REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 370ª
Sesión 42ª, en miércoles 3 de agosto de 2022
Ordinaria
(De 16:19 a 19:48)
PRESIDENCIA DE SEÑOR ÁLVARO ELIZALDE SOTO, PRESIDENTE, Y
SEÑORA LUZ EBENSPERGER ORREGO, VICEPRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Castro Prieto, Juan Enrique
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Elizalde Soto, Álvaro
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Gahona Salazar, Sergio
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Walker Prieto, Matías
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 22 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Las actas de las sesiones 36ª, ordinaria, en 19 de julio de 2022; 37ª y 38ª, especiales, y 39ª, ordinaria, en 20 de julio de 2022, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Doce Mensajes de S.E. el Presidente de la República
Con los dos primeros, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que modifica la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos (Boletines Nos 14.946-07 y 14.926-07, refundidos).
-El que da derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable (Boletines Nos 7.736-11, 9.644-11, 11.745-11 y 11.577-11, refundidos).
Con el tercero y cuarto, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N° 11.174-07).
-El que regula los biocombustibles sólidos (Boletín N° 13.664-08).
Con los cuatro siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho de los siguientes asuntos:
-El que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad (Boletín N° 14.731-08).
-El que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio (Boletín N° 14.700-18).
-El que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía, establecidos en el artículo 27 bis de la ley N° 20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903 (Boletín N° 14.151-04).
-El que modifica las leyes Nos 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y 20.417, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el propósito de exigir Resolución de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual Institucionalidad Ambiental (Boletín N° 13.652-12).
Con el noveno, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho del proyectos de ley que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado, como reconocimiento a su labor durante la pandemia de Covid-19, en las condiciones y con los efectos que señala (Boletín N° 14.943-11).
Con los tres últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
-El que faculta a los concejos municipales para condonar las deudas correspondientes a derechos de aseo (Boletines Nos 10.858-06, 14.252-06, 14.475-06, 11.889-06 y 14.797-06, refundidos).
-El que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para facilitar la obtención de patente de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica (Boletín N° 14.534-06).
-El que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva (Boletín N° 14.597-29).
--Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De S.E el Presidente de la República
Mediante el cual, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de la República, comunica su ausencia del territorio nacional desde el día 6 al 8 de agosto de 2022, para participar en Gira Presidencial a la ciudad de Bogotá, Colombia, junto a una delegación oficial, para asistir a la transmisión de mando del Presidente electo en ese país, conforme al itinerario que indica.
Asimismo, informa que durante su ausencia, lo subrogará con el título de Vicepresidenta de la República, la señora Ministra Titular de la Cartera de Interior y Seguridad Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 29 de nuestra Carta Fundamental.
--Se toma conocimiento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero, informa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por gracia al ciudadano argentino señor Miguel Ricardo Roth Fuchs, correspondiente al Boletín N° 14.809-17.
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a S.E. el Presidente de la República.
Con el segundo, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código Civil en lo relativo a la obligación alimenticia que pasa a los abuelos, correspondiente al Boletín N° 14.761-18.
--Pasa a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la Mujer y la Igualdad de Género.
Con el tercero, da a conocer que ha aprobado el proyecto de ley que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022 y establece las sanciones que indica, correspondiente al Boletín N° 14.888-03.
--Pasa a la Comisión de Economía.
Mociones
De los Honorables Senadores señora Rincón y señores Espinoza, Flores y Walker, con la que inician un proyecto de reforma constitucional, que modifica la Carta Fundamental, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso para obtener un nuevo texto constitucional (Boletín N° 15.237-07).
Del Honorable Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de modificación del Reglamento del Senado, con el objeto de agregar un nuevo Título, relativo a la realización de exámenes de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales a senadoras y senadores (Boletín N° S 2.295-09).
De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea, De Urresti y Walker, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional, en las condiciones que indica (Boletín N° 15.252-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables Senadores señor Chahuán, señoras Aravena, Gatica y Pascual y señor Bianchi, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Penal, para tipificar el delito de femicidio en las circunstancias que indica (Boletín N° 15.242-07).
--Pasa a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la Mujer y la Igualdad de Género.
De los Honorables Senadores señor Bianchi, señoras Gatica y Sepúlveda y señor Castro González, con la que inician un proyecto de ley que prohíbe la venta a menores de edad de bebidas energéticas que contengan aditivos energizantes y sustancias estimulantes (Boletín N° 15.241-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Honorables Senadores señor Castro Prieto, señora Ebensperger y señores Coloma, Durana y Edwards, con la que inician un proyecto de ley, que modifica el Código Penal, para proteger la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes (Boletín N° 15.243-07).
--Pasa a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
De los Honorables Senadores señor Saavedra, señoras Allende, Carvajal y Sepúlveda y señor Insulza, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de proteger el empleo ante despidos masivos (Boletín N° 15.244-13)
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del Honorable Senador señor Keitel, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley N° 20.422, con el objeto de promover la accesibilidad universal a recintos destinados a la actividad física o deportiva para personas con discapacidad (Boletín N° 15.250-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Honorables Senadores señores Bianchi, Castro González y Chahuán, con la que inician un proyecto de ley que regula la producción, etiquetado y comercialización de carnes marinadas (Boletín N° 15.245-01).
--Pasa a la Comisión de Agricultura.
Permiso Constitucional
De la Honorable Senadora señora Órdenes, por la que solicita autorización para salir del país, a contar del 4 de agosto de 2022, en virtud del artículo 60 de la Carta Fundamental.
--Se toma conocimiento y si le parece a la Sala, se accede a lo solicitado.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Eso es todo, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Muchas gracias.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidente.
Quiero solicitar, a nombre de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que establece normas sobre la eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, correspondiente al boletín N° 13.179-09.
Pedimos unos treinta días más. Ha sido el propio Ejecutivo el que nos ha pedido un mayor plazo, ya que quieren presentar indicaciones, además de las que nosotros como integrantes de la Comisión podamos formular. Por eso, consideramos que aquello sería adecuado.
No tengo a la mano la fecha exacta, pero me parece que sería hasta el jueves 29 de agosto.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se propone el 1 de septiembre, al mediodía.
La señora ALLENDE.-
Mejor.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para conceder el plazo solicitado por la Senadora Isabel Allende?
--Así se acuerda.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidente.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Gracias, Presidente.
No la tengo a mano, pero la última moción de que se dio cuenta, que tiene que ver con el marinado de las carnes, la enviaron a la Comisión de Agricultura; sin embargo, la iniciativa regula el efecto que produce el marinado en la salud de las personas, en cuanto a obesidad, y porque los químicos que contiene pueden ser igualmente nocivos.
Por ello, yo pediría que lo analice la Comisión de Salud, porque, así como una vez se vio la Ley de Etiquetados de Alimentos en dicha instancia, también el proyecto dice relación con el etiquetado, pero fundamentalmente con el efecto nocivo del marinado para la salud.
En tal sentido, Presidente, pido la unanimidad para que se pueda recalificar la moción y que sea vista por la Comisión de Salud.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accedería a lo solicitado y la moción no pasaría a la Comisión de Agricultura, sino que a la Comisión de Salud.
¿Habría acuerdo?
--Acordado.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidente.
La Comisión de Educación y Cultura, por la unanimidad de sus integrantes, acordó solicitar a la Sala que se abra un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica la ley N° 19.712, correspondiente al boletín N° 13.222-29, hasta el viernes 12 de agosto, a las 12 horas, en la Secretaría del Senado.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Nuevo plazo: viernes 12 de agosto, al mediodía, en la Secretaría del Senado.
¿Habría acuerdo?
El señor CRUZ-COKE.-
¿Qué proyecto es?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senadora Provoste.
El señor MOREIRA.-
¿Es lo de deporte?
La señora PROVOSTE.-
Sí, es la iniciativa que impone, a quienes ejerzan funciones al interior de una organización deportiva, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de tales cargos o funciones, en caso de incurrir en determinados delitos.
Fue una decisión unánime de la Comisión de Educación.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que el plazo de indicaciones sea el 12 de agosto, al mediodía?
--Así se acuerda.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Núñez.
La señora NÚÑEZ.-
Gracias, Presidente.
Como Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, vengo a solicitar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas saturadas o latentes, correspondiente al boletín N° 11.140-12, hasta el viernes 5 de agosto, a las 12 horas.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se plantea como plazo para formular indicaciones el viernes 5 de agosto, al mediodía, en la Secretaría de la Comisión.
¿Habría acuerdo de la Sala?
--Así se acuerda.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
Prefiero formular mi solicitud aquí, ahora, y no mandarla por documento interno. Se nos envió una circular, de acuerdo con lo que estimamos en reunión de Comités, que contiene cinco proyectos que, si no reciben indicaciones, se van a dar por aprobados.
Entre ellos está el mencionado por la Senadora Provoste, que modifica la Ley del Deporte, para el que se ha otorgado un nuevo plazo de indicaciones.
Y en el mismo sentido, quiero pedir un plazo de quince días para presentar indicaciones para el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre Sistema Nacional de Transporte de Carga por Carretera, correspondiente al boletín N° 13.125-15.
En el oficio que envió el señor Secretario aparece en el número 4.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Le parece, Senador Moreira, el jueves 25 de agosto?
El señor MOREIRA.-
Sí, perfecto.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Nuevo plazo de indicaciones: jueves 25 de agosto, al mediodía, en la Secretaría del Senado.
--Así se acuerda.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Quintana, tiene la palabra.
El señor QUINTANA.-
Lo que pasa es que hoy día la Comisión de Educación despachó por unanimidad un proyecto que tiene que ver con la modificación de requisitos de ingreso para las carreras de pedagogía.
El texto de la iniciativa salió en términos muy similares a como lo planteó el Gobierno anterior. Por esa misma razón, salvo en una votación, su despacho fue prácticamente unánime.
Básicamente, significa sacar algunos requisitos y posponer su entrada en vigencia por un año. Porque existe el plazo del 10 de agosto para que las universidades se puedan inscribir para la prueba de transición universitaria para postular a las carreras.
Y por eso queremos solicitar poderlo ver sobre tabla, dado que está con "discusión inmediata".
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Tiene el número del boletín, Senador Quintana?
Si nos pudieran proporcionar el número de boletín.
Tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Gracias, Presidente.
Respecto al proyecto al que se está refiriendo el Senador Jaime Quintana, que dice relación con modificar los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, nosotros terminamos su discusión particular a las 14 horas, y tengo entendido que no hay informe de la Comisión.
Comprendo el sentido de urgencia que señala el Senador Quintana, pero creo que deberíamos tener en consideración aquello, y solicitar que se ponga en el primer lugar de la tabla el próximo martes.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senadora Provoste, tiene la palabra.
La señora PROVOSTE.-
Presidente, coincido con lo planteado por el Senador García Ruminot. Y entendemos que a la Secretaría de la Comisión de Educación, después de ver el proyecto, le tocó además constituir la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos.
El proceso ha sido bien complejo, ya que me parece que no ha habido una coordinación con la Secretaría General de la Presidencia, que es la instancia que efectivamente va viendo estos temas.
El boletín del proyecto señalado es el 14.151-04, y quiero respaldar el sentido de urgencia que ha planteado el Senador Jaime Quintana, porque esta medida considera a todas las universidades del Demre, es decir, incluso a universidades más allá del Consejo de Rectores.
Esta iniciativa tuvo harta conversación, discusión, pero la preocupación se da porque los plazos están muy acotados, ya que las instituciones tienen que publicar los requisitos de postulación antes del 10 de agosto, dentro de los cuales se encuentran incluidas las carreras de pedagogía.
Y hay una indicación que introdujo el actual Gobierno relacionada con la inclusión.
Nuestro país suscribió ante Naciones Unidas la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y nos han señalado que Chile está al debe respecto a las políticas de inclusión en materia de educación superior.
Aquí se incorpora una disposición para facilitar el ingreso a las carreras de pedagogía de aquellas personas que cuentan con certificado de discapacidad, y antes del 10 de agosto, plazo que no se pude modificar porque está establecido con mucha antelación, se tienen que inscribir los programas. Todas las universidades, todas las instituciones deben publicar los requisitos de postulación para toda la cohorte que va a ingresar a partir del año 2023.
Entonces, tenemos un plazo bien acotado, y, tal vez, Presidente, lo que podríamos hacer es tomar el acuerdo de que, si la Secretaría de la Comisión de Educación, haciendo un esfuerzo supremo, nos hiciera llegar en algún momento más el informe, lo votáramos más adelante, a lo mejor como Fácil Despacho, mientras transcurra la discusión en la Sala.
Pero queremos insistir en el sentido de urgencia que tiene la iniciativa.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Sí.
Bueno, a ver, para modificar la tabla se requeriría la unanimidad de la Sala.
Entonces, lo primero que quiero preguntar es si existe esa unanimidad.
Lo segundo es que se requeriría que al menos tuviéramos un certificado, porque así se podría votar, y un comparado para que los Senadores y Senadores pudieran formarse una opinión respecto del proyecto.
Por tanto, con todos esos requisitos se podría incorporar a la tabla.
Entonces, lo primero que voy a consultar es si habría, bajo el supuesto de que llegue el certificado, unanimidad de la Sala para incorporar este proyecto a la tabla.
Senador Cruz-Coke.
El señor COLOMA.-
Después del proyecto sobre usurpación.
El señor CRUZ-COKE.-
Presidente, hay total voluntad, pero primero habría que saber de qué proyecto se trata, para tenerlo claro. Perdón, Yasna, Senadora, no estaba prestando atención.
Además, me dicen que quieren pedir segunda discusión de la iniciativa sobre usurpaciones, que en Comités habíamos quedado de votar hoy día.
Entonces, sobre esa base, yo estoy disponible, pero si me van a poner una segunda discusión sobre un proyecto que habíamos acordado en Comités, no estaría con esa disposición.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Senador Coloma?
El señor MOREIRA.-
¿Cuál es el proyecto?
El señor COLOMA.-
Presidente, la discusión es simple.
Entiendo que vamos a ver usurpación en primer lugar; es un acuerdo de Comités y como tal tiene que debatirse.
El señor MOREIRA.-
Y votarse.
El señor COLOMA.-
Además, hay una sugerencia para incorporar en la tabla el tema de educación, con certificado.
Yo digo que eso último a lo menos debería ocurrir después del proyecto de usurpación. Creo que en esos términos se podría ver, de otra manera sería más complicado.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Como se requiere unanimidad, yo entiendo que las bancadas de Evópoli y la UDI accederían a darla con una condición: que se incorpore en el segundo lugar del Orden del Día, manteniendo entonces el proyecto de usurpaciones, que está en el primer lugar, y así podría verse la iniciativa en comento.
Bajo ese supuesto,...
No voy a dar la palabra de nuevo, para ir avanzando.
Perdón, el Senador Kast.
El señor KAST.-
Efectivamente, hay disposición total a apoyar la moción que hace la Presidenta de la Comisión de Educación, Yasna Provoste, siempre y cuando se vea en segundo lugar, como decía el Senador Coloma, y haya también la disposición a no pedir segunda discusión en usurpaciones,...
El señor MOREIRA.-
Se acordó votar hoy.
El señor COLOMA.-
Eso no se puede.
El señor KAST.-
... que está primero en la tabla.
O sea, si hay ese acuerdo unánime, porque se requiere la unanimidad, no hay problema.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Le estamos poniendo más requisitos a la unanimidad.
Senadora Aravena, ¿usted está pidiendo la palabra por este tema, o por otro?
La señora ARAVENA.-
Por este tema, y también pienso lo mismo: toda la disposición en la medida que se mantenga en primer lugar usurpación, y la verdad es que se han pedido varias segundas discusiones a este proyecto cada vez que vamos a votar.
En mi humilde opinión, eso no es lo ideal.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Ya, entonces se pone un requisito adicional.
El señor COLOMA.-
¡Pero si no puede haber segunda discusión!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
No hay acuerdo.
La señora ARAVENA.-
No puede haber segunda discusión.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Ya, no hay acuerdo.
Entonces, vamos a iniciar el Orden del Día.
PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, AMPLIACIÓN DE PERÍODO DE FLAGRANCIA Y FACILITACIÓN DE DETENCIÓN DE OCUPANTES RESPECTO DE DELITO DE USURPACIÓN
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes en la forma que se indica.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 14.015-25 y 13.657-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe hacer presente que la Sala del Senado se ha abocado al estudio de este proyecto en las sesiones del 22 de septiembre de 2021 y del 21 de diciembre del mismo año.
Sin perjuicio de lo anterior, los Comités, con fecha 11 de abril del año en curso, acordaron devolver la iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública para que dicha instancia emitiera un nuevo primer informe a su respecto, autorizándola para discutir el proyecto en general y en particular, proponiendo un plazo para presentar indicaciones hasta el 12 de mayo, y fijando a contar de esa fecha un término de treinta días para despachar el nuevo informe solicitado.
Posteriormente, con fecha 1 de julio de 2022, los Comités acordaron reincorporar el proyecto a la tabla para efectuar su discusión en general y, de aprobarse la idea de legislar sobre la materia, abrir un plazo de una semana para formular indicaciones a la iniciativa.
Por consiguiente, y para los señalados efectos, resulta pertinente recordar lo siguiente.
El objetivo de este proyecto es, por una parte, diferenciar las distintas hipótesis de usurpación y ocupación de inmuebles, para de esa manera modificar la limitada sanción dispuesta en la ley a su respecto, y, por otra, garantizar la aplicación de la norma y disuadir la comisión de esta clase de hechos mediante una sanción eficaz, confiriéndole carácter delictivo a la respectiva conducta, para lo cual se elimina el límite a la flagrancia y se establece una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, a fin de facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.
La Comisión de Seguridad Pública discutió este proyecto de ley solamente en general y aprobó la idea de legislar por mayoría, con 3 votos a favor, de los Honorables Senadores señores Moreira y Kast y del ex Senador señor Pizarro; 1 voto en contra del Honorable Senador señor Quintana, y 1 abstención del Honorable Senador señor Insulza.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 53 y 54 del primer informe de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Muchas gracias, Presidente.
Hoy nos corresponde votar el proyecto de ley...
El señor MOREIRA.-
Presidente, ¿empezó la discusión del proyecto, o no?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Sí.
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Hoy nos corresponde votar el proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de usurpación, una de las iniciativas que en los últimos meses ha estado en el centro de la noticia producto de la grave crisis de seguridad que se vive en la macrozona sur.
Lamentablemente, Presidente, y pese a una serie de acuerdos y compromisos políticos producidos en este Senado para acelerar su tramitación a fines del año pasado, este proyecto ha sufrido una serie de maniobras dilatorias en la Comisión de Seguridad de esta Corporación, particularmente durante este primer semestre del año, por lo que se encuentra exactamente en el mismo estado en que se encontraba en diciembre del año pasado.
Sin embargo, cada vez que las tomas de terrenos hacen noticia, particularmente en la macrozona sur, tanto el Gobierno como las bancadas que en este Senado representan a la actual Administración hablan de la "urgente necesidad" de legislar en esta materia y hay más de alguna autoridad que asegura que aumentar las sanciones para el delito de usurpación es prioritario y urgente.
Pero mientras tanto, Presidente, en la macrozona sur continúan las tomas de terrenos no solamente de propiedad de grandes empresas forestales o de grandes extensiones de terreno, sino también de ciudadanos comunes y corrientes, que en su mayoría tienen propiedades de mediana o pequeña extensión, gracias a las cuales pueden subsistir junto a sus familias.
A tal punto ha llegado el descontrol respecto a la usurpación de terrenos en la macrozona sur, que hace unos pocos días el mismo Héctor Llaitul anunció a todo el país que su organización terrorista, la CAM, se tomaría siete fundos en la zona.
Frente a esto, el Gobierno asegura que estas eventuales tomas de terreno no quedarán impunes e incluso se planteó por algunas autoridades la posibilidad de un eventual desalojo por parte de las fuerzas policiales.
Entonces, Presidente, hay que preguntarles a los representantes del Ejecutivo: ¿cómo piensan reaccionar a esta amenaza de tomas de terrenos realizadas por Héctor Llaitul?
Porque hoy, Presidente, la usurpación, pese a que es un delito, tiene en la actual legislación solo sanciones de multa, por lo que, de acuerdo al Código Procesal Penal, las policías no pueden detener al infractor al no estar sujeto a una posibilidad de condena de cárcel.
De la misma forma, Presidente, es decir, debido a que la usurpación solo tiene sanciones de multa y no penas privativas de libertad, los tribunales no pueden ordenar medidas cautelares sobre el infractor, quien queda en libertad de inmediato y solo citado ante el fiscal.
Dicho en simple, Presidente, hoy tenemos un delito que en la práctica no implica ninguna sanción real y firme. Con suerte una multa que en el peor de los casos puede llegar a las 20 UTM, lo que representa un poco más de 1.175.000 pesos de hoy.
Por eso, Presidente, es necesario aprobar este proyecto de ley, porque precisamente lo que hace es modificar las sanciones de la usurpación, aumentando a penas privativas de libertad las eventuales penas que los tribunales pueden aplicar a quienes las cometen.
En consecuencia, Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a los Senadores, particularmente a los de Gobierno, a comenzar a tomar en serio la tramitación de este proyecto y a trabajar por su pronto despacho.
De la misma forma, debemos pedirle al Ejecutivo que a este proyecto se le dé definitivamente la calificación de "suma urgencia", de manera de apurar su tramitación y lograr que se transforme en ley a la máxima brevedad posible.
Son solo este tipo de acciones, y no las declaraciones de buenas intenciones de las autoridades del Ejecutivo frente a la toma de terrenos en la macrozona sur, lo que permitirá al Gobierno mejorar su gestión en lo referente a la seguridad pública y que la ciudadanía vuelva a creer en las autoridades que los gobiernan.
Por lo anterior, Presidente, votaré a favor.
Muchas gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Pido las disculpas del caso. Lo que pasó es que no se había solicitado la palabra.
Por tanto, le vamos a dar la palabra al Senador Insulza para que dé el informe de la Comisión, y después vamos a continuar con las intervenciones.
El señor NÚÑEZ.-
Presidente, por un tema de forma...
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Núñez, usted está considerado respecto de la petición que quiere plantear. Se van a respetar las palabras. Mientras no se inicie la votación, se puede realizar esa solicitud.
El señor INSULZA.-
Pero el problema es que el proyecto...
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Insulza, tiene la palabra.
El señor INSULZA.-
Presidente, este proyecto no ha iniciado su discusión todavía. Aquí falta que el Secretario haga la relación y que yo informe sobre la iniciativa. ¡Y de pronto ya escuchamos la opinión de un Senador!
Entonces, mi pregunta es si vale la pena hacer la relación, o si empezamos a discutirlo de inmediato.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Sí, Senador Insulza, le aclaro...
El señor INSULZA.-
¡Hay una usurpación del uso de la palabra, Presidente...!
(Risas).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
El Secretario dio lectura a la relación, y como no se había solicitado la palabra, yo se la otorgué al Senador Van Rysselberghe. Así que le pido las disculpas del caso. Pero ahora, restableciendo el orden correcto, le damos la palabra a usted, para que dé lectura al informe de la Comisión, y después volvemos a otorgar la palabra para el debate.
El señor INSULZA.-
Bueno, Presidente, en ese caso, voy a dar el informe de la Comisión lo más brevemente posible, porque en realidad entiendo que ya están expuestos, por lo menos del lado del Senador Van Rysselberghe, algunos argumentos para fundamentar el voto.
Este proyecto ha tenido un trámite bastante extenso, como se ha dicho acá, y volvió a la Sala para ser discutido y votado en general a pesar de que está pendiente el conocimiento de las indicaciones que se han presentado en su oportunidad y de que esta decisión de tratarlo en Sala obvió la presentación de un segundo informe que nunca fue evacuado.
Creo que esto tiene que ver fundamentalmente con las dificultades que produce un proyecto de esta índole, que combina temas como la sanción a delitos que en otras legislaciones y en la nuestra nunca habían sido castigados hasta ahora: la ampliación y cambio en los períodos de flagrancia, y otros que se encuentran en diversos textos legales.
Pero, en todo caso, creo que es importante señalar que los autores del proyecto lo han planteado como uno que, por una parte, busca diferenciar las distintas hipótesis de usurpación y ocupación de inmuebles, para, de esta manera, modificar la limitada sanción dispuesta en la ley a su respecto; y, por otra, garantizar la aplicación de la norma y disuadir la comisión de esta clase de hechos mediante una sanción eficaz, confiriéndole carácter delictivo a la respectiva conducta, para lo cual se elimina el límite a la flagrancia y se establece una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, a fin de facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.
Este proyecto -me olvidé de decirlo al comienzo, probablemente- es el resultado de dos iniciativas refundidas: una, presentada por la Senadora Aravena y los Senadores Chahuán, García y Pugh; y una segunda, presentada por las Senadoras Sabat y Von Baer y el Senador Kast.
Sin embargo, creo que es importante decir que, de acuerdo con lo que ha apreciado nuestra Secretaría, existen alrededor de doce proyectos más sobre usurpación en trámite en este Congreso, en distintas instancias. Esto solamente incluye dos de ellos.
El proyecto, como digo, señala en su presentación que no se trata de sancionar todas las tomas. Dicen los autores en su fundamentación que las usurpaciones se diferencian de los asentamientos irregulares espontáneos (consecuencia de la extrema necesidad), y que su iniciativa solamente se enfoca en aquellos grupos organizados que buscan lucrar ilícitamente mediante la usurpación de terreno ajeno y la estafa a los compradores, quienes por esta transacción no se hacen dueños del predio.
Por lo tanto, tenemos que determinar en el debate cuáles son las diferencias entre unas y otras tomas de terrenos, porque estas no se encuentran explicitadas en el articulado del proyecto.
Hubo una discusión bastante extensa, en la que distintas personas que participaron se refirieron a diversos aspectos del proyecto desde puntos de vista completamente diferentes.
Estuvieron presentes el Director Social de la Fundación Techo Chile, quien ciertamente habló de los campamentos, y el Presidente de la Asociación Gremial de Agricultores de Victoria-Malleco, quien arguyó sobre las tomas de terrenos en La Araucanía, respecto a las cuales ya se refirió el Senador Van Rysselberghe.
Habló igualmente la Directora de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público; el Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado; el Director de la Unidad de Delitos Violentos, señor Cristián Paredes, y los abogados de la Unidad de Asesoría Jurídica, señora María Pilar Irribarra y el señor Hernán Libedinsky.
Estuvieron también en la Comisión el Defensor Regional de La Araucanía de la Defensoría Penal Pública, señor Renato González, y el abogado de la Unidad Especializada de Defensa Penal, señor Rodrigo Lillo.
Expusieron, además, varios académicos: el arquitecto y urbanista señor Iván Poduje; el académico de la Universidad de Valparaíso, señor José Luis Guzmán; el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Javier Wilenmann; el Profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Guillermo Oliver; los académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señores Juan Domingo Acosta y Sebastián Donoso, y el analista sectorial de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada.
Participó también el Intendente de la Región de La Araucanía, señor Víctor Manoli.
Estuvo la Asesora Técnica de la Multigremial Araucanía, señora Mirtha Casas.
Y, por último, el Jefe de la IX Zona de la Araucanía de Carabineros de Chile, General señor César Bobadilla.
Puedo haber omitido algunos participantes, señor Presidente, debido a que fue una discusión tremendamente extensa, y la verdad es que las opiniones de los expertos variaron sustantivamente.
Dado que esta normativa -que estamos tratando de modificar- data de 1874, muchos de los analistas plantearon que la figura del delito de usurpación había cambiado fundamentalmente en la legislación y no era lo que fue en algún tiempo, en que se ocupaban largas extensiones de terreno y el tema de la tierra era el centro fundamental de toda discusión.
El proyecto que finalmente acordó la Comisión de Seguridad Pública está bastante mezclado también.
En primer lugar, agrega en el apartado sobre "penas de simples delitos" del Código Penal, a continuación de la parte en que se habla de la inhabilidad para la tenencia de animales, una nueva pena, que es la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Seguidamente, agrega un inciso cuarto al artículo 49 bis del Código Penal, que dice: "Si la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad se hubiese impuesto como pena principal" -esta nueva pena recién creada- "en caso de revocarla el tribunal impondrá al condenado, por vía de sustitución y apremio, una pena de reclusión única que se regulará en un día por cada ocho horas de servicios pendientes.".
No haré comentarios sobre este punto, Presidente, pues los haré en mi intervención a título personal.
Incorpora, además, en relación con esta pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, que no tendrá lugar en algunos incisos de esta disposición.
Posteriormente, el proyecto reemplaza una frase en un artículo, estableciendo el presidio menor en su grado mínimo para los delitos que se refieren a los artículos 457 y 458, señalando además que los delitos a los cuales se refieren tales disposiciones tienen carácter permanente, con lo cual modifica sustantivamente la noción de flagrancia que figura en el Código de Procedimiento Penal, estableciendo que el delito es -por así decirlo- flagrante, desde que se da inicio a su ejecución y mientras persista la ocupación, por lo que para los efectos del artículo 130, letra a), del Código de Procedimiento Penal, se considerará flagrancia todo ese lapso de tiempo. Por tanto, es una flagrancia indefinida, mientras el predio esté ocupado.
Incorpora un nuevo artículo, señalando que cuando un mayor de dieciocho años ocupare un predio valiéndose, engañando, utilizando, forzando o coaccionando a un menor de edad, y aun cuando la participación de este no diere lugar a responsabilidad penal, el mayor de dieciocho años será castigado con la pena establecida en el artículo 457, aunque no mediare violencia o intimidación. El consentimiento dado por el menor de dieciocho años no eximirá al mayor, dice la norma.
También reemplaza un artículo del Código Penal, imponiendo una pena única de multa, pero señalando que no se podrán ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado, con excepción de la citación.
El proyecto, Presidente, fue discutido y votado en general en la Comisión de Seguridad Pública, con un resultado de 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Posteriormente pasó a la Sala y, en reunión de Comités, se acordó que volviera a la Comisión para admitir indicaciones. No recibió indicaciones y finalmente se decidió votarlo en general, para que pasara posteriormente a la Sala, situación en la cual nos encontramos ahora.
Por lo tanto, la situación reglamentaria es de primer informe en la Sala.
Las leyes que este proyecto modifica son del Código Penal y el Código Procesal Penal, y debe procederse a la aprobación general del proyecto para posteriormente tramitar las indicaciones que ya están presentadas y probablemente otras que se quieran presentar.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senador Insulza, por su informe.
Vamos a respetar el orden de los inscritos respecto a las distintas solicitudes.
Tiene la palabra el Senador Cruz-Coke.
El señor CRUZ-COKE.-
No, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Kast.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Lo cierto es que este es un drama que sufre, sin lugar a dudas, La Araucanía como pocas regiones, pero no es la única.
Valentina Correa, que participó en la creación de este proyecto de ley, sufrió un hecho brutal: su padre fue asesinado por un sicario porque una mafia había tomado un terreno de su familia y no han encontrado ningún tipo de justicia. De hecho, hasta el día de hoy los terrenos de la familia de Valentina se encuentran tomados.
Los ciudadanos de distintas partes de Chile sienten impotencia cuando ven que, en lugar de la democracia, las normas, las reglas, el Estado de derecho, lo que funciona es la ley de la selva y un sistema completamente fracasado en el que algunos se sienten con el derecho de tomarse o entrar al lugar más íntimo de cada persona, que es su terreno, su parcela. En La Araucanía esto ocurre a diario.
¿Y qué es lo que ocurre? Se pide efectivamente el desalojo, que muchas veces toma tiempo. Llega Carabineros y como finalmente este delito no existe, porque hoy día es simplemente una multa, la situación se transforma en un círculo vicioso. Carabineros ni siquiera puede tomar detenidos a quienes usurpan la parcela de otra persona. ¡No puede! Les tiene que decir: "Por favor, salgan de aquí". Y solamente podría tomarlos detenidos en caso de que ocupen la violencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Los ocupantes se mueven un poco más allá; se va Carabineros, porque no se puede quedar todo el tiempo en el mismo lugar, y se lo vuelven a tomar.
Entonces, como sabemos que desgraciadamente no hay Estado de derecho y los mismos carabineros muchas veces no están empoderados, hoy día el nivel de desamparo es brutal.
Por eso no es casualidad que aquí haya dos proyectos de ley, ambos iniciados por parlamentarios de la Región de La Araucanía, algunos de la Región de Los Ríos y otros de diversas regiones.
De hecho, esta ley en proyecto fue elaborada en conjunto con la Fiscalía y apoyada por ella. La Fiscalía Regional de La Araucanía -y me imagino que sucede lo mismo en la Fiscalía Regional de Valparaíso y en otras partes- fue justamente la que nos ayudó a confeccionar este proyecto de ley, que hace algo muy simple. De hecho, existen dos propuestas que no son idénticas. Una permite transformar las usurpaciones en un delito; la otra adicionalmente pone penas de cárcel.
Y lo que es muy relevante decir es que este proyecto no incluye el caso de una familia que, por necesidad extrema, está viviendo, por ejemplo, en una mediagua. Y esto es bien importante puntualizarlo, porque algunos han tratado de desinformar al respecto diciendo: "No, mire. Esto va a significar en la práctica que las familias que hoy día viven en un campamento serán criminalizadas".
¡Completamente falso!
Lo que sí permite es que cuando alguien quiera hacer un negocio, creando una toma ilegal, va a poder ser detenido. ¿Por qué? Porque el Código Penal hoy día ya asegura que cuando una persona, por necesidad extrema, se instala en una mediagua, quede exenta de la ley.
(Rumores).
Vuelvo a decirlo, dado que hay varios colegas que están conversando.
Este proyecto de ley deja fuera a aquellas personas que tienen necesidad extrema, pero sí permite tomar detenidos y les da pena de cárcel, con lo cual efectivamente se puede hacer uso del procedimiento de reiteración, a aquellos que hacen negocios con los terrenos de otros.
Hay muchos que han dicho: "¡No! No me gusta la redacción de este proyecto de ley". Bueno, yo les digo a esos colegas que propongan uno alternativo. Hay muchos que me dicen: "No me gusta la técnica de este proyecto de ley", considerando que, además, como bien decía el Senador Insulza recientemente, existen más de once iniciativas distintas y aquí se recogen solo dos. Bueno, si es que a alguien le gusta otro proyecto de ley, ¡ni un problema! Que lo proponga.
Más aún, hoy día estamos votando en general. Repito: hoy día estamos votando en general este proyecto de ley.
Por lo tanto, cualquiera que quiera presentar alguna indicación a este proyecto de ley porque le parece que la técnica legislativa eventualmente requiere alguna mejora, créanme que no vamos a tener problema alguno en poder discutirla al interior de la Comisión de Seguridad, de la cual no soy parte, pero he participado cada vez que se ha tratado esta iniciativa.
En la Comisión se ha invitado a distintos actores. La misma Valentina en su minuto me pidió poder asistir nuevamente, porque, insisto, acá hay un drama social.
Cuando existe algún tipo de déficit de viviendas, la forma de solucionarlo es a través del Estado de derecho y de que el Estado haga la pega de construir viviendas, de entregar subsidios. Pero nunca en democracia la forma de hacerlo es apelar a la ley de la selva, porque eso implica renunciar a la política; eso es no creer en la política ni en la democracia.
No se puede normalizar la existencia de mafias que usurpen el terreno de otros y no les pase absolutamente nada.
De hecho, la Biblioteca del Congreso nos mostró que somos de los pocos países donde esto es así. O sea, la gran mayoría de los países vecinos tienen pena de cárcel para las usurpaciones. Nuestro país, no. ¡En nuestro país no!
Entonces, les insisto. Si alguien tiene otra hoja de ruta para poder solucionar este problema, bienvenida sea. ¡La mejor de las disposiciones!
Les recuerdo que habíamos acordado tratar este proyecto en el mes de marzo. Ya estamos en agosto. Y aquí me acompaña el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien en su minuto dijo: "Miren, habíamos quedado de tratarlo en marzo y se pidió que se corriera". Y los jefes de bancada, de buena fe, dijeron que no había problema, porque la Comisión esperaba verlo -no querían que se votara en marzo- y hacerle arreglos.
Se autorizó a tratar el proyecto en general y en particular en la Comisión. Pidieron plazo para presentar indicaciones -si mal no recuerdo, incluso fueron dos meses-, y no se hizo absolutamente nada en esos dos meses. O sea, no hubo ni una indicación, no hubo ni un trabajo. ¡Nada!
Entonces, que alguien aquí venga a decirnos "Mire, es que no me gusta el texto", bueno, ¿por qué no propusieron otro? ¡Si todos tenemos el mandato de legislar acá! Todos los que estamos aquí presentes tenemos el mandato de hacernos cargo de los dramas sociales.
Si a alguien no le gusta la solución que ha propuesto la Senadora Aravena con el Senador Pepe García y quien habla, bueno, que proponga otra alternativa. ¡Si no hay problema! ¡Para eso podemos votar!
Pero lo que más duele es cuando ni siquiera se atreven a votar algunos.
Y me dicen que el Partido Comunista -ojalá que no sea cierto- quiere pedir segunda discusión.
El señor CRUZ-COKE.-
No, no va a pedir segunda discusión.
El señor KAST.-
¡Qué bueno! Agradezco que me lo aclare...
El señor NÚÑEZ.-
¿Quién se lo aclaró?
La señora PASCUAL.-
Pediremos el aplazamiento de la votación.
El señor CRUZ-COKE.-
Eso: aplazamiento de la votación.
El señor KAST.-
Entonces, realmente es muy importante que nos hagamos cargo de los problemas.
¿Podemos pensar distinto? Por supuesto que sí.
¿Podemos votar distinto? Por supuesto que sí.
Pero no sigamos evadiendo problemas que, como sabemos, llevan mucho tiempo sin solución.
Y les insisto: esta es la votación general.
Obviamente, como Senador de La Araucanía, me preocupa muchísimo mi región. Y esta es una propuesta que ayuda muchísimo a La Araucanía, pero claramente no es la única región donde existen mafias que utilizan la usurpación de terrenos como una forma sistemática de hacer negocios y lucrar, sin atenerse al Estado de derecho ni menos a las normas que todos debemos respetar.
Por lo tanto, aquí no se criminaliza la pobreza, como algunos han dicho, ni tampoco se busca ir en contra de los dirigentes de los campamentos, sino que se trata de abordar una realidad que hoy día nos tiene completamente sobrepasados.
Y en La Araucanía esta ley, sumada a otro tipo de políticas públicas de las cuales ya hemos hablado largamente, sin lugar a dudas podría mejorar muchísimo la capacidad que tienen actualmente la Fiscalía y Carabineros y entregarles la anhelada paz que desean las familias de nuestra región.
Por eso voto a favor.
Gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Gahona.
El señor GAHONA.-
Gracias, Presidenta.
Hace unos días, mientras el Presidente de la República repartía estas masitas dulces, calzones rotos, a los periodistas en una nueva demostración de intervención electoral -perdón, Presidente, ¡corrupción electoral!, mejor dicho-, la opinión pública conocía un nuevo video en el cual se daba cuenta de que una familia sufría un ataque delictual múltiple en una de las autopistas urbanas de nuestra capital.
Mientras la Ministra del Interior, asesorada no sé por quién, publicaba en su cuenta personal de la red social Instagram una entrevista, intentando de manera triste acercarse a la ciudadanía, nos enteramos por la prensa de que la Encuesta Nacional de Seguridad era escondida en un cajón por parte del Ejecutivo para ocultar las cifras de victimización, que habían aumentado de manera considerable en el último tiempo.
Y, por si fuera poco, Presidenta, un conocido vespertino tituló el día de ayer: "Muchos chilenos viven hoy con temor". Esta frase pertenece, ni más ni menos, que al Subsecretario del Interior de este Gobierno.
¿Por qué comento esto, señora Presidenta? Porque si estamos discutiendo hoy un proyecto que forma parte de una agenda de seguridad, no es gracias al actual Presidente, ni a su Ministra del Interior, ni menos al Ministro de la Segprés que, dicho sea de paso, les mandó un nuevo recadito a los señores que pertenecieron a la Concertación. Si estamos discutiendo esto es gracias a los Comités de este Honorable Senado, que acordaron priorizar este proyecto.
Fíjese, Presidenta, que esta iniciativa lo que hace es sancionar al que, con violencia o intimidación, ocupare total o parcialmente un inmueble.
Y mientras el Gobierno hace campaña con un evidente descaro, tenemos a un señor terrorista en el sur cuya organización, la CAM, llama a la ocupación de inmuebles de todo tipo. Y el Gobierno no dice ni hace nada.
Se dieron tres vueltas de carnero en el mismo día para definir que perseguirían penalmente los dichos de Llaitul, contradiciéndose unos Ministros con otros.
Vinieron a pedir apoyo al Congreso para la prórroga del estado de excepción sin siquiera decir las cosas como son: que en Chile hay terrorismo.
Son incapaces, ¡incapaces! -y me refiero al Gobierno-, de urgenciar este proyecto.
Quiero ir a este último aspecto, Presidenta.
Este proyecto, tan importante como señal política para La Araucanía, no tiene urgencia por parte del Gobierno.
A este mismo boletín, el Gobierno del ex Presidente Piñera le puso seis veces urgencia de "discusión inmediata". Comenzó su discusión en diciembre de 2021 y quedó pendiente. Y ahora, recién, estamos en la idea de legislar con la total ausencia y compromiso, por supuesto, del Gobierno
¡Basta con mirar delante de usted, Presidenta, y ver que no hay nadie del Gobierno!
A pesar de que este Gobierno nos quiere hacer creer que están preocupados por la seguridad; a pesar del Gobierno, que jamás ha puesto urgencia a este proyecto; a pesar de este Gobierno, que mira con indolencia y esconde las encuestas que dan cuenta del desastre y la nula estrategia real para combatir el desborde delictual en el que vivimos, votaré a favor de esta iniciativa, esperando que por el bien de mis compatriotas, especialmente los de la macrozona sur, se apruebe y se aplique sin temor, sin medias tintas, sino con decisión y convicción.
He dicho, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Ahora intervendré en mi condición de Senador del Partido Socialista, pues ya informé el proyecto, y espero que no haya problemas al respecto.
Quiero puntualizar que este proyecto enfrenta un tema que es real: la toma de terrenos por distintas razones y en diferentes lugares del país. Yo entiendo que no se refiere solamente a una región de Chile.
Y, a mi juicio, lo hace para asegurar la mejor forma de que las personas recuperen su propiedad. Porque en realidad su objetivo -veremos el tema de las penas después- no es meter preso a alguien ni cobrarle una multa, sino que la gente recupere sus terrenos, pues efectivamente existe una gran cantidad de predios que llevan bastante tiempo ocupados, incluso viviendas, y que no ha sido posible desocupar.
Yo conocí el caso de una persona de otra región que hace ya bastante tiempo viajó a Lima, o algún lugar del Perú, a visitar a una hermana y cuando volvió encontró su casa ocupada. Y llevaba varios meses tratando de que se la devolvieran, aun cuando tiene todos los títulos de propiedad.
El objetivo de un proyecto de esta naturaleza, si no fuera puramente político, es que la gente pueda recuperar sus propiedades.
Y por eso quiero decir con mucho respeto, porque entiendo la intencionalidad de los autores, que es un mal proyecto, pues no sirve al propósito esencial. A lo mejor sirve para castigar a alguien -voy a discutirlo también-; a lo mejor sirve para provocarle incertidumbre a mucha gente, pero para resolver el problema de la usurpación de predios no sirve, ni es útil su propuesta.
Quiero decir, entonces, algunas cosas generales sobre la materia, Presidenta.
En relación con la exposición de motivos, que forma parte del boletín N° 14.015-25 -esto no está en el otro boletín-, se dice que la iniciativa se enfoca en grupos organizados que lucran ilícitamente mediante la usurpación de terrenos y estafas a los compradores, y no apunta a asentamientos irregulares espontáneos, que son consecuencia de la extrema necesidad, refiriéndose en estos casos a campamentos o tomas para tener un lugar donde vivir.
Esta distinción a mi juicio es esencial, pero no está en ninguna parte del articulado. La diferencia no se hace parte en ninguna parte. En ninguna parte se dice: "Mire, estos predios, no". Se señala que la gente en estado de extrema necesidad probablemente no será sancionada, pero no dice nada respecto de esos predios.
Entonces, esto apunta a todos los asentamientos irregulares, sean tomas de terrenos en La Araucanía, sean usurpaciones de viviendas en la zona central o cualquier cosa de ese tipo.
Y considerar esta forma de usurpación puede ser muy grave, porque, como ya lo había dicho antes, si no hacemos la exclusión expresa toda la exposición de motivos, la situación de vulneración y desprotección de sectores pobres y carenciados, pueden conducirnos a una situación de caos social completamente indeseado.
En cuanto a las penas privativas de libertad -no lo digo yo, sino todos los académicos con los cuales hablamos-, en la mayor parte de los países del mundo esta forma de usurpación no está penada; lo que sí está garantizada es la devolución del predio a aquel que haya sufrido la ocupación.
Por ejemplo, el académico señor Wilenmann, de la Universidad Adolfo Ibáñez, con relación a la usurpación violenta, que caracteriza el artículo 457 del Código Penal, propone cambiar la multa por un presidio menor en su grado mínimo. ¡Presidio menor en su grado mínimo: tres meses de cárcel! Nadie en este país va a la cárcel por un delito sancionado con presidio menor en su grado mínimo.
Entonces, esto no produce cambios significativos, y cito al académico: "Por un parte, porque la usurpación violenta, pese a sancionarse con multa, es un simple delito, y, por otra, porque si bien al introducir la pena de presidio menor (...) congela el marco y establece reglas especiales de determinación de la pena para este caso". Ello llevará probablemente en la práctica jurisdiccional a la dictación de sanciones sustitutivas, "como la de remisión condicional de la pena".
Y en materia de usurpación no violenta, se propone -se inventa, creativamente, por los autores del proyecto- una pena de prestación de servicios a la comunidad; pero si esta no se cumple, no se dice cuál sería la pena alternativa.
Además, el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, al cual le prestamos bastante atención, señala que se corre el riesgo de asimilar dicha medida a los trabajos forzosos, que están proscritos, por así decirlo, incluso desde el punto de vista de nuestras obligaciones internacionales.
Entonces, hay que contemplar umbrales y criterios en torno a los cuales fijar la pena de prestación de servicios, y debemos establecer reglas de determinación para su sustitución.
En general, este proyecto, que recibió muchas críticas en su articulado penal porque -repito- estas cosas no se sancionan con cárcel, es francamente muy débil. Solo se dispone la aplicación de multas. Estamos hablando de la ocupación no violenta. Sobre ello, no hay penas privativas de libertad.
Si hacemos esto, estoy seguro de que nadie dirá que este juego de penas (un par de días acá o un par de meses allá) va a provocar algún desincentivo a la conducta ilícita de usurpar. Para mí, es más importante la certeza que la cuantía de la pena. Aquí no va a haber pena. Puede quedar escrita en la ley, pero sabemos bien que, en la práctica de nuestros tribunales de justicia, ¡esto jamás se va a aplicar!
Ahora, naturalmente uno se pregunta: si no se pueden aplicar las penas, ¿cuál es la solución? Yo creo que las soluciones están claras, pero no figuran en este proyecto.
El único punto, curiosamente, en el que coincidimos en algo con la iniciativa es aquel que habla de la flagrancia.
Este proyecto propone que la flagrancia, que está establecida en nuestra legislación de manera general hasta doce horas después de cometido el hecho, se considere como permanente. O sea, nos pasamos al extremo total. Esto creará una inseguridad tremenda para la gente que ocupa o está viviendo en un predio hace veinte años, sin haber sido jamás cuestionado el hecho, pues ahora pasa a correr el riesgo de que cualquier día la tiren para fuera.
¿Y qué busca resolver este proyecto? La verdad es que se inventan penas privativas de libertad para saciar algunas ansias de sus autores, a fin de permitirles presentarse como ofreciendo sanciones. Pero están penando la usurpación de una manera absolutamente impropia e incompetente. ¡No sirve para nada!
Naturalmente, es posible cambiar las dos cosas que se plantean.
La flagrancia es una norma procedimental y comparto que sea incluida en el Código de Procedimiento Penal para estos efectos, de manera de facultar a la policía para ejercer sus potestades sin orden previa. Y debiera tener una extensión de unos tres meses. Eso permitiría, a lo menos, garantizar algún grado de certeza al dueño, que va a poder tener un tiempo razonable para solicitar la desocupación de su predio, y, al mismo tiempo, no crear el tipo de incertidumbre que podría provocar daños sociales graves.
Enseguida, está la forma de desocupar el predio.
Bien sabemos que la manera de desocupar un predio existe en el Código Civil, en el inciso segundo de su artículo 2195. Esta es la norma que se emplea generalmente. O sea, el propietario de un terreno ocupado ilícitamente no saca nada con presentar sus papeles al juez o a la policía. La policía le va a decir: "Señor, yo le creo que esa es su escritura, pero no le va a servir, porque tiene que iniciar el juicio que corresponde, que es la acción de precautoria que consagra el Código Civil". Por lo tanto, la persona tendrá que presentarse a un juicio al efecto, con lo cual pasarán, por lo menos, un par de años.
Quiero decirle al Senador Kast -por su intermedio, Presidenta- que esa es la situación de la familia de la persona que fue asesinada. El que lo asesinó está preso, ¡él está preso! El predio sigue ocupado, y la gente que está ahí solamente va a salir cuando se falle el juicio de precario dentro de dos o tres años. ¡Esa es la realidad jurídica de nuestro país!
Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa más simple? Se lo digo -por su intermedio, Presidenta- a los Senadores que presentaron esta iniciativa. Se podría hacer algo un poco menos heroico: cambiar la figura del precario por un juicio mucho más rápido y, al mismo tiempo, crear una flagrancia que sea realmente aceptable, sin producir la incertidumbre que tememos.
En suma, algunos piensan que con esto se pueden resolver las tomas de terrenos por razones de vulnerabilidad o por el conflicto en La Araucanía. ¡El proyecto no sirve, es completamente inidóneo para eso!
Yo creo que el delito requiere modernización a partir de saber qué quiere la gente cuyos predios son ocupados. Y eso se puede hacer cambiando la norma del Código Civil y también el período de flagrancia, el cual no puede ser perpetuo, porque ello produciría una tremenda incertidumbre en todos los ocupantes de terrenos.
¡Pésimo proyecto! Lo voto en contra, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Presidenta, muchas gracias.
Yo iba a partir con otra cosa, pero no puedo evitar referirme a lo que señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Uno puede estar en desacuerdo con un proyecto, pero otra cosa es ser ofensivo en el lenguaje. Con mucho respeto, quiero decirle que esta moción la hicimos por respeto y preocupación hacia muchos ciudadanos chilenos que hoy día viven con angustia la usurpación de sus terrenos, de sus casas, de sus predios.
La verdad de las cosas es que uno puede diferir, para eso está la democracia y este espacio, pero el respeto es algo que jamás se puede perder. No creo que corresponda decir -lo señalo sinceramente y también con respeto a la opinión que se ha emitido- que un proyecto es "pésimo", "malo", porque en realidad ello es relativo, dependerá de quién este observando la discusión.
Lo segundo es que este proyecto lleva 533 días de trámite. Si algunos Senadores consideran que esta propuesta no es buena y que podría haber otras soluciones, que he escuchado atentamente, ¿por qué no se han presentado otras iniciativas o indicaciones a este proyecto para haber hecho de otro modo la discusión en general?
En Europa, Francia, Alemania, España y Portugal tienen penas privativas de libertad para la usurpación. Son países desarrollados, no subdesarrollados. En el mismo sentido, en Sudamérica, nuestros vecinos Perú, Argentina y Uruguay también han legislado al respecto.
La ley que actualmente nos rige tiene 148 años de existencia; data de 1874. Si algún Senador acá considera que esta ley está actualizada a los tiempos de hoy, me gustaría que nos dé los argumentos al respecto.
La primera dificultad del tipo penal de la usurpación en Chile es que tiene como base la pena de multa y no una privativa de libertad. A quienes nos están escuchando y viendo hoy día, quiero decirles que las multas van de 6 a 10 UTM, en el caso de que no haya violencia, y de 11 a 20 UTM, cuando existe violencia. Es muy poco, evidentemente no desincentiva tanto la comisión del delito. Asimismo, cabe agregar que la ley señala que "no se podrán ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado, con excepción de la citación". Ello, porque no se contemplan penas de cárcel. Y este no es un tema menor.
La autoridad policial, ante una situación de usurpación de inmuebles, no puede detener, ni siquiera en flagrancia. Solo puede hacerlo cuando ocurre con una violencia inusitada, como sucede muchas veces en La Araucanía.
En nuestra jurisprudencia la flagrancia se entiende como el momento del ingreso de los ocupantes ilegales, y solo hasta doce horas después. Alguno de los Senadores planteó el punto, y claramente hay que legislar sobre ello.
Francia e Inglaterra modificaron su regulación penal, y hoy se considera que la flagrancia se perpetúa en el tiempo y se transmite también a aquellos ocupantes ilegales que se mantiene al interior del inmueble o en el terreno.
En la práctica, aquí se hace la denuncia respectiva y, previa orden judicial, salvo que exista flagrancia, los carabineros van a desalojar la propiedad en ambos casos, sin posibilidad alguna de detener. Una vez hecho el desalojo, los carabineros se van y lo que ocurre normalmente es que las personas vuelven a usurpar el predio, entrando nuevamente al sistema procesal penal en acción.
Solo unos datos.
En el Reino Unido, la pena privativa de libertad existe; es hasta seis meses de prisión y multas de hasta 5 mil libras.
En Alemania, es hasta un año, cuando es sin violencia, y hasta dos años, cuando hay violencia, además de multas muy altas.
Holanda contempla hasta un año o multas, o dos años, dependiendo si hay o no violencia en la usurpación.
En el caso de España, hasta seis meses, sin violencia, y hasta dos años, con violencia.
Y, en Francia, la pena de cárcel es de hasta un año.
Esa es la realidad de países desarrollados.
Entonces, decir que es una ridiculez que nosotros hayamos elaborado un proyecto que incluye penas de cárcel, no lo entiendo, porque significa que todo el resto del mundo está equivocado y que Chile tiene que seguir manteniendo una ley de 148 años, como si este Congreso no quisiera legislar y le diera lo mismo que haya miles de familias sufriendo por este problema.
Entiendo que hay diferencias entre tomarse un terreno en La Araucanía y tomarse un terreno porque no tengo viviendas. Pero eso perfectamente puede ser parte de las indicaciones a este proyecto de ley. Podrían configurarse delitos distintos dentro del concepto de usurpación.
No soy abogada, soy ingeniera agrónoma, pero entiendo, porque lo vivo en mi Región, que han aumentado en 600 por ciento las usurpaciones, las que se efectúan incluso con violencia, al punto del asesinato.
No sigan justificando, después de casi quinientos días, que no quieren legislar un delito. Ante ello, de verdad, yo no tendría cara para enfrentarme a nuestra gente en La Araucanía y ¡a todo Chile!, porque esta no es una situación particular.
Tratemos de ponernos de acuerdo; no podemos seguir buscando excusas, porque este Congreso tiene herramientas para legislar, para modificar este proyecto.
No comprendo, sincera y humildemente, por qué no se quiere aprobar, por lo menos, la idea de legislar. Cuál es el punto, si este Senado puede ingresar todas las indicaciones que quiera, incluido el Ejecutivo, que echo de menos que no esté aquí, tratándose de un problema tan importante.
Voto a favor, señor Presidente.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador José García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Intervendré en la misma dirección en que lo ha hecho la Senadora Carmen Gloria Aravena, con tanto fundamento y con tanta precisión.
Tengo en mis manos, señora Presidenta, el oficio N° 13.198, fechado el 17 junio del presente año, de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, dirigido a don Álvaro Elizalde Soto, Presidente del Senado.
Este oficio contiene un informe de Carabineros de Chile.
No me voy a referir en extenso a los números sobre usurpaciones que se producen de manera tan frecuente, particularmente en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos; pero sí al punto 5 del informe: "Las limitaciones que tiene Carabineros de Chile respecto a la normativa actual de la usurpación en la zona y las modificaciones legales que considera relevante para una mayor efectividad frente al delito". Lo dice Carabineros de Chile.
Cito textual: "Las limitaciones se enmarcan principalmente en la cuantía de la pena, dado que los delitos contemplados en los artículos 457 y 458 del Código Penal, tienen como penalidad una multa que fluctúa entre 6 y 11 U.T.M., por ende, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 del Código Procesal Penal, no proceden medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado, con excepción de la citación.
"En la práctica," -continúa el informe- "frente a una denuncia por usurpación de un predio, desalojando en flagrancia, no procede la detención de los ocupantes, sino que únicamente la citación, lo cual posibilita reiteradas usurpaciones sobre el predio, las que generalmente son efectuadas por las mismas personas que fueron desalojadas y apercibidas conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, llegando incluso a regresar horas después a ocupar el mismo predio.
"En ese sentido, una modificación legal relevante podría apuntar al aumento de la penalidad de los referidos tipos penales, de modo que permitan medidas cautelares como la detención de los imputados que son desalojados, asimismo, agravantes relacionadas con la reiteración del delito, con el objeto de desincentivar su cometido".
Lo está diciendo Carabineros de Chile, una institución especializada, que tiene que lidiar permanentemente -me atrevería a decir que todos los días- con este tipo de situaciones.
Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de entregar más herramientas, de escuchar a estas instituciones de la república respecto de sus requerimientos, para poder combatir con mayor eficacia los delitos que se cometen. ¡No hagamos oídos sordos!
No me parece bien que aquí simplemente se diga que el proyecto que hemos presentado es malo, pésimo, cuando hoy solamente se vota la idea de legislar. Si la votamos en contra, habrán pasado 533 días sin que este proyecto haya avanzado nada, y no habremos entregado ninguna herramienta nueva que contribuya a la solución de los problemas.
¡Esa sería una muy mala noticia para Chile!
Pero no solo lo dijo Carabineros de Chile, Presidente.
¿Qué señaló el Ministerio Público en la Comisión de Seguridad Pública? La señora Irribarra, abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica de dicha institución, "estuvo conteste con la iniciativa legal en estudio". ¡El Ministerio Público estuvo conteste con la iniciativa legal en estudio! ¡Parece que no es tan disparatada la idea, como se ha pretendido decir aquí, en la Sala!
Leo el informe de la Comisión: la señora Irribarra "explicó que la opinión institucional sobre este proyecto de ley tiene un carácter general acerca del delito de usurpación, dado que sus consecuencias se verifican en todo el territorio nacional. En ese orden, añadió, el problema con este delito consiste en que, a pesar de su naturaleza, tiene asignado sólo una pena de multa. Y, al tenor del artículo 124 del Código Procesal Penal, la única medida cautelar procedente a su respecto es la citación. El proyecto propone una pena de trabajos en beneficio de la comunidad para el caso de la usurpación no violenta, pero tal idea no ofrece ninguna solución al continuar el problema en el escenario del artículo 124 del Código Procesal Penal. Siendo así, para corregir la situación descrita cabría modificar lo dispuesto en el artículo 134 del CPP, que establece excepciones al artículo 124, que hacen procedentes, para ciertas faltas, la detención como medida cautelar. La opinión del Ministerio Público es que la pena sea de presidio, tal como se propuso en una iniciativa legal anterior que distinguía entre la usurpación violenta y la no violenta, y establecía una pena de presidio menor en su grado mínimo para el caso del artículo 458 del Código Penal y presidio menor en su grado medio en el de la usurpación violenta".
Señora Presidenta, podríamos abundar en argumentos, en fundamentos, para que esta iniciativa sea aprobada.
Quiero insistir en que hoy solo votamos la idea de legislar. Pido a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que nos ayuden respaldando el proyecto en general.
Esta es una modernización necesaria de nuestra legislación.
Muy bien lo dijo la Senadora Carmen Gloria Aravena: la normativa actual tiene más de 140 años de vigencia. Yo creo que estamos bastante atrasados. ¡Necesitamos poner al día la legislación! ¡Necesitamos que Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público tengan herramientas nuevas para hacer frente a este tipo de delitos!
Yo les pido que nos ayuden y voten a favor de la idea de legislar.
¿Indicaciones para la discusión en particular? ¡Todas las que sean necesarias! ¡Todas las que las Senadoras y los Senadores quieran presentar! ¡De eso se trata el proceso legislativo: de mejorar las iniciativas! Si nos hemos equivocado, bueno, ¡corrijamos!
Pero hay chilenas y chilenos que sufren a diario la pérdida de sus propiedades; agricultores y agricultoras que ven cómo el fruto de su trabajo o de su esfuerzo se pierde simplemente porque alguien pone una bandera o un letrero, y se les impide sembrar, se les impide cosechar, poniendo en riesgo, por lo demás, la seguridad alimentaria que debe tener nuestro país.
Entonces, por favor, midamos las consecuencias de nuestros votos.
Repito: necesitamos este instrumento, necesitamos modernizar nuestra legislación. ¡Hagámoslo ahora! ¡No sigamos esperando!
Voto a favor, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
Gracias, señora Presidenta.
Quisiera tomarme de las palabras del colega que habló recién, el Senador García, pues creo que permiten poner la discusión en el contexto real. Porque esta discusión partió hace un rato hablando de las declaraciones de la CAM y la verdad es que eso no tiene nada que ver con este debate.
Yo destaco lo que ha señalado el Senador García respecto del letrero y la bandera.
Efectivamente, esto surge en un contexto. Siempre hay un contexto para estas discusiones legislativas. Y para esto tenemos que remontarnos un par de años atrás -2020-, cuando la Conadi, dirigida por el señor Malig, en el Gobierno del Presidente Piñera, redujo la ejecución presupuestaria del artículo 20, letra b), de la Ley Indígena. Y eso significó que no se pudieron comprar tierras. Se redujo la ejecución presupuestaria en 2020 a un 9 por ciento. Eso significó -por eso esto no tiene nada que ver con la CAM- que comunidades mapuches que llevaban diez años, cinco años, dieciocho años con aplicabilidad, con sus procesos en marcha -no hay ninguna duda de que respecto de ellos cabe el derecho a la restitución de tierras, porque fueron usurpadas-, empezaran a ocupar, a perder la paciencia, porque finalmente el Gobierno decidió -en una decisión política- no comprar más tierras.
Y así surge este proyecto, en ese contexto.
Entonces, yo quiero que vayamos despejando mitos.
Otro mito que hay que despejar es el de los 533 días. Porque convengamos, y lo dijo el Presidente con mucha claridad, en que quienes solicitaron la segunda discusión fueron las filas de la Derecha. El mismo colega que me antecedió en la palabra, si mal no recuerdo, pidió hace más de un año, en la legislatura anterior, la segunda discusión.
Recuerdo que ese mismo día se dijo que no estaban los votos para aprobarlo y se solicitó que volviera a la Comisión. Este proyecto ha estado en dos ocasiones listo para votarse en Sala. Pero recuerdo que ese día coincidió también con una movilización de campamentos de la Región de Valparaíso acá, afuera. Dirigentes de los campamentos conversaron con todos y nos dijeron que este proyecto -a mí no me sorprende y a nadie de la Comisión de Seguridad le sorprende, porque esto lo dijeron los penalistas, al igual que algunos urbanistas- iba a tener efectos en las tomas de terreno urbanas.
Hay algunos penalistas que incluso fueron más lejos. Algunos investigadores dijeron: "Como está redactado esto, va a tener efectos hasta en las tomas universitarias", donde claramente no está presente -como dicen los abogados- el ánimo de señor y dueño, que aquí se reafirma que es un tema innecesario.
Por eso yo creo que se queda corto el Senador Insulza -hizo una tremenda y documentada exposición- cuando dice: "este proyecto es malo". Pienso que fue pudoroso en sus términos. Porque los especialistas de todos los sectores, de todo el espectro político, los penalistas, dijeron: "Esto es deficiente, contradictorio, confuso e inútil".
Solo para poner las cosas en contexto, yo quisiera citar también a un reputado abogado, que hoy día es miembro de la Corte Suprema, cuyo nombramiento fue aprobado transversalmente el año pasado en el Gobierno del Presidente Piñera, miembro del Estudio Matus-Ramírez, que señala lo siguiente -y cito un poco al Senador Insulza cuando se pregunta por qué estas penas en el mundo van en retirada y por qué son bajas-: "Históricamente, el derecho penal ha sido instrumentalizado por los sectores sociales dominantes para lograr imponerse sobre los sectores más carenciados. En efecto, las tierras susceptibles de ser afectadas por este delito fueron por mucho tiempo las que pertenecían al Estado o a los pueblos indígenas y quienes las usurpaban eran, justamente, los representantes de la élite;" -una élite que no sesionaba muy lejos de este lugar- "por lo tanto, una pena más baja daba cuenta de la influencia de determinados sectores en la redacción de las leyes durante largos lustros".
O sea, es imposible analizar este proyecto descontextualizado de la historia.
Por eso, con toda franqueza, ante estas interpelaciones a los sectores progresistas, de Centroizquierda, de decir "ustedes no quieren la seguridad", yo digo ¡no, por favor! Yo creo que varios de nosotros aquí hemos dado testimonio, y más que testimonio, de que nos preocupa el tema de la seguridad. Pero no queremos más bengalas, más cortinas de humo, sino soluciones reales.
El Senador José Miguel Insulza en su intervención ha sido muy claro en proponer caminos, como también lo hicieron los penalistas, para resolver este proyecto, que, dicho sea de paso, ni siquiera recibió la opinión del Ejecutivo, porque los autores no permitieron más tiempo en la Comisión para escucharlo. El Gobierno no se pronunció. Hay una Administración que llegó hace cuatro meses y sobre esto no señaló nada. Ni la Ministra Izkia Siches, ni el Subsecretario Vergara, ni el Subsecretario Monsalve fueron escuchados porque los autores no lo permitieron.
¿Y vamos a decir que no corresponde? ¡Sí corresponde! Porque hay otro proyecto, de autores similares, relativo al robo de madera, en que el actual Ejecutivo -convengamos- no solo se hizo presente, sino que formuló indicaciones. Es lo normal. Un mínimo de fair play es escuchar al gobierno de turno que le va a tocar implementar un eventual proyecto de estas características.
Por eso yo iría también más allá en los términos.
He escuchado muchos proyectos de la Derecha, los he analizado, los he leído, pero creo que este va más lejos que cualquier otro.
Primero, no se hace cargo de la propia responsabilidad del Gobierno del momento al reducir drásticamente el presupuesto de inversión en tierras.
Creo que este proyecto es absolutamente contra el pueblo mapuche.
Lo quiero decir con todas sus letras e intentaré justificarlo.
Nunca había visto un proyecto contra el pueblo mapuche. Porque una cosa es que los autores -es algo bien curioso, y ustedes lo pueden revisar en sus carpetas- siempre están pensando en La Araucanía, en esas tomas a las cuales hago alusión de dos años atrás, de comunidades que habían optado por la legalidad en todos sus procedimientos. Pero, curiosamente, nunca nombran a La Araucanía. Por eso se produce esta confusión y por eso esta iniciativa, si se llegara a aprobar tal como está, podría partir para cualquier lado, porque están los loteos brujos y otros temas que son eminentemente urbanos.
Entonces, el Senador Insulza hace muy bien cuando dice: "Esto hay que ordenarlo". Y se ofrecen alternativas, como modificar los artículos 457 y 458 del Código Penal y 134 del Código Procesal Penal.
O sea, no es que estas bancas no hayan tenido propuestas. ¡No, todo lo contrario!
Sabemos perfectamente cómo se origina este problema, porque es real. Este es un problema real.
Yo tengo mi tesis, que voy a señalar.
Creo que esto se originó a raíz de un fallo de la Corte Suprema del año 2018, sobre un desalojo en el fundo El Fiscal. Y el Máximo Tribunal señala: "¿Saben qué? Córtenla," -no lo dice exactamente así- "veinticuatro horas es un tiempo demasiado largo para proceder a la flagrancia". La flagrancia es flagrancia, es "en el momento". Entonces, la Corte Suprema sostuvo: "con doce horas es suficiente para que se produzca la flagrancia".
Y no es efectivo, como se ha afirmado acá por uno de los autores, que Carabineros no tendría nada que hacer, que estaría atado de manos. Lo dijeron los penalistas, la Defensoría, incluso creo que la Fiscalía.
Por la vía de la citación a la unidad policial para los efectos de citar a la Fiscalía, igual en los hechos se produce el desalojo. El desalojo se realiza de todas maneras.
Además, este proyecto se ha redactado en términos de "trabajos forzosos" o "prestación de servicios a la comunidad". Esto me recuerda el siglo XX, en momentos muy tensionados de nuestra historia, en que también había trabajos forzosos en otras latitudes. Son experiencias que yo no quisiera replicar. Claramente, hay que sacar esas cosas de este proyecto. Y por eso aquí se ha planteado y asumido por los propios autores que esta es una iniciativa que tiene deficiencias.
En tal sentido, yo no estoy dispuesto, más en el clima actual, en el contexto actual del Senado, a despachar un proyecto tan mal planteado, tan mal formulado, deficiente, contradictorio, confuso, como lo han señalado los propios académicos de derecho penal.
Señor Presidente, simplemente quiero terminar recordando también algo de la historia.
No nos olvidemos, a propósito del debate constitucional -respecto a lo cual esto tiene muy poco que ver-, de que la Constitución de 1833 y la de 1925 contemplaban un receso legislativo entre los meses de septiembre y mayo. Se trataba de un receso legislativo bastante largo, pues era la época en que los congresistas, es decir, quienes habitaban estos espacios -como dice el Presidente-, necesitaban tiempo para ocuparse de las cosechas en sus predios.
La Constitución del 80 algo trata de mantener con las legislaturas ordinaria y extraordinaria. Por lo menos ya no se habló de receso. Y eso después ya no se aplicó.
Lo que quiero decir simplemente con esto es que el derecho penal, lamentablemente, fue utilizado en el siglo XX para afectar mayormente a los sectores más desposeídos del país. Y hoy día, curiosamente, llega esta misma discusión.
También he conversado con algunos destacados juristas de las bancas de enfrente -no lo ha hecho solo el Senador Insulza- y ellos saben que este es un proyecto con deficiencias. Lo mínimo que tendríamos que haber hecho es escuchar al Ejecutivo, ver qué alternativa tiene, como se hizo en el proyecto sobre robo de madera. Pero no: aquí algunos insistieron en echarle para adelante, a lo que fuera.
Y el resultado, claro, se puede ganar, quién sabe, en general, pero este es un proyecto del cual tenemos que hacernos cargo.
¿Me da un minuto, Presidenta?
Reitero: nosotros creemos que hay cosas que corregir. El tema de la flagrancia es un tema por corregir.
Los penalistas, después de decir: "Oye, todo esto está mal hecho" -no sé si se acuerdan los colegas de la Comisión de Seguridad-, incluso daban algunas sugerencia, como incorporar la intimidación, que no está contemplada en los dos artículos, sino solo en uno.
Entonces, cualquiera que está siguiendo esta discusión desde afuera -y un poco en la lógica del populismo penal que inspira este proyecto, no hay duda, de que finalmente es la no respuesta, es la parálisis del Estado- dice: "Bueno, la usurpación hay que regularla, pues no está legislada". Está legislada en dos artículos: la usurpación violenta y la no violenta.
El tema es que las penas, claro, se pueden mejorar, aumentar, pero eso requiere una redefinición total de este proyecto.
Por lo expuesto, voto en contra, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, nos encontramos a más de quinientos días de que estas iniciativas fueran presentadas. Estamos con un proyecto urgente y necesario respecto del cual no hay urgencia legislativa por parte del Gobierno, como si esto no existiese.
Y lo que hay, en definitiva, es una cultura de la impunidad que se está incoando desde el Ejecutivo.
Le hemos pedido al Gobierno que encabece una política de tolerancia cero en contra de la delincuencia y uno de los temas que ha propuesto nuestra bancada de Senadores y Senadoras es, justamente, ponerle urgencia al proyecto de ley de usurpación.
Lo que me parece inexplicable, Presidenta, es que se vote en contra de la idea de legislar, ¡en contra de la idea de legislar! Es muy bueno que eso lo sepan los vecinos y los ciudadanos de La Araucanía, de la Región del Biobío, de la Región de Los Ríos, de la Región de Los Lagos, de la Región de Valparaíso, ¡de la Región de Valparaíso!, de la Región de Arica, de la Región de Antofagasta, de la Región de Tarapacá.
Tenemos un problema ¡grave!, dado por el aumento sostenido, exponencial de la ocupación de predios. Baste ver que la Región de Valparaíso es la con más campamentos de Chile, y hemos estado ayudando para la regularización de esos campamentos. Se había establecido una fecha de corte el año 2011, se trabajó durante largo tiempo -yo estoy trabajando desde los trece años de edad en los campamentos de mi región-, y hemos logrado regularizar los dos campamentos más grandes de Chile.
Pero lo que no puede ocurrir es que, en definitiva, ahora haya una mano blanda: "¿Sabe qué más?, es mejor no legislar, ¡no legislar!". Y este es el tema de fondo.
En junio de 2016 presentamos la moción destinada a modificar las penas asignadas al delito de usurpación (boletín N° 10.780-07), la que, lamentablemente, no fue tramitada ni se fusionó con los proyectos de ley sobre la misma materia para la cual hoy se nos convocó.
Posteriormente, en julio de 2020, se me invitó a copatrocinar la moción que hoy se somete a nuestra consideración. O sea, este no es un proyecto nuevo. Ya en 2016 presentamos una iniciativa sobre esta materia. El proyecto que nos ocupa tiene el boletín N° 13.657-07, el que, a su vez, está fusionado con un proyecto de ley ingresado en enero de 2021, boletín N° 14.015-25.
Tal como lo señalé en los fundamentos de la primera moción, y se reitera en los siguientes, este delito, a pesar de tener como hecho base la fuerza en las cosas, apropiación violenta de una cosa o de un derecho real, lamentablemente, tiene asociada una penalidad, de multa desde 11 a 20 UTM, sorprendentemente baja y no dice relación alguna con el resto del cuerpo legal sobre la propiedad, provocando una disparidad entre la protección general que se le otorga a la propiedad y la sanción que conlleva aparejada este delito.
La propiedad raíz en la que se construyen viviendas constituye un preciado anhelo de todas las personas que están en condiciones de acceder a ella, y normalmente representa muchos sacrificios y privaciones lograr contar con la casa propia.
No debiera ser aceptable que la sustracción de un bien mueble, con o sin fuerza en las cosas, tenga mayor penalidad que lo que ocurre respecto de un inmueble. ¡Cómo va a ser posible que la sustracción de un bien mueble, con o sin fuerza en las cosas, tenga mayor penalidad que lo que sucede en el caso de un inmueble, que posee mucho más valor pecuniario y afectivo que otras especies!
Y lo que resulta de mayor gravedad es que en muchos casos estas usurpaciones constituyen un medio para que sus autores efectúen negocios ilícitos mediante loteos irregulares y que después van vendiendo a diversas personas que desconocen el origen espurio de esos bienes raíces.
Por eso, estimamos que la usurpación, como delito de apropiación indebida de un inmueble, con o sin fuerza, debe ser drásticamente sancionada, más que con penas pecuniarias, con penas efectivas de privación de libertad, considerando que, además, en la zona sur, cuando se llevan a cabo estos ilícitos, se cometen también atentados incendiarios contra vehículos o maquinarias agrícolas que se encuentran en su interior, o se roba madera que ha sido legítimamente producida por sus propietarios.
Sobre la base de estas consideraciones, otorgamos nuestro voto favorable a estas mociones refundidas en general, ya que estimamos que su texto puede ser perfeccionado. ¡Por supuesto que puede ser perfeccionado! Y acogemos los planteamientos hechos por el Senador Insulza y tantos otros. Pero lo que no puede ocurrir es que acá algunos Senadores pretendan que estos delitos queden en la impunidad, en la más completa impunidad.
Desde octubre de 2019 en la Región de Valparaíso han proliferado los campamentos, ¡han proliferado los campamentos!, en la provincia de San Antonio, en la provincia de Valparaíso, en la provincia de Marga Marga.
Entonces, yo quiero hacer un llamado de atención. Acá se requiere urgentemente que este tema esté regulado por la ley y, además, que considere la sanción necesaria y ajustada al ilícito.
Adicionalmente, hay un verdadero derecho de toma. Hay lugares donde el tomador finalmente hace un loteo y vende cada lote, ¡vende cada lote!
¿Y qué pasa con el sistema jurídico? El hecho queda en la impunidad, queda en la más completa inacción, porque no hay acciones.
Y cuando se habla de la flagrancia, Presidenta, es absolutamente imposible probarla o que el aparato del Estado funcione.
Eso ha ocurrido.
Yo he presentado tres recursos de protección que han llegado a la Corte Suprema. ¿Y qué ha resuelto el Máximo Tribunal? En uno, efectivamente, el desalojo, en una toma en Reñaca Alto. ¿Pero qué sucedió con los otros recursos de protección que hemos presentado? Le pide al Estado que haga el trabajo, que establezca una vía rápida para solucionar el problema. Y esos temas, al final, terminan en la más completa impunidad y los pobladores, en las mismas condiciones, porque el aparato del Estado no funciona.
Yo quiero aprovechar de recordar. Vamos a hacer un conteo diario de cada día que el Presidente Boric no concurra a la Región de La Araucanía: cumplimos hoy ciento cuarenta y cinco días del Presidente ausente en la Región de La Araucanía.
Presidente, ¡la Región de La Araucanía lo sigue esperando!
Es muy distinto ver los temas desde Santiago, desde La Moneda, que desde los territorios afectados. La usurpación no es un delito que afecte solo a La Araucanía, solo a la Región de Los Ríos, solo a la Región del Biobío, ¡no!, afecta a todo el país. Pero en la Región de La Araucanía, en la Región de Los Ríos y en la Región del Biobío tiene una condicionante adicional, que dice relación con una violencia que está desatada y donde hay impunidad.
Renovación Nacional presentó cinco querellas criminales, ¡cinco querellas criminales!, una directamente contra Héctor Llaitul, porque no es posible que estos hechos queden en la impunidad.
Y esto no es populismo penal; esto es hacerse cargo del problema, ¡hacerse cargo del problema! Porque si me dijeran, como han planteado algunos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, que regulemos mejor la usurpación o que, en definitiva, establezcamos una extensión de la flagrancia, uno podría decir: "Bueno, estamos dispuestos a escuchar fórmulas". Pero lo que no podemos aceptar es que finalmente no haya una acción y se vote en contra de la idea de legislar sobre esta materia.
Estamos dispuestos a conversar, a dialogar.
Yo me alegro de que este proyecto esté siendo discutido, porque estuvo muchos días en tabla, en el último lugar, sin que se consiguiera su tratamiento. Y hoy día estamos logrando que una iniciativa tan importante para muchos chilenos pueda ser efectivamente votada.
Espero que aquí prime la racionalidad, prime el hacerse cargo de un problema.
Este es un proyecto que además está dentro de la agenda de seguridad pública; sí, la misma seguridad pública de la cual claman los chilenos, ¡la misma seguridad pública en la que el Gobierno tiene un complejo para actuar!
Yo llamo al Presidente Boric a que no solamente no siga ausente en la Región de La Araucanía, sino que en los temas de seguridad pública tenga la... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
(El Senador indica a la Mesa que ha finalizado su intervención).
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
De acuerdo con el Código Penal vigente, el delito de usurpación, que significa en concreto tomarse un terreno público o privado, solo se encuentra sancionado con una pena pecuniaria, lo cual es absolutamente insuficiente para desincentivar una conducta delictiva que, lamentablemente, es de creciente ocurrencia en muchas de nuestras regiones, especialmente en la macrozona norte.
La ocupación ilegal, o las denominadas "tomas" de terrenos privados y fiscales, es un fenómeno que en los últimos meses ha mermado la seguridad jurídica en nuestra comunidad.
El borde costero de Arica, los terrenos correspondientes al humedal, la zona de Villa Frontera, Cerro Chuño y otros sectores de la ciudad son testigos de la proliferación de una labor sistemática y organizada de bandas criminales para cometer el delito de usurpación, con la participación de migrantes irregulares -muchos de ellos se quedan en las regiones de la zona norte, viven ahí y no sabemos a qué han venido, y tampoco lo sabe el Gobierno- y también de delincuentes chilenos. Pero ocurre que, luego de producida la toma, en poco tiempo aparecen loteos, construcciones precarias, cercos puestos por los propios usurpadores, quienes, organizados, venden irregularmente cada uno de estos lotes, amenazando y enfrentando con violencia cualquier intento de desocupación por parte de los propietarios de esos terrenos.
Es decir, estamos en tierra de nadie.
Es por ello que me llama la atención -y me lo han manifestado quienes son parte de la Comisión de Seguridad- que exista finalmente la sensación de no querer legislar por ser un mal proyecto y no se sumen todos a la posibilidad de encontrar efectivamente una norma que responda al sentimiento que necesita la ciudadanía.
Se dio un plazo, cerca de una semana o incluso quince días, para que el Gobierno estuviese presente en la Comisión, y eso no sucedió.
Considero que el delito de usurpación debe ser agravado en cuanto a su sanción; no puede mantenerse una penalidad tan baja como la actualmente vigente. La falta de una sanción más rigurosa y ejemplificadora constituye un verdadero incentivo para la usurpación.
En ese contexto, lamentablemente, se da una situación irregular en el Código Penal respecto del delito de usurpación, al que, no obstante ser considerado como un hecho de fuerza, de apropiación violenta de un terreno o una propiedad, se le fija una baja penalidad, es decir, una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, la que no guarda relación alguna con el resto de la normativa vinculada a la propiedad y genera disparidad entre la protección general que se le otorga y la sanción aparejada al delito.
Constituye una adecuada política pública la modificación propuesta en este proyecto de ley: el hecho de sancionar este tipo de conductas criminales con penas privativas de libertad, puesto que la sanción de multa hoy vigente es claramente insuficiente.
Sin embargo, creo que la ciudadanía quiere que seamos más rigurosos. Por eso, la reflexión que debemos hacer de manera urgente es que la protección del derecho de propiedad privada sea un tema de derechos humanos, que no solo son de un sector, sino de todos los chilenos, de la totalidad de los sectores. Y, por lo tanto, ello debe ser prioritario para el sistema normativo de nuestro país.
La usurpación es un delito que atañe a la seguridad jurídica de un inmueble privado y muchas veces priva a quienes han adquirido un terreno con bastante esfuerzo a través del ahorro de toda su vida.
Una pena de presidio menor en su grado mínimo, como la que establece el proyecto de ley en discusión, debe ser agravada, sobre todo considerando los casos de reincidencia, lo cual es bastante común.
Dicha iniciativa también señala que cuando la usurpación se efectúe sin violencia en las personas se va a aplicar una sanción de prestación de servicios en favor de la comunidad, lo que nuevamente es insuficiente, puesto que este delito normalmente se realiza aprovechando la ausencia temporal o momentánea del dueño.
Un avance importante lo constituye el hecho de que se determina que este delito va a tener el carácter de permanente; es decir, desde que se inicia la ejecución de ese acto ilícito y mientras persista la ocupación, se considerará flagrancia todo ese lapso -lo que implica el apoyo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones-, con el objetivo de poder actuar sin necesidad de tener un requerimiento fiscal previo.
Obviamente que en esto es muy importante la acción de quienes utilizan menores de edad para cometer la usurpación, aun cuando se cuente con el consentimiento del propio menor de edad.
Señora Presidenta, finalmente deseo señalar que no podemos seguir dilatando un proyecto de ley largamente esperado por muchos ciudadanos, y que el agravamiento de la pena para el delito de usurpación no puede ser calificado de populismo penal. No es populista cuando se protegen los ahorros de las familias chilenas.
Es por ello que manifiesto mi aprobación en general a este proyecto de ley y mi compromiso en la formulación de indicaciones, porque la protección de la propiedad debe ser la base de una política criminal comprometida con todos los chilenos, a fin de que sea una herramienta eficaz para combatir el creciente fenómeno de la usurpación en Chile.
Votaré a favor, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
He estado leyendo con mucha atención algunos elementos que me parece importante que el resto de los parlamentarios conozca y que guardan relación con ciertas observaciones que ha hecho la Biblioteca del Congreso Nacional respecto de iniciativas legales que han ido en esta línea de aumentar las penalizaciones en términos de la usurpación.
Yo, Presidenta, quisiera iniciar mi intervención destacando dos aspectos que considero relevante no dejar pasar.
Como profesor de historia, me gustaría hacer solo un poquito de recuerdo y señalar que la usurpación es un tema que lamentablemente se ha arrastrado históricamente en nuestro país.
Uno de los asuntos más complejos, sobre todo en el sur de Chile a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ha sido, sin lugar a dudas, el tema de la propiedad de la tierra.
Por eso, quiero hacer solo dos observaciones iniciales, sin el ánimo de polemizar bajo punto de vista alguno con los colegas que me han antecedido.
Hay que recordar aquí, por cierto, que las usurpaciones o todo tipo de usurpación son parte de la acción del Estado, que favoreció durante siglos a propietarios rurales no indígenas; que se avalaron ese tipo de usurpaciones de tierras fiscales indígenas por particulares, y que se consolidaron esas usurpaciones en propiedades de carácter rural.
Digo esto porque, claro, hoy día es fácil hablar desde el contexto actual.
Yo bajo punto de vista alguno estoy por oponerme a este proyecto en términos generales, pero sí creo que es importante hacer esas observaciones y señalar lo que ha ocurrido históricamente en el país en esta materia.
Fíjense que con mucha liviandad algunos aquí han planteado las problemáticas que tienen que ver con el tema de las usurpaciones.
Al respecto, quiero señalar, por ejemplo (y son datos que la propia prensa ha registrado), que la Fiscalía de nuestro país verifica fuertes aumentos de ocupaciones desde que la Conadi disminuyó la compra de tierras para las comunidades mapuche. Voy a entregar solo unos antecedentes porque el colega Kast no planteó esto en su intervención; tampoco lo hicieron los colegas de enfrente.
Esos datos indican que las ocupaciones de predios se dispararon de manera desmesurada entre el 2018 y el 2021. De hecho, de 67 mil millones de pesos que hubo para compras de tierras el año 2018, la cifra disminuyó a 5,7 mil millones de pesos el 2020. De 67 mil millones a 5,7. ¡A menos de 6 mil millones! Esto significa una disminución de más del 1.000 por ciento en la compra y adquisición de tierras en esos años. Y el 2021 subió levemente a 10,6 mil millones de pesos.
No está mi colega del Biobío, el Senador Gastón Saavedra, porque quisiera dar otro antecedente. En el Biobío, en el año 2018 existían 124 ocupaciones de carácter ilegal, y esas subieron a 265 el 2020.
O sea, lo que quiero decir también con estos datos es que no le quitemos el significado político que esto tiene. Porque aquí hubo un Gobierno, que fue el del Presidente Piñera -no estoy justificando bajo punto de vista alguno las tomas de terreno y las usurpaciones-, que adoptó la decisión política ¡de disminuir la compra de tierras de a lo menos 500 comunidades que ya tenían aplicabilidades!; es decir, estaban aptas para comprar esas tierras, se encontraban con sus papeles en regla y simplemente no se les aplicó aquello. La excusa fue la pandemia.
Quiero dejar en claro eso y que quede en la historia fidedigna de la discusión de este proyecto.
Yo no estoy en contra de que se pueda legislar -y por eso voy a votar a favor del proyecto en general-, pero obviamente tenemos que trabajar muy bien las indicaciones. No podría estar en contra tampoco de la idea de legislar porque yo sí comparto que las ocupaciones de tierras que se están dando en algunos lugares -en tierras fiscales y privadas- no corresponden, porque hoy día hay políticas de Estado que obviamente deben ir en la línea de poder mejorar la calidad de vida de la gente.
Así que no puedo entender que algunos opten, como ocurrió en la región que aquí represento, por tomarse lugares fiscales cuando existen políticas de Estado para lograr el acceso a la vivienda, a la casa propia. ¡No lo puedo concebir! Y lo han hecho en propiedades privadas, públicas y de todo tipo. Sí, es cierto: ¡eso no lo podemos permitir!
Creo que hoy día no estamos en las décadas pasadas, en los años sesenta, setenta. Claro, ahí no había otros mecanismos ni políticas de Estado destinadas a este tema.
Con mi voto a favor de la idea de legislar yo no estoy, de una u otra manera, echando por tierra lo que ha planteado aquí el Senador Insulza, quien ha dado su prolija visión que tiene sobre este proyecto. Pero me parece que también es importante -con esto termino la idea, Presidente- dejar muy en claro desde todo punto de vista, o meridianamente claro al menos, que este Congreso no puede avalar ese tipo de acciones. ¡No puede avalarlas!, ni con mentiras, ni con nada, como está ocurriendo o como a nosotros nos ha sucedido en la hacienda Rupanco. Yo conozco y he defendido toda mi vida a la gente de la hacienda Rupanco; también he peleado con la empresa Manuka, porque es una entidad atropelladora de los derechos de los trabajadores y de los animales. En efecto, ha sido denunciada a nivel internacional por violencia contra los animales porque mataban a martillazos a los terneros machos.
No puedo concebir que haya personas que le digan a la gente que hay que ir a tomarse las tierras, porque estas tienen una propiedad. Nos guste o no, tienen una propiedad. ¿Cómo la obtuvieron? Obviamente, eso fue una lucha que por largos años dimos posdictadura para que fueran reivindicados los exhacendados de Rupanco. Además, como Senador, no puedo permitir, aceptar que incluso haya parlamentarios que avalen esos actos y que promuevan que la gente se vaya a tomar las tierras, porque se pone en peligro la vida de las personas.
En el caso de la hacienda Rupanco ya son todos mayores de setenta años, y a algunos de ellos les han hecho soñar que el Gobierno del Presidente Boric les va a reivindicar sus tierras, en circunstancias de que no hay ahí un tema que tenga que ver con la aplicabilidad que se da en el caso de las comunidades indígenas, a través de la Conadi.
Así que yo, en definitiva, no estoy de acuerdo en que haya usurpaciones de tierras, pero no podía dejar pasar el hecho de que aquí se omitiera una parte de la historia, que es importante conocer, y también una parte de la historia política del último gobierno, en el que -repito- se incrementaron de manera abrumadora las tomas de terrenos a lo largo del país.
Termino mis palabras, Presidenta, diciéndoles a los colegas parlamentarios que señalaron que este proyecto lleva más de 500 días en el Congreso, que eso no es responsabilidad de nadie más que del propio Parlamento, porque ustedes saben que cuando hay acuerdos políticos algunos proyectos pueden salir en un par de días, en semanas.
Entonces, esa responsabilidad, ¡discúlpenme!, no se la pueden achacar más que al propio Parlamento; es decir, la demora de 500 días respecto de un proyecto que efectivamente busca dar solución a una problemática y entregar más herramientas. Porque aquí lo que se hace es entregar más herramientas.
En definitiva, lo que se ha dicho acá, entre otras cosas, es que la flagrancia tiene una acotación de tiempo muy pero muy limitado y que, si se analiza -estoy totalmente de acuerdo-, hay que quizás tipificarla de mejor manera en el Código Penal para castigar no solo con multa, sino con otro tipo de pena. Pero veamos eso en las indicaciones.
Yo creo que echar abajo el proyecto en general es una mala idea, porque la usurpación de un terreno no solamente les pasa a los más potentados, a los que tienen más tierras; también ha habido, por cierto, usurpaciones a personas que poseen menos cantidad de tierras, y ellas merecen igualmente ser protegidas en sus derechos de propiedad.
Lo mismo pasa con los arriendos. Todos estamos en contra de lo que sucede ahí, en que muchas veces se trata de una persona humilde que vive de un arriendo, pero llega alguien a ocupar su propiedad, no le paga ni un mes, y punto, se acabó. Por eso se ha legislado también para que se le entreguen más herramientas a ella y pueda defenderse.
Yo, en este plano -repito-, voy a votar en general a favor. Sin embargo, creo que aquí tiene que generarse prontamente una discusión y formularse indicaciones que permitan perfeccionar un proyecto que -concuerdo con el Senador Insulza- tiene hartas imperfecciones y debe ser mejorado absolutamente.
He dicho, Presidente.
)-----------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
A continuación, el Secretario dará lectura a una Cuenta agregada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
En estos momentos han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Tres mensajes de S.E. el Presidente de la República:
Con los dos primeros, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución (Boletín N° 14.008-07).
-El que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones médicas mediante telemedicina (Boletín N° 13.375-11).
Con el último, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 21.202, para agregar mecanismos de participación directa en la solicitud de reconocimiento de la calidad de humedal urbano (Boletín N° 14.619-12).
--Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Gracias, Presidente.
Lo primero: una Senadora decía acá que había que hacerse cargo de las palabras y usar un lenguaje idóneo al participar en el debate del Senado. No obstante, creo que el debate puede ser muy duro, pero muy argumentado, y que las calificaciones y los juicios deben ser fundados para que aquel tenga sentido.
Por eso, yo no puedo dejar de señalar mi asombro cuando escuché la intervención de alguien que se retiró, el Senador Gahona -me hubiese gustado que ahora estuviera en la Sala-, quien nos habló recién de corrupción electoral del Presidente de la República.
Entonces, a mí me parece que hay que ser serios.
Yo le pediría al Senador Gahona que fuera más explícito, directo y si él tiene antecedentes de eso que los lleve a la Contraloría. Porque fíjense que, a pesar de que hay muchas dudas, yo confío en que este órgano va a actuar de acuerdo a las normas y los reglamentos.
Pero además pienso que en la vida hay que ser mínimamente coherente. Porque, si denoto o considero que hay que atacar la corrupción, supongo que la vamos a atacar en todos los casos, no solamente cuando yo acuso a un Presidente de la República que es de una coalición política distinta a la mía y estoy en la Oposición.
¿Qué es lo que me asombra? Me asombra que el Senador Gahona no haya dicho nada hasta ahora del principal caso de corrupción que hay en la Región de Coquimbo: el famoso "Papaya Gate". Alguien dirá: "¿Y por qué? ¿Será porque la principal involucrada, Lucía Pinto, es militante de la UDI, frente a la cual el partido -y esto no es una calumnia- no ha tomado ninguna medida disciplinaria -no la investigó, no la separó de sus filas, ¡no hizo nada! (o tal vez yo no lo sé), o será porque ella era la jefa de gabinete del Senador Gahona cuando este fue Diputado en su primer período legislativo?
A mí me gustaría que esas cosas se aclararan, porque, si vamos a hacer acusaciones al voleo, creo que lo mínimo es que nos hagamos cargo de las propias situaciones. Y si hay que hablar de corrupción, lo primero es que cada uno se haga cargo de los asuntos en los cuales está directa o indirectamente involucrado.
Presidenta, acá tenemos un problema que no podemos dejar de destacar. Las principales argumentaciones que han dado hasta ahora los Senadores y las Senadoras, a quienes he estado escuchando atentamente, tienen que ver con la situación de La Araucanía. Cerca del 90 por ciento de las intervenciones han comenzado contándonos la realidad de esa región.
Por consiguiente, me parece que la primera pregunta obvia sería: ¿resulta pertinente que el resto del país nos atengamos a los mismos criterios que van a imponer para lo que llaman "usurpación"? ¿Los otros casos responderán a las mismas situaciones?
Francamente, quiero decirles que muchos comités de vivienda, frente a la lentitud del Estado o de los gobiernos de turno -este, el anterior u otro-, hacen ocupaciones de terrenos. Son ilegales, me dicen aquí. ¡Sí, son ilegales! Las mantienen por un tiempo, una semana, diez días, y las terminan. Y no comparto que a eso se lo catalogue como delito, que se le imponga una pena de cárcel y que a esa gente se la criminalice.
Me dicen que se les impone una sanción que es muy baja. Pero no es fácil la situación para una madre soltera que está a cargo de una familia con dos, tres niños -eso se ve en muchos comités de vivienda: una mujer que por irresponsabilidad del padre queda a cargo de los hijos y los debe mantener- y que participa en una ocupación de terreno para pedir que lo compren, porque el Estado en eso es ineficiente, asumámoslo. Y ustedes consideran que la multa que se le aplica, de cierta cantidad de UTM, es débil. Para una persona que no tiene asegurado el ingreso mensual una multa es un drama tremendo. Y no contentos con eso, más encima señalan que hay que agregarle otras penas.
Entonces, yo me pregunto de qué realidad nos estamos haciendo cargo.
En los términos en que está planteado, este proyecto de ley se podría aplicar, por ejemplo, en caso de ocupación o toma por una denuncia de acoso sexual que hagan los estudiantes y las estudiantes en un colegio particular o en una universidad privada. Incluso, un Senador en la Comisión dijo que cuando se ocupen las universidades o los colegios privados no hay que imponerles pena de cárcel, sino una pena restitutiva, una especie de trabajo voluntario. ¿Vamos a llegar a ese nivel, a criminalizar medios de protesta social que forman parte de la vida en democracia y frente a los cuales ya existen sanciones y modos de actuar por parte del Estado; donde no existe impunidad?
Lo encuentro realmente increíble.
Además, considero que no conocen la realidad de las ciudades o regiones que habitan, o donde viven. Tierras Blancas, en Coquimbo, es un sector popular enorme hecho en base a tomas -en su minuto, tremendamente necesarias, legítimas y válidas- donde el Estado se ha visto obligado a reconocer y a apoyar con políticas de autoconstrucción; lo mismo en la parte alta de Coquimbo. Y podríamos seguir describiendo situaciones similares en la Región Metropolitana; en la Octava Región con Agüita de la Perdiz, u otros lugares similares.
Entonces, a mí me parece que, en ese sentido, el proyecto no contribuye a resolver los problemas que se están viviendo, puesto que existen mecanismos legales que se pueden ocupar.
Aquí nos han señalado que la cuestión radica en que la justicia no actúa y que hay que atacar los loteos irregulares. Bueno, nosotros actuamos contra aquello: desarrollamos investigaciones, fuimos a la fiscalía y logramos que se detuviera a una vendedora de loteos irregulares. Y lo hicimos todo dentro del marco legal, sin ningún problema, Presidente, ¡sin ningún problema!
Por lo tanto, hoy día se pueden atacar los loteos irregulares a través de las normas vigentes, pero hay que mostrar voluntad política para hacerlo, y por supuesto contar con una fiscalía dispuesta a actuar. No se requieren herramientas legales extraordinarias.
Francamente, acá debemos preguntarnos si esta iniciativa va a resolver los problemas que están viviendo ciertas regiones en particular, como La Araucanía y la Provincia de Arauco, y que probablemente puede extenderse a otras zonas del sur del país, porque el conflicto del pueblo mapuche aún no se ha resuelto y está presente en todos los lugares donde habita.
Y nos dicen que se quiere dotar de herramientas que contribuyan a solucionar el problema; o sea, ¿hoy día el Estado carece de las herramientas pertinentes? ¿Y el estado de excepción constitucional y la propuesta de infraestructura crítica no se consideran? Todas las alternativas que estamos legislando son solo medidas represivas, es decir, no se hacen cargo de que persiste un conflicto político que debemos asumir y reivindicar.
Por eso, para mí la solución correcta no pasa por el presente proyecto de ley. Soy contrario a la iniciativa y no me convence ninguna de sus argumentaciones.
Por lo tanto, Presidente, voy a pedir que se aplace la votación. Y que además esté presente el Ejecutivo. Me gustaría mucho que a la sesión en que lo votemos asista el Director de la Conadi, para que nos explique qué ha pasado con las tierras que por mecanismos legales se tienen que entregar.
Y solo una reflexión final.
Probablemente alguien pensaría: si este proyecto hubiese estado vigente en la década del 90, ¿cuántas posibilidades hubiésemos tenido de encarcelar a más miembros de comunidades mapuches, pueblos originarios y pobladores que participaban en ocupaciones o tomas de terrenos? Todas las primeras compras de tierras realizadas por la Conadi respondieron a la movilización y al conflicto social, no fue un proceso espontáneo.
Por lo tanto, acá se está negando el conflicto, se quieren desconocer las circunstancias sociales y políticas que existen detrás de esta situación. Y por esta vía, lo único que vamos a lograr es generar una radicalización, porque estamos negando la realidad del pueblo mapuche y el problema de tierras que hoy día existe, y aquello me parece una muy mala política pública.
He dicho.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
El Comité Partido Comunista ha pedido aplazamiento de la votación.
El señor NÚÑEZ.-
Así es.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
La solicitud para que no se someta ahora a votación de la Sala es un derecho que se ejerce, y significa que el proyecto queda para el primer lugar de la tabla de la sesión siguiente. Por tanto, se votaría el martes.
El señor MOREIRA.-
¿Se puede hablar ese día?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se puede fundamentar el voto.
Senador Gahona, entiendo que usted está pidiendo la palabra porque fue aludido. De acuerdo al Reglamento, se la puedo dar al final del debate.
Entonces, vamos a seguir con quienes están inscritos.
Tiene la palabra el Senador Matías Walker.
El señor WALKER.-
Gracias, Presidente.
Quiero intervenir, a propósito de este proyecto que intenta perfeccionar la sanción establecida en el Código Penal contra el delito de usurpación, citando una frase del Ministro Secretario General de la Presidencia, don Giorgio Jackson, en una entrevista que ha sido muy comentada por todos nosotros en las últimas horas respecto de una escala de valores distinta que tendría una generación política respecto de otra perteneciente a los gobiernos de Centroizquierda, la cual, por lo demás, le dio los mejores gobiernos a Chile durante treinta años, que fueron símbolo de prosperidad, de crecimiento económico y de reducción de la pobreza.
Pero ¿qué señaló respecto de este tema específico el Ministro Jackson?, que ojalá nos pudiera acompañar en la sesión del martes para dar cuenta de sus palabras y explicarnos lo que quiso decir. Cito textual: "Muchas veces las personas van a querer vender (...) porque no les sirve de nada tener los predios tomados y en conflicto. Lo único que quieren es venderlos e irse para otro lado donde no haya conflicto. Y también les conviene. Uno puede generar una situación de win-win". Hasta ahí su declaración.
Entonces, usted comprenderá, Presidente, que resulta fundamental contar con la opinión del Ejecutivo, como colegislador, en este proyecto.
A mí me preocupan mucho las declaraciones del Ministro Jackson, pensando en los pequeños y medianos agricultores. Debemos entender que hay gente con vocación por cultivar la tierra. Muchas de esas tierras vienen de la reforma agraria y muchas corresponden a parcelaciones CORA. La agricultura, para cientos de miles de familias en nuestro país, no es solo una actividad económica, sino también una forma de vida que tiene que ver con las raíces del campo, con el amor a la tierra, con la seguridad alimentaria del país, de la que tanto se habla.
Entonces, no es cuestión de decirle a un pequeño o mediano agricultor de cualquier región del país, más allá de lo que está ocurriendo en la macrozona sur: "No se preocupe si le toman el predio. Y hasta le conviene, porque lo harán igual. Pero, ¿sabe qué?, no se preocupe, se lo vamos a pagar". Es un win-win, en palabras del Ministro Giorgio Jackson.
¡Qué frivolidad más grande! ¡Qué frivolidad más grande la del Ministro que tiene a su cargo la coordinación legislativa y política con este Congreso Nacional! ¡Qué desprecio por los agricultores, por la gente de trabajo, por la gente de esfuerzo!
Fíjese que yo tenía muchas dudas sobre votar a favor de este proyecto, pero gracias al Ministro Jackson me convencí de la necesidad de aprobar la idea de legislar y de poder discutirlo, porque de verdad no se entiende el desprecio por las actividades productivas, el desprecio por la gente que se levanta temprano en la mañana, el desprecio por los agricultores que deben hacer frente a la sequía, que deben hacer frente a las heladas, ¡y que les cierran las puertas de todos los bancos!
"No se preocupe: esto es un win-win, porque le van a pagar por su predio. Entonces, le conviene que se lo tomen". ¿A dónde hemos llegado?
El otro día me llamó una dirigenta de un comité de vivienda de la Región de Coquimbo, y me dijo: "Senador, estamos preocupados, porque llevamos cinco años trabajando con Bienes Nacionales para que nos cedieran unos terrenos para construir viviendas sociales, llevamos cinco años ahorrando, estamos siendo asesorados por una EGIS, estamos en conversaciones con una constructora, estamos postulando a subsidios habitacionales, pero llegaron otras familias y se tomaron el predio, ¡sin hacer la fila!, ¡sin realizar las gestiones ante Bienes Nacionales!, ¡sin ahorrar para el comité de vivienda!".
¿Qué tipo de respuesta vamos a darles a esas familias?
Vamos a decirles: "¿Saben qué? ¡No se preocupen! Porque el actual artículo 457 del Código Penal ya contempla una sanción". ¿O vamos a legislar, a hacer la pega y tratar de mejorar nuestra legislación?
Yo entiendo que el artículo mencionado es perfectible. ¡Obviamente hay que distinguir las situaciones! Lo señaló muy bien el Senador Fidel Espinoza: es diferente cuando en la usurpación existe el uso de la fuerza, la violencia o la intimidación hacia las personas que cuando no concurren esas circunstancias. Entonces, vamos a decir simplemente: "¿sabe qué?, no hay que legislar".
¿O vamos a esperar a que el futuro Congreso plurinacional o la futura Cámara de las Regiones resuelvan el asunto? ¡Ah, perdón, la Cámara de las Regiones no va a tener iniciativa en materias de seguridad!
¡Me equivoqué...!
¡Entonces, vamos a dejar la situación así...!
¡Yo me niego a esa frivolidad!
Mientras sea Senador de la Región de Coquimbo, voy a legislar. Por eso, apruebo la idea de legislar, para luego mejorar este proyecto.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidenta.
La verdad es que escuchando atentamente el debate, hay momentos en que uno lamenta ciertas frases. Considero que hay abuso, para decirlo con claridad, cuando se distorsiona o se malinterpreta o se quieren poner algunas declaraciones, que a lo mejor pueden ser poco felices, pero que fueron emitidas en un contexto de entrevista bastante mayor.
He escuchado acá "corrupción electoral", ahora "frivolidad", "win-win". Y me parece que la seriedad del tema que nos ocupa hoy día no amerita que lleguemos a esta situación, porque no es el mecanismo.
Y si no estamos de acuerdo con aprobar el proyecto no significa que no queramos que haya una legislación, sino que consideramos que la iniciativa no da el ancho para la solución que estamos buscando. Se requiere un proyecto que verdaderamente profundice en la materia y logre separar situaciones, algo que aquí no se hace.
Es cierto que La Araucanía vive una situación especial, pero con ello no estoy avalando las tomas violentas.
Tengo claro que allí hay un asunto histórico; tengo claro que ha habido usurpación de tierras desde hace siglos; tengo claro -y lo señaló incluso un colega de nuestra bancada - que la Conadi redujo las compras y curiosamente eso mismo hizo aumentar las tomas. Aquí se requiere la restitución de tierras pendientes y muchas otras medidas sobre las cuales no me voy a explayar, pues existe una deuda histórica para la cual se requiere una solución política, se necesita diálogo y, por supuesto, ocupar todos los instrumentos legales que el propio Gobierno está pidiendo para apoyar y para lograr ese buen vivir que se busca.
Entonces, no me voy a seguir deteniendo en La Araucanía, pero seamos un poquito más serios en ese aspecto.
Señora Presidenta, cuando no se hace ninguna distinción estamos criminalizando y metiendo en el mismo saco las usurpaciones violentas con las tomas de terrenos por parte de familias desesperadas, que necesitan una solución. Y aquello no significa que uno quiera justificar, pero no puedo entender que no hagamos la diferencia. ¿Ustedes creen que la gente es feliz viviendo en un campamento? ¿Saben cómo se sienten las personas en esa situación?
Casa Abierta es una organización que agrupa a diecisiete campamentos de Valparaíso. Y me mandaron una carta para expresar lo mal que se sintieron, porque se consideran criminalizados.
En la Región de Valparaíso tenemos campamentos que llevan veinticinco años, ¡veinticinco años -no cinco, Senador Walker-¡, esperando la radicación.
Hemos estado junto al Ministro Montes en esos campamentos. El compromiso es volver con él para dar una solución definitiva. Este jueves va la Ministra de Bienes Nacionales, y espero que sigamos trabajando para que, de una vez por todas, esa gente obtenga una respuesta.
Mientras tanto, siguen aumentando los campamentos.
Y repito, colegas: ¿ustedes creen que a las personas les gusta irse a vivir a los campamentos, sobre todo ahora que llovió? ¡Aunque benditas sean las lluvias para contrarrestar la macrosequía que tenemos! Esa gente se queda desconectada, sin acceso a distintos servicios. Ni siquiera los limpiafosas pueden subir y para qué hablar del retiro de la basura.
¿Ustedes creen que la gente busca vivir en campamentos; no, lo hace por necesidad?
Yo quisiera preguntarles a algunos colegas -a lo mejor son demasiado jóvenes-, ¿qué creen que pasaba en los años 60? ¿Se olvidaron acaso de cómo nacieron las poblaciones La Bandera, José María Caro? ¡Eran tomas de terrenos! ¿Y qué pasó con ellas?, que el Gobierno las regularizó, se constituyeron comités, y hoy día son poblaciones asentadas, ¡asentadas! Y es algo que tenemos que hacer: regularizar y, por supuesto, radicar, entregando servicios.
Con eso no estamos pidiendo que se salten la lista, pero sí queremos terminar con la especulación: ¡porque vaya que hay especuladores! ¿Y saben por qué? Porque en este país faltan terrenos, y muchos. Incluso, existen terrenos agrícolas destinados a inmobiliarias y nos quejamos de que nos falta alimento y que ni siquiera tenemos garantizada nuestra soberanía alimentaria. Por tanto, distingamos a los especuladores.
Y por eso señalo desde ya que ni los terrenos fiscales de Bienes Nacionales ni los pertenecientes a las Fuerzas Armadas deben ser comprados, sino que deben ser cedidos para viviendas sociales, porque este país necesita salir adelante.
Nos faltan 630 mil viviendas. Y este Gobierno se ha comprometido mediante un plan de emergencia que encabeza el Ministro Montes -nuestro colega hasta hace poco-, a llegar a por lo menos 240 mil. ¡Y vaya que hacen falta! Ni digo en la Región de Valparaíso, la región con más campamentos de Chile.
Entonces, abordemos el tema con la debida seriedad. No intentemos imponer un traje a la medida para la situación de La Araucanía al conjunto del país, sin ni siquiera distinguir a aquellos que usan el mecanismo de la toma pacífica, buscando como comité de vivienda poder lograr la anhelada casa.
Pero, ¡por favor!, no vengan a decirnos que todos están en el mismo saco o que la propuesta es la solución, porque no es así.
Por eso, comparto que aquí debemos presentar otro proyecto que de verdad otorgue soluciones y no que sea el traje a la medida que algunos están intentando imponer. Y efectivamente que se considere el tema de la flagrancia, el absurdo de la pena mínima de un par de meses y, como digo, que se distingan situaciones.
Por tales consideraciones, Presidenta, anuncio sinceramente que mi voto va a ser en contra.
A mí me cuesta mucho oponerme a una idea de legislar, porque uno trata siempre de buscar la posibilidad de introducir mejoras. Pero tengo la impresión de que este proyecto no soluciona el problema, sino que criminaliza, no hace distinciones, comete errores, no da alternativas reales. Y no es solo mi opinión: lo mismo manifestaron prácticamente todos los académicos que fueron consultados. Entonces, algo nos están diciendo sobre el particular.
Por eso, quienes hoy día estamos votando en contra de la idea de legislar lo hacemos porque queremos otro texto y no mejorar una mala iniciativa, que no tiene destino.
Queremos un proyecto que realmente intente solucionar los temas del conjunto del país, ¡del conjunto del país! Y no la especificidad de una región, para la cual -como ya he señalado- tendríamos que contemplar las cuestiones políticas e históricas, que ya suman décadas, por no decir prácticamente siglos.
Comparto lo expresado en la carta que recibí de Casa Abierta, pues los habitantes de esos campamentos se sintieron profundamente heridos. Esa gente lleva veinticinco años, como quienes habitan el campamento Manuel Bustos, luchando por regularizar, luchando por salir adelante.
Y con esto también quiero ser clara: por supuesto que debemos aplicarles la pena a aquellos especuladores que se aprovechan de las necesidades de la gente, que incluso les venden loteos irregulares, ¡irregulares!, de los que nunca van a ser propietarios y que nunca van a poder regularizar -son absolutamente unos especuladores-, e incluso a aquellos que incitan la toma de terrenos para aprovecharse de esta situación, para tratar de hacer negocios.
También hemos sabido de casos de personas que tienen terrenos e incentivan las tomas, porque saben que eventualmente la compra de esas tierras y su instalación en ellas podría ser una solución frente a necesidades tan dramáticas. Con eso no se busca el win-win, como se señalaba acá, sino que se sabe que en algún momento hay que usar todos los instrumentos posibles, como evitar la especulación y tener un registro de tierras.
A veces ha ocurrido que se han comprado terrenos a aquellos propietarios que en el fondo han incentivado las tomas. Ese no es el caso del señor Correa, que fue asesinado vilmente, lo que obviamente no corresponde y no justifico. Eso jamás lo vamos a aprobar y estamos en absoluto desacuerdo con ello. Yo estoy hablando de especuladores que mienten, falsean y se aprovechan de las necesidades de la gente.
Por todas estas razones, Presidenta, quiero ser clara en que me duele que de repente tratemos con cierta frivolidad un tema como este y caigamos en unas acusaciones más de carácter político, contingentes al momento, que no es el caso de lo que estamos hablando ahora.
Por eso creo que no corresponden algunas palabras que he escuchado en esta sesión; pero sí corresponde que nos preocupemos por los legítimos dueños que, a lo mejor, efectivamente sufrieron tomas violentas -habrá que ver cada situación-, y también por aquellos que no han hecho ninguna toma violenta, pero tienen una necesidad dramática.
(Rumores en la Sala).
Señora Presidenta, sabemos lo que hacen los comités de vivienda -¡cuántos años llevan luchando por tener acceso!-, y que existe la especulación, la falta de terrenos.
Asimismo, cada día vamos perdiendo terrenos, porque no los ganamos. Y por eso es importante lo que ocurre con Bienes Nacionales y con las Fuerzas Armadas. Pero, ojo, no se trata de comprarles los terrenos a las Fuerzas Armadas, sino que tendrán que entregar aquellos que son hábiles para vivienda y que les fueron otorgados gratuitamente. Porque también hemos visto que hay ventas de terrenos, y yo me pregunto por qué tenemos que comprar terrenos que fueron entregados gratuitamente.
Entonces, desde ya anuncio una moción en tal sentido, porque me parece que aquello es inadmisible, que no corresponde.
Por todas estas razones, Presidenta, voy a votar en contra.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor INSULZA.-
¡Punto de reglamento!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Disculpe, Senador Coloma.
Tiene la palabra el Senador Insulza, por reglamento.
El señor INSULZA.-
Presidenta, no considero aceptable que un grupo de Senadores esté riéndose y hablando para todos lados, por allá y por acá, mientras estamos sesionando y alguien interviene.
Todos los Senadores merecemos igual respeto, ¡ya que se pide tanto respeto...!
Yo los escucho con mucho respeto, ¡ustedes no tienen por qué estar así...!
Gracias, Presidenta.
El señor MOREIRA.-
¡Y ustedes, cuando se ponen a hablar...!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Senador Moreira, le pido que se calme.
Efectivamente, esperamos que, cuando intervengan, todos los Senadores se escuchen.
Lo que dice el Senador Insulza es cierto, pero ocurre repetidamente en la Sala y en todas las sesiones, no solamente en algunos casos en particular.
Senador Coloma, tiene la palabra.
El señor MOREIRA.-
¡Somos todos!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Senador Moreira, le pido que no intervenga, por favor.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Yo quiero, desde una perspectiva personal, por lo menos plantear cuál es el acercamiento que uno puede tener respecto de este tema, que ha sido bien interesante y en que ha habido intervenciones bien profundas. No en todas uno está de acuerdo; hay otras, en cambio, que sorprendentemente coinciden con aquello en lo que uno reflexiona, más allá del punto o la diferencia ideológica.
¿Cuál es por lo menos mi acercamiento al tema? Primero, hay que hacerse una primera pregunta: ¿hay hoy día en Chile un problema en materia de tomas violentas de predios? ¿Sí, o no?
Para mí ese diagnóstico es esencial, porque si alguno cree que aquello no ocurre, le encuentro toda la razón en que diga que no tenemos que cambiar ninguna norma respecto de la usurpación, de la flagrancia, o de nada, porque no existe el problema.
Hasta ahora tengo la convicción de que sí existe ese problema, y que es grave, que se da con más fuerza -es cierto- en algunas regiones de Chile, pero no excluyentemente; por tanto, es de carácter nacional.
Concluido eso, ¿es legítimo o no que el Congreso, a través de mociones, busque fórmulas para resolver una situación de esta naturaleza?
A mi juicio, de todas maneras.
Agrego que hubiera sido deseable -tengo que ser cuidadoso con las palabras- que el Gobierno tuviera un rol más activo, porque obviamente eso también tiene una lógica de liderazgo que siempre debe apreciarse en un país en el que, en estas materias, debería haber una lógica más bien común.
Pero, dado lo que hay en este escenario, a mí me parece muy valioso que un conjunto de parlamentarios haya presentado esta moción. Y creo que está bien inspirada; esa es mi visión. Probablemente, no del todo bien inspirada; es una votación en general, y así lo han dicho los autores de la moción reiteradamente.
Porque, ¿a qué apuntan básicamente las mociones? A dos temas fundamentales: a ver cómo se enfrenta, con una nueva lógica, la diferencia entre la usurpación y la ocupación de inmuebles para, de esa manera, modificar la limitada sanción dispuesta para la segunda en función de la primera; y cómo se readecúa el concepto de flagrancia, que es el que claramente está generando un mayor problema dentro de la sociedad, toda vez que la interpretación de las doce horas hace que en la práctica existan muchos predios, en distintos lugares, de distinta naturaleza, tomados sin que la fuerza pública haya podido actuar, porque no estaba en la situación que amerita esa opción.
Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si resulta correcta o no esa lógica. Desde mi perspectiva, es correcta.
Ahora, alguien podrá decir: "Entonces mejor cambiar solo la flagrancia y no el delito de usurpación". Pudo haber sido una alternativa, pero ello no obsta a la alternativa por la que se optó, que es separar el tema de la usurpación de la ocupación de inmuebles, dándole a la primera una sanción mayor. Porque no es que se haya inventado el delito: lo que se hace es darle un carácter distinto a esa conducta punible.
Las modificaciones que pretende realizar este proyecto no crean ni sancionan conductas nuevas, sino que perfeccionan las que hay, haciéndolas que sean posibles de exigir, de cumplir y de inhibir.
Alguien me puede decir, y lo he oído, que las penas son bajas, y que igual podrían ser irrelevantes para estos efectos. Bueno, si esa es la conclusión, lo que hay que hacer es subirlas, pero no rechazarlas por ser insignificantes o por ser menores.
La lógica debería ser: "Bueno, si ese es el efecto del cambio de la norma de usurpación, entonces subámoslo en términos de diferenciar lo violento de lo no violento", ya que es muy importante operar en consecuencia.
Lo que se hace en el delito de usurpación es sustituir las penas de multa por penas privativas de libertad, y cambiar la situación de flagrancia, para no dejar dudas ni interpretaciones, permitiendo que haya una norma, o un delito, o una conducta permanente que amerite el uso de la fuerza pública para reponer lo que no es otra cosa que el imperio del Estado de derecho.
Quiero decir que el Estado tiene mecanismos. Los Estados no pueden declararse inermes o inactivos respecto de distintas situaciones que se producen en un país. Una de las razones fundamentales es que los Estados deben dar seguridad a los ciudadanos. No es la única, pero sí una de las más importantes.
Entonces, si el Estado deja de prestar auxilio al ciudadano en materia de seguridad, empieza el circulo vicioso en el que, o algunos empiezan a defenderse por sí mismos, u otros desconfían del Estado. Y yo, por lo menos, no quiero que ninguna de esas hipótesis se transforme en una realidad de la cual cueste mucho salir después.
Por lo tanto, la consecuencia es decir que resulta razonable legislar en esta línea respecto del delito de usurpación en sí mismo, separándola de la ocupación de inmuebles, que tiene otra naturaleza, subiendo la pena en términos de que sea inhibitoria y tipificando una conducta que genere la legítima preocupación de caer en ella, por las sanciones que lleva aparejadas, así como -y esto es muy relevante- en materia de flagrancia, para darle un carácter completamente distinto del que posee ahora, que es el que quizás produce los mayores problemas.
Ahora, hay una reflexión de la que también me quiero hacer cargo, ya que he oído a algunos decir que hay una situación de necesidad en materia de bienes inmuebles, lo cual podría hacer más comprensible esta respuesta.
Yo me quedo, y quiero decirlo, con la reflexión que hizo el Senador Espinoza, que creo que apunta en la dirección correcta. Hoy día los Estados y las sociedades tienen fórmulas para resolver los problemas, que, si hay que mejorarlas, se procede a hacerlo. Lo que uno no puede hacer es actuar como si no existieran esas fórmulas y, por tanto, validar acciones que generan el desamparo de los derechos de las personas, y que provocan, en consecuencia, conductas más peligrosas en una sociedad que se siente desamparada en sus derechos fundamentales.
Por eso, Presidenta, me parece que con esto primero se enfrenta un problema real. O sea, no es algo inventado; da una solución específica, considera distintas situaciones de una manera que, a mi entender, amerita aprobar absolutamente la idea de legislar. En la discusión particular se podrá mejorar algunos tipos, considerar otras situaciones, hacer alguna diferenciación, perfecto, pero ello no amerita votar en contra, porque esto, ¿qué significa al final? O que no existe el problema, o que la solución es completamente inviable, sin que simultáneamente haya otra que se pueda plantear y sea conocida por lo menos desde el punto de vista legislativo.
Yo no conozco otra opción. Por tanto, resulta bien complicado hacerse cargo de un problema, o de reconocerlo, sin aceptar la solución propuesta y sin generar, tampoco, un mecanismo idóneo para enfrentarlo.
Por eso, señora Presidenta, valoro el esfuerzo que han hecho los Senadores. Sé que ha sido duro, porque estas cosas no son fáciles; sé que han estado sometidos a muchas incomprensiones, a muchas presiones, pero creo que al final uno tiene que tratar de ser coherente, y cuando uno ve un problema y sabe que tiene mecanismos legislativos para resolverlo, debe hacer el esfuerzo máximo con tal fin, y creo que así lo han hecho los Senadores.
Por eso, y con convicción, voto a favor de la idea de legislar.
Gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Juan Castro.
La señora PASCUAL.-
¡Venía yo!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
¡Perdón, perdón, me falló la vista!
Primero está la Senadora Claudia Pascual.
La señora PASCUAL.-
Gracias, gracias; la había ido a ver hace un ratito.
El proyecto de ley no parece claro en cuanto a la innovación normativa que pretende introducir y a la realidad que vive todo el territorio nacional. Ello podría traer circunstancias no deseadas respecto de lo que se quiere legislar.
Ahora esto, que uno puede decir casi sin emoción y de manera muy técnica, es lo que quiero plantear de fondo: este proyecto no da ninguna certeza de que no pretenda criminalizar manifestaciones de protesta social; tampoco deja claro el panorama de los campamentos y/o tomas de terrenos que se hacen con desesperación por familias que buscan una vivienda propia, o -como decía el Senador Quintana hace un rato- mezcla las situaciones de protesta y movilización social de estudiantes, de trabajadores y trabajadoras, de pobladores y pobladoras, de comités de allegados, de comités sin casa, de los movimientos sociales en general.
Soy Senadora nueva (desde el 11 de marzo de este año), por lo que no me puedo hacer cargo por los más de 500 días que, según se ha dicho, ha estado acá este proyecto. Sin embargo, intentamos revisar todos los antecedentes de la moción y sus autores reconocen expresamente que la propuesta legislativa apunta a enfrentar la situación de la zona sur del país; por lo tanto, pareciera ir en contra, efectivamente, de la situación del pueblo mapuche. O sea, un problema político, económico, social, cultural y, por sobre todo, un problema histórico se pretende enfrentar con una respuesta penal en vez de asumirlo con visiones más integrales.
En un sentido más técnico inclusive, también revisamos las opiniones de académicos que vinieron a analizar el proyecto cuando se estudió en la Comisión. Y me llamó la atención lo que comentaban, por ejemplo, profesores como Javier Wilenmann, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y José Luis Guzmán, de la Universidad de Valparaíso, quienes abogaron por la necesidad de evitar regular por vía penal aquellas tomas ilegales en las que vive gran cantidad de población. Señalaron que en esos casos se podría criminalizar la conducta y generarse nuevos problemas. Advirtieron que solo una parte del problema se puede resolver mediante la vía penal y que se pueden terminar homologando situaciones muy pero muy diferentes a lo largo de todo el territorio nacional, y que, por lo tanto, se podría producir un efecto criminalizador que no queremos, insisto, con el movimiento social, con mecanismos que históricamente, en nuestro país, muchas organizaciones sociales han presionado a las políticas públicas para generar algunas hacia ellas.
Las políticas de vivienda social que hoy día tiene Chile -que así y todo seguimos pensando que deben cambiar- no serían parte de lo que la gente espera del Estado si no fuera por las tomas de terrenos que empezaron a efectuar las organizaciones de pobladores y pobladoras sin casa en los años cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ¡en los de la dictadura!, y durante los treinta y dos años que llevamos desde el retorno a la democracia.
Las conquistas del movimiento estudiantil secundario y universitario vinculadas a mejoras en la educación, a la educación gratuita, a una educación a la que pudieran tener acceso los hijos y las hijas de los obreros, de los trabajadores y las trabajadoras, de los pobladores, como fue, por ejemplo, la experiencia de la UTE, no se habrían podido dar de no mediar tomas, por días o semanas, en establecimientos educacionales.
Nadie dice acá que estemos promoviendo la violencia, pero no es menos cierto que responder con una medida que no distingue situaciones tremendamente dolorosas, sociales, que tienen que ver con carencias de otro tipo, y que criminaliza, debe ser vista de esa manera.
Además, me da la sensación de que muchas de las argumentaciones que se han dado acá por parte de Senadores que obviamente no comparten la visión del Gobierno actual, Senadores de Derecha, o Senadores que hoy día no se sienten representados por este Gobierno, siguen un guion independiente del tema que estamos discutiendo, mediante el cual se quiere hacer responsable de la situación al Gobierno, que apenas lleva cinco meses. Aquí hemos escuchado que el origen de este proyecto de ley se halla en los problemas existentes en La Araucanía, pero luego se pasa a temas de seguridad que involucran a todo el país, después a los loteos irregulares, y luego a la venta de terrenos en toma en algunos espacios específicos del territorio.
Creo que, efectivamente, aquí hay que resolver el asunto. Estamos disponibles para discutir un buen proyecto; pero no este, que mezcla situaciones, que no da certezas penales en cuanto a que no criminalizará, insisto, el movimiento social y en particular el movimiento de pobladores y las demandas del pueblo mapuche. No es menor el dato que se ha dado acá, que no solo tiene que ver con el aumento de las tomas de terrenos o de tierras a partir de la disminución de los recursos para su compra para el pueblo mapuche, y tampoco es menor que desde los años 2019 al 2022 haya crecido, en un 224 por ciento, la cantidad de familias sin hogar que se fue a vivir a campamentos.
Entonces, son situaciones de crisis económica, de política social, las que generan circunstancias que a nadie le gustaría vivir, como puede ser una toma, como puede ser una usurpación.
Por lo tanto, desde esa perspectiva, me parece que el proyecto no ayuda a resolver lo que supuestamente quiere solucionar; y, lo que es peor, genera consecuencias tremendamente complejas, como si estuviéramos viviendo, en todo el territorio nacional, las realidades que dieron origen a esta moción, que son las que esta supuestamente quiere atacar, y que son las se dan en la zona sur del país.
Por lo mismo, Presidente, voto en contra de la idea de legislar respecto de este proyecto.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Juan Castro.
El señor CASTRO (don Juan).-
Gracias, Presidente.
Escuchando las diferentes intervenciones de los colegas Senadores de Centroizquierda, la verdad es que quedo con una sensación de un poco de dolor. Porque aquí se está pidiendo legislar, y negarse a ello duele. ¿Por qué razón? Porque la esencia de esta Sala y de todos nosotros es discutir estos temas.
Si bien es cierto que este tema a lo mejor divide a la Centroizquierda y la Centroderecha, obviamente lo que aquí se busca de verdad es encontrar la solución a un problema que existe. Y todos sabemos que existe no solamente en la zona de La Araucanía, sino que en todo Chile.
Nadie está pensando en criminalizar las tomas. Al contrario, yo creo que es una situación que se debe ordenar. No tienen porqué existir las tomas y, si las hay, es porque los Gobiernos no han sido capaces de encontrar las soluciones que la gente necesita.
Entonces, cuando uno quiere analizar un tema, debería estar la voluntad para que sí se pueda discutir.
La Fiscalía Nacional, en una visita a la Comisión de Seguridad, dijo que era necesario legislar el tema de las usurpaciones, que era imprescindible mejorar la normativa y endurecer las penas. Entonces, cuando vemos que la Fiscalía tiene la intención de que legislemos, aquí la Centroizquierda o la Izquierda se niegan a hacerlo.
Cuando uno quiere mejorar un proyecto de ley están las indicaciones, y lo saben. Y si estiman que la iniciativa no corresponde, bueno, se presentará otra, pero deberíamos ser capaces de mostrar esa voluntad y encontrar la solución a los problemas que hoy día se están viviendo y que la gente está sufriendo.
Y me duelen -por su intermedio, Presidente- las declaraciones que hace el Senador Quintana. Él es representante de una zona donde realmente la gente lo está pasando mal y, por lo que yo entiendo de su intervención, defiende la usurpación. Y eso no se puede permitir en un Estado de derecho donde creemos que, razonablemente, somos capaces de encontrar solución a los problemas.
También -por su intermedio, Presidente- creo que el Senador Núñez, con su intervención, invita a las personas a adueñarse de lo ajeno. Y eso no corresponde.
Si somos capaces como legisladores de trabajar unidos por el bien de la sociedad, no deberíamos permitir que las personas se adueñen de lo que no les corresponde.
El Estado tiene la obligación -y el Presidente de la República es elegido para administrar el Estado- de buscar lo mejor para sus ciudadanos.
Y me duele mucho saber que varias veces en este Senado no discutimos los temas realmente importantes y se debaten cuestiones que no les mejoran la calidad de vida a las personas. Y ese es un llamado que yo siempre he hecho. ¿Podemos ponernos de acuerdo para trabajar y mejorarles la vida a las personas? Perfectamente, sí. Lo podemos hacer.
Entonces, frente a lo que nos divide ideológicamente, debemos ser capaces de encontrar un punto de acuerdo. Porque, en lo personal, a mí me gusta que el trabajo, la capacidad de surgir, de crecer y desarrollarse sean también una herramienta para salir adelante. Y a aquellas personas que no la tienen, debemos ser capaces de entregarles las condiciones, pero no invitarlas a apropiarse de lo que no corresponde, porque si vamos con esa lógica, obviamente que quienes se sacrifican para lograr algo en la vida, por tener un bien o una propiedad, no tendrán ningún interés en seguir trabajando, porque saben que a la vuelta de la esquina habrá personas con el interés de quitarles ese esfuerzo y ese sacrificio.
Por eso yo creo que aquí, ante un proyecto como este, nadie debería negarse a legislar, porque esa es nuestra obligación.
La verdad, Presidente, es que me da mucha pena y dolor ver esto en los momentos que estamos viviendo, sabiendo lo que están sufriendo las personas. A lo mejor algunos dicen: "La zona sur". Efectivamente, en la zona sur tal vez están sufriendo más que en la zona central, pero también son chilenos que merecen todo nuestro respeto y necesitan que nuestro trabajo, de una u otra forma, les busque solución a lo que están viviendo.
He dicho, Presidente.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Yo creo que la misión que nosotros tenemos en el Parlamento es buscar, a través de la legislación, soluciones a los distintos problemas que enfrenta nuestra sociedad.
También quisiera recordar -y he escuchado casi al cien por ciento de los Senadores- que nosotros siempre hemos rechazado todo uso de la violencia, sin distinción, venga de donde venga. Y las usurpaciones son una forma de violencia.
Efectivamente, este es un tema delicado, un problema que hoy día se vive en todo el país.
Aquí se ha centrado mucho el debate en la Región de La Araucanía, particularmente en la macrozona sur -también se hizo de esa manera en la Comisión-, pero este problema no solo afecta a dicha región o macrozona, sino que a todo el país.
Es por ello que cuando uno reconoce la existencia de un conflicto, nosotros debemos actuar.
Y así lo hizo un grupo de parlamentarios que, a través de dos mociones, presentaron proyectos de ley que, desde sus perspectivas, buscan solucionar un problema.
¿Es la solución real lo que ellos proponen? Algunos pensarán que sí, otros que no; pero creo que nadie podría no concordar en que esta es una situación compleja y que debemos ayudar a resolverla.
Hoy lo que votamos acá, en la Sala, es solamente la idea de legislar. Es decir, estamos de acuerdo en que es un problema y que hay que buscar una solución.
Lo que propone este proyecto -insisto-, ¿es la mejor solución? Bueno, para eso está la discusión en particular, para ver cuál es la mejor forma de resolver ese problema, si es que tiene una real solución; pero al menos intentarlo.
Por lo tanto, negarse a la idea de legislar, a mí al menos, me parece que no es lo correcto cuando estamos enfrentando un problema real.
Se ha dicho también que todas las personas y todos los profesores que intervinieron en la Comisión, que de alguna manera están relacionados con en esta materia, hablaron en contra de las mociones presentadas.
Si uno toma el informe de la Comisión, en la página 17, está la intervención de un conocido profesor de derecho penal -se ha aludido a todos los que hablaron en contra de los proyectos- y destacado abogado, el señor Acosta, quien señala en su intervención -y abro comillas de lo que dice el informe- lo siguiente: "Junto con resaltar la importancia del asunto ante las dificultades que experimentan las víctimas del delito de usurpación para recuperar sus inmuebles, señaló que los instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico encuentran cortapisas, tanto en el procedimiento prejudicial como judicial, para hacer efectivos los derechos de las víctimas de manera eficiente. En esa línea, los proyectos de ley podrían contribuir a solucionar los problemas".
Agrega el informe, en la intervención de este académico: "Una solución de carácter civil se muestra inútil, porque una acción de comodato precario no prospera por los conflictos que se presentan al momento de notificar a las personas que ocupan indebidamente el inmueble, sea por su número, o porque impiden el acceso de las autoridades o porque es difícil identificarlos. De allí que deba ser en sede penal donde se resuelva este problema".
"En materia penal, sostuvo, hay tres aristas de solución, dos de las cuales se abordan por los proyectos de ley".
Luego, el señor Domingo Acosta manifiesta estar a favor en algunas cosas y en otras no; pero reconoce el problema y estima que la solución va por alguna vía civil. En otras, como la flagrancia, sostiene que es necesario modificar el Código Orgánico de Tribunales, en fin.
Finaliza arguyendo que los proyectos de ley discurren en una idea correcta en aras de solucionar un problema complejo, que en algunos casos importa la participación de mafias que alientan e incentivan las ocupaciones para, posteriormente y mediante loteos informales, vender los terrenos.
A continuación -y es la última intervención que voy a leer-, en la página 38 del informe figura la intervención del Director de la Unidad de Delitos Violentos del Ministerio Público, señor Paredes. Dice: "considerando un aporte las mociones en estudio, mencionó que la penalidad de multa asociada al delito base de usurpación no se condice con el daño que produce este ilícito ni resulta disuasiva para evitar su comisión. La usurpación, añadió, es uno de los pocos delitos que el Código Penal asocia a una pena de multa: por lo mismo, aumentar el tramo para establecer una pena de presidio, aunque sea en su escala menor, constituiría un avance en concordancia con la gravedad del ilícito".
¿Por qué leo esto? Porque creo que hay posiciones distintas, como en todo en la vida. Y de eso se tratan las discusiones que tenemos acá, en el Parlamento: de exponer nuestros puntos de vista y tratar de llegar a un acuerdo, para estamparlo en una ley y aportar a la solución de estos conflictos.
Claramente, existen problemas graves de usurpaciones violentas en la macrozona sur, y también están las tomas de terrenos. Acá se ha hablado mucho sobre la materia, y nadie quiere estigmatizar ni que el día de mañana sean probablemente acusadas de delitos personas que viven en una vulnerabilidad extrema.
Pero también tenemos que reconocer, porque es una realidad, que en dichos campamentos hay mucha gente que juega con la vulnerabilidad de las personas, y les cobra por un pedazo de terreno, que tampoco es suyo porque se lo han tomado, una, dos y tres veces -o sea, no barato- su valor. O que luego otros ocupantes se adueñen o compren un grupo de terrenos para después subarrendarlos. Es decir, también se ve un abuso de la vulnerabilidad de la gente que realmente sufre un problema.
Señalo todo esto porque cuando en el año 2014 termino de ser Intendenta de Tarapacá, región a la que yo represento, la entrego con seis campamentos. ¡Hoy hay sesenta y nueve! Y a muchos de ellos no puede entrar nadie y están tomados por mafias del crimen organizado, como ocurre en la toma La Mula, en Alto Hospicio, donde hasta los funcionarios de salud -esto ya lo he dicho acá, pero creo importante repetirlo- deben ingresar con chalecos antibalas, porque son violentados por las mafias que se adueñan de esos campamentos y por personas desconocidas, muchas de las cuales ni siquiera son chilenas. ¡Son verdaderos delincuentes!
Entonces, el problema es real, existe y es necesario buscar la forma de solucionarlo.
También se señaló, Presidente, que sería bueno escuchar al Ejecutivo. ¡Por cierto que sí! Se escuchó al Ejecutivo anterior y sería bueno saber qué piensa el Ejecutivo actual.
Este proyecto estuvo para tabla desde diciembre del 2021. En abril -el 12 de abril, para ser exacta- vuelve a la Comisión con un plazo de un mes para presentar indicaciones, hasta el 12 de mayo, cosa que tampoco ocurrió. Y recién ahora es puesto en tabla.
El Ejecutivo ha tenido tiempo, más de tres meses -abril, mayo junio, julio; ya estamos casi en el cuarto mes-, para haber ido a la Comisión y pedir ser escuchado; para entregar alguna indicación sustitutiva; para decir que no está de acuerdo con el proyecto o plantear cuál es la forma que ellos tienen para resolver el tema de las usurpaciones.
Pero esconder la cabeza como el avestruz y no legislar para enfrentar el problema tampoco es la solución.
Por eso, Presidente, yo voy a votar a favor la idea de legislar.
Pienso que la discusión en particular será un trabajo arduo, donde habrá que tratar de buscar una manera de solucionar las usurpaciones violentas y el problema que generan aquellos que, aprovechándose de la vulnerabilidad de otros en las tomas de terrenos, hacen uso y abuso de la condición de esas personas. Pero lo que no me parece aceptable es hacernos los lesos y no querer legislar, excusándose en que este es un mal proyecto.
Para eso está la discusión en particular: para mejorar el proyecto y buscar la solución a este grave problema, que -reitero- no solamente afecta a la macrozona sur, sino a todo el país.
Gracias, Presidente.
He dicho.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Kusanovic.
El señor KUSANOVIC.-
Gracias, Presidente.
La verdad es que yo no había pensado intervenir en este proyecto, pero el vivir en un Estado de derecho, el vivir en comunidad, el vivir en democracia tiene una regla fundamental: que se cumplan las leyes y las normas de la república. Cuando dejamos de cumplir las normas, ya no estamos viviendo en comunidad, ya no estamos viviendo en un Estado de derecho. Y uno de los principios fundamentales es el derecho a la propiedad. Las tomas, las usurpaciones, son un acto violento que vulnera a las personas; son casi una violación de una persona.
Yo no sé si a alguien le ha tocado vivir estas situaciones, pero uno de los actos más denigrantes que existen es cuando te toman una propiedad o te toman un terreno. Es realmente denigrante la impotencia que se siente, la vulnerabilidad que se siente. Y si uno reacciona agresivamente, es acusado de responder con violencia. ¡Si el hecho violento, que ya se desató, es la usurpación!
De repente, me da la impresión de que estoy en el lugar equivocado y quizá deberíamos legislar sobre cómo se hacen las tomas, porque me parece que eso es lo que se quiere: que legislemos cómo se hacen las tomas y qué proceso se sigue para hacerlas.
¡Pero estamos viviendo en democracia y tenemos que obedecer reglas fundamentales!
Además, me parece que no estamos trabajando, como dijo el Senador Castro, en los problemas que preocupan a las personas. ¡Si este es un tema fundamental! Acá da la impresión de que hay funcionarios del Estado que avalan las tomas.
Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos destruyendo al país, destruyendo la democracia? Acá somos todos responsables del futuro de este país. ¡Todos somos responsables!
Y nos ponemos serios o no nos ponemos serios, pero no podemos avalar ni permitir las tomas. ¡No hay ninguna toma que sea permitida! Todas las tomas son violentas, sea cual sea y en el lugar que sea.
¡Si acá no vamos a culpar a Adán y Eva del pecado original de las cosas...! Las culpas se pagan por las cosas que se hacen ahora, en la legislación que tenemos y en lo que estamos viviendo.
Así que voto a favor, sea que el proyecto se vote hoy o la próxima semana.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
No hay más inscritos, porque ya se hizo uso de la palabra.
El señor INSULZA.-
¿Me permite, Presidente?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Insulza, ¿usted iba a hacer un punto? Porque todos ya argumentaron.
Tiene la palabra, Senador.
El señor INSULZA.-
Está bien, Presidente.
Solo quiero hacer uso de mi derecho a fundamentar el voto, primero, para pedirle excusas a la Senadora Aravena. No fue mi intención de manera alguna ofenderla, por cierto. Siempre he respetado la forma en que ella hace sus planteamientos.
Segundo, yo solamente he dicho que este proyecto no cambia una realidad, porque tres meses de presidio no los cumple nadie en este país, ¡nunca! No conozco a nadie que haya ido efectivamente a la cárcel, habiendo sido condenado a tres meses.
En cambio, sí es un error grave incluir en el texto esta especie de servicio comunitario, que a mi juicio viola el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo Forzoso, el cual define "trabajo forzoso" como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera" -una multa en este caso- "y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente".
Yo no sé si es flagrante o claro decir eso.
En tercer lugar, lo que me molesta de este proyecto en lo fundamental -por eso mi voto contrario a la idea de legislar- es que plantea un problema social y humano desde la visión del derecho penal y no del derecho civil. Y por eso he propuesto tratarlo desde el punto de vista del derecho civil.
Por último, quiero reiterar aquello que dijo, de manera muy personal, la Senadora Allende: muchos de nosotros, a lo mejor los que somos mayores aquí, crecimos en medio de las tomas.
Mi primera actividad política fue en 1961 en la toma de la población Santa Adriana, que ahora está construida y pavimentada; la gente ya está asentada en este lugar. Hasta un alcalde de El Bosque, mi querido amigo Sadi Melo, fue habitante de esa toma.
Pero después vinieron otras, y hubo mucha sangre, como en Pampa Irigoin -algunos aquí la deben recordar- o en la toma José María Caro, ese 19 de noviembre del 1962 -yo me encontraba cerca-. Este año se cumplen cincuenta años del hecho que dejó una gran cantidad de muertos en ese lugar.
Entonces, no estamos hablando de situaciones ajenas a nuestras vidas. También son parte de nuestra historia, tal como las que han señalado algunos Senadores respecto de La Araucanía.
Por respeto a eso, Presidente, yo no puedo aceptar que se señale que todo el que se tome un terreno comete un delito.
Voto en contra.
Eso quería fundamentar.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Ya terminaron las intervenciones respecto del proyecto.
Le vamos a dar la palabra al Senador Gahona, quien ha sido aludido.
Senador.
El señor GAHONA.-
Gracias, Presidente.
Lamento que el Senador Núñez no esté presente en estos momentos en la Sala. En todo caso, le voy a decir las cosas en su cara cuando lo vea.
Lamento sus alusiones. Parece que el Senador Núñez todavía cree que estamos en campaña, porque estos mismos dichos los repitió durante meses, cuestiones que evidentemente no tienen ningún asidero y que reflejan la odiosidad, la violencia verbal y su afán mentiroso permanente.
Y cuando dije "corrupción electoral", me refería al uso de recursos fiscales para hacer propaganda o promover alguna opción u otra en un proceso electoral. Y creo que eso es lo que existe efectivamente en lo que está haciendo el Gobierno.
A pesar de que el Senador señala que no hay antecedentes, nosotros los hemos entregado a distintas instancias y, especialmente, a la Contraloría. Por lo tanto, no fue una acusación al voleo la que hice cuando hablé de corrupción electoral. Será la Controlaría la que determinará si estamos equivocados o no.
Y, en segundo término, me parece que esas alusiones reflejan la miseria humana. En definitiva, lo que hizo el Senador Núñez es como si yo empezara a preguntar: ¿Qué pasó con los 9,6 millones de dólares que el gobierno venezolano le entregó a la Universidad Arcis? ¿O qué pasó con las cuentas corrientes en dólares que él manejaba, a través de la editorial que él y el Partido Comunista representaban?
Entonces, esa canallada que hace él es como si yo empezara a preguntar por todas estas cosas, que están en un reportaje de Cíper, que los invito a leer. Las alusiones realizadas por el Senador Núñez no están en ningún reportaje; sobre ellas no existe formalización de ningún tipo.
Por lo tanto, espero que se retiren del acta las alusiones que hizo el Senador Núñez, porque me parecen incorrectas, falsas y dichas solo con un afán de odiosidad, típico de él en su permanente accionar parlamentario.
Gracias, Presidente.
(Pausa prolongada, mientras el Presidente examina el Reglamento).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a revisar las declaraciones, y sobre esa base se va a tomar una decisión.
En todo caso, ya estamos con este tema concluido.
--Queda aplazada la votación del proyecto.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tenemos otros dos proyectos en el Orden del Día, ambos de quorum calificado.
Sobre el primero, el proyecto de ley, iniciado en moción de la entonces Senadora Goic, que modifica el artículo 195 del Código del Trabajo, en materia de permiso para el padre trabajador en caso de nacimiento de un hijo, el Gobierno nos ha solicitado que vuelva a la Comisión, porque existe un debate sobre alguna reglamentación que podría ser inadmisible y que irrogaría gasto fiscal.
Se comunicó conmigo la Subsecretaria de la Presidencia para solicitar que no votáramos este proyecto hoy y que se devolviera a la Comisión, para que, sobre la base de la reunión que se tenga con el Gobierno, se evacue un nuevo informe.
¿Habría acuerdo para proceder de esa forma?
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Perdón, Senador Espinoza, tiene la palabra.
El señor ESPINOZA.-
Lo que pasa es que usted pide el acuerdo, pero yo no lo doy...
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Entonces, vamos a votar.
Los cambios de trámite de proyectos se votan.
En este caso se ha hecho la petición; por lo tanto, se tiene que votar. El sentido de que la iniciativa vuelva a la Comisión es para resolver el tema de una eventual inadmisibilidad que se generaría por gasto fiscal, que obviamente no se puede solucionar en la Sala. Lo que corresponde es un diálogo que se debe desarrollar en la Comisión.
Ese es el sentido de la petición.
Si no hay unanimidad, de acuerdo al Reglamento, se tiene que votar.
Senador Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Tengo una confusión.
Usted está pidiendo la unanimidad para que vuelva a la Comisión ¿cuál de los proyectos? Yo estaba concentrado en la discusión de la iniciativa que terminó recién.
¿Usted está hablando de otro proyecto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Sí, el del permiso parental.
El señor ESPINOZA.-
¿Perdón?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
El que está en el punto 2 de la tabla.
El señor ESPINOZA.-
Retiro mis palabras, Presidente.
Pensé que estábamos hablando del proyecto de usurpación y no daba la unanimidad, porque habíamos quedado en que se votaba de inmediato la próxima semana.
Por eso me confundí.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Perfecto.
Gracias, Senador Espinoza.
Entonces, ¿habría acuerdo para que el proyecto sobre permiso parental vuelva a la Comisión de Trabajo?
De esta manera, se resolvería con el Gobierno el tema manifestado por la Subsecretaria General de la Presidencia respecto del gasto fiscal que irrogaría, y porque, además, es materia de seguridad social.
--Así se acuerda.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a dar inicio a la hora de Incidentes.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)---------------(
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor ARAYA:
A la Delegada Presidencial de la Región de Antofagasta, pidiéndole tomar MEDIDAS PARA DOTAR DE SEGURIDAD A HABITANTES DE COSTA LAGUNA Y DE TODA LA COMUNIDAD ANTOFAGASTINA ANTE INSTALACIÓN DE OTRO ASENTAMIENTO PRECARIO EN DICHO SECTOR DE LA COMUNA DE ANTOFAGASTA.
De la señora CARVAJAL y el señor SAAVEDRA:
Al Ministro de Hacienda y a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, en cuanto a realización de un estudio para determinar COSTO DE INCORPORACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PENSIONES RETTIG Y VALECH EN OTORGAMIENTO DE PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL (PGU).
Del señor ESPINOZA:
Al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, planteándole POSICIÓN DE TRANSPORTISTAS URBANO-MAYORES DE PUERTO MONTT CON RESPECTO A NECESIDAD DE EXTENDER PERÍMETRO DE EXCLUSIÓN DE LA CAPITAL DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS A LA FÓRMULA 5+2 AÑOS COMO MÍNIMO.
Al Subsecretario de Pesca, solicitándole RECONSIDERACIÓN DE DECISIÓN DE MARGINAR DE BENEFICIOS DE PROGRAMA DE BONIFICACIÓN DE ALGAS EN CONCURSO DE ESTE AÑO A SINDICATOS STI LUZ Y FUERZA, STI FLOR DEL MAR DE CHANGUE, STI PUPELDE LA UNIÓN, STI ALGA SUR RÍO PUDETO, STI FUTURO LOLCURA Y COOPERATIVA ANCUD, TODOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS.
Al Director Nacional de Sernapesca y al Director General de Directemar, para que remitan ANTECEDENTES ACERCA DE LAS DIECISIETE BALSAS-JAULA QUE LA EMPRESA SALMONERA BLUMAR MANTIENE HUNDIDAS EN EL SENO DE RELONCAVÍ DESDE HACE CUATRO AÑOS, INDICANDO ACCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
Y al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que remita información sobre ESTADO DE DECRETO SUPREMO N° 102/2019, QUE DETERMINA EL REGLAMENTO DE CONDICIONES DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE TRÁNSITO EN CICLOVÍAS; NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE HAN UTILIZADO PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EXENTA N° 671/2020, EN RELACIÓN CON "ZONAS DE TRÁNSITO CALMADO" DENTRO DE UNA COMUNA, Y SI ESTE AÑO 2022 SE TIENE CONSIDERADO IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL.
Del señor FLORES:
A las Ministras de Salud y del Medio Ambiente, solicitándoles indicar ESTADO ACTUAL DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MEHUIN, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, Y SI CUMPLE REQUISITOS AMBIENTALES DE RIGOR.
Del señor MACAYA:
Al Director del Hospital Regional de Rancagua, pidiéndole diversos antecedentes relativos a ENFERMEDADES DE CARÁCTER ONCOLÓGICO, COMO SUSPENSIÓN DE 18 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DEBIDO A FALTA DE INSUMOS CRÍTICOS, RAZONES PARA ELLO, MEDIDAS DE URGENCIA ADOPTADAS Y REPROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS SUSPENDIDAS.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En Incidentes, el Comité del Partido Socialista, ¿va a hacer uso de su tiempo?
El señor ESPINOZA.-
Sí.
PESAR E INDIGNACIÓN POR FUGA DE RENÉ VILLARROEL, CONDENADO POR LA MUERTE DEL EXDIPUTADO SOCIALISTA LUIS ESPINOZA, PADRE DEL SENADOR FIDEL ESPINOZA. OFICIOS
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Espinoza, tiene la palabra.
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, quisiera que por favor se hiciera llegar copia de mi intervención al Presidente de la República; a la Ministra Izkia Siches; al compañero Subsecretario Manuel Monsalve; al Presidente de la Corte Suprema, y también al Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco señor Álvaro Mesa.
Llegué al Parlamento el año 2002 y, desde entonces, nunca he dejado ni dejaré de luchar por hacer justicia en la horrenda muerte, que este personaje, René Villarroel, que está acá en la foto (el Senador señala un cartel ubicado en frente de su pupitre con la imagen del aludido), le efectuó a mi padre.
Lo he dicho en esta Sala, como también lo dije muchas veces en la Cámara de Diputados: nunca una actuación de mi parte y de alguno de los miembros de mi familia va a ser con odio o con rencor: siempre será respetando la democracia chilena y sus instituciones.
Luchamos largos años para que este criminal, René Villarroel, entrara a la cárcel. Luchamos con mi madre, quien, desde pequeño, cuando tenía siete años, siempre me dijo -disculpe el tono de mis palabras, Presidente; es por la emoción-: "Hijo, si alguna vez eres profesional, no dejes de luchar por justicia para tu papá. Era el hombre que yo amaba y me lo arrebataron cuando tenía treinta y tres años".
Y fue así. Quedamos cuatro hermanos: Luis, de doce años, con discapacidad por un accidente automovilístico; Ramón, de once; Patricia, de nueve, y yo, que tenía tres años.
Siento pena, porque, después de haber luchado tantos años y haber confiado en Chile, en sus instituciones y en la Justicia, luego de que se logró obtener una condena de los tribunales chilenos contra este personaje siniestro, ocurrió lo que ya todo Chile sabe que pasó: se escapó de la Justicia gracias a la propia Justicia, que le brindó todas las posibilidades para que hiciera lo que hizo y lo que está haciendo.
En este minuto quiero expresar mis sentimientos, que reflejan, seguramente, los de mi madre, a quien todavía tengo en vida, y estoy seguro de que lucha para irse en paz con su marido alguna vez, cuando la justicia haya llegado a su hogar.
Este personaje, que está aquí en la foto, que quiero que todo Chile conozca, no solamente asesinó a mi padre, Luis Espinoza, y al dirigente campesino Abraham Oliva, sino que también, teniendo veinticinco años, en la tenencia de Fresia violentaba sexualmente a las hijas de los campesinos que eran detenidas ahí y sumergía en tachos con excremento humano a quienes pensaban diferente y eran del régimen de la Unidad Popular de Salvador Allende.
Este personaje que se ve en la imagen de enfrente, René Villarroel, "Juan Metralla", participó en el fusilamiento de siete campesinos del fundo El Toro, cuya condena aún no llega. A esos detenidos, jóvenes entre veinte y treinta y cuatro años, antes de asesinarlos los masacró, los colgó de un helicóptero institucional de Carabineros y los anduvo desplazando. Uno de ellos, el dirigente campesino Óscar Arismendi, para ser fusilado, tuvo que ser amarrado a un poste, porque no se podía mantener en pie producto de las fracturas que le ocasionó haber sido arrastrado por ese helicóptero a través los bosques del sur de Chile.
¡Ese fue el asesino de mi padre!
Fue protegido largos años por los feriantes ganaderos de mi región, quienes seguramente hoy día lo tienen escondido en algún lugar.
Señora Presidenta y señor Presidente, todavía tengo fe en Chile, en sus instituciones y en la Justicia. Y espero que la PDI cumpla su tarea y haga su trabajo.
¡Tengo pena, incomprensión y frustración, por mi madre, por mi familia! Pero sigo confiando en Chile y en sus instituciones.
Desde esta Sala, le hago un llamado a su señora esposa, Ximena Fehring Schwerter, quien un par de horas después de que se fugó René Villarroel fue a una comisaría a estampar una denuncia por presunta desgracia. Le hago un llamado para que en los últimos años de su vida tenga dignidad. Vivió con un delincuente y un criminal toda su vida. También hago un llamado a sus hijos, Marcela Loreto Villarroel Fehring y Rodrigo Alejandro Villarroel Fehring. Espero que no se sumen a un nuevo acto delictual, porque esconder a un prófugo es eso, aunque sea su padre, aunque sea su esposo.
Tengo pena y frustración, es cierto. Pero, como he sido formado en una familia con valores, creo que llegó el momento de que el país conozca estas cosas. No todos en Chile sabían quién era "Juan Metralla", René Villarroel. Hoy día él está dando esa oportunidad con su acto cobarde, que le permitió la Justicia. Lamentablemente, así fue porque le avisaron. Entre la condena y el "cúmplase", pasaron casi cuatro semanas para que planificara su huida.
Tengo tristeza por mi Gobierno, al que le pedí ayuda. Le agradezco a la Ministra Siches que en la última hora haya entablado una querella contra quienes resulten responsables de la fuga. Pero ella y mi compañero de partido tuvieron en su escritorio la posibilidad de haber evitado esta fuga, y no lo hicieron.
Quiero terminar agradeciendo a la bancada de mi partido y a los colegas de otras colectividades sus palabras de aliento en estos momentos. Sé que son de mucho dolor no solo para nosotros, sino también para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En Chile todavía existen familias de víctimas que se están muriendo sin que haya llegado la justicia a tocar sus hogares. Y la Justicia sigue brindándoles a estos criminales de lesa humanidad la posibilidad de ir a cárceles cinco estrellas, como Punta Peuco.
Yo valoro mucho las palabras de mi colega Alfonso de Urresti, quien ha señalado que vamos a hacer todas las acciones, desde este Parlamento o desde donde sea, para que, de una vez por todas, se terminen esos privilegios.
Esas personas no solo se merecen estar en cárceles comunes, sino que, además, no son los "abuelitos buenos", como han dicho algunos desde el otro lado, cuando se intenta buscarles beneficios carcelarios; se trata de personas que cometieron crímenes como los que he relatado acá, y mucho más.
Amada madre, vamos a seguir luchando y creyendo en la Justicia y en Chile, porque tú nos inculcaste esos hermosos valores: nunca odio, pero siempre buscar justicia, porque el que no busca justicia no tiene dignidad.
Gracias, Presidente, por este tiempo, y a mi bancada, por brindármelo.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senador Espinoza.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Espinoza, de conformidad con el Reglamento.
PREOCUPACIÓN POR PRESENCIA Y ACTUAR DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL TREN DE ARAGUA EN EL PAÍS. OFICIOS
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Durana, en el tiempo del Comité de la UDI.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidente.
El Tren de Aragua, organización criminal proveniente de Venezuela, con presencia en distintos países de América Latina y ciudades de Chile, tiene bastante atemorizada a la población nacional y, en especial, a los habitantes de la Región de Arica y Parinacota, por la información que se conoce tanto por los medios de comunicación como por las redes sociales.
Es sabido que los miembros de esta banda se dedican a la extorsión, los secuestros, robos y asesinatos, y según la InSight Crime, fundación que realiza el estudio de la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe, para 2018 el grupo contaba con más de doscientos miembros en libertad y miles más dentro de las cárceles venezolanas. Y hoy esa realidad comienza a palparse en Chile.
En junio pasado, la PDI desbarató en Arica a "Los Gallegos", brazo del temido cartel. Reconozco en la Fiscalía y en las policías el certero golpe que dieron con la detención de sus integrantes y el decomiso de armas y municiones, al mismo tiempo de haber tomado el control de Cerro Chuño.
Lamentablemente, el Tren de Aragua, banda hoy transformada en una especie de "marca registrada", permite que se amparen en ella menores de edad y delincuentes comunes para causar pánico en la población.
De hecho, la Fiscalía de Arica informó ayer, martes 2 de agosto, de la existencia de veinticinco denuncias por extorsión telefónica a comerciantes locales por parte de malhechores que se hicieron pasar por miembros de esta banda en nuestra ciudad, exigiendo el pago de un monto de dinero o amenazando, en caso de no pagar, con atentar contra la integridad o, incluso, la vida de sus víctimas.
Por lo mismo, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación por parte de la Unidad de Análisis Criminal, la que agrupará todas las denuncias de este tipo para investigarlas y trabajarlas con una unidad especializada.
Es importante que el Gobierno transparente qué se está haciendo para ubicar a estos casi doscientos mil inmigrantes que han ingresado irregularmente al país, y nos asegure que algunos de ellos no son integrantes del Tren de Aragua o de otra organización criminal, quienes se pueden reagrupar y reorganizar.
Hoy es deber del Ejecutivo actuar y entregar facultades y apoyo político a las acciones de nuestras policías y también de Gendarmería, cuyos funcionarios deben lidiar con estos presos extranjeros con pocos recursos humanos y materiales.
Por lo anteriormente expuesto, solicito, a través de la Mesa, los siguientes oficios:
Primero, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para saber qué medidas están adoptando con las víctimas de amenazas telefónicas por parte de delincuentes que se hacen pasar por integrantes de dicha banda; cuáles son las acciones, medidas y programas, y si finalmente hay un acompañamiento para mitigar de alguna manera el temor que está sintiendo este rubro especial de la economía.
En segundo lugar, a Gendarmería de Chile y al Ministerio de Justicia, para conocer las medidas que están adoptando con relación a la solicitud que hiciera la asociación de funcionarios de los gendarmes para separar a los presos del Tren de Aragua en distintas cárceles del país y no colapsar los complejos penitenciarios del norte con estos peligrosos sujetos; y también con relación al temor que tienen los propios gendarmes, porque esa gente, sin ningún empacho, no solo amenaza al funcionario, sino también a toda su familia.
De hecho, en el Plan Nacional de Seguridad Pública 2022-2026 no se considera el diagnóstico ni la propuesta en torno a las condiciones de capacidad, seguridad y reinserción de los recintos penitenciarios de nuestro país, los cuales hoy se encuentran, en la mayoría de los casos, colapsados y con funcionarios de Gendarmería enfrentando altos niveles de inseguridad.
Finalmente, pido oficiar al Ministerio del Interior con el objetivo de conocer cuál es la voluntad política en planes de acción concreta de respaldo a las fuerzas de seguridad para erradicar las bandas criminales, la migración irregular y disminuir la sensación de inseguridad y temor en la población, además de conocer cuál es la agenda legislativa que van a promover con el objetivo de devolver la seguridad ciudadana a las regiones del norte.
Gracias, Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senador Durana.
ESTADO DE AVANCE DE INVERSIONES PÚBLICAS EN REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIOS
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Le damos la palabra, en el tiempo del Comité Renovación Nacional, al Senador Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Gracias, señor Presidente.
Quiero aprovechar estos minutos de hora de Incidentes para solicitar por su intermedio diversos oficios respecto del estado de avance de gran cantidad de inversiones de los Ministerios de Obras Públicas, de Salud, de Educación, de Agricultura y, sobre todo, de Vivienda. Interesa saber qué proyectos están en ejecución; cuáles se han suspendido o han sido abandonados por las empresas porque no han podido continuar; y cuáles, habiendo sido llamadas las propuestas a las licitaciones, han sido declaradas desiertas porque los recursos considerados en las bases han resultado insuficientes.
Me preocupa esta situación porque, según mi lista, son 65 proyectos, pero otro señor Senador aquí mismo tiene una cuenta como de 75 proyectos.
Entonces, quiero saber cuál es la realidad.
En mi región está muy resentida la inversión pública y también la inversión privada, particularmente debido al alza en las tasas de interés, en los costos de materiales de construcción y a las dificultades que esto acarrea.
Me preocupa la situación de las cosechas de las próximas temporadas. Ya se han anunciado caídas en la producción de trigo de cerca de un 30 por ciento en mi región y en las regiones del norte; caídas en la producción de papas; y hay un estancamiento en la producción de carne y leche. Lo único que está funcionando, por ahora muy desplegado, es la producción de salmón.
Si seguimos por este camino, mi región se va a ir reduciendo económicamente. De hecho, la masa salarial ha disminuido y una proporción importante está viviendo de subsidios por ahora, pero esta no es una solución para mucho tiempo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
AUTORIZACIÓN A SOCIOS DE CLUBES DE PESCA, CAZA Y TIRO DE REGIÓN DE LOS LAGOS PARA TRASLADAR SUS ARMAS HASTA LUGARES DE COMPETICIÓN A TRAVÉS DE ZONAS DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA. OFICIO
El señor KUSCHEL.-
Por otro lado, en mi región hay una serie de clubes de pesca, caza y tiro. Ellos han recibido una carta del Ministerio de Justicia en que se les pide una serie de antecedentes -no los tengo aquí a mano, pero los puedo entregar a Secretaría- que a mi juicio no corresponde que se les soliciten.
Nosotros estamos al sur de La Araucanía y del Biobío y ellos tienen que venir a competir al norte, por lo que traen sus armas con las que compiten; y como se las quitan, no pueden competir.
Entonces, quiero que haya un tratamiento especial, que se le informe esta situación al general encargado del estado de emergencia, de manera que estas personas puedan transitar y atravesar la zona, porque solamente lo hacen por la carretera, y así participar en estas competencias sin mayores dificultades.
Hay un calendario establecido para estas competencias, a dónde van, a dónde vuelven, etcétera. Se trata de cosas menores que dificultan el desarrollo de una actividad que pienso que es muy importante, al igual que otras. Son pequeños detalles, pero hay gente fanática de estos deportes y no pueden practicarlos.
Gracias, Presidenta.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
VERIFICACIÓN DE FAENAS SUBTERRÁNEAS EN CASCO URBANO DE TIERRA AMARILLA ANTE APARICIÓN DE GRAN SOCAVÓN CERCANO AL LUGAR. OFICIOS
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la Senadora Provoste, hasta por seis minutos.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidenta.
En el día de hoy hemos solicitado una serie de diligencias, tanto en la Comisión de Recursos Hídricos, al Ministerio de Obras Públicas, como en la Comisión de Minería, al Ministerio de Minería, a través del Servicio Nacional de Geología y Minería. Ello, a raíz de la noticia que ha sido públicamente conocida a través de los medios de comunicación respecto de este socavón, de este hundimiento de material, muy significativo por cierto, de más de 6.000 metros cúbicos, que ha generado una alarma pública en la comuna de Tierra Amarilla.
Además, esta es una situación que, lamentablemente, no es nueva en la comuna. Ya en años anteriores se habían generado situaciones similares, lo que llevó a instalar en el año 2013 una mesa en la zona entre las organizaciones sociales, el municipio, el Gobierno Regional, las empresas mineras, para consensuar y llevar adelante un plan de trabajo.
Por lo tanto, a partir de lo que ha generado esta alarma pública, es necesario tener información respecto de lo que fueron los acuerdos de esa mesa.
Primero, hay que conocer en detalle el estudio topográfico que objetivamente determine si existen o no faenas subterráneas que estén en actual operación debajo de la zona poblada de Tierra Amarilla. A la vez, se requiere precisar la ubicación de las labores subterráneas aledañas a la población de la comuna en el ejercicio de las actividades extractivas.
Digo lo anterior, señora Presidenta, porque el lunes, en un diálogo presencial con la Ministra de Minería y el Director del Servicio Nacional de Geología y Minería, nos mostraron una imagen en donde esta subsidencia, este socavón, este hundimiento, conecta directamente con una faena subterránea de la Compañía Contractual Minera Candelaria, a través de su faena Alcaparrosa.
En consecuencia, es importante solicitar al Servicio Nacional de Geología y Minería todo el estudio topográfico que -insisto- determine si existen o no faenas subterráneas en actual operación debajo de la zona poblada de Tierra Amarilla. Además, es necesario que nos puedan reportar cuáles han sido los sondajes en el casco urbano de Tierra Amarilla que se concordaron con representantes de la comunidad organizada, del municipio y de las empresas mineras ya el año 2013. También hay que establecer cuál es la red de monitoreo en línea de las vibraciones y de los puntos definidos en común acuerdo con la comunidad en esa oportunidad. A la vez, es necesario saber si en las horas y días previos a esta situación, el sábado de la semana pasada, se alteró este monitoreo de vibraciones en la comuna.
De la misma forma, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, particularmente a la Dirección General de Aguas, para que informe sobre los monitoreos disponibles respecto de los niveles de aguas subterráneas en las fechas anteriores y posteriores al socavón, para ver si ha habido una alteración de esos niveles en la zona.
Del mismo modo, es importante que se establezca con claridad cuál ha sido el trabajo en terreno que ha llevado adelante durante las horas posteriores a este hundimiento el Servicio Nacional de Geología y Minería, que pueda informar respecto de cuáles han sido todos los profesionales que han estado involucrados en esta materia.
A la vez, solicito que se oficie a la Ministra del Medio Ambiente para que entregue información acerca de la resolución de calificación ambiental del proyecto Minera Candelaria en sus operaciones, tanto de cielo abierto como en las minas subterráneas, de manera de poder identificar si la situación producida es responsabilidad de la empresa o está contemplada en las resoluciones de calificación ambiental con medidas de mitigación, para que no vuelvan a ocurrir.
Insisto, Presidenta: este hundimiento, este socavón se produjo en una zona de operaciones de la Compañía Contractual Minera Candelaria, pero tenemos que ser capaces de dar certezas a la población de que esto no va a suceder en el casco urbano, en zonas pobladas.
En consecuencia -reitero-, es necesario que los organismos que tienen competencia en materia de fiscalización, tanto el Servicio Nacional de Geología y Minería como la Dirección General de Aguas, además del Ministerio del Medio Ambiente, informen al respecto.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
La señora PROVOSTE.-
Le pido un minuto por un tema adicional, Presidenta.
PRESENCIA DE MINAS ANTIPERSONALES EN SECTOR COSTERO DE COMUNA DE CALDERA Y MEDIDAS DE APOYO EN FAVOR DE VÍCTIMAS. OFICIO
La señora PROVOSTE.-
Presidenta, en el día de hoy, la Alcaldesa de Caldera, Brunilda González -lo conversaba recientemente con ella-, nos ha transmitido su profunda preocupación, dado que en un sector costero muy visitado no solo por turistas, sino también por comunidades ancestrales, como las comunidades changas, y por algunas personas aficionadas a la modalidad de los raids costeros, un joven que además presenta problemas de cierto espectro de salud mental, que deambula por esa zona, se encontró con un artefacto abandonado, lo manipuló y resultó ser un artefacto explosivo.
Nuestro país suscribió la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales y, en razón de ello, es necesario realizar todos los procesos de limpieza en los sectores aledaños.
Quiero recordar que Caldera es una comuna turística, con una enorme presencia en todo el borde costero.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Ministra de Defensa para que indique si el artefacto explosivo que detonó con consecuencias muy complejas para este joven corresponde a artefactos dejados en los momentos en que se utilizaba esa zona como área de ejercicios militares.
Pido también que la Ministra informe acerca de los restos de explosivos que pueden ser encontrados en la zona y cuál va a ser el compromiso respecto de la limpieza de estos lugares. Además, solicito que pueda entregar un detalle acerca de todos los procesos que se han llevado adelante en favor de las víctimas de minas antipersonales, tal como ya lo hemos hecho -lo tramitamos en una ley en el Congreso en el período legislativo anterior-, de manera de establecer cuáles serán todas las medidas de apoyo y protección a una nueva víctima que tenemos que lamentar en la Región de Atacama, particularmente en la comuna de Caldera.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senadora.
No habiendo más inscritos en la hora de Incidentes y habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:48.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante