en un plazo de tres días hábiles.
Los recursos que existan en la cuenta del deudor y que se destinen al pago de la pensión alimenticia tienen una regulación que toma en cuenta en qué momento previsional, conforme a la ley, se encuentra el alimentante.
En virtud de lo anterior, si le faltaran quince años o menos para jubilar, el pago no podrá exceder el máximo de 50 por ciento de tales recursos; si le faltaran entre quince y menos de treinta años, no podrá exceder el 80 por ciento, y si le faltaran más de treinta años, no podrá exceder el 90 por ciento de los recursos acumulados, en el entendido de que tiene un mayor tiempo para recuperar esos fondos.
El texto que se propone a la Sala dispone claramente que, para realizar el pago con cargo a los fondos de la cuenta de capitalización individual obligatoria, la administradora de fondos de pensiones deberá liquidar la cantidad de cuotas que sean necesarias para obtener el dinero correspondiente a la deuda. Luego deberá transferirlo a la cuenta bancaria que indique el tribunal en un plazo de cinco días hábiles. Si no lo hiciere, será solidariamente responsable del pago de la obligación alimenticia, de conformidad con las limitaciones que se reseñaron anteriormente.
Asimismo, se establece que respecto del alimentante que se encuentre percibiendo una pensión por vejez o por invalidez no podrán pagarse las deudas de alimentos con los recursos de su cuenta.
La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género efectuó otras enmiendas que contribuyen al espíritu de esta iniciativa legal, que es poner término a la violencia económica que aflige a una gran parte de nuestras compatriotas, a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes.
Algunas de dichas enmiendas son:
a) La declaración de inadmisibilidad de la demanda de rebaja o cese de pensión, en el caso de que el deudor tenga una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, salvo que existan antecedentes calificados que justifiquen esta solicitud.
b) La consideración por el tribunal para que, al fijar una pensión de alimentos, considere la tasación del trabajo de cuidados para la sobrevivencia de la alimentaria o del alimentario, reconociéndole como un trabajo asociado a la responsabilidad parental.
c) La eliminación de la histórica discriminación de base que establecía pensiones alimenticias según la posición social de la niña, niño o adolescente, adaptándose a los tiempos actuales, de forma que los alimentos habiliten a la alimentada o al alimentado a subsistir de manera adecuada, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Este proyecto de ley, que surge de la fusión de un mensaje del Presidente Gabriel Boric con una moción de las Senadoras Allende, Carvajal, Núñez, Provoste y Pascual, establece un procedimiento permanente y efectivo que permitirá enfrentar el vergonzoso fenómeno de las deudas de pensiones de alimentos que afectan a las familias de nuestro país, dignificando el tortuoso proceso que han debido afrontar forzosamente miles de mujeres para obtener nada más pero tampoco nada menos que los recursos mínimos e indispensables para garantizar una vida adecuada a sus hijas y sus hijos.
A través de este proyecto de ley buscamos resolver una situación urgente que exige a gritos una solución de país que entregue una respuesta comprometida con el objetivo de eliminar toda vulneración que afecte los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por esto y todo lo señalado anteriormente, en especial por las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres de nuestro país y sus derechos, solicitamos a la Sala que apruebe este proyecto en la presente sesión.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senadora.
Ahora nos corresponde conocer el informe de la Comisión de Hacienda.
Senador Coloma, tiene la palabra.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, el día de ayer, 8 de agosto, la Comisión de Hacienda sesionó para conocer, en lo que fuera procedente, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos.
No me voy a referir a lo que ya se señaló. Después, cuando sea mi turno de intervenir en el debate, haré un par de planteamientos respecto de la discusión que sostuvimos con la Ministra, que fue bien interesante, para al menos definir algunas cosas en las que tenía dudas, que quedaron bien establecidas y de las que quiero dejar constancia, como la situación de los abuelos o de algunas inhabilidades que, a mi juicio, tienen que ser planteadas constitucionalmente, no a través de esta ley.
Pero, en general, este es un paso bien significativo y quiero decirlo. Es un cambio importante en las reglas del Código Civil y de la legislación de familia, que están -por lo que alcancé a revisar, porque no fue tema de la Comisión de Hacienda- bien orientadas y hacen mucho más estricto el cumplimiento de las normas, particularmente sobre pensiones alimenticias. Digo "particularmente" porque no es la única materia que aborda -considera varias otras-, pero me interesaba dejarlo claro.
Las disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda fueron básicamente planteadas en el informe financiero sustitutivo, de 24 de junio de 2022.
En dicho informe se considera que se irrogará un mayor gasto fiscal en régimen de 840.935.000 pesos, los que permitirán básicamente el fortalecimiento de los tribunales de familia y juzgados de letras con competencias en la materia, incrementando la provisión de cargos administrativos en el escalafón de empleados del Poder Judicial y sus respectivos gastos operacionales.
Asimismo -esto es bien interesante para la discusión-, el proyecto irrogará un mayor gasto fiscal, por única vez, de 55.586.000 pesos. Uno diría "no es un gasto muy importante", comparado con el que se hace en régimen, pero es interesante porque permitirá desarrollar e implementar la funcionalidad del nuevo procedimiento en el actual módulo del sistema de tramitación de familia, el desarrollo e implementación de formularios de trámite fácil y las interconexiones con las entidades que se requieran.
¿Qué significa esto, en el fondo? Lo siguiente, y agradezco a la Ministra y a su equipo asesor, quienes nos dieron una buena explicación en esta materia. Hoy día, quienes reclaman alimentos, en general tienen que hacer, desde un punto de vista judicial, un verdadero peregrinaje para buscar información, ir caso a caso, averiguando los saldos, haciendo los procedimientos para, conforme a las normas, exigirles a los alimentantes lo que están adeudando.
Aquí lo que se hace es generar -por eso es importante- un solo sistema funcional.
Voy a explicarlo de forma práctica. Si una persona requiere saber los datos económicos de alguien que le debe alimentos, en vez de ir -por así decirlo- banco por banco, lugar por lugar, tendrá un sistema único para obtener esa información. De esta forma, además, se genera un cambio bien relevante respecto de la manera de exigir el cobro por parte de los jueces.
Entonces, este cambio -poco sustancioso económicamente, pero necesario- es bien relevante desde el punto de vista del cambio en las reglas del juego. Y, como bien lo plantearon, evita básicamente el peregrinaje de las personas para ir buscando, respecto de los deudores, dónde están esas acreencias. Esto permite una funcionalidad muy diferente a la actual.
Insisto: solamente estos dos temas fueron objeto de la discusión y votación en la Comisión de Hacienda. Sin perjuicio de ello, tuvimos un debate mucho más amplio, pero, por razones obvias, no haré uso de la palabra ahora, porque involucra un asunto de mérito durante la tramitación del proyecto.
La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad lo que fue de su competencia, y recomienda, por tanto, su aprobación.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidenta.
Creo que es extraordinariamente importante que en este momento podamos votar en particular este proyecto, tan necesario.
Aquí dijo la Presidenta de la Comisión que es "urgente", y la verdad es que no solo es urgente, es dramático.
A mí me resulta dramáticamente terrible aceptar que en este país un 85 por ciento de los padres -más del 95 por ciento corresponde a hombres- no pague las pensiones alimenticias de esos niños, niñas y adolescentes. Esto lo consideramos una forma de violencia hacia esas mujeres y esos niños. Ello atenta gravemente contra el desarrollo normal de esas mujeres, esos niños, esas niñas y esos adolescentes.
Por eso está en nuestras manos afrontar esta situación, y así lo hemos hecho. Presentamos una moción, la que finalmente se ha fusionado con el proyecto del Gobierno. Y creo que hemos logrado en el trabajo conjunto que han llevado adelante la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y la Comisión de Hacienda el mejor instrumento posible, que nos permitirá revertir esta situación que, como aquí se ha descrito también, hace que las mujeres tengan que peregrinar de una institución a otra y de un empleador a otro tratando de saber si el alimentante está empleado en algún lugar, cuánto gana, si tiene una cuenta en el banco, si posee algún tipo de instrumento financiero, en fin, las distintas alternativas.
Creemos que eso ya no da para más.
Por eso dimos un paso en el Gobierno anterior -quien lo comenzó- y trabajamos muy bien el tema del Registro Nacional de Deudores, ley que fue finalmente promulgada por este Gobierno. Fue un avance positivo. Y este proyecto es un complemento muy importante.
Entonces, tenemos el Registro Nacional de Deudores, por un lado, y ahora contamos con este proyecto, que, en resumen, en su esencia busca que cuando se den estos casos de deudas, sean continuas o discontinuas -tres continuas, cinco discontinuas o continuas y discontinuas-, realmente se recurra a todos los instrumentos posibles que pudiese tener esa persona: cuentas bancarias, depósitos a plazo u otros instrumentos en el mercado financiero.
Y aquí viene una parte interesante -la señalaba el Presidente de la Comisión de Hacienda-: se va a unir toda la institucionalidad en un registro único de todos estos datos para tener una sola base, de manera de que sea expedito. ¿Por qué? Porque en caso de que existan deudas establecidas por el tribunal de familia, será a través de estos instrumentos que se le podrá cobrar a ese alimentante que no está cumpliendo con el pago de las pensiones alimenticias de esas niñas, esos niños y esos adolescentes.
Y, por lo tanto, es muy importante la colaboración que exista entre el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión para el Mercado Financiero, los bancos, la Superintendencia respectiva y los distintos instrumentos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es evitar la humillación y el verdadero rol de investigador privado que tienen que asumir esas madres, en su desesperación, para localizar y saber en qué, dónde y con qué recursos se cuenta.
Por cierto, hay un tema que no podemos desconocer: pudiera darse el caso de que efectivamente tengamos deudores que, por distintas circunstancias, no están en condiciones de pagar. Bueno, para eso están los tribunales de familia y la legislación, para escuchar siempre a la persona. Ahí habrá que ver.
Ahora, hemos conversado con el Gobierno -aprovecho de saludar a la Ministra, ya que no la había visto: disculpe, Ministra, mucho gusto de saludarla-de que efectivamente pudiera darse una situación en la cual una persona no tenga ningún instrumento, ningún ahorro, nada. Entonces, ahí habrá que hacerse una pregunta.
Hay una interrogante no contestada en este proyecto; yo se las dejo planteada a las Senadoras y a los Senadores. Es para reflexionar.
Inicialmente, a mí no me agradaba la idea de que para estos casos se creara un fondo y el Estado se hiciera cargo a fin de garantizar que esas deudas se pagaran, cobrándoles después a las personas que no pagaban. Es cierto, se trata de un camino que usan varios países más desarrollados y que impide que las mujeres tengan que caer en la humillación de ir de institución en institución persiguiendo ese pago. Pero también -es lo que digo- deja un poco en la impunidad -comillas- a esos padres alimentantes que no se hacen cargo de su responsabilidad.
Yo creo que ahí hay un tema a lo menos a debatir, a lo menos a reflexionar, a lo menos a pensar qué vamos a hacer, desde el punto de vista de la socialización, para que no siga ocurriendo eso.
Quiero también señalar que es importante que no se les pueda cobrar a los abuelos cuya única fuente sea, efectivamente, una pensión de sobrevivencia o de vejez. No corresponde. Por lo tanto, creo que hicimos bien en tratarlo.
Por supuesto, también ya se habló de aquellos que se quedan en el Registro de Prófugos. Es muy importante.
Además, quiero decir algo que se nos ocurrió agregar y que creemos que es particularmente relevante: que no se permita que haya candidatos, en los distintos niveles -a mi juicio, debiera incluirlos todos: presidencia, gobernadores, concejales, alcaldes, parlamentarios-, que puedan optar a un cargo de elección popular si están en el Registro Nacional de Deudores o, por lo menos, si deben varias pensiones, sean continuas o discontinuas.
Pensamos que lo mínimo que tenemos que presentar como sociedad, como ética, es impedir aquello... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)...
Estoy terminando, Presidenta. ¿Y esto por qué? Porque nos parece que, francamente, debemos dar un paso más
.
Hay muchos elementos que se incorporaron en el trabajo junto con el Gobierno. Yo quiero agradecer que hayamos desarrollado esta labor en conjunto, fusionando la moción que habíamos presentado con el mensaje del Ejecutivo. Creo que hemos avanzado y que es un gran paso.
Pero también debemos hacer un llamado de atención una vez más, ¡una vez más!: no podemos permitir que sean las mujeres las que sufran esta violencia, que sean ellas las humilladas, que sean ellas las que tengan que andar investigando por esos recursos y que no asumamos, de una vez por todas, que la responsabilidad como padres o madres nunca termina, se haya terminado o no esa relación matrimonial, contractual o de otro tipo.
Por lo tanto, llamo a apoyar este proyecto. Creo que es un paso tremendamente relevante y necesario. Y espero que vayamos educando a las futuras generaciones de una manera diferente, de tal forma que entiendan que la responsabilidad parental no termina.
Por eso, aprobamos e
l proyecto.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Paulina Núñez.
La señora NÚÑEZ.-
Muchas gracias, Presidenta.
Quiero partir agradeciendo a la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y a la Comisión de Hacienda que pudiéramos revisar y votar este proyecto, que nace a propósito de una moción que presentamos las Senadoras y el Senador de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, y que el Gobierno recogió -doy las gracias también, y saludo, por su intermedio, a la Ministra, que está presente; también, a sus asesores, Camila y Nicolás, quienes estuvieron con nosotros durante toda la discusión-, presentando un mensaje, porque había algunas cuestiones que eran de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Quiero empezar a graficar con algunas cifras lo que estamos haciendo, entendiendo que estamos respondiendo a una cuestión que es urgente, necesaria y que, a mi juicio, viene a terminar con una violencia económica respecto de las madres que tienen que ir a mendigar alimentos para sus hijos e hijas, ni más ni menos, que a los padres de estos.
Del 84 por ciento de las pensiones adeudadas a la fecha, un 65 por ciento corresponden a familias vulnerables. O sea, de quienes deben pagar alimentos en nuestro país, un 84 por ciento tiene impaga esta obligación, siendo hombres nueve de cada diez personas demandadas.
Así las cosas, y con el paso del tiempo, hay que reconocer que nuestra legislación ha ido avanzando. Así, se creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos mediante la ley N° 21.389, que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos.
Pues bien, con el afán de dar continuidad a dicha norma, el presente proyecto viene a complementar el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos en el sentido de crear un nuevo mecanismo de pago cuando se trate de aquellos alimentantes que adeuden, total o parcialmente, al menos un pago insoluto.
Por lo tanto, estamos frente a un proyecto de ley que va a buscar y lograr el pago efectivo de los alimentos que se adeudan a niños y niñas.
Y estamos estableciendo un procedimiento especial de cobro de deudas que tiene como finalidad que este sea más efectivo y expedito.
En primer lugar, ampliando los fondos donde se podrá perseguir la deuda de alimentos, y, en segundo lugar, entregando al tribunal la facultad de investigar y perseguir estos fondos.
Lo anterior se hará a través del sistema de interconexión con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y otros servicios del Estado. Esto quiere decir que se investigarán cuentas bancarias, depósitos a plazo, cuentas de ahorro y otras, en un tiempo mínimo, con el objeto de que en un breve plazo se realice el pago efectivo de la pensión de alimentos por parte del alimentante, con los propios fondos que se tengan en las cuentas de ahorro, en las cuentas corrientes y demás.
Iniciado el procedimiento a petición de parte, el tribunal va a tener solo tres días hábiles para revisar el sistema de interconexión. En caso de encontrar fondos en cuentas bancarias, instrumentos de inversión, instrumentos financieros o cuentas de ahorro previsional voluntario, se notificará a dichas instituciones en un plazo de cinco días hábiles, las que a su vez tendrán diez días para responder. Recibida la respuesta por parte del tribunal, se ordenará el pago de la deuda, debiendo la institución correspondiente hacerlo efectivo derechamente en la cuenta que para tal efecto se haya designado durante el procedimiento. Todo esto, en un plazo máximo de quince días, bajo sanción de responder solidariamente por el pago de la deuda.
Quiero señalar además que en caso de que el alimentante no tuviera fondos o contara con ellos de manera parcial, extraordinariamente se podrá acudir a los fondos de pensiones para hacer efectivo el pago, el que será limitado en su porcentaje según la distancia de edad que tenga el deudor respecto del minuto en que vaya a jubilar. Por lo tanto, a menor edad, obviamente va a haber un mayor porcentaje de fondos al que recurrir, no así a mayor edad, porque evidentemente nadie puede pretender estar reuniendo recursos para el momento de su jubilación y no pagar los alimentos de sus hijas o hijos.
Creo que la votación por unanimidad, tanto en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género como en la Comisión de Hacienda, muestra que acá hay un apoyo transversal a una cuestión real, a la que debemos dar respuesta desde la legislación, para que nunca más una mujer tenga que andar mendigando los alimentos de sus hijas o hijos en contra del padre, del responsable de ellos, lo que, a mi juicio -como dije al inicio del debate en la Comisión-, termina siendo incluso una violencia económica.
Pido que este proyecto sea votado hoy día a favor y que ojalá logremos incluso la unanimidad de la Sala, para que vayamos avanzando de la mejor forma, de manera transversal, de la mano con quien esté gobernando y, obviamente, respondiendo conforme a una medida que es urgente y necesaria para la sociedad y miles de familias.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senadora.
Se ha solicitado autorización para que ingrese a la Sala la Subsecretaria de la Segprés, señora Macarena Lobos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
También se ha pedido abrir la votación.
¿No?
El Senador Coloma dice que no.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
No, todavía no.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Coloma, sobre este punto, y después vamos...
Perdón, ¡no!, ¡no voten!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
¡No voten!
El señor COLOMA.-
Presidente, tal como he dicho, me parece bien el proyecto y voy a aprobarlo. ¡No se ponga nervioso...!
Lo que pasa es que yo tengo un punto de discusión que quiero plantear, particularmente al Senador Walker, como Presidente de la Comisión de Constitución.
La mía es una duda y la señalé en la Comisión de Hacienda. Apunta básicamente a la inhabilidad que se genera respecto de un deudor de esta naturaleza para ser candidato a varios cargos, entre ellos gobernador regional, alcalde, concejal.
¿Dónde está el punto? En que no quedan incluidos aquí, de partida, los parlamentarios, el Presidente de la República y una serie de personas. Si uno va a dictar una norma en esa línea, debería incluirlas. La explicación que se dio fue que ello es parte de una reforma constitucional y que lo que estamos viendo ahora es parte de una ley de quorum que, por tanto, se trata de algo que se puede hacer.
Solo quería plantear una duda técnica: si uno va a generar inhabilidades para cargos, creo que todas ellas tienen que estar dentro de un mismo equilibrio, por así decirlo; por ejemplo, ver qué se hace respecto de un abusador. Si uno va a limitar el que una persona deudora de pensión alimenticia pueda ser candidata -lo que, en el fondo, significa crear otro estándar respecto a las candidaturas, cosa que a mi juicio es un paso que la sociedad puede dar-, estimo que se deben considerar todas aquellas posibles razones de estándar en un solo instrumento y no generar una inhabilidad a través de una ley.
Esa es la consulta que deseaba hacer.
Entiendo -me lo dijo el Senador Sanhueza, por su intermedio, Presidente- que los miembros de la Comisión de la Mujer están presentando una reforma constitucional para hacerse cargo de esta realidad. Pero mi duda es si acaso no será mejor -y es lo que quería plantear- incluir en esa reforma constitucional todos los nuevos estándares para efectos de constituir una candidatura. Porque a mí no me parece que respecto de esta obligación haya que generar una causal para algunos, porque después puede haber otras muy complejas, como la de ser narcotraficante, por dar un ejemplo, o, como dije, ser un abusador; claro, dependiendo de si están condenados o no. Así lo entiendo.
Entonces, mi sugerencia -y por eso pedí intervenir antes de que se abriera la votación- es no aprobar esa parte, sino dejarla para la aprobación -la cual comprometo- de una reforma constitucional que aborde todos los nuevos estándares en materia de candidaturas.
Esa es mi sugerencia.
Yo no voy a ser obstáculo para lo que se ha propuesto, pero estimo que hay que hacer las cosas para que ojalá resulten de buena manera. Porque me parece raro que en esta ley se creen inhabilidades cuando todas ellas podrían estar en una sola parte -creo que eso es más razonable-, donde se consideren las distintas situaciones.
Es lo que quería señalar. De ahí que me permití hablar antes de la votación, porque, si no, no tendría sentido hacer un planteamiento una vez que ella se hubiese abierto. Y como al parecer aquí no hay indicaciones, se entendería todo aprobado.
Ese el punto sobre el cual deseaba hacer reflexionar. En una de esas estoy equivocado, pero por lo menos la idea es que podamos pensar en esto.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Están pidiendo intervenir el Senador Kast, la Senadora Provoste y la Senadora Pascual. ¿Es sobre este punto?
La señora PROVOSTE.-
Presidenta, yo quiero solicitar tiempo para la fundamentación de mi voto y luego responderé la inquietud del Senador Coloma.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Bien.
¿La Senadora Pascual y el Senador Kast desean referirse al planteamiento que se ha hecho?
La señora PROVOSTE.-
Pero si quiere intervengo ahora sobre este punto.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidenta.
Solo me referiré a lo que se ha planteado y después voy a fundamentar mi voto.
Es legítima la preocupación que ha expresado en la Sala el Senador Coloma; pero en este proyecto de ley la inhabilidad para ser candidato es solo mientras se construye el registro; no es una inhabilidad general. Y estamos muy ciertos de esto porque se trata de la indicación que nosotros mismos escribimos con motivo de esta iniciativa. Abro comillas: "No podrán ser candidatos a gobernadores o gobernadoras regionales, a consejeros o consejeras regionales, a alcaldes o concejales quienes tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos". Esto es mientras tengan la inscripción vigente. Así se define en la indicación con claridad, y por lo tanto, se resuelve el punto que ha planteado el Senador Coloma, porque no es una inhabilidad general.
No sé, Presidenta, si a continuación puedo utilizar mi tiempo para fundamentar el voto.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Resolvamos esto primero, Senadora, y después le damos el tiempo para que fundamente su voto.
Senador Kast, ¿sobre este punto?
El señor KAST.-
Sí, Presidenta, simplemente para referirme a lo que se ha planteado.
Lo que manifestamos ayer en la Comisión de Hacienda fue que además quedaban fuera de esta inhabilidad los parlamentarios.
La señora RINCÓN.-
El Presidente tampoco está.
El señor KAST.-
Así es, el Presidente de la República no está. Obviamente, queda fuera de esta inhabilidad.
Ahora, si se va a tomar en serio una discusión sobre el tema, la verdad es que no se entiende por qué un parlamentario no va a tener el mismo estándar que otros actores que están quedando sujetos a esta inhabilidad. Esto lo conversamos ayer con la Ministra, quien en principio se manifestó de acuerdo con nuestro criterio, pero, en su anhelo de poder avanzar, no quiso entorpecer el tema.
Por lo tanto, suscribo la petición que hizo el Senador Coloma en orden a que, o incluimos efectivamente a los parlamentarios -y por consiguiente, tratamos de hacer una cosa que sea pareja-, o eventualmente enfrentamos ese aspecto en otro proyecto, con el compromiso de todos, en materia de plazos por ejemplo, y también del Ejecutivo, que es el que tendría que empujar esa otra iniciativa para hacerse cargo en forma estructural y pareja de las inhabilidades. Porque me parece un absurdo que los parlamentarios queden fuera de esta inhabilidad.
Presidente, le pido unos minutos para poder fundamentar mi voto, porque me inscribí primero en el orden y todavía no me ha dado la palabra para ese efecto.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En todo caso, Senador, aquí está el orden establecido por el computador.
Con respecto a la inhabilidad de los parlamentarios, al igual que la del Presidente de la República, ella está regulada en la Constitución...
El señor KAST.-
Lo sé. Por eso tiene que consignarse mediante una reforma a la Constitución.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
... y esta es una reforma legal.
Donde existe la misma razón debiera existir la misma disposición. Y por tanto, si se establece la inhabilidad para otros candidatos, también debiera hacerse aplicable a los parlamentarios y a Presidente de la República. Pero esto tendría que ir asociado a una reforma constitucional que debiera presentarse y tramitarse en paralelo, porque, si se incorpora en esta ley, esta materia se estaría regulando a través de una norma de menor rango que la que regula las inhabilidades e incompatibilidades para ser candidato y ejercer como parlamentario.
El señor COLOMA.-
Se requiere reforma constitucional.
La señora RINCÓN.-
¿Presidente?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Sobre este punto en particular, Senadora?
Bien.
Tiene la palabra la Senadora Rincón; después el Senador Sanhueza...
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
La Senadora Pascual también quiere intervenir.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Los Senadores tienen solo un minuto para referirse a este punto, porque si utilizan los diez minutos para argumentar se va a extender por mucho tiempo este debate. Además, la Senadora Pascual y otros parlamentarios, como el propio Senador Kast, han pedido la palabra para hablar del fondo.
Así que un minuto, Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Seré muy breve, Presidente; incluso utilizaré menos tiempo.
¿No podría esta norma ser consignada como de carácter general y decir que la inhabilidad corre para todos aquellos que postulan a un cargo de elección popular?
Porque no se entiende la lógica.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Lo que pasa es que la regulación de quienes pueden ser candidatos a Presidente de la República y a parlamentarios se halla establecida en la Constitución, y por lo tanto alguien podría alegar que esta norma no se les aplica de todas maneras.
Ese es el problema que tenemos.
Senador Sanhueza, tiene un minuto para hablar sobre este punto en particular. Después vamos a dar la palabra para referirse al fondo.
El señor SANHUEZA.-
Gracias, Presidente.
Después de haber conversado con el Senador Coloma este tema, presentamos un proyecto -lo firmamos los cinco integrantes de la Comisión de la Mujer- para modificar la Constitución respecto de esta inhabilidad, que es donde se acoge precisamente.
Así que, por su intermedio, Presidente, quisiera pedirle al Ejecutivo que le pudiera dar la urgencia necesaria a esa iniciativa para que vaya en paralelo con este proyecto y considere ahí la inhabilidad para ser candidato a Presidente de la República, Diputado o Senador.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Castro, tiene la palabra, por un minuto, para referirse a este punto.
El señor CASTRO (don Juan).-
Gracias, Presidente.
Entendiendo que este es un proyecto muy importante, a muchos Senadores nos gustaría colocar indicaciones. Y teniendo en consideración que se ha generado un debate, porque hay temas que todavía no están resueltos en este proyecto, ¿no sería posible votarlo solamente en general y someterlo a discusión en particular para poder formular indicaciones?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
El proyecto está con "discusión inmediata", Senador. Por tanto, la única posibilidad es que se discuta ahora en la Sala.
Propongo lo siguiente, y después les doy la palabra al Senador Kast y a la Senadora Pascual sobre el fondo.
¡Ah, perdón!, ¿sobre este punto, Senadora Pascual?
Puede intervenir, Senadora.
Ministro, altiro le concedo la palabra.
La señora PASCUAL.-
Sí, Presidente, es por este punto.
Solo quiero, primero que nada, aclarar que efectivamente en la Comisión nosotros tuvimos la intención de colocarlos a todos, porque no queremos una desigualdad ante la ley. Lo que pasa es que efectivamente, como se ha explicado acá, se requiere una reforma constitucional. De ahí que, emulando lo que ya está en la Ley sobre Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos -que entra en vigencia en noviembre de este año-, colocamos eso que podíamos hacer. Pero, al mismo tiempo, como ha explicado el Senador Sanhueza, los cinco integrantes, entre los que está el propio Senador, hemos firmado una moción que propone esa reforma constitucional. Y ahora lo que estamos solicitando acá es que el Ejecutivo nos pueda patrocinar para poder colocarle al proyecto las urgencias pertinentes y aprobarlo a la brevedad, porque nosotros estamos en absoluta concordancia con que tienen que estar todos los cargos de elección popular bajo el mismo régimen.
Nada más, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Propongo lo siguiente, porque, si no, vamos a estar hablando de esto por dos horas.
Por cierto, los Senadores que intervinieron y que quieren volver a hacerlo, por favor, aprieten el botón.
Pero primero le voy a dar la palabra al Ministro Jackson sobre este punto, porque ha sido...
El señor JACKSON (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
¡No, no! ¡A la Ministra Orellana!
La señora EBESPERGER (Vicepresidenta).-
A la Ministra de la Mujer.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Le voy a dar la palabra a la Ministra Orellana sobre este punto, dado que ha sido requerida la opinión del Gobierno por el Senador Sanhueza y otros más.
Ministra Orellana, adelante.
La señora ORELLANA (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género).-
Muchas gracias, Presidente.
Yo solo quería recalcar, tal como lo señalamos ayer en la Comisión de Hacienda y tal como nuestro equipo del Ministerio se lo ha expresado al equipo de la Comisión de la Mujer, que el Gobierno está de acuerdo en establecer un nuevo estándar respecto de la elegibilidad y también de la función pública. Por lo tanto, estamos disponibles para patrocinar una reforma que establezca la inhabilidad por pensiones de alimentos, de acuerdo con la entrada en vigencia del Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, y en general por toda forma de violencia contra las mujeres. Esa disposición por supuesto que está.
Así que también instamos a que se pueda resolver este proyecto de ley en los tiempos que no solamente se disponen a través de las urgencias, sino, sobre todo, en función de lo que yo me imagino que ustedes escuchan en cada semana regional en las circunscripciones que representan. Porque este es un tema de suma urgencia para la ciudadanía y, en especial, para las mujeres y sus hijos.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Voy a proponer lo siguiente.
Entiendo que este es un compromiso del Gobierno; pero de todas maneras, por ser una reforma constitucional, no es de iniciativa exclusiva. Por tanto, el compromiso que habría sería votar a favor de este proyecto y, con la misma disposición, darle celeridad a la tramitación de la reforma constitucional que establece el mismo principio.
Ese es el sentido.
Se procederá a cerrar el debate sobre este punto, porque tenemos...
¿Senador Insulza?
El señor INSULZA.-
Presidente, se entiende que vamos a votar a favor del proyecto; pero si hay que hacer un cambio constitucional, ese se hará cuando corresponda, ¿no?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Sí, tal cual.
El señor INSULZA.-
Okay.
¡Es que como usted lo dijo!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a votar este proyecto en su mérito, entendiendo que el mismo principio debe aplicarse a todos los candidatos. Y, por tanto, lo que está regulado en la Constitución tendrá que ser regulado por ella.
¿Podemos concluir este debate? Porque entiendo que ya hay acuerdo.
Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Presidente, mi opinión va en la misma línea y en la idea de despachar este proyecto,
Aquí se ha abierto una discusión respecto a los cargos de elección popular, lo que me parece perfecto. Creo que la Ministra siente que ahí tiene que aplicarse el mismo estándar, y eso tendremos que regularlo constitucionalmente.
Lo importante, Honorable Sala -y aprovechando que está el Ejecutivo-, es ver cómo opera esto -Ministra, no hemos participado directamente en la Comisión; por su intermedio, Presidente- respecto de otros cargos de designación presidencial. Porque creo que en los directorios de las empresas estatales, en los altos cargos de la Administración y en un conjunto de designaciones también debiéramos tener el mismo estándar.
Quisiera saber si la Ministra nos podría ilustrar sobre ello.
Si está consignado dentro el proyecto, Ministra -por su intermedio, Presidente-, bienvenido sea, pero, si no, habría que aprovechar este impulso.
Estamos haciendo una buena ley y abordando un tema de fondo, que es terminar con esta impunidad. Pero creo que lo peor es cuando... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... quedan forados en los cuales hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que terminan exentos.
Entonces, deseo saber, Ministra, si nos puede ayudar en eso. Como vamos a hacer la regulación constitucional, podríamos ver lo relativo a las altas designaciones principalmente, a las cuales estoy haciendo referencia: directorios, ministros, subsecretarios, directores nacionales y cargos de alta dirección. Y también quisiera saber, en lo que respecta a la Alta Dirección Pública, así como hay revisión de decenas de antecedentes, si lo que estamos analizando fue consignado como un elemento de postulación, de idoneidad para el cargo, de cumplimiento de requisitos.
Si ello está consignado acá, perfecto, o bien lo podemos incluir en la reforma posterior.
Solo eso, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Perfecto.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
A continuación, se va a dar una cuenta agregada.
Tiene la palabra el Prosecretario.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Gracias, Presidente.
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Mensaje de S.E. el Presidente de la República
Con el que hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de reforma constitucional que sustituye el artículo 66 de la Carta Fundamental, en relación con los quorums necesarios para la aprobación, modificación o derogación de las normas legales que se indican (Boletines Nos 15.188-07 y 15.207-07, refundidos).
--Se toma conocimiento de la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se procederá a abrir la votación respecto del proyecto.
La señora PROVOSTE.-
¡Respetando los tiempos!
El señor ELIZALDE (Presidente)-. Se solicita que sea respetando los tiempos.
Bien.
Se abre la votación, respetando los tiempos.
(Durante la votación).
Tiene la palabra el Senador Kast, y después, la Senadora Pascual.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Primero, quiero hacer mención a la solicitud que se formuló hace un rato.
Yo encantado que la Subsecretaria Macarena Lobos pueda acompañarnos en este proyecto de ley. No tengo ningún problema en ello y en dar mi autorización -por eso di la unanimidad-; lo que sí le pediría a ella, que está aquí presente, que también la Segprés se hiciera parte en el proyecto de usurpaciones.
La verdad es que me parece una vergüenza que la Segprés no se haya hecho parte en ninguna discusión del proyecto de usurpaciones desde que partimos; tampoco lo hizo el Ministro Jackson. Así que creo que el Ejecutivo tiene algo que decir. Lo han señalado, incluso, parlamentarios de Gobierno. Me parece fantástico que estén aquí hoy día, pero pediría que también asistan cuando se discuta el proyecto de usurpaciones.
Ahora, refiriéndome a este proyecto de ley -y felicito a la Ministra aquí presente; en verdad, sostuvimos una sesión intensa ayer en la Comisión de Hacienda-, su texto habla de una continuidad y de una política de Estado que se viene a hacer cargo de un flagelo muy potente en Chile, y de un nivel de impacto tremendo.
Yo quisiera, colegas, que dimensionemos por un minuto la cantidad de recursos que no llegan a los niños en nuestro país producto de que las pensiones de alimentos no se pagan. Estamos hablando de más de 900 millones de dólares. Y sabemos que es un problema histórico, que se arrastra por mucho tiempo.
Y además de felicitar a la Ministra de la Mujer, que nos acompaña, quiero felicitar también a la anterior titular de dicha Cartera, Mónica Zalaquett, quien generó una mesa de trabajo donde participamos muchos de los que estamos acá. Y ahí se pudo establecer por primera vez el famoso o popularmente conocido como "Dicom" de los deudores de pensiones de alimentos.
Antiguamente salía gratis no pagar las pensiones de alimentos, nadie sabía y muchas veces no había cómo perseguir a los morosos. De hecho, este proyecto de ley es muy importante porque constituye el segundo paso para reparar esa gran injusticia, no solamente podemos saber quién no paga, sino que ahora los jueces y la justicia podrán ir detrás de ese dinero para que las madres no tengan que actuar como investigadores privados que deban perseguir la ruta del deudor, sin ninguna herramienta.
Es una modernización tremenda de la política social en Chile, y hace justicia.
Y la inhabilidad de la que hoy día se habla sería muy importante que fuera para todos; creo que el día de mañana se debiera extender. Y ojalá que muchos se sumen a un proyecto de ley que estamos preparando. No quisimos entorpecer el actual y por lo mismo ayer lo aprobamos con celeridad. Pero todo funcionario público debiera cumplir con el mismo estándar.
Un funcionario público cuenta por naturaleza con estabilidad en materia de recursos económicos. Ya lo vivimos recién con la pandemia: el único segmento que no vio afectados sus ingresos fue el sector público. Por lo tanto, resulta fundamental que el estándar propuesto, Ministra -por su intermedio, Presidente-, el día de mañana se haga extensivo a todos los funcionarios del Estado.
Señor Presidente, no puede ser el nivel de insensibilidad que hemos visto en la gran mayoría de los padres. Porque, como bien decía la Senadora Paulina Núñez, nueve de cada diez personas que deben pensión de alimentos son hombres, y solo uno, mujer.
Por eso, me alegra que estemos avanzando en la materia y que haya un consenso transversal. Esta política pública, que se hizo con mucha seriedad y celeridad, tendrá un impacto brutal, muy superior a muchas otras políticas públicas que tal vez vemos semana a semana. Realmente va a permitir progresar y hacer justicia.
Y espero que usted, Ministra, cuando presentemos el proyecto de ley que quiere extender estas inhabilidades a los funcionarios públicos en general, también nos pueda apoyar con la urgencia y la celeridad que vimos ayer en la Comisión de Hacienda.
Voto a favor. Y felicito al Gobierno por avanzar en una materia tan importante y de manera tan contundente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
El tiempo de intervención son cinco minutos, porque estamos votando en general y en particular a la vez.
Tiene la palabra la Senadora Pascual.
La señora PASCUAL.-
Gracias, Presidente.
Quiero partir saludando a la Ministra Antonia Orellana, al Ministro Giorgio Jackson, a la Subsecretaria Macarena Lobos, que se encuentran acá en la Sala; y por intermedio de la Ministra Orellana, también saludar al equipo de reformas legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género por el trabajo que hemos podido realizar.
Y muy especialmente quiero reconocer a las Senadoras y al Senador integrantes de la Comisión de Mujer e Igualdad de Género y a las asesoras y asesores de nuestros colegas que hicieron la labor de concordar los mejores tiempos y voluntades para poder avanzar, no solo lo más rápido posible, sino que con la mejor legislación y en el menor tiempo esperable.
El no cumplimiento del pago de pensiones de alimentos es un problema que vulnera los derechos y las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, y que violenta económicamente de forma masiva a las mujeres madres en nuestro país.
Las medidas de apremio contenidas en nuestras actuales legislaciones que se pueden solicitar cuando existe el incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos no han sido eficaces para exigir la liquidación efectiva de esta obligación.
Según la historia de la ley N° 21.389, que se encuentra en la página web del propio Congreso Nacional, a propósito del establecimiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos se planteó que, de acuerdo a la información proporcionada por el Poder Judicial, ya en diciembre del año 2020 se decretaron, en más de 360 mil causas de alimentos, medidas cautelares que ordenaban retener el 10 por ciento de los fondos previsionales en caso de deudores morosos, lo que da cuenta del importante número de pensiones que son impagas en nuestro país.
Además, se debe relevar que producto de la pandemia y del debate sobre los retiros del 10 por ciento de los fondos de pensiones se reveló que la crisis también tenía un claro rostro de mujer. En los juicios ejecutivos de cobros de pensiones de alimentos, nueve de cada diez demandantes eran mujeres. Por lo tanto, este fenómeno afecta mayoritariamente a las familias que ellas encabezan.
Entonces, es posible señalar que en nuestro país se ha instalado una cultura del incumplimiento, una cultura del no pago de pensiones de alimentos, mayoritariamente por parte de los padres respecto de sus hijos o hijas.
Las razones que explican el no pago de pensiones de alimentos, en primer lugar, son que la deuda alimenticia es fácilmente eludible en el tiempo, ya que el procedimiento para exigir su cumplimiento es bastante burocrático: la mujer madre de familia debe probar ante el tribunal que no se realizó el depósito de la pensión en la libreta de ahorro abierta. Además, por cada incumplimiento se debe realizar el mismo proceso, la mayoría de las veces sin asistencia letrada. Por ello, frente a esta situación, muchas mujeres terminan desistiendo de exigir el cumplimiento de la pensión de alimentos que se les debe dar a sus hijas y a sus hijos.
Existe, por ende, una sensación de impunidad.
Si bien ya existe el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos como ley, y que entra en vigencia en noviembre de 2022, se ha evidenciado que incluso habiendo leyes que posibilitaron el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, se generaron problemas para que los alimentarios y sus madres no pudieran cobrar ese cargo.
Así lo escuchamos en audiencias con organizaciones de mujeres en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, como la red organizada de mujeres Indignadas con AFP Provida, porque dicha institución no les ha pagado hasta el día de hoy lo que les correspondía por esos retiros.
La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, además de lo que ya se ha podido establecer en materia de explicación de los procedimientos, pudo generar otras modificaciones; por ejemplo, la declaración de inadmisibilidad de la demanda de rebaja o cese de pensión en el caso de que el deudor esté inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, salvo que existan antecedentes justificados que acrediten la solicitud.
Asimismo, dispone la consideración por el tribunal para que, al fijar una pensión de alimentos, establezca la tasación del trabajo de cuidado para la sobrevivencia del alimentario o alimentaria, reconociéndolo como una labor asociada a la responsabilidad parental.
Elimina también la histórica discriminación de base que se estableció en las pensiones según la posición social del niño, niña o adolescente, adaptándose a los tiempos actuales de forma que los alimentos deban habilitar al alimentado a subsistir en forma adecuada, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, niña o adolescente.
Además, aumentó la edad desde que es posible para el alimentario o alimentaria ejercer las acciones ejecutivas de cobro por deudas de pensiones de alimentos, mediante una modificación en el artículo 19 bis de la ley N° 14.908, que sustituye el guarismo 18 por 21 años.
Protege también los recursos de las personas vulnerables, tales como quienes poseen como único medio de subsistencia... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Un minuto para continuar, perdón.
Que poseen como único medio de subsistencia la Pensión Básica Solidaria, la Pensión Garantizada Universal o la Pensión de Invalidez, para efectos del cobro de pensiones de alimentos con fondos de capitalización individual. Y, a su vez, establece como nueva causal de injuria atroz el no haber contribuido al pago de pensiones de los alimentantes correspondientes.
Finalmente, solo quiero plantear que en esta legislación hemos escuchado a muchas organizaciones. En el nombre de ellas, de Resistencia Materna; de Indignadas con AFP Provida; de Comunidad Mujer; de la Corporación Humanas; de la Asociación de Magistradas (Machi); de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, e incluso del informe de las observaciones formuladas por la Corte Suprema con respecto al proyecto del Ejecutivo y a la moción de algunas Senadoras, es que hemos mejorado esta legislación y estamos convencidos y convencidas de que es una buena noticia, que nos pone en la situación de saldar la deuda que tiene Chile y la democracia con las mujeres, con sus hijos, con sus hijas, en materia de un pago efectivo, de un pago permanente de las pensiones de alimentos, de modo que no tengan que seguir viviendo la angustia que experimentan mes a mes al no contar con qué sobrevivir.
Muchas gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este es un proyecto largamente esperado.
Sin lugar a dudas, era absolutamente necesario ver cómo podíamos agilizar el pago de pensiones de alimentos. Y, por otra parte, ver cómo era posible poder contar con un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
A diferencia de lo que planteó uno de los Senadores de mi coalición, yo soy absolutamente partidario de que esas inhabilidades -de hecho, presenté un proyecto sobre las inhabilidades para que puedan ejercer cargos públicos los deudores de pensiones de alimentos- queden consagradas en la ley. Y también debiera modificarse nuestra Carta Fundamental, porque un deudor de alimentos no puede ser ni Presidente de la República, ni parlamentario, ni menos -ya lo hemos hablado- aquel que ejerza violencia contra la mujer o violencia de género.
Sin lugar a dudas, hay que avanzar en esa dirección de una forma clara y categórica.
Del mismo modo, en su momento estuvimos tramitando un proyecto que estuvo en la Comisión de Constitución durante largo tiempo, justamente para agilizar el pago de pensiones de alimentos. Lo consideramos determinante.
En tal sentido, creemos que el presente proyecto está bien orientado, va en la dirección correcta y, por supuesto, lo voy a apoyar.
He dicho, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora María Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL.-
Gracias, Presidente.
Primero que todo, quiero saludar esta instancia.
Como aquí se ha planteado, cuando se trata de soluciones que van en directo beneficio y con el claro objetivo de generar equilibrios sociales, económicos entre hombres y mujeres, llegamos siempre tarde.
En la mañana estuvimos con el papá de Antonia Barra y, a propósito de su caso tan doloroso, decíamos que tenemos una sociedad que no solo permite este tipo de desigualdades, sino que tampoco se hace cargo de dar una solución efectiva y justa, o por lo menos propender a ella.
Y esta instancia en el Senado habla de aquello que cala en lo profundo de las necesidades de nuestros niños y niñas y que este proyecto viene, de cierta manera, a solucionar. Digo "de cierta manera" porque uno quisiera una solución definitiva a propósito del contexto económico y social de nuestra historia.
A mí no me cabe la menor duda de que el Presidente Boric, que nuestra Ministra Antonia Orellana y que nosotros mismos en el Senado queremos que eso ocurra, pero lamentablemente el contexto actual no otorga esa posibilidad.
Pero con mucha esperanza vemos que aquí hay un paso bien importante respecto a ese universo de millones de mujeres que hoy día esperan una solución a una necesidad tan sentida y tan humana como es poder sobrellevar la mantención de sus niños y niñas.
Las cifras son brutales: del cien por ciento de las demandas presentadas por alimentos, solo para un 15 por ciento llega finalmente el día en que pueden, de cierta manera, pagarse. Y eso no nos puede dejar indiferentes, ni podemos seguir soportándolo.
Yo valoro nuevamente que tengamos aquí un proyecto que concita la voluntad política de avanzar, a propósito de lo ocurrido, en la consecución de muchos objetivos: generar la posibilidad del registro de deudores; aportar recursos para que el sistema judicial se agilice en cuanto a la gestión, y propender a una búsqueda efectiva para que se llegue a saldar una deuda no solo ética, sino que también objetiva respecto a la manutención y mantención.
De ese contexto este proyecto se hace cargo.
Se hace cargo de la evidencia de que debe haber una coordinación efectiva con las entidades financieras para llegar al patrimonio o encontrar la posibilidad de cumplir con el monto adeudado.
A este respecto, muchas veces las propias mujeres, tal vez con nulos recursos, tenían que hacer de investigadoras privadas, acudir a los lugares de trabajo; asumir desde la notificación hasta llegar al tribunal, en un peregrinaje, como decíamos acá, que no terminaba nunca.
Entonces, aquí se avanza efectivamente en poder generar un diagnóstico económico, mediante el cual no habrá más vulneración.
Me señalaba una colega hace un rato: "Yo viví aquello, y cuando conseguí que en la empresa me pudieran pagar una parte del sueldo, el señor dejó de trabajar". Y lo mismo les pasa a miles de mujeres: se cambian de trabajo para no cumplir con una obligación no solo ética y moral, sino humana.
Considero que el presente proyecto significa un avance. Y no me cabe la menor duda de que nosotros debemos ser capaces de llegar a una solución definitiva, donde -como decía la Senadora Allende- el Estado genere un fondo que permita saldar aquellas deudas cuando no haya nadie más que pudiera pagarlas, y así se podría resolver, mientras tanto, una cuestión que tiene que ver con la mantención de los niños y niñas.
Por cierto, detrás hay una condicionante que también se garantizó en este proyecto, que fue materia de discusión y que se generó en una indicación que yo misma inicié, que se refiere a la posibilidad incluso de acudir a todos los fondos de la cuenta de capitalización individual a efecto de poder generar ahí, como ultima
ratio de no existir otra posibilidad, el pago completo de la deuda. Entendimos que una razón previsional indicaba que se deben mantener y garantizar fondos para la futura pensión, sobre todo para aquellos que están próximos a la edad de jubilar. Y por ese motivo se especifican quince años y entre quince y treinta años para la determinación del porcentaje especificado en el texto.
Pero además hay un elemento que es bien decidor y que tiene que ver con el pago oportuno... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
¿Me permite?
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Dispone de otro minuto.
La señora CARVAJAL.-
Presidenta, gracias.
Decía que tiene que ver con el pago oportuno, porque muchas veces, como explicaba un profesor en la escuela de derecho: "Es bien bonito, a lo mejor, tener una buena sentencia, pero si no se puede ejecutar no nos sirve de nada". Es decir, cuando hay una sentencia judicial que ordena el pago a una entidad, por ejemplo a una AFP, y esta no concurre a saldarla en tiempo oportuno, ahora en el proyecto se establece que tendrá la obligación de cumplir solidariamente con el monto que correspondería pagar según lo que resuelve la sentencia.
Por tanto, hay un avance enorme.
Yo quiero agradecer la disposición de nuestro Ejecutivo, del Presidente de la República, de la Ministra de la Mujer y de sus asesores, quienes hicieron la presentación de una manera muy brillante; del mismo modo a nuestra Presidenta de la Comisión.
Y, por cierto, mi llamado es también a establecer, como decía el Senador Coloma, la posibilidad de que generemos inhabilidades, porque es imposible entender que hayamos tenido candidatos, incluso presidenciales... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... con deudas de alimentos.
Solo quiero señalar que, como se expresó aquí, si bien podríamos abrir un catálogo de inhabilidades, aquello tiene que ser la consecuencia de estar en el Registro. Pero nos faltó algo que quisiéramos agregar: si se genera ese catálogo para aquellos que adeudan pensiones de alimentos y se encuentren incorporados en el Registro, sean hombres o mujeres, para quienes ejerzan un cargo público debiera producir como efecto que no siguieran manteniéndolo.
Valoro el presente proyecto, debemos avanzar mucho más, y agradezco esta instancia, que implica llevarles una solución a miles de mujeres que ven aquí hoy día que este Senado de verdad se pone a la altura de las necesidades y las urgencias que Chile y especialmente nuestras niñas y niños necesitan.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidente.
Deseo saludar a los representantes del Ejecutivo que nos acompañan: la Ministra de la Mujer, el Ministro Secretario General de la Presidencia y la Subsecretaria de la Segprés.
El proyecto de ley que discutimos es una fusión de un mensaje del Presidente de la República que modifica la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, para permitir la retención que se indica en caso de deudas alimentarias; pero también es la discusión de un proyecto de autoría de las Senadoras Isabel Allende, Paulina Núñez, Claudia Pascual, María Loreto Carvajal y quien habla.
Los retiros de fondos de las AFP aprobados en su momento por el Congreso a consecuencia de la compleja situación derivada de la pandemia del COVID desnudaron un grave y doloroso problema de nuestra sociedad, como es el incumplimiento generalizado en el pago de la obligación de pensiones de alimentos por parte de muchos padres, quienes les niegan el derecho a la alimentación a sus hijos e hijas.
Por esa razón es que en abril de este año ingresamos el proyecto recién señalado, que permite la retención de los dineros de las AFP para deudas graves y reiteradas de pensiones alimenticias, idea que -reitero- fue recogida por el Gobierno, con lo cual se perfeccionaron y complementaron las disposiciones sobre procedimiento para el pago de estas obligaciones.
La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género votó durante el mes de julio el proyecto en particular, subsanando así varias deficiencias del texto y proponiendo, entre otras cosas, la entrega de mayores atribuciones a las autoridades reguladoras del sistema bancario, con el propósito de optimizar y encontrar los fondos que mantienen los deudores, además de agilizar el pago de las pensiones de alimentos, y de esta forma ayudar a la mantención de niños, niñas y adolescentes. El hecho de proteger a las madres y a los niños y niñas debe ser una prioridad del Estado.
El problema es urgente. Y esta es una solución para miles de niños y niñas que actualmente se encuentran desprotegidos. Según las cifras publicadas por el regulador, hasta abril de este año tres de los retiros de fondos de pensiones dieron como resultado que los tribunales de familia autorizaron 626.848 liquidaciones de pensiones de alimentos, por un promedio de más de 1.400.000 pesos.
Nuevamente los datos mostraron que el programa de pago diseñado en ese momento fue efectivo, ya que más del 93 por ciento de las órdenes de pago generadas por dichas normas estaban al día para esa fecha.
La inclusión de mecanismos para hacer más efectiva la persecución a los deudores de alimentos constituye también un cumplimiento de las obligaciones del Estado chileno asumidas al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño.
En concreto, el artículo 27.4 de dicho cuerpo normativo obliga al progenitor o adulto responsable a promover un nivel de vida adecuado para el desarrollo del niño mediante el pago de alimentos, y establece que los Estados tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el pago. Asimismo, el artículo 18 de la Convención obliga al Estado a garantizar el principio de igualdad de responsabilidades familiares.
Por otro lado, el establecimiento de mecanismos para facilitar el cobro de las deudas alimentarias de los hijos es obligatorio para el Estado bajo el artículo 2 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que establece el deber de tomar las medidas adecuadas para eliminar todas las formas de discriminación que hoy día existen.
Por eso nos parece que por orientarse a un mecanismo para hacer realidad la autonomía económica de las mujeres, especialmente de las jefas de hogar de nuestro país, esta iniciativa va en la dirección correcta.
Junto a las Senadoras Pascual, Allende y Carvajal ingresamos una serie de indicaciones al proyecto de ley, a fin de incorporar puntos que creemos debían quedar en esta iniciativa, entre otros, imponer el secreto de la orden de retención que el tribunal mandata a los bancos o instituciones financieras con el objeto de que el deudor no tenga una comunicación que le permita transferir u ocultar fondos.
A la vez, buscamos dejar claro que las instituciones financieras, además de informar respecto de los fondos que se encuentran en las cuentas e instrumentos financieros, se constituyan como agentes retenedoras de los mismos, a fin de que los dineros queden a debido resguardo a la espera de la liquidación.
Finalmente, se hace necesario una normativa que obligue a las instituciones a realizar la retención, protegiendo al beneficiario de la posibilidad de que una vez establecidos los fondos que se utilizarán para saldar las deudas, estas no sean pagadas. Por eso indicamos e incluimos la responsabilidad solidaria para quien deba realizar dicha retención.
También determinamos que, una vez pagada la deuda alimentaria a través de este nuevo procedimiento, exista la posibilidad para el deudor de salir del registro. Propusimos establecer una nueva inhabilidad, a la cual ya nos hemos referido largamente antes de la discusión de este proyecto de ley.
Finalmente, señor Presidente -le pido treinta segundos-, quiero valorar y reconocer el esfuerzo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, porque se involucraron de manera activa en este proyecto, presentando un mensaje, abriendo una mesa para llegar a un acuerdo con las Senadoras de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género. Y también, por cierto, quiero agradecer a los miembros de esta Comisión, que hoy preside la Senadora Claudia Pascual.
Esto es una ayuda, pero no es una solución definitiva al problema de la falta de cumplimiento de las pensiones de alimentos. El tener que acudir en última instancia a los fondos de pensiones como una medida excepcional es una propuesta que ayuda, pero no puede ser la regla. Hay que mejorar las medidas de apremio y buscar la creación de un fondo público que sea eficiente y efectivo, para que el Estado pague a los beneficiarios (niños, niñas y adolescentes), y luego sea él quien cobre a los deudores, con todo el poder que tiene el Fisco para buscar el cumplimiento de las obligaciones financieras y que muchas mujeres no pueden ejercer.
Por consiguiente, invito a aprobar el proyecto de ley, reiterando mis felicitaciones.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Sanhueza.
El señor SANHUEZA.-
Gracias, Presidente.
Sin duda que este es un día importante para numerosas mujeres que por muchos años han tenido que peregrinar por los tribunales pidiendo el pago de la pensión de alimentos para la manutención de sus hijas, hijos y adolescentes; pero también debemos ser claros en que este no es un proyecto que solucione el problema de fondo. De hecho, hay muchos deudores de pensiones de alimentos que no están bancarizados, que no tienen ahorros ni tampoco recursos en sus fondos de pensiones y que quedan fuera de este proyecto de ley. Pero sí es un avance importante en cuanto a las señales que debemos dar a nuestra sociedad en relación con algo que se convirtió en normal. El hecho de que el 84 por ciento de las pensiones alimenticias no se paguen en forma reiterada quiere decir que ya hay un modus operandi de cada uno de esos deudores de pensiones alimenticias que hace que finalmente renieguen del pago de esa pensión.
Este cambio cultural que tenemos que ir generando lo hemos ido trabajando en este Congreso desde el Gobierno pasado, en que me tocó a mí ser parte de la Comisión de Familia en la Cámara de Diputados, donde nacen varias iniciativas que van en la búsqueda efectiva de lograr el pago de la pensión alimenticia; pero no solamente lograr el pago, sino que este sea oportuno.
En la Comisión Especial de la Mujer, que me toca integrar en el Senado, trabajamos arduamente. Y aprovecho la oportunidad de agradecerle a la Ministra Orellana el trabajo que realizó, así como a todo su equipo y a todos los asesores de los parlamentarios que trabajaron no solamente en los horarios de las Comisiones, sino en reuniones periódicas para lograr consensuar y avanzar de manera más rápida, porque es necesario que este proyecto de ley sea despachado con la celeridad que requiere, ya que es una urgencia de país.
En ese sentido, tengo que reconocer que en un principio había partes del proyecto con las cuales no estaba de acuerdo, relativas al retiro de los fondos de pensiones. Lo manifesté en la Comisión. Después de varias reuniones con el Presidente de mi partido y colega Senador Javier Macaya, llegamos a la convicción de que esta necesidad y esta urgencia no podían permitirnos no tocar esos recursos.
¿Por qué digo esto? Porque, finalmente, cuando se ocupan los ahorros de los fondos de pensiones a la larga termina siendo el Estado quien subvenciona ese pago, porque termina entregándole a lo menos una pensión básica, hoy día Pensión Garantizada Universal, a quien un día fue deudor.
Pero la urgencia es hoy, y esta es una respuesta a la demanda de muchas mujeres con las que me tocó conversar en la Región de Ñuble, que represento, las que viven casos dramáticos y sienten frustración y rabia al ver a través de las redes sociales que la persona que no paga las pensiones alimenticias está de vacaciones disfrutando los recursos que no les entrega a sus hijos. Por eso era importante que avanzáramos con prontitud.
También nos hicimos cargo del tema de las inhabilidades, en que precisamente presentamos un proyecto para que no aparecieran los parlamentarios o el Presidente de la República con un privilegio con respecto al resto de los ciudadanos que postulan a otros cargos.
Ya conversamos con la Ministra para darle la urgencia necesaria a ese proyecto, y en su minuto el Presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, manifestó su inquietud sobre que hubiese igualdad para todos los postulantes a cargos de elección popular.
Pero comparto lo que plantearon en su momento los Senadores Kast y De Urresti en cuanto a que esto debemos ampliarlo a otras funciones del Estado. Por ejemplo, cuando el gobierno de turno presenta y asigna cargos de directores, porque, como sociedad, no podemos permitir que personas que no cumplen con el pago de su pensión alimenticia ocupen tales cargos.
Quiero agradecer el espíritu republicano que existió en la Comisión. Esto demuestra claramente que cuando ponemos el interés en las necesidades de los ciudadanos podemos trabajar unidos para sacar adelante un proyecto de esta envergadura.
Así que le agradezco nuevamente a la Ministra, a su equipo y a todos los que participaron para sacar adelante este proyecto.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Juan Castro.
El señor CASTRO (don Juan).-
Gracias, Presidente.
La verdad es que muchas veces he sentido dolor cuando veo a madres que quedan abandonadas con sus hijos. Eso quedó en evidencia a raíz de los retiros del 10 por ciento. Pero también uno entiende que el Estado de Chile ha estado ausente de proteger a esas madres. Y lo digo porque muchas veces funcionarios públicos no pagan las pensiones alimenticias: hay vendedoras ambulantes que necesitan obtener autorizaciones del Servicio de Impuestos Internos o de las municipalidades, pero los funcionarios de estas entidades no pagan las pensiones alimenticias; el Servicio de Salud muchas veces autoriza a personas que no pagan pensiones alimenticias; el Estado de Chile entrega subsidios a muchos hombres que no pagan pensiones alimenticias. Por lo tanto, creo que el Estado debe proteger a esas madres y a esos hijos.
Lo digo porque también he presentado proyectos referentes a este tema, así como una indicación para los primeros retiros del 10 por ciento que establecía que se debían retener parte de esos recursos para pagar las pensiones alimenticias.
Y me duele el día de hoy porque, si bien es cierto uno valora que el Gobierno se haga presente con las mociones parlamentarias para sacar adelante esta iniciativa, me habría encantado que nos hubiesen dado la oportunidad a los Senadores para presentar indicaciones y haberla mejorado. Porque no basta con sacarla con rapidez, sino que se requiere contar con un instrumento que sea realmente efectivo para que esas madres y esos niños reciban los recursos que les corresponden, colocando todos los candados necesarios a los hombres que han tenido la irresponsabilidad de no hacerse cargo de sus hijos.
Por eso siento ese pequeño dolor, Presidente.
He dicho.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidente.
Primero que todo, saludo, por su intermedio, a los Ministros y a la Subsecretaria que nos acompañan el día de hoy en la discusión de una ley que evidentemente no quisiéramos estar dictando.
Resulta increíble, ¿verdad?, que mediante este mecanismo tengamos que imponer obligaciones en un tema tan básico como el de la mantención económica para una familia porque un padre -desgraciadamente, en su inmensa mayoría- no cumple con un deber tan básico y elemental como el pago de la pensión de alimentos.
Durante mucho tiempo también se analizó y debatió el tema de las inhabilidades. ¿Por qué no debería existir una inhabilidad si una persona no cumple con un deber humano tan básico como es la corresponsabilidad que se tiene con un hijo? ¿Cómo le vamos a pedir a esa persona que cumpla con las responsabilidades para con la ciudadanía si quiere cumplir funciones de naturaleza pública o de representación popular? Evidentemente que la conducta humana que conlleva eso lo inhabilita per se.
Esta ley de alimentos, que analizábamos recién con el Senador Moreira y su equipo de asesores, comenzó con la expectativa de que los padres cumplirían de buena fe sus obligaciones; pero los hechos demostraron que esta presunción desgraciadamente estaba equivocada. Estos deudores necesitan acciones perentorias que los obliguen a pagar por una u otra vía.
Durante el Gobierno del ex Presidente Piñera dictamos la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, que estableció una serie de obligaciones, exigencias e incluso varias otras medidas, como la retención en la devolución de impuestos, la retención de parte de fondos de créditos bancarios y otros, y aun así no ha sido suficiente para resolver el problema de fondo.
Todo padre debe colaborar a la mantención económica de sus hijos y no solo porque la ley lo obliga, sino porque, evidentemente, es un deber absolutamente moral. No podemos someter a las madres, a las mujeres, al sufrimiento, al calvario humano que significa perseguir por la vía judicial, con todo lo que eso conlleva, el pago de una deuda vencida producto de una situación tan humana como es el deber de mantención de los propios hijos.
En ese contexto, hoy se nos presenta esta nueva alternativa, que pone al juez o jueza de familia en la obligación de perseguir el patrimonio financiero del deudor, incluyendo, como corolario, la posibilidad de embargar fondos acumulados en las cuentas de ahorro individual de las AFP. Aquí también se generó un amplio debate y, si me preguntan a mí, creo que el Estado debe echar mano a cualquier mecanismo que en definitiva permita resarcir las deudas que un padre tiene con sus hijos, sea del fondo que sea, aun cuando en la discusión de esta iniciativa se resguardaban estos ahorros. ¿Para la jubilación de quién? Del causante de la situación impaga de pensiones alimenticias.
Es raro, en realidad.
Por eso, me parece absolutamente razonable que esto se manifieste de esta manera.
Por lo tanto, el proyecto busca que el juez o jueza de familia tenga un rol preponderante al otorgarle amplias atribuciones para obtener la información necesaria del sistema financiero, para evitar la ocultación de patrimonio o, incluso, la posibilidad de obtener medidas de embargos sobre bienes muebles o inmuebles.
Los tribunales dicen que el 84 por ciento de las pensiones en nuestro país está impago. Y eso significa que hay miles de niños, niñas y adolescentes que muchas veces, por la irresponsabilidad de su padre, no pueden desarrollar una condición de vida distinta y se ven limitados, sin duda, en sus oportunidades. ¿Y quiénes son los más afectados? Precisamente los sectores más vulnerables, las personas que viven una condición social más precaria.
Quiero felicitar la iniciativa del mensaje que presentó el Gobierno para corregir y mejorar la moción, y también a las parlamentarias que presentaron la moción anterior, porque creo que evidentemente esta iniciativa debe ser aprobada.
Personalmente, voto a favor, con el mayor entusiasmo posible.
Muchas gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Presidente, voy a referirme a dos temas especiales con relación a este proyecto.
Primero, quiero volver a las inhabilidades, porque, desde mi perspectiva, este asunto debió haber quedado establecido en una reforma constitucional que abordara todos los casos en forma ordenada. Y fíjese cómo quedó al final, porque se intercaló: "No podrán ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros, alcaldes o concejales, quienes tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores".
Pero después no se derogó el inciso siguiente, que dice que si es elegido un gobernador regional, un consejero regional, un alcalde, además de un diputado, que tenga una inscripción vigente en dicho registro, en ese evento se deben autorizar los descuentos a la institución respectiva.
Yo creo que eso tiene que quedar redactado de otra manera, porque, si un deudor no puede ser candidato, ¿cómo después va a ser elegido? Tendría que ser un caso bien especial, o sea, que esa persona haya incumplido justo en los tres meses de campaña. Y como esto dura más de tres meses, ojalá hagamos las cosas para que sean entendibles y no complejas.
Lo deseable hubiese sido -ojalá la Cámara de Diputados lo plantee o el mismo Gobierno lo pueda reestudiar en dicha rama- proponer una redacción que tenga sentido, porque, desde mi perspectiva, esta limitación no debe incluirse en este proyecto, sino en una reforma constitucional que genere nuevos estándares para los cargos públicos, con todas estas situaciones explicadas, y no mediante la intercalación de una frase que después no guarde sentido con el inciso siguiente.
Eso nos ayuda a todos.
Dicho eso, Presidente, me parece que esta es una ley bien especial y yo comparto muchos de sus criterios.
Pero voy a ir un poco más allá.
Si no fuera porque la causa es demasiado justa, yo tendría hartas objeciones respecto de la forma de proceder. Lo que pasa es que estamos ante una situación dramática.
Yo entiendo que quedó, a los ojos de todos nosotros, con un dramatismo increíble, a propósito de los retiros de los fondos de pensiones, el no habernos dado cuenta de una realidad de la que sabíamos, pero que es distinto observar desde una perspectiva práctica. Y llega un punto en que uno dice: "¡No puede ser!". Y ese "no puede ser" obliga a que debamos tomar medidas muy excepcionales.
Ahora, tomadas las medidas excepcionales -y se lo pido a la Ministra y así lo conversamos con el equipo asesor-, hagamos un seguimiento bien preciso de cómo va funcionando el sistema, porque esto puede generar el embargo de cuentas bancarias, de instrumentos de inversión, de cuentas de ahorro, con un sistema muy ejecutivo, y también involucrarse en las cuentas de capitalización individual, que siempre habían sido, ahora que estamos hablando de reformas previsionales, algo bien importante para las jubilaciones del futuro. ¿Por qué lo digo? Porque lo que no puede generarse es que se produzca un desincentivo a cotizar.
A mí lo que me preocupa es que esto al final genere mucha informalidad, pues -y lo dijo la Ministra en su momento- hay gente que se cambiaba de AFP o, cuando tenía datos, dejaba de cotizar. Y esto puede ocurrir.
Entonces, tenemos que ver bien cómo evitamos eso, sobre todo en el caso de los hombres, que son más del 90 por ciento de los deudores, que pueden tener dos hijos dentro de su núcleo y otro al cual le debe pagar pensión. Si no paga, al final -dependerá de la edad, y me parece justo- puede retirar hasta el 90 por ciento de los fondos, en circunstancias de que los otros dos hijos eventualmente podrían quedar sin protección en cuanto a los recursos de las pensiones.
Entonces, es bien complejo. Lo quiero decir para hacer un seguimiento y no generar el efecto indeseado, que sería lo último que la misma Ministra hubiese querido plantear.
En todo caso, creo que debiéramos ir revisando bien cómo funciona este procedimiento especial, hacerle un seguimiento. Está bien que sea a prorrata de otras eventuales deudas, cosa que también se incorpora.
Sí quiero destacar un par de cosas que no se han planteado, a mi juicio, con toda la fuerza que corresponde.
Primero, que no sea posible pedir la rebaja o el cese de la pensión, a menos que sea un caso especialísimo y, por lo menos, se contabilice.
Pero lo más importante es el tema de los abuelos, porque aquí se resuelve otro problema que no tiene que ver con esto.
Como estaba la ley, eventualmente un abuelo o una abuela, que recibe una pensión mínima, podía sufrir, por este efecto, el embargo de sus fondos a fin de pagar lo que su hijo debe a su nieto. Y eso no parece justo en el caso de un adulto mayor que recibe una pensión especialmente baja.
Entonces, yo entendí al principio que aquí se incorporaban los abuelos. Pero me explicó bien la Ministra que lo que se hace es otra cosa: aprovechar este casco legal para armar un tema distinto.
Si me da un minuto más, Presidente... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Eso me parece bien. Por eso quería explicarlo.
Pero también genera un incentivo, que antes no existía, y en eso tiene razón, pues da la posibilidad de salir del Registro de Deudores si es que se paga. Porque eso no estaba contemplado y, al final, era como una cosa de nunca acabar, pues si uno agrega más sanciones y el deudor no puede salir estaremos en el peor de los mundos.
Me parece bien que el incentivo de pagar sea salir del Registro de Deudores y eso quedó expresamente contemplado, cosa que no estaba considerada.
En resumen, Presidente, insisto en que se deben revisar las inhabilidades para hacer una normativa estándar en la representación popular. Esta es una modificación legal que tenemos que ir revisando, que está bien inspirada, porque la causa es demasiado justa, ¡demasiado justa!, y lo quiero decir con todas sus letras. Lo que sí tenemos que buscar es que no genere incentivos equivocados y valorar lo que se ha hecho en defensa de los pensionados adultos mayores con respecto al límite de lo que se les puede extraer.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Karim Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Gracias, Presidente.
Se han mencionado los mecanismos que en su momento, cuando este proyecto sea ley, se darán a conocer. Por tanto, yo me quiero abocar más al fondo.
Cuando se habla del interés superior del niño, de la niña, estos temas sin duda son de relevancia y de importancia. ¡Cómo no lo va a ser que un niño no tenga para comer, para vestirse, para contar con un techo! Y estos abusos han sido históricos.
Hacer guaguas es de lo más rico y es refácil, pero la paternidad, la maternidad, es un compromiso mayor. Entonces, el mínimo a garantizar es el carácter económico.
Ni siquiera estamos hablando de la educación, del amor. Yo escuchaba a mis colegas y decía: "Claro, ni siquiera debiésemos estar legislando al respecto".
La naturaleza a veces es más sabia. A un animal no hay que obligarlo a que le dé alimento a su cachorro: lo hace por naturaleza. Entonces, me cuestiono lo que es el ser humano. ¿Cuánto de humano tiene en comparación con un animal? Y creo que muchas veces la raza humana es bastante más bestia en estos sentidos, pues ni siquiera debiésemos estar obligando a que se cumpla el mínimo, que es dar alimento a una hija o un hijo, con la violencia económica que eso implica.
Además, ir a un tribunal de familia es un trámite ¡del carajo!: ¡colapsado!, ¡que te atiendan!, ¡que te atiendan mal!, ¡que las caras!, ¡que ir de nuevo!, ¡que la mediación! Es una situación compleja.
Además, está la notificación: cómo encontrar a la persona que engaña al sistema, que declara menos plata.
Entonces, creo que avanzamos en una línea importante.
Quiero hacer un poco de memoria y de historia, porque soy autor de los retiros del 10 por ciento. Y cuando hicimos el segundo retiro se nos ocurrió colocar un artículo que tenía que ver con la subrogación, para que la madre, a favor del hijo, pudiese cobrar ese 10 por ciento.
Cuando los medios me preguntaban "Y bueno, ¿qué tiene de nuevo su retiro?", que era una locura en su momento, pero que salió. Y era la incorporación de la subrogación.
Por tanto, estoy contento, porque en ese momento abrimos una discusión que era tabú, que era difícil, y se plantearon mecanismos a través del Ministerio de Justicia.
Ahora valoro mucho lo que ha hecho el Ministerio de la Mujer, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género. Ha sido una tarea importante y relevante lo que han hecho.
Por tanto, siento satisfacción de que se haya iniciado con eso un camino que hoy día, de una manera u otra, estamos resolviendo acá, a lo menos en el tema económico.
Por eso valoro y llamo a que ojalá este proyecto sea votado a favor de manera unánime y avancemos en todo lo que se requiera para dar esa garantía.
Cuando se habla siempre del interés superior, acá estamos resolviendo en parte aquello.
He dicho, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Matías Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
Por supuesto, he votado a favor esta iniciativa.
Quiero saludar a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género y felicitarla por haber liderado este proyecto.
Luego de que aprobáramos los retiros de fondos previsionales, con toda la controversia que significaron en su momento, a mí siempre me han preguntado si alguna vez me arrepentí de haber puesto en tabla el primer y el segundo retiro del 10 por ciento en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y yo siempre respondo lo mismo: "Por el solo hecho de que se pudieron pagar 600 mil pensiones de alimentos adeudadas, ¡valió la pena!".
Ojalá, como se ha dicho, no hubiéramos tenido que recurrir a este mecanismo, pero finalmente fue la única herramienta efectiva para que se pudieran pagar las pensiones de alimentos adeudadas.
¡Más del 90 por ciento de las pensiones de alimentos adeudadas se pagaron gracias a este mecanismo!
Y ahí valoro el trabajo de la Superintendencia; el trabajo del Poder Judicial y de la Ministra Ana Gloria Chevesich, quien se tomó como un desafío personal implementar un sistema que fue engorroso, que fue complicado, pues estábamos en mitad de la pandemia; hubo que habilitar un link especial en la página del Poder Judicial.
Finalmente, como digo, se pagaron más de 600 mil pensiones de alimentos adeudadas después de un proceso de liquidación que era sumamente engorroso, particularmente en tribunales de regiones, donde no existía el suficiente personal ni la capacitación para llevar a cabo estas liquidaciones y pagar estas acreencias con el mecanismo de la subrogación, que de alguna manera estaba contemplado en la ley, pero que incorporamos en la reforma constitucional.
Decíamos en ese entonces: "Bueno, ¿por qué este mecanismo tiene que ser excepcional y no permanente?". Este proyecto de ley lo genera como mecanismo permanente. Eso me parece muy bien, además de una serie de otras herramientas -no quiero ser reiterativo- de las que ya se ha dado cuenta.
Felicito a la Presidenta de la Comisión de la Mujer, Senadora Claudia Pascual, por haber liderado también esta iniciativa.
Ahora tenemos un nuevo desafío, Presidente: sacar adelante otra iniciativa emblemática del Ministerio de la Mujer, que es el proyecto que establece el derecho a una vida libre de violencia.
Es por eso que después, Presidente, cuando se pueda, voy a pedirle que acordemos un plazo de indicaciones para ese proyecto. Ya hemos hablado con la asesora legislativa del Ministerio, Camila de la Maza, y el Ejecutivo está en condiciones de hacer una propuesta al proyecto, que ya fue aprobado en general en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género del Senado; la Sala acordó que trabajáramos en Comisiones unidas; ya hemos convenido con la Presidenta de esa Comisión hacerlo al regreso de la semana distrital, sobre la base del plazo de indicaciones -después le voy a pedir que lo podamos acordar-, para lo cual desde ya sugiero la semana distrital, la cuarta semana de agosto, y votemos en particular aquellos aspectos que la Sala determinó que sean de competencia de la Comisión de Constitución.
He dicho.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Muchas gracias, Presidente.
Siempre que discutimos una política pública o un proyecto de ley me parece importante que tenga perspectiva de género.
Y digo esto -no voy a ir muy atrás-, porque tenemos que hacernos cargo de que como Estado solo a partir de la década de los noventa asumimos un rol activo en términos de generar políticas que fueran más equitativas y que garantizaran igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Antes de eso, yo diría que fueron las mujeres, los movimientos de mujeres, quienes impulsaron cambios importantes, particularmente el derecho y reconocimiento de nuestra ciudadanía. Pero los cambios han sido lentos. Algunos colegas manifestaban por qué tenemos que estar legislando sobre esta materia. Bueno, ¡porque los derechos se han tenido que ganar uno a uno y con un lento paso del tiempo!
A mí me parece que una de las leyes más emblemáticas que se impulsaron durante los noventa fue la Ley de Filiación, en el año 1998, que terminó con la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos. Y es bien paradójico, porque este país celebra activamente el Día de la Madre, pero teníamos a las mujeres en categorías distintas, cosa que se expresaba también en cómo clasificábamos a sus hijos e hijas.
Ni siquiera el país hablaba de violencia intrafamiliar antes de los noventa; era un tema privado. A partir de 1997 comenzamos a legislar y obviamente, al siglo siguiente, ya estamos hablando de tipificar el femicidio con otro tipo de leyes que se han impulsado desde este espacio.
Digo esto porque muchos han reparado en cómo se monitorea y cómo se aplica esta futura ley. Y claramente yo comparto esa mirada, pues es algo que se tiene que hacer con todo el proceso legislativo, pero también creo que existe cierto sesgo de género en argumentos de esa naturaleza, toda vez que hay una suerte de temor al cambio cultural que implica una determinada legislación en esta materia.
El no pago de pensiones alimenticias es una forma de violencia de género que a mi juicio quedó evidenciada en el proceso de pandemia. ¡Los datos son brutales! Un 46 por ciento de las madres no vive con los padres de sus hijos e hijas; solamente un 35 por ciento de estos padres contribuye a la mantención de los hijos e hijas en común. Además, se estima que en los juicios ejecutivos de cobros de pensiones de alimentos nueve de cada diez demandantes son mujeres, y el 65 por ciento de las personas que no reciben la pensión de alimentos corresponde a la población de menores ingresos de nuestro país.
Legislamos para no seguir reproduciendo desigualdades. Eso es lo que ocurre al final del día.
Y yo diría que una de las cifras que más golpearon en pandemia fue aquella que reveló que un 84 por ciento de las pensiones se encontraba impago. Eso quedó en evidencia -también lo mencionaba el Senador Walker- y formó parte de lo que se trató de corregir con el primer retiro del 10 por ciento.
Pienso que con legislaciones de esta naturaleza lo que Chile hace es ponerse a la altura de los tratados internacionales con los cuales también tiene que cumplir, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Belém do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño, también ratificada en los noventa por nuestro país.
Por eso este proyecto, que nace de un mensaje presidencial y de una moción de las Senadoras Allende, Carvajal, Núñez, Pascual y Provoste, busca nuevas formas de garantizar el pago efectivo de alimentos. Y quiero reconocer el trabajo que ha hecho el Gobierno y la Comisión por sacarlo adelante.
Haremos un seguimiento sobre cómo funciona; pero claramente en estas materias, sobre todo en cambio cultural y en materia de equidad de género, lo importante es dar el primer paso, porque, si no, les aseguro que todavía estaríamos hablando de nuestro derecho a la educación y del acceso a nuestra ciudadanía.
Solo quiero destacar eso.
Esta iniciativa complementa la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, creando y fortaleciendo distintos mecanismos que permitan asegurar un pago efectivo de las pensiones de alimentos en Chile.
Con estos avances seguimos recorriendo un camino en materia de justicia, de dignidad, de equidad para niños, niñas y tantas mujeres que sufren una situación a mi juicio intolerable y, por lo mismo, debemos seguir avanzando para erradicarla.
Por eso, voto a favor.
He dicho.
Muchas gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.-
Gracias, Presidente.
Este proyecto, que es bien radical, se enmarca dentro de un esfuerzo que el Congreso y los sucesivos gobiernos han venido haciendo en los últimos años para corregir este problema, que quizá todos intuíamos como grande, pero cuya magnitud nadie tenía cuantificada hasta recién un par de años. Por supuesto, nos referimos a los impagos en deudas de pensiones alimenticias.
El primer paso fue crear el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esto lo impulsó el Gobierno del Presidente Piñera, junto con la entonces Ministra Mónica Zalaquett; llegó a buen puerto y ha sido importante.
Pero eso claramente no fue suficiente.
Yo recuerdo haber conversado con la ex Ministra Mónica Zalaquett y con la Ministra Antonia Orellana el tema de cómo encontrar procedimientos, cómo arreglar el proceso en tribunales para que efectivamente las mujeres pudiesen cobrar las pensiones de alimentos y todo ese trámite judicial no se transformara en un verdadero infierno, en un laberinto de malentendidos que finalmente no llegara a nada y que hiciera que buena parte de las mujeres que intentaban cobrar se terminara rindiendo.
Este proyecto se encadena al esfuerzo que estamos haciendo como país para darle viabilidad al cobro de pensiones alimenticias.
Y, como decía, esta es una iniciativa bien radical en sus propuestas. ¿Por qué radical? Porque, de alguna manera, pasa por encima de ciertos valores, principios o derechos que teníamos muy asentados en nuestra legislación.
Lo primero que hace es pasar por sobre la norma del decreto ley N° 3.500 que dice expresamente que los fondos de pensiones son inembargables, que no se pueden tocar pues su único propósito es contribuir a la pensión de vejez del trabajador respectivo.
¿Y qué ocurre con la plata que tengo en el banco, en un depósito a plazo o en un fondo mutuo? Eso siempre ha estado en el ámbito de la privacidad, de la protección de datos personales.
Este proyecto de ley, reitero, es bien radical, porque se enfrenta a esos dos principios que siempre hemos considerado: al de la inembargabilidad de los fondos que están en las AFP y al de la protección de los datos.
Por lo tanto, acá es legítimo preguntarse -y me imagino que así lo hizo la Comisión respectiva, y también la Ministra y el Gobierno-: frente a esta colisión de principios, ¿por qué optamos? ¿Optamos por la inembargabilidad de los fondos y por las pensiones?; ¿optamos por la protección de datos?, u ¿optamos por el derecho de los niños de ser alimentados?
Creo que la Comisión en este proyecto de ley optó por lo correcto. Probablemente, no hay algo más delicado que el deber de alimentación de los hijos. Por tanto, en esta conflictividad de principios, haber optado por los niños, en vez de los ahorros previsionales; haber optado por los niños, en vez de la protección de los datos personales, me parece completamente justificado.
Por eso voy a apoyar absolutamente lo que dice esta iniciativa.
Además, en cuanto a las inhabilidades, quiero aprovechar el momento para pedirles a la Ministra de la Mujer y al Ministro Secretario General de la Presidencia que tomen nota de lo que surgió en la discusión de este proyecto. Se planteó que quienes estén en el registro de deudores queden inhabilitados para ejercer cargos públicos, incluidos los de presidente de la república, senadores y diputados.
Pero ese proyecto ya existe. De hecho, son dos iniciativas (fueron suscritas por las Senadoras Allende, Sabat, Goic, Rincón, Provoste, quien habla), que están actualmente en la Comisión de Constitución del Senado. Entonces, si ustedes le pusieran "discusión inmediata", la verdad es que no costaría nada avanzar.
Habiendo recabado ese acuerdo del Ejecutivo, quiero decir nuevamente que la opción que se toma por el derecho de los niños a ser alimentados, en desmedro del ahorro previsional y de la protección de los datos personales del deudor, creo que es completamente justificada y la apoyo.
He dicho, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Insulza.
El señor INSULZA.-
Gracias, Presidente.
De manera muy breve, quiero manifestar mi voto favorable a este proyecto, que es una parte importante del combate contra la desigualdad en nuestro país. En efecto, influye mucho en la desigualdad entre distintas ciudadanas y ciudadanos la existencia de progenitores que de forma irresponsable y mezquina no pagan alimentos, y si lo hacen, es en virtud de un procedimiento que los fuerza a cumplir con algo tan básico y esencial como alimentar y vestir a sus hijos y a su familia.
Por lo tanto, considero necesario respaldar esta propuesta, que, como se acaba de decir -y me ahorra muchas palabras-, es un proyecto duro, fuerte, porque naturalmente se precisa la coacción para poder retener lo debido del patrimonio de los deudores, y para que no puedan transferir el dominio de bienes a terceros, asegurando que se cumpla y se ejecute en todo caso el pago de la pensión de alimentos.
Valoro también sustantivamente la sustitución de la expresión referida a subsistir "modestamente de un modo correspondiente a su posición social" del artículo 323 del Código Civil, ¡el viejo artículo 323!, que realmente es antiguo y, sobre todo, parece hablar de una sociedad muy desnivelada y alejada de las necesidades que tienen niños y niñas.
También valoro la inmediatez en los plazos para obtener información sobre los fondos de cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión, cuando aquellos sean habidos, y la procedencia de la medida cautelar de retención de dichos fondos.
Creo que este es un muy buen proyecto, Presidente, y felicito a sus autoras.
Me preocupa, sin embargo, cierto tema que planteaba el Senador Coloma. Es claro que no vamos a derramar lágrimas de cocodrilo por el hecho de que se hable siempre de "deudores", "autores", etcétera, y nunca de "las y los deudores", porque claramente el 90 por ciento de estos abusos se cometen en contra de mujeres. Pero prevengo que, cuando se trata de cargos públicos, hay que nombrarlos como tales: "gobernadores y gobernadoras", "alcaldes y alcaldesas", "concejalas y concejales". Ahí no deberíamos restringir el uso del género.
Ahora, esto me lleva a decir que es importante que estos proyectos salgan bien. Considero bueno que esta iniciativa se apruebe hoy; está bien. Pero me hubiera gustado revisar un poco su texto para corregir algunos de los asuntos que planteó el Senador Coloma, respecto de los cuales todos entendemos su explicación, aunque a veces no quedaron claros desde el punto de vista del texto de la ley.
En todo caso, Presidente, salvo que la Mesa decida o proponga algunas alternativas a ese respecto, yo voy a votar a favor.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Gracias, Presidente.
Hablar hacia el final de una discusión ahorra algunos conceptos.
Le preguntaba a la Ministra de la Mujer...
El señor MOREIRA.-
¡Y también al Ministro...!
El señor DE URRESTI.-
... sobre la necesidad de efectuar algunas precisiones.
Ministra, ojalá se legislen las inhabilidades a cargos de elección popular en toda la línea, pero también las relativas a cargos de designación. Y ahí el Consejo de Alta Dirección Pública jugará un rol indicativo: si algún candidato está en este registro, simplemente no califica. Y en cuando a los postulantes a cargos públicos que no pasen directamente por dicho organismo, que también sean evaluados.
Hay otros dos elementos que me preocupan y, si bien estamos en el primer trámite, los considero importantes para la discusión.
En cuanto al artículo 3°, inciso final, a propósito del pago de alimentos por los abuelos, se agrega, a continuación del término "Código Civil": "salvo que la única fuente de ingresos de éstos corresponda a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia". Creo que ahí también hay un delicado margen. Las pensiones en este país son paupérrimas. Cuando, producto de la actuación de un hijo irresponsable, se termina repitiendo en contra de los abuelos, también podemos estar simplemente trasladando un tremendo problema de inequidad. Cumpliendo el objetivo de perseguir el pago de una pensión por parte de los abuelos, podría establecerse en la discusión -no sé, Ministra- que, aparte de la pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, se consideren otras pensiones que son bastante menores.
En tercer lugar, Ministra, se podría precisar también alguna vista preferente de las causas en materia procesal. Al respecto, ha habido conversaciones con los gremios de juezas de familia. La situación de las audiencias, los procedimientos para determinar son extremadamente escabrosos y difíciles de calcular. Hay una infinidad de subterfugios que usan quienes no quieren pagar para prolongar su situación en extremo.
No encuentro la parte procesal. La Ministra podría ayudarnos a precisar, desde el punto de vista procesal, qué herramienta se tiene para los magistrados y magistradas a la hora de discutir un caso, lo cual considero relevante.
Y quiero referirme a algo que comentaba y alertaba -quiero ser sincero en esto- el Senador Coloma, en el sentido de que, producto de esta situación, ante la posibilidad de generarse retiros sobre los fondos previsionales, podría incurrirse perfectamente en un fraude procesal, mediante el cual las partes se pusieran de acuerdo para retirar dichos recursos, contando con la exención, que es de aproximadamente 40 por ciento. Sería un incentivo para cometer ese fraude procesal.
El magistrado no tiene las herramientas para poder determinar que las partes no conviven, que no viven juntas o que no exista una simulación.
Y este fraude procesal perfectamente puede tener excelentes utilidades. Estamos hablando de aproximadamente un 40 por ciento, que es el impuesto que se paga al retirar el APV (ahorro previsional voluntario).
Por eso, Ministra -por su intermedio, Presidente-, creo que sería importante determinar los elementos procesales. Si bien el tribunal va a decretar la retención, pago y transferencia de esos fondos previsionales a través de una sentencia fundada, habría que buscar alguna fórmula, como una declaración jurada o alguna corroboración de que efectivamente ya no conviven, aunque las partes podrían estar conviviendo, permanecer bajo un mismo techo, y perfectamente demandar de alimentos.
Me permito señalar esos cuatro elementos, al menos, como una referencia para mejorar esta iniciativa, que claramente de manera unánime va a ser respaldada. Pero, en su implementación, si cometemos esos errores, principalmente el último, relativo al fraude procesal y a no entregar herramientas procesales para evitarlo, o el de repetir las demandas en contra de los abuelos, perfectamente podríamos vernos complicados.
Presidente, sin perjuicio de votar absolutamente a favor, como lo va a hacer toda la bancada del Partido Socialista, le pido a la Ministra que consigne ese listado de elementos para hacer el seguimiento debido en el segundo trámite. Y si este proyecto vuelve en tercer trámite, se podrán hacer correcciones.
Espero que una buena idea y un buen avance en materia de sanciones a los "papitos corazón" no tengan estas perforaciones o vicios, que podrían perjudicar su correcta utilización.
Voto a favor.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a cerrar la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (38 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Elizalde, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Prohens, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Aprobada la reforma legal.
Pasa a la Cámara de Diputados.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Quiero pedir el acuerdo de la Sala para lo que voy a explicar a continuación.
Mañana vamos a votar la prórroga del estado de excepción constitucional. Se ingresó ya el oficio, que va a ser despachado por la Cámara de Diputados entre tres y cuatro de la tarde.
Pido el acuerdo de la Sala para que la sesión ordinaria de mañana, que está citada de 16 a 20, quede convocada de 16 a 19. De esta forma, conforme a las atribuciones que tengo como Presidente, podré citar a una sesión especial de 19 a 20, para votar el estado de excepción constitucional.
Si hubiera unanimidad, se citaría a sesión especial de 19 a 20. Si no la hubiera, igual haré uso de mi atribución y citaría de 20 en adelante.
Solicito el acuerdo de la Sala para acortar la sesión ordinaria de 16 a 19.
El señor MOREIRA.-
Está bien.
El señor COLOMA.-
¡Nos está amenazando...!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¡Muy bien, Senador Coloma...!
El señor MOREIRA.-
¡Nosotros no funcionamos con amenazas...!
¡Nosotros no funcionamos con amenazas...!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
¡La Mesa tampoco...!
(Risas).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Primero habíamos pensado en citar de 15 a 16, pero el problema es que la Cámara está citada a esa hora; así que vamos a citar de 19 a 20.
Entonces, pido la unanimidad de la Sala, para que la sesión ordinaria de mañana quede convocada de 16 a 19 y no de 16 a 20.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Entonces, la sesión ordinaria de mañana queda convocada de 16 a 19, y se va a citar a sesión especial de 19 en adelante, conforme a las atribuciones que tiene la Mesa.
Senador Moreira, tiene la palabra.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
Estamos todos de acuerdo, y es importante que mañana estemos todos.
Lo otro que quería decirle es que la tabla debe mantenerse como ya está establecida.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Es la misma tabla, con la modificación que acordó unánimemente la Sala.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Walker.
El señor WALKER.-
Gracias, Presidente.
Aprovechando la presencia de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, quiero solicitar un plazo de indicaciones para el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, correspondiente al boletín N° 11.077-7, para que podamos votar las indicaciones que se requieren ingresar en las Comisiones unidas de Constitución y de la Mujer.
El proyecto ya fue aprobado en general en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, que preside la Senadora Claudia Pascual.
Ahora solicito, Presidente, que se fije plazo para indicaciones hasta el viernes 26 de agosto, que corresponde a semana regional, según lo acordamos con el Ejecutivo.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
El Senador Walker está solicitando un nuevo plazo para indicaciones al proyecto referido, hasta el 26 de agosto, a las 12:00.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senadora Provoste, tiene la palabra.
La señora PROVOSTE.-
Presidente, solo para recordar que teníamos un compromiso la semana pasada en cuanto a que, tras la votación de la iniciativa sobre usurpación, se colocaría en votación el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, establecidos en el artículo 27 bis de la ley Nº 20.129 (boletín 14.151-04).
Además, quiero agradecer especialmente al Senador José García Ruminot, quien hoy encendió las luces de advertencia respecto a que este compromiso se estaba incumpliendo en la Sala.
Si le parece, Presidente, tras recabar el acuerdo, puedo proceder a rendir el informe respectivo y se podría votar sin discusión.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acoger la solicitud de la Senadora Provoste?
El Senador García hizo la misma petición la sesión pasada. El informe llegó hoy día; por eso no se había puesto en tabla.
Si hubiera acuerdo de la Sala, se podría votar el proyecto ahora.
¿Hay acuerdo?
--Así se acuerda.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Le voy a dar la palabra al Senador Chahuán, y después vamos a votar el proyecto.
Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Presidente, por acuerdo de la Comisión de Salud, quiero solicitar el desarchivo del proyecto de ley, iniciado en moción de los entonces Senadores señor Tuma, señora Goic y quien habla, para regular la venta de bebidas con aditivos energizantes y sustancias estimulantes a menores de edad (boletín 11.058-11), y pedir que se refunda con el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Bianchi, señoras Gatica y Sepúlveda y señor Castro González, que prohíbe la venta a menores de edad de bebidas energéticas que contengan aditivos energizantes y sustancias estimulantes (boletín 15.241-11), ya que son idénticos.
Quiero pedir el desarchivo y la fusión.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para fusionar estas dos mociones, previo desarchivo del proyecto del Senador Chahuán?
--Así se acuerda.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Le agradecemos a la Ministra Antonia Orellana, por su presencia y por la diligencia que tuvo el Gobierno para aprobar el proyecto anterior con tanta celeridad.
MODIFICACIÓN DE REQUISITOS DE INGRESO A CARRERAS DE PEDAGOGÍA
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a proceder a dar lectura a la relación del proyecto que se va a votar, conforme a la solicitud de la Senadora Provoste, que fue la misma petición que realizó en la sesión pasada el Senador García.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente, conforme al acuerdo recién adoptado por la Sala, pone en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía, establecidos en el artículo 27 bis de la ley N° 20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903, iniciativa correspondiente al boletín N° 14.151-04.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.151-04) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión del 20 de abril del presente año y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura, la cual deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos del proyecto que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, debe darse por aprobado el numeral 2 del artículo 1 del proyecto, el cual no fue objeto de modificaciones en el segundo trámite de la Comisión.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a dar por aprobado el numeral que no fue objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión, conforme al Reglamento.
--Se aprueba.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe señalar que la Comisión efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las que fueron acordadas por unanimidad, con excepción de una de ellas, que fue sancionada por mayoría de votos, por lo que será puesta en votación en su oportunidad.
Es del caso recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existieren indicaciones renovadas.
Por su parte, la modificación aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Educación y Cultura corresponde a la incorporación de un artículo transitorio, nuevo, el cual se encuentra en la página 15 del comparado.
El artículo transitorio, nuevo, es del siguiente tenor: "El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, implementará programas que propendan a mejorar las condiciones de atracción y retención de las y los estudiantes de pedagogía". Fue aprobado por 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Educación y Cultura y el texto como quedaría si estas modificaciones fueren aprobadas.
Es todo, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senadora Provoste, ¿procedemos a abrir la votación, o algún integrante de la Comisión va a profundizar en el tema?
La señora PROVOSTE.-
Voy a informar.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Perfecto.
Primero, vamos a votar las enmiendas que fueron acordadas de manera unánime.
¿Se dan por aprobadas?
--Se aprueban las enmiendas acordadas de manera unánime por la Comisión de Educación y Cultura.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Ahora procederemos a votar la modificación aprobada por mayoría, correspondiente al artículo transitorio señalado.
Se abre la votación.
(Durante la votación).
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, puedo explicarlo.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
En mi calidad de Presidenta de la Comisión, quiero contextualizar que el propósito de la iniciativa en discusión tiene que ver con imponer distintas exigencias de admisión a quienes postulan a las carreras de pedagogía.
Y, particularmente, el artículo transitorio que se encuentra en votación en este momento, que fue la única norma que se aprobó por mayoría, dispone la implementación de programas orientados a mejorar las condiciones de atracción y retención de las y los estudiantes de pedagogía, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente.
Si bien es cierto que este punto no contó con el respaldo unánime de los Senadores y las Senadoras, es importante señalar que es una indicación bastante clara respecto de la prioridad que deben tener los recursos que se discutan para la próxima Ley de Presupuestos en materia de educación superior, debido a que es necesario identificar los fondos que permitan implementar estos programas de atracción y de retención de estudiantes de pedagogía.
También es valorable que esta iniciativa incorpore una nueva vía de acceso a las carreras de pedagogía, dirigida a estudiantes en situación de discapacidad, tanto en el régimen transitorio como en el permanente, y que además se establezca excepcionalmente, solo para aquellas instituciones que cumplan con los criterios de acreditación mínima, extender su aplicación hasta el 2025.
Desde la posición de mayoría, nosotros sugerimos aprobar este artículo transitorio porque solo establece que si el Ejecutivo tiene recursos especiales o adicionales los oriente a la atracción y retención de estudiantes de las carreras de pedagogía, que es la principal dificultad que tenemos en nuestro país.
Por eso hacemos un llamado a aprobar este artículo.
Es todo, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidente.
En lo personal, me voy a abstener.
Creo que esta es una norma que no va a tener ningún efecto real, porque lo que permite, en el fondo, es que con cargo a los mismos recursos contemplados en la Ley de Presupuestos se haga alguna adecuación o distribución que cree un incentivo económico para generar un mayor interés por las carreras de pedagogía.
Como bien dijo la Senadora Yasna Provoste, pienso que es algo que tenemos que discutir en el presupuesto 2023, pero a esta altura del año, más aún con presupuestos estrechos, es una norma que no tendrá ningún efecto.
Por eso, me abstengo.
Muchas gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Sanhueza.
El señor SANHUEZA.-
Gracias, Presidente.
Yo me opuse a este artículo transitorio porque, efectivamente, como lo presentó el Senador García Ruminot, no tiene ningún efecto. Es como una declaración de buenas intenciones, y creo que no debe estar en un proyecto de ley cuando no existe claridad de qué es lo que debiera realizar la Subsecretaría con los escasos recursos que van quedando a estas alturas del año.
Por este motivo, pienso que no corresponde que el artículo transitorio esté en la iniciativa.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias.
Vamos a dar por concluida la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora EBENSPERGER.-
Yo.
¡Espéreme, espéreme...!
(La Senadora se dirige a la testera a consignar su voto).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo transitorio, nuevo, propuesto por la Comisión de Educación y Cultura (14 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones) y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Núñez, Pascual y Provoste y los señores Castro Prieto, Chahuán, Cruz-Coke, De Urresti, Elizalde, Insulza, Latorre, Núñez, Prohens, Saavedra y Walker.
Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Coloma, Durana, Macaya, Moreira, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.
Se abstuvieron la señora Aravena y los señores Gahona, García y Kuschel.
MEDIDAS PARA FACILITAR EJERCICIO DE DERECHO A SUFRAGIO A MIEMBROS DE FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN PLEBISCITO DE 4 DE SEPTIEMBRE. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en votación el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y señores Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, disponga las medidas necesarias para facilitar el ejercicio del derecho a sufragio por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones en el plebiscito constitucional que se celebrará el próximo 4 de septiembre.
--A la tramitación legislativa de este proyecto de acuerdo (boletín S 2.292-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En votación.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (20 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger y Órdenes y los señores Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Elizalde, Gahona, García, Insulza, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe y Walker.
CUMPLIMIENTO PRESIDENCIAL DE OBLIGACIÓN DE PRESCINDENCIA POLÍTICA EN PLEBISCITO DE 4 DE SEPTIEMBRE. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en votación el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Aravena, Ebensperger, Gatica y Núñez y señores Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República tener presente su obligación de dar el más estricto cumplimiento al deber de prescindencia política, en relación con el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre.
--A la tramitación legislativa de este proyecto de acuerdo (boletín S 2.293-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En votación.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger y Gatica y los señores Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Gahona, García, Kuschel, Macaya, Moreira, Sandoval, Van Rysselberghe y Walker.
Votaron por la negativa los señores Latorre y Núñez.
Se abstuvieron los señores Elizalde y Saavedra.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objeto, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor ARAYA:
A la Ministra del Trabajo y Previsión Social, remitiéndole ANTECEDENTES ENTREGADOS POR DON HERNÁN MAREY VALDIVIA, DE ANTOFAGASTA.
Y a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, para que informe sobre ESTADO DE PETICIÓN DE REGULARIZACIÓN DE TÍTULO DE DOMINIO PRESENTADA POR DIRECTIVA DE COMITÉ LUCHANDO POR NUESTRO HOGAR, DE TALTAL.
Del señor DE URRESTI:
Al Ministro de Obras Públicas, solicitándole antecedentes acerca de LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA DISEÑO DE INGENIERÍA DE PROYECTO DE TÚNEL SUBFLUVIAL DE VALDIVIA, DEJADA SIN EFECTO EL 23 DE JULIO DE 2022.
A la Ministra de Salud, pidiéndole información referente a COLAPSO DE SERVICIO DE URGENCIAS EN HOSPITAL BASE DE VALDIVIA EL 26 DE JULIO DE 2022.
Y a la Alcaldesa de Valdivia, al objeto de que remita antecedentes relativos a BENEFICIOS EXISTENTES PARA PODER EXTENDER CONVENIO DE EXENCIÓN DE PAGO DE BASURA QUE TENÍAN HASTA EL AÑO 2021 VECINOS DEL COMITÉ DE ADELANTO RAIMAPU, POBLACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR, COMUNA DE VALDIVIA.
De la señora GATICA:
Al Presidente de la República y a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, solicitándoles que se tenga a bien EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE DECRETAR ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE EMERGENCIA PARA REGIÓN DE LOS RÍOS E INFORMAR LAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN Y PREVENCIÓN DISPUESTAS PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN LA REGIÓN.
Al Ministro de Obras Públicas, pidiéndole considerar SOLICITUD DE ALCALDE DE MARIQUINA PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS COMUNALES (REGIÓN DE LOS RÍOS).
Al Ministro y al Subsecretario de Obras Públicas, reiterándoles solicitud de PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS PARA COMUNA DE MARIQUINA (REGIÓN DE LOS RÍOS).
A la Ministra de Salud y al Subsecretario de Redes Asistenciales, pidiéndoles PRIORIZACIÓN Y ADELANTO DE INVERSIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO DE PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD Y OTROS EN LA COMUNA DE MARIQUINA (REGIÓN DE LOS RÍOS).
Y al Presidente del Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, solicitándole AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DE DOS SALAS DEL EDIFICIO "ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE LA UNIÓN" PARA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA DE LA UNIÓN (REGIÓN DE LOS RÍOS).
Del señor HUENCHUMILLA:
Al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole que adopte urgentemente MEDIDAS ORIENTADAS A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN LOCALIDADES DE LOS GUINDOS, LAS MENTAS Y PEMEHUE, COMUNA DE COLLIPULLI (REGIÓN DE LA ARAUCANÍA).
Del señor KAST:
A la Directora (s) del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solicitándole diversos antecedentes con relación a SITUACIÓN DE "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (INDH) EN EL BIOBÍO, LA ARAUCANÍA Y LOS RÍOS" y consultándole por SUSPENSIÓN TEMPORAL DEDICHO PROGRAMA, COMO INDICA UN REPORTAJE DEL DIARIO
LA TERCERA.
De la señora PASCUAL:
Al Ministerio de Salud, para que informe sobre ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL "REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS BÁSICAS PARA LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES".
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El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:45.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante