REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 122ª, en martes 25 de enero de 2022
Especial
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 12:17 a 14:01)
PRESIDENCIA DE SEÑORA XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA,
Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Concurrieron, además, telemáticamente los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz; de Educación, señor Raúl Figueroa Salas, y del Trabajo y Previsión Social, señor Patricio Melero Abaroa.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:17, en presencia de 15 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Mensaje de S. E. el Presidente de la República:
Con el que hace presente la urgencia, calificándola de
"discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor (Boletines Nos 12.451-13, 12.452-13 y 13.822-07, refundidos).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-artículo 318 del Código Penal (Rol N° 12721-22 INA).
-artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 294 bis, del Código del Trabajo (Rol N° 12635-21 INA; Rol N° 12595-21 INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final; e inciso segundo, parte primera, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 12786-22 INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12759-22 INA; Rol N° 12779-22 INA; Rol N° 12783-22 INA; Rol N° 12770-22 INA; Rol N° 12758-22 INA; Rol N° 12646-21 INA; Rol N° 12757-22 INA; Rol N° 12793-22 INA; Rol N° 12715-22 INA; Rol N° 12781-22 INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
-artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal (Rol N° 11256-21; Rol N° 10953-21).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, primera parte, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 11813-21-INA; Rol N° 12109-21-INA; Rol N° 12342-21-INA; Rol N° 11761-21).
--Se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Atiende planteamiento del Honorable Senador señor Navarro, respecto de las acciones adoptadas por dicha Secretaría de Estado, en el marco de la crisis migratoria en el norte de Chile.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Remite respuesta, con carácter reservado, a solicitud de la Honorable Senadora señora Allende.
De la señora Presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones:
Comunica proclamación de los Parlamentarios Electos para el próximo período constitucional que se inicia el 11 de marzo de 2022, y remite copia de las sentencias de calificación y proclamación de la Elección de Senadores y Diputados.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Comunicación
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, por medio de la cual solicita certificar que se encuentran cumplidos los requisitos para que opere el mecanismo subsidiario prescrito en el párrafo segundo del número 5), del artículo 53 de la Carta Fundamental, en relación con el Oficio de S.E. el Presidente de la República, para designar como miembros del Consejo Nacional de Educación a las señoras Sylvia Eyzaguirre Tafra y Marcela Patricia Lara Catalán (Boletín N° S 2.233-05).
--Se toma conocimiento y certifíquese lo que corresponda.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza y luego el Senador Álvaro Elizalde.
El señor INSULZA.-
Presidenta, en la Comisión de Seguridad Pública estamos tratando un tema de mucha urgencia, que tiene "discusión inmediata", en el que estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, quería pedir autorización para que la Comisión sesionara simultáneamente con la Sala a partir de las doce y media del día.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿Le parece a la Sala?
El señor QUINTEROS.-
Sí.
--Así se acuerda.
El señor INSULZA.-
Gracias, Presidenta.
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DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SIN PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Elizalde, tiene la palabra.
El señor ELIZALDE.-
Presidenta, en la Cuenta se ha informado que se habría cumplido el plazo para que el Senado se pronunciara respecto de los integrantes del Consejo Nacional de Educación. Y, por tanto, se entiende ratificada la propuesta del Presidente.
Eso me parece una situación muy grave, porque la Sala no se pronunció. Se sienta un precedente bien complejo, ya que se señala que la Comisión no emitió informe; entonces, la Sala no se pronuncia. Por lo tanto, lo que va a ocurrir el día de mañana es que cada vez que esto tenga que pasar por una Comisión, una mayoría de ella podría trabar la entrega del informe y la Sala no se pronunciaría, entendiéndose ratificada la propuesta del Presidente sin que se pronuncie la Sala.
Entonces, yo quisiera preguntar qué es lo que aconteció, por qué la Sala no se pronunció al respecto. Yo en esto no responsabilizo a la Mesa del Senado ni nada por el estilo. Pero quisiera preguntar qué es lo que pasó, porque se había citado a una sesión para que nos pronunciáramos y después esta fue suspendida.
Me parece muy grave, por decir lo menos, que no se haya cumplido con el plazo para que la Sala se pronunciara; más aún cuando esto fue publicado en un medio de comunicación el día de ayer, culpando al Senado.
Entonces, quisiera preguntar qué es lo que pasó. Me parece, insisto, muy grave que la Sala no haya tenido la oportunidad de pronunciarse, favorable o desfavorablemente; ese es otro tema. Porque, si no, se sienta el precedente para que lisa y llanamente, producto de que las Comisiones no emiten los informes respectivos, la Sala nunca se pronuncie, y se entiendan ratificadas por la fuerza de los hechos las propuestas de los Presidentes de la República.
Eso.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Sí, Senador, efectivamente la situación es muy grave y delicada para el Senado. Se hizo un comunicado público, que se entregó, y hubo un acuerdo de Comités; y nuestros Comités conocieron la situación previamente.
Se trató de tener un informe por parte de la Comisión. Pero hubo una negativa del Presidente de la Comisión de hacerla funcionar. Pedimos un acuerdo unánime de los Comités para poder suspender el Reglamento en la parte que obliga a que exista un informe de la Comisión respectiva; en este caso, la Comisión de Educación. Eso no fue posible, por lo cual nos vimos obligados a hacer ese comunicado, manifestando las consecuencias que tenía esta situación, en que no sacábamos nada con citar de urgencia a sesión el día viernes, cuando vencía el plazo; y advertimos que se iba a producir lo que se produjo.
Este es un problema largo, difícil, complejo, como siempre. Yo pensé que los miembros de los Comités les habían informado a los colegas al respecto o que habían leído el comunicado. Pero, como era evidente que se iba a hacer público, le vamos a pedir al señor Secretario que el comunicado que se entregó, donde se explica la situación claramente, se les envíe nuevamente a todos los Senadores, no solo a los Comités.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Elizalde, tiene la palabra.
El señor ELIZALDE.-
Yo entiendo el punto y la explicación.
El problema es el siguiente: se sienta un precedente para que el día de mañana una mayoría en una Comisión, que no necesariamente es mayoría en la Sala, y más aún cuando se trata de nombramientos que son de quorum supramayoritario, pueda negar la entrega de un informe y, por tanto, por la fuerza de los hechos se entienda ratificada la propuesta del Presidente de la República sin que se pronuncie la Sala.
Por lo tanto, creo que el precedente que se ha sentado en este caso es muy grave. No tiene que ver con los nombres específicos ni con el Gobierno actual ni nada por el estilo; mi punto es mucho más sustantivo. Creo que, si la Constitución o la ley establecen que un determinado nombramiento tiene que ser ratificado por el Senado, lo que corresponde es que la Sala se pronuncie sí o sí. Y, por tanto, si una Comisión no emite un informe, de todas maneras el asunto debería ser sometido a consideración de la Sala.
Insisto: esto no tiene que ver con estos nombres, ni con lo que aquí ha acontecido, ni con el Gobierno del Presidente Piñera, ni nada por el estilo, porque el día de mañana podría ocurrir lo mismo con un gobierno de otro tipo, con una mayoría de otra naturaleza. Lo que me parece grave es que la Sala no haya tenido la oportunidad de pronunciarse.
Lo que establece la ley -y esto es una interpretación finalista- es que quien se pronuncia es el Senado; la dinámica interna de este a nadie le importa. Y el Senado se pronuncia a través de las votaciones que se realizan en la Sala, no en las comisiones.
Entonces, creo que sobre esto debiera adoptarse algún tipo de acuerdo por parte de los Comités, para que esta situación no vuelva a producirse en el futuro.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Elizalde, compartiendo el tema de fondo, la explicación de lo que ha ocurrido la ha dado ya el Vicepresidente. De hecho, había una sesión especial citada al efecto y tuvimos que suspenderla por no contar con el informe de la Comisión.
Lamentablemente, pese a entender y compartir lo que señala, respecto de que la Sala debería pronunciarse sí o sí, tenemos norma expresa en nuestro Reglamento, en el artículo 205, que dispone: "Los asuntos que importen el ejercicio de alguna de las demás atribuciones constitucionales exclusivas del Senado, no podrán resolverse sin informe de la Comisión que corresponda.".
Y el artículo 17 del Reglamento señala que para obviar este trámite se requiere la unanimidad de los Comités.
Quiero aprovechar de advertir que vamos a tener una situación similar respecto del nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y de la Academia Judicial, porque también se necesita el informe. Supongo que el Presidente de la Comisión de Constitución nos va a indicar cuándo podremos despachar estos nombramientos.
Esa es la situación.
En definitiva, entendiendo el punto de fondo, tenemos un punto reglamentario, y por eso se hizo una reunión extraordinaria de Comités en la que se analizó esta situación.
Senadores García, Goic, Quintana y Araya.
El señor GARCÍA.-
No intervendré.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Muy bien.
Senadora Goic.
La señora GOIC.-
No, era para otra cosa.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay.
Senador Quintana y Senador Araya.
El señor QUINTANA.-
Gracias, señora Presidenta.
Se han dicho algunas cosas que no son exactas respecto del resquicio utilizado por el Ejecutivo, en orden a que en este caso procede el artículo 53, número 5), de la Constitución por falta de pronunciamiento del Senado.
Aquí se han señalado algunas cosas que no corresponden, porque no se ajustan a la verdad, como que la Comisión de Educación no quiso sesionar o no fue convocada para este efecto.
Nosotros tuvimos dos sesiones, ¡dos sesiones!, donde analizamos esta materia en profundidad, con el Ejecutivo; en ambas ocasiones, escuchamos al señor Ministro de Educación.
Además, se debe recordar que la propuesta original fue rechazada hace algunos meses, porque, en esta misma Sala, distintos Senadores plantearon que una de las postulantes al parecer no cumplía con uno de los requisitos, el que se refiere a una especialización en temas de educación escolar. Yo estoy convencido de que eso no se cumple por una de las postulantes.
Entonces, no cabe afirmar aquí que existe responsabilidad de la Comisión. Lo que sucedió es una cosa bastante extraña, Presidenta, y lo quiero decir de manera muy fraternal. Este Senado, la Mesa, había citado a sesión para resolver el tema el día 12 de enero, es decir, doce días antes de que se venciera el plazo constitucional -por así decirlo-, y ya estábamos citados para verlo en Sala. Entiendo que fue un acuerdo de Comités, están en su derecho, pero es bastante sorprendente el apuro que tenía la Mesa para evacuar el oficio.
En consecuencia, quiero ir al fondo de esto.
Si me permiten, en nueve segundos no alcanzo a decir lo sustantivo, porque aquí se está atribuyendo responsabilidad al Senado.
¿Me da dos minutos, Presidenta? Porque es imposible... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
El señor MOREIRA.-
¡Que el Senador sea más breve!
El señor QUINTANA.-
A este Senado no le corresponde nominar a los diez miembros del Consejo Nacional de Educación. Y no estamos hablando de cualquier órgano, estamos hablando del Consejo Nacional de Educación, que tiene que preocuparse del currículo escolar en tiempos de pandemia. Respecto de eso, no hubo ningún pronunciamiento ni ningún señalamiento del Ejecutivo, del Ministro o de las postulantes.
O sea, ¡como si aquí no hubiera ninguna preocupación! Nosotros escuchamos al Ministro, a las postulantes, a la Presidenta del Consejo Nacional de Educación, quien, dicho sea de paso, fue nombrada por el Presidente Sebastián Piñera hasta el año 2027. Este no es de aquellos Consejos en los que al Presidente entrante, Gabriel Boric, le corresponda nombrar a su Presidente. ¡No, señor! La Presidenta está nombrada hasta el año 2027, es decir, estará en el Consejo durante todo el próximo gobierno. El Gobierno del Presidente Boric recién a fines de 2024 va a poder proponer creo que a dos o tres miembros de este Consejo.
Aquí lo que estamos presenciando, con apoyo de distintos sectores, es que el Gobierno, en la última semana de su mandato, ha querido dejarle nombrados a dos miembros del Consejo, de los únicos cuatro que pasan por el Senado, porque no pasan los diez -reitero-, al próximo gobierno. ¡Atarle las manos!
Y aquí se ha usado un resquicio en un tema sumamente delicado.
¡Es el Gobierno que hace tres años atrás planteaba eliminar las clases de historia! Bueno, todos esos temas se ven en el Consejo Nacional de Educación, Presidenta.
Entonces, me parece tremendamente grave lo que ha ocurrido: utilizar un resquicio legal, cuando el Gobierno se está yendo, para nombrar a estas personas en un Consejo donde no hay ningún historiador, no hay pueblos originarios, no hay curriculistas; aunque entiendo que hay una curriculista, una sola de diez, ¡una sola curriculista!, que es el tema central del Consejo Nacional de Educación.
Esto es del ADN de la Derecha, no de toda la Derecha, de la Derecha más extrema: cuidar el modelo ideológico, sin entender nada de lo que ha pasado en el país.
Lamentablemente, algunos colegas se han prestado para eso.
Presidenta, quiero rechazar categóricamente los juicios que se han hecho que intentan responsabilizar a la Comisión de Educación. ¡Si hay un órgano que no tiene responsabilidad es la Comisión de Educación!
La principal responsabilidad la tiene el Gobierno, por haber sido obtuso en imponer estos nombres al próximo Gobierno y por usar un resquicio legal que pocas veces se ha utilizado.
Gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Quintana.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Araya.
El señor ARAYA.-
Presidenta, respecto a la propuesta del Presidente de la República, en orden a que este Senado ratifique a dos miembros del Tribunal Constitucional, tenemos un problema de carácter práctico, y en esto la Comisión de Constitución necesitaría una autorización especial de la Sala.
El Ejecutivo ingresó recién -creo que hace tres o cuatro días- el oficio, por lo que aún se encuentra corriendo el plazo de diez días para que se puedan formular observaciones a los postulantes. Como consecuencia de lo anterior, el plazo teórico para que la Comisión pueda pronunciarse, y posteriormente la Sala, vencería, creo, el 31 de enero.
Entonces, queremos solicitar, como Comisión de Constitución, que obviemos estos plazos y podamos pronunciarnos respecto a los dos candidatos, porque sabemos que existe un consenso amplio respecto a ambas personas que integrarán el TC, en calidad de abogados suplentes.
Por tanto, si hay acuerdo, la Comisión de Constitución podría mañana celebrar una sesión, de tres a tres y media, a fin de escuchar a los postulantes y remitir el informe respectivo a la Sala.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Si le parece a la Sala lo que solicita el Presidente de la Comisión, podemos acordar obviar el trámite, que sesionen entre tres y tres y media, y lo veamos en la tabla de la tarde.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Además, Presidente, hay otro oficio -no sé si usted me lo puede aclarar- que la Secretaría dice que está pendiente, que es el de los consejeros de la Academia Judicial.
¿Podría revisarlo y, si es así, gestionar que siga la misma suerte que el anterior?
El señor ARAYA.-
Presidenta, entiendo que los candidatos a la Academia Judicial están en la misma situación que los miembros del TC. Entonces, pediría que nos puedan autorizar para, en el fondo, no cumplir el plazo...
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Al mismo trámite.
El señor ARAYA.-
Al mismo trámite. Se trata de que, eventualmente, nos autoricen para sesionar mañana en la tarde, simultáneamente con la Sala, para así poder despachar el informe.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Se propone, entonces, que la Comisión sesione en paralelo a la Sala, despachen el informe y lo votamos.
¿Les parece?
--Así se acuerda.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, colegas.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Kast, tiene la palabra.
El señor KAST.-
Presidenta, básicamente quiero decir que, más allá de la argumentación del Senador Quintana, que es legítima, aquí hay mecanismos que se deben cumplir. Y así como él, como Senador, tiene derecho a tener su opinión, creo que el Gobierno también tiene derecho a tener la suya.
No creo que corresponda descalificar las posturas que pueda tener uno u otro sobre las personas que se han propuesto.
Nada más, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Kast.
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Gracias, Presidenta.
Quiero hacerme cargo de lo que ha planteado el Senador Quintana, porque me parece muy injusto.
Él trata de atribuirle responsabilidad al Gobierno por cumplir su rol hasta el último día, al igual que lo han hecho todos los gobiernos en Chile, particularmente los que el Senador Quintana aprobaba.
Y, obviamente, se debe hacer con los acuerdos que la Constitución exige. Lo ha demostrado en forma clara el Presidente de la Comisión de Constitución, que, ante eventuales problemas de los plazos, dice: hay que funcionar con la Comisión, y se piden excepciones especiales.
¿Qué ha pasado en el tema de educación?
Esto no es sorpresivo, esto no es casual, esto no se trata de que estaba pajaroneando el Parlamento. ¡No! Aquí, los Comités y usted, Presidenta, y el Vicepresidente, en forma especial, advirtieron que aquí se podía producir un conflicto, porque el artículo 205 del Reglamento dice textualmente: "Los asuntos que importen el ejercicio de alguna de las demás atribuciones constitucionales exclusivas del Senado, no" -¡no!- "podrán resolverse sin informe de la Comisión que corresponda.". Y hace muchos días, Senador Quintana, se le había mandado el oficio a la Comisión de Educación para que evacuara el informe. El informe podía ser positivo, podía ser negativo, podía ser con aprensiones, sin aprensiones, con pasión, sin pasión, pero tenía que haber un informe. ¿Para qué? Para que la Sala pudiera pronunciarse.
Esto fue, y digamos la verdad, ¡advertido! al Senador Quintana: que si no ocurría lo que se estaba solicitando, el término del plazo iba a generar los efectos señalados.
Yo no sé qué habrá pasado en la Comisión de Educación. No me quiero involucrar en cuáles eran los conflictos internos que pueda haber habido. Pero lo que ha hecho la Sala y lo que hicimos los Comités fue cumplir con lo que las normas constitucional y reglamentaria plantean: que si no hay informe de la Comisión, y esto lo vimos todos los Comités, no puede la Sala ver el proyecto de una manera distinta.
Y ese es el problema.
El Senador Elizalde puede tener razón, si se quiere cambiar la norma, se cambia la norma. Eso puede ser. Pero nosotros, ustedes y yo, todos, tenemos que cumplir la norma. Y la norma plantea que dentro del plazo -creo que tuvo treinta días- la Comisión de Educación solo debía evacuar el informe. No estaba obligada a aprobar o a rechazar, simplemente tenía que evacuarlo. Era la única forma de gatillar el pronunciamiento de la Sala.
Eso fue lo que pasó.
Entonces, no es que uno le eche la culpa a la Comisión, no. Aquí, la Presidencia de la Comisión pudo haber citado para efecto de resolver el asunto y eso hubiera gatillado el pronunciamiento de la Sala. Pero eso no ocurrió.
Así de simple y así de claro.
Gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Coloma.
Solo para clarificar.
Se fijó en la reunión de Comités del viernes 14 de enero la sesión especial del 18 de enero para este tema y se tuvo que dejar sin efecto porque no había informe, para que lo tengamos claro en el registro.
Senador Alvarado, luego los Senadores García y Montes.
El señor ALVARADO.-
Gracias, Presidenta.
Quiero hacer uso de la palabra para discrepar de lo que manifestó, por su intermedio, el Senador Quintana.
Esto no se trata de que el Gobierno esté actuando a última hora. En la Comisión este tema se viene tratando al menos desde hace seis meses, primero, con una integración de personas, respecto de las cuales, legítimamente, algunos colegas de la Comisión no estuvieron de acuerdo y se pidió el cambio de un nombre, de una señora de apellido Cortázar, y no quiero pensar que se haya solicitado el cambio por ser hija de René Cortázar.
En segundo término, se procede al cambio de nombre, se analiza en la Comisión. En la primera sesión lo dejan pendiente y en la próxima reunión, cuando se continúa el debate, piden la hora y la dan por terminada.
En consecuencia, venció el plazo. Y cuando vence el plazo hay norma expresa, clara, e incluso se dejó constancia en los Comités de esta situación. Y llegamos a un acuerdo quienes participamos en esa reunión de Comités respecto de un texto en el cual claramente se dejaba en evidencia cuál fue la situación que se produjo y cuáles fueron los hechos, y que, ante la falta de pronunciamiento de la Comisión de Educación, lo que procedía era el nombramiento de las personas, tal cual lo estipula la Constitución.
Por lo tanto, no puedo aceptar que en esta Sala hoy día se diga que a última hora el Gobierno procede a realizar nombramientos en el Consejo Nacional de Educación.
Eso es faltar a la verdad; eso es desconocer la tramitación en la Comisión de Educación respecto a este tema, y creo que tenemos que ajustarnos siempre a la realidad.
Si no les gustan los nombres, no puede cuestionar la institucionalidad para no hacerse cargo de un rechazo aquí, en la Sala. Eso es falta de valentía... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Si alguien no está de acuerdo en esta Sala, se pronunciará negativamente y se rechazarán los nombres, porque son mayoría, pero no vengan a decirnos ahora que se trata de hacer nombramientos a última hora, como si fuera una maniobra del Gobierno.
Aquí se está cumpliendo con una obligación expresa de la Constitución, por omitir la propia Comisión pronunciarse deliberadamente. ¿Por qué? Porque había legítimas diferencias entre algunos Senadores respecto de un nombre, no se ponían de acuerdo. Y eso no es responsabilidad del Gobierno, no es responsabilidad de nuestro sector político, y los problemas que tenga la actual Oposición, y futuro gobierno, no pueden llevarla hoy día a señalar aquí, en la Sala, que es una responsabilidad de otra naturaleza.
Este Senado ha dado cumplimiento a la ley y a la norma expresa sobre el particular.
He dicho, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Alvarado.
Senador García, luego el Senador Montes, y pediría que pasáramos a los temas de esta sesión especial.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidenta, Honorable Sala.
Primero, debo señalar categóricamente que el Gobierno, al proceder al nombramiento de los integrantes del Consejo Nacional de Educación, no ha hecho uso de ningún resquicio, ¡ningún resquicio!, simplemente ha dado cumplimiento a lo que mandatan las leyes. Cuando el Senado no se pronuncia, y esa es una regla conocida por todos nosotros, procede que el Ejecutivo haga el nombramiento.
Señora Presidenta, como bien lo ha dicho el Senador Alvarado, la Comisión de Educación le dedicó varias sesiones a este tema, primero, porque tuvimos una propuesta fallida, cuando precisamente se pidió que el nombre de la señora Cortázar fuera retirado de la propuesta original. El Ejecutivo accedió a ello, sugirió un reemplazo, entiendo yo que, además, en acuerdo con algunos integrantes de la Comisión de Educación, no precisamente con nosotros, los oficialistas, pero finalmente cuando llegó el momento de votar tampoco se expresó ese acuerdo.
Nosotros insistimos más de una vez y en más de una sesión que la Comisión tenía la obligación de pronunciarse respecto de si las postulantes en este caso, dos mujeres, reunían o no los requisitos y que el voto que correspondía era el que se tenía que emitir en la Sala. No fuimos escuchados. Pedimos que se votara, no se votó. La Comisión finalmente no se pronunció, y eso hizo que la Mesa del Senado tuviera que actuar en los términos en que lo hizo. Doy fe de los esfuerzos de la Mesa por tratar de solucionar el problema. No se pudo... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Por lo tanto, quiero señalar categóricamente que el Gobierno no ha hecho uso de ningún resquicio legal y dar fe de que la Mesa realizó todos los esfuerzos para resolver favorablemente y conforme a derecho el tema que hoy día se está señalando.
Gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador García.
Senador Montes.
El señor MONTES.-
En primer lugar, quiero partir reconociendo que fue un error nuestro no haber llegado con el tema para ser resuelto por la Sala. Eso es real, porque si hubiera llegado acá no reunían el quorum, probablemente, los que tenían una cierta visión u otra.
En eso, yo reconozco que deberíamos haber insistido, porque la Comisión de Educación no emite un informe, solo dice si los postulantes reúnen o no los requisitos; eso es todo. Y la verdad es que las dos personas, sin duda, tienen requisitos académicos suficientes.
El problema es otro y que se planteó en el debate anterior: el tipo de Consejo Nacional de Educación que se está constituyendo, con cierto enfoque. Hasta la persona que representa la educación municipal es de Las Condes; o sea, hay una experiencia, una cierta visión, un cierto acercamiento que no recoge el debate que requiere la educación en el momento en que nos encontramos. Y por eso se planteó la necesidad de darse un tiempo para repensarlo, para replantearlo.
El Ministro se ha caracterizado por no ser particularmente abierto a recoger este tipo de preocupaciones. No las recoge. Él supone que puede seguir, y terminamos en la situación que terminamos, descontentos.
¿Cuál es la solución que queda?
Yo en eso llamaría a la calma. No nos queda otra que en la nueva Constitución haya un artículo transitorio que obligue a replantear estos organismos, porque el Consejo Nacional de Educación es demasiado importante, tiene algunas atribuciones que ni siquiera posee el Parlamento, tiene un conjunto de facultades que solo ellos pueden ejercer. Por lo tanto, se requiere representar la diversidad nacional en este tema.
Yo la verdad es que pensé que el Gobierno no iba a utilizar esta facultad. Ahora, yo no estudié exactamente la norma, porque se dijo que no la iba a usar. Bueno, el Gobierno cree que hay que echarle para adelante y lograr hasta la última cosita, hasta el último momento, ya que eso les permite mantener una cuota de poder para el futuro.
Esa visión de las cosas no nos permite avanzar hacia un nuevo país... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador.
Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
Muy breve, Presidenta.
Yo quiero valorar el planteamiento que han hecho algunos colegas de las bancas del frente, en el sentido de que la Comisión de Educación tuvo varias sesiones para analizar este tema; o sea, descartemos, por favor, la negligencia, la desidia. ¡No! Nosotros teníamos plena conciencia, más allá de los plazos constitucionales, y en eso sí comparto con el Senador Montes, quien además pidió la hora y por eso tampoco pudimos votar en la sesión anterior; pero quiero decir que aquí no hubo responsabilidad ni negligencia de parte de la Comisión, porque efectivamente hubo varias sesiones.
Hay que decir que la Ley General de Educación es la que establece que cuatro de los miembros del Consejo Nacional de Educación, no diez -reitero, solo cuatro miembros-, pasan por el Senado: su nombramiento es con acuerdo del Senado. Eso dice la ley. Y aquí no hubo acuerdo, ni hubo informe. Por eso que el Gobierno tiene que hacerse responsable.
No digo que el Senado le proporcione toda la legitimidad al acto administrativo, pero yo no sé en qué condiciones llegan finalmente estas dos personas al Consejo Nacional de Educación, sin informe, sin acuerdo del Senado, con el resquicio que finalmente se utiliza, de un presidencialismo extremo, trasnochado, que no me cabe ninguna duda de que estas facultades no van a existir en la nueva Constitución.
Y así se le impide al próximo Gobierno nombrar personas en el Consejo Nacional de Educación.
Entonces, ante las dudas -que por lo menos yo tengo-, pediría, señora Presidenta, que le enviemos un oficio a la Contraloría, donde se le solicite que se pronuncie respecto de toda la legalidad de este procedimiento.
Simplemente eso. No estoy pidiendo fiscalizar nada. Solamente, como se ha pedido muchas veces por colegas de distintas bancadas, solicito que la Contraloría se pronuncie respecto de la legalidad completa de este proceso.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias.
Yo la verdad es que tengo dudas sobre la necesidad de involucrar a la Contraloría en un ámbito que es propio nuestro, como Senado. Quizás lo que podríamos hacer es obviamente revisar nuestro Reglamento, para ver qué modificaciones habría que implementar. Pero no sé si proceda, estimado colega, involucrar a la Contraloría en un procedimiento nuestro.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Señor Vicepresidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Dele la palabra a la Senadora.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Guillier y Senadora Carvajal.
El señor GUILLIER.-
Muy breve, Presidenta.
Yo creo que nosotros cometimos cierto error en alguna instancia, y eso amerita que lo aclaremos, por un tema de buen funcionamiento. No estoy hablando de una mala intención, pero es evidente que cometimos una falta.
Yo quiero recordar que en este mismo Senado, y en más de alguna oportunidad, un grupo hemos planteado la necesidad de lo que se llama el silencio activo; es decir, si nosotros tomamos una decisión y no hay una respuesta de determinada institución, se da por aprobado.
Esa es una norma bastante universal, no sigamos cuestionando lo que ya parece claro, que se ha actuado conforme a un vacío que nosotros produjimos, pero no hay nada ilegal.
En segundo lugar, bueno, revisemos procedimientos internos y corrijamos. Yo no estoy sancionando ni acusando a nadie, pero me parece que seguir con esta discusión no tiene sentido, porque ni siquiera estamos poniendo un punto que sea muy sólido de defender ante la opinión pública; más bien, al revés, el Senado no hace la pega y más encima quiere cuestionar la legitimidad de dos autoridades. No me parece que sea saludable.
Perdone que sea tan pragmático, Presidenta, pero creo que era necesario.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Guillier.
Senadora Carvajal.
La señora CARVAJAL.-
Gracias, Presidenta.
La verdad es que esto genera, según lo que aquí se ha discutido y lo que se observa, un precedente bastante perjudicial para lo que es el principio de buena fe que debe infundir los actos de las instituciones públicas.
Se presenta una propuesta por parte del Ejecutivo, ad portas del cumplimiento de un plazo -y según entiendo en estos treinta o más años de funcionamiento del Congreso no había habido jamás un antecedente como el que hoy día se señala, donde se propone un acuerdo al Senado, el cual obligadamente, según la normativa, debe pronunciarse-, y se procede a una nominación sin la consulta pertinente, sin los tiempos que corresponden y sin la debida -a lo mejor- transparencia con que debe venir aparejado un nombramiento de dos personas, que, independiente de quienes sean, deben estar imbuidas no solo del suficiente consenso, sino que también de la suficiente transparencia para que no quede duda alguna respecto a su nominación.
Me señalan que mañana había una sesión de la Comisión de Educación; o sea, bien podría haber esperado el Gobierno veinticuatro horas para haber sometido su decisión al órgano correspondiente, que se hubiese emitido el informe y, luego de conocido, en la última sesión del Senado, haber generado nuestro pronunciamiento a propósito de esta nominación.
A mí me parece que, no cumpliéndose dos requisitos esenciales, como el informe de la Comisión de Educación y el pronunciamiento mediante un acto activo por parte del Senado, y que se deje solo pasar el tiempo, a propósito de la urgencia para nominar a dos personas, de verdad que genera un antecedente que a mi juicio no valida la acción, ni muestra la suficiente coordinación que debe existir entre el Ejecutivo y el Senado, en lo que respecta a nuestras competencias...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Si me permite un minuto más, Presidenta.
Al igual como ha señalado el Senador Quintana, creo que es necesario realizar todas las consultas que den cuenta de si efectivamente aquí se cumplieron estos dos requisitos esenciales: el informe de la Comisión y el pronunciamiento de la Sala. Y una vez que aquello ocurra poder proceder, y ojalá que exista la buena voluntad y la buena fe del Ejecutivo para que así suceda.
Gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Carvajal.
Señor Vicepresidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Sí, Presidenta, aunque no es grato este tema, yo me alegro de que se haya generado un minidebate. Porque sin duda que es grave para la institucionalidad del Senado que se produzca una situación de este tipo por los errores nuestros, como han dicho algunos colegas, al no actuar o no tomar las decisiones en los momentos que corresponde, dependiendo de los plazos constitucionales en los cuales estamos obligados a emitir opinión.
Es el esfuerzo que realizamos desde la Mesa la semana pasada, cuando se tuvo que suspender la sesión especial que estaba citada para estos nombramientos, producto de que la Comisión no evacuó un informe, independiente de su contenido.
Respecto a las razones por las cuales no se emitió el informe seguramente los miembros de la Comisión las tendrán más claras. Tal vez hay diferencias o discrepancias o, en fin, se buscó una negociación distinta.
Pero, desde el punto de vista de quienes toman las decisiones en el Senado, que es la Mesa con los Comités, nosotros advertimos esta situación, luego de suspender la sesión del miércoles. Por eso se hizo una reunión especial, urgente, de Comités, nada más que para tratar este tema. Simultáneamente, por supuesto, hablamos con el Gobierno y además con el Presidente de la Comisión de Educación y con algunos de sus miembros.
Como no hubo decisión política, ni voluntad -voy a decirlo claramente- de citar de urgencia a la Comisión, y para ser claros también, teníamos que haber citado a una sesión de urgencia el día viernes, cosa que no es tan sencilla por las circunstancias en que estamos.
Se buscó una fórmula, aún cuando no hubiera informe de la Comisión, ya que su Presidente nos manifestó que no iba a citar -con sus razones, por supuesto-, y no nos quedaba otra que pedir a los Comités la suspensión del Reglamento que obliga a que haya un informe para que podamos citar a una sesión. Como no teníamos ese informe, en los Comités se estimó que no se podía dar la unanimidad para suspender el Reglamento en esa parte. ¿Por qué? Porque todos sabemos también que hay un conflicto más de orden político detrás.
Esa es la razón por la cual tuvimos que tomar la decisión de no citar a sesión, porque hubiera sido absurdo que hubiéramos citado si no teníamos informe ni la posibilidad de decidir. Dejamos constancia e hicimos una declaración, conversada y dialogada y conocida por los jefes de Comités, donde dejamos establecidas las consecuencias que esto acarreaba y el procedimiento.
Hablamos con el Ejecutivo, también, respecto de si podía modificar o ampliar, cambiar -llamémoslo así- la urgencia, que es la que nos obligaba a cumplir un plazo de decisión que vencía el viernes pasado. El Ejecutivo estuvo de acuerdo en facilitar las cosas, siempre y cuando el Senado tomara el compromiso de que la Comisión evacuara un informe, y tomar una decisión durante esta semana.
Eso es así, el Ejecutivo lo planteó formalmente a petición de la Mesa.
Conversado con el Presidente de la Comisión, se nos manifestó que no. Entonces, no podíamos asumir ese compromiso, porque no teníamos voluntad interna. Esa es la verdad.
Que es grave la situación, sí lo es. La Mesa lo planteó como una situación grave y los Comités determinaron que era una situación grave y delicada que no se puede repetir. Que nos sirva de lección para asumir, como decía el Senador Guillier, las responsabilidades propias.
Y, también, hay que buscar los procedimientos que permitan que desde el trabajo de las Comisiones no podamos colocar en jaque las obligaciones de la Sala. Porque aquí lo que se produjo es eso: nosotros quedamos imposibilitados, como Mesa, para citar a la Sala a una sesión especial a fin de cumplir con los plazos constitucionales.
Es lo único que digo, Presidenta: que nos sirva de lección, asumamos nuestras propias responsabilidades. Las responsabilidades políticas, que están en otro nivel, o los conflictos; las diferencias políticas de otro tipo, bueno, se verán o con el Ejecutivo o entre los propios Senadores que, por supuesto, tenemos diferencias.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Vicepresidente.
Entonces, vamos a pasar ahora a la tabla de este día de sesión especial.
Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Conforme a lo acordado por los Comités, se citó a esta sesión especial para tratar siete proyectos de ley en tabla de Fácil Despacho, y de acuerdo a lo mismo, para el tratamiento de estos proyectos de ley se efectuará su relación; se dará el informe del Presidente o Presidenta de la respectiva Comisión, y se procederá inmediatamente a la votación del proyecto
.
OBLIGACIÓN DE COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO DE DAR CUENTA ANUAL AL SENADO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La señora Presidenta pone en discusión el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de la Comisión para el Mercado Financiero de dar cuenta pública anual al Senado, iniciativa correspondiente al boletín N° 12.651-05.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.651-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa legal tiene como objetivo establecer que, dentro del mes de mayo de cada año, la Comisión para el Mercado Financiero entregue su cuenta pública a la Comisión de Hacienda del Senado para conocer el estado y funcionamiento de dicho ente fiscalizador.
La Comisión de Hacienda hace presente que, por tratarse de un proyecto de artículo único, en conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, propone a la Sala discutirlo en general y particular a la vez. La referida Comisión deja constancia de que, en su sesión del 24 de marzo de 2020, aprobó en general y particular la iniciativa, con adecuaciones formales, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma, Elizalde, García y Pizarro y el entonces Senador señor Harboe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 3 del informe de la Comisión de Hacienda, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Secretario.
Yo creo que el informe es suficiente, y a efecto de no moverme de acá pedimos que se apruebe este proyecto, que es de iniciativa parlamentaria de los señores Coloma, García, Pizarro, Lagos y Montes, y obliga a la Comisión a entregar informe en el mes de mayo a la Comisión de Hacienda.
¿Si le parece a la Sala?
Así se aprueba.
Gracias.
--Se aprueba el proyecto en general y en particular, por unanimidad, y queda despachado en este trámite.
ESTABLECIMIENTO DE GARANTÍAS BÁSICAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
La señora Presidenta pone en discusión el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios, iniciativa correspondiente al boletín N° 13.496-13, y que cuenta con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 13.496-13) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto compuesto de un artículo único que, mediante dos numerales y una disposición transitoria, modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo mediante plataformas digitales de servicios.
A su respecto, la Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó diversas modificaciones y despachó un texto compuesto por un artículo único y tres normas transitorias. Dichas enmiendas abordan las siguientes materias.
Modificaciones recaídas en el número 2 del artículo único del proyecto, que incorpora en el Título II, De los contratos especiales, del Libro Primero del Código del Trabajo, un Capítulo X, referido al trabajo mediante plataformas digitales:
Primera modificación: a la letra c) del artículo 152 quáter S, norma que regula las estipulaciones que deberá contener el contrato de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales dependientes.
Segunda modificación: reemplazo del artículo 152 quáter U, relativa a la jornada de trabajo del trabajador dependiente.
Tercera modificación: rechazo del inciso final del artículo 152 quáter Y, referido al derecho de los trabajadores de plataformas digitales independientes a acceder a cobertura de seguridad social.
Cuarta modificación: al inciso segundo del artículo 152 quinquies B, referido a los derechos fundamentales de los trabajadores de plataformas digitales independientes.
Quinta modificación: sustitución del artículo 152 quinquies D, que regula la protección de los datos personales de los trabajadores de plataformas digitales.
Sexta modificación: sustitución del artículo 152 quinquies F, que regula los derechos colectivos de los trabajadores dependientes e independientes de plataformas digitales por otro referido a la base de cálculo de las indemnizaciones legales.
Séptima modificación: incorporación de un artículo 152 quinquies H, nuevo, relativo a la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo del cumplimiento de las normas del Capítulo X, que esta iniciativa incorpora al Código del Trabajo.
En cuanto a las normas transitorias, como octava modificación, la incorporación de dos normas transitorias nuevas, referidas, una, a la exigencia de tener a lo menos el 85 por ciento de trabajadores de nacionalidad chilena, y la otra, a la emisión de un informe anual por parte del Consejo Superior Laboral.
La Comisión de Trabajo y Previsión social deja constancia de que, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señoras Goic, Muñoz y Van Rysselberghe, y Senadores señores Galilea y Letelier, aprobó la totalidad de las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, durante el segundo trámite constitucional, al proyecto despachado por el Senado en el primer trámite constitucional.
Asimismo, consigna que, en lo relativo a la norma sobre derechos colectivos de los trabajadores de plataformas digitales y la regulación aplicable al trabajador de plataformas digitales independiente en materia de cobertura de seguridad social, el Ejecutivo hizo presente su voluntad en orden a presentar observaciones al texto de la iniciativa, de conformidad al artículo 73 de la Constitución Política de la República, una vez que el proyecto hubiere sido aprobado en el Congreso.
El Senado debe pronunciarse respecto a las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados. En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por esta Cámara de origen, en el primer trámite constitucional, y las enmiendas introducidas por la Cámara revisora en el segundo trámite constitucional, y que fueron aprobadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Secretario.
Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Senadora Carolina Goic.
La señora GOIC.-
Gracias, Presidenta.
Primero, quiero solicitar que se pida la autorización de la Sala para que ingrese el Subsecretario Fernando Arab, ya que se encuentra conectado el Ministro. Llegó a este proyecto.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿Le parece a la Sala?
No hay acuerdo, Senadora.
La señora GOIC.-
Respecto del informe del Secretario, Presidenta, en realidad dio cuenta detallada de las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, todas las cuales van, de alguna manera, reforzando varios aspectos del proyecto que nosotros habíamos aprobado.
Hay dos temas, solamente, que quiero añadir a lo que ya ha señalado el Secretario. Nosotros como Comisión del Trabajo aprobamos el texto unánimemente. Estamos en el tercer trámite, lo que implica que sea despachado a ley. Sin embargo, hay dos aspectos, que acordamos con el Ejecutivo, que van a ser incluidos en un veto aditivo porque no alcanzaron el quorum necesario.
Uno tiene que ver con el inciso que regulaba el derecho de los trabajadores de plataformas independientes a acceder a cobertura de seguridad social. Si bien hay normas que establecen ese derecho, nos parece que es fundamental que quede explícito en el texto, tal cual lo habíamos planteado.
Y, lo segundo, tiene que ver con la posibilidad de ejercer los derechos colectivos por parte de los trabajadores de plataformas.
En ambos temas tenemos un acuerdo con el Ejecutivo, visado, además, por la Segprés, para que pueda ingresar el veto y que lo podamos tramitar y, de esa forma, dejar despachado hoy día, y mañana en la Cámara, el texto con estas materias que son parte de un acuerdo amplio y, por supuesto, entiendo que queremos que queden considerados.
Por eso, lo que acordamos hoy día es aprobar este informe y continuar con la tramitación en esta modalidad.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora.
Se pide el acuerdo de la Sala.
¿Si les parece...?
Senador Letelier.
El señor LETELIER.-
Presidenta, el proyecto en discusión, con intención de despacharlo rápidamente, regula algo que afecta a cientos, a miles, a decenas de miles de personas.
La economía de nuestro país cambió con los trabajadores de plataformas, y no tienen ninguna protección.
Hay un debate de cuál es la mejor forma. Nosotros accedimos a aprobar lo que devolvió la Cámara y donde, por error, se eliminó una parte de los derechos colectivos. Por error, eso es de lo que se viene después.
Más adelante podremos hacer el debate de cómo va a seguir evolucionando la economía, y quiero subrayar esto, porque hay algunos que dicen: si estos trabajadores son dependientes o independientes, y se apasionan en esa discusión, con una mirada bastante para atrás y no de la realidad de hoy día.
Este texto, a la vez, permite una norma que es fundamental -lo quiero transparentar-, porque en nuestro país las empresas no pueden tener más de 15 por ciento de trabajadores extranjeros. Todos, ¡todos!, quienes hemos usado los servicios de personas que trabajan en plataformas estamos conscientes de que ese porcentaje está superado. Y no tenemos ningún interés en que esas personas estén en una situación de ilegalidad, queremos que se puedan insertar trabajadores honestos en nuestro país.
Por eso es tan importante despacharlo hoy.
Después podremos hacer el otro debate, con el veto.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay.
Gracias.
El señor LETELIER.-
Entonces, pido que lo podamos despachar hoy día.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
En votación.
La señora PROVOSTE.-
¿Se puede fundamentar el voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
No se dio la unanimidad para aprobarlo, así que, en votación.
La señora PROVOSTE.-
Me correspondía, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
No, Senadora, el acuerdo de Comités que tenemos es que es sin fundamento de voto
. Yo les pido que tratemos de apegarnos a eso, porque si no lo hacemos, no vamos a poder sacar esta tabla extensa que tenemos el día de hoy.
Les pido que todos hagamos el esfuerzo.
Yo pensé que el Senador Letelier iba a hacer un punto a raíz de la negativa del acuerdo para la unanimidad, por eso le di la palabra, y fue un error mío.
Les pido que todos nos apoyemos en esto, si no, no vamos a ser capaces de sacar esta tabla el día de hoy.
Le doy la explicación, Senadora Provoste: me equivoqué al darle la palabra a él, porque el acuerdo de Comités es que informe el Presidente de cada una de las Comisiones y se vote.
El señor MOREIRA.-
Pero es uno por lado, está bien...
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Está bien, pero si hubiesen sido dos también me habría equivocado, porque tendría que haber sido del otro lado y no el Senador Letelier. Así que fue un error mío.
En votación.
(Durante la votación).
El señor COLOMA.-
Pero avancemos.
(Pausa prolongada).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Está abierta la votación.
(Luego de unos instantes).
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Hay un problema con la Senadora Carvajal.
¿Ahí sí?
Bien.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (27 votos favorables), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Alvarado, Araya, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Latorre, Letelier, Montes, Pugh, Quinteros y Sandoval.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Se deja constancia de la intención de voto a favor del Senador Ossandón.
Vamos al siguiente asunto.
NUEVA LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La señora Presidenta pone en discusión el informe de la Comisión Mixta, constituida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, a fin de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley sobre nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, iniciativa que tiene el boletín N° 11.540-14.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 11.540-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el que aprobó un texto compuesto por dos artículos permanentes. El artículo 1° propone una nueva Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria, con ciento dos artículos permanentes y seis disposiciones transitorias; en tanto que el artículo 2°, mediante cuatro numerales, introduce modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Posteriormente, la Cámara de Diputados realizó un conjunto de enmiendas en el artículo 1° de la iniciativa y una modificación en su artículo 2°, las que fueron aprobadas en tercer trámite constitucional, con excepción de algunas de las recaídas en diversas disposiciones contenidas en el mencionado artículo 1° del proyecto.
El rechazo de tales modificaciones dio lugar a la formación de una Comisión Mixta, la cual, con las votaciones que en cada caso se consignan en el informe, propone como forma y modo de resolver las divergencias lo siguiente:
Con relación al artículo 1°, aprobar la propuesta que formula respecto de las siguientes normas que contiene: artículo 1, letra B, párrafo segundo, y C, letra b); artículo 2, números 4), 5), 6), 7) y 11); artículo 4, inciso final; artículo 8, letra j); artículo 9, inciso quinto, número 6); artículo 13, inciso primero; artículo 14, inciso sexto, número 16), nuevo; artículo 15, inciso primero; artículo 1°, letra e), nueva, y letra k), nueva, e incisos segundo, tercero, penúltimo y final; artículo 16, inciso tercero; artículo 17, incisos cuarto, letras a) y b), y penúltimo; artículo 18, inciso primero; artículo 20, incisos primero, números 4), 11) y 12), y segundo; artículo 23; artículo 43; artículo 44, letra c); artículo 48, inciso tercero, nuevo; artículo 55; artículo 59, inciso segundo y final; artículo 60; artículo 68, incisos primero y tercero; artículo 70; artículo 71; artículo 75; artículo 84, inciso segundo, número 2; artículo 97, incisos segundo, nuevo, y final; artículo 98; artículo 100; artículo 101, y artículos 2º, 3º, 5º, 8º, 9º y 10 transitorios.
Asimismo, se propone rechazar el artículo 103, contenido en el artículo 1° de la iniciativa.
La Comisión Mixta hace presente que los artículos 44, letras c), y 68, incisos primero, tercero y cuarto, ambos preceptos contenidos en el artículo 1° del proyecto de ley, requieren de 24 votos favorables para su aprobación por tratarse de normas orgánicas constitucionales. Por su parte, el inciso cuarto del artículo 60, también contenido en el artículo 1° de la iniciativa, requiere de 22 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de quorum calificado.
El Senado debe pronunciarse respecto de las propuestas efectuadas por la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado en el Senado en primer trámite constitucional; las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional; los respectivos acuerdos adoptados por esta Cámara de origen en el tercer trámite constitucional; la proposición de la Comisión Mixta, y el texto del proyecto de aprobarse la propuesta de la referida Comisión.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Le ofrezco la palabra a...
¿El Senador Montes es quien va a informar?
Senador Montes, tiene la palabra.
El señor MONTES.-
Gracias, Presidenta.
La verdad es que esta es una nueva Ley de Copropiedad, que modifica las anteriores, y podría dar un largo informe, pero como es el de la Comisión Mixta, voy a tratar de ser lo más esquemático y reducido posible.
Lo primero es decir que en Chile el 24 por ciento de las propiedades son condominios, o sea, un cuarto de las propiedades se divide en condominios; además, el 20 por ciento de la población habita en copropiedad. De esa envergadura y esa significación es el tema. Y el 6,3 por ciento del parque habitacional urbano son condominios sociales; a lo largo de Chile son muchas familias las que viven en estos.
El censo de 2002 estableció que había un 12 por ciento de personas que habitaban en departamentos; el 2017 ya había subido a un 17,5, y hoy día está muy por encima de eso.
Nosotros tenemos regulación de la vida en esta situación desde 1937, con la Ley de Venta por Piso; después, en el año el 75, se hizo una pequeña definición, y, por primera vez, en el año 97, se dictó la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria.
Veinte años después, luego de muchas modificaciones, se llegó a este proyecto de ley. ¿Cómo se hizo esta iniciativa? A partir de muchas mociones parlamentarias, más de diez, y a raíz de un seminario con organizaciones y especialistas. Y, finalmente, el Gobierno de la Presidenta Bachelet la presentó.
Nos hemos demorado mucho en terminar este proyecto por las distintas complejidades que tiene.
No voy a entrar en todos los detalles, pero los cambios principales tuvieron que ver...
Bueno, hubo once sesiones en la Comisión Mixta para esto y prácticamente todo se aprobó por unanimidad.
Hubo siete grupos de materias:
El primero, relativo a que si en las parcelas de agrado podían constituirse o no condominios. Ahí se hizo toda una discusión y al final se estableció que no.
El segundo, sobre la jerarquía y rol de los distintos órganos dentro de la administración de los edificios.
El tercero, en relación con la experiencia en pandemia, cuando estaban restringidas las condiciones.
El cuarto, sobre cuáles son los derechos y deberes de los copropietarios, mejorando la reacción y precisando el alcance de cada una de las normas.
El quinto, relativo al resguardo de la custodia y la administración de los documentos del condominio.
El sexto, en relación con las exigencias urbanas de los condominios mayores.
Por último, el relativo a las viviendas sociales, respecto a las cuales la Comisión estableció nuevamente en el proyecto que el máximo en un condominio de viviendas sociales sean ciento sesenta unidades habitacionales; que es muy alto, pero es lo que logramos acordar.
Y, además, quiero decir que lo que más tiempo nos quitó en la Mixta fueron dos materias.
La primera es qué pasa con los seguros de vida en copropiedad, los seguros de los bienes comunes y los seguros de los departamentos.
Aquí costó mucho ponerse de acuerdo con el Ejecutivo. Finalmente, la Comisión determinó proponerle al Gobierno que hubiera una indicación que mandatara a la Comisión para el Mercado Financiero a construir instrumentos de seguros mejores.
Esto es más parecido al seguro de los vehículos que a un seguro común y corriente, porque se requieren seguros colectivos para la vida en copropiedad, y, eventualmente, ciertos seguros individuales adicionales.
Se demoró mucho llegar a la fórmula que está aquí, que es el mandato a la Comisión para el Mercado Financiero; y no está definido el procedimiento, sino que el organismo responsable de crearlo.
Lo otro fue respecto de quién regula por parte del Estado la vida en copropiedad. Y acá, en primer lugar, se planteó la idea de una superintendencia; se planteó la idea de una división; se plantearon distintas ideas. El Ejecutivo se resistió a muchas de ellas por distintas dificultades que podrían provocar en el camino.
Finalmente, se estableció una secretaría técnica para todos los condominios, la cual tiene que construir, proponer, recoger los problemas para determinar normas legales. Además, debe crear un sistema en que se puedan hacer presentes los problemas y procesarlos, que son de diversa naturaleza, que tienen que ver con distintos organismos del Estado y en que hay una responsabilidad en el sentido de que esto lo asuma la estructura pública.
Es una organización que tiene hartas dificultades, es limitada; pero al menos se creó de esta manera. El gran problema es que queda dependiente directo del Ministro -en ese tiempo no sabíamos qué iba a pasar- todo ese conjunto de responsabilidades.
Esto fue aprobado por unanimidad. Se trabajó con harta seriedad; se trabajó con el Ejecutivo permanentemente; se trabajó con los asesores y equipos técnicos. Y yo creo que salió un proyecto que permite avanzar con relación a lo que teníamos. Siempre surgirán nuevos temas. Por ejemplo, todavía no está bien resuelto cuando el condominio es de un fondo de inversión; cómo hacen los que viven en un condominio en que todos los departamentos son de un fondo de inversión.
Ahí se plantearon ciertos elementos para realizarlo.
Reconocemos que hay distintos tipos de limitaciones y dificultades; pero debemos ir creando respuestas para eso. Esto es bastante nuevo: es bastante nuevo que haya condominios de fondos de inversión. ¿Cómo se compatibiliza la propiedad con los que viven ahí para tener una mejor calidad de vida?
Bueno, finalmente se aprobó este informe, y solicito a la Sala que se apruebe como viene el informe de la Comisión Mixta. Les recuerdo que debe aprobarse con quorum especial; hay muchas materias que lo requieren.
Considero importante que esto empiece a regir cuanto antes.
Gracias, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Presidente.
Necesitamos constatar el quorum. Por lo tanto, no puedo solicitar la unanimidad, porque nos van a faltar. Estamos viendo si están todos los votos que se requieren.
Se solicita la unanimidad.
Tenemos quorum; podemos recabar la unanimidad. Estamos okay con los 26 presentes.
¿Les parece aprobar el informe por unanimidad?
--Por unanimidad, se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido (26 votos afirmativos).
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Vamos al siguiente proyecto, señor Secretario, que viene de la Comisión de Salud.
ASEGURAMIENTO DE RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La señora Presidenta pone en discusión el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, promueve su conocimiento y la no discriminación, con informe de la Comisión de Salud.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.258-11) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa tiene por objeto asegurar el derecho a la no discriminación de las personas con enfermedades inflamatorias intestinales, así como promover su conocimiento, disponibilizar servicios sanitarios y disminuir los tiempos de espera en servicios públicos y privados, de manera de favorecer el desarrollo de actividades cotidianas e indispensables para ello.
La Comisión de Salud hace presente que, a solicitud del propio órgano técnico, la Sala del Senado, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2021, autorizó a dicha instancia para discutir este proyecto en general y en particular en el trámite reglamentario de primer informe.
La referida Comisión deja constancia de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadoras señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros. En particular, aprobó la iniciativa con las modificaciones y votaciones unánimes que se consignan en el informe.
La Comisión de Salud hace presente que el artículo 5° del proyecto de ley requiere 24 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 12 y 13 del informe de la Comisión de Salud y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Salud, Senador Rabindranath Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Gracias, Presidenta.
Este proyecto nace de una moción de los Honorables Senadores señoras Goic y Von Baer y Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Se señala que las enfermedades crónicas en las últimas décadas han tenido un incremento progresivo en incidencia y en prevalencia tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Dentro de ellas están las enfermedades inflamatorias intestinales, que incluyen a la colitis ulcerativa o también llamada "colitis ulcerosa" y a la ileítis regional de Crohn, conocida también como "enfermedad de Crohn".
Esta enfermedad de Crohn puede afectar a toda la extensión del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, cuyo grado de afección no solo se limita a la capa mucosa del tracto gastrointestinal, sino que compromete toda la pared del tubo digestivo.
Las complicaciones corresponden básicamente a la fistulización entre ambos intestinos (grueso y delgado), o entre el intestino y la piel, peritonitis, sepsis, desnutrición por la mal absorción de nutrientes, cáncer de colon, etcétera, son algunas de las consecuencias.
La Comisión manifiesta que es urgente y humanitario restablecer las condiciones que permitan el desarrollo de la vida cotidiana de estos pacientes, reconociendo el derecho fundamental de respeto a la dignidad del ser humano, reivindicación largamente anhelada por la Fundación Carlos Quintana y por todas las organizaciones de pacientes y grupos de apoyo a personas con enfermedades inflamatorias intestinales.
El proyecto tiene por objetivo asegurarles a las personas con enfermedades inflamatorias intestinales el respeto a su dignidad humana, el derecho a no ser discriminadas y a la promoción y conocimiento de esta condición de salud.
Las personas con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizadas tendrán derecho a acceder libremente a baños o a servicios sanitarios públicos, así como a los que cuenten el comercio en general y los organismos del Estado.
Ninguna persona u organismo podrá condicionar de modo alguno el libre acceso al baño o servicio sanitario de las entidades señaladas en el inciso anterior a las personas que soliciten su acceso y se identifiquen como pacientes que tienen esta enfermedad.
Las personas que padezcan una enfermedad inflamatoria intestinal deberán acreditar su diagnóstico a través de los medios que se señalan, como mostrar la credencial emitida por la organización de pacientes; el documento que acredite que se trata de persona beneficiaria de la ley N° 20.850, para los tratamientos asociados a colitis ulcerosa; certificado médico.
Asimismo, quienes padezcan enfermedades inflamatorias tendrán tratamiento preferencial en la atención al público en las mismas condiciones que las personas con discapacidad.
La persona o el establecimiento de comercio que arbitrariamente prive a una persona del derecho establecido en el artículo 2º de esta ley será sancionado con una multa de una a cuatro unidades tributarias, en fin.
Este proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Senadores y Senadoras de la Comisión de Salud, y se solicita lo propio también a la Sala.
Eso es todo, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Presidente.
Primero debo recabar si hay acuerdo para dar la unanimidad a este proyecto y certificar que existen los votos.
Si le parece a la Sala, tenemos el quorum necesario.
Se aprueba el proyecto con 24 votos.
Vamos al siguiente proyecto, que viene de la Comisión de Gobierno.
INCORPORACIÓN DE HIJOS DE PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19 EN LEY SOBRE PENSIONES DE GRACIA
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La señora Presidenta pone en discusión el proyecto, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Quinteros, señora Rincón y señores Bianchi, De Urresti y Elizalde, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República para incorporar específicamente a los hijos de personas fallecidas por COVID-19, con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.489-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa tiene por objeto incorporar en la ley N° 18.056, sobre Pensiones de Gracia, como una causal específica que habilita a niños, niñas y adolescentes para solicitarla, el haber perdido a uno de sus padres por efecto de la pandemia de COVID-19, extendiendo el beneficio hasta los veinticuatro años como estudiante.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa, por tratarse de un proyecto de artículo único, y propone a la Sala considerarlo de igual modo.
Asimismo, la referida Comisión consigna que el proyecto debía ser considerado además por la Comisión de Hacienda, en atención a que el Ejecutivo presentó un informe financiero, junto con su indicación sustitutiva de fecha 27 de octubre de 2021.
Por último, la Comisión de Gobierno deja constancia de que aprobó el proyecto de ley en general y en particular con modificaciones por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Carvajal y señores Insulza y Ossandón.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, esto es, respecto del artículo único del proyecto de ley, en los términos en que fue aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, como reglamentariamente corresponde. Deja constancia, asimismo, de que no introdujo enmiendas al texto despachado por la referida Comisión, aprobando la norma en análisis por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Coloma, García y Lagos.
De otro lado, consigna el informe financiero, dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Finalmente, la Comisión de Hacienda señala que el artículo transitorio contenido en el artículo único de la iniciativa requiere 22 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de quorum calificado.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 9 del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y en la página 6 del informe de la Comisión de Hacienda, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Corresponde que este proyecto sea informado por el Presidente de la Comisión de Gobierno.
¿Senadora Luz Ebensperger?
La señora EBENSPERGER.-
Yo no soy la Presidenta, sino el Senador Bianchi. Pero no tengo problema en informarlo.
Como acá se ha señalado, se presentó una moción que corresponde al boletín Nº 14.489-06, de los Senadores señora Rincón y señores Quinteros, Bianchi, De Urresti y Elizalde, mediante la cual se propone una pensión de gracia para todos los hijos que hayan quedado huérfanos por la muerte de uno de sus padres producto de la pandemia de COVID.
Esto se vio en dos sesiones de la Comisión de Gobierno. Se escuchó en primer lugar al Senador Quinteros, quien expuso y explicó la moción. También se oyó a la Superintendenta de Seguridad Social, señora Patricia Soto, quien alabó el proyecto y también dio cuenta de que ellos habían entregado algunas pensiones de gracia en forma privada.
En mi calidad de integrante de la Comisión, hice ver algunas dudas de constitucionalidad; pero como el Ejecutivo era partidario del proyecto, pedí que este lo patrocinara, cosa que se hizo y se presentó una indicación sustitutiva en la sesión del 27 de septiembre, donde estuvo presente también, junto con la Subsecretaria Honorato, la Ministra Karla Rubilar.
Las referida indicación señala que: "Podrán invocar la causal contenida en la letra b) del artículo 2, durante el año 2022, los menores de edad o hasta los 24 años si se mantiene como estudiante regular, en cualquier nivel, en instituciones o establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, cuyos cuidadores legales hayan fallecido por causa del COVID-19, a contar de marzo de 2020, de acuerdo a la forma y condiciones que establezca un decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Salud".
Y se agrega que: "El otorgamiento de este beneficio no será incompatible con ningún otro beneficio o prestación de seguridad social.".
Presidenta, este artículo así descrito fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Senadores señora Carvajal y señores Ossandón e Insulza.
Solo quiero agregar que en la reunión anterior de la Comisión hice presente que, si bien estaba de acuerdo con este proyecto, sí me parecía injusto, no obstante que podía estar en otra causal relativa a las pensiones de gracia, que únicamente se hiciera explícito a los niños que quedaban huérfanos producto del COVID, por cuanto ello también debiera ser para todos los niños que quedaran huérfanos, sea por cáncer, por accidente de tránsito, en fin.
Porque aquí lo relevante o trágico -por decirlo de alguna manera- era que los niños quedaran huérfanos. El motivo de esa orfandad podía ser variable.
Gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Ebensperger.
Si le parece a la Sala, aprobaremos por unanimidad el proyecto.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto, dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido, y queda despachada la iniciativa en este trámite.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Se contabilizan 26 votos a favor.
Vamos al siguiente proyecto, que tiene que ver con un acuerdo de integración comercial.
ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ENTRE CHILE Y ECUADOR
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La señora Presidenta pone en discusión el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Integración Comercial entre la República de Chile y la República del Ecuador", suscrito en Guayaquil, Ecuador, y Santiago, Chile, el 13 de agosto de 2020, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.541-10) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo principal de este proyecto es profundizar el Acuerdo Complementario Económico Nº 65 con el fin de lograr un marco jurídico más claro entre ambos países.
La Comisión de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, propone discutir este proyecto en general y en particular a la vez, por tratarse de aquellos de artículo único. Asimismo, dicha Comisión deja constancia de que aprobó el proyecto de acuerdo en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Lagos y Pizarro, en los mismos términos en que fuera despachado por la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda adoptó igual resolución respecto del artículo único del proyecto por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Rincón y señores Coloma, García, Lagos y Montes.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Secretario.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, don Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Muchas gracias, Presidenta.
Tal como se ha dicho, la Comisión de Relaciones Exteriores informa el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que busca profundizar y mejorar el Acuerdo de Integración Comercial entre Chile y la República del Ecuador, suscrito en Guayaquil, Ecuador, y Santiago, Chile, el 13 de agosto de 2020.
En la sesión de la Comisión participaron el Ministro de Relaciones Exteriores, don Andrés Allamand; el Director General de Asuntos Económicos Bilaterales, don Felipe Lopeandía; la Jefa de la División Sudamérica, señora Karina Cánepa, y los asesores señor Alexander Cea y señora Camila Manríquez.
Esta modernización del Acuerdo Comercial entre Chile y Ecuador busca profundizar lo que ya hace varios años se concretó en un primer acuerdo comercial en las relaciones económicas entre Chile y Ecuador, que es el Acuerdo de Complementación Económica, ACE, Nº 65, suscrito el 10 de marzo de 2008, el cual nació gracias a la ampliación del Acuerdo Comercial original, con el ACE N° 32, suscrito el 20 de diciembre de 1994. Ambos acuerdos fueron adoptados en el marco del Tratado Constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), suscrito en Montevideo el 12 de agosto de 1980.
Esto se halla dentro del contexto de la política exterior chilena, que busca consolidar relación de mercados y de tratados de libre comercio y de cooperación con alrededor de sesenta y nueve economías. Todos sabemos que forma parte de las políticas de desarrollo de nuestro país. La inserción internacional de Chile, la diversificación de nuestras exportaciones ha posibilitado un crecimiento de todo lo que implica el desarrollo de las actividades productiva, económica, cultural, de innovación y de emprendimiento que hoy día a Chile le permiten ser una economía abierta, y, además, con una serie de acuerdos que van más allá de lo solamente comercial.
Es en ese espíritu de relación económica comercial que el Presidente de Ecuador, en julio de 2018, manifestó su interés por formar parte, como Estado asociado, de la Alianza del Pacífico, organización de la cual, como todos sabemos, Chile es miembro y uno de los países fundadores. Esta solicitud fue acogida como un paso intermedio para ser socio pleno de esta iniciativa de integración.
La Alianza del Pacífico y Ecuador han avanzado en la negociación de los términos de referencia a través de los cuales se desarrollará la negociación una vez que concluyan aquellas con los actuales candidatos a Estado asociado, que son Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.
De manera paralela, Chile y Ecuador manifestaron su interés en profundizar el Acuerdo de Complementación Nº 65, y el 11 de abril de 2019 se vino a concretar la suscripción de los términos de referencia para iniciar el proceso de negociación del denominado "Acuerdo de Integración Comercial".
En ese marco de reuniones, los Presidentes de Chile y de Ecuador acordaron actualizar dicha instancia, dotándola de un marco jurídico acorde con la actual agenda comercial. Con el fin de cumplir este mandato presidencial, los equipos negociadores de ambos países trabajaron en forma sistemática y lograron suscribir, el 13 de agosto de 2020 y de manera virtual, el acuerdo entre Chile y la República del Ecuador.
Están las cifras de lo que implica el comercio entre los dos países. Latinoamérica representa el 15 por ciento de nuestras exportaciones. Y Ecuador se destaca por ocupar el quinto lugar en la región y el decimocuarto a nivel mundial, totalizando el año 2019 con la suma de 2.034 millones de dólares, cifra que ha ido creciendo en los últimos años.
Sin duda, este es uno de aquellos proyectos que permiten fortalecer las relaciones internacionales de nuestro país en el ámbito latinoamericano. Siempre ha formado parte de los objetivos principales de la política exterior tener la mejor de las relaciones, desde todo punto de vista, con Latinoamérica, y fundamentalmente con Sudamérica. Aun cuando entendemos que hay mercados muchísimo más potentes o más grandes, hay identidad de objetivos con los países que forman parte de América Latina.
Por eso es muy importante aprobar este acuerdo económico con Ecuador, que nos permite profundizar la integración a nivel comercial.
El proyecto fue aprobado en forma unánime por la Comisión de Relaciones Exteriores, la que sugiere a la Sala del Senado proceder en los mismos términos.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Pizarro, Presidente de dicho organismo.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, el cual queda despachado en este trámite.
PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN LABORAL MEDIANTE ANÁLISIS GENÉTICOS
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La señora Presidenta pone en discusión el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que prohíbe la discriminación laboral frente a análisis genéticos.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 7.709-13) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, que aprobó un texto compuesto por tres artículos permanentes mediante los cuales se persigue:
Primero, establecer la prohibición de condicionar la contratación de trabajadores, su permanencia, promoción o movilidad en el empleo a la ausencia o existencia de genes que evidencien la probabilidad de desarrollar enfermedades o anomalías físicas o psíquicas, prohibiendo asimismo la exigencia de exámenes en ese sentido.
Segundo, contemplar la posibilidad de que el trabajador preste su consentimiento libre e informado para practicarse exámenes genéticos cuando se trate de asegurar que reúne las condiciones físicas o psíquicas necesarias para desarrollar faenas calificadas como peligrosas.
Y tercero, resguardar la intimidad del trabajador y garantizar un manejo reservado de sus datos genéticos, de acuerdo a la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.
A su respecto la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó las siguientes enmiendas:
En primer lugar, sustituyó el artículo 1 de la iniciativa por otro, que en lo pertinente, en lugar de referirse a "la ausencia o existencia de genes en que se evidencie una probabilidad de desarrollar un determinado tipo de incapacidad", hace mención a "la ausencia de mutaciones o alteraciones en su genoma que causen una predisposición a un alto riesgo de patología.". Luego, en cuanto a la prohibición de exigir certificados o exámenes, en vez de aludir a aquellos que permitan verificar si el trabajador posee en su genoma humano material genético que pueda desarrollar o manifestarse en una enfermedad o anomalía física o psíquica en el futuro, se refiere a los que permitan "verificar que el trabajador no posee en su genoma humano mutaciones o alteraciones de material genético que puedan derivar en el desarrollo o manifestarse en una enfermedad o anomalía física o psíquica en el futuro.".
Enseguida incorporó, en el artículo 2, después de la frase "un examen genético", la siguiente: ", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley Nº 20.584", norma referida al derecho de toda persona de otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud.
Además, agregó, en el mismo artículo 2 del proyecto, las siguientes oraciones finales: "En caso de ser requeridos estos exámenes por el empleador, éste deber asumir su costo. Asimismo, en caso de existir relación laboral vigente, el tiempo utilizado en la realización de dichos exámenes se entenderá como trabajado para todos los efectos legales".
Finalmente, en el artículo 3 reemplazó la frase "en la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada", por la siguiente: "en la ley Nº 20.584 y en el artículo 12 de la ley Nº 20.120,". El primero de dichos cuerpos legales regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, en tanto que el segundo, sobre investigación científica en el ser humano, su genoma y la prohibición de la clonación humana, establece en su artículo 12 (al que se remite la norma) la reserva de información genética del ser humano, sin perjuicio de las facultades de los tribunales de justicia, en los casos y en la forma establecidos en la ley. Asimismo, para los efectos de dicha ley, hace aplicables las disposiciones sobre secreto profesional.
El Senado debe pronunciarse respecto de las enmiendas efectuadas por la Cámara Diputados.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por la Cámara de origen en el primer trámite constitucional y las modificaciones introducidas en el trámite siguiente por la Cámara revisora.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Le damos la palabra a la Presidenta de la Comisión de Trabajo para que rinda el correspondiente informe.
La señora GOIC.-
Muchas gracias, Presidenta.
La tramitación de este proyecto, que prohíbe la discriminación laboral frente a exámenes genéticos (boletín Nº 7.709-13), tiene ya bastante tiempo. Quiero destacar que se originó en una moción del Senador Alejandro Navarro a través de una iniciativa que fue bastante innovadora en su momento.
Hoy día estamos bastante más acostumbrados a hablar de lo que significa la modernidad, del uso de datos y de cómo se protege a las personas frente a dicha discriminación. Es más, en este Parlamento hemos tramitado una ley que reconoce los neuroderechos. Así que avanzar en estos temas, que tienen que ver con la protección de los trabajadores y la información que puede servir para hacerlos vulnerables, resulta tremendamente relevante.
Este proyecto, aprobado inicialmente por el Senado, vuelve nuevamente aquí después de su paso por la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora estamos en el tercer trámite.
Cabe recordar que los Comités acordaron que la Comisión de Trabajo, más que hacer modificaciones o elaborar un informe, verificara que las ya introducidas estuvieran dentro de los contenidos del proyecto, lo cual ha permitido que este se vea en tabla de Fácil Despacho.
La iniciativa fue aprobada por el Senado en diciembre del 2014 y la Cámara de Diputadas y Diputados la discutió y votó en enero de este año, por lo que las enmiendas que realizó actualizaron el texto aprobado por nuestra Corporación en cuanto a la prohibición para los empleadores de condicionar la contratación de trabajadores, su permanencia, promoción o movilidad en el empleo a la ausencia de mutaciones o alteraciones en su genoma que causen una predisposición o un alto riesgo a una patología que pueda manifestarse durante el transcurso de la relación laboral. Así, el trabajador tendrá derecho a aceptar o no la realización de un examen genético de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 20.584.
En cuanto al consentimiento informado del trabajador, se establece que cuando los exámenes sean requeridos por el empleador, este deberá asumir su costo, y que si existe una relación laboral vigente, el tiempo utilizado en los exámenes se entenderá como trabajado para todos los efectos legales.
Finalmente, la mención que el texto del Senado hacía de la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, es sustituida por una referencia a la ley Nº 20.584, sobre derechos y deberes de las personas en sus atenciones en salud, y a la ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano y su genoma.
Todas las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, tal como señalé, no merecen mayores reparos por parte nuestra, ya que están en la línea de lo originalmente planteado. Lo que hacen es actualizar una moción que ya tenía algunos años desde que fue aprobada por el Senado, en un tema que, como imaginarán los colegas, sufrió cambios durante ese período, manteniendo tal cual el objetivo del proyecto, que es establecer la prohibición de condicionar la contratación de trabajadores y su permanencia, promoción o movilidad en el empleo a la ausencia o existencia de genes que evidencien la probabilidad de desarrollar enfermedades o anomalías físicas o psíquicas, prohibiendo asimismo la exigencia de exámenes en tal sentido.
Me parece muy importante que se contemple el consentimiento libre e informado de los trabajadores. Probablemente, más allá del despacho de esta iniciativa, se va a requerir, por parte de la Dirección del Trabajo, una campaña informativa que entregue las herramientas y los elementos que permitan conocer sus alcances y cómo se va a implementar. Creo que eso -ya lo hemos visto en distintas regulaciones laborales- es parte fundamental de cómo se protege y sobre todo de cómo se respeta la voluntad de los trabajadores en esta materia.
También es parte de los objetivos, Presidenta, resguardar la intimidad del trabajador y garantizar un manejo reservado de sus datos genéticos, de acuerdo a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora.
¿Quiere continuar?
La señora GOIC.-
Sí, Presidenta.
Quisiera agregar otros antecedentes.
Desde hace tiempo se sabe que las alteraciones genéticas pueden causar enfermedades, y que ya se conocen 1.100 genes humanos cuyas mutaciones originan hasta 1.500 enfermedades diferentes, aunque, según se advierte, como no toda mutación produce enfermedades, sus consecuencias varían desde un estado normal de salud hasta enfermedades graves, según el gen, la alteración y las condiciones de cada individuo. Por eso se deja espacio para que esto sea informado y para que el trabajador, en el caso de que le soliciten el examen, pueda decir "sí" o "no" y ello no sea motivo de discriminación.
Se indica que la información sobre las anormalidades genéticas de una persona se obtiene de análisis, pruebas, exámenes o test genéticos, los que pueden tener el propósito de identificar o confirmar el pronóstico de una enfermedad, detectar portadores sanos de genes recesivos, establecer en forma presintomática que se sufrirá una determinada enfermedad o predecir las posibilidades de que ellas ocurran, y también para detectar una mayor resistencia a ciertas enfermedades.
Se expresa que en el ámbito laboral se realizan pruebas de este tipo para identificar a individuos que presentan gran susceptibilidad a ciertos riesgos laborales derivados de la contaminación del aire, radiaciones, sustancias químicas industriales u otros agentes, lo que permite adoptar decisiones de contratación o colocación de empleados. Se añade que dichos exámenes también se realizan para detectar daños genéticos en los trabajadores, ocasionados por la exposición a productos químicos o radiaciones ionizantes, por ejemplo, lo que permite prevenir riesgos futuros para la salud humana.
Se manifiesta que el interés de los empresarios... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Como señalaba, Presidenta, se manifiesta que el interés de los empresarios en la realización de estas pruebas se puede explicar por su constante búsqueda de formas de disminuir los costos y de incrementar los beneficios, ya que la información que pueden obtener por esta vía les permite calcular si sus empleados, actuales o futuros, resultarán más onerosos, y por eso menos idóneos, para un trabajo según las enfermedades que podrían sufrir en el futuro, o también para asignarles funciones de acuerdo a ello, a fin de optimizar la organización y la marcha de la empresa. Por otra parte, el conocimiento de tal información podría incluso derivar en la obligación del empleador de proteger la salud y la vida de sus trabajadores, evitando exponerlos a circunstancias riesgosas.
Se agrega que tampoco es posible descartar que al propio trabajador le interese de repente someterse a pruebas genéticas, sea para orientar su futuro profesional de acuerdo con sus aptitudes físicas y psíquicas,... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... buscando protección ante los riesgos que pueda presentar para su salud, sea para determinar que su condición genética le otorga un perfil favorable para su contratación, ascenso, movilidad o permanencia en un puesto de trabajo determinado, o para esclarecer si las causas del daño que haya sufrido se explican por las sustancias a que se ha visto expuesto en su trabajo.
Se indica que las naciones civilizadas ya han establecido algunos lineamientos con el propósito de que estos progresos científicos y técnicos respeten la dignidad y los derechos de la persona humana. Ello impone entender que los individuos no se reducen a sus características genéticas; respetar el carácter único de cada uno de ellos y su diversidad, y resguardar que nadie sea discriminado en razón de dichas características.
De igual manera, el respeto a la privacidad y autonomía de las personas exige que el consentimiento que el trabajador preste para la realización de tales exámenes sea previo, libre e informado. Asimismo, ello importa que los resultados de las pruebas sean manejados de manera reservada, y que estos solo puedan ser comunicados al empleador con la expresa autorización del trabajador, no pudiendo presumirse su asentimiento en razón de haber aceptado someterse a tales análisis.
Conforme a ello, se señala que en el ámbito de nuestro derecho interno estas prerrogativas encuentran un cierto reconocimiento general, por ejemplo, en diversas normas de la Constitución Política de la República, el Código del Trabajo, el Código Sanitario, la ley específica que tenemos para el virus de inmunodeficiencia humana, o la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Sin embargo, todavía estaba pendiente lo que el Senador Navarro propuso regular sobre la materia en términos laborales.
Quiero recordar que el proyecto fue aprobado por la Sala del Senado, en el primer trámite constitucional, por 13 votos a favor y 1 en contra, el 15 de octubre de 2014, tal como ya lo había señalado. Y en particular lo fue de conformidad con el artículo 120 del Reglamento, al no haberse presentado indicaciones al proyecto, en diciembre del mismo año.
El texto despachado por el Senado es el siguiente:
"Artículo 1°.-
Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia o existencia de genes en que se evidencie una probabilidad a desarrollar un determinado tipo de incapacidad que puede llegar a manifestarse o no durante el transcurso de la relación laboral, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno para verificar si el trabajador posee en su genoma humano material genético que pueda desarrollar o manifestarse en una enfermedad o anomalía física o psíquica en el futuro.
"Artículo 2°.-
El trabajador podrá manifestar su consentimiento libre e informado para realizarse un examen genético, siempre y cuando esté dirigido a asegurar que reúne las condiciones físicas o psíquicas necesarias e idóneas para desarrollar trabajos o faenas calificados como peligrosos, con la única finalidad de proteger su vida o integridad física o psíquica, como asimismo la vida o salud física o mental de otros trabajadores.
"Artículo 3°.-
Los establecimientos de salud y los laboratorios que realicen este tipo de exámenes, como asimismo los empleadores que accedan a esta información deberán adoptar todas las medidas de seguridad prescritas en la ley 19.628, con el fin de proteger la intimidad del trabajador y garantizar un manejo reservado de los datos".
"El trabajador siempre tendrá derecho a acceder a la información que arroje un examen genético".
Posteriormente, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados dio su aprobación al proyecto, con las siguientes enmiendas.
-Sustituyó el artículo 1° por el siguiente:
"Artículo 1.-
Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores, su permanencia o la renovación de su contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia de mutaciones o alteraciones en su genoma que causen una predisposición o un alto riesgo a una patología que pueda llegar a manifestarse durante el transcurso de la relación laboral, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno que permita verificar que el trabajador no posee en su genoma humano mutaciones o alteraciones de material genético que puedan derivar en el desarrollo o manifestarse en una enfermedad o anomalía física o psíquica en el futuro.".
En el artículo 2° se ha incorporado, luego de la frase "un examen genético", la siguiente: ", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley N° 20.584".
Además, ha agregado, luego del punto aparte, que pasa a ser seguido, el siguiente texto: "En caso de ser requeridos estos exámenes por el empleador, éste deberá asumir su costo. Asimismo, en caso de existir relación laboral vigente, el tiempo utilizado en la realización de dichos exámenes se entenderá como trabajado para todos los efectos legales.".
Este texto, tal como he señalado, lo que hace es resguardar un derecho de los trabajadores, está absolutamente en línea y actualiza lo que ya habíamos aprobado con anterioridad en el Senado.
Por lo anterior, Presidenta, recomendamos aprobar esta iniciativa.
Asimismo, quiero insistir en que haya un seguimiento, un acompañamiento de la Dirección del Trabajo para que efectivamente esta normativa se cumpla a cabalidad.
Muchas gracias.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Goic.
Si le parece a la Sala, aprobaremos por unanimidad las enmiendas introducidas al proyecto.
El señor BIANCHI.-
Muy bien.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, colegas.
--Se aprueban unánimemente las enmiendas introducidas por la Cámara Baja, y queda el proyecto despachado en este trámite.
ASEGURAMIENTO DE RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES (14.258-11).
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Señoras y señores Senadores, tenemos un problema.
En el proyecto sobre respeto y no discriminación a personas con enfermedades inflamatorias intestinales, hicimos una votación de acuerdo al cálculo del número de Senadores de ese momento, pues el Senador Navarro había solicitado un permiso constitucional.
Sin embargo, el Senador entró a la Sala y nos cambió los quorum.
Entonces, ahora tenemos el problema de que el proyecto no está aprobado, por lo que necesitamos repetir la votación.
El señor ELIZALDE.-
¡Que el Senador deje sin efecto el permiso!
Así habría quorum necesario, porque ahora no lo hay.
¿Cuántos votos son?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Ahora no hay. Tiene razón el Senador Elizalde.
Necesitamos 25 votos. El proyecto se aprobó con 24, que era en ese instante el quorum exigido.
Les pido a Sus Señorías que seamos superrigurosos en esto.
¡El Senador Navarro echó abajo la moción de los parlamentarios de Salud...!
El señor ELIZALDE.-
Presidenta, ese permiso ya está suspendido. Tiene que pedirlo de nuevo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El permiso quedó sin efecto.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Así es.
Quedó sin efecto cuando el Senador entró a la Sala.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Mientras hacemos sonar los timbres para repetir la votación del proyecto, quiero saludar a los integrantes del Parlamento Andino, que nos acompañan.
Saludaré primero a los extranjeros:
A don Paúl Desamblanc, Vicepresidente del Parlamento Andino de Ecuador.
(Aplausos en Sala y en tribunas).
A don Eduardo Chiliquinga, Secretario General del Parlamento Andino, también de Ecuador.
(Aplausos en Sala y en tribunas).
A don Javier Fernando Arce, Vicepresidente del Parlamento Andino de Perú.
(Aplausos en Sala y en tribunas).
A don Gustavo Pacheco, del Parlamento Andino de Perú.
(Aplausos en Sala y en tribunas).
A don Juan Carlos Ramírez, del Parlamento Andino de Perú.
(Aplausos en Sala y en tribunas).
Además, nos acompañan los señores Joel Oyarce y Ali Mamani, asesores del Parlamento de Perú; la señora María Pimentel, esposa del Vicepresidente Javier Arce; Tannia Achata y José Luis Choque, asesores del Parlamento peruano, y Camila Arias, Coordinadora de Protocolo.
(Aplausos en Sala y en tribunas).
¡Nuestro Senado les da la bienvenida!
Espero que desarrollen un muy buen trabajo en el Parlamento Andino, el cual está compuesto también por los Senadores Juan Pablo Letelier y Alejandro García-Huidobro, presentes aquí en la Sala.
¡Un aplauso para todos ustedes!
(Aplausos en Sala y en tribunas).
)------------(
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Muy bien, colegas.
Estamos haciendo sonar los timbres para repetir la votación del proyecto que anuncié.
Secretario, certifique la votación, por favor.
Vamos a chequear la unanimidad por un tema de quorum.
El señor BIANCHI.-
¡Que cambie su pinche permiso el Senador Navarro...!
(Risas)
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Muy bien.
Entonces, se ratifican los votos a favor.
El señor QUINTEROS.-
Agregue mi voto, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Así se hará.
Además, usted fue el Senador informante.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En consecuencia, señora Presidenta, el proyecto de ley que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedades inflamatorias intestinales, promueve su conocimiento y la no discriminación, queda aprobado con 26 votos y la intención de voto favorable del Senador señor Quinteros.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Así es.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto en los términos indicados, dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido (26 votos), y queda despachado en este trámite.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Señoras y señores Senadores, mientras esperamos una Cuenta agregada, a petición de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, solicito la autorización para que dicho órgano técnico pueda sesionar paralelamente con la Sala a partir de las 17 horas, con el objeto de considerar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de integración social y urbana.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Gracias, colegas.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Estamos a la espera de una Cuenta agregada sobre el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para regular el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios.
Se trata del veto del Presidente de la República para que podamos votarlo en la tarde, y así la Cámara de Diputados lo vea mañana.
Con eso estaríamos concluyendo esta sesión especial de la mañana.
Aprovecho de agradecerles a todas y a todos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Mensaje de S.E. el Presidente de la República:
Con el que comunica que hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental, respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios (Boletín N° 13.496-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Muy bien.
Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
--Se levantó a las 14:01.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción suplente