REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 370ª
Sesión 23ª, en miércoles 1 de junio de 2022
Ordinaria
(De 16:23 a 19:49)
PRESIDENCIA DE SEÑOR ÁLVARO ELIZALDE SOTO, PRESIDENTE,
SEÑORA LUZ EBENSPERGER ORREGO, VICEPRESIDENTA, Y
SEÑOR MATÍAS WALKER PRIETO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y
EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, ACCIDENTAL
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Castro Prieto, Juan Enrique
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Elizalde Soto, Álvaro
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Gahona Salazar, Sergio
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Walker Prieto, Matías
Concurrió, además, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos Tobar.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Secretario General accidental y Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 19 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Las actas de las sesiones 19ª, 20ª y 21ª, de mayo de 2022, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Ocho Mensajes de S.E. el Presidente de la República
Con el primero, comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental, respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de Transformación Digital del Estado, correspondiente al Boletín N° 14.969-06.
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Excmo. Tribunal Constitucional.
Con el segundo y tercero, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para el despacho de las siguientes iniciativas:
-El que modifica la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica (Boletín N° 14.830-05).
-El que modifica el decreto con fuerza de ley N° 16, de 1986, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de facultar temporalmente al Director(a) General del Crédito Prendario para condonar intereses moratorios de créditos pignoraticios que se hubieren devengado durante el período que indica (Boletín N° 14.947-05).
Con el cuarto, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho del proyecto de ley que Crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N° 11.174-07).
Con el quinto, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho del proyecto de ley que regula los biocombustibles sólidos (Boletín N° 13.664-08).
Con el siguiente, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho del proyecto de ley sobre Derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable (Boletines Nos 7.736-11, 9.644-11, 11.745-11 y 11.577-11, refundidos).
Con los dos últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
-El que que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica (Boletín N° 13.204-07 y 13.205-07, refundidos).
-El que modifica la ley N° 20.205, que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, para extender su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas, en las condiciones que señala (Boletín N° 12.211-02).
-- Se toma conocimiento de las calificaciones y de los retiros y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Del Excmo. Tribunal Constitucional
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-respecto de la expresión "de particulares", contenida en el artículo 7°, inciso primero; y del artículo 15, inciso primero, de la Ley N° 18.287 (Rol N° 13159-22 INA; Rol N° 13159-22 INA).
-respecto de los artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 13194-22 INA; Rol N° 13177-22 INA; Rol N° 13196-22 INA).
-artículo 26 del Decreto Ley N° 2.186 (Rol N° 12788-22 INA; Rol N° 12789-22 INA).
-respecto del artículo 12, inciso noveno, de la Ley N° 20.179 (N° 13195-22 INA).
-respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 13158-22 INA; Rol N° 12321-21 INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Director Nacional de Vialidad
Responde consulta del Honorable Senador señor De Urresti, relativa a las fuertes lluvias que afectaron la ruta en el sector Puente Pellaifa en Coñaripe-Panguipulli, región de Los Ríos.
Atiende inquietud del Honorable Senador señor Durana, en relación con una serie de planteamientos vinculados con el uso de material de relave en camino secundario que indica en el sector El Águila-Cuesta Cardones, región de Arica y Parinacota.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio de bebidas alcohólicas, para facilitar la obtención de patente de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica (Boletín Nº 14.534-06).
--Queda para Tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señor Kusanovic, señora Aravena y señores Castro Prieto, Ossandón y Pugh, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, para aumentar la protección del personal de Carabineros de Chile, en memoria del Sargento Primero de esta institución, señor Gabriel Aldo Gallegos Fernández (Q.E.P.D.) (Boletín N° 15.033-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables Senadores señor Kast y señoras Carvajal, Núñez y Provoste, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, con el objeto de establecer como requisito para ejercer ciertos cargos el no haber sido condenado por delitos de carácter sexual, e incorporar dicha causal entre los motivos de cesación de funciones (Boletín N° 15.030-06).
De los Honorables Senadores señor Kast y señoras Carvajal, Núñez y Provoste, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, para establecer como requisito de ingreso a la Administración del Estado, el no haber sido condenado por delitos de connotación sexual e incorporar dicha causal entre los motivos de cesación en el cargo (Boletín N° 15.031-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Comunicaciones
Del Honorable Senador señor Cruz-Coke, mediante la cual presenta como candidata a Consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la señora Rosa Isolde Reuque Paillalef, en reemplazo del renunciado consejero, señor Salvador Millaleo Hernández, en virtud del artículo 6°, letra b) de la ley N° 20.450 (Boletín N° S 2.252-13).
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Del Honorable Senador señor Macaya, por la que informa su salida del país, entre el 5 y 11 de junio de 2022, para asistir como invitado al "Encuentro Parlamentario con motivo de la IX Cumbre de Las Américas".
--Se toma conocimiento.
Permiso Constitucional
Del Honorable Senador señor Chahuán, por la que solicita autorización para ausentarse del país, a contar del día 28 de junio de 2022, en virtud del artículo 60 de la Carta Fundamental.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se toma conocimiento y, si le parece a la Sala, se accede a lo solicitado.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de aprobación).
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Eso sería todo, Presidente.
Gracias.
JURAMENTO O PROMESA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a proceder a tomar juramento o promesa a los funcionarios de la Corporación que aún no han realizado esta ceremonia.
El señor Secretario nombrará a los funcionarios respectivos para que ingresen a la Sala.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes.
Se procederá a tomar juramento a las funcionarias y los funcionarios que se individualizan a continuación: señora María Magdalena Ascorra García, señora Paulina Leonor Collado Maldonado, señor Sebastián Ariel Montenegro Allegro, señor Nicolás Alonso Montero Carvajal, señora Katherine Geraldine Ortiz Castro, señora Niscia Irene Rubio Carrasco, señora Carmen Paz Salinas Caviedes, señora Mary Claudia Aranda Cabezas, señora Natalia Soledad Cruz García-Huidobro, señor Nolasko Lobos Valencia y señor Johann Valenzuela Torres.
(Las funcionarias y los funcionarios se ubican de pie frente a la testera).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Nos ponemos de pie, por favor.
(Todos los presentes se ponen de pie).
Conforme a lo dispuesto en los artículos 219 del Reglamento del Senado y 18 del Reglamento del Personal, corresponde tomar juramento a los funcionarios que ingresan a la Corporación. En este caso, se trata de funcionarios que ya forman parte de ella, pero a los cuales no se les había tomado juramento o promesa.
¿Juráis o prometéis cumplir lealmente con vuestras funciones y guardar sigilo acerca de los asuntos secretos o reservados de que toméis conocimiento en razón de vuestro cargo?
--Prestan juramento o promesa las funcionarias y los funcionarios individualizados.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Bienvenidos formalmente a nuestra Corporación.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Hay funcionarios que llevan muchos años en la institución y a los cuales no se les había tomado juramento.
Yo, especialmente, quiero felicitar a Carmen Paz, que ha sido secretaria de la Presidencia del Senado en Santiago y siempre ha estado muy bien calificada por todos quienes han desempeñado el cargo que hoy me toca desempeñar a mí. Me han dado las mejores referencias de ella.
¡Bienvenidos!
PROHIBICIÓN DE LICITACIÓN DE CONTRATOS ESPECIALES DE OPERACIÓN DE MINERALES NO CONCESIBLES A PRIVADOS DURANTE TRES MESES ANTERIORES A TRASPASO DE UN GOBIERNO
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Damos inicio al Orden del Día.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente pone en votación el proyecto iniciado en moción de las Senadoras señoras Provoste y Allende y los ex Senadores señores Girardi, Guillier y Navarro, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Minería para prohibir la licitación de contratos especiales de operaciones de minerales no concesibles a privados en los tres meses anteriores al traspaso de un gobierno.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.800-08) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe recordar que la Sala del Senado, en sesión de 18 de mayo del año en curso, se abocó al estudio de esta iniciativa de ley, oportunidad en la cual fue solicitado el aplazamiento de la votación.
Asimismo, es dable reiterar lo siguiente.
Este proyecto de ley tiene por objeto modificar el Código de Minería de modo tal que no puedan celebrarse entre el Estado y privados los contratos especiales de operación a los que se refiere el artículo 8º del cuerpo legal mencionado que estén destinados a la explotación, exploración o el beneficio de yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, en los noventa días anteriores a la fecha establecida para el término del ejercicio de las funciones del Presidente de la República.
La Comisión de Minería y Energía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley y propone a la Sala que sea considerada del mismo modo.
El artículo único del proyecto de ley reviste el carácter de norma de quorum calificado, por lo que requiere 26 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 5 del informe de la Comisión de Minería y Energía y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Como este proyecto ya fue informado, lo que corresponde es que lo votemos.
No sé si la Senadora Provoste quiere hacer uso de la palabra.
Entonces, se abre la votación.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Están ingresando el Senador Quintana y el Senador Soria. Vamos a esperar a que voten y cerramos la votación.
Se va a consultar nuevamente.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Un momento; no hemos cerrado la votación. Está ingresando el Senador Insulza.
Terminada la votación.
--Se rechaza en general el proyecto por no alcanzar el
quorum
constitucional exigido (16 votos a favor y 12 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro (don Juan Luis), Elizalde, Espinoza, Huenchumilla, Insulza, Núñez, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.
Votaron por la negativa los señores Coloma, Edwards, García, Keitel, Kusanovic, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval y Sanhueza.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se deja constancia de la intención de voto a favor del Senador Latorre.
SISTEMATIZACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIOAMBIENTE, MODIFICACIÓN DE CUERPOS LEGALES QUE TIPIFICAN DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO Y ADECUACIÓN DE PENAS APLICABLES
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos, con urgencia calificada de "simple".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 13.204-07 y 13.205-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo de este proyecto es, en síntesis, sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecuar las penas aplicables a todos ellos.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento consigna que discutió este proyecto solo en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.
Asimismo, deja constancia de que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Ebensperger y Órdenes y señores Chahuán, De Urresti y Walker.
De igual modo, hace presente que los artículos 42; 47, inciso quinto; 49, números 1 y 10 (en lo que se refiere a los artículos 415 ter y 415 octies); 50, números 1 y 2; 51, números 22 y 29, y 61 y 62 del proyecto de ley son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 29 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 38 y siguientes del primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos, entonces, a ofrecerle la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador Matías Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tengo el honor de informar este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en dos mociones ahora refundidas: la primera (signada con el boletín N° 13.204-07), de los ex Diputados señoras Castillo, Hernando y Sepúlveda y señores Ascencio, Desbordes, Schilling y Walker, y los Honorables Diputados señores Barrera, Celis y Soto Ferrada; y la segunda (signada con el boletín N° 13.205-07), de los ex Diputados señoras Castillo y Núñez y señores Cruz-Coke, Díaz, Fuenzalida, Schilling, Silber, Vidal y Walker, y el Honorable Diputado señor Soto Ferrada.
Para su despacho se ha hecho presente la calificación de urgencia en el carácter de "simple".
Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 20 de julio de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Cabe consignar que este proyecto de ley se discutió solo en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.
En síntesis, el objetivo de esta iniciativa consiste en sistematizar todos los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecuar las penas aplicables a todos ellos.
Para el estudio de este proyecto de ley ante esta instancia parlamentaria expusieron los académicos señores Antonio Bascuñán, Gonzalo Medina y Javier Wilenmann; el Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, señor Marcelo Freyhoffer; el Fiscal Nacional Económico, señor Ricardo Riesco; el Vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Mauricio Larraín, y el Fiscal de la Unidad de Investigación del mismo organismo, señor Andrés Montes; el Director subrogante de la Unidad de Análisis Financiero, señor Marcelo Contreras; el Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, señor José Manuel Mena, y el abogado de dicha entidad, señor Juan Ignacio Piña; además del Director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Felipe Irarrázabal, ex Fiscal Nacional Económico.
Señora Presidenta, la iniciativa que ha conocido la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento consta de sesenta y cinco artículos divididos en cinco títulos. Su contenido principal se resume como sigue.
Título I: contiene disposiciones sobre delitos económicos y establece cuatro categorías.
1.-
Delitos económicos absolutos, que se dan con completa independencia de las condiciones en las que se cometen.
2.-
Delitos patrimoniales, que son aquellos que se cometen al interior o en beneficio de una empresa. Esta última circunstancia es la que hace aplicables las reglas de los delitos económicos, pero solo respecto de empresas medianas o grandes y no de pequeñas o microempresas.
3.-
Delitos funcionarios, es decir, aquellos que no son cometidos dentro de la empresa, pero sí conectados con delitos cometidos desde o en beneficio de una empresa, por ejemplo, en casos de corrupción.
4.-
Delitos auxiliares a otras clases, cuando se cometen en conexión a otro delito, como el lavado de activos.
Asimismo, contiene normas sobre la doble consideración de circunstancias que califiquen el hecho como delito económico; la inaplicabilidad de sus normas a empresas que tengan el carácter de micro o pequeña empresa, conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416, y sobre el concurso de delitos.
Título II: comprende reglas sobre las penas y consecuencias adicionales aplicables a las personas responsables de los delitos económicos.
También establece ciertas reglas generales; normas sobre la determinación de las penas privativas de libertad y de la pena de multa; penas sustitutivas de los delitos económicos, y la determinación de las inhabilitaciones aplicables a todo condenado por un delito económico.
Título III: trata sobre el comiso de ganancias y distingue dos supuestos de aplicación.
En primer lugar, establece casos en que existe condena previa y, por otro lado, plantea determinados supuestos en que procede su aplicación sin condena previa, habiéndose dictado sentencia absolutoria o que declara el sobreseimiento.
Título IV: dispone modificaciones a los siguientes cuerpos legales: Código Penal; Código Procesal Penal; Código Orgánico de Tribunales; ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas; ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas; ley N° 18.045, de Mercado de Valores; decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece un nuevo sistema de pensiones; ley N° 20.712, que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales; ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social; ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores; ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; ley N° 20.009, que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude; decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia; Código Tributario, y decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.
Título Final: contiene reglas sobre la aplicación temporal del proyecto; sobre la prohibición de fraccionamiento de las normas que fueren pertinentes para determinar si la aplicación de la ley resulta más favorable, y sobre la determinación del tiempo de ejecución del hecho, que se entenderá perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.
Señor Presidente y Ministra, señora Marcela Ríos, a quien aprovecho de saludar, es todo cuanto puedo informar.
Muchas gracias.
LANZAMIENTO DE AGENDA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CHILE 2035
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes, para un punto de reglamento.
La señora ÓRDENES.-
Muchas gracias, Presidente.
Había solicitado la palabra anteriormente, al término de la Cuenta, porque quiero informar a la Sala que el 19 de mayo se lanzó en el edificio de la Cepal, en la ciudad de Santiago, la Agenda de Transformación Digital Chile 2035, que nace fruto del esfuerzo y trabajo que llevamos realizando desde hace cerca de un año en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, instancia que presido. Y aprovecho de agradecer el apoyo del Senador Pugh, quien me ha acompañado en esta tarea.
Hace un año convocamos a distintos actores del ecosistema digital en Chile: la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Chile, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y más de veinte organizaciones territoriales, ONG, fundaciones y miembros de la academia, que nos colaboraron para sacar adelante una agenda en pos de cerrar la brecha digital y acelerar el proceso de transformación digital en el país.
Fijamos un horizonte de doce años y presentamos esta estrategia, que básicamente apunta a dos ejes importantes: Chile conectado sin brechas, en el que abordamos los temas de acceso, uso y cobertura de internet; y Chile digitalizado, que plantea cómo avanzar en los procesos de digitalización del Estado y de la economía.
Establecimos siete líneas de acción y treinta y ocho medidas. Una de estas es internet como servicio público, un proyecto que despachamos desde el Senado de la República, actualmente en su segundo trámite constitucional, y que además es parte de la agenda presentada hoy día en la Cuenta Pública, que el Gobierno ha denominado "Plan Brecha Digital Cero".
En ese contexto, la Comisión Económica para América Latina prestó un importante apoyo técnico para sacar adelante esta Agenda de Transformación Digital.
Por eso, quiero solicitar el acuerdo de la Sala para hacer llegar una nota de agradecimiento por el trabajo y el apoyo técnico a cada uno de los participantes de esta tarea, particularmente al Secretario Ejecutivo de la Cepal, señor Mario Cimoli.
Ha sido un esfuerzo constante, al cual invito a los colegas a sumarse, a quienes les haremos llegar el resultado de este trabajo. Ahora estamos abocados a darle continuidad a través de planes específicos, un poco en la lógica de lo que ha hecho España en esta materia.
Creo que tenemos mucho que avanzar en el ámbito de los derechos digitales, la ciberseguridad y la gobernanza. O sea, no solo en lo relativo al acceso y uso, sino también a las habilidades digitales y a los otros temas que son parte de las medidas que hemos propuesto, poniendo énfasis en las pymes, sobre todo si vamos a hablar de economía digital.
He dicho, Presidente, y reitero mi solicitud para pedir el acuerdo de la Sala a fin de hacer llegar una nota de agradecimiento a la Cepal y a los actores que participaron en esta tarea.
Muchas gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
A usted, Senadora.
¿Habría acuerdo para acceder a lo anterior, conforme a lo que se ha señalado?
--Así se acuerda.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Por punto de reglamento, tiene la palabra el Senador Kusanovic.
El señor KUSANOVIC.-
Gracias, Presidente.
Era nuevamente para ver si podemos poner en tabla lo que había solicitado el día de ayer, que parece que quedó fuera, porque no alcanzamos a verlo, por razones de tiempo. Se trata del proyecto de acuerdo relativo al 4 por ciento, que es bien importante para muchas familias.
Gracias.
La señora RINCÓN.-
"Si le parece a la Sala".
Pida la unanimidad, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Efectivamente, se agregó ayer a la tabla, en el Tiempo de Votaciones, un proyecto de acuerdo para solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República dar solución a los imponentes del 4 por ciento adicional de la ex Caja de Empleados Particulares de la provincia de Magallanes.
Como ayer se dilató el debate respecto del Acuerdo de Escazú y la sesión tuvo que prolongarse y terminó pasadas las ocho de la noche, no se alcanzó a realizar esa votación.
Entiendo que el Senador Kusanovic propone que votemos este proyecto de acuerdo en la sesión de hoy y que no esperemos hasta el próximo martes, cuando corresponde votar todos los proyectos de acuerdo.
¿Habría objeción para que se vote el día de hoy?
Si les parece, concluido el debate del proyecto de ley que estamos votando ahora en general, someteríamos a votación este proyecto de acuerdo y continuaríamos con el Orden del Día.
El señor CRUZ-COKE.-
Muy bien.
El señor HUENCHUMILLA.-
Muy bien.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Entonces, para volver al debate del proyecto de ley que estamos viendo, le daré la palabra a la Ministra Marcela Ríos, y una vez concluido, votaremos el proyecto de acuerdo.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de aprobación).
SISTEMATIZACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIOAMBIENTE, MODIFICACIÓN DE CUERPOS LEGALES QUE TIPIFICAN DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO Y ADECUACIÓN DE PENAS APLICABLES
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Ministra, tiene la palabra.
La señora RÍOS (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-
Muchas gracias, Presidente.
Muy brevemente, primero me quiero hacer parte de la presentación que hiciera acá el Senador Walker, que preside la Comisión de Constitución, y agradecer los oficios de la Comisión por la aprobación unánime.
Este proyecto, como ustedes saben, se origina en una moción de Diputadas y Diputados transversales, y nuestro Gobierno lo ha apoyado, le ha dado urgencia y lo ha acompañado en su tramitación. Nos parece que aborda uno de los temas que están pendientes en materia de una agenda de probidad e incentivo al combate de la corrupción.
Como daba cuenta el Senador Walker, es un proyecto que tipifica e incorpora delitos y penas respecto de materias económicas y delitos medioambientales. Es un proyecto extremadamente ambicioso, que ha sido trabajado de manera íntegra por un conjunto amplio de académicos especialistas en materias de derecho económico, a quienes también quiero agradecer por su labor, por su convicción y por su preocupación por los intereses públicos. Desde nuestro Ministerio hemos colaborado con este grupo de profesores desde el inicio.
Este es un proyecto que, a nuestro entender, apunta al corazón de una agenda antiabusos que se hace cargo de temas pendientes en nuestra legislación. Y quisiera simplemente solicitar acá también el apoyo de este Senado, de las Senadoras y los Senadores, para un texto que es extremadamente ambicioso y que la Comisión de Constitución continuará revisando en detalle.
Todavía tenemos temas pendientes, sin duda, pero hay un amplio acuerdo en que este es un proyecto que viene a fortalecer nuestro sistema de justicia penal, a poner en mejores condiciones de equidad los delitos de cuello y corbata respecto de delitos comunes.
Así que, Presidente, muchísimas gracias, y nuevamente envío un agradecimiento a los y las integrantes de la Comisión de Constitución que están impulsando este proyecto, y en particular a su Presidente, Matías Walker, quien ha liderado esta discusión.
Muchísimas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Ministra.
Tiene la palabra la Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidenta.
La verdad es que quiero felicitar el trabajo que se ha hecho en la Comisión, presidida por el Senador Walker, junto al Ministerio de Justicia, a cargo de la Ministra Marcela Ríos.
Este es un proyecto de ley tremendamente relevante que dice relación con los delitos económicos y los atentados contra el medioambiente.
Esta es una iniciativa parlamentaria, de la Cámara de Diputados. Es importante consignar que partió su tramitación el 14 de enero del 2020, y que se demoró más de un año y medio en salir de allí, y que acá, en el Senado, llevamos meses desde su ingreso y ya estamos avanzando positivamente en ella. Lo digo porque hoy está en tela de juicio la institucionalidad de este Parlamento.
Segundo, creo que es importante señalar que este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre Diputados y Diputadas firmantes y destacados penalistas, que han trabajado sobre otros anteproyectos, y que buscan abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico.
Tal como se afirmó el año 2011 por el entonces Presidente de la Corte Suprema, don Milton Juica, "la penalidad de los delitos de cuello y corbata en Chile es realmente modesta comparada con otros países, especialmente en Estados Unidos". Ello, considerando las características de la criminalidad económica que se realiza en general en el contexto de actividades formales reconocidas y se desarrolla por sujetos capaces de desenvolverse en la vida económica de nuestro país; vale decir, no por cualquier persona. Y, por lo tanto, más grave aún resulta que esto se permita y no tenga la penalidad respectiva.
Así, mediante la justicia legislativa se busca que estos delitos se reconozcan y tengan un rango de penalidad mayor. No en vano en la Cámara de Diputados esta iniciativa tuvo 143 votos a favor y 1 sola abstención. Eso habla mucho de la importancia que debemos darle y de la conciencia que hay en torno a este proyecto.
En ese contexto, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento escuchó tanto a fiscales, académicos y expertos como a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras para poder recoger todos aquellos aspectos que requerían una mirada particular.
Yo entiendo que solo estamos en la discusión general de la iniciativa, y lo que pido es que podamos acelerar la tramitación. Sé que la Comisión de Constitución está sobrecargada, pero insisto en que aceleremos la discusión en particular de este proyecto, porque -y con esto termino, Presidente- no basta con consignar los principios en la Carta Fundamental. Si aquellos no tienen ley positiva, de nada sirven, y este proyecto aborda algo que es muy muy importante. Contiene disposiciones sobre delitos económicos; establece categorías; comprende reglas sobre penas y consecuencias adicionales aplicables a las personas responsables de los delitos económicos; trata el comiso de ganancias y distingue los supuestos de su aplicación, y dispone diversas modificaciones a distintos cuerpos legales.
Creo que es muy importante lo que se ha hecho, y más importante será aún poder avanzar en una legislación positiva y que esta se resuelva rápidamente en particular.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senadora Rincón.
Voy a pedir el acuerdo de la Sala para que pase a presidir accidentalmente el Senador Matías Walker.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Una vez que le dé la palabra a la Senadora Ebensperger, quedará dirigiendo la sesión el Senador Walker.
Tiene la palabra, Senadora.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Desde luego, anuncio mi voto a favor de este proyecto, y espero que en la discusión particular este Senado adopte decisiones que lo perfeccionen. Sin duda es importante, ya que busca hacerse cargo de un aspecto de la criminalidad que no se encuentra debidamente regulado por el Código Penal de 1874 y sus posteriores reformas.
Como se explicó por los académicos invitados a la Comisión de Constitución, este proyecto distingue, dentro de los delitos económicos, cuatro categorías, a saber:
1. Los delitos económicos absolutos, que se dan con independencia completa de las condiciones en las que se cometen.
2. Delitos patrimoniales, que son aquellos que se cometen al interior o en beneficio de una empresa, sea que nos refiramos a medianas, grandes, pequeñas o microempresas.
3. Delitos funcionarios, es decir, no son cometidos dentro de la empresa, pero sí conectados con delitos cometidos desde o en beneficio de una empresa, por ejemplo, en los casos de corrupción.
4. Y los delitos auxiliares a otras clases, cuando se cometen en conexión a otro delito, como el lavado de activos.
Como ya explicó el Senador informante, Matías Walker, Presidente de la Comisión, si se aprueba este proyecto de ley, se seguirán las siguientes consecuencias:
-Cambiarán las reglas de determinación de la pena.
-Cambiarán las penas de multa, porque, en vez de existir un sistema de graduación absoluto de la pena, se calcularán en relación con los ingresos anuales de cada persona.
-Se aplicarán cambios en la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas.
-Existirá una figura ampliada de comiso, abarcando todas las ganancias obtenidas en virtud del delito.
Si tuviéramos que referirnos a dos aspectos en los cuales cabe detenerse para favorecer la aprobación de este proyecto, yo me detendría en el comiso y en el nuevo régimen de multas que la iniciativa propone.
Sobre el comiso, en efecto, como nos explicó el profesor Bascuñán en la Comisión, cabe señalar que es una pena, pero el proyecto propone entenderlo como una consecuencia civil que lleva consigo toda sentencia condenatoria. Desde este punto de vista, y siguiendo las reglas del enriquecimiento injusto, el proyecto también prevé que el comiso de las utilidades sea aplicado a aquellos que se hayan enriquecido a título gratuito o de mala fe, aunque no hayan participado en la comisión del delito.
Por su parte, el comiso sin condena es sin duda una innovación valiosa. Se aplicaría en aquellos casos en que sí se ha constatado la comisión de un hecho típico y antijurídico; no se dicta condena en casos de rebeldía, de inimputabilidad o de sobreseimiento, porque el imputado no es penalmente responsable por razones ajenas al hecho ilícito, o bien, porque la responsabilidad penal se extinguió (por ejemplo, con la muerte del imputado).
Valoramos también la novedosa audiencia de comiso sin condena previa, que es una nueva institución, similar a un juicio abreviado. Algunas de sus reglas son aplicables en los casos en que el comiso se verificó con condena previa, o cuando el Ministerio Público proponga el comiso a personas que no han participado en la ejecución del delito, o el monto del comiso sea superior a 400 unidades tributarias mensuales. En estos casos, se citará a una audiencia especial, distinta a la de determinación de la pena.
El foco del proyecto es correcto en cuanto a la posibilidad de aplicar penas efectivas de privación de libertad a los que cometen delitos de esta naturaleza. Pero, sin duda, ocuparse de las consecuencias patrimoniales del delito es una decisión legislativa inteligente, correcta, que se hace cargo de los incentivos tenidos en cuenta por el agente: obtener una ventaja económica injusta al cometer el hecho.
Con relación a las multas, en especial a las asociadas a los delitos ambientales, entendemos que funcionarán correctamente como disuasivo o, en su caso, una reparación eficiente, al margen y superpuesta a las responsabilidades civiles y ambientales que prevé la legislación relativa al medioambiente.
Hay ideas que desde luego merecen ser mucho mejor estudiadas, como la pretensión de alterar las reglas sobre titularidad de la acción penal en el ámbito de la libre competencia. Las opiniones vertidas en esta materia en las audiencias de la Comisión por la Fiscalía Nacional Económica, por la Comisión para el Mercado Financiero, por la Asociación de Bancos, entre otras entidades, sin duda nos hace pensar que debemos mejorar estas normas en su estudio en particular, precisamente para ver si en definitiva optamos por modificar los principios y reglas del decreto ley 211, reformado recientemente por la ley Nº 21.945. Sin embargo, eso no aleja mi voto favorable al proyecto en general.
A pesar de todo lo expuesto, y todo muy bienvenido, echo de menos un esfuerzo sistematizador mayor, para lo cual es indispensable que concurra la colaboración del Ejecutivo. No basta con que nos ocupemos hoy de los delitos económicos. Necesitamos -es imperioso- un nuevo Código Penal que se haga cargo de esta materia y de muchas otras tan latamente ya señaladas en otras ocasiones y que se encuentran con una regulación extremadamente antigua.
Hagamos un poco de historia.
El Foro Penal del año 2005 fue seguido de un proceso recodificatorio iniciado en el 2013 que llevó a la presentación de un proyecto de ley en marzo del 2014. Ese texto nunca fue sometido a escrutinio ni a votación en general.
El posterior anteproyecto de nuevo Código Penal de 2015 y la revisión y consolidación de todas las iniciativas anteriores llevó al anteproyecto de nuevo Código Penal de 2018, que sirve de fundamento al proyecto de nuevo Código Penal, que en su Libro Segundo contiene: Título VII, sobre los delitos contra el patrimonio y otros intereses económicos; el Título VIII, de los delitos contra el orden socioeconómico; Título IX, sobre los delitos contra la fe pública, y Título XIII, de los delitos contra el medio ambiente.
En primer lugar, ese texto se hace cargo de la definición y tratamiento de la criminalidad organizada y de la criminalidad económica. Dicha iniciativa comprende la actualización del sistema de multas, la modernización del estatuto del comiso, la generación de mayores reacciones en el ámbito de los delitos cometidos por personas jurídicas o la ampliación del catálogo de las inhabilitaciones. Se trata de las mismas nociones que fundan la iniciativa que hoy votamos en general.
Asimismo, el proyecto reforma el sistema de imputación penal para las personas jurídicas incorporando la regulación al Libro Primero del Código Penal, manteniendo de manera firme la idea de la codificación. Luego, el proyecto modifica considerablemente el estatuto de responsabilidad penal, contenido en la ley Nº 20.393, en el sentido de que las personas jurídicas serán responsables, como injusto, independiente y propio, de los hechos punibles cometidos por personas naturales que ocuparen un cargo, posición o función en ella o le prestaren servicios, cuando la perpetración del hecho cometido por la persona natural hubiese sido facilitada o favorecida por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado para la prevención de delitos.
Enseguida, el proyecto prevé la institución de los días-multa y la del comiso, especialmente el de ganancias, para que así el Estado tenga la posibilidad real de acceder a los bienes que emanan del delito.
Todas estas ideas, Presidente, están presentes en la iniciativa de reforma legal que hoy votamos en general, lo que no deja de ser plausible y positivo. Sin embargo, me parece que una reforma parcial, por muy importante que sea, inhibe el inicio de la discusión de una obra legislativa de largo aliento y perspectivas más generales, orientada al largo plazo. Una suma de enmiendas parciales sin duda desalienta la tarea más ambiciosa de aprobar, de una vez por todas, nuestro nuevo Código Penal, que reemplace al de 1874 y a todas las reformas y complementaciones que se le han hecho, más de algunas centenarias.
Instando a que nos embarquemos en una discusión legislativa más ambiciosa a partir del proyecto sometido a trámite legislativo en enero de este año, igualmente voto a favor en general esta iniciativa que se ha expuesto a la Sala del Senado
Gracias, Presidente.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
Muchas gracias a la Senadora Luz Ebensperger, Vicepresidenta del Senado.
A continuación, tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Presidente, muchas gracias.
El interés por hacer una breve reflexión acerca de este proyecto deriva del hecho de que lo empezamos a conocer siendo yo miembro de la Comisión de Constitución. Por lo tanto, al estar discutiéndose en general, me viene a la memoria el momento en que lo vimos, en que yo participé. Y creo, señora Presidenta, que este es uno de los grandes avances y reformas en el derecho penal chileno, tal como usted lo señaló, desde el año 1874.
Ello, porque es una reforma a los delitos económicos, a los "delitos de cuello y corbata", como se les llama en la jerga común y corriente. Y detrás de la legislación sobre los delitos económicos hay dos cuestiones que a mi juicio explican cierta filosofía respecto del derecho penal económico.
Lo primero es que en la gente hay una sensación de desigualdad en el tratamiento que sufren las personas más desvalidas de la sociedad en cuanto a los delitos cometidos por quienes tienen una inserción ligada al poder económico, al funcionamiento del mercado, a los delitos que no son de sangre, sino que inciden en los bienes económicos. Entonces, hay un primer tema vinculado con la igualdad.
Pero, a mi juicio, el asunto más importante es el relacionado con el funcionamiento de la economía, y no solo en Chile, sino también en el resto de los países del mundo. Para esto vale la pena señalar que la economía funciona, como se sabe, sobre la base de la confianza, la que se materializa, desde el punto de vista jurídico, en lo que se llama "codificación del capital".
Esto viene desde el siglo XIX, cuando lo primero que se codifica en Inglaterra es la tierra como el primer componente básico de lo que se denomina "capital", de tal manera que la codificación de la tierra permitió su transferencia, permitió su seguridad jurídica, permitió las inversiones, permitió, en consecuencia, que empezara a concretarse rápidamente todo ese proceso a que dio lugar la Revolución Industrial y el funcionamiento de la economía de mercado.
Junto con la tierra vinieron los bienes. Después de los bienes vinieron los bienes de capital. Luego vinieron los bienes intelectuales, como las patentes, un elemento tan central en lo que es la economía en Chile y en el resto de las naciones del mundo. Y posteriormente vinieron los intangibles, y con ello me refiero a toda la economía financiera, que son los derivados, que hoy día permiten una muy gran inversión de capitales en el mundo.
Todo esto se halla codificado legalmente para permitirle a la economía funcionar en condiciones tales que sus actores sientan que hay una superestructura o una arquitectura jurídica que da seguridad de que los bienes circulen a través de la globalización y de la economía de mercado, que están codificados y resguardados ¿por qué? En este caso, por las normas del derecho privado, como el derecho de los contratos, el derecho de las sociedades, el derecho de las empresas, los fideicomisos y las normas concursales, en caso de quiebra.
Por lo tanto, estas normas de derecho penal vienen a consolidarse en definitiva como una última rama jurídica que también da certeza en el sentido de que, si un actor de la economía quebranta las normas, conforme a los tipos de delito económico que ponen en riesgo la seriedad del mercado, la regulación y las inversiones, va a ser sancionado, de modo que los distintos actores del mercado sientan que está funcionado adecuadamente y que si alguien infringe su normativa, entonces se le aplicarán las penas mediante este derecho penal económico.
Eso es lo que hay detrás de este proyecto de ley, tan importante en el derecho penal chileno, porque viene a coronar la arquitectura jurídica del derecho privado, del derecho civil y comercial por medio de las normas del derecho penal económico, que en Chile estaban atrasadas porque el Código no se había puesto al día.
Por consiguiente, este proyecto tiene cuatro cuestiones centrales para los efectos de colocar al día el derecho penal, específicamente en su rama económica.
Un primer gran grupo de cuestiones se preocupa por cambiar el sistema de penas privativas de libertad.
En segundo lugar, se plantea un sistema de consecuencias pecuniarias e inhabilidades para los distintos actores cuando cometan los delitos descritos en este largo proyecto.
Un tercer aspecto es la responsabilidad de las personas jurídicas. Se hace toda una innovación respecto de esto, así como un perfeccionamiento del derecho penal económico en general, sobre todo en materia ambiental.
Entonces, a mí me parece, señora Presidenta, que es justo decir que los autores de esta primera moción eran miembros de la Cámara de Diputados, entre los cuales está un colega que hoy día es Senador.
Yo creo que hay que resaltar que esa moción fue un aporte a nuestra institucionalidad, no solo en cuanto al derecho penal, sino también al funcionamiento de la economía y para consolidar la confianza de los actores del mercado en el sentido de que tenemos una legislación que castiga a aquellas personas, grupos, sociedades o personas jurídicas que quebrantan el orden público económico cometiendo este tipo de delitos, previamente descritos acá, sancionándolos de manera moderna y como corresponde a lo que vive este Chile inserto en una economía de mercado, en un proceso global, de todos los países del mundo.
A eso se sumó el magnífico estudio hecho por distintos profesores de derecho penal que tomaron como base lo que se había trabajado en el anteproyecto de nuevo Código Penal del año 2018, del Ministerio de Justicia.
Entonces, de la consolidación de la moción, del estudio del anteproyecto y de la opinión de los profesores que concurrieron creo que se hizo una síntesis perfecta.
En consecuencia, cuando, como miembro de la Comisión de Constitución, el año pasado tuve la oportunidad de escuchar a los profesores y de estudiar esta materia, me quedó dando vueltas en la retina la necesidad de que hoy día, viéndose en general, pudiera señalar a mi juicio cuál es el trasfondo que hay detrás de este proyecto, que moderniza el derecho penal económico y que, por lo tanto, potencia nuestro sistema y nuestro orden público económico.
Este es un gran proyecto, en que, más allá de todo esto, se le hace justicia al principio de igualdad, de tal manera que también los poderosos que trabajan en el mercado sientan que tienen que hacer su trabajo de buena fe, correctamente y respetando las reglas, ya que de ese modo contribuimos a una sociedad mucho más justa en todo tipo de materias.
Por lo tanto, invito a votar favorablemente esta iniciativa.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Cruz-Coke.
El señor CRUZ-COKE.-
Señora Presidenta, junto con saludar a la Ministra y a mis colegas acá presentes, quiero referirme primero a cuál es el valor que tiene este proyecto.
Nos tocó discutirlo largamente en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, siendo su Presidente, si no me equivoco, el Senador Walker, quien hoy día es el titular de la Comisión de Constitución del Senado.
Fue un proyecto que hubo que ver en una Comisión que sin duda tenía mucho tráfico legislativo: no solamente se estaban votando varios proyectos sobre retiros de fondos de las AFP, sino también distintas acusaciones constitucionales, cuestiones que tenían que pasar eventualmente por dicha instancia.
La verdad es que se citó a mucha gente a la Comisión para precisamente salir de una idea que se ha instalado muy fuertemente en el país: que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, a veces como una caricatura, pero otras apoyada en hechos reales, como el de que en ocasiones por delitos menores algunos reciben condenas altas -y merecidas según la justicia penal, qué duda cabe-, mientras que ello no opera de la misma manera para quienes cometen delitos de cuello y corbata.
Creo que acá se hizo un buen trabajo.
En tal sentido, hay que destacar también -un poco en la línea de lo que señalaba la Senadora Rincón- la premura y la eficacia con que este mismo Senado ha podido tramitar el proyecto que hoy votamos.
La idea principal de esta iniciativa tiene que ver con adecuar y sistematizar los diversos delitos de naturaleza económica mediante la generación de un sistema de determinación de penas privativas de libertad adecuado al tipo de criminalidad de que se trata; una reforma general al sistema de consecuencias pecuniarias y de inhabilitación vinculada a la criminalidad económica; el perfeccionamiento del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y el perfeccionamiento y complementación del derecho penal económico administrativo; en síntesis, sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecuar las penas aplicables a ellos.
Esto nace de dos mociones distintas, encontrándome como mocionante en la segunda de ellas.
Participaron no solamente los Ministros de Justicia de la época y la Ministra actual, señora Ríos, por supuesto, sino también destacados penalistas, el Fiscal Nacional Económico de entonces, el Vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero y una serie de académicos de distintas universidades, quienes fueron perfeccionando el proyecto, con el trabajo que hizo la Comisión en la legislatura pasada y con la labor que ha hecho la actual Comisión en el Senado.
Este es el resultado de un trabajo amplio, transversal. Me parece que es una iniciativa sumamente necesaria, por lo que anuncio el voto favorable de nuestra bancada.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Cuando en el año 2020 el Diputado Schilling, el principal mocionante de la segunda iniciativa, nos invitó a los entonces jefes de bancada a firmar esta moción parlamentaria -y concuerdo con el Senador Cruz-Coke-, el apoyo fue transversal.
Yo creo que la presión pública y los acontecimientos que nos llevaron a generar el proyecto se debían precisamente a la presencia de esos delitos, bien llamados "de cuello y corbata".
Por eso agradezco a la Ministra que esté presente hoy día acá. Es muy importante que en esta segunda etapa, en el Senado, podamos ver la iniciativa con más precisión, acorde con un eje importante del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a quien escuchamos en el Congreso Pleno decir "no más abusos", no más de este tipo de abusos. Ello se complementa, además, con la importancia de tener ahora al Gobierno como colegislador en una moción parlamentaria que consiguió los votos en forma muy significativa en la Cámara de Diputados, lo que, sin duda, también ocurrirá hoy en el Senado.
Pero esta sistematización, que en algún minuto tuvo que ver con la modificación, tan necesaria, al Código Penal, fue pensada primero para los delitos económicos. Esa era la parte central. Posteriormente empezamos a configurar lo relacionado con los delitos medioambientales.
La idea era buscar una amplia gama de circunstancias, de factores que nos llevaran a no dejar fuera ninguna situación. De lo contrario, después nos complicaría sistematizar este tipo de delito.
Por eso se incorporaron cuatro categorías, que fueron muy discutidas entre nosotros, por lo menos, en la Sala en ese minuto.
La primera categoría se remitía a diversas áreas normativas: mercado de valores; mercado financiero; Banco Central; bancos e instituciones financieras; Ministerios de Economía y de Hacienda; empresas de menores tamaños; instrumentos financieros; compañías de seguros, que han estado tan cuestionadas; sociedades anónimas; bolsas de valores, etcétera. O sea, se trata de una amplia gama de ámbitos normativos en distintas instituciones.
En la segunda y tercera, se consideraban delitos perpetrados por personas que, por su cargo, por su función, por su posición dentro de una empresa, obtuvieran beneficios de cualquier naturaleza.
La cuarta categoría, Presidenta, plantea incorporar los delitos económicos de receptación y lavado y blanqueado de activos.
Cuando se pensó la moción parlamentaria -al menos, la segunda que se presentó-, se buscaba ampliar, con la mayor cobertura posible, los delitos económicos que se pudieran penalizar. A ello obedece incorporar lo relativo a las empresas como una entidad que podría formar parte de este entramado de delitos de cuello y corbata, que habrá que sancionar con la rigurosidad que corresponde.
Quiero pedirle al Ejecutivo solamente que patrocine este proyecto y busque una fórmula para acelerar su tramitación.
Hoy día tenemos muchos delitos de cuello y corbata; los vemos permanentemente. Y a ellos se suman los delitos ambientales que se observan reiteradamente en las regiones, sobre todo en las zonas de sacrificio, como lo conversábamos el día de ayer en la noche.
Solicito al Ejecutivo acelerar el trámite y encontrar la manera de incorporar las indicaciones que sean necesarias, aunque implique pasar a un tercer trámite. Hay que hallar la fórmula lo antes posible para generar una legislación que nos proteja y dejar atrás ese sentido de desigualdad que perciben los chilenos y las chilenas.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senadora.
Se ha solicitado abrir la votación. ¿Habría acuerdo?
Bien.
Queda abierta la votación, señor Secretario.
(Durante la votación).
Tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se ha abierto la votación.
El señor ESPINOZA.-
Muchas gracias.
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero sumarme a las palabras del Senador Huenchumilla, en particular, y a las de quienes han intervenido en este proyecto para valorarlo. Creemos que sí es un avance. Esta reforma contra los delitos económicos contribuye a avanzar en una materia que ha sido de alta sensibilidad pública en el país.
Chile está cansado, nuestra ciudadanía está cansada de que en este país los delitos de cuello y corbata tengan una connotación distinta. Y esto ha ocurrido por largos años, estimada Presidenta.
Tuvimos la oportunidad de ser testigos de lo que sucedió con un caso emblemático en el país, el caso Penta, entre otros, el cual develó cómo se defraudaba al Estado de Chile mediante el financiamiento irregular de la política y otros mecanismos, incluso de beneficencia por parte de algunas empresas que no dudaron, desde todo punto de vista, en malgastar y defraudar al Estado para sus fines propios.
También fuimos testigos después de cómo esos mismos empresarios terminaron en este país con clases de ética, ¡clases de ética!, como una forma de castigar los millonarios recursos que le defraudaron al Estado de Chile.
Soy un convencido de que, si no hubiera existido el caso Penta, seguirían ocurriendo esas defraudaciones violentas. Y todavía sucede en muchas instituciones, incluso del Estado, no solamente privadas.
Siempre he sostenido que la corrupción hay que condenarla, provenga de donde provenga, aunque esté radicada en organismos del Estado. Hemos sido testigos de que, en las instituciones que tanto bien deben hacerle al país, resguardando la seguridad pública (Carabineros, Ejército y tantas otras), altos mandos se hicieron de millonarios recursos, defraudando al Estado de manera violenta.
Por eso coincido en que este proyecto es un avance significativo.
No se van a terminar con esta iniciativa los delitos de cuello y corbata, porque en Chile "hecha la ley, hecha la trampa", como se dice; pero sí será un elemento importante que va a permitir perseguir la criminalidad que existe en las acciones de algunos malos empresarios.
Tal criminalidad -hay que dejarlo claro- no se da solamente desde el punto de vista monetario, de los recursos, sino también en otras áreas del quehacer de nuestra sociedad, como es la delincuencia medioambiental y otras materias que, lamentablemente, este proyecto omite en su génesis general.
Señora Presidenta, yo voy a votar, por cierto, a favor de esta iniciativa, y esperamos que sea una contribución importante para ir ampliando el catálogo de delitos en materias de corrupción, como las que aquí hemos señalado.
Chile está cansado de aquello. Cuando la gente salió a las calles, no salió a reclamar solamente por mejores pensiones, no salió a reclamar solamente por tener una mejor salud y educación, sino también porque estaba cansada de la corrupción.
Y la corrupción, repito, independiente de nuestros colores políticos, tenemos que condenarla donde sea que se genere, porque ese va a ser el único mecanismo con el cual vamos a permitir que nuestra democracia se vaya consolidando.
Por eso confío en este proyecto, que no solamente tiene buena fe, sino que va en la línea correcta de ir ampliando el catálogo -repito- de delitos en esta materia, para consolidar un país en donde erradiquemos esas formas que obviamente son por completo deleznables y atentan contra la fe pública y, sobre todo, las leyes.
Hemos sido testigos de cómo la Justicia chilena, lamentablemente, producto de las normativas que hoy día tenemos, hace categorizaciones que son horrorosas desde el punto de vista de la igualdad.
Este proyecto a lo mejor es un paso para avanzar hacia el término de esas desigualdades profundas en la aplicación de la ley. Nunca más alguien que cometa corrupción puede salir libremente impune o con clases de ética, porque eso no le hace bien a nuestra democracia.
He dicho, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidenta.
Por su intermedio, saludo a la Ministra de Justicia, Marcela Ríos.
Valoro que el Gobierno se involucre en este proyecto de ley, que nació en la Cámara de una moción parlamentaria bien transversal. Fue aprobada unánimemente -si no me equivoco- en dicha instancia y después pasó al Senado.
Y valoro que esté en tabla, que esté en discusión, por lo menos la idea de legislar, porque creo que así empezamos a hacernos cargo moderadamente de los abusos y del malestar que estos provocan -en eso coincido con quien me antecedió en el uso de la palabra, el Senador Fidel Espinoza-, pues una de las causas del estallido social -y tiene múltiples- es el malestar frente a los abusos de la elite.
En palabras del profesor Antonio Bascuñán, actualmente hay un déficit de regulación para combatir los modos ilícitos de enriquecimiento. Agrega que hay ciertos delitos, como el hurto y el robo, que tienen una regulación muy severa. Ello contrasta con el populismo penal. En opinión del actual Defensor Nacional, muchos políticos vienen presentando, desde hace muchos años en democracia, proyectos de ley destinados a aumentar las penas para los delitos de hurto, de robo, contra la propiedad, etcétera, que generan réditos políticos de corto plazo a costa de llenar las cárceles con personas en prisión preventiva que pasan mucho tiempo en recintos hacinados, en condiciones infrahumanas, con vulneración de sus derechos humanos -como también lo señaló hoy el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública-, donde tenemos un déficit en reinserción social, porque es imposible hacer reinserción social con cárceles completamente hacinadas. Es un escenario que no genera ninguna medida efectiva para la disminución de la delincuencia, de la violencia.
Un ex Presidente de la República se expresaba con frases grandilocuentes: decía que acá "se les va a acabar la fiesta a los delincuentes", hablaba de las "puertas giratorias" y de todo eso. ¡Miren cómo terminamos! Con una escalada de violencia, de delincuencia, de armas, etcétera, en nuestro país.
Pero ¿qué hay en la base cuando en una sociedad fragmentada y fracturada hay anomia, es decir, la gente no respeta las normas? ¿Por qué no las respeta? Porque arriba tampoco lo hacen. Porque arriba, cuando cometen delitos, los mandan a clases de ética o a pagar una multa muy inferior a la tajada que se mandaron y que se metieron al bolsillo, estafando a los consumidores, estafando a los ciudadanos, coludiéndose, contaminando el medioambiente.
Entonces, claro, el Código Penal está hecho por los de arriba, y los de abajo se dan cuenta de eso. Por eso hay anomia, por eso hay malestar, por eso estallan las sociedades fracturadas y fragmentadas.
El profesor Bascuñán decía que ciertos delitos, como el hurto y el robo, tienen una regulación muy severa, mientras que otros modos ilícitos relativos al mercado de valores, al medioambiente, a la libre competencia han sido tratados con una regulación de lenidad, es decir, "blandura o falta de rigor en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas". Más aún, son cometidos por gerentes, dueños de empresas, personas que vienen de colegios de elite, particulares pagados, de universidades pontificias o de la cota mil, que cuentan con todos los recursos y tuvieron todas las oportunidades en su vida. Pese a ello, estafan, cometen delitos, se enriquecen ilícitamente; mientras que a los sectores populares, que no tuvieron oportunidades de educación y que vivieron en condiciones de hacinamiento, de desigualdad, de exclusión social, se los castiga severamente cuando delinquen enviándolos a prisión, a cárceles hacinadas.
¡Esa es la injusticia que no tolera más nuestro país y que estalló el 18 de octubre del 2019!
Y acá hay legislación comparada. Recién nos estamos acercando moderadamente a la legislación de otros países que son muy severos y que de verdad respetan el principio de igualdad ante la ley; que no distinguen si el sujeto viene de una familia con mucho dinero o de un sector popular; o si es chileno o es mapuche; o si vive en tal o cual barrio. No distingue, sino que mira el delito, ¡punto! Y la pena tendrá que ser proporcional al delito que cometió, ¡punto!, respetando un debido proceso y los derechos humanos.
Voto a favor, Presidenta.
Gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
El proyecto define un catálogo de delitos económicos, establece normas de persecución penal especiales para tales delitos y contempla reformas legales.
La política criminal abarca cada vez más las distintas formas de comisión de delitos que se dan, sobre todo en materia económica.
Este proyecto de ley forma parte de un diseño legislativo destinado a enfrentar el fenómeno criminal económico, dadas sus especiales particularidades, diferenciando cuatro categorías y estableciendo un sistema de atenuantes y agravantes, además de un catálogo de inhabilidades, como penas accesorias.
Este proyecto establece que toda condena conlleva el comiso de las ganancias ilegales, incluyendo las responsabilidades de las personas jurídicas y desarrollando un proceso de modificación a los presupuestos de determinados delitos económicos; por ejemplo, la reconfiguración del modo conceptual adecuado del delito de estafa.
Uno de los hechos más valorables es el que considera un catálogo de delitos en materia ambiental para quienes, producto de su actividad, estén obligados a una evaluación de impacto ambiental y no la realicen o no sean autorizados y, aun así, insistan en verter sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales; extrajeren aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas; vertieren o depositaren sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo; extrajeren componentes del suelo o subsuelo; o liberasen sustancias contaminantes al aire.
Esto va, obviamente, en directa relación y vinculación con la Ley Marco de Cambio Climático y con todas aquellas normas ambientales en las cuales estamos directamente comprometidos con las futuras generaciones.
El objeto del proyecto no es el aumento de la pena, sino más bien ofrecer un sistema completo de tratamiento para que la reacción del sistema penal tenga un sentido frente a la criminalidad, a la delincuencia, pero también sea, por sobre todas las cosas, una señal a la sociedad.
Quizá un punto a analizar es que el texto contiene la eliminación de la atenuante de irreprochable conducta anterior. Sin embargo, creo que es necesario reponer la mencionada atenuante, puesto que la misma se encuentra considerada en nuestro sistema penal; constituye un incentivo para mantener una conducta alejada de la comisión de delito, y permite tener un elemento legítimo de defensa de los imputados por este tipo de ilícitos.
Por ello, voto a favor, manifiesto mi aprobación en general a este proyecto, y espero que en la fase de indicaciones se modifiquen algunos de sus artículos con el objetivo de generar el impacto buscado en materia de política criminal y en el resguardo del derecho a la igualdad de las personas.
Voto a favor, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.-
Gracias, Presidenta.
Este proyecto, que estamos votando en general, efectivamente nos viene a poner al día en todo lo que tiene que ver con legislación penal vinculada, básicamente, a empresas, a personas jurídicas.
Hace algún tiempo hubo una serie de delitos cuyas penas efectivamente llamaron la atención de la ciudadanía, por lo bajas. Muchos de los Senadores que me antecedieron en la palabra han hecho mención a diversas situaciones. Y aquello sucedía porque nos habíamos quedado muy atrás en un tema que es complejo. La economía es cada vez más sofisticada. Y existe la tentación por acordar colusiones, la tentación por usar información privilegiada, la tentación de utilizar a terceras personas para cometer delitos que generen ganancias económicas, etcétera, etcétera, etcétera; hablamos de un catálogo enorme.
Las responsabilidades de las personas jurídicas también son algo bastante nuevo en nuestro país que había que profundizar.
Contamos con cierta institucionalidad: tenemos una Fiscalía Nacional Económica, un Ministerio Público, un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, un Poder Judicial independiente, pero, así como hemos sido históricamente drásticos con delitos como el homicidio, el robo, el hurto, las lesiones, etcétera, no nos habíamos puesto al día en esta otra gama de delitos que provocan y hieren mucho el sentimiento de justicia en nuestro país.
Por lo tanto, en términos generales -y por eso que la Comisión de Constitución decidió avanzar con este proyecto-, creemos que efectivamente hay que legislar, profundizar y mejorar una serie de aspectos: las condiciones de pena efectiva, el comiso de ganancias. Acá no solo se trata de una multa, que está bien, sino además de hacer el comiso de todo lo que esa empresa o esa persona ganaron, aprovechándose de una infracción, de una falta, de una ilegalidad. Y eso empieza a desincentivar el ilícito.
Por cierto, y es bueno que todos lo tengan claro, con esta iniciativa no se van a terminar los delitos de cuello y corbata. Así como no se acaban los homicidios porque dicha conducta esté sancionada, acá tampoco van a desaparecer los delitos de cuello y corbata porque haya una ley más severa. Solo se trata de que estas malas conductas estén suficientemente sancionadas y de que existan todos los elementos y los incentivos para que podamos descubrirlas.
Por eso mismo, pienso que, así como hay aspectos que me parecen muy bien tratados en el proyecto, hay otras situaciones que debemos mirar con mucho cuidado. Una de ellas, y todos los expertos que asistieron a la Comisión nos la han hecho ver, se relaciona con la delación compensada.
Hoy día, la experiencia en Chile y en el mundo indica que la gran llave, la gran herramienta para poder llegar a descubrir colusiones y casos de uso de información privilegiada y toda una gama de delitos económicos es la delación compensada. Por lo tanto, los beneficios al delator deben estar muy bien protegidos, en particular los vinculados con eventuales acciones penales posteriores.
En la Cámara, el proyecto recibió modificaciones que debilitan la figura de la delación compensada. Y nosotros, por la vía de las indicaciones, vamos a tener que corregir aquello. La delación compensada es la herramienta por excelencia para descubrir los delitos económicos. No podemos flaquear en eso. Y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debe proteger al delator a fin de obtener un bien mayor, que es terminar con colusiones, terminar con el uso de información privilegiada, en fin, terminar con todo este tipo de malas prácticas.
Así es que -reitero- nosotros vamos a aprobar este proyecto de ley. Y queremos preocuparnos de que las buenas herramientas que hoy día existen se profundicen, se mejoren, pero que no vayan en contra de los objetivos que esta misma iniciativa persigue. Creemos que constituye un gran avance. Estábamos al debe y, por lo tanto, compartimos que hay que legislar en todo este tipo de materias.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidenta.
En verdad, es muy gratificante y constituye un honor haber liderado este proyecto en la Cámara de Diputados, el cual sistematiza todos los delitos económicos y los delitos ambientales. Y también gratifica haber sido parte de un trabajo prelegislativo con muchos Diputados y Diputadas, algunos de los cuales hoy día son Senadores, entre ellos Paulina Núñez y Luciano Cruz-Coke, en un esfuerzo transversal que comprendió a representantes desde Revolución Democrática hasta Renovación Nacional en su momento.
Quiero agradecer a la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, primero, porque le pedimos al Gobierno del Presidente Boric que le colocara urgencia al proyecto, y lo hicieron. Y eso nos permitió ponerlo en tabla y aprobarlo en general en la Comisión de Constitución, y hoy día esperamos también aprobar su idea de legislar en la Sala.
Para que se hagan una magnitud física del esfuerzo: este es el proyecto que hoy día estamos votando en general (el Senador muestra una copia del texto del proyecto), que corresponde al que aprobamos en la Cámara de Diputados. ¡Doscientas ochenta y cinco páginas! ¡La sistematización más elaborada que se ha hecho en nuestra historia legislativa de todos los delitos económicos y ambientales!
Como decían muy bien los Senadores y las Senadoras, ya no va a haber más una justicia para ricos y otra justicia para pobres; ya no va a haber más clases de ética como sanción a la colusión; ya no va a haber más multas irrisorias para el delito de extracción ilegal de agua. Va a haber cárcel efectiva para el delito de robo de agua y para los delitos ambientales, y también para la apropiación indebida de las cotizaciones previsionales de los trabajadores y trabajadoras.
En efecto, este proyecto de ley no solamente se hace cargo de todos los delitos económicos (la colusión, la corrupción, los atentados a la libre competencia, los delitos por infracción a la Ley de Mercado de Valores), sino que también se centra en aquellas personas que tienen capacidad de dirección dentro de la empresa y las hace responsables penalmente, incorporando cárcel efectiva, lo mismo que estableciendo sanciones económicas que duelen, para que verdaderamente esta ley contra los delitos económicos cumpla un rol disuasivo.
Lo decía muy bien el Senador Rodrigo Galilea recién: la institución del comiso de ganancias ilegítimas debe aplicarse exista o no sentencia condenatoria, porque estamos hablando de una sanción civil separada de la sanción penal. A ese grado es importante la sanción patrimonial efectiva: para que les salga muy caro cometer delitos económicos a quienes poseen facultades de dirección dentro de una empresa. Se trata no solo de cumplir penas efectivas, privativas de libertad, sino además de que se aplique el comiso de las ganancias ilegítimas, porque hay un enriquecimiento sin causa, principio general del Derecho. Pero también se aplican días-multa. ¿Qué significa esta sanción? Una multa diaria por cada día de infracción a la legislación.
Yo quiero agradecer a todos los profesores de Derecho Penal que nos acompañaron en la tramitación del proyecto: a Antonio Bascuñán; a Gonzalo Medina; a Javier Wilenmann; a Héctor Hernández; a José Pedro Silva, quien cumplió un rol fundamental en la coordinación. A todos estos destacados profesores y profesoras de Derecho penal, incluyendo a Verónica Rosenblut, que nos acompañaron, primero, en un trabajo prelegislativo, y después, en la elaboración de cada una de las normas, les expreso mis agradecimientos.
Y reitero el agradecimiento al Gobierno del Presidente Boric y a la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, acá presente.
No tuvimos el mismo apoyo en el Gobierno anterior -quiero decirlo-, ni en las urgencias ni con su presencia en la tramitación del proyecto. Yo sé que el ex Ministro de Justicia Hernán Larraín compartía sus objetivos, pero fueron otras decisiones, probablemente del segundo piso de La Moneda en el Gobierno del Presidente Piñera, las que impidieron que hubiera un apoyo más decidido.
Sin embargo, finalmente ha logrado imperar un alto consenso en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para despachar este proyecto, que vamos a seguir perfeccionando, sobre todo en sus aspectos procesales, y que espero que hoy aprobemos en general por unanimidad.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Kusanovic.
El señor KUSANOVIC.-
Gracias, Presidenta.
La verdad es que este proyecto va en el camino correcto. Quizás esta materia deberíamos haberla considerado hace mucho tiempo. Y todavía debemos hacer mucho más, porque acá somos todos responsables de lo que ha pasado a través del tiempo.
Todos los problemas que ha atravesado nuestra democracia han sido causados por la falta de sanciones y por no tener un castigo penal para ciertos delitos que, al no estar tipificados, han ido destruyendo todo. Esta situación atentaba contra la igualdad de condiciones, la libre competencia, etcétera.
Por tanto, acá debemos fijar sanciones mucho más drásticas, de cárcel, contra quien no cumple las reglas del juego o las transgrede.
Además, debemos regular un porcentaje del mercado para que podamos tener una libre competencia más activa. Se trata de un tema muy importante.
Creo que hay mucho por hacer. Y todos somos responsables de generar una gran democracia en el futuro.
Gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
No hay más inscritos.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (40 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro (don Juan Luis), Castro (don Juan), Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Elizalde, Espinoza, Gahona, Galilea, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
(Aplausos en la Sala).
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Se devuelve el proyecto a la Comisión de Constitución para su estudio en particular.
Se propone, señor Presidente de la Comisión, como plazo para presentar indicaciones el jueves 7 de julio, a las 12 horas.
¿Le parece bien?
--Así se acuerda.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Se agradece la presencia de la Ministra de Justicia, señora Marcela Ríos.
A continuación, pasamos a votar el proyecto de acuerdo que pidió el Senador Kusanovic.
SOLUCIÓN PARA IMPONENTES DE 4 POR CIENTO ADICIONAL DE EX CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES DE PROVINCIA DE MAGALLANES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Conforme a lo acordado por la Sala, la señora Presidenta pone en votación el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Kusanovic, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Elizalde, Espinoza, Gahona, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para dar solución a los imponentes del 4 por ciento adicional de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares de la provincia de Magallanes.
--A la tramitación legislativa de este proyecto de acuerdo (boletín S 2.271-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (20 votos a favor y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Gatica y Sepúlveda y los señores Castro (don Juan Luis), Coloma, Durana, Espinoza, Gahona, Huenchumilla, Kusanovic, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Soria, Velásquez y Walker.
Se encontraban pareados el señor Lagos con el señor Kuschel y el señor Van Rysselberghe con la señora Allende.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Señor Secretario, pasamos al siguiente proyecto en tabla.
CREACIÓN DE SEGURO DE SALUD CATASTRÓFICO A TRAVÉS DE COBERTURA FINANCIERA ESPECIAL EN MODALIDAD DE ATENCIÓN DE LIBRE ELECCIÓN DE FONASA
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La señora Presidenta pone en discusión en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Seguro de Salud Catastrófico a través de una cobertura financiera especial, en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa, con informes de las Comisiones de Salud y de Hacienda.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.662-11) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley propone crear un seguro de salud que permita a las personas beneficiarias del sistema público de salud (Fonasa) que opten por ser atendidas en la modalidad de libre elección tener certeza sobre el límite máximo que deberán pagar en forma directa en algunas prestaciones a determinar luego de haber hecho uso de una prestación de salud. Para tales efectos, la iniciativa legal está estructurada en base a un artículo permanente y cuatro disposiciones transitorias.
La Comisión de Salud discutió este proyecto de ley en general y en particular a la vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Reglamento del Senado, con motivo de la urgencia calificada de "discusión inmediata" que en su oportunidad el Ejecutivo hiciera presente para su despacho.
Seguidamente, la iniciativa fue estudiada por la Comisión de Hacienda.
Sin perjuicio de lo anterior, los Comités del Senado han acordado discutirla en Sala solamente en general.
La Comisión de Salud aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus entonces miembros, Senadores señores Chahuán y Durana y los ex Senadores señora Goic y señores Girardi y Quinteros. En particular, aprobó la iniciativa con las modificaciones y con la votación que consigna en su informe.
Asimismo, dicha Comisión deja constancia de que el proyecto de ley es de quorum calificado por contener normas propias de la seguridad social, por lo que requiere de 26 votos favorables para su aprobación.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia y efectuó enmiendas en el artículo único permanente y en los artículos primero y segundo transitorios del texto despachado por la Comisión de Salud. Las disposiciones de su competencia y las modificaciones introducidas fueron aprobadas con las votaciones que en cada caso registra en su informe.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 47 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Pasamos a escuchar el informe del Presidente de la Comisión.
No se encuentra en la Sala.
No sé si algún otro Senador integrante de la Comisión de Salud nos puede ayudar con el informe.
Senador Castro, tiene la palabra.
El señor CASTRO (don Juan Luis).-
¿Y el informe?
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
¿Le pueden hacer llegar el informe al Senador Castro, por favor?
El señor CASTRO (don Juan Luis).-
Gracias, Presidenta.
¡Leeré un texto mayor al leído por el Senador Quintana ayer, para que estén todos preparados...!
Honorable Senado, la Comisión de Hacienda...
Disculpe, este informe es el de Hacienda.
¿Lo leo también, Presidenta?
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Solo el de Salud, Senador.
El señor CASTRO (don Juan Luis).-
Ahora sí.
La Comisión de Salud emite su informe acerca del proyecto que crea el Seguro de Salud Catastrófico a través de una cobertura financiera especial, en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa, con urgencia calificada de "suma" e iniciado en mensaje del ex Presidente don Sebastián Piñera.
El texto que se propone a la Sala está conformado por un artículo permanente y cuatro transitorios.
A una o más de las sesiones donde se analizó esta iniciativa en el período anterior, además de los miembros de la Comisión, asistieron, desde luego, el Ministro de Salud de entonces, don Jaime Mañalich; don Jaime González, asesor; algunos asesores del Ministerio de Salud; el ex Director de Fonasa, don Marcelo Mosso; el fiscal de Fonasa, don Luis Brito, y otros jefes de división de la misma entidad.
Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia asistieron su Ministra y los coordinadores de área señores Cristián Barrera y Máximo Pavez, y del Ministerio Secretaría General de Gobierno, don Andrés Aguilera.
Por el Congreso Nacional concurrió el asesor don Eduardo Goldstein.
Asimismo, asistieron representantes de diversos institutos de estudios, como el Instituto Igualdad, la Fundación Jaime Guzmán; algunos asesores de los señores parlamentarios, quienes expusieron en debida forma, como también de las diferentes bancadas y de los distintos Comités.
El proyecto de ley propone crear un seguro de salud que permita a las personas beneficiarias del sistema público Fonasa y que opten por ser atendidas en la modalidad de libre elección tener certeza sobre el límite máximo que deberán pagar en forma directa, como gasto de bolsillo adicional, en algunas prestaciones a determinar de manera más precisa, luego de haber hecho uso de una prestación de salud.
Para lograr esos objetivos, la iniciativa está estructurada en base a un artículo permanente y cuatro transitorios.
Se hace presente que, por tratarse de normas propias de la seguridad social, su aprobación requiere quorum calificado, esto es, la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 19, ordinal 18°, de la Carta Fundamental.
Si bien la Cámara de Diputados no dejó similar constancia, cabe consignar en este informe que tanto la aprobación general como particular de la iniciativa recibió una votación suficiente en el primer trámite constitucional.
En cuanto a los antecedentes de derecho, cabe mencionar los ordinales 9° y 18° del artículo 19 de la Constitución; el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006; la ley N° 19.886, de bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; la ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en salud; la ley N° 20.850, que crea un sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo y que rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto.
Respecto a los antecedentes de hecho, el mensaje que dio origen a este proyecto señala que la protección de la salud se ha convertido en un elemento esencial de la preocupación ciudadana, creciente y sostenida, unida a expectativas para acceder a mayores y mejores prestaciones en este campo.
Explica que, en lo referente a las prestaciones de salud del sistema público, la legislación actual considera que pueden proveerse a través de dos modalidades.
Primero: la modalidad de atención institucional, que es desarrollada en los establecimientos de salud de la red asistencial de cada servicio de salud del país y en los de carácter experimental, así como en aquellos establecimientos del sector privado que prestan servicios al sistema, previo convenio.
Segundo: la modalidad de atención de libre elección, otorgada por profesionales y establecimientos o entidades asistenciales que mantienen convenios con el Fondo Nacional de Salud.
Fonasa entrega cobertura a más de 14 millones de personas -actualmente son más de 15 millones-, de las cuales casi el 24 por ciento son carentes de recursos para cotizar y están inscritas en el llamado "Grupo A", sin ingresos. Este grupo solo tiene acceso a la modalidad de atención institucional. Por su parte, las personas afiliadas al Fonasa que pertenecen a los tramos B, C y D tienen acceso a la denominada "libre elección".
En la modalidad de atención institucional, los grupos de más alto ingreso, los C y D, tienen que pagar un equivalente al 10 y 20 por ciento, respectivamente, del valor del arancel de la prestación por el prestador público.
En la modalidad de libre elección, el monto del copago es igual para cualquiera que pertenezca a los tramos B, C y D, y depende de la prestación. La modalidad de libre elección se ve fuertemente limitada por la escasa cobertura financiera que otorga en algunas materias, más aún tratándose de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, casos en los cuales existen valores superiores al arancel, diferencia que debe ser cubierta íntegramente por el afiliado.
En efecto, de acuerdo a la información del Fonasa, en el 2018 la cobertura efectiva para una prestación como día cama, en modalidad de libre elección, fue entre 2 y 5 por ciento, a pesar de tener una cobertura referencial del 50 por ciento del arancel. Esto ocurre porque la cobertura en libre elección se calcula sobre un arancel de referencia, que, en el caso de los ítems insumos médicos, día cama y derecho de pabellón, por ser cuentas excedibles, es decir, en las que el prestador no se obliga a respetar dicho arancel, muchas veces no refleja el costo real de la prestación, generando un gasto de bolsillo adicional para los beneficiarios del Fonasa. Esta situación afecta fundamentalmente a la clase media de nuestro país.
Podrán hacer uso de este seguro un total de 10.714.789 personas beneficiarias del Fondo Nacional de Salud, según estimaciones a diciembre de 2018.
La clase media chilena enfrenta dificultades que pueden poner en riesgo sus avances e incluso hacerla retroceder a la pobreza, lo que genera fuertes temores respecto a ciertas contingencias y momentos de la vida que son adversos. Esto se acrecienta debido a que normalmente las personas quedan fuera de la protección y de los beneficios sociales del Estado, puesto que superan los umbrales definidos para acceder a ellos.
Se señala en el mensaje que el acceso a la salud exige que los ciudadanos puedan disponer de prestaciones que les permitan restituir y rehabilitar su salud cuando sea requerido, sin que ello se transforme en un evento catastrófico para los hogares desde un punto de vista financiero.
En Chile, a pesar de que el 97 por ciento de la población declara estar cubierta por algún sistema previsional de salud y casi el 80 por ciento de ellos se encuentra en el Fonasa, dos de cada tres personas declaran estar preocupadas porque no saben si podrán pagar o no la atención que necesiten ante una enfermedad grave.
Por tal motivo, el mensaje expresa que el Gobierno está comprometido con políticas sociales y con el avance en modelos de cobertura y accesibilidad garantizados, especialmente tratándose de la protección de eventos catastróficos con gran impacto económico, como lo son para la clase media las enfermedades o problemas de salud.
Por ello se presenta este proyecto, que crea un seguro de salud disponible tanto en la red pública como en la red privada de prestadores en convenio, para avanzar en la ampliación del acceso de la clase media en el Fonasa, permitiendo que las personas tengan más opciones de atención de salud, e incorporando certeza en cuanto al gasto máximo de bolsillo que una determinada situación catastrófica pueda producir.
Asimismo, se hace presente que esta iniciativa legal forma parte de un programa más amplio de protección para la clase media, denominada "Clase Media Protegida", y que contempla varias iniciativas para salvaguardarla de eventos adversos, como el desempleo, enfermedades graves, el costo de la educación superior, la longevidad y la dependencia física, el acceso a una vivienda y delitos violentos. Para ello, indica el mensaje, es necesario fortalecer las atribuciones legales del Fonasa mediante la creación de coberturas y protecciones adicionales.
Finalmente, explica cuál es el objeto o finalidad concreta del proyecto: dar acceso a los afiliados del régimen público de salud a una cobertura financiera especial mediante la cual se logre la resolución integral de un problema de salud, con certeza en el gasto máximo de bolsillo, gracias al establecimiento de un gasto máximo anual por beneficiario.
Dicho gasto máximo anual está en concordancia con lo establecido como "umbral nacional de costo anual"... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... para determinar si efectivamente un diagnóstico o un tratamiento es de alto costo.
Las prestaciones serán otorgadas en la modalidad de libre elección a través de una red de prestadores preferentes, públicos y privados, en convenio para estos fines, lo cual le permitirá al Fonasa convenir precios con estos prestadores mediante transferencia de riesgo compartido, como son, por ejemplo, los denominados "Grupos Relacionados de Diagnóstico" (GRD), y estará disponible para todos los afiliados del sistema público de salud que enteren cotizaciones en el Fonasa, para el financiamiento de las prestaciones de salud que ellos y sus beneficiarios requieren.
En cuanto a la discusión en general y en particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Reglamento del Senado, el proyecto de ley en informe fue objeto de discusión general y particular a la vez, dado que el Presidente de la República hizo presente en su momento la urgencia para su tramitación en carácter de "discusión inmediata".
Al iniciar el estudio del proyecto, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, recalcó que para el Gobierno se trataba de un proyecto importante. Afirmó que recientemente se había entregado a la opinión pública el último estudio del Departamento de Economía de Salud del Ministerio acerca del aumento de gasto de bolsillo de las personas.
En definitiva, este proyecto será subsumido en el proyecto de ley de reforma del Fonasa, como parte integral del Plan de Salud Universal, junto al proyecto de reforma de isapres.
Esta iniciativa legal abre un camino para dar cobertura adecuada a personas que tienen gastos muy importantes, fijando un deducible creciente de acuerdo al estrato socioeconómico al que pertenecen los afiliados del Fonasa y estableciendo un límite de gasto que será asumido por esta entidad.
El Director Nacional de Fonasa
explicó que el seguro aborda riesgos que permiten resolver, en la modalidad de libre elección, problemas de salud que deterioran la calidad de vida, producen detrimento laboral y largos y dolorosos tiempos de espera, o que pueden llevar a una situación de vulnerabilidad a un beneficiario que necesita una prestación médica.
Se precisó que el proyecto de ley en estudio crea el seguro catastrófico, que otorga una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa.
Actualmente, las personas que están en listas de espera en Fonasa se encuentran sujetas a dos alternativas: cuando se trata de enfermedades no AUGE, o no GES, tienen la opción de esperar por un tiempo muy largo, incluso años, y quienes están en los tramos B, C y D, pueden utilizar la modalidad de libre elección y buscar una solución a su problema de salud en algún prestador que tenga convenio. Esta última opción implica desembolsar una cantidad importante de dinero, porque la cobertura es muy baja en el caso de situaciones que se intenta resolver a través de este proyecto de ley, por ejemplo, prótesis de cadera o de rodilla, que son cirugías de alto costo, a lo que se suma que la cobertura de Fonasa no incluye los medicamentos.
El proyecto instala una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección, para entregarla mediante un mecanismo conformado por un deducible y un gasto máximo de bolsillo que tiene relación con la renta de cada una de las personas, con el objeto de solucionar problemas de salud dentro de una red de prestadores, lo que, de acuerdo al proyecto, será, en primer lugar, en los pensionados de los hospitales públicos; luego, en los hospitales universitarios e institucionales, y finalmente, en otros establecimientos.
Se señaló que en el país hay noventa y un hospitales públicos que tienen pensionado, con aproximadamente ochocientas camas.
Se añade que el artículo único incorpora un artículo 143 bis en el DFL N° 1, del 2005, del Ministerio de Salud, para hacer posible el otorgamiento de una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección, denominada "Seguro Catastrófico", que cubre intervenciones quirúrgicas y el tratamiento de las enfermedades que se determinen.
La iniciativa legal establece que las intervenciones y tratamientos cubiertos deben incluir el conjunto de prestaciones, codificadas o no, necesarias para la resolución integral del problema de salud, tales como medicamentos hospitalarios y ambulatorios, insumos hospitalarios, honorarios médicos, hospitalizaciones, atenciones poshospitalarias y complicaciones posoperatorias hasta treinta días después de la cirugía, de acuerdo a la indicación médica respectiva.
La Subsecretaría de Salud Pública, previa aprobación del Fonasa y la Dirección de Presupuestos, propondrá el listado de intervenciones y tratamientos a financiar con este seguro.
Para que Fonasa otorgue su aprobación, debe fundarse en un estudio que incluya, entre otros elementos, un análisis de costo-efectividad, análisis de las brechas de listas de espera, de la oferta pública y privada y la prioridad sanitaria.
Una vez aprobada la Ley de Presupuestos del Sector Público, el Fondo Nacional de Salud dictará la resolución que establezca el listado de intervenciones y tratamientos que comprenderá este seguro. Las prestaciones a incluir en el primer año son en principio las siguientes: endoprótesis de cadera, prótesis de rodilla, cáncer de páncreas, cáncer de esófago, cirugía bariátrica, endometriosis, aneurisma de aorta y cirugía cardiovascular congénita de adultos.
A septiembre del 2019 había ochenta mil cirugías de alto costo en listas de espera.
¿Dónde se otorgan las prestaciones?
Existe determinado orden de prelación, que va desde pensionados de hospitales públicos, hospitales universitarios, hospitales de las Fuerzas Armadas y de Orden hasta hospitales sin fines de lucro, en esa secuencia.
Para el otorgamiento de cada una de las intervenciones y tratamientos a que se refiere el inciso segundo, el Fonasa suscribirá preferentemente convenios con prestadores del Sistema Nacional de Servicios de Salud u otros prestadores públicos, universitarios o sin fines de lucro. En su defecto, de no tener oferta suficiente de los prestadores antes mencionados, podrá suscribir convenio con prestadores privados, que otorgarán soluciones a dichos problemas de salud y pasarán a ser parte de una red preferente en la modalidad de libre elección.
La adjudicación de los convenios deberá ser fruto de una licitación pública en cuyas bases se establecerá un arancel de referencia obligatorio para el prestador. Y podrán hacer uso de la cobertura de este seguro todos los beneficiarios de Fonasa que se encuentren acreditados en los seis meses calendario anteriores a su activación.
Para financiar estas intervenciones, el seguro contempla un deducible por intervención quirúrgica y un gasto máximo de bolsillo al año por beneficiario. El deducible y gasto máximo es distinto para el tramo A, que incluye personas carentes de recursos, respecto del aplicable en los tramos B, C y D. En el caso del tramo A, se contempla que el deducible por intervención sea equivalente a 2,5 ingresos mínimos.
Además, existe un gasto máximo anual por beneficiario equivalente a 3,8 ingresos mínimos. Si un beneficiario tiene una segunda operación en el año calendario respectivo y la primera ya se pagó, entonces en la segunda tiene que pagar la diferencia. Si tuviese una tercera intervención, el copago sería cero.
Para los tramos B, C y D, se contempla que el deducible por intervención sea equivalente a 4,8 ingresos familiares mensuales, dividido por el número de miembros del grupo familiar. Este deducible no puede ser menor a 4,8 ingresos mínimos.
Por lo tanto, en ese contexto, el gasto máximo anual por beneficiario funciona en la misma forma y, una vez alcanzado, el beneficiario no pagaría más por los siguientes problemas de salud que queden resueltos en el marco de este proyecto de ley.
Actualmente, la modalidad de libre elección se ajusta a tres niveles de arancel... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor MOREIRA.-
¡Dele media hora, Presidenta...!
El señor COLOMA.-
¡Estaba superentretenido...!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Senador, tiene un minuto más, para que vaya concluyendo, por favor.
El señor CASTRO (don Juan Luis).-
Voy a tratar de sintetizar, en el poco tiempo que resta.
Para los tramos B, C y D, entonces, queda un equivalente a 4,8 ingresos familiares mensuales, y cada uno de los prestadores que se inscriban en convenio con Fonasa tienen que hacerlo en los grupos de prestadores para que no sean gastos "excedibles" en el tiempo.
En Fonasa, al contrario de lo que ocurre en las isapres, no hay grupos familiares constituidos en igual forma de acuerdo a sus tramos de renta. Y en los tramos B, C y D los grupos familiares están conformados por un cotizante y sus cargas. O sea, si ambos cónyuges trabajan, cada uno debe afiliarse en forma separada y pagar su cotización aparte. Por ello, en estos segmentos el deducible y el gasto máximo se dividen por el cotizante y sus cargas, hasta alcanzar el valor mínimo.
Luego, en el informe figura un conjunto de intervenciones realizadas en su momento por distintos Senadores.
Para concluir, Presidenta, debo señalar que quedó consignado un artículo único que establece que la modalidad de libre elección tendría un seguro catastrófico para intervenciones quirúrgicas y otras enfermedades; que esas intervenciones serían cubiertas por una serie de prestaciones ambulatorias y otras de hospitalización; que dichas intervenciones se propondrán en un listado anual, a través de las canastas de prestaciones prioritarias; que la prioridad sanitaria que al efecto fije el Ministerio de Salud año a año es la que deberá primar, fundándose en un análisis cuantitativo de las listas de espera cuyas prestaciones no estén garantizadas por la ley respectiva que establece el régimen de garantías en salud o AUGE; además, en un análisis de la oferta disponible para la entrega de estas prestaciones por parte de los establecimientos de salud de universidades, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, etcétera, y en un análisis de costo-efectividad.
Finalmente, los convenios que Fonasa establezca con los establecimientos públicos del país, universidades u hospitales de las Fuerzas Armadas y de Orden o con instituciones privadas deben estar suscritos por dichas entidades para hacer efectiva esta ley.
Las intervenciones y tratamientos que comprenderá el seguro serán financiados en conjunto por el Fonasa y el beneficiario mediante la fórmula de 4,8 ingresos mínimos mensuales para los tramos B, C y D, por sobre el monto a que se refiere el numeral respectivo.
Se establece, además, un gasto máximo anual por beneficiario que deberá ser de entre 2, 4 y 4,8 ingresos mínimos mensuales para los tramos B, C y D, respectivamente.
Sobre esa base, finalmente, se contemplan también disposiciones transitorias que señalan que la ley comenzará a regir desde el segundo mes siguiente al de la publicación del último de los reglamentos que establezca el Ministerio de Salud, para poner en vigencia lo antes posible esta normativa, según los términos que hemos señalado.
Hasta ahí sintetizo, señora Presidenta, porque no es todo el informe.
Es lo que puedo comentar hasta ahora.
Muchísimas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda.
El señor OSSANDÓN.-
Presidenta, ¿puede abrir la votación, por favor?
El señor COLOMA.-
¿Puede abrir la votación?
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Se ha solicitado abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Bien, se abre la votación.
(Durante la votación).
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Senador Coloma, tiene la palabra.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Yo voy a ser extraordinariamente breve, después del completísimo informe que se ha rendido.
Es simplemente para, en nombre de la Comisión de Hacienda, dejar constancia de dos elementos.
Primero, si ustedes revisan, hay cinco informes financieros de este proyecto, que fue evolucionando para bien. El último de ellos, en régimen, supone un costo de 54.437 millones de pesos.
La Comisión de Hacienda vio básicamente el presupuesto, pero además llegaron en su momento diez indicaciones de Su Excelencia el Presidente de la República que en lo esencial apuntaban a dar mayor bonificación al tramo B, que era una de las solicitudes de la Comisión de Salud. Eso fue acogido y se presentó a la Comisión de Hacienda para igualarlo a lo que en ese momento tenía el tramo A.
Asimismo, esta iniciativa pretende tomar lo que era el tramo A y hacer un plan "espejo" o paralelo para que se resuelva igual cantidad de cirugías o prestaciones que en el tramo B, pero bajo la modalidad de atención institucional, que es aquella en la que los pacientes tienen gratuidad completa dentro de los hospitales públicos.
Del mismo modo, tal como explicó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, se generó una prelación muy precisa respecto a la forma de atención de estas prestaciones. Creo que lo más relevante para este efecto es que el proyecto, a pesar de que lleva algún tiempo en tramitación, justamente tenía por objeto velar por que a la brevedad, una vez terminada la pandemia o por lo menos remitiendo, hubiera más disponibilidad para hacer las operaciones o las cirugías selectivas de algunas GES que están incluidas dentro de este grupo. Subrayó el Director de Fonasa que este proyecto permite adelantar la capacidad para resolver una cantidad importante de prestaciones, por la gran acumulación de casos pospandemia.
Esto, obviamente, tiene un costo que está instalado y visto. Estas modificaciones, en sí mismas, no generaron más gasto.
Por lo tanto, desde la perspectiva de la Comisión de Hacienda, este proyecto es bien urgente y relevante, particularmente en estos momentos.
Y esa fue la discusión.
Revisando la historia de este proyecto de ley, se observa que justamente tiene por objeto ver cómo agilizar los mecanismos para generar, una vez que remita el uso de camas públicas en función del COVID-19, un incentivo para regularizar la situación de listas de espera por una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección por parte de Fonasa.
Por eso nosotros, a excepción de algunas normas en que la votación estuvo empatada, aprobamos las indicaciones y, por tanto, proponemos a la Sala acoger el proyecto de ley.
He dicho, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Juan Luis Castro.
El señor CASTRO (don Juan Luis).-
Gracias, Presidente.
Ahora podré dar mi opinión, ya que denantes leí el informe en subsidio del Presidente de la Comisión, que no estaba.
Desde mi época de Diputado -porque este proyecto es de mayo de 2019; nos tocó recibirlo en esa época en la Cámara Baja-, he sostenido una línea, que voy a confirmar en un planteamiento muy breve, en cuanto a lo siguiente.
En primer lugar, en este minuto, estimados colegas parlamentarios, tenemos 15 millones de personas adscritas a Fonasa. Los grupos A y B son 9 millones; el grupo B recibe menos de 350 mil pesos de ingreso, o sea, menos del mínimo. El grupo A no tiene ingresos declarados, son indigentes. ¿Cómo será posible plantear la idea de que para acceder a una operación habrá que juntar cierta cantidad de plata? En este caso, la plata equivale a 2,5 salarios mínimos, hasta 4,8 veces. Es decir, una cantidad de dinero que puede llegar a un 1 millón 844 mil pesos para recién ser postulante, en lista de espera, a un prestador privado con la finalidad de ingresar a una red de atención que no es de enfermades AUGE.
Todos nosotros hemos entendido siempre que en Fonasa una persona que usa la modalidad de libre elección compra un bono y va a ver un doctor. Yo soy plenamente proclive a que la gente de clase media que puede ir a un prestador privado compre un bono, reciba un subsidio -de la demanda, en este caso-, vaya a ver a un doctor y se atienda con un especialista.
Eso lo ocupan hoy día casi 12 millones de chilenos, y hay que mantenerlo.
Pero, cuando se trata de una operación quirúrgica, esas mismas personas no pueden hacer uso, como lo dice el mismo informe, de esa modalidad, porque la cobertura es mínima: está entre el 2 y el 5 por ciento. Un parto, una hernia, una operación de un paciente Fonasa del grupo A, B o C normalmente se hace en el sistema público, porque el paciente no tiene cómo pagar el pensionado.
Entonces, pedirles a las personas que tengan este dinero, tres o hasta cuatro y medio salarios mínimos de ingreso, para poder acceder a una postulación es una modalidad que me parece controversial con respecto a los objetivos del sistema público.
En provincias, perdónenme, yo tengo colegas médicos -algunos pocos, pero todavía existen- que dicen: "Mire, yo la tengo a usted a la espera para una operación de hernia en el servicio del Maule, pero, si la opero al frente, en la clínica de Talca, se salta la lista de espera. Sin embargo, para eso tiene que pagar una cantidad". ¡El mismo doctor, al mismo paciente!
No se regulan en esta ley los conflictos de interés. Perdónenme que les diga. ¡No se regulan!
¿Qué puede pasar en muchas regiones con gente que está esperando y a la cual el doctor le diga: "Acójase a esto y yo la opero allá, al frente, pero usted tiene que juntar plata (desde 2,5 hasta 4,8 salarios mínimos) y cuando usted pague, ahí nosotros la ponemos adelante en la lista de espera"?
¡Peligroso, Presidente!
Tercero, me parece que entramos en una dificultad. Porque en la época en que se elaboró este proyecto había 80 mil personas en listas de espera. Hoy día, en la Cuenta Pública, el Presidente dijo: "300 mil personas en lista de espera de cirugías". Pero además la virtud es que, pospandemia -porque este proyecto es prepandemia-, los prestadores privados, en buena hora, pueden dar un servicio en la medida que estén bajo reglas públicas.
Creo que no es posible hacer una impugnación al mundo privado, siempre y cuando las reglas públicas imperen cuando se trate de personas afiliadas a Fonasa. Nadie va a decir que un paciente Fonasa es objetable por ir a una clínica privada. ¿Lo que importa es resolver el problema? ¡Sí! Pero importa que esos prestadores privados se sometan a las reglas públicas. Y ese es un tratamiento en red que no está considerado en este proyecto en cuanto a las condiciones bajo las cuales se van a atender las personas del sistema público.
Si todos hemos luchado -y la Ley Ricarte Soto se hizo con ese esfuerzo- para terminar con la completada, terminar con el bingo, terminar con los beneficios orientados a juntar plata para recién poder acceder, yo pregunto: ¿vamos a decirle nosotros a la gente que gana menos del mínimo (todos los de los grupos B y A), ¡menos del mínimo!, "por favor, junte la plata, junte entre 1 millón y hasta casi 2 millones de pesos" para recién integrarse a la espera de una postulación en este sistema de seguro denominado "catastrófico"?
¡Cuidado! ¡Cuidado!
Yo valoro que hoy día el Presidente de la República haya planteado la disminución del copago. Se dijo que los tramos C y D, en los que hay 6 millones de personas, van a disminuir su copago en el sistema público, que es de 10 y 20 por ciento, respectivamente. Es un buen punto que hay que precisar, porque es evidente que todos queremos combatir las listas de espera. ¡Es evidente! ¡Nadie va a estar en contra de eso! El problema es qué instrumento vamos a usar: ¿un instrumento que dé garantía de universalidad, o uno donde a la gente la invitemos a juntar plata para postular a una lista de espera de ciertos prestadores que no sabemos qué conflictos de interés puedan tener y de qué manera vamos a regular?
Reitero: soy partidario de que haya prestadores privados, pero bajo reglas públicas, sin conflictos de interés y, además, sin exigirles dinero a las personas para cubrir esas prestaciones.
Por lo tanto, bajo estas condiciones, votaré en contra del proyecto de ley.
He dicho, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Le pido un minuto, Presidente. ¿Puede ser un poquito más adelante?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra la Senadora Claudia Pascual.
La señora PASCUAL.-
Gracias, Presidente.
Con relación al proyecto de ley que estamos debatiendo, quiero adelantar mi voto en contra.
Primero, creo que este no es un seguro ni mucho menos un seguro catastrófico; es solo una gestión de listas de espera sobre la base de las actuales condiciones que tiene el sistema de salud y en particular el sistema de mercado de salud. Por lo tanto, los propios actores privados van a definir la administración y la gestión de estas listas de espera.
Este seguro supuestamente catastrófico, como quiere instalarse desde el título del proyecto de ley, no va al fondo del asunto que origina la crisis de salud que vivimos hoy día en nuestro país. Este es un proyecto que no constituye ninguna solución para la salud de las personas ni para su situación financiera. Es una modalidad mediante la cual solo se busca, por ejemplo, que el sector de mayores recursos que hoy está afiliado a Fonasa, vía un copago extraordinario, pueda gestionar la atención de su lista de espera en una especialidad determinada, no en cualquiera.
Por otro lado, me parece que este proyecto discrimina, indudablemente, porque solo se preocupa, tal como explicó el Senador Juan Luis Castro, quien me antecedió en el uso de la palabra, de algunos problemas de salud y de las personas de mayores recursos -insisto- en Fonasa.
Por lo tanto, esta iniciativa atenta contra los principios de solidaridad y de universalidad de un verdadero sistema de salud, y también contra lo que debiera ser un seguro para todos y todas.
Desde esa perspectiva, creo que este proyecto va en una línea contraria al anuncio que ha hecho el Presidente de la República hoy en la mañana en la Cuenta Pública, a mi juicio muy beneficioso, toda vez que el Gobierno se ha comprometido a modernizar Fonasa, pero sobre la base de los principios de seguridad social, no de las reglas del mercado, y de la disminución del copago en los tramos C y D, no de su aumento para poder atenderse.
Desde esa perspectiva, este es un mal proyecto. Primero, insisto, no resuelve ni va al tema de fondo; segundo, no es un seguro, ni tampoco es catastrófico, y tercero, solo aumenta el copago del sector de más recursos del Fonasa para que sus afiliados puedan atenderse en el sector privado, con las reglas que este impone y no bajo las condiciones de una atención de salud pública garantizada, universal y solidaria, como deberíamos tener en nuestro país.
Por lo mismo, Presidente, mi voto es de rechazo a este proyecto de ley.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senadora Pascual.
Tiene la palabra el Senador Sergio Gahona.
El señor GAHONA.-
Gracias, Presidente.
El seguro de salud de clase media o seguro catastrófico fue ideado bajo la premisa de traer alivio a las familias de clase media que, ante problemas de salud de alto costo, no tienen otra posibilidad que esperar por años la atención en un hospital público o pagar una cuantiosa cifra en el sector privado, la que por consecuencia los deja endeudados o con riesgo de volver a la vulnerabilidad.
Desde ahí, se concibió un seguro que entregaba certezas con un gasto máximo anual para su bolsillo, dependiendo directamente del ingreso familiar. Se trata de una política progresiva como ninguna otra en salud, que entrega un alivio, una oportunidad, una opción real a la clase media y que permite que, al solucionarse su problema, se libere un espacio en la lista de espera para quienes tengan menos posibilidades.
Durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados pude ser testigo de cómo la Oposición de esa época hizo todo lo posible para frenar su tramitación; lo hicieron tratando de imponer indicaciones inadmisibles, intentando desvirtuar la modalidad bajo la cual se da este seguro, dilatándolo de tal manera de hacerlo letra muerta.
El Gobierno de Sebastián Piñera realizó cambios al proyecto para lograr un acuerdo transversal.
Pidieron incorporar tramo A, y se les concedió.
Pidieron bajar el deducible para esos beneficiarios, y se les concedió.
Pidieron tener un orden de prelación en los prestadores, y se les concedió.
Sin embargo, la ideología pesó más y continuaron tratando de frenar el proyecto de ley.
La última gran reforma que se efectuó a Fonasa fue la del 2005, que creó el plan AUGE. Hoy, diecisiete años después, tenemos la posibilidad de avanzar en la tramitación de un proyecto que beneficiará a más de 26 mil personas en su primer año.
Sin embargo, también en el Senado hemos evidenciado, como lo hemos escuchado, la prevalencia de la ideología por sobre la razón. Se eliminó así la posibilidad de convenir, por ejemplo, con prestadores privados.
Esta ideología, que tanto daño le ha hecho al sistema de salud en nuestro país, es grave. Debería primar por sobre cualquier ideología el permitir que aquellas personas que se encuentran esperando años en listas de espera para recibir atención pudieran hacerlo más rápidamente y a un costo razonable.
¿Qué beneficios otorgará este proyecto?
1.-
Se reducen las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, las que actualmente llegan a un poco más de 300 mil personas.
2.-
Se reduce el gasto para el bolsillo al mejorar las coberturas en función del ingreso familiar per cápita. El proyecto de ley permitirá que una persona que antes debía pagar 8 millones de pesos por una prótesis de rodilla, por ejemplo, pague tan solo 700 mil.
3.-
Otorga certeza a las familias más vulnerables en cuanto al gasto máximo en que deberán incurrir al momento de realizar una intervención.
4.-
Se establece un método objetivo para determinar el listado de patologías que serán cubiertas por este seguro. Dicho listado será actualizado anualmente y analizado para verificar su eficiencia.
Presidente, el sistema público no da abasto. A pesar de aumentar los recursos cada año, las listas de espera siguen creciendo, afectando a las familias más vulnerables, más aún hoy.
No podemos darnos el lujo de excluir a los prestadores privados por una ideología, sabiendo que el sistema público está colapsado y que tenemos una solución real.
No podemos decirles a miles de familias que por una diferencia ideológica no podrán recurrir a una atención de salud a un costo razonable y en un menor tiempo, la que además será voluntaria.
El hecho más grave en contra de los derechos fundamentales es decirles a los chilenos que deberán seguir esperando para recibir una atención de salud que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad.
Por lo anterior, señor Presidente, voto a favor de este proyecto de ley, y hago un llamado a que realicemos un análisis serio, sin ideología, del mismo.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, estamos votando un proyecto de ley absolutamente necesario que logra, de una vez, entregar cobertura de enfermedades catastróficas a los beneficiarios de Fonasa.
¡Votar en contra de este proyecto es votar en contra de las palabras del Presidente Boric en la Cuenta Pública del día de hoy! Es negar cobertura a aquellos que están en Fonasa, que son la mayoría de los chilenos, y dejar que sigan esperando.
Este proyecto, además, incorporó en la libre elección a aquellos más vulnerables.
Por tanto, los llamo al pizarrón, Presidente. ¡Los llamo al pizarrón! Porque una cosa es la poesía en los discursos de la Cuenta Pública, ¡y otra es votar acá, en la Sala del Senado (el Senador golpea fuertemente su pupitre con la mano), en contradicción a lo que el Presidente genera finalmente con su poesía y su discurso!
Les quiero señalar que esta iniciativa, del Gobierno anterior, incorporó además al grupo A, que fue lo que se pidió.
Yo espero que los chilenos más vulnerables, los que están en Fonasa A, sepan que los parlamentarios de las bancadas de enfrente están votando en contra de la posibilidad de darles acceso a coberturas de salud, porque al incorporar a dicho grupo se logra un beneficio aún más amplio para los usuarios de salud pública de nuestro país.
Uno de los objetivos primordiales del proyecto es dar certezas a las familias más vulnerables en cuanto al gasto máximo en que deberán incurrir al momento de realizarse una intervención, problema que hoy se ubica dentro de las grandes preocupaciones de los chilenos. Es así como se elimina el factor sorpresa al instante de pagar los tratamientos recibidos, los que pueden llegar a constituir una carga extremadamente gravosa para una familia, sumada a lo que fue la enfermedad.
Es aquí donde se ve reflejado el carácter catastrófico de este seguro, pues no se refiere a la gravedad de la enfermedad propiamente tal, sino a los nocivos efectos financieros que ella puede tener en el presupuesto de una familia.
Otra consecuencia positiva que se logra con este proyecto es la descongestión de las listas de espera no GES, funcionando como válvula de escape y brindando atención de salud tanto a los beneficiarios de este seguro como a quienes se encuentren en la lista y no estén comprendidos en él.
Esto se logra mediante la red de prestadores que el mismo seguro comprende, de manera tal que se facilita la salida de las listas de espera de las personas que pueden financiar los copagos y se focaliza la atención institucional en aquellas de más escasos recursos.
¡Que los del frente, Presidente, por su intermedio, les expliquen a los que están esperando una intervención de cadera, una prótesis, que se van a demorar más tiempo para lograr esa atención!
Resulta también relevante destacar los criterios que hoy se establecen para determinar el listado de patologías cubiertas por este seguro. Estos criterios, que fueron detallados con anterioridad, dan cuenta de un mecanismo eficiente que permite una actualización anual y una atención efectiva de las necesidades de la población, que son esencialmente variables.
No obstante, lamentamos la eliminación de los privados dentro de la red preferente de prestadores que pueden atender estas patologías.
El proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados señalaba expresamente, con toda claridad, que la oferta privada operaría únicamente en caso de no ser suficiente la oferta disponible por parte de los demás prestadores que el proyecto establece. Sin embargo, primó la ideología por sobre la razón, lo mismo que está ocurriendo en este Hemiciclo. ¡Lo mismo que está ocurriendo en este Hemiciclo!
Yo quiero emplazar, Presidente, a los parlamentarios de enfrente a que sean coherentes, ¡a que sean coherentes! O sea, ¡el Presidente habla de una salud para todos, y acá los que están al frente votan en contra! ¡Votan en contra de una persona que está desde hace seis años esperando una prótesis!, ¡desde hace seis años esperando una intervención quirúrgica!, ¡desde hace seis años esperando un tratamiento con un especialista! ¡Votan en contra de la salud de los más vulnerables por un tema ideológico!
Porque acá los llamaron desde La Moneda. ¡Sí! ¡Desde La Moneda los llamaron! Porque lo que quiere el Gobierno es terminar con las isapres y esperar el proceso constituyente, esperar hasta septiembre para establecer un sistema único de salud... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... ¡Y esperar un sistema único de salud!
¿Y qué pasa mientras tanto con los pacientes? ¿Quién empatiza con los pacientes?
Presidente Boric, ¿quién empatiza con los pacientes?
Ministra de Salud, ¿quién empatiza con los pacientes? Por de pronto, ¡no está en esta Sala!, ¡porque no le interesa este proyecto!, porque está encima de una ideología que pretende un sistema único de salud.
Este proyecto, además, es concordante con lo aprobado por la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, la que pretende excluir a los prestadores privados del sistema de salud, y que se sometió a votación en el Pleno.
La participación de los particulares en la prestación de servicios públicos es esencial. Por ende, el proyecto queda cojo en relación con lo que originalmente fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Consideramos que este es un paso hacia una mejora en el sistema de salud en nuestro país, al entregar certezas sobre el costo final que deberá asumir una familia al enfrentarse a una atención de salud de alto costo. No obstante, sin el apoyo de particulares en convenio para entregar dichas prestaciones el proyecto es a todas luces insuficiente.
Nos parece que este proyecto apunta directamente al problema de limitar y dar certeza sobre el gasto de bolsillo que tendrán las familias al momento de someterse a una cirugía o un tratamiento, lo que significa un alivio importantísimo al momento de considerar todas sus implicancias financieras.
Por ello, estimamos que se debe reponer la norma que incorporaba a prestadores privados de salud en la red preferente, para así dar una efectiva y mucho mejor cobertura a los beneficiarios de Fonasa.
Solo así, y en conjunto con otras reformas de salud, se podrá dar una respuesta efectiva, eficiente y concreta a las familias vulnerables.
Presidente, por su intermedio, simplemente quiero pedirle a la Ministra de Salud, ausente en este Hemiciclo, ¡que se ponga en los zapatos de los más vulnerables de nuestro país!
El señor ESPINOZA.-
¡Tanta pasión, Chahuán!
El señor MOREIRA.-
¡Eso!
¡Ese es nuestro Presidente!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Espinoza.
El señor MOREIRA.-
¡Ese es nuestro Presidente Chahuán!
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, cuando la ciudadanía salió a las calles en octubre de aquel año histórico, lo hizo por muchas razones. Fueron múltiples los motivos por los cuales la ciudadanía se expresó en lo que se denomina "el estallido". Pero uno de los principales, sin lugar a dudas, tiene que ver con la salud, con las injusticias de lo que ocurre en la salud chilena.
El Senador Juan Luis Castro, doctor, lo planteaba en su intervención: en Chile todavía hay compatriotas que deben hacer rifas, que tienen que hacer bingos para reunir dinero y poder financiar una operación.
¡Esos fueron los temas principales por los cuales la ciudadanía, de una u otra manera, dijo "basta"! ¡Listas de espera gigantescas y múltiples en los diferentes hospitales de Chile!
Hoy día el Presidente Boric hacía mención a esto, y lo valoro tremendamente. Hablaba de una cantidad importantísima, de miles de personas. Seiscientos dos días espera en promedio una persona en listas de espera en este país, prácticamente dos años. Algunos más, otros un poco menos, pero ese es el promedio.
Por lo tanto, señor Presidente, tal como lo ha planteado el parlamentario Juan Luis Castro en su intervención, aquí no estamos hablando de un seguro catastrófico de salud, sino que estamos entregando una alternativa para que las personas que tienen más plata en Fonasa, los de mejores tramos, puedan atenderse en el sistema previo al copago, mayor al que le correspondería realizar en el sistema público.
Pero, señor Presidente, como lo han señalado muy bien los Senadores de nuestro sector que me han antecedido en el uso de la palabra, ¡esto no va al fondo, al meollo del tema, a los abusos que existen! Porque, así como hay médicos que actúan muy éticamente y aman el sistema público de salud, lo defienden y son apasionados en su trabajo por el cual juramentaron realizar su labor, hay muchos otros que tienen graves conflictos de intereses. ¡Y lo saben parlamentarios de mi propia región!
¿Qué pasa en el sistema de salud de Chiloé? ¿Qué pasa en el sistema de salud en Puerto Montt? Algunos médicos, cuando va un vecino o una vecina para que pueda someterse a una intervención, le dicen: "No hay problema, yo lo opero, pero lo opero en la clínica en la que trabajo en la tarde". No los operan en el sistema público, obligándolos a pagar.
Por eso, este no es un proyecto que esté bien encauzado, razón por la cual voy a votar en contra, porque, como aquí se ha planteado, no soluciona ese problema.
No es posible exigir que quienes no tienen recursos copaguen para que el Estado les solucione sus problemas de salud. Este es uno de los temas más críticos. No tiene sentido hacerlos pagar, como se propone acá.
Yo valoro lo que ha planteado hoy día el Presidente en relación con los tramos C y D, en términos de eliminar o bajar los copagos.
Pero este proyecto no va al fondo del problema.
Y quiero hacer recuerdo de algo, ¡porque esto viene desde antes! El Senador Chahuán dice algunas cosas que yo, con todo el respeto que le tengo, no puedo permitir que las plantee así. Sostiene que estamos votando en contra de los más vulnerables. ¡Eso no es así! Aquí estamos buscando un sistema mucho mejor. ¡No es cierto cuando él dice que todos queremos un sistema único de salud! ¡No! Pero no queremos que continúen los abusos, Senador Chahuán -por su intermedio, Presidente-.
El señor CHAHUÁN.-
Estamos de acuerdo.
El señor ESPINOZA.-
Porque las isapres, que usted tanto defiende...
El señor CHAHUÁN.-
¡No! ¡Al revés!
El señor ESPINOZA.-
... abusan en este país. Son tremendamente abusivas en el día a día. Y, desde ese punto de vista, el Senador Chahuán no puede pretender colocar a todos los parlamentarios en un mismo saco, porque él no sabe. Él dice que de La Moneda nos han llamado. A nosotros nadie nos ha llamado de La Moneda, Senador -por su intermedio, Presidente-, para decirnos cómo votar este proyecto. Votamos por un sentido común, por una lógica, porque este proyecto no soluciona los problemas de salud que tiene este país, que son muchísimos.
En varios servicios de salud hay problemas que ya existían en el último Gobierno. Y aquí con mucha desfachatez se pretende que este Gobierno, en dos meses y medio, solucione todos los problemas. ¡Estuvieron ocho años en el Gobierno con el Presidente Piñera y los temas de salud continuaron! ¡Aumentaron, incluso, las listas de espera! ¡Politizaron los servicios, como ocurrió en Chiloé!
El señor MOREIRA.-
¡Pancho...
El señor ESPINOZA.-
¡Escuchemos cómo lo instruye allá el Senador Moreira!
¡Instrumentaron los servicios, como en Chiloé! ¡Las reuniones políticas de la UDI se hacían en el Servicio de Salud de Chiloé!
El señor MOREIRA.-
¡No seas mentiroso!
El señor ESPINOZA.-
¡Arriba, en el Servicio, se hacían!
El señor MOREIRA.-
¡No seas mentiroso!
El señor ESPINOZA.-
¡Se politizaron todos esos servicios en función de algunos parlamentarios de la época!
El señor MOREIRA.-
¡No seas mentiroso!
¡Mentiroso!
¡Mentiroso!
El señor ESPINOZA.-
Y esos son los temas que desde todo punto de vista tenemos que evitar que sigan ocurriendo.
No he nombrado a nadie. ¡El que se sienta aludido, que se coloque el poncho, como se dice!
El señor MOREIRA.-
¡Mentiroso! ¿Reuniones de la UDI?
El señor ESPINOZA.-
Para terminar mis palabras, lo que quiero plantear es que todos los que estamos aquí, en esta Sala, debemos bregar por un mejor sistema de salud. No hay ninguna duda. Pero este proyecto, con este seguro catastrófico, no soluciona los problemas. Y por eso yo tengo el legítimo derecho a votar en contra.
Quiero decirle al Senador Chahuán, a quien -repito- respeto mucho, que también él nos respete a nosotros. Porque yo, por lo menos, no actúo en función de que me llamen de La Moneda para votar A, B o C; lo hago por mis convicciones, como lo he hecho siempre en mi vida parlamentaria.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
El señor CHAHUÁN.-
¡Presidente!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Insulza.
Como ha sido mencionado el Senador Chahuán, una vez terminado el debate le vamos a dar derecho a réplica, por un minuto.
El señor MOREIRA.-
¡El Director de Salud es socialista!
El señor ESPINOZA.-
¡No estoy hablando contigo!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Insulza.
El señor MOREIRA.-
¡Es socialista! ¡Es porque no pudo meter a nadie!
El señor INSULZA.-
Gracias, Presidente.
Yo no voy a mencionar al Senador Chahuán, porque estuvo un poquito vehemente y capaz que me gritonee de nuevo. Eso es preocupante.
Este no es un seguro catastrófico, sino una forma de gestionar listas de espera sobre la base de las condiciones de mercado. ¡Eso es! Además, esas condiciones de mercado las van a definir los privados.
Esta no es una solución para la gente más necesitada, más vulnerable. Claramente, es un proyecto de ley discriminatorio, tanto en lo sanitario como en lo económico.
Ahora, yo creo que es importante señalar, como ha dicho el Senador Espinoza, que nadie está pidiendo que exista una sola forma de salud. Por cierto, la salud privada puede seguir existiendo, pero la prioridad de Fonasa es potenciar la modalidad de atención institucional, donde se atienden los chilenos más vulnerables.
Esta iniciativa de ley lo que hace en Fonasa es aumentar las transferencias de recursos públicos al sector privado en lugar de potenciar la red pública.
Cada institución con su función.
La prioridad de Fonasa es potenciar la atención institucional donde se atienden los chilenos más vulnerables, que no tienen posibilidad alguna de elección.
Aquí no hay ninguna norma relativa a conflictos de interés y lo que se está planteando es que todos pueden copagar, pero en la práctica se están transfiriendo recursos de los que no pueden copagar a aquellos que sí pueden hacerlo.
Esa es la razón por la cual estamos rechazando este proyecto.
Esto no tiene nada que ver con lo que decía aquí el Senador Chahuán, ¡por favor! Esta mañana el Presidente de la República se refirió a una cosa completamente distinta. Habló de la consagración del derecho a la salud como un derecho social humano en el contexto de un Estado democrático y social de derecho. Eso es lo que se ha anunciado efectivamente. Y para eso es primordial que la institución que gestiona la salud pública se base en los principios de universalidad, de igualdad de acceso a una salud digna y, especialmente, de no discriminación y fortalecimiento de la red pública de salud.
Si alguien quiere buscar alguna otra forma de transferir recursos desde el sector público al sector privado, nunca va a tener nuestro acuerdo. No somos partidarios de eso. No es estar en contra de la salud privada, sino simplemente buscar que en el sistema público todos tengan los mismos derechos y obtengan los mismos beneficios.
Por esa razón, a pesar de la vehemencia del Senador Chahúan, que sigue muy enojado por ahí, yo voy a votar en contra de este proyecto, Presidente.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidente.
He escuchado atentamente a todos mis colegas. Y la verdad es que siento que de repente nos enfrascamos en discusiones que no ayudan a la ciudadanía.
Hoy día escuchábamos todos atentamente el discurso del Presidente Gabriel Boric. Y en verdad me cuesta entender cómo vamos a hacer para gestionar las cirugías oncológicas y todas aquellas atenciones de salud que el Presidente comprometió, porque dijo claramente: "La salud es un derecho y nosotros vamos a garantizarlo a todos y a todas".
Este proyecto no es un seguro catastrófico, sino simplemente una herramienta para que Fonasa pueda gestionar de mejor manera una solución a los problemas de salud que se ocasionan con las listas de espera. Es al final del día eso: una mejor gestión en listas de espera.
El problema es que, en vez de abordar la iniciativa desde la lógica empleada en la pandemia -ustedes recordarán que todos vacunaban, todos recibían, todos atendían las prestaciones que se tenían que dar por el COVID-, aquí lo que se hace es dejar fuera a todo el sector prestador privado con fines de lucro, con lo cual, al final del día, desde una mirada de la lógica de quiénes pueden recibir recursos del Estado, va a reducirse la posibilidad de tener prestadores para dar atención a las personas.
Entonces, ahí viene la pregunta de cómo se va a hacer con la promesa del Presidente para dar respuesta a las personas en las cirugías oncológicas y otras.
El proyecto quedó tan podado que Fonasa solo puede abrir la puerta a los prestadores o establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud que tengan capacidad resolutiva; a los prestadores o establecimientos de salud pertenecientes a las universidades del Estado o reconocidas por este; a los prestadores o establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, dejando fuera a las mutuales y a los prestadores privados con fines de lucro.
Vale decir, el proyecto ofrece una alternativa acotada que no va a ayudar a resolver las listas de espera. ¡Esa es la verdad!
Y tiene razón mi colega Fidel Espinoza en el sentido de que no se resuelven nuestros problemas estructurales de salud. Lo decía también el Senador Juan Luis Castro.
Y pregunto, entonces: ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos seguir esperando a que contemos con una fórmula que dé respuesta a los millones de chilenos que solo tienen como única alternativa el sistema público, o vamos a generar reglas que permitan dar respuesta hoy día a nuestro país?
En vez de mirar la buena experiencia que enfrentamos durante la pandemia, seguimos en la lógica de no avanzar hasta que podamos avanzar en todo.
Presidente, me resisto a seguir en esa lógica; me resisto a que no entendamos que tenemos que regular, que tenemos que fijar precios máximos, que tenemos que transparentar los costos de salud, permitiendo a todas y a todos acceder a salud de calidad hoy.
Yo no voy a rechazar este proyecto, voy a respaldarlo. Y espero que el Presidente de la República nos presente la fórmula para avanzar en salud, dando respuesta hoy día a las personas, no dejando atrás a nadie en nuestro país en un derecho que no basta con escribirlo, hay que garantizarlo.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senadora Rincón.
Tiene la palabra el Senador Gastón Saavedra.
El señor SAAVEDRA.-
Gracias, Presidente.
Se cuestiona a veces lo que nosotros pensamos. Y ninguno de los que están aquí, en esta Sala, puede rasgar vestiduras diciendo que proviene de alguna institución de beneficencia. En general, si no todos, somos militantes de partidos. Por tanto, con nosotros traemos una ideología. La mía, por supuesto, es muy distinta a la del Senador Chahuán, que nos emplaza. Es muy distinta.
Claro, yo quiero que el derecho a la salud, que se establece en la Nueva Constitución como un derecho y, por lo tanto, en un nuevo Estado, sea universal, no sea segregado, no sea fragmentado, como ocurre con este proyecto de ley.
Porque todos sabemos que en el Fonasa hay cuatro tramos. Pero en los tramos A y B se encuentran aquellos chilenos, no se olviden, que ganan menos de 400 mil pesos.
Entonces, lo que se plantea es que aquellos que están en los tramos C y D, es decir, los que más ganan, vayan a atenciones de carácter privado. O sea, descremamos el sistema. ¡Y esa es la ideología que está detrás de esto! No la de garantizar un derecho en términos universales, sino la de cómo sacamos recursos para transferírselos a aquellos que están prestando salud en el sector privado. Y eso no es universalizar.
Esa es una ideología libremercadista, que es la que consagra los abusos en el país. ¡Y esa ideología es la que tenemos que cambiar!
En segundo lugar, establece un déficit desde el punto de vista sanitario, porque no incluye todas las enfermedades catastróficas, sino solo algunas, seguramente las que menos costos tienen a la hora de operativizar este tipo de situaciones y, por tanto, las que reciben más utilidades en la prestación.
¡De esa forma no pues, estimado amigo! Se trata de ser justos en el proceder, de entender que este es un derecho y que la única rentabilidad que nosotros debemos privilegiar aquí es la rentabilidad social, el beneficio social, el bienestar de la población, cosa que aquí no está presente.
Por lo tanto, debemos tener más cautela, mucha más prudencia a la hora del debate y a la hora de levantar proyectos que yo sé que tienen urgencia. ¡Si esto se arrastra desde hace mucho tiempo! La salud pública en Chile tiene problemas. Pero vamos a salir todos al pizarrón, porque para poder resolver este problema necesitamos recursos, y el Estado chileno requiere recaudar. Y vamos a tener que salir todos al pizarrón cuando llegue el proyecto de ley de reforma tributaria. ¡Vamos a tener que salir todos al pizarrón!
Entonces, espero que quienes nos emplazan asuman allí esa responsabilidad histórica con el país, de una vez por todas, de construir un camino de justicia social, a partir de consagrar esto: la salud como un derecho universal y no solo para algunos, o con las intenciones claras de descremar el sistema para seguir traspasando recursos a los sectores privados o a las clínicas privadas.
"Sí, te atiendo, junta 1.200.000 y lo hago; pero en mi clínica, no en el hospital público". Eso es grave y no lo podemos dejar pasar.
Por eso vamos a rechazar este proyecto, no por otras cosas. Porque queremos salud para todos, que sea de calidad y que todos los chilenos se atiendan en igualdad de condiciones; que accedan, por lo tanto, a todos los adelantos que tenemos en cada uno de los hospitales del país, aquellos que son privados, sobre todo; que no haya esa desigualdad que se expresa y que finalmente se transforma en abuso y en malestar de la población.
Por esto tenemos los problemas políticos que en nuestro país se manifestaron tan violentamente hace un tiempo cercano.
Esta es una tarea de responsabilidad política, de cumplir y de comprometerse -reitero- con un derecho a la salud universal.
Por eso lo voy a rechazar, pensando y asumiendo que luego llegará una ley de cambios profundos en salud, universalizando este derecho y atendiendo sobre todo a aquellos que menos tienen en el país.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidente.
La verdad es que el tono de la discusión de hoy en la tarde ha sido bien bien duro. Es lamentable, porque el tema de la salud es probablemente tan importante para los chilenos como la situación de la delincuencia.
Hay 3 millones de chilenos que han decidido imponer en isapres; mientras que alrededor de 14 millones de personas -casi 15- están vinculados a Fonasa.
Estamos en una sociedad libre en la que decidimos dónde queremos colocar nuestros recursos para poder, de una u otra manera, paliar los costos que implica la salud.
Creo que no hay nadie en esta Sala que no esté de acuerdo en que tenemos que mejorar la salud pública.
Mi madre, a mucha honra y muy orgullosa de ella, fue enfermera de un hospital público toda su vida. Pasé muchas de mis horas esperándola en el hospital, por lo que conozco muy bien, desde dentro, cómo funcionan, y claramente tienen muchas carencias. Hay un compromiso gigantesco de sus funcionarios por hacer las cosas bien, pero evidentemente los recursos son insuficientes.
Yo pienso que eso no está en duda; pero evidentemente, y es legítimo en democracia, tenemos diferencias.
Creo profundamente en la libertad, y en ese sentido considero que el sistema público y el privado deben ser parte de la oferta, en democracia, de cualquier país desarrollado. ¡Y viva la libertad de decidir!
Por lo tanto, no estoy de acuerdo con un sistema universal obligatorio; sí que sea la libertad de cada uno el decidir dónde considera poner sus recursos y atenderse.
No existe actualmente ninguna certeza de que la Nueva Constitución se apruebe; existe la alternativa de se apruebe o se rechace. En ese contexto, mientras tanto, no hay nada, y tenemos listas de espera gigantescas -todos las conocemos-, y el COVID efectivamente ayudó muchísimo a aumentar su cifra.
En ese marco, mientras no haya otra mejor alternativa, ¿por qué rechazar esta? Quizás no es perfecta, como ninguna de las que se vayan a proponer en el futuro, pero hoy día es lo mejor a que pueden optar las personas.
¿Qué tienen de malo los seguros? En el mundo entero existen. ¿Por qué aquí, en Chile, tendrían que ser nocivos? ¿Por qué aquí no puede existir lo público y lo privado? ¡Es muy raro eso! O sea, me cuesta entenderlo, porque al final del día esto también lo asumiría el Estado, no sería de cargo del cotizante.
Entonces, esperemos ver qué pasa con la Constituyente: si se aprueba, veamos cuál es la oferta de servicio que va a tener este de carácter universal.
Yo lamentaría muchísimo que toda la ciudadanía de Chile esté obligada a tener un solo sistema y a cotizar solamente en lo público.
Termino diciendo lo siguiente.
Nunca hubo un mejor ejemplo, en estos últimos diez años, que la experiencia de lo público y lo privado trabajando en conjunto por la salud de los chilenos en estos tiempos de COVID, y se sigue haciendo así.
Valoro muchísimo el trabajo de todo el sector médico: enfermeras, auxiliares, TENS, choferes. Tenemos un gran equipo médico en Chile, y estoy hablando de todos los que participan en esto. Creo que hay mucho corazón en lo que se hace.
Yo pienso que efectivamente hay algo de ideología en algunas personas que creen que lo privado es nocivo. Considero que se pueden hacer ambas cosas, y ser las dos exitosas y trabajar en conjunto.
Voy a aprobar este proyecto, porque hoy día no hay una mejor alternativa, y aun cuando la hubiera, van a pasar muchos años hasta que sea una realidad.
Muchas gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Galilea.
(Luego de unos instantes).
El señor MOREIRA.-
Está cansado, Presidente. Y se nota que la Mesa también lo está.
Estoy rellenando, para que...
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Galilea, tiene la palabra.
El señor GALILEA.-
Gracias, Presidente.
Un Senador que me antecedió en el uso de la palabra decía que este proyecto no es un seguro universal, sino simplemente una herramienta de mejor gestión de Fonasa.
Bueno, a mí me parece obvio. Eso es esta iniciativa: es un elemento, un seguro que mejora o trata de mejorar enormemente las capacidades de Fonasa para atender a todos los ciudadanos que se atienden por Fonasa, que son 14 millones más o menos, básicamente de los tramos B, C y D.
Entonces, yo no me explico muy bien las razones por las cuales los Senadores de la Izquierda se están oponiendo a este proyecto. Ellos dicen: "Es que yo quiero un seguro universal, que todos se puedan atender gratis ya, altiro, ahora".
Bueno, obvio, ¿a quién no le gustaría que eso ocurriera? Pero estamos en el mundo real. Chile tiene cierta cantidad de hospitales públicos, de camas públicas, de pabellones públicos y de doctores que trabajan en esos lugares. Y en esa situación, que es la real, tenemos unas listas de espera gigantescas, que se agudizaron con la pandemia del COVID.
Frente a eso, está este proyecto, que lo que hace es dar una herramienta de gestión; un seguro para que las familias sepan que si se van a atender fuera del sector público: uno, lo van a poder hacer rápido, y dos, el costo va a tener un tope, ya prefijado en este proyecto de ley.
Eso no es tan difícil de entender, y es obviamente una solución efectiva, razonable y también con un costo acotado por parte del Fisco para solucionar los problemas reales de la gente de hoy.
¿Cuál es el problema que alguien le puede encontrar a aquello? Yo no lo entiendo.
Si aparecen más recursos, si tenemos la posibilidad de construir más hospitales, si duplicamos el presupuesto del Ministerio de Salud, perfecto, hagámoslo; pero tener más camas, más hospitales, más doctores y más pabellones demora años, años de años.
Por tanto, ¡cómo nos vamos a quedar de brazos cruzados, diciendo: "No, mire, es que, como yo quiero que todos se atiendan en el sector público, entonces no estoy dispuesto a usar las herramientas de gestión que podemos tener el día de hoy, ahora, inmediatamente"!
Es tan absurdo, creo yo, lo que han planteado muchos Senadores de Izquierda, que es como si hubieran dicho: "Mire, el COVID-19 se atiende solo en el sector público, a todos los Fonasa. Y bueno, los que no alcancen, ¡no alcanzan!, porque no estoy dispuesto ni a pagar ni a hacer ninguna transferencia al sector privado".
¿Ustedes se imaginan adónde hubiéramos llegado con ese esquema?
Lo que se hizo fue lo contrario: se llegó a un acuerdo, se fijó un arancel, se estableció la posibilidad de que, si no había capacidad en el sector público, inmediatamente se atendía en urgencias y se hospitalizaba en las clínicas privadas. Eso operó de manera eficiente, razonable y, lo más importante, se les pudo dar atención a los chilenos y chilenas que estaban desesperados por el COVID-19.
Aquí, el criterio es más o menos el mismo: ocupar una herramienta, que es un seguro para los tramos B, C y D de Fonasa, cosa que el que quiera y pueda se va al sector privado a atenderse ahora, con un costo claramente definido y que tiene un tope, y el que no quiera, por supuesto, puede seguir esperando hasta que le toque en el hospital público.
¿Es lo mejor del planeta? Quizás no, pero es lo mejor que tenemos a mano.
Por lo tanto, no avanzar en esto me parece que significa fallarles a millones de chilenos al no darles una posibilidad que hoy día no tienen.
Esa es la razón por la cual nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley.
Me encantaría que tuviéramos el quorum.
Y yo les pido a los Senadores gobiernistas hoy, del Oficialismo, que en los minutos que quedan reflexionen acerca de que en el futuro tienen todas las posibilidades de mejorar lo que quieran en salud, pero que, en razón de ese futuro incierto, no podemos dejar de dar un beneficio cierto a todos los pacientes que están en listas de espera el día de hoy.
Muchas gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senador Galilea.
Tiene la palabra el Senador Sanhueza.
El señor SANHUEZA.-
Gracias, Presidente.
La iniciativa que votamos hoy reconoce que actualmente existe un grupo de personas que no puede resolver problemas de salud, por no estar considerados en las Garantías Explícitas en Salud debido a las restricciones económicas que enfrentan. En virtud de lo anterior, se proponen dos mecanismos para ir en ayuda de ellos.
Primero, aumentar la cobertura financiera de la modalidad de libre elección, lo que permitirá mayor equidad y acceso a la salud y, lo más importante, reducir la incertidumbre en el gasto final que deben enfrentar el paciente y su grupo familiar.
Y por otro lado permitirá a Fonasa celebrar convenios para fijar los precios de determinadas prestaciones que darán la solución integral bajo un precio definido y conocido con anterioridad, lo que si es bien ejecutado se traducirá en un manejo más eficaz y eficiente de los recursos públicos.
Sin embargo, lamento profundamente que el actual Oficialismo nuevamente haya privilegiado su ideología por sobre el bienestar de nuestros compatriotas. Esto, porque durante la tramitación del presente proyecto parlamentarios oficialistas, por medio de indicaciones, eliminaron la posibilidad de que Fonasa suscribiera convenios con prestadores privados, como sí lo permitía el mensaje presentado originalmente, lo que perjudica en forma directa a los pacientes, puesto que reduce significativamente las instituciones en las cuales podría hacer valer este seguro y va en contra del espíritu principal, que es entregar una buena atención de salud con la celeridad que se requiere y acortar aún más las listas de espera sin importar el tipo de institución que preste la atención necesaria.
Sin lugar a duda, a pesar de esta falencia, valoro la iniciativa, y desde ya manifiesto mi voto a favor de este proyecto de ley, que busca entregar certezas a muchas familias que sufren doblemente cuando algunos de sus integrantes enfrentan una complicación de salud: primero, por la angustia de sobrellevar la enfermedad de un ser querido y la incertidumbre que ello implica, y segundo, por tener que hacerse cargo de los montos millonarios que en la mayoría de los casos deben costear, endeudándose, e incluso vendiendo sus bienes para cumplir con las obligaciones contraídas por los tratamientos médicos que recibió su pariente.
También quisiera destacar la dignidad que entrega a las familias, ya que todos hemos sido testigos de cómo los grupos familiares deben recurrir a actividades como bingos, completadas, platos únicos y otros beneficios para poder apoyarse en sus comunidades y lograr cubrir en parte algunos de los altos costos que enfrentan.
Espero que la correcta y oportuna implementación de esta ley logre entregar a miles de familias la tranquilidad necesaria y encuentren en este seguro un respaldo y seguridad al momento de enfrentar una situación tan dolorosa como es un problema de salud.
Creo fehacientemente que esto es un avance frente a lo que hoy existe, y por lo tanto tengo la responsabilidad de apoyarlo.
Además, todos hemos visto en el último tiempo que las listas de espera van aumentando como efecto colateral de lo que ha significado el COVID en nuestro país.
Por eso, pienso que, si bien es cierto que uno tiene derecho a albergar un pensamiento ideológico, no podemos jugar hoy día con la salud de tantas familias en nuestro país.
Es por eso que hago un llamado a aquellos que han manifestado que van a votar en contra, porque un segundo de reflexión puede llevarnos a aprobar un proyecto que a lo mejor no soluciona el problema de fondo de la salud en nuestro país, pero sí puede ocasionar un alivio momentáneo a muchas familias que tienen que endeudarse para resolver su problema de salud en su oportunidad. Porque la salud digna también debe ser oportuna, y en eso todos tenemos que colaborar, independiente de nuestro pensamiento político.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a cerrar la votación y después le daremos la palabra al Senador Chahuán, que fue mencionado en intervenciones anteriores.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Terminada la votación.
El señor CHAHUÁN.-
Tengo derecho, Presidente...
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Le voy a dar altiro la palabra, Senador Chahuán; apenas demos el resultado de la votación.
--Se rechaza el proyecto por no alcanzar el
quorum
constitucional requerido para su aprobación (21 votos a favor y 18 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica y Rincón y los señores Castro (don Juan), Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval y Sanhueza.
Votaron por la negativa las señoras Campillai, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro (don Juan Luis), De Urresti, Elizalde, Espinoza, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Como el proyecto no reunió el número de votos necesarios para ser aprobado, deberá pasar a Comisión Mixta.
Se propone que integren esta instancia los actuales miembros de la Comisión de Salud.
--Así se acuerda.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Con el mayor respeto -por su intermedio, señor Presidente- al Senador Fidel Espinoza, a quien le tengo respeto y consideración, quisiera señalar simplemente algunos puntos del debate que me parecen complejos y esto me da la oportunidad de hacerlo.
En virtud de este proyecto, para llegar a acuerdo, se eliminó la posibilidad de que los prestadores privados se hicieran cargo, justamente, de las listas de espera. ¡Se eliminaron los prestadores privados! Y durante todo el debate se ha argumentado respecto de las transferencias al sector privado.
Yo creo que falta información; no se han leído el proyecto, porque eso fue parte de las indicaciones.
Y segundo: quiero decirle al Senador Espinoza, por su intermedio, Presidente, lo siguiente. Si hay alguien -lea el proyecto- que ha dado una lucha frontal en contra de las isapres, en contra de la distorsión de los abusos, hasta el punto de que tengo puesto en tabla el proyecto contra las isapres... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor MOREIRA.-
¿Por qué le cortaron la transmisión?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Termine, Senador Chahuán, le vamos a dar un minuto más.
El señor CHAHUÁN.-
Si ha habido alguien que ha estado en contra de los abusos de las isapres, ha sido este Senador -ha sido una cruzada mía-, a tal punto que en el día de ayer el tema que se debatió fue terminar con las distorsiones de las isapres.
Al Senador Fidel Espinoza, con todo respeto, cariño y afecto, le digo que él señaló que acá había alguien que defendía a las isapres. Pero ha habido alguien que ha denunciado permanentemente los abusos, y que ahora, como Presidente de la Comisión, ¡como primer punto!, ¡como primer proyecto en tabla!, pone justamente terminar con los abusos de las isapres.
Entonces, quiero simplemente aclararlo, con el mayor cariño y respeto que le tengo al Senador Espinoza.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Secretario para leer una Cuenta agregada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Dos Mensajes de S.E. el Presidente de la República.
Con el primero y segundo, hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para el despacho de las siguientes iniciativas:
-El que faculta a los concejos municipales para condonar las deudas correspondientes a derechos de aseo (Boletines N° 10.858-06, 11.889-06, 14.252-06, 14.475-06 y 14.797-06, refundidos).
-El que modifica la ley N°19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para facilitar la obtención de patente de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica (Boletín N° 14.534-06).
--Se toma conocimiento de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Mociones
De los Honorables Senadores señores Insulza y Walker, con la que inician un proyecto de ley que regula medidas de seguridad aplicables en las cajas de atención de público de las instituciones bancarias y financieras (Boletín N° 15.034-07).
--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública.
De los Honorables Senadores señoras Carvajal y Provoste y señores Castro González, Núñez y Saavedra, con la que inician un proyecto de ley que mejora la competencia en la distribución minorista del gas licuado y regula el límite de rentabilidad de las distribuidoras de gas natural (Boletín N° 15.035-03).
De los Honorables Senadores señor Velásquez y señoras Carvajal y Sepúlveda, con la que inician un proyecto de ley que perfecciona el cálculo de rentabilidad de empresas del mercado del gas (Boletín N° 15.036-03).
--Pasan a la Comisión de Economía.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Es todo señor Presidente.
REFORZAMIENTO DE RESGUARDO DE DERECHOS DE TRABAJADORES EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Pasaríamos a la hora de Incidentes.
El señor MOREIRA.-
Presidente, pido la palabra por reglamento.
Yo quería pedirle, Presidente, si es posible recabar la unanimidad de la Sala para prolongar la sesión por unos cuarenta minutos más, para ver un proyecto de ley muy importante, iniciado en moción de los ex Senadores Muñoz, Goic y Letelier, en primer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reforzar la aplicación de la disposición que resguarda los derechos de los trabajadores en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 13.531-13) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor MOREIRA.-
¿Habría acuerdo para prolongar la sesión a fin de poder discutir este proyecto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Consulto a la Sala si hay acuerdo para aprobar este proyecto por unanimidad o si hay algún Senador que esté en contra.
¿Habría acuerdo para despacharlo por unanimidad?
Tengo entendido que no hay normas de quorum especial en esta iniciativa y que se encuentra el número necesario de Senadores para tomar acuerdos.
Entonces, voy a recabar la unanimidad para aprobar en general este proyecto, que figura en el número 4 del Orden del Día.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Habría que fijar plazo para la presentación de indicaciones.
(Pausa).
Plazo de indicaciones: hasta el viernes 8 de julio, al mediodía, en la Secretaría General del Senado.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Insulza.
El señor INSULZA.-
Presidente, ayer se aprobó prolongar el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre persecución del narcotráfico y crimen organizado hasta el 15 de este mes.
Fue un error mío, pues yo quería solicitar plazo hasta el lunes 13 de junio, de manera que la referida iniciativa pudiera ser tratada la próxima semana.
Así que, por favor, le pido corregir este error, que, como digo, fue mío: queríamos pedir plazo hasta el 13, y el Gobierno estaba de acuerdo con ello.
Le solicito que así se establezca, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tenemos problema con el quorum para adoptar ese acuerdo, Senador Insulza.
El plazo para el proyecto que acabamos de aprobar ya está acordado: quedó para el 8 de julio, al mediodía. Y su propuesta tendríamos que discutirla el próximo martes.
El señor INSULZA.-
Bueno, eso le pido: son solo dos días antes.
Efectivamente, parece que ya se fueron todos.
El señor CHAHUÁN.-
¡Aquí estamos!
El señor LATORRE.-
¡Acá también!
La señora PASCUAL.-
¡Acá estamos!
El señor INSULZA.-
¡Están todos!
¡Tenemos gran cantidad de Senadores, Presidente!
La señora SEPÚLVEDA.-
¡Sigamos!
La señora PASCUAL.-
¡Nadie se ha ido!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a resolver este asunto el próximo martes.
Pasamos a la hora de Incidentes.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------(
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A la Superintendencia del Medio Ambiente, para que informe sobre PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DESARROLLADOS EN PULLALLY, COMUNA DE PAPUDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO, EN OPERACIÓN DE MINA PULLALLY.
Y al Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, solicitándole antecedentes acerca de SITUACIÓN DE ASENTAMIENTO IRREGULAR "COMITÉ DE ADELANTO PASAJE BUENOS AIRES", UBICADO EN SECTOR SARGENTO ALDEA, COMUNA DE VILLA ALEMANA.
Del señor DE URRESTI:
Al Ministro de Educación, para que remita diversa información sobre INCENTIVOS ECONÓMICOS AL RETIRO PARA PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN.
Al Ministro de Obras Públicas, solicitándole respetar DECISIÓN MAYORITARIA DE VECINOS DE COMUNA DE LOS LAGOS EN ORDEN A RECHAZAR OPCIÓN INICIAL DE OBRAS PARA
BYPASS
DE RUTA 5, POR GENERAR DEMASIADAS EXPROPIACIONES EN EL SECTOR, RAZÓN POR LA CUAL PIDEN EJECUTAR LA OBRA SIN INTERVENIR TRAZADO ACTUAL.
A la Ministra de Salud, para que remita información sobre CANTIDAD DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN LISTAS DE ESPERA POR REGIONES, ESPECIFICANDO SI PERTENECEN A PROGRAMA GES, ACCIONES ENCAMINADAS A SU DISMINUCIÓN Y CANTIDAD DE ONCÓLOGOS Y RADIOTERAPEUTAS CONTRATADOS EN HOSPITAL BASE DE VALDIVIA, y pidiéndole antecedentes relacionados con SITUACIÓN MÉDICA DE SEÑORA FLOR BELÉN SOTO MORALES, TRATADA EN HOSPITAL DE TALCA, ESPECIFICANDO ATENCIONES PARA RESOLVER SU PROBLEMA DE SALUD Y ACCIONES PARA ASEGURAR SU ACCESO OPORTUNO A TRATAMIENTO ONCOLÓGICO Y FARMACOLÓGICO, CONSIDERANDO QUE DEBERÁ POSTULAR A DROGAS DE ALTO COSTO ANTE NUEVO CÁNCER QUE PADECE.
A la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y a la Alcaldesa de Valdivia, solicitándoles información sobre BENEFICIOS DISPONIBLES PARA INMUEBLE DECLARADO MONUMENTO, UBICADO EN CALLE BILBAO N° 25, SECTOR MIRAFLORES, COMUNA DE VALDIVIA, DE GRAN ATRACTIVO TURÍSTICO.
Y al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, requiriéndole información respecto de SITUACIÓN DE DOÑA MARÍA EUGENIA QUINTANA, RUT 6.309.022-0, PENSIONADA A CARGO DE SU NIETA VALENTINA DE JESÚS ZÁRATE MONCADA, RUT 20.970.346-7, POR ELIMINACIÓN DE ESTA DEL BENEFICIO QUE SE LE ENTREGABA POR CONCEPTO DE CARGA FAMILIAR, INCORPORANDO ANTECEDENTES RELACIONADOS CON RESTITUCIÓN DEL MISMO.
Del señor VAN RYSSELBERGHE:
Al Director del Servicio de Impuestos Internos y al Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, para que informen sobre FISCALIZACIONES MENSUALES REALIZADAS POR ENTIDADES A SU CARGO EN REGIONES DEL BIOBÍO Y DE LA ARAUCANÍA, REFERENTES A TRÁFICO ILEGAL DE MADERA EN PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO DE 2018 Y MAYO DE 2022.
Del señor HUENCHUMILLA:
A la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, solicitándole INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PORCENTAJES DE MOROSIDAD DE PERSONAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, DE MANERA CONSOLIDADA, A NIVEL NACIONAL Y DESAGREGADA POR REGIÓN.
Del señor SANDOVAL:
Al Director Regional (S) de la Corporación de Fomento de la Producción de Aysén, solicitándole información referida a PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI) FIORDOS Y CANALES DE AYSÉN DE CORFO, SURGIDO A PARTIR DE LA FIRMA DE PROTOCOLO PRODUCTIVO ENTRE GOBIERNO DE CHILE Y REPRESENTANTES DE EMPRESAS SALMONERAS EN 2019, EN PUERTO CHACABUCO, REGIÓN DE AYSÉN.
)--------------(
CARTA DE PRESIDENTE DE CÁMARA DE COMERCIO DE VILLARRICA A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MINISTRO DE ECONOMÍA
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En Incidentes, en el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional e Independientes, tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidente.
Me permito leer una carta, que también será dirigida al Ministro de Economía y al Presidente de la República, enviada por la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Villarrica:
"Junto con saludar muy cordialmente, Samir Nicolás Balboa, Presidente de la Cámara de Comercio de la comuna de Villarrica, quisiera exponer a usted algunos puntos que consideramos de gran relevancia para nuestra actividad comercial.
"Como primer punto, quisiéramos poder reunirnos con el ministro de Economía Sr Nicolás Grau, para conocer los alcances de la nueva reforma tributaria que se pretende implementar. Ya que, aunque participamos en los diálogos ciudadanos, en estos no se presentó el nuevo proyecto y solo se escuchó a diferentes actores, que, si bien representan al ámbito social, no tienen relación directa con los temas económicos ni productivos. Creemos sería bueno hacer mesas de trabajo con las asociaciones productivas por separado, ya que se conversa el mismo lenguaje y las propuestas van en una misma dirección. Como Cámara de Comercio nos sentimos muy inquietos ante este nuevo escenario y nos gustaría conocer la propuesta para poder entregar nuestra visión, ya que en las anteriores reformas no fuimos escuchados y sufrimos las consecuencias. Creemos que mientras no hayan sido escuchadas todas las voces la Reforma no debiese implementarse, ya que muchas veces querer que las cosas salgan rápido es la fórmula para el fracaso y necesitamos una reforma que dé estabilidad, certidumbre, que apoye la reactivación que tanto necesitamos y que venga a equiparar la cancha en la que los pequeños y los grandes empresarios compiten.
"Por otro lado, queremos hacer mención a una situación que consideramos injusta por decirlo menos. Sabemos que el trato que han tenido los gobiernos anteriores con la gran empresa ha distado mucho del trato que tiene para las MIPYMES, vemos cómo son otorgados inmensos perdonazos tributarios a grandes empresas con la justificación que entregan empleo, pero la realidad dice que somos los pequeños los que más empleo generamos en las comunas y para nosotros la ley no suele ser tan benevolente. Hoy terminada la crisis sanitaria se reactivan los cobros de TGR, lo que sumado a un panorama económico no muy alentador viene a apretar la soga que muchos emprendedores tienen pendiendo sobre sus cuellos. Hoy necesitamos que el gobierno se ponga en nuestros zapatos y nos permita volver a levantarnos antes de ahorcarnos con cobros e intereses que lo único que harán es terminar matando a los pocos que lograron con gran dificultad sobrevivir a tres años de crisis, primero social y luego sanitaria.
"Consideramos que hasta que el escenario económico mejore y se estabilice el gobierno debiese mantener herramientas que fueron en beneficio de la MIPYMES como lo son, los subsidios a la contratación, IFE Laboral, rebaja en los intereses y multas de las deudas de la TGR, como también los números de cuotas para la repactación. Considerar, así como existe un subsidio de arriendo para las personas, ver si se pueden implementar subsidios de arriendo comercial, para aquellos comerciantes que tengan una trayectoria y que hayan visto dificultada su situación tras la pandemia.
"Sabemos que los desafíos sociales requieren de nuestros impuestos, pero si no podemos seguir trabajando, mucho menos podremos seguir contribuyendo a nuestro país.
"El endeudamiento es otro factor que está llevando a muchas MIPYMES a la quiebra, el cobro de los créditos adquiridos por muchos para poder sortear la pandemia, los han obligado a bajar sus cortinas, por lo inabordable del cobro, creemos que contar con una herramienta como un seguro de desgravamen para los créditos sería una forma de apoyar al empresario y también de resguardar a la banca. Otorgar créditos FOGAPE Y FOGAIN con aval del estado a una tasa preferencial y sin tanto requisito, teniendo en cuenta que muchos no tienen, debido a la pandemia, el mejor comportamiento bancario y tributario. Y así como los agricultores empiezan a pagar sus créditos después de cosecha, se tenga en cuenta un sistema similar para las comunas que son turísticas y que ven en el verano su mayor incremento económico, que el pago de crédito tenga estas consideraciones y tener, quizás, cuotas más altas los meses de marzo y abril que es cuando se tiene mayor liquidez y cuotas más bajas en los meses de invierno.
"Otro aspecto que permitiría resguardar de mejor forma la labor comercial, sería el poder contar con una defensoría especializada que permita orientar a los comerciantes referente a las alternativas para superar el sobreendeudamiento y otros temas.
"El comercio informal y ambulante ha generado un inmenso daño en la actividad económica de las comunas, ya que aparte de no contribuir con ningún tipo de impuesto, no pagan arriendo y compiten de forma desleal con quienes nos esmeramos en cumplir con todas nuestras obligaciones, generando en algunos casos, verdaderas mafias como ya hemos sido testigos.
"Situación similar viven los comerciantes de nuestra comuna y de otras, con el comercio chino, quienes cuentan con diferentes subsidios estatales de su país para instalarse en el nuestro, hoy no existe ninguna comuna que no tenga más de un mall chino en sus calles, esto ha cerrado la puerta de muchos negocios más pequeños, que no pueden competir con el volumen ni precios que el comercio chino ostenta. Ellos no crean empleos, más que los que le dan a su propia familia e imaginamos que lo que generan no queda en el país. Como dice el viejo refrán `La caridad comienza por casa'.
"Como comuna turística, es el verano nuestra principal fuente de ingresos, la cual baja de forma abrupta el resto de los meses, es por ello que para poder tener una oferta atractiva los meses restantes, queremos concluir el proyecto que se inició en el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, de tener para la comuna un ingreso al Parque Nacional Villarrica, por el sector de Huincacara. Proyecto que hoy cuenta con un refugio, baños y otras instalaciones, equivalentes a una inversión estimada de ochocientos millones de pesos, que se encuentra prácticamente abandonada, pudiendo convertirse en un polo turístico permanente.
"Nuestro gran obstáculo radica en la ruta para acceder al parque. Ya que el camino no se encuentra en óptimas condiciones, sumado a que pasa por el terreno de un privado, quien estaría dispuesto a vender al estado y de esta forma tener una ruta accesible no solo para autos, sino también para buses que quieran visitar este hermoso parque. Consideramos que el MOP podría tomar este desafío de conectar la carretera con el parque y también considere la mantención de este camino, ya que de otra forma el camino sin reparaciones estaría condenado a una vida útil muy corta, como ya lo hemos visto en otros sectores.
"Queremos como comuna tener diversidad de actividades que promuevan nuestro destino y que también fortalezca nuestra actividad comercial. Por ello como Cámara de Comercio hemos desarrollado una agenda de actividades artísticas, recreativas y productivas que beneficien a nuestra comuna y a la actividad que desarrollan nuestros asociados. Estas actividades requieren no solo permisos, y otros aspectos prácticos, también requieren financiamiento, para esto, necesitamos poder contar con recursos que den vida a nuestra comuna, ya que necesitamos cambiar la cara de nuestra región, la que hoy ha sido muy estigmatizada por los hechos de violencia que han ocurrido.
"Crear convenios con instituciones públicas para que Villarrica sea incluida entre destinos de, por ejemplo, adultos mayores, giras de estudios, seminarios, encuentros, competencias deportivas, en fin, cualquier instancia que pueda ser de interés turístico, como comuna contamos con la infraestructura para poder acoger a un gran número de visitantes.
"Crecer como ciudad de servicios, si bien somos principalmente turística, queremos iniciar un trabajo para que Villarrica cuente con todos los servicios públicos y privados necesarios para realizar la mayor cantidad de tramites sin tener que ir a Temuco.
"Sin más que agradecer y esperando que nuestra propuesta sea bien recibida, se despide cordialmente Samir Nicolás Balboa, Presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Villarrica".
Muchas gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senadora Aravena.
DESILUSIÓN POR AUSENCIA DE TEMAS IMPORTANTES EN CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL. OFICIO
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Con mucha desilusión escuché hoy la primera Cuenta Pública de Su Excelencia el Presidente Gabriel Boric.
Teniendo la oportunidad de unir en torno a un mensaje común, causas comunes, no fue más que peleas chicas.
El partir con causas que son propias de un grupo, de una revuelta social y no poner temas que son trascendentes para la familia, como la seguridad, o llegar a fin de mes, lo que constituye un problema real, económico, nos indica que hay una desconexión.
Esa desilusión está en, probablemente, muchos de los anuncios que se hicieron, donde no se ve cómo los van a cumplir. Es más, cuando se señala aumentar al 1 por ciento del PIB determinada cosa, bueno, uno se pregunta qué va a disminuir. Porque si uno aumenta porcentualmente, tiene que disminuir algo. No se dijo contra qué se va a disminuir, y esto es sobre el cien por ciento.
También se habla de recaudar, pero, si no se incentiva la inversión, no habrá posibilidad de hacerlo. Y la inversión se incentiva con seguridad.
No hay otra desigualdad más grande que la relativa al acceso al bien público seguridad. Los barrios están tomados por el narcotráfico; la gente que habita allí no puede vivir, no puede salir a las calles. Y ahí el mensaje tiene que ser claro.
No se entiende, entonces, cómo el mayor anuncio en temas de seguridad sea el quitarles las armas a los tenedores responsables para proteger sus hogares, si las armas que se están ocupando afuera son armamento de guerra, prohibido por la ley actual: ¡el mismo armamento que se usa para enfrentar a las Fuerzas Armadas!
¡Qué desilusión también, señor Presidente, no escuchar ninguna palabra de apoyo a esas Fuerzas Armadas, que se comprometieron durante toda la pandemia en todos los checkpoints y que controlaron que nuestros movimientos se cumplieran! ¡Ninguna palabra para esos hombres y mujeres, miles, que tuvieron que sacrificarse, estar lejos de sus familias, para que pudiéramos cuidar la salud!
Ese es el sinsentido que encuentro cuando se hacen mensajes que están más centrados en un programa político, en una campaña política que en un programa de Estado, que tiene cosas claras y sobre las cuales tampoco se pronunció el Presidente de la República. Y me refiero a un asunto trascendental como la modernización del Estado mediante su transformación digital.
El día de ayer, por un acuerdo político, se logró por amplia mayoría prorrogar la entrada en vigencia de la transformación digital del Estado. Pero es esencial que se entienda que esa es una prioridad de Estado, que debe estar en la Cuenta Pública y que también han de estar los recursos en la Ley de Presupuestos; si no, ninguna de las cosas que se han anunciado se podrá cumplir, porque no vamos a tener cómo controlarlo.
Y si se habla de disminuir la brecha digital a cero, que es una gran gran noticia -no veo cómo se hará en tan poco tiempo-, se tiene que hablar también de ciberseguridad. No puede exponerse a la ciudadanía completa a los riesgos digitales si no se habla de ciberseguridad.
Por eso, señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro Secretario General de la Presidencia para que informe sobre aquellas cuestiones que no fueron señaladas en la Cuenta Pública del Presidente: cuál es el plan de interoperabilidad del Gobierno para asegurar certeza jurídica de los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas y los dispositivos; cuál será el esfuerzo que realizará este año el Gobierno para sacar adelante la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la información. No se mencionó nunca la expresión "infraestructura crítica". Se habló de infraestructura educacional, vial, social, todo el resto de las infraestructuras, pero no la crítica.
Asimismo, quiero solicitarle al referido Ministro que señale cuál es el presupuesto que se tiene considerado para hacer realidad todos los aumentos que se anunciaron y cuál va a ser el porcentaje de recursos que se va a disminuir para que se logre alcanzar el 1 por ciento en los ámbitos que el Presidente indicó.
Creo que una Cuenta Pública no solo debe reflejar el compromiso de buenas ideas; también tiene que venir con datos concretos que permitan su verificación, su validación. Es el mensaje más importante que se da, y por eso tiene que estar contrastado con hechos, con datos y con realidades.
Finalmente, señor Presidente, quedé sorprendido de que una palabra que escuchamos a diario, "terrorismo", no se haya ocupado en el discurso. No sé por qué la dejaron fuera; no sé si es temor a enfrentar una realidad, pero existen grupos armados, con armamento de guerra, con munición de guerra, que usan tácticas militares, que se coordinan militarmente, que usan inteligencia, que son capaces de operar en nuestro territorio e impedir a las autoridades nacionales su ingreso a él.
Yo no sé cómo le quieren llamar a esto. Eso no es violencia rural, no se trata de demandas: son grupos organizados, crimen organizado que está usando el terror para enfrentar a nuestra población. El Gobierno debe hacer frente a aquello, y ha de proteger a sus Fuerzas Armadas, reconocerles el esfuerzo que han hecho en la pandemia, y también, cuando las tienen en estado de excepción de forma obligada -porque deben cumplir, tienen que salir de sus cuarteles-, están con una misión que se les encomienda que debe ser respaldada políticamente para que ellas puedan cumplir su tarea. Si no, nadie va a querer salir a cumplir una tarea si quien lo envió a realizarla no quiere hacerse responsable de ella.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN COMUNA DE PUQUELDÓN. OFICIO
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
En los minutos correspondientes a mi bancada, me gustaría pedir el envío de varios oficios.
Quiero iniciar mi intervención solicitando que se oficie al señor Ministro de Transportes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en relación con la situación que afecta a la comuna de Puqueldón, donde su Alcalde, José Rodrigo Ojeda, ha sido enfático en manifestar su preocupación por lo que ocurre en isla Lemuy en relación con el transbordo de vehículos en ese lugar, el cual resulta muy necesario que sea mejorado de manera urgente y rápida.
Hay un incumplimiento grave en la operación de los servicios, lo que obviamente provoca largas colas en el camino que conduce a la comuna de Queilen, en esa provincia de Chiloé.
Por lo tanto, es necesario, según el alcalde, reponer de forma temporal una tercera nave mientras llega la que ha sido licitada, con el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de la población.
La referida autoridad también solicita por parte del Ministerio multas a la empresa, que no ha dado cumplimiento al contrato, y que realice un plan de contingencia que vaya en la línea de mejorar los graves problemas que se presentan a diario en esta zona; que se reponga, asimismo, el sistema de vigilancia en el sector de las rampas, cuestión que ellos también han dejado de lado, aduciendo que ha habido una demora en el pago de los subsidios.
Yo hago un llamado al señor Ministro para que, así como el Presidente Boric lo planteó en su discurso del día de hoy, en el sentido de que las regiones son importantes, nuestras comunas, que son fundamentales, tengan mejoras en su conectividad.
El Presidente Boric habló hoy día de la conectividad digital, que considero valiosísima para que ningún estudiante en Chile, ningún ciudadano esté desprovisto de ese vital elemento. Pero aún tenemos problemas de conectividad marítima, aún tenemos problemas de conectividad terrestre, y este caso de Puqueldón así lo demuestra.
Se requiere una continuidad eficiente del sistema, cuestión que lamentablemente hoy no está planteando de esta manera el Ministerio de Transportes. Esperamos que el señor Ministro pueda dar cabida a esta petición del Alcalde de la comuna de Puqueldón.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
POLÍTICA DE APOYO A PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA. OFICIOS
El señor ESPINOZA.-
Enseguida, señor Presidente, solicito que se envíe un oficio al Ministro de Agricultura y, por cierto, al Presidente Boric.
La crisis que se está viviendo hoy día, que todos conocemos, con inflación, con alza en los precios de los combustibles y de los alimentos, es tremendamente esencial enfocarla también desde el punto de vista de la pequeña agricultura.
Hoy hubo muy pocas señales con respecto a la pequeña y mediana agricultura en el discurso de la Cuenta Pública, y tampoco hubo anuncios ni esperanzas en el sentido de que se vaya a mejorar esta situación.
Es preciso y fundamental, señor Presidente, que nuestros pequeños y medianos agricultores reciban un subsidio directo por parte del Ministerio Agricultura para los fertilizantes; si no, la situación que va a ocurrir el próximo año va a ser dramática con el precio de los alimentos, en particular de la papa, producto primordial y necesario en los hogares de nuestro país.
Conversando con el Ministro de Agricultura con posterioridad a la exposición del Presidente, me señaló que ellos están trabajando en esta temática, y me alegra. Pero él me planteaba que la solución va por el lado de los créditos.
Yo creo que aquello es absolutamente contraproducente. ¡No podemos endosarles a nuestros pequeños y medianos agricultores aún más deuda de la que hoy día tienen!
Por lo tanto, les solicito formalmente al señor Ministro de Agricultura y al señor Presidente de la República una política urgente de apoyo a la pequeña agricultura, porque esto no solamente va a afectar a la agricultura familiar campesina, sino también a los hogares urbanos de nuestro país, cuando el próximo año el precio de los alimentos que vienen del campo suba ostensiblemente producto de esta importante necesidad.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
GRAVE CRISIS SANITARIA EN ANCUD Y CHILOÉ POR ACUMULACIÓN DE BASURA. OFICIO
El señor ESPINOZA.-
En tercer lugar, en esta intervención quiero apoyar al Alcalde de Ancud, Carlos Gómez, quien ha presentado a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud por la grave crisis sanitaria que vive su comuna debido a la basura acumulada. Hay 600 toneladas de desechos que deben ser trasladadas ¡desde Ancud hasta la Octava Región! Se gastan miles de millones de pesos porque no está solucionado el problema de la basura en Chiloé.
Yo llevo diez semanas como parlamentario por esa zona, y mi compromiso ha sido ayudar a los alcaldes y contribuirles en lo que sea posible. No es normal que esto ocurra en nuestro país: que los camiones tengan que trasladarse todos los días, o varias veces a la semana, hasta la Región del Biobío para botar los residuos domiciliarios.
Hoy día hay una crisis: el paro de camioneros hizo que este proceso se agravara de una manera notoria.
Por lo tanto, quiero apoyar públicamente las acciones tomadas por el alcalde, con el fin de hacer entender al Gobierno que aquí hay un claro riesgo a la salud de la población, producto de las toneladas de basura que no pueden ser trasladadas. Además, se requieren más recursos del Estado para apoyar en esta materia.
En el intertanto, se debe solucionar el problema de la basura, que no es solo de Ancud, sino de todo Chiloé.
Solicito que se envíe un oficio sobre este tema al señor Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Crispi, para que tome conocimiento de la situación.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
EXPRESIÓN DE CONDOLENCIAS A FAMILIA DE RAÚL MANCILLA Y DE APOYO MORAL A FAMILIAS DE JAVIER ZÚÑIGA Y HARRY GONZÁLEZ A RAÍZ DE ACCIDENTE OCURRIDO EN COMUNA DE FRESIA
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, en otra materia, desde esta Sala deseo enviar mis condolencias a una familia que perdió a uno de sus hijos, Raúl Mancilla, un joven de menos de cuarenta años que sufrió un accidente fatal esta semana en la ruta entre Puerto Varas y Totoral. Fue un accidente gravísimo que le costó la vida a Raúl Mancilla, cuya madre, la señora Marisol Vidal, sufre hoy día esta irreparable pérdida.
Asimismo, quiero brindar mi apoyo a las familias de Javier Zúñiga Gallardo y de Harry González Vargas. Uno de ellos se encuentra grave en el hospital de Puerto Montt, y el otro, ¡gracias a Dios!, volvió a su hogar hoy.
A sus madres, la señora Patricia Gallardo y la señora Teresa Vargas, quiero enviarles desde esta Sala todo mi apoyo moral y también toda la ayuda que podamos entregar desde este Hemiciclo, a fin de contribuir en el difícil y afectivo momento que están viviendo producto de este accidente, que fue tremendo, que pudo haber provocado sin lugar a duda una tragedia aun mayor y que ha enlutado a la comuna de Fresia, de donde son oriundos estos tres jóvenes que sufrieron el accidente.
PACIENTES EN LISTAS DE ESPERA EN HOSPITALES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIO
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, también deseo solicitar un oficio para el Ministro de Salud.
Hoy día ha sido recurrente, tanto en la Sala como en la Cuenta Pública del Presidente Boric, el tema de las listas de espera. Nosotros queremos que el Ministerio de Salud nos haga llegar información, sin pormenorizar a las personas, sobre la cantidad de pacientes que están en listas de espera en todos los hospitales de la Región de Los Lagos.
Solicitamos que nos muestre cuál ha sido el incremento que se ha observado desde el 2015 en adelante, con el objeto de que podamos hacer carne lo que ha planteado hoy el Presidente Boric, considerando que en la actualidad tenemos un promedio de espera de 602 días para que nuestros vecinos y vecinas puedan operarse, tratándose muchas veces de intervenciones sencillas.
Vemos que muchos hospitales están dotados de infraestructura espectacular para hacerlo, pero faltan horas de especialistas y horas médicas, porque muchos doctores -lo digo con desazón- prefieren operar en el sector privado y no en el sistema público.
Entonces, tenemos que maximizar los beneficios, para que desde lo público podamos atender las necesidades de miles de familias que esperan una operación que les mejore su calidad de vida diaria.
Por eso, Presidente, solicito que el Ministerio nos haga llegar la información actualizada de las listas de espera en la Región de Los Lagos y señale cuáles son los mecanismos que ha planteado el Gobierno para disminuirlas, con el propósito de otorgarle un alivio a cada una de las familias de nuestra región.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ADQUISICIÓN DE TERRENOS CON FACTIBILIDAD PARA SU ENTREGA A COMITÉS DE VIVIENDA. OFICIO
El señor ESPINOZA.-
Por último, en los cincuenta segundos que me quedan, quiero solicitar un oficio al Ministro de Vivienda, a quien conozco, pues tuve el honor de compartir largos años con él como parlamentario.
El Presidente Boric dijo hoy en su discurso que el tema de la vivienda pasa por contar con terrenos fiscales para entregar a los comités de vivienda. Suena muy bonito en el discurso, eso es verdad; pero quiero ser muy claro: yo trabajo en vivienda desde hace muchos años y sé que terrenos fiscales con factibilidades de agua potable y otros servicios quedan muy pero muy pocos en el país.
Lo que se requiere es que el Presidente Boric y el Ministro Montes instauren una política de apoyo a los municipios con el fin de comprar terrenos con factibilidad. Si no, vamos a tener a los comités esperando largos años el sueño de la casa propia.
El valor de los terrenos se ha ido a las nubes, y eso hoy día dificulta la política habitacional... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Muchas gracias, Presidente. Con esto termino.
Como decía, ello dificulta la política habitacional de manera brutal. El alza de los precios ha llevado a que el subsidio se haga inviable en muchas comunas de Chile.
Por lo tanto, la clave es cómo somos capaces, a través del Estado, la Subdere u otros mecanismos, de financiar terrenos que permitan seguir haciendo posible el sueño de la casa propia.
Yo represento a muchas comunas. Esta semana me reuniré con comités de Los Muermos: más de quinientas familias en un megaproyecto. Tenemos casos en Osorno, en Puerto Varas, en Calbuco, en Chiloé, en Palena, en fin, en todas las comunas de la región donde existe esta misma dificultad.
No es efectivo eso de que hay muchos terrenos fiscales para poder solucionar los problemas de la vivienda en Chile. Eso no es así. Lamentablemente, le entregaron una información errónea al Presidente. Ya nos han dicho a quienes conocemos la materia que eso no es así. Hay pocos terrenos y requieren ser adquiridos por el Estado para que los comités puedan postular.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DESPIDO DE DOS FUNCIONARIAS CON FUERO MATERNAL EN REGIÓN DE TARAPACÁ. OFICIO
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Por medio de la Corporación, quiero solicitar tres oficios. El primero, a la Ministra de Desarrollo Social.
Presidente, este Gobierno, desde el contenido de su programa hasta el día de hoy, en la Cuenta Pública, se ha declarado un Gobierno feminista y ha señalado que no permitirá nunca más un atropello contra los derechos de las mujeres. A mí me parece tremendamente importante que lo que uno dice en su discurso se refleje en los hechos.
Por lo tanto, quiero que, a través de este oficio, se consulte a la Ministra por qué se ha sacado de sus cargos en la Región de Tarapacá a la Directora de Fosis, Claudia Yáñez, y a la Directora de Senama, Lucrecia Mena, ambas con fuero maternal.
Si el Gobierno no respeta el fuero maternal de esas funcionarias, mal pueden llamarse siquiera "feminista", y tampoco puede decirse que respeta la legalidad vigente.
Por lo tanto, quiero que me explique la Ministra, por medio de oficio, cuáles fueron las razones.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, de conformidad con el Reglamento.
CUMPLIMIENTO DE LEY MIGRATORIA Y EXPULSIÓN DE MIGRANTES CLANDESTINOS. OFICIO
La señora EBENSPERGER.-
En segundo lugar, quiero que se oficie a la Ministra del Interior para que informe cuántas expulsiones de migrantes clandestinos se han realizado desde el 11 de marzo a la fecha y cuántas expulsiones judiciales se han concretado en el mismo período.
Quiero saber si van a cumplir o no con la actual Ley Migratoria. Sabemos, Presidente, que el Gobierno no la comparte, pero es una ley vigente. Mientras no presenten un proyecto y consigan los votos para modificarla, es una ley de la república y debe cumplirse.
Dicha normativa -usted bien lo sabe, Presidente- obliga al Poder Ejecutivo a iniciar procesos de expulsión frente a migraciones clandestinas, salvo las excepciones contempladas en la propia ley. Y hasta el día de hoy no se ha iniciado, al parecer, ningún proceso.
El Gobierno había anunciado un avión con expulsados para el mes de mayo. Hoy día es 1° de junio y eso no se cumplió.
Por lo tanto, quiero que se nos informe al respecto.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, de conformidad con el Reglamento.
NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE VIVIENDAS POR CONSTRUIR DURANTE AÑO 2022. OFICIO
La señora EBENSPERGER.-
Finalmente, solicito que se curse un oficio al Ministro de Vivienda para que precise el anuncio que hoy hizo el Presidente de la República en orden a que se construirían cerca de 265 mil viviendas -si mal no recuerdo- durante su período de gobierno y otras tantas durante el año en curso.
Quiero que se nos informe el número de viviendas que se van a construir este año y la distribución por región, y también si obedecen a soluciones de tomas o a soluciones por requerimiento de comités, los cuales llevan años esperando.
Gracias, Presidente.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, de conformidad con el Reglamento.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:49.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante