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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 121ª, en lunes 24 de enero de 2022
Especial
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 13:20 a 20:55)
PRESIDENCIA DE SEÑORA XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA, Y
SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR,
Y LA SEÑORA PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Concurrieron, además, presencialmente, los Ministros de Hacienda, señor Rodrigo Cerda Norambuena; Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y, telemáticamente, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Patricio Melero Abaroa.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios de Hacienda, señor Alejandro Weber Pérez; General de la Presidencia, señor Máximo Pavez Cantillano, y de Previsión Social, señor Fernando Arab Verdugo; y la Coordinadora de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, señora Javiera Suazo López.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe y la señora Pilar Silva García de Cortázar, subrogante.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 13:20, en presencia de 14 señoras Senadoras y señores Senadores.

La señora RINCÓN (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA

La señora RINCÓN (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Tres Mensajes de S. E. el Presidente de la República.
Con el primero, hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad (Boletín N° 13.046-07).
-El que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines N°s 13.115-06 y 13.565-07, refundidos).
-El que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro (Boletín Nº 14.486-05).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el segundo, hace presente la urgencia, calificándola de
"discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (Boletín N° 12.192-25).
-El que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).
-El que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios (Boletín N° 13.496-13).
-El que modifica la ley Nª 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República, para incorporar específicamente a los hijos de personas fallecidas por COVID 19 (Boletín N° 14.489-06).
-El que modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública (Boletín N°12.100-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el tercero, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín N° 11.540-14).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Once de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero, comunica que aprobó las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines N°s 13.115-06 y 13.565-07, refundidos), con las salvedades que indica, que ha rechazado. Además, comunica los nombres de las diputadas y los diputados que concurrirán a la formación de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se toma conocimiento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los integrantes de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para integrar la referida Comisión Mixta.
Con el segundo, informa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que modifica la ley N° 16.441, que crea el departamento de Isla de Pascua, en lo relativo al tratamiento penal de los delitos que indica (Boletines N°s 10.787-06, 10.788-06, 11.407-07 y 14.610-06, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a S.E. el Presidente de la República, para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
Con el tercero, da a conocer que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley sobre vigencia de los procedimientos excepcionales de regularización de viviendas y de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social (Boletines N°s 14.676-14 y 13.860-14, refundidos).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a S.E. el Presidente de la República.
Con el cuarto, informa que ha aprobado la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2021 para los recursos y regiones que indica (Boletín N°14.715-21).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el quinto, da a conocer que ha aprobado la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para aplicar las normas relativas al personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otros de emergencia, al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (Boletín N° 12.867-15).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el sexto, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que Fortalece el Sistema de Alta Dirección Pública y la Dirección Nacional del Servicio Civil (Boletín N° 14.582-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el séptimo, informa que aprobó el proyecto de ley que sanciona la remoción no consentida del preservativo durante una relación sexual (Boletín N° 14.665-34).
--Pasa a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la Mujer y la Igualdad de Género.
Con el octavo, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que regula la práctica de cirugías plásticas con fines de embellecimiento (Boletines N°s 13.043-11 y 13.093-11, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Salud y a la de Hacienda, en su caso.
Con el noveno, da a conocer que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro (Boletín N° 14.486-05), con la salvedad que indica, que ha rechazado, al no alcanzar el quórum constitucional requerido. Asimismo, comunica los nombres de la diputada y los diputados que concurrirán a la formación de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se toma conocimiento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los miembros de la Comisión de Hacienda para integrar la referida Comisión Mixta.
Con el décimo, informa que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad (Boletín N° 13.046-07), con la salvedad que indica, que ha rechazado, e informa los nombres de la diputada y los diputados que concurrirán a la formación de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se toma conocimiento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para integrar la referida Comisión Mixta.
Con el undécimo, comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que prohíbe discriminación laboral frente a análisis genéticos (Boletín N° 7.709-13), con las enmiendas que indica.
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-artículo 5°, numeral 3, del Código de Justicia Militar (Rol N° 12659-21 INA).
-respecto de la frase "en un plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente ley", contenida en el artículo transitorio, inciso segundo, de la Ley N° 20.791 (Rol N° 12640-21 INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final; e inciso segundo, parte primera, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 12674-21 INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12737-22 INA; Rol N° 12754-22 INA; Rol N° 12767-22 INA; Rol N° 12746-22 INA; Rol N° 12465-21 INA; Rol N° 12772-22 INA; Rol N° 12772-22 INA; Rol N° 12777-22 INA; Rol N° 12766-22 INA; Rol N° 12800-22 INA; Rol N° 12761-22 INA; Rol N° 12773-22 INA; Rol N° 12780-22 INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite sentencia sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (Rol N° 12701-22), correspondiente al Boletín N° 12.208-07.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento con sus antecedentes.
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
-artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, en la expresión "actas", y la frase "contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga", de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; y del artículo 31 bis, inciso primero, e inciso segundo, letras a), b), d), f), y g), de la Ley N° 19.300 (Rol N° 12647-21 INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 12343-21-INA; Rol N° 12445-21-INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final; e inciso segundo, parte primera, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 11681-21-INA; Rol N° 11714-21-INA; Rol N° 11354-21-INA).
-Respecto de la expresión "en forma absoluta", contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226 (Rol N° 11348-21-INA; Rol N° 11475-21).
--Se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores
Entrega respuesta a Proyecto de Acuerdo N° S 2.219-12, relativo a la adopción de medidas con relación a las elecciones generales en la República de Nicaragua del 7 de noviembre de 2021.
De la señora Presidenta de la Comisión de Venecia
Propone oportunidad para realización de visita a Chile por parte de miembros de esa instancia, en el marco de la solicitud de opinión, apoyada por un grupo de miembros del Senado, sobre ciertos temas relevantes en el marco de la elaboración de la nueva Constitución de la República de Chile.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Minería, para prohibir la licitación de contratos especiales de operación de minerales no concesibles a privados, en los tres meses anteriores al traspaso de un gobierno (Boletín Nº 14.800-08).
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Integración Comercial entre la República de Chile y la República del Ecuador", suscrito en Guayaquil, Ecuador y Santiago, Chile, el 13 de agosto de 2020 (Boletín Nº 14.541-10).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Pensión Garantizada Universal, (Boletín N° 14.588-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para Tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señor Insulza, señoras Muñoz y Provoste y señores Girardi y Prohens, por la que inician un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por gracia al ciudadano argentino austriaco, señor Miguel Ricardo Roth Fuchs (Boletín N° 14.809-17).
--Pasa a Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Es todo, señora Presidenta.
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La señor RINCÓN (Presidenta).- Muchas gracias, señor Secretario.
Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Presidenta.
Yo solo quisiera destacar un punto, porque se ha debatido aquí mucho respecto al voto telemático.
Se aprobó una reforma bastante estricta y limitada. Yo diviso en las pantallas al Ministro del Trabajo -a quien aprovecho de saludar-; y esta no es una crítica al Ministro del Trabajo, sino que es la expresión de una diferencia que tengo con la bancada del partido en que milita el Ministro del Trabajo, porque la pregunta es...

La señora EBENSPERGER.- ¡Es por el aforo!

El señor ELIZALDE.- Sí, yo entiendo que me diga lo del aforo...

La señor RINCÓN (Presidenta).- Por favor, dejemos que termine.

El señor ELIZALDE.- Me voy a otro punto, me voy a otro punto...

La señor RINCÓN (Presidenta).- Dejemos que termine el colega, por favor.
Continúe, Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Déjeme terminar de hablar, Senadora Ebensperger.
Yo entiendo que los ministros forman parte de la labor legislativa, y aprovecho de felicitar al Ministro del Trabajo -no tengo un punto con él-; pero perfectamente se les podría conceder derecho a voz a los Senadores que se conectan telemáticamente.
Y la pregunta es: ¿Por qué los invitados tienen derecho a voz? ¿Y por qué no los Senadores para poder argumentar?
Ese es un punto.
Porque yo entiendo que el voto tiene que ser presencial, no tengo discusión, salvo que haya una reforma constitucional. Pero si establecemos que esta es una sesión mixta (de hecho, hay quienes intervienen telemáticamente) mi punto es que se les debiera dar al menos derecho a voz a los Senadores que están con contacto estrecho o están enfermos y que no pueden participar en las sesiones.
Eso es todo lo que planteo.
Insisto, no es una crítica al Ministro de Trabajo. Al contrario, Ministro Melero, lo felicito, porque yo sé que usted desarrolla un trabajo muy abnegado, independientemente de las diferencias que podemos tener -estamos en democracia-, pero esto es un punto práctico: que se les conceda derecho a voz a los Senadores que no pueden concurrir en razón de la pandemia.
Eso es todo.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Insulza.
Voy a dar la palabra a todos en la medida que se hayan inscrito.
Tiene la palabra el Senador Insulza y luego el Senador Coloma.
Este punto lo hicimos presente a requerimiento del Senador Elizalde en la sesión en que él no pudo participar por haber sido contacto estrecho. Y, obviamente, es válido.
Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.- Si esto fuera de todo el Congreso, a lo mejor no quedaríamos tan mal.
Esta mañana están sesionando como seis o siete comisiones de la Cámara de Diputados, todas ellas telemáticamente, porque el Reglamento de la Cámara permite funcionar de esa manera, y nosotros no hemos tenido capacidad para modificar el nuestro.
Entonces, la verdad es que es muy lamentable que una de las ramas del Congreso, cuando se discute acerca de la vigencia de la otra, tenga la posibilidad de funcionar de manera mucho más flexible y nosotros sigamos con cosas tan obvias como que un Senador que no pueda estar presente en la Sala por su condición de salud no pueda ni siquiera hablar, y otras cosas por el estilo.
Yo le sugeriría, Presidenta, que de una vez por todas resolvamos esto -ojalá antes de salir de vacaciones-, ¡porque estas muestras de conservantismo cavernario que tenemos aquí no le están haciendo un favor al Senado de la República...!
(Rumores).

La señor RINCÓN (Presidenta).- Colegas, por favor, mantengamos el orden.
Senador Coloma, Senadora Ebensperger y Senador García.
(Rumores).

La señor RINCÓN (Presidenta).- Silencio.

El señor COLOMA.- Presidenta, dos reflexiones.
Respecto del Senador Elizalde, yo quiero dejar claro que el Ministro del Trabajo y el Ministro de Hacienda querían estar presentes. Incluso plantearon esa opción y, por aforo y con toda razón, la Presidenta dijo que no podían asistir porque en tal caso seríamos más del número de personas adecuadas. Y por eso se quedaron en los lugares de trabajo. No por no venir; al contrario, ellos querían venir. Le dejo la aclaración.
Segundo, yo tengo absoluta convicción de que lo presencial ayuda mucho a resolver los temas. Hoy día en la Comisión de Hacienda trabajamos presencialmente, sin dramas, sin trauma, sin apreciaciones de conservadurismo ni de carnave... (a esta altura no sé cómo se dice lo de cavernario), sino que simplemente cumpliendo el deber. Lo que hace la gente cuando tiene que cumplir con su deber es estar presente a la hora de deliberar, y eso es lo normal. Que puede haber excepciones, lo planteamos en la reforma constitucional, en la parte que aprobamos, no en la parte que rechazamos.
El Senador Insulza bien sabe -o debiera saberlo- que en política internacional esto se está discutiendo en todas partes del mundo y en todas partes del mundo va en la línea que nosotros hemos acordado.
Le quiero dar un dato. Se está votando el nombre del Presidente de Italia en estos días, a estas horas. Y se produjo el problema, y la solución italiana fue que, como la presencialidad era clave, se habilitaran los estacionamientos del edificio del Congreso para que desde ahí los Senadores y los Diputados pudieran votar por el Presidente de Italia. No se les dijo: "voten telemáticamente", sino que podían asistir y, para no contagiar, podían votar desde los estacionamientos.
Entonces, Presidenta, no tratemos de plantear un falso dilema. Aquí estamos tratando de legislar lo mejor posible, y hagamos el esfuerzo de hacerlo y no de caricaturizar a quien piense distinto.
Gracias, Presidenta.

La señor RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador.
Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidenta.
Yo adhiero a lo que ha señalado el Senador Coloma, así que solamente quiero decirle brevemente al Senador Elizalde -por su intermedio, señor Presidenta- que uno de repente debiera manifestar públicamente lo mismo que al parecer siente en privado, porque aquí muchas veces se dan grandes discursos sobre el respeto a la mujer, pero aquí fue toda la línea la que le contestó y solo él hace alusión a mí.
Gracias, Presidenta.

La señor RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Ebensperger.
Creo que ha hecho un punto importante.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador García, Senador Pizarro.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, Presidenta.
Quiero solicitar, por su intermedio, la autorización de la Sala para que puedan ingresar don Alejandro Weber, Subsecretario de Hacienda; don Pedro Pizarro, Subsecretario de Previsión Social; y don Max Pavez, Subsecretario General de la Presidencia.
Gracias, Presidenta.

La señor RINCÓN (Presidenta).- ¿Si le parece a la Sala?
Okay.

La señor RINCÓN (Presidenta).- Senador Pizarro, Senador Moreira y Senador Chahuán.
Iremos dando la palabra a medida que se inscriban, por favor.
Perdón, Senador Insulza.

El señor INSULZA.- No está presente el Ministro por razones de aforo ¡y vamos a dejar entrar tres Subsecretarios! Yo quiero saber si estamos en aforo o no.
Porque si estamos en aforo, está bien, que vengan los Ministros; pero parece que hay aforo para Ministros y aforo para Subsecretarios.

La señor RINCÓN (Presidenta).- Perdón, quiero hacer una precisión que es bien importante para el acuerdo, porque lo había pedido y nadie dijo que no, y hoy día está...

El señor ELIZALDE.- Presidenta.

La señor RINCÓN (Presidenta).- Senador Elizalde, estoy pendiente.
Me dice el Senador Insulza, con justa razón, que el argumento de que no estén los Ministros es el aforo, y es bueno despejar aquello.
¿Cuál es el aforo, señor Secretario? Estamos revisándolo y vamos a discutir entonces la presencia o no de los Subsecretarios, Senador Insulza y Senador Elizalde.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.- Sí, Presidenta.
Mire, yo me permití hacer uso de la palabra porque de verdad creo que la forma como estamos abordando esto es la peor de todas.
Da la impresión de que aquí hubiera una discusión, una pelea bastante absurda entre modernistas y conservadores; entre cavernarios y trogloditas. No sé.
Yo le quiero pedir, Presidenta, que se borren de la versión las expresiones del Senador Insulza en esa materia porque hay una agresión directa a quienes tenemos una opinión distinta respecto de cómo el Senado tiene que funcionar.
La esencia de un Parlamento es la presencialidad, el diálogo y la conversación directa. Es parte de la representación que tenemos, de la legitimidad frente a la ciudadanía, que es la que nos elige. Y para eso hay normas; hay Reglamento y se funciona.
Lo normal es que los Senadores estemos acá, en la Sala, y viendo a la Sala -el colega Insulza lo sabe-, muchos de los colegas -voy a decir algo que va a sonar duro- no vienen por comodidad, o se van cuando estamos funcionando en la Sala e impiden que tengamos los quorum adecuados. Y no tiene nada que ver ni el COVID, ni la modernidad, ni el funcionar o no funcionar a distancia en situaciones de excepcionalidad.
El país hoy día está, desde hace dos años, en una situación de emergencia sanitaria. Y vamos a seguir por un tiempo así. Pero esa emergencia sanitaria está permitiendo -la forma como se está abordando, sin una declaración de estado de excepción- que se enfrente con menores restricciones que las que teníamos cuando estábamos en estado de excepción y con menos facilidades para funcionar a distancia, como lo hicimos durante bastante tiempo cuando había una cuarentena y también un aislamiento total. Hoy día no existe eso.
Se discute en la opinión pública y en la Convención Constitucional si este Senado tiene sentido o no. Y mientras todos los chilenos deben ir a cumplir con su trabajo en forma presencial -y es de la esencia para la labor legislativa y la representación política mantener un diálogo permanente en las Comisiones y acá mismo, en la Sala- nosotros vamos a decir: "No; nos vamos a trabajar a distancia, porque es moderno o más atractivo; porque es más cómodo funcionar así".
A mí nunca me ha gustado venir a Valparaíso. Quisiera al Congreso en el mismo lugar donde se halla la sede del Ejecutivo, en cualquier ciudad de Chile. Pero ese debate ya lo perdimos hace muchos años.
Pero no perdamos la perspectiva de que el Senado debe funcionar presencialmente por regla general. Y la excepción a eso se encuentra en un proyecto en tramitación hoy día que aborda el problema de todos aquellos colegas que presentan alguna enfermedad en que, con certificación médica, se establezca que el riesgo de vida es muy alto al estar trabajando en forma presencial. ¡Por supuesto que respecto de ellos se hará la excepción! Lo mismo para quienes están contagiados de COVID, pero que yo sepa no todos estamos contagiados acá; o para los que han sido decretados "contacto estrecho" y que han de hacer una cuarentena, situación que está variando por las normas sanitarias que se están aplicando.
Entonces, pido que sigamos con la tramitación de la reforma que se ha planteado, que nos permite hacer esta operación flexible, y no perdamos la perspectiva en el sentido de que es de la esencia de un Congreso trabajar presencialmente y permitir un diálogo cara a cara entre los distintos componentes de esta institución.
Gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador.
El aforo de esta Sala -y estoy hablando de acá, de abajo, no de la parte superior- es de 60 personas.
(Rumores).
Perdón, Senador Elizalde; no lo escucho.
Bueno, ese es el aforo con que contamos.
Entonces, hay una solicitud hecha para que ingresen los Subsecretarios.

El señor ELIZALDE.- No.

La señora RINCÓN (Presidenta).- No se accede.
Okay.
Senador Chahuán y Senadora Goic.

La señora EBENSPERGER.- ¡El Senador Moreira había pedido la palabra antes!

La señora GOIC.- El Senador Moreira estaba primero.

La señora RINCÓN (Presidenta).- ¡Ah, perdón!
El Senador Moreira en primer lugar.

El señor MOREIRA.- Presidenta, muy cortito.
Mire, yo le quiero pedir formalmente que el tema vinculado con los aforos, que el tema de la presencialidad o del sistema telemático sean vistos en los Comités, no ahora. Llevamos cuarenta y cinco minutos discutiendo estas cuestiones, en una sesión en que debemos tratar un proyecto emblemático e importante como el que nos convoca.
¡Por favor, no rasguemos vestiduras! Aquí hay ciertas normas que ni siquiera los Senadores y las Senadoras cumplen. Acá hay un instructivo que habla de que a lo menos cada quince días tenemos que hacernos un antígeno prostático...
¡Chuta!
(Risas y aplausos prolongados en la Sala).

El señor MOREIRA.- ¡Ayayay! ¡No! ¡No!

La señora RINCÓN (Presidenta).- ¡Ese es un gran micrófono abierto...!
(Risas).

El señor MOREIRA.- ¡No! ¡Debe ser por la edad que me estoy acordando...!
(Risas).

La señora RINCÓN (Presidenta).- Oiga, Senador, ¡ese es un gran micrófono abierto...!

El señor MOREIRA.- Sí, grande.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Reconozcámoslo.

El señor MOREIRA.- Yo entiendo; entiendo.
(Risas).
Mire, bueno, ¡me traicionó la...!
(Risas).
Pero no rasguemos vestiduras; aquí de verdad hay Senadoras y Senadores que no se hacen el antígeno.

El señor COLOMA.- ¿Cuál...?
(Risas).

El señor MOREIRA.- ¡El no prostático!
(Risas).
¡Eso es todo lo que digo...!

La señora RINCÓN (Presidenta).- ¡Todavía no tenemos que hacernos ese las Senadoras, solo para información...!
Senadora Goic, Senador Letelier y Senador Girardi.

La señora GOIC.- Presidenta, un tema...

La señora RINCÓN (Presidenta).- Perdón, Senadora Goic.
Me salté al Senador Moreira, pero había nombrado al Senador Chahuán.
Tiene la palabra Su Señoría; luego podrá intervenir la Senadora Goic, y seguimos.


MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE EX SENADOR ARTURO FREI BOLÍVAR

El señor CHAHUÁN.- Presidenta, entiendo lo festivo de la situación. Pero la solicitud que voy a hacer a continuación es un poquito más seria.
Quiero pedirle que el Senado haga un minuto de silencio por el fallecimiento del ex Senador Arturo Frei Bolívar.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador.
Vamos a proceder, entonces, con ese sentido reconocimiento.
(Los asistentes se ponen de pie y la Sala guarda un minuto de silencio).

La señora RINCÓN (Presidenta).- Muchas gracias.


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La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Carolina Goic.

La señora GOIC.- Gracias, Presidenta.
Tiene que ver con el punto undécimo de la Cuenta, donde se comunica la aprobación del proyecto de ley que prohíbe la discriminación laboral frente a análisis genéticos, el cual es enviado a la Comisión de Trabajo. Al respecto, quiero señalar que revisamos en cuanto a su contenido; está en tercer trámite, y no es necesario que sea visto por la referida instancia.
Entiendo que hay un acuerdo de los Comités para que, siendo eso así, pueda ser tratado en tabla de Fácil Despacho. Nosotros no tenemos ningún problema con las modificaciones, y el proyecto debería venir directo a la Sala.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Se toma nota, Senadora Goic.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador Letelier.

El señor LETELIER.- No, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Senador Girardi.

El señor GIRARDI.- No.

La señora RINCÓN (Presidenta).- ¿No?
Okay.
Hay un tema que debemos resolver antes de pasar a los proyectos de la tabla. Perdón, vamos a los acuerdos de Comités y después veremos el asunto que quedó pendiente.


ACUERDOS DE COMITÉS

La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Los Comités, en sesión celebrada el 21 de enero recién pasado, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Citar a sesiones especiales de la Corporación el lunes 24 de enero de 2022, a partir de las 12 horas, en citaciones sucesivas cada una hora y hasta total despacho, para tratar las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Pensión Garantizada Universal (boletín N° 14.588-13).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica (boletín N° 14.763-05), siempre que ambas iniciativas fueren despachadas por la Comisión de Hacienda y se hubieren recibido los informes o certificados respectivos.

2.- Reemplazar la tabla de la sesión especial convocada para el martes 25 de enero del presente, de 12 a 14 horas, por la siguiente:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de la Comisión para el Mercado Financiero de dar cuenta pública anual al Senado (boletín N° 12.651-05).
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para regular el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios (boletín N° 13.496-13).
-Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (boletín N° 11.540-14).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, promueve su conocimiento y la no discriminación (boletín N° 14.258-11).
-Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República, para incorporar específicamente a los hijos de personas fallecidas por COVID-19 (boletín N° 14.489-06).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de Integración Comercial entre la República de Chile y la República del Ecuador, suscrito en Guayaquil, Ecuador, y Santiago, Chile, el 13 de agosto de 2020 (boletín N° 14.541-10).
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que prohíbe discriminación laboral frente a análisis genéticos (boletín N° 7.709-13), siempre que fuere despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y se hubiere recibido el informe o el certificado respectivo.
Asimismo, los Comités acordaron que las referidas iniciativas serán tratadas como si fueran de Fácil Despacho, de conformidad con el siguiente procedimiento: en cada una de ellas se ofrecerá el uso de la palabra a la señora Senadora Presidenta o al señor Senador Presidente de la Comisión respectiva para que rinda el informe correspondiente; y, en seguida, sin discusión ni fundamento de voto, serán sometidas a votación.

3.- Considerar en primer, segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 25 de enero del presente, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (boletines Nos 11.092-07 y 11.144-07, refundidos).
-Observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República que presente respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para regular el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios (boletín Nº 13.496-13), siempre que se hubiere recibido el mensaje correspondiente, fuere despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y se hubiere recibido el informe o el certificado respectivo.
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura (boletín Nº 11.571-21).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Minería para prohibir la licitación de contratos especiales de operaciones de minerales no concesibles a privados en los tres meses anteriores al traspaso de un gobierno (boletín Nº 14.800-08).

4.- Considerar en primer, segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 26 de enero del año en curso, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, de reforma integral al sistema de adopción en Chile (boletín N° 9.119-18).
-Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 134 de la Constitución Política con el objeto de regular la forma de provisión de vacantes de convencionales constituyentes independientes pertenecientes a listas conformadas solo por independientes y establecer la renuncia al cargo de convencional en casos graves (boletines Nos 14.589-07 y 14.592-07, refundidos).
-Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica, para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda, con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia de COVID-19 (boletín N° 14.257-11).
-Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley de alcoholes respecto de las sanciones administrativas (boletín Nº 12.643-06).

5.- Retirar del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 26 de enero en curso, para ser considerado en una de las sesiones ordinarias de los primeros días del mes de marzo, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo (boletín Nº 10.626-07), siempre que fuere despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se hubiere recibido el informe o el certificado respectivo.

6.- Facultar a la señora Presidenta del Senado para citar a sesión especial de la Corporación el jueves 27 de enero del presente, en horario que defina, a fin de tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala (boletín Nº 13.941-17), siempre que fuere despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se hubiere recibido el informe o el certificado respectivo.
Es todo, señora Presidenta.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
¿Algún comentario sobre los acuerdos de Comités?
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador Bianchi.

El señor BIANCHI.- No, Presidenta.
Más que sobre ello, quiero volver a solicitarle que recabe la unanimidad de la Sala para que puedan ingresar los Subsecretarios.
El Secretario ha señalado la capacidad de aforo que tenemos, y estaríamos cumpliendo con ella.
El debate que tendremos sobre un proyecto de ley tan esperado por el país creo que amerita que estén presentes los Subsecretarios. Además, nos acompaña el Ministro del Trabajo vía telemática.
Esa es la petición, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Sí. Gracias Senador.
Con respecto al tema, no estaba autorizada para decirlo; pero el Ministro Melero no está aquí con nosotros porque fue contacto estrecho, por lo que debe guardar cuarentena, y...

El señor NAVARRO.- ¡El Ministro puede estar telemático y nosotros no!

La señora RINCÓN (Presidenta).- ... por eso está el Subsecretario. De manera que sería bueno dejarlo ingresar a la Sala.

La señora EBENSPERGER.- ¡El Ministro puede estar telemático!

La señora RINCÓN (Presidenta).- En el caso del Ministro se agradece si hay acuerdo para que puedan entrar.
Se encuentra aquí el Subsecretario Pizarro, del Ministro Melero; el Ministro de Hacienda está por llegar, y se hallan también el Ministro de la Segprés y su Subsecretario.
Entonces, si les parece a los Senadores, los autorizaremos para ingresar a la Sala a fin de darle curso al tratamiento de este tan importante proyecto.

El señor ELIZALDE.- ¡Para la Segprés no!

La señora RINCÓN (Presidenta).- ¿No hay acuerdo para el de la Segprés?

El señor ELIZALDE.- No.

La señora RINCÓN (Presidenta).- No hay acuerdo para la Segprés; el resto puede ingresar.
--Acordado.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- De otro lado, un tema que quedó pendiente el otro día por falta de quorum tiene que ver con fijar plazo de indicaciones.
Aquí está el Presidente de la Comisión de Economía.
En sesión del 19 de enero se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas de los delitos económicos.
El acuerdo de la Sala es que vaya a la Comisión de Constitución, la que lo va a revisar; pero, además, tenemos que abrir un plazo para la presentación de indicaciones, el que se propone venza el 4 de marzo.
¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario.
IV. ORDEN DEL DÍA



CREACIÓN DE PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Conforme a los acuerdos de Comités, la señora Presidenta pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Pensión Garantizada Universal.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.588-13) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por objeto crear un beneficio no contributivo denominado "Pensión Garantizada Universal" que reemplaza la pensión básica solidaria de vejez, el que será financiado con recursos del Estado, al que podrán acceder quienes, habiendo cumplido sesenta y cinco años de edad, no integren un grupo familiar perteneciente al 10 por ciento más rico de la población de sesenta y cinco o más años, acrediten residencia en el territorio de la República de Chile por el lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad, y cuenten con una pensión base menor a la pensión superior.
Cabe señalar que, en sesión de 4 de enero del año en curso, se dio cuenta en la Sala del Senado de esta iniciativa, oportunidad en la cual se dispuso que el proyecto de ley fuera conocido por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y por la Comisión de Hacienda, en su caso.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social hace presente que, por tratarse de una iniciativa de ley con urgencia calificada de "discusión inmediata", la debatió en general y en particular a la vez. Asimismo, la referida Comisión deja constancia de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus integrantes, Senadoras señoras Goic y Muñoz y Senadores señores Galilea, Letelier y Sandoval. En particular, aprobó la iniciativa con las modificaciones y votaciones que se consignan en su informe.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, esto es, respecto del artículo 1º, números 7, 10 letra b), 14, 16, 17 letra d), 18 letra b), 19 y 24 letra b); artículo 2º, números 1, 2 letra a), 3, 4, 6 y 8; artículo 3º, número 2; artículo 4º, número 3; artículos 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 25 permanentes, y sobre los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, undécimo y decimotercero transitorios, en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como reglamentariamente corresponde.
Hace presente, además, que introdujo enmiendas en los artículos 1º, donde incorpora un numeral 17 nuevo, y 2º permanentes, y artículos sexto y séptimo transitorios, respecto del texto despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Asimismo, indica que tanto las modificaciones incorporadas como las normas de competencia de la Comisión fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros, con excepción de una oración del inciso segundo del artículo séptimo transitorio, que fue sancionada por mayoría de votos.
Por otra parte, se deja constancia de los informes financieros considerados en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Cabe hacer presente que todos los artículos del proyecto de ley requieren para su aprobación 22 votos favorables, por tratarse de normas de quorum calificado.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 77 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Del mismo modo, es importante señalar que este proyecto de ley, que crea una Pensión Garantizada Universal, estuvo disponible para la opinión ciudadana entre los días 7 y 17 de enero del presente año en la plataforma web del Congreso Virtual.
En la votación de la ciudadanía respecto del proyecto en general participaron 476 personas. De ellas, el 88 por ciento votó a favor de la normativa. Además, los y las congresistas virtuales entregaron un total de doscientas veintidós opiniones y recomendaciones. Del mismo modo, es importante señalar que el promedio de edad de quienes participaron en este debate fue de cuarenta y siete años.
El informe de participación ciudadana en esta plataforma de Congreso Virtual, en sus versiones ejecutiva y extendida, fue despachado esta mañana a las casillas institucionales de todas las señoras y señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
Le damos la palabra a la Presidenta de la Comisión de Trabajo para que rinda el correspondiente informe.

La señora GOIC.- Gracias, Presidenta.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social dedicó siete sesiones a la discusión y despacho del proyecto de ley que crea la Pensión Garantizada Universal, que hoy día estamos tramitando con urgencia calificada de "discusión inmediata", para lo cual escuchamos al Ministro del Trabajo y Previsión Social, al Ministro de Hacienda, a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, a los respectivos equipos ministeriales, al Subsecretario Pizarro aquí presente, al Consejo Consultivo Previsional, al Superintendente de Pensiones, al Director del Instituto de Previsión Social, y en audiencias, a la Presidenta de la Asociación Gremial de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones y a la Fundación Sol, cuyas opiniones e información contribuyeron a la realización de una serie de modificaciones al texto legal despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Es importante recordar que esta iniciativa crea un beneficio, denominado "Pensión Garantizada Universal", que reemplaza al sistema de pensiones solidarias de vejez, por lo que la ley N° 20.255, conocida habitualmente como "Ley del Pilar Solidario", pasará a regular solo la pensión básica de invalidez.
Una de las primeras enmiendas que se efectuaron en la Comisión incide en uno de los requisitos para ser beneficiario o beneficiaria de la pensión básica de invalidez y se refiere a la integración de un grupo familiar que pertenezca al 80 por ciento más pobre de la población. Cabe recordar que la Cámara de Diputadas y Diputados había acordado, tal como lo había planteado inicialmente el Ejecutivo, que la cobertura alcanzara únicamente al 60 por ciento. Lo anterior implica el aumento de los potenciales pensionados del beneficio de la pensión de invalidez a 56.431 personas.
También se incorporó, a petición de las y los integrantes de la Comisión, un subsidio para personas con discapacidad mental y con discapacidad física o sensorial severa, menores de dieciocho años, que pertenezcan al 60 por ciento de la población más pobre. El monto del subsidio que se creó será del 50 por ciento del monto máximo de la Pensión Garantizada Universal. Conviene recordar que en la actualidad este subsidio se entrega, por un monto cercano a los 77 mil pesos, a apenas el 20 por ciento de la población más vulnerable y exclusivamente en aquellos casos en que existe discapacidad cognitiva severa, no otras discapacidades, y por lo tanto estamos ante un aumento de cobertura bastante importante.
Se modificó el decreto ley N° 3.500, fijando un umbral de renta de 3 unidades de fomento para acceder a la renta vitalicia inmediata, de modo que más pensionados puedan elegir su modalidad de pensión.
Se incluye, dentro de los pensionados exentos de la cotización del 7 por ciento para salud, a los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal, siempre que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y acrediten su residencia en Chile.
Se eliminó la disminución de aporte al Fondo de Reserva de Pensiones. Vamos a discutir después el proyecto que genera los recursos para el financiamiento, pero en este otro estaba incluida inicialmente dicha propuesta, de la cual el Ejecutivo desistió con posterioridad.
Se estableció que el pago de la Pensión Garantizada Universal por el Instituto de Previsión Social cuando este celebre convenios con entidades públicas o privadas no podrá involucrar transferencias directas de recursos públicos que financien la pensión a las entidades pagadoras de pensiones contributivas del decreto ley N° 3.500, es decir, AFP y compañías de seguros. Lo que se hace con esto es reforzar el rol de la institucionalidad pública en materia de pensiones.
Los requisitos para acceder a la Pensión Garantizada Universal -esto es, haber cumplido sesenta y cinco años, no integrar un grupo perteneciente al 10 por ciento más rico de la población, acreditar residencia en Chile y contar con una pensión base- se acreditarán de acuerdo a la forma que establezca un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aunque en la ley se especifica que los instrumentos de focalización no deberán considerar, como parte del patrimonio del beneficiario, el valor de su vivienda principal, entendiéndose por esta como aquella donde habita el beneficiario. Esto era muy importante para nosotros, para no castigar, muchas veces, a pensionados de clase media que invirtieron en su principal patrimonio, su vivienda, y que eso los pudiera dejar dentro del 10 por ciento de mayores ingresos y, por ende, fuera del beneficio.
Se incluye la consideración de un test de afluencia -que la Comisión de Hacienda posteriormente definió-, el cual tendrá por objeto la identificación de las personas que se encuentren en el 10 por ciento más rico de la población.
Finalmente, las personas que a la fecha de la entrada en vigencia de la ley -es decir, el primer día del mes siguiente al de la publicación de la ley en el Diario Oficial, que esperamos sea durante enero- se encuentren percibiendo algún beneficio solidario de vejez tendrán derecho a la PGU o a su complemento a contar de dicha fecha, dejando de percibir, en consecuencia, el beneficio por vejez.
A su turno, los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y con aporte previsional solidario estatal serán asignados por el Instituto de Previsión Social, de manera automática, al beneficio de mayor valor entre el aporte previsional solidario y la Pensión Garantizada Universal. Sin embargo, dichas personas también tendrán la posibilidad de revertir, por una sola vez, la asignación a la PGU. Y los que se mantengan con el aporte previsional solidario igualmente podrán optar, por una sola vez, a la Pensión Garantizada Universal.
Por otro lado, a los pensionados beneficiarios de PGU que hayan tenido derecho al aporte previsional de vejez y lo hayan financiado con parte del saldo de su cuenta de capitalización, se les entregará, en forma complementaria a la Pensión Garantizada Universal, un bono compensatorio de cargo fiscal. Esto tiene que ver con una modificación que nosotros realizamos y a través de la cual saldamos, de alguna manera, el uso de recursos que corresponden a la cuenta individual. Ahora, en caso de que no se integre todo el pago y se dé el fallecimiento del pensionado, el saldo queda en la cuenta individual y constituye herencia.
En cuanto a los nuevos solicitantes de la Pensión Garantizada Universal, podrán acceder a ella de la siguiente forma:
-Durante los primeros seis meses de vigencia de la ley, tendrán derecho a la PGU quienes reúnan los requisitos de la Ley del Pilar Solidario para ser beneficiarios de una pensión básica solidaria de vejez o de un aporte previsional solidario de vejez.
-A partir del primer día del séptimo mes desde la entrada en vigencia de la ley, tendrán derecho a la PGU aquellos que la soliciten y cumplan con los requisitos del artículo 10 de la Ley de Pensión Garantizada Universal de conformidad con los instrumentos de focalización ya señalados.
Quiero señalar que como parte de la discusión se estableció la necesidad de fortalecer al IPS como la institución pública que comenzará a pagar el beneficio, donde el aporte previsional solidario se transforma en esta nueva Pensión Garantizada, para lo cual solicitamos identificar nuevos recursos en el informe financiero, en el cual constan 11 mil millones de pesos adicionales que, a nuestro parecer, sirven como respaldo.
Presidenta, la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus integrantes, y lo mismo hizo en la discusión particular con las indicaciones que se formularon. Quiero destacar aquí el trabajo colaborativo que hubo, el cual permitió que propuestas evidentemente no admisibles de parte de parlamentarios fueran acogidas por el Ejecutivo.
Lo que tenemos hoy es un texto que amplía los beneficiarios, que refuerza a la institución pública pagadora de la pensión, y que les facilita la vida a los pensionados -estos son, fundamentalmente, los cambios que introducimos-, por lo cual recomendamos a la Sala aprobar la iniciativa.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Goic, por el informe de la Comisión del Trabajo.
Vamos a dejar a la Senadora Ximena Rincón, Presidenta de la Comisión de Hacienda, para que rinda el respectivo informe.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Antes de iniciar mi exposición, quiero hacer presente que se acercó a la Mesa el Senador Elizalde indicando que no tenía inconveniente para autorizar el ingreso a la Sala del Subsecretario Pavez.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?

El señor BIANCHI.- Sí.
--Se autoriza el ingreso.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¡Estaba dentro ya...!

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, procedo a rendir el informe acerca del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Pensión Garantizada Universal, originado en el mensaje boletín N° 14.588-13, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Sobre los asistentes a las sesiones de la Comisión de Hacienda que estudió el presente proyecto de ley, concurrieron, además de sus miembros titulares y el Senador Pizarro: del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor Rodrigo Cerda, y el Subsecretario, señor Alejandro Weber; de la Dirección de Presupuestos, la Directora, señora Cristina Torres; del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Ministra, señora Karla Rubilar; del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministro, señor Patricio Melero y sus respectivos asesores. También concurrieron, como expositores, el Consejo Fiscal Autónomo, el Servicio de Impuestos Internos, y las agrupaciones gremiales que solicitaron ser escuchadas.
Respecto de la tramitación en particular del proyecto, cabe señalar que fue despachado previamente por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, correspondiendo a la de Hacienda pronunciarse sobre los asuntos de su competencia, y que los antecedentes están consignados en el informe respectivo.
Por lo tanto, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos 1, números 7, 10 b), 14, 16, 17 d), 18 b), 19 y 24 b); 2, números 1, 2 a), 3, 4, 6 y 8; 3, número 2; 4, número 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24 y 25 permanentes, y sobre los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, undécimo y decimotercero transitorios.
Durante la discusión se escuchó al Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Patricio Melero, quien refirió lo siguiente:
El objetivo del proyecto es mejorar las pensiones de las y los actuales pensionadas y pensionados mediante la creación de una pensión garantizada universal de un monto máximo de 185 mil pesos.
Este beneficio sustituye los actuales beneficios del pilar solidario, PBS y APS.
Lo pueden recibir pensionados bajo cualquier modalidad de pensión.
Su financiamiento es de cargo fiscal.
Como requisito para acceder al beneficio, el o la solicitante debe haber cumplido sesenta y cinco años, no pertenecer al 10 por ciento de mayores ingresos, acreditar residencia de al menos veinte años y contar con una pensión no superior a 1 millón de pesos.
Sobre su monto, es para todo el universo de beneficiarios, independiente de su focalización.
Para quienes tengan una pensión base menor o igual a 630 mil pesos, el monto máximo a recibir como beneficio es de 185 mil pesos. Para aquellos cuya pensión base esté por sobre los 630 mil y menos de 1 millón de pesos, el monto irá disminuyendo en forma lineal.
El monto se reajustará el 1 de febrero de cada año, según IPC.
En cuanto a las modificaciones a la ley N° 20.255, el proyecto aumenta la cobertura del pilar solidario de invalidez y amplía la cobertura y monto del subsidio de discapacidad mental para menores de dieciocho años.
Se establecieron definiciones respecto del instrumento de focalización y el test de afluencia que se utilizará para identificar al 10 por ciento más rico.
La asignación será automática al mayor beneficio.
Se considera bono compensatorio para los beneficiarios de APS financiado con recursos propios.
En conclusión, se propone la creación de la Pensión Garantizada Universal, de carácter no contributivo, de vejez, que beneficiará al 90 por ciento de adultos mayores de sesenta y cinco años o más. Este beneficio alcanza una cobertura de 2 millones 145 mil adultos y adultas mayores.
La PGU reemplaza al beneficio del pilar solidario, trámite que se realizará automáticamente, exceptuando a una menor parte que deberá optar.
Podrán acceder al beneficio pensionados bajo cualquier modalidad, sin distinción. Asimismo, podrán acceder aquellos adultos mayores que se encuentren laboralmente activos. Serán también beneficiarios las y los pensionados de invalidez, quienes verán aumentado el monto de la PBS de invalidez. Y se incorpora a 56 mil nuevos beneficiarios mediante la ampliación de cobertura del 60 al 80 por ciento más vulnerable.
Respecto a los beneficiarios de la iniciativa, se indica que de 1.800.050 beneficiarios del pilar solidario pasan a ser 2.461.264 potenciales beneficiarios, dentro de los cuales contamos beneficiarlos de la Pensión Garantizada Universal y del pilar solidario de invalidez.
Asimismo, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar, planteó cuestiones acerca del subsidio de discapacidad mental, que asciende a cerca de 71 mil pesos, reajustado por inflación. Indicó que con el cambio de cobertura se alcanza al 6 por ciento más vulnerable, llegando a un valor de 92.500 pesos, anclado al monto de la pensión garantizada. Explicó también, de manera breve, cómo funciona el subsidio que existe para la discapacidad severa de la ley 20.422. En definitiva, señaló que con la indicación presentada los beneficiarios aumentan más del 50 por ciento con respecto a los que actualmente reciben dicho aporte.
Dentro de las adiciones que se efectuaron en la Comisión de Hacienda, podemos contar:

1.- El establecimiento de la automaticidad de la entrega del beneficio para menores de diecisiete años que no hubieran solicitado el aporte de invalidez, cuya solicitud deberá ser presentada por el Instituto de Previsión Social, asegurando con esto que se reciba el beneficio de manera automática.

2.- La determinación de lo que debe entenderse por test de afluencia para efectos de determinar los potenciales beneficiarios que quedan adscritos a los aportes que considera este proyecto de ley.

3.- Se mejora la redacción del reajuste de la PGU en julio de 2022 y febrero del 2023.

4.- Se precisa la forma y oportunidad de entregar el bono compensatorio.
En cuanto a los antecedentes financieros, cabe indicar que se presentó el informe financiero N° 119, de 20 de septiembre de 2021, de la Diprés, que contiene la ampliación y el fortalecimiento del pilar solidario y la reducción o eliminación de exenciones. En dicho informe se efectúa una proyección del mayor gasto fiscal del pilar solidario entre el 2021 y el 2055. Asimismo, se realiza una proyección de la recaudación fiscal esperada para la reducción o eliminación de exenciones tributarias propuestas por el Ejecutivo. En dicho primer informe se contabilizaba un total de 0,33 por ciento del producto interno bruto asociado a pensiones y exenciones.
Posteriormente se presentó, por parte del Ejecutivo, el informe financiero sustitutivo N° 182, que considera la información del informe financiero anterior, actualizada, y el mayor gasto que implica la actualización del pilar solidario a una pensión garantizada universal, con un total de 244.037 millones de pesos, en régimen.
Luego se presentó el informe financiero complementario N° 13, de 18 de enero de 2022, el que contempla nuevas medidas de recaudación fiscal, el mejoramiento del subsidio de capacidad mental, y una actualización de las proyecciones del aumento de la cobertura del sistema de pensión solidaria de invalidez.
Finalmente, se presentó el informe financiero sustitutivo N° 16, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 20 de enero de 2022, en el cual se repiten los antecedentes de los informes previos y se incorpora la proyección del gasto del primer reajuste de la PGU en julio de este año y en febrero de 2023.
En definitiva, señor Presidente, el presente proyecto de ley fue aprobado en sesiones celebradas los días 20 y 24 de enero de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Rincón y señores Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes Cisternas.
A las reuniones formales les antecedieron en forma previa otras informales de los colegas de las Comisiones de Hacienda y del Trabajo con los equipos del Ministerio de Hacienda y del Presidente electo, Gabriel Boric, más Diputadas y Diputados.
Todo esto permitió un trabajo eficiente, colaborativo, que hizo posible mejorar sustantivamente no solo el proyecto de la PGU en la Comisión del Trabajo, y de su complemento, en la de Hacienda, sino también el de exenciones tributarias, que dará financiamiento a dicho beneficio.
Es todo lo que puedo informar, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Rincón.
No sé si el Ejecutivo, a través del Ministro Melero, presente telemáticamente, o del Subsecretario, que está en la Sala, va a decir algo.
Ministro Patricio Melero, tiene la palabra.

El señor MELERO (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Muchas gracias, señor Presidente.
Doy disculpas por no poder estar presente físicamente, como habría sido mi voluntad, por estar en situación de alerta COVID -como ha explicado la señora Presidenta de la Comisión de Hacienda- producto de un encuentro cercano con algunos colaboradores de mi equipo, condición que ya está terminando, pues si el segundo PCR que me tengo que hacer sale negativo podré incorporarme presencialmente a las siguientes sesiones.
Sin duda, esta reforma previsional, a través de la creación de la Pensión Garantizada Universal que hoy sometemos a la consideración y votación del Honorable Senado, es un hito relevante en el sistema de seguridad social del país. Es el resultado de largos años de conversaciones, de comisiones previsionales, como lo fue en sus inicios la Comisión Marcel, después la Comisión Bravo; de los intentos de reformas previsionales de la Presidenta Bachelet y después del Presidente Piñera, hasta llegar hasta ahora, en que, después de distintos intentos que no llegaron a buen término por razones que no es del caso analizar en esta oportunidad, presentamos lo que constituye, a nuestro juicio, un avance determinante y un factor de relevancia para la construcción de un sistema previsional futuro, tanto en su pilar contributivo como en su pilar de solidaridad, tal como lo establece esta pensión garantizada.
Dados los informes ya brindados y el amplio conocimiento que ha habido sobre la materia, en esta sesión solo quiero enfatizar algunos aspectos para conocimiento y mejor comprensión del Honorable Senado.
Primero, Presidente, en cuanto a los potenciales beneficiarios, cabe destacar que esta es una iniciativa que va a beneficiar a 2.481.798 personas. Como pensión de vejez, habrá un total de 2.158.278 que van a recibir la Pensión Garantizada Universal, como complemento o en forma completa, dependiendo de la pensión base que tengan. Y serán 323.520 personas quienes la recibirán desde una pensión de invalidez. Por eso la cantidad final de 2.481.798.
Respecto de quiénes la recibirán de manera inmediata, quiero ser muy claro en señalar que si este proyecto de ley se aprueba esta semana, hoy día en el Senado y el miércoles en la Cámara de Diputados, y estamos en condiciones de promulgarla antes del 31 de enero, el Instituto de Previsión Social, así como también las instituciones pagadoras, va a estar disponible para iniciar el pago a partir de la tercera semana del mes de febrero y de ahí en adelante, de acuerdo a los calendarios respectivos.
Este beneficio lo van a recibir en forma directa, sin necesidad de hacer trámite alguno, más de un millón 420 mil personas, esto es, los actuales beneficiarios de la pensión básica del sistema de seguridad, que son los del pilar solidario, y aquellos que están en el ahorro previsional voluntario, que son un millón 138 mil personas.
Así se llega a una cifra superior a un millón 400 mil personas, que van a poder verse directamente beneficiadas a partir de la última semana de febrero y de marzo.
Ahora, sin duda, queda un grupo que, como bien se sabe, corresponde a los nuevos beneficiarios del sistema, quienes postulan por primera vez a este beneficio, dado que se amplía la cobertura del 60 al 90 por ciento.
Recordemos que el pilar solidario, hasta el día de hoy, solamente tenía una cobertura del 60 por ciento.
El solo hecho de ampliar la cobertura del 60 al 90 por ciento va a incorporar a 604.783 nuevos beneficiarios. En general, se trata de gente de sectores medios y mujeres que no calificaban en el 60 por ciento, que no disponían de la ayuda del Estado y que hoy día sí la van a tener.
Asimismo, hay un grupo muy importante de nuevos beneficiarios, que son los de la pensión de invalidez, tal como explicaban la Presidenta de la Comisión de Trabajo y la Presidenta de la Comisión de Hacienda. Ellos son los que reciben la pensión de invalidez que, por el solo hecho de aumentarse también la cobertura de un 60 a 80 por ciento, van a recibir el complemento de su pensión hasta llegar al valor de 185 mil. Son 56.431 nuevas personas.
Así, entonces, están dadas las condiciones para que este beneficio pueda empezar a percibirse en la velocidad y en la forma como se ha señalado.
El responsable de la implementación de este beneficio será el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que tras un acuerdo alcanzado con el Honorable Senado va a recibir una inyección superior a los 11 mil millones de pesos para contratar a los profesionales del caso y hacer la difusión y el trabajo que se requieren, cosa que es muy importante.
Para que la Sala conozca, hoy día hay todavía, más menos, un 60 por ciento de beneficiarios que hacen presencialmente este trámite, ya sea en sedes, en camiones blindados o en otros medios que llegan a localidades rurales apartadas, lo cual presenta, sin duda, un grado de dificultad adicional pero que el IPS cumple en forma muy diligente y oportuna.
Por otra parte, quiero enfatizar también algo que ha motivado un tipo de confusión o de comprensión errada, y aclarar quiénes van a recibir este beneficio, lo que es distinto a cuántos lo recibirán.
¿Quiénes van a percibir el beneficio de la Pensión Garantizada Universal? Todos los mayores de 65 años que no estén dentro del 10 por ciento más rico, ya sea en los 185 mil en su totalidad o en el complemento que les corresponda con relación a la pensión base de la AFP o del antiguo sistema previsional.
En consecuencia, va a ser un nuevo instrumento de focalización el que deberá considerar quiénes son los que entran.
Y se explica en el proyecto de ley que no es el Registro Social de Hogares el que determinará ese 90 por ciento, sino que será un nuevo instrumento de focalización, creado en esta ley y que quedará en el reglamento para entregar los detalles -en esto se avanzó mucho en el proyecto de ley-, el encargado de combinar la información del Registro Social de Hogares con el test que se aplica actualmente, sumado al test de afluencia que va a definir quiénes estarán dentro del 10 por ciento más rico de la población.
Eso es lo que va a determinar el 90 por ciento de quienes quedan en esa categoría, haciendo desde ya la precisión que este test de afluencia, como lo dice la palabra, va fluyendo hacia mayores niveles de riqueza, toda vez que no va a considerar la vivienda principal que tenga ese hogar ni los ingresos del grupo familiar, sino que el ingreso autónomo del potencial jubilado, de manera tal que quede acotado en los términos señalados y no, como algunos podrían pensar, algunos excluidos por carecer de la autonomía presupuestaria del grupo familiar o porque no tome en cuenta los ingresos o el patrimonio para determinar quiénes están dentro del 10 por ciento más rico de la población.
Definido así cuál es el 90 por ciento, viene la segunda pregunta: cuánto van a recibir los beneficiarios. Y el cuánto sí está determinado por el valor de la pensión.
Así, entonces, todas aquellas chilenas y chilenos que tengan una pensión base autofinanciada de la AFP o del antiguo sistema de reparto, y que lleguen a un valor de 630 mil pesos, van a recibir el complemento de los 185 mil pesos.
Por ejemplo, si una persona tiene hoy día una pensión base autofinanciada de la AFP y está dentro del 90 por ciento, va a recibir los 300 mil más los 185 mil, y va a quedar en 485 mil.
O si recibe 500 mil, y está dentro del 90 por ciento, va a recibir, entonces, una pensión final de 685 mil pesos.
Pero, en el mismo ejemplo, si esa persona no pertenece al 90 por ciento y sí al 10 por ciento más rico, y tiene una pensión autofinanciada de 500 mil pesos, no va a recibir el beneficio porque está dentro de ese 10 por ciento que lo excluye.
Por lo tanto, esta es una pensión que se suma a la pensión base autofinanciada de la AFP o del antiguo sistema, hasta los 630 mil pesos.
De los 630 mil pesos al millón de pesos, ese aporte del Estado va decayendo en términos aproximados de que, si la persona tiene una pensión base autofinanciada de 700 mil pesos, el aporte del Estado va a ser del orden de 150 mil; si tiene una pensión de 800 mil pesos, el aporte del Estado será de 100 mil, y si tiene una pensión de 900 mil pesos, el aporte del Estado va a ser de 50 mil, hasta llegar, gradualmente disminuyendo, al millón, donde quedará excluido.
En simple, quienes tengan una pensión autofinanciada base, aunque estén dentro del 90 por ciento, no van a calificar para recibir el aporte de la PGU.
Así están contestadas, señor Presidente, dos preguntas centrales. ¿Quiénes entran? El 90 por ciento, excluyendo al 10 por ciento más rico. ¿Y con cuánto entran? Depende del valor de la pensión autofinanciada.
Quiero también ser muy claro en precisar la situación de quienes hoy día están siendo beneficiados en el pilar solidario.
Los 414.589 chilenos que reciben la pensión base solidaria, que hoy día está en 136 mil pesos, van a ver aumentada su pensión a 185 mil pesos.
Sí es importante recordar que este grupo de personas, al año 2018, tenía una pensión básica solidaria de 104 mil pesos y, por consiguiente, en estos cuatro años van a ver aumentada su pensión básica solidaria en un 77 por ciento: de 104 mil a 185 mil pesos.
¡Claro! En el último ajuste de la Pensión Garantizada, el aporte será la diferencia entre 185 y 136 mil pesos, pero no debemos olvidar en el análisis que les reajustamos sus pensiones en un 50 por ciento en la última reforma que se hizo al pilar solidario en el año 2019.
Con respecto a quienes están hoy día en el pilar solidario, en el aporte previsional recibiendo el aporte del Estado, que son un millón 138.906 personas, ellas van a ver mejorada su pensión en proporción a la pensión base que tengan de la AFP o del antiguo sistema de reparto.
Me explico.
Todo este grupo (un millón 138 mil chilenos) está recibiendo hoy día el aporte previsional solidario. Como regla general, sabemos que el aporte del Estado va disminuyendo en la medida en que la pensión autofinanciada es más alta.
Y esa es la gran diferencia con lo que hoy día estamos sometiendo a consideración del Senado: que la Pensión Garantizada Universal va a ser un aporte constante, que se suma a la pensión base autofinanciada y que no va cayendo como ocurre hoy día con el aporte previsional solidario.
Por eso, una persona que hoy día tiene una pensión del Estado del orden de los 150 mil pesos y recibe un aporte previsional solidario proporcional a eso, inferior a los 185 mil de la Pensión Garantizada Universal, va a tener un aumento muy importante en el valor final que reciba, dado que el aporte va a ser constante de 185 mil pesos, siempre y cuando siga estando dentro del 90 por ciento más vulnerable de la población.
Por último, señor Presidente, quiero agradecer y destacar el enorme apoyo que recibimos por parte de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Creo que ha sido un ejemplo de debate, de altura, de diálogo, de capacidad de... (falla de audio en transmisión telemática)...
de importancia del cambio.
También pudimos ceder en algunos puntos que fueron muy requeridos por los parlamentarios y que se transformaron en indicaciones, que ya han sido resaltadas pero que, al objeto de enfatizarlas, solo mencionaré las tres más importantes.
La primera de ellas dice relación con el aumento en la cobertura del pilar solidario de invalidez. Estamos hablando de un universo de más doscientas sesenta mil personas, aproximadamente, que hoy día reciben la pensión de invalidez.
El solo hecho de aumentar la cobertura del 60 al 80 por ciento más vulnerable va a incorporar a 56.431 personas adicionales a los actuales beneficiarios del pilar solidario, lo que representa un incremento del 22 por ciento.
Todas las pensiones de invalidez van a percibir un complemento respecto a lo que hoy día están recibiendo. Así, solamente a modo de ejemplo, si hoy día una persona está recibiendo una pensión de invalidez inferior a los 185 mil pesos, que significa la nueva Pensión Garantizada Universal, va a verla mejorada hasta ese valor.
Por ejemplo, una persona que hoy día recibe una pensión de invalidez de 100 mil pesos, ahora va a ser objeto de un beneficio del Estado, de un nuevo monto de 85 mil. Por consiguiente, su pensión va a quedar en 185 mil pesos. O si esa pensión era de 50 mil, va a recibir un nuevo monto de 135 mil, hasta llegar al valor de 185 mil pesos.
Esto ha significado también un esfuerzo financiero bien relevante.
El segundo tema que fue muy requerido y que se estimó muy importante -y en esto destaco a las Senadoras Carolina Goic, Ximena Rincón, Marcela Sabat y Adriana Muñoz; a varias Diputadas y Diputados; al Senador Galilea y a la Senadora Jacqueline van Rysselberghe de la Comisión de Trabajo; al Senador Coloma de la Comisión de Hacienda, y a todos los que hicieron ver la necesidad de aumentar la cobertura de discapacidad mental-, si bien no está estrictamente en lo previsional, es el hecho de incorporar a esta ampliación de cobertura y al monto del subsidio de discapacidad mental a los menores de dieciocho años.
¿Qué va a significar esto? Que esos discapacitados menores de dieciocho años, que hoy día solamente reciben un aporte de 77.701 pesos y que representan una cobertura de solo un 20 por ciento más vulnerable, ahora se verá aumentada al 60 por ciento y van a poder recibir un complemento a esos 77 mil pesos hasta la mitad del valor de la Pensión Garantizada Universal, lo que va a significar un costo proyectado de 8.099 millones de pesos y beneficiará a 25.421 menores que hoy día no recibían esta ayuda y que ahora sí la van a tener.
No quiero alargarme más, señor Presidente.
Por último, se han hecho todos los esfuerzos para buscar el mayor nivel de automaticidad en el pago con el fin de que este beneficio llegue en forma fluida.
Quiero ser clarísimo en señalar que, transcurridos tres meses de promulgada la ley, el único y exclusivo pagador de este beneficio va a ser el Instituto de Previsión Social (IPS). Las AFP y las compañías de seguros van a dejar de pagar estas pensiones solidarias, como una forma también de que se reconozca que esta es una pensión y un aporte que salen del esfuerzo de todos los chilenos.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Vamos a proceder a la apertura de la votación.
Cada Senador podrá ir fundamentando su voto, y así podemos ir avanzando en el debate.

El señor LETELIER.- ¿Cómo se vota, Presidente?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Vamos a hacer una sola votación.
Las normas son de quorum calificado y hasta el momento no hay peticiones de votaciones separadas.
Como viene todo aprobado, con una votación inmediatamente podemos aprobar en general y en particular, y...

El señor LETELIER.- Que se mantengan los tiempos.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí. Manteniendo los tiempos, por supuesto...
Senador Letelier, ¿usted quiere decir algo?

El señor LETELIER.- Sí, Presidente.
Yo entiendo que hay que hacer la votación particular, y adelanto que...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Estoy diciendo que vamos a votar en general y particular , porque no hay peticiones de votaciones separadas hasta el momento. Ya no hubo.

El señor LETELIER.- Está bien, Presidente.
Por eso, antes de que usted abra la votación, quiero dar una opinión, porque hay un artículo respecto del cual queremos pedir votación separada. Es en el artículo 1º, numeral 17), para...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bueno.
Si hay acuerdo de la Sala, no hay problema, señor Senador.

El señor LETELIER.- Es para que se informe a todos y...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- No hay problema, Senador.
Entonces, abriremos la votación general y ustedes nos hacen llegar la petición de votación separada.
Así tenemos dos votaciones.

El señor COLOMA.- Pero no hay indicación, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Senador Coloma?

El señor COLOMA.- El Senador Letelier está en su derecho.
Yo propongo que hagamos la votación general y particular, menos el artículo al que hace referencia el Senador.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Así se hará.
Bien.
En votación.
(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Para fundamentar su voto, se ha inscrito el Senador Carlos Bianchi.
Tiene la palabra, Senador.

El señor BIANCHI.- Gracias, Presidente.
En lo general algunas reflexiones.
A mí me parece interesante que el Presidente Piñera derribe completamente lo que en su momento hizo su hermano, el señor José Piñera, pues este proyecto no implica otra cosa que ponerle una lápida al sistema de capitalización individual. Es decir, el proyecto que estamos viendo hoy día demuestra que no es suficiente con el sistema de capitalización individual y que se hace absolutamente necesario avanzar en el aporte que hoy día está entregando el Estado a miles de miles de personas -más de dos millones, para ser más preciso-, quienes se verán beneficiadas con la iniciativa en comento.
Otra reflexión, que es buena hacerla, se refiere al compromiso del Presidente electo, señor Gabriel Boric.
Lo que hoy día estamos haciendo es un primer paso para establecer un piso, un mínimo, de 185 mil pesos, pero lo que el próximo Presidente ha comprometido con el país es una pensión universal de 250 mil pesos.
Por lo tanto, creo que esa es la meta a cumplir, a partir de los meses siguientes en nuestro país, para avanzar en el tiempo más razonable posible a lo que debe ser una pensión mínima de 250 mil pesos, tal como está comprometida por el propio Presidente electo, señor Gabriel Boric.
Y hoy día estamos dando este primer paso con los 185 mil pesos.
Una tercera reflexión es que este beneficio no aplica -yo no lo he escuchado- de manera inmediata, para febrero, a las personas que no reciben el aporte solidario del Estado, como lo dijo el propio Ministro.
Efectivamente, para las personas que están dentro del pilar solidario, ya sea con la pensión básica solidaria, las pensiones de invalidez o el aporte solidario del Estado, este beneficio puede aplicar a partir de febrero. Pero en el caso de la clase media, del resto de los pensionados que reciben montos de 300, 400, 500, 600 mil pesos, esto comienza a regir en el mes de agosto, seis meses después de que esta ley se promulgue.
Y eso también es interesante, por lo menos, poder decirlo.
A mí me parece que esto es un avance, Presidente.
El trabajo que se hizo acá en el Senado, tanto en la Comisión de Trabajo como particularmente en la de Hacienda -y yo quiero resaltarlo-, ha permitido que este proyecto tenga el financiamiento necesario, que era lo que no tenía cuando se nos trajo inicialmente. No es cierto que estaba asegurado el financiamiento para los próximos cincuenta años, como un horizonte.
Lo que se acordó acá, en el Senado, efectivamente establece un mecanismo de financiamiento. Y tendremos que avanzar hacia otros mecanismos de financiamiento cuando se fije un piso distinto, que es el comprometido de 250 mil pesos.
En lo concreto, yo creo que comienza a caerse este sistema de capitalización individual, creado por el señor José Piñera. Es el mismo hermano, el Presidente de la República, quien dice que eso ya no resiste más análisis, no resiste una continuidad. Y por algo, entonces, se crea esta pensión universal garantizada que, obviamente, la vamos a aprobar, la vamos a apoyar.
Sin embargo, tenemos por delante un enorme desafío: que ojalá el Presidente electo cumpla con la palabra comprometida para concretizar una pensión universal garantizada mínima de 250 mil pesos. No lo digo yo, es el propio Presidente electo quien así lo comprometió en su campaña y no tengo dudas de que tendrá que cumplirlo.
Por lo tanto, es una buena noticia, es un gran primer avance. Y ojalá que esto pueda aprobarse lo antes posible, para que la gente comience a recibir los aportes.
Gracias, Presidente.
Voto favorablemente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Bianchi.
Vamos a dejar con la palabra, para fundamentar su voto, a la Senadora Carolina Goic.
Senadora, tiene la palabra.

La señora GOIC.- Gracias, Presidente.
Yo ya di a conocer un largo informe del proyecto. Y básicamente quiero destacar los aspectos de lo que significa el paso que hoy día estamos dando.
Varios vamos a terminar nuestro aporte en el Parlamento en marzo, y quizá una de las principales frustraciones es haber pasado aquí al menos dos gobiernos en la Comisión de Trabajo tratando de generar un acuerdo en materia de pensiones, lo cual no fue posible. Y no fue posible a pesar de toda la disposición, de poner a los mejores técnicos, de generar propuestas.
Y cuando uno les explica a los adultos mayores por qué eso no fue posible, nosotros les decimos que requeríamos el patrocinio del Ejecutivo, que estuvimos a punto de cerrar un acuerdo y no fue. Pero lo que señalan los adultos mayores es: "Ustedes no se ponen de acuerdo".
¿De qué sirve esa disputa entre Gobierno, Oposición o el tema político? Finalmente, los que han perdido son los adultos mayores.
Yo creo que eso es lo relevante de este paso.
En todas las propuestas presidenciales, en todos los programas de gobierno estaba la pensión universal garantizada, con distintos nombres, pero era el piso, que ahora se estableció, independiente de cuánto se cotiza en la vida activa. Es el piso que garantiza el Estado, como el primer ladrillo, como el cimiento de un sistema de seguridad social en materia de pensiones.
Eso es lo que estamos construyendo. Y fue sobre la base de lo que fuimos capaces, en el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, de lograr acuerdos.
Hoy día el pilar solidario se transforma en esta pensión universal garantizada, con un piso de 185 mil pesos, el cual debería aumentar en el próximo periodo, tal cual como ha comprometido el Presidente electo.
Pero este es un piso que debía quedar sólido. Y por ello se insistió en su financiamiento. Por lo mismo, en esto destaco la coordinación con los colegas, con la Presidenta de la Comisión de Hacienda, incluso entre Gobierno y Oposición, y con el equipo del Presidente electo, para que buena parte del financiamiento estuviera contemplado.
Creo que hoy día la buena noticia para los adultos mayores de nuestro país es que la política hace su trabajo, se pone en sus zapatos, y fuimos capaces, más allá, como dijo el Presidente electo, de quién pone la firma, de estar hoy día en la última etapa de la tramitación de este proyecto.
Y tal como se ha detallado en las palabras previas -lo dice el informe-, mejoramos las coberturas en el caso de las pensiones de invalidez, algo que no estaba contemplado inicialmente; fortalecimos la institucionalidad pública en el caso del IPS; logramos incluso algo que no es menor en términos de cobertura: la incorporación de este subsidio para los niños que tienen discapacidad y terminar con las discriminaciones que son bien odiosas respecto del tipo de discapacidad.
Eso es lo que sucede cuando somos capaces de ponernos de acuerdo.
Claramente, esto no es todo lo que se necesita. El tema del sistema de pensiones queda pendiente como una gran reforma estructural en nuestro país, pero creo que nos da un buen pie. Por tanto, es posible ponernos de acuerdo, es posible darles buenas noticias a nuestros adultos mayores.
Y con la misma claridad señalo que lo que hace básicamente esto, en la segunda etapa de su implementación, es saldar la deuda con pensionados de clase media, porque es cierto: a los que están en el pilar solidario, el 60 por ciento, se les va a complementar lo que ya reciben por aporte solidario a pensión básica.
No obstante, los grandes beneficiados son aquellas personas que representa la señora Cristina Tapia, presidenta de los jubilados del sistema de AFP, a quien la escuchamos antes de la votación en general en la Comisión. Ella nos dice: "Aquí somos muy ricos para el sistema, quedamos fuera de los instrumentos de focalización, pero nuestras pensiones son miserables".
Por lo tanto, es justamente a ellos a quienes hemos cautelado su incorporación y a quienes podemos decirles: "al menos dimos este primer paso". Y yo espero, Presidente, que se apruebe hoy día durante esta jornada junto con el financiamiento; que el miércoles sea aprobado en la Cámara de Diputados, y que pueda ser promulgado como ley dentro del mes, para que los primeros beneficios se empiecen a pagar a partir de febrero.
Pero dejamos la tarea y la esperanza en el futuro Parlamento, para que efectivamente hagamos posible esa reforma de pensiones, que no se puede seguir postergando, que no se puede discutir nuevamente cada cuatro años con los cambios de gobierno, sino que debe poner al centro a los pensionados y pensionadas de nuestro país.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora.
Senador Galilea, tiene la palabra.

El señor GALILEA.- Muchas gracias, Presidente.
Quiero aprovechar de hacer algún par de reflexiones a propósito de este proyecto de Pensión Garantizada Universal, que indudablemente voy a votar a favor.
Para darse cuenta de lo que esto significa, yo creo que tenemos que partir analizando brevemente lo que tenemos hasta el día de hoy, nuestro sistema de pilar solidario, que a grandes rasgos se compone de dos elementos: una pensión básica para todos aquellos que nunca pudieron o no quisieron ahorrar para la vejez a través de la respectiva administradora de fondos de pensiones, y un sistema de aporte solidario que se estableció y que funciona de una manera inversamente proporcional al ahorro que las personas hacen en la vida. Es decir, mientras más ahorro uno tiene, recibe menos contribución o menos aporte de parte del Fisco.
Esto algunos lo pueden considerar o lo han considerado un despropósito, pero yo creo que no. La verdad de las cosas es que el sistema que estamos cambiando, como está estructurado hasta el día de hoy, suponía una fuerte focalización hacia los que más tienen respecto de los que menos tienen.
Por eso que se estableció este menor aporte, que llega hasta cerca de los 500 mil pesos, pero que estaba establecido de esa manera: mientras más uno tenía, menos aporte fiscal había.
Naturalmente que esto generaba una distorsión. Para mucha gente era un poco contraintuitivo, pues dicen: "Bueno, yo mientras más ahorro, mientras más me preocupo, menos aportes voy a tener del Fisco".
Por consiguiente, se producía ahí una especie de desincentivo para el ahorro.
En esta alternativa uno puede haber optado por dos caminos: o haber universalizado aún más nuestro sistema de pensiones solidarias, manteniendo este esquema de una pensión básica en que uno podía cambiar el monto, y hacer ahí una cadena de aportes, subiendo el tope hasta, no sé, 600 mil pesos, 800 mil pesos, 1 millón de pesos, pero siempre en el esquema de que mientras más ahorro uno tiene, menos ayuda de parte del Fisco hay.
Me parece que ambos caminos son válidos. Y a la larga siempre íbamos a desembocar en este sistema de pensión garantizada universal.
Este sistema que estamos estableciendo no es un invento chileno. Dinamarca, probablemente el país con el mejor sistema de pensiones, el mejor establecido, el más sustentable a largo plazo, tiene uno casi idéntico a lo que Chile va a llegar a tener, si es que aprobamos este proyecto. Es decir, un sistema de Pensión Garantizada Universal a través de impuestos generales, un segundo piso de contribución obligatoria por parte de cada uno de los ciudadanos y un tercer piso de ahorro voluntario. Así es en Dinamarca, en Australia, y de manera bastante similar en el Reino Unido y en Canadá, pero con menos universalidad. Suecia también se ha ido encaminando hacia este sistema. En fin, creo que estamos yendo en el camino correcto.
Yo sé que esto va a ser un esfuerzo económico importantísimo para Chile, pero creo que en definitiva resuelve de mejor manera las necesidades y las seguridades que la población mayor de edad, la población de más de sesenta y cinco años estaba solicitando desesperadamente al Estado de Chile.
El efecto va a ser grande e inmediato, particularmente en todos los sectores medios, medios bajos que habían logrado tener algún ahorro. Ahí se esperan aumentos sustantivos en su pensión, porque van a recibir de manera inmediata, ahora en febrero, Dios mediante, aumentos de 50, 100, 150 mil pesos, lo que es de verdad algo sumamente relevante en sus vidas.
Quiero destacar, además de estas reflexiones, Presidente, un par de cosas que se agregaron al proyecto y que fuimos capaces de consensuar en la Comisión de Trabajo del Senado.
Los acuerdos que fueron contribuciones importantes son que se amplía el beneficio para los menores de dieciocho años que tienen discapacidad física severa, no solo discapacidad de orden mental o cognitiva, como era hasta ahora. Y no solamente eso, sino que también se establece una mayor cobertura al 60 por ciento de esos niños, al 60 por ciento más vulnerable de la población y con una regla de aporte que queda establecido en la mitad, el 50 por ciento de la PGU.
Creo que es un aporte relevante también, en términos de focalización hacia los beneficiarios, que no se considere la vivienda en que se vive como parte de su estado de situación.
Asimismo, cabe destacar la acción del IPS, que va a empezar a pagar directamente los beneficios de la PGU.
Por estas razones, Presidente... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Complete la frase, Senador.

El señor GALILEA.- Por todas estas razones, Presidente, voto a favor.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
Muchas gracias, Senador Galilea.
Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Ximena Rincón para fundamentar su voto.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
El proyecto de ley que crea la Pensión Garantizada Universal es un gran avance para lograr la universalidad del derecho a la seguridad social en el ámbito de las pensiones en nuestro país.
Sin lugar a dudas, el derecho a la seguridad social, que incluye la salud, la seguridad laboral, las pensiones, los beneficios sociales y la empleabilidad es un derecho humano. Por lo tanto, estos son y deben ser universales, inalienables e indivisibles, pero también tienen que ser progresivos y transversales. Y son precisamente estos dos aspectos los que incorpora la PGU o Pensión Garantizada Universal a la legislación chilena, permitiendo que las personas mayores de nuestro país tengan un piso mínimo de dignidad para vivir.
Es cierto que el número 18º del artículo 19 de nuestra actual Constitución establece la seguridad social como un derecho fundamental. Sin embargo, ello debe actualizarse a través del esfuerzo fiscal y la política pública que permiten que sea efectivo su cumplimiento, y dejarlo impreso en papel y no solo a través de las palabras.
Fue precisamente el año 2008, con el establecimiento del pilar solidario por la ex Presidenta Michelle Bachelet, cuando comenzó a cumplirse la promesa de la seguridad social como un derecho efectivo asegurado. Hoy un Gobierno de signo político diferente propone profundizar el camino ya iniciado, lo que da la señal inequívoca de que ante derechos sociales como el que discutimos hoy podemos diferir en la fórmula o el camino, pero estamos juntos frente al objetivo final.
Lo decíamos en nuestro programa presidencial, en donde se proponía una pensión básica universal, propuesta en que coincidíamos con otras precandidaturas, incluyendo la del Presidente electo, que permitía asegurar a nuestros adultos mayores un sustento igualitario, sin discriminaciones y cumpliendo con la deuda histórica que tenemos con ellos. La protección de nuestros ciudadanos mayores es tarea de todas y de todos, sin importar el color político o la visión de mundo a la que adhiramos.
Como he dicho, Presidente, estamos de acuerdo con el instrumento, pero no podemos sino hacer un punto sobre la perspectiva de género que creemos debiera adoptarse en políticas públicas como la PGU. Estamos en conocimiento de la amplia brecha laboral y de ahorro que existe entre hombres y mujeres a lo largo de su vida laboral. Las mujeres se incorporan más tardíamente al mundo laboral, perciben remuneraciones un tercio inferiores a las de los hombres, tienen mayor inestabilidad laboral, jornadas de trabajo menores y lagunas previsionales ocasionadas por su opción de ser madres, entre otros factores que aumentan su vulnerabilidad.
Pese a ello, este proyecto considera como edad de inicio del beneficio los sesenta y cinco años para hombres y mujeres, siendo la edad mínima para estas últimas de sesenta años. Sin lugar a dudas, hubiésemos esperado un esfuerzo adicional que permitiera que estas brechas se fueran acortando.
Con todo, esta iniciativa permitirá llegar a más de 2,1 millones de chilenas y chilenos, con un aporte de hasta 185 mil pesos estén o no trabajando. Creemos que es importante esta cifra, pero no la óptima, y lo hemos escuchado del Presidente electo Gabriel Boric. Es significativa, porque está justo por sobre de la línea de pobreza. Asimismo, iguala la normativa de pensiones de invalidez a la de la PGU.
Así, este proyecto, que da un paso más hacia la transversalidad y el establecimiento de la seguridad social en materia previsional, es un avance. Sin embargo, somos de la opinión de que en el futuro cercano debiese asegurarse un piso mayor de dignidad en las pensiones, logrando llegar al menos a una indexación al salario mínimo ajustado por inflación.
Como he mencionado, Presidente, saludamos que mediante esta iniciativa se mejoren las condiciones de las personas mayores de nuestro país. Sin embargo, creemos que, en la medida en que la evolución de la situación fiscal lo permita, debemos mejorar los tramos inferiores de esta política pública.
Hoy existe un gran número de personas del tramo inferior a la que esta iniciativa solo les permitirá incrementar marginalmente su pensión. Además, no consideramos un plan respecto, por ejemplo, de miles de trabajadoras y trabajadores de la pesca artesanal, quienes luego de años de contribuir a la economía nacional no cuentan con una pensión. Tampoco se contempla la plataforma social para los trabajadores de la cultura, entre muchos otros quienes están en una situación vulnerable desde el punto de vista laboral.
Presidente, nobleza obliga. Y es por ello que quiero agradecer sinceramente, independiente de las críticas sobre la conveniencia política o no de que se hiciera en el inicio de esta Administración, tanto a los representantes del Ejecutivo, a los Ministros de Hacienda, de Desarrollo Social y del Trabajo, y al Director de Impuestos Internos. Creo que tenemos que saludar al Gobierno y también a los parlamentarios de ambas Cámaras, al equipo del Presidente electo y a los integrantes de la Comisión de Trabajo, en especial a su Presidenta Carolina Goic, quienes perfeccionaron el instrumento previsional de la PGU.
Este proyecto de ley implica un tremendo esfuerzo fiscal. Son cerca 3 mil millones de dólares en régimen (0,97 puntos del PIB) los que financiarán esta política pública que beneficiará a las personas mayores. Los ajustes tributarios y de recaudación que se han hecho para conseguir el monto final han sido importantes, pero debemos mirar su sustentabilidad en el escenario de largo plazo. El desafío de establecer políticas sociales de derechos, como la PGU, implica también tener una adecuada responsabilidad fiscal para no vulnerar las legítimas expectativas de millones de personas. Es por lo anterior que debemos tener en cuenta que las sucesivas modificaciones que se realicen a la PGU deberán contar con su respectiva adecuación tributaria.
Finalizo, Presidente, haciendo mención al poder del diálogo. El hecho de que hoy estemos discutiendo este proyecto es una muestra de que quienes estamos en política logramos buenos resultados cuando nos ponemos de acuerdo. No poniendo atención al cálculo político pequeño, sino que mirando y escuchando al país. Sin duda, el próximo Gobierno tendrá la oportunidad de proponer mejoras en cobertura, montos y otras materias. Y cuando ello ocurra, por supuesto que estaremos desde el primer día apoyando las iniciativas que vayan en beneficio de las y los chilenos.
Por ello, voto a favor, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Rincón.
Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma para fundamentar su voto.

El señor COLOMA.- Gracias, Presidente.
A mí no cabe duda de que hoy es un día muy importante para las pensiones en Chile. Y creo que se puede comprender así, porque cuando hace cuatro años se eligió este Gobierno, todos los candidatos que optaban a la Presidencia planteaban el tema de las pensiones como su prioridad.
Es cierto que eso fue cambiando y variando en el tiempo, producto de distintas instancias: el estallido social y de violencia, por un lado, la pandemia, por el otro lado, además de la discusión respecto del contenido de la normativa, generaron lentitudes y complejidades que hicieron en un momento dado temer por que este proyecto, que era una prioridad ciudadana importante, pudiera no ofrecer alguna respuesta.
Uno puede entender que probablemente había formulas diferentes para avanzar en la lógica de mejorar las pensiones. Y tal vez nuestra concepción original era distinta. Pero en democracia se avanza en la medida de lo posible, y eso se aplica en todos los aspectos. En este caso, no se juntaron o reunieron las mayorías necesarias para realizar una reforma más integral y de más largo plazo, como era lo deseado. Pero creo que se logró finalmente consensuar un escenario que a mí me parece muy positivo en cuanto a generar un salto cuantitativo y cualitativo en materia de pensiones.
Y eso es lo valioso, es lo que queda, y de ahí que se considere un día tan relevante.
Al final, más de dos millones de personas van a recibir, sea la tercera semana de febrero o sea seis meses después, distintos beneficios que van a incrementar, en algunos casos o en la mayoría de los casos, muy fuertemente la pensión que hoy día perciben. Y eso genera una sensación de justicia -así lo veo yo por lo menos-, en términos de que se pueda contar con un monto de jubilación respecto de la cual existe la convicción de que responde a una ética que busca hacer posible una subsistencia ya no con el carácter con que se vivía hasta hoy día.
Y por eso se hace un esfuerzo enorme. Esta iniciativa significa financieramente cerca de 3.000 millones de dólares, que es una cantidad muy importante. A veces uno se marea con ese tipo de conceptos, pero es un cambio que implica el 1 por ciento del PIB, que no es cualquier recurso, sino muchos recursos que están definidos y destinados a tal objeto.
Quiero agregar, brevemente, algunos conceptos, Presidente.
Primero, que este beneficio alcanza a dos millones cien mil personas de forma directa y a dos millones cuatrocientas mil personas de forma más global.
Pero presenta algunas características relevantes: primero, beneficia al 90 por ciento de la población, o sea, excluye al 10 por ciento más rico. Mucha gente pregunta cómo se va a definir el 90 por ciento respecto del 10 por ciento. Y eso se hace a través de una innovación legislativa que se llama el "test de afluencia", que es un instrumento de medición -que hay que dictarlo- que podrá incluir variables indicativas de ingreso y patrimonio, con el fin de permitir la identificación de quienes cumplen con el requisito establecido en el literal b) del artículo 10 del presente proyecto de ley para ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal -o sea, ese 90 por ciento-, y deberá considerar para estos efectos la autonomía presupuestaria del grupo familiar del beneficiario. Con todo, no debe considerarse como parte del patrimonio el valor de la vivienda principal.
Este tema yo quería relevarlo. Es bien importante cómo este reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social puede implementar un test de afluencia que va a ser un indicador que se podrá usar en política pública, pero adicionalmente podrá abarcar otros temas que no son los tradicionales. No se trata solamente de ingresos ni de patrimonio, sino que de alguna manera tiene que ver con la autonomía presupuestaria del grupo familiar en términos de quedar en un escenario u otro. Y es una innovación bien relevante.
Pero además se ha explicado que esto no desincentiva el ahorro, lo que me parece muy significativo, ni retrasa la edad de jubilar, ya que se incluye a todas las personas con sesenta y cinco años cumplidos, siendo activos o pasivos. Son cambios bien copernicanos respecto del sistema y de los incentivos para jubilar, los cuales considero muy interesantes de destacar y de darles una especial relevancia.
Así que creo que aquí se cumple una tarea. Y no hay nada más importante que cumplir las tareas y poder decir: "alcanzamos un acuerdo tras negociaciones; con un espíritu positivo fuimos capaces de llegar a un escenario de entendimiento", donde yo espero que estemos todos en la misma línea. Y con una dificultad adicional, que era generar el financiamiento, donde al final se llegó al proyecto de ley que veremos en el punto siguiente, lo que me parece muy pertinente destacar.
Y para terminar, Presidente, quiero destacar el gran esfuerzo que han desarrollado muchas personas. En esta instancia valoro con especial relevancia al Ministro del Trabajo, quien, de alguna manera, asumió esta tarea no hace mucho tiempo, pero con la urgencia, con la necesidad y con el mandato de alcanzar acuerdos que se veían bien difíciles. Y creo que don Patricio Melero logró llegar a puerto con este proyecto.
Agradecerles al Ministro de Hacienda y al Ministro de Desarrollo Social, al Gobierno en general, y a los parlamentarios que integran la Comisión de Trabajo por la labor desarrollada en esta materia. Y nosotros en la Comisión de Hacienda hicimos lo propio en el proyecto sobre financiamiento.
Al final, estamos en un momento más de alegrías que de tristezas, y de certezas en vez de incertezas, en un instante en que más faltan.
Por eso, muy contentos votamos a favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Coloma.
Vamos a dejar con la palabra al Senador José García, para fundamentar el voto.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias.
Señor Presidente, Honorable Sala, hoy es un día muy importante para miles y miles de nuestros adultos mayores, particularmente para quienes reciben pensiones a través del sistema de AFP, sistema de rentas vitalicias o del antiguo sistema previsional.
La creación de la Pensión Garantizada Universal constituye un esfuerzo relevante, y financiado con recursos públicos, para mejorar el monto de las pensiones.
Se refuerza así una política que comenzó el año 2008, cuando se instauró por parte de la Presidenta Bachelet y del Congreso Nacional el llamado "pilar solidario" de nuestro sistema previsional.
En ese momento fue una iniciativa muy importante, que involucró recursos muy muy significativos por un largo período de tiempo, y que se ha continuado pagando a pesar de las dificultades fiscales que muchas veces atravesamos.
Yo quiero recordar que el año 2009 sufrimos una crisis internacional que significó ocupar del Fondo de Estabilización Económica y Social una cantidad cercana a los 10 mil millones de dólares, y se pudo hacer.
El año 2010 tuvimos un terremoto de grandes proporciones, que significó un enorme daño material y también un enorme esfuerzo fiscal para poder reconstruir aquellas zonas del país más devastadas. Se pudo hacer, y los beneficios del pilar solidario se continuaron pagando.
Hemos enfrentado una pandemia durante los años 2020, 2021, que todos sabemos lo que ha significado en materia de salud y en materia fiscal. Y los beneficios del pilar solidario se han seguido pagando, que es como tiene que ser.
Yo quiero recordar que el año 2008, cuando se establece el pilar solidario, se hace sin subir impuestos, sino que simplemente confiando en el crecimiento de la economía y, en ese momento, en el alto valor del precio del cobre.
Pues bien, hoy damos otro paso: la Pensión Garantizada Universal.
Y lo hacemos financiando dos tercios del beneficio con modificaciones tributarias que debieran implicar una mayor recaudación del orden de 0,65 puntos del producto interno bruto. La otra parte ya está contemplada en el Presupuesto del 2022 y en el programa financiero del Fisco para los años 2023, 2024, 2025 y 2026.
La Pensión Garantizada Universal puede permanecer en el tiempo por 30, 40, 50 o más años. No lo sabemos. Es difícil hacer proyecciones fiscales a tan largo plazo.
Por eso, no hay ninguna duda de que la mejor forma de asegurar el pago de este mejoramiento de pensiones, de la Pensión Garantizada Universal, es que la economía se encuentre nuevamente con un mayor crecimiento, mayor vigor, de tal manera de garantizar los recursos que se requieren para este beneficio y también para otros beneficios que se establezcan a través del tiempo.
Yo quiero agradecer especialmente a las Senadoras y Senadores que dejan este Hemiciclo el próximo 10 de marzo. Yo siento que ha habido mucha generosidad.
Este tema se ha venido conversando, se ha venido discutiendo, no desde ahora, no desde cuando se resolvió presentar esta indicación al proyecto de pensiones, creando una Pensión Garantizada Universal.
¡Cuánto tiempo veníamos conversando acerca del mejoramiento de las pensiones!, ¡cuántos esfuerzos se desplegaron!, ¡cuántos intentos de construir acuerdos políticos hubo!
Y no fue posible.
Por eso, hacer este mejoramiento en estos días me parece tremendamente valioso.
Y creo que, así como tenemos que agradecer al Ejecutivo, al Presidente Piñera, también tenemos que agradecer a los Diputados, a los Senadores, y particularmente -repito- a las Senadoras y Senadores que nos dejan, pues sin duda su trabajo es un tremendo legado en este importante proyecto de ley, en esta importante iniciativa... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador García.
Vamos a dejar con la palabra al Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidente.
Sin duda que estamos siendo parte de la solución a una situación real, compleja, que hace mucho tiempo requería ser enfrentada con decisión.
En el actual sistema de cotizaciones de las AFP, las cifras nos indican que cerca de 2 millones de personas tienen cero ahorro previsional en sus cuentas (1.979.103, según el Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes), de un total de 11 millones de trabajadores activos.
Para aumentar aún más la percepción respecto de por qué había que hacer frente a esta situación con urgencia, debemos considerar que el 83,5 por ciento de los cotizantes tiene menos de 20 millones de pesos en sus cuentas previsionales. Y estamos hablando de personas de todos los segmentos etarios; entonces, no podemos pensar que sus menores ahorros obedecen a una menor edad. Conocemos las cifras anuales y los montos cotizados por los trabajadores.
¡Por eso la urgencia!
Cuando hablamos de que el 83,5 por ciento de los cotizantes tienen menos de 20 millones de pesos de cotización, nos referimos a chilenos y chilenas a los que estábamos condenando a una jubilación de una gran precariedad.
Por ello, me sumo a las felicitaciones para los que han logrado conjugar la respuesta emanada desde el ámbito legislativo, a los parlamentarios de ambas Cámaras; al Ejecutivo, en particular al Ministro del Trabajo, Patricio Melero, y a su equipo, quienes en muy poco tiempo acometieron el esfuerzo que se requería con urgencia.
En menos de sesenta días hemos sido capaces de llegar a acuerdos para darles a los sectores más vulnerables, al sector pasivo, al sector que hoy día está jubilado, una Pensión Garantizada Universal, eliminando lo que se conocía como "pilar solidario" y transformándolo en un nuevo beneficio.
Son numerosos los beneficiarios del sistema que estamos implementando: los actuales 1.540.000 favorecidos con el pilar solidario y 604 mil y fracción de nuevos beneficiarios. En total estamos hablando de más de 2,1 millones de personas.
La urgencia con la cual se tramitó esta iniciativa habla precisamente de la responsabilidad y necesidad de todos de hacernos cargo de esta realidad.
El fin de semana hablaba con don Ciro, en nuestra región. Me decía: "Don David, soy del régimen antiguo, ¿puedo acceder al beneficio que se está planteando con la PGU?". Don Ciro recibe una jubilación de apenas 230 mil pesos. ¡Sí va a tener acceso al beneficio!, al igual que todos aquellos que pertenecen al régimen antiguo en materia de jubilación.
Nicanor -trabaja conmigo, curiosamente-, quien me acompaña en todos los programas radiales, me dijo: "tengo renta vitalicia". Sí, también a Nicanor le va a corresponder acceder al beneficio de la Pensión Garantizada Universal.
Evidentemente que las cifras hablan por sí solas sobre lo que la PGU va a significar. No voy a entrar en los detalles de quiénes lo van a recibir, porque ya sabemos que significa un cambio radical en el sistema previsional de nuestro país. Con ello se está dando un paso adelante.
Hemos sido capaces de construir estos acuerdos y de entregar una clara y potente señal al sector pasivo, a un sector que trabajó toda su vida y que nos entregó y nos legó lo que hoy día somos como país. Con este proyecto les estamos dando el legítimo derecho a quienes contribuyeron con su esfuerzo a ser beneficiarios, con las limitaciones que fija la ley, de la Pensión Garantizada Universal como complemento a sus actuales ahorros previsionales.
Evidentemente este avance es un acto de justicia, porque también es un incentivo a que algunas personas se incorporen y otras sigan en el proceso de cotización. Veremos cómo ampliamos estas coberturas, precisamente para evitar que tantas personas después de toda una vida activa entren a una jubilación, entren al sector pasivo, en una condición de pobreza que muchas veces angustia a sus familias en su conjunto.
¡No es posible que los padres terminen siendo cargas para sus propios hijos!
Debemos asumir este desafío con todo lo que ello significa para, efectivamente, responder a esta realidad.
Y una última reflexión: a todo el sistema de trabajadores activos, por nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo, no se le está entregando el incremento del 60 por ciento en sus ahorros previsionales actuales. Me refiero a la otra parte de esta reforma de pensiones, que tuvo que quedar paralizada, con el aporte del 6 por ciento de cargo del empleador.
Con nuestra decisión, ¡curiosamente!, estamos beneficiando a los empleadores, porque no les están cotizando este 6 por ciento adicional a sus trabajadores, y, por ende, los propios trabajadores dejan de percibir este incremento en sus ahorros previsionales, lo que sí va a producir un impacto significativo.
Esa será la próxima tarea que deberemos impulsar en la siguiente tercera gran reforma al sistema previsional de nuestro país.
Voto a favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Sandoval.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Carlos Montes, futuro Ministro de Vivienda. Aprovechamos de saludarlo, querido colega.
Es un honor para este Senado que forme parte del futuro gabinete del Presidente electo.
(Aplausos en la Sala).

El señor LAGOS.- ¡Eso! ¡Muy bien!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Este Senado lo va a ayudar en todo lo que pueda.
¡Así que aproveche de cobrar por anticipado, porque le van a sacar el jugo acá...!

El señor OSSANDÓN.- ¡Sangre nueva...!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Senador Montes.

El señor MONTES.- Muchas gracias, Presidente, por las palabras y también por lo que se plantea con relación a este destino posible en pocas semanas: en cincuenta días más. ¡Cincuenta días y dos horas...!
Bueno, distintos colegas cuando hablan sobre este proyecto dicen valorarlo mucho, y yo comparto eso. Recién escuchaba al Senador Sandoval, al Senador García, y antes a otros parlamentarios, y reiteran lo mismo.
Creo que en algún momento habrá que analizar la historia de todo este proceso.
Nosotros llegamos desde la dictadura a la democracia con un sistema puramente de capitalización individual, donde cada uno se las arreglaba solo, y con un sistema de pensiones asistenciales que se asignaban mediante cuotas comunales, bien bajas en monto y en cantidad.
Producto de lo que ocurrió con la pensión básica solidaria generamos un beneficio más extendido y que abarcó a todos aquellos que no tenían ahorros y reunían ciertas condiciones de ingreso y de vida. Y fue un paso inmenso.
Esto pegó un salto también a fines del 2019, no hay que olvidarlo. Y ello fue producto del incremento en un 50 por ciento en el monto de las pensiones, si no recuerdo mal, dentro de los sectores que no recibían otro tipo de aporte (pensión básica solidaria más aporte previsional solidario).
Es decir, realmente dimos un paso, y fue producto de la necesidad, de la presión y también de la convicción.
¿Cuánto cuesta esta Pensión Garantizada Universal? Cuesta 3.200 millones de dólares, lo que equivale a una cuota del IFE; y como es permanente, equivale al 20 por ciento del presupuesto del Ministerio de Vivienda, pero para siempre. Es un paso muy muy exigente. Y discutiremos en el otro proyecto el grado de rigor con que se ha visto su financiamiento.
Como ha dicho la Senadora Goic, esto es parte de un sistema global de seguridad social que no hemos logrado reconstruir. Y aquí todos debemos jugarnos para establecer otro sistema de seguridad social, que no puede estar basado básicamente en lo puramente individual, ni solamente en el apoyo estatal, sino que debemos reconstruir un sistema que tome en cuenta variables intergeneracionales y el conjunto de necesidades de una sociedad que va teniendo muchos más adultos mayores.
Y no solo hablo de lo previsional. No hay que olvidar que está en discusión lo previsional y también el uso de los recursos.
Si cuesta mucho hacer reformas en este campo porque este es un problema de poder. El que tiene capacidad de incidir en los 250 mil o 230 mil millones de dólares tiene un poder muy fuerte en la sociedad: puede provocar crisis, lograr beneficios o influir en el conjunto de los actores nacionales e internacionales. Es poder. Por eso que esto, en la historia de la humanidad, va pasando del Estado a los privados y de los privados al Estado. Y la discusión en que estamos ahora es cómo se logra organizar este conjunto de recursos de tal forma de servir a los pensionados y al país.
Eso también está pendiente.
Además, no tenemos red del adulto mayor. Me van a perdonar, pero la sociedad debería tener servicios para el adulto mayor. Sin embargo, estamos atrasadísimos al respecto, mucho más atrasados que bastantes países de América Latina, porque durante la dictadura no hubo avance en esa materia. Si no fuera por la Fundación las Rosas, el Hogar de Cristo y la red de clubes del adulto mayor en los barrios, la verdad es que no tendríamos prácticamente nada. O sea, esto es muy limitado.
Por cierto, yo valoro en este marco el paso que se da. Es parte de un sistema que hay que construir, y tiene que venir esa discusión.
Ahora bien, no puedo sino referirme al hecho de que aquí queda un punto pendiente fundamental, que es la exclusión arbitraria de los pensionados de reparación. No hay ninguna justificación en dejarlos fuera.
¿Quiénes son los pensionados de reparación? Son un conjunto de chilenos que recibieron una suerte de indemnización pública por la violación de sus derechos. Se trata de exonerados que tenían imposiciones y derecho a bono de reconocimiento, pero, por razones distintas, se perdieron sus antecedentes, se reconstruyó su historia y al final quedaron con una pensión modesta de exoneración: las pensiones Valech y Rettig. Las pensiones Valech son aquellas que se otorgaron cuando alguien de la familia fue asesinado por agentes del Estado. A eso corresponden esas pensiones: cuando alguien fue asesinado. Y la pensión Rettig tiene que ver con las familias que tuvieron integrantes o personas que fueron torturadas. Pero algunos no toman en cuenta lo que es la tortura. ¡Yo conozco gente que fue torturada y pasó cinco años sin salir a la calle nunca! ¡Conozco el caso de un joven que vio cómo torturaron y violaron a su madre delante de él y quedó liquidado para toda la vida, y hoy día tiene distintas dificultades!
¡Esas son las pensiones de reparación, estimados colegas!
¡Esas son las pensiones de reparación le diría al Gobierno! Y tenemos que asumir que son una indemnización frente a eso.
Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Le imputa a los 185 mil pesos aquello que se recibe como pensión de reparación -¡es inconsistente!-, cuando los 185 deberían ser adicionales.
El argumento más... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa). El argumento más fuerte que se da en esto es que se dice: "Pero tampoco lo hizo el Gobierno pasado". Es verdad que no lo hizo el Gobierno pasado, y podríamos contar la historia de los debates que hubo al respecto. Sin embargo, eso tenemos que seguir planteándolo, porque no puede dejarse pasar así nomás. Es algo cruel, no se entiende; es inhumano además. Y se trata de personas de distintas edades que están en el ocaso de sus vidas y requieren nuestro apoyo.
Repito: las pensiones de reparación son una suerte de compensación frente a un daño provocado por el Estado. ¿Qué sentido tiene hacer el descuento? Esto debería ser algo adicional.
La otra cosa que no puedo dejar de decir tiene que ver con los discapacitados menores de dieciocho años. Hasta ahora se consideraba solo la discapacidad mental, y el rango se amplió a otras discapacidades. Pero se les da la mitad de la pensión nomás. Cualquiera que sabe lo que significa en una familia tener a un niño autista profundo, sabe que eso, en verdad, tiene un costo mensual. O sea, el hecho de no tener... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Termino: el hecho de no tener pensiones para esta edad es una falla estructural de nuestro sistema. ¡Cumplidos los dieciocho tienen pensión; bajo los dieciocho, no! ¿Y qué logramos aquí? Ampliar el universo y agregar algunos recursos, pero bien limitados.
Creo que todos esos casos deberían tener los 185 mil pesos a lo menos. Pero, bueno, algo se logra.
Este es un tema que quedará pendiente para la reforma global. No puede ser que la sociedad no tenga una respuesta a las personas discapacitadas y a las familias que tienen un niño o un joven en esta condición. Para qué hablar de otros aspectos relacionados con esta situación.
Yo valoro este proyecto; es un paso respecto al modelo de ahorro individual, de capitalización individual. Ha habido otros pasos; este es un paso importante. Pero falta un cambio en la estructura, en la lógica general de nuestro sistema de seguridad social, que espero que lo podamos lograr. Y falta usar los recursos que se acumulan, para el bien del país, para el bien del desarrollo y no solo de intereses muy parciales.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Montes.
Dejo con la palabra a don Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- ¡No me voy a equivocar en esta oportunidad...!
Las sociedades, señor Presidente -esto como una reflexión-, son organismos vivos que van madurando a través del tiempo, se adaptan a nuevos entornos y buscan mecanismos para, en la medida de las posibilidades, asegurar un mejor futuro y superar los errores del pasado.
Lo que ahora estamos legislamos parecía imposible hace veinte años, y se veía improbable hace diez. Aun hoy se ve difícil de lograr y sostener en el tiempo.
Una pensión garantizada universal es un paso mayúsculo en el camino de una vejez digna y acompañada, que no discrimine entre quienes han cotizado mucho, poco o nada, sino que atienda las necesidades que las personas tienen al cumplir sus sesenta y cinco años.
¿Es suficiente? ¡Por supuesto que no! ¡Nunca va a ser suficiente! Chile es un país que, aunque mucho mejor que otros en materias económicas y sociales, está aún lejos de las naciones más desarrolladas del mundo. Hoy mismo en el ranking Mercer, Chile y Uruguay son los países más destacados en materias de pensionesen Latinoamérica, pero lejos, obviamente, de Finlandia y de algunos ejemplos que se han dado acá, que ocupa el primer lugar dentro de un ranking que abarcó a cuarenta y ocho países y que lamentablemente tuvo a vecinos, como Argentina y Venezuela, en los peores lugares. Aquí no se trata de compararse con los que les va mal, sino que siempre tiene que ser hacia arriba.
¿Es suficiente? La respuesta es un contundente ¡no! Sin embargo, es un paso gigantesco en materia de pensiones; es un paso importante y requiere sacrificios también relevantes.
No me gustan las alzas de impuestos, menos aquellas que van a perjudicar siempre a la maltrecha clase media. Pero, en medio de la crisis que ha producido la pandemia y el estallido delictual, no se ve otra forma de avanzar con este proyecto para que pueda sostenerse en el hoy y en el futuro.
Mi reflexión es que es verdad que a muchos pensionados este proyecto solo les otorga beneficios menores, ya que les significa un aumento marginal en sus pensiones; pero para otros representa un ingreso nuevo, que va a permitir que ningún adulto mayor esté por debajo de la línea de la pobreza, lo que en sí mismo se traduce en una diferencia fundamental, esencial y, por supuesto, en un cambio en el paradigma de cómo vemos y tratamos a nuestros adultos mayores.
Nosotros como Centroderecha siempre vamos a preferir que las platas del Fisco se usen para favorecer a los más desposeídos y no en plataformas que no discriminen entre los que tienen más y aquellos que tienen poco o nada, porque tenemos claro que las necesidades son infinitas, pero los recursos siempre son escasos.
La focalización de las ayudas implica eficiencia en el gasto, pero limita en la información que el Estado posee de las personas, cuestión que no siempre es clara, según nos enseñó la pandemia.
La Pensión Garantizada Universal va a llegar íntegra al 80 por ciento de los pensionados de menores recursos y, con tramos, hasta el 90 por ciento, incluyendo a aquellos que tengan cualquier forma de pensionarse, además de incorporar a personas con discapacidad y síndrome de Down, lo que habla de la capacidad del Gobierno y de este Congreso de priorizar y llegar a acuerdos sin necesidad de populismos y gustitos de ciertos sectores, como era el impuesto -que constituía un eslogan- a los superricos, incorporado en la Cámara de Diputados y que, en definitiva, no iba a recaudar lo que necesitábamos.
Yo apoyo este proyecto porque, así como está planteado, cumple con lo que Chile demanda en el presente, con lo que nuestros adultos mayores exigen y lo que el Estado en las actuales circunstancias puede otorgar.
Hoy se da el primer paso, uno firme y decidido, con los pies en la tierra y la vista fija en el objetivo final: una vejez digna y acompañada para quienes han dado tanto. ¡Y eso se valora!
Pero también quiero decir que ya está bueno que le echemos la culpa de todo lo que ha pasado durante estos treinta años al Gobierno militar. ¡Porque al sistema previsional chileno lo legitimó la misma Concertación y la Nueva Mayoría en el pasado! Ellos no dijeron nada en aquella época. Incluso muchas de sus autoridades fueron parte de los directorios. Entonces, no sigamos responsabilizando al Gobierno militar. No podemos seguir mirando al pasado cuando ha transcurrido tanto tiempo, tantas décadas.
Creo que este es un gran desafío... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Un minuto, Presidente.
Creo que este es un gran desafío, y lo es para todos.
¡Sí se puede! Y el próximo Gobierno tendrá que enfocarse en ver de qué manera financiamos esta pensión mínima de 250 o 260 mil pesos.
Pero muchas cosas no podrán hacerse en el Gobierno que viene, porque no va a tener los recursos necesarios.
Por lo tanto, me parece que estas transformaciones, que son importantes, donde hay que reformar un sistema previsional -sí, que no dio el ancho finalmente-, puede ser compartido, pero tiene que haber una alternativa. No puede haber solamente AFP obligatoria. Ya se demostró lo que pasó. Tenemos que darle también un espaldarazo a una alternativa distinta.
Y eso es lo que tenemos que construir todos.
Por esta y las razones expuestas que han dicho mis colegas de la bancada de la UDI y de Chile Vamos, voto a favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Moreira.
Vamos a dejar con la palabra para fundamentar su voto a la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Gracias, Presidente.
Voy a tratar de ser bien breve, y no voy a entrar en detalles de este proyecto de ley, porque -por su intermedio, Presidente- muchos de mis colegas ya lo han detallado de manera bastante clara.
Solo quisiera decir que es difícil abstenerse de no hablar hoy día, porque esta es una deuda pendiente que tiene este Senado, este Congreso, con muchos abuelitos, jubilados que lamentablemente murieron sin una mejor pensión.
Es un esfuerzo inmenso que va a permitir que 1,5 millones de personas tengan una pensión; para algunos 185 mil pesos efectivamente es poco, pero para muchos es harto, cuando no se tiene el límite de la pobreza. No se ha podido alcanzar ni siquiera eso.
El costo de la vida ha aumentado muchísimo; ya sabemos que fue 7,2 por ciento el IPC acumulado en el 2021.
Por lo tanto, esto viene a paliar en parte también lo que ha aumentado el costo de la vida.
Solo quiero hacer una breve reflexión en torno a dos puntos.
Quizás es posible, y así lo entiendo, trabajar respecto del ahorro individual, de los aportes solidarios, y también de los aportes del Estado. Aquí todos van a hacer un esfuerzo. Vamos a incorporar una carga impositiva a un número importante de ciudadanos chilenos que van a tener que apostar para que quienes menos tienen puedan tener pensiones más dignas. Y eso me parece bien.
Pero también me preocupa el que tengamos que estar hoy día, en la última semana legislativa, y en el inicio del período legislativo del 2022, recién haciéndonos cargo de algo que fue una demanda de muchísimos años.
Lamento que hayamos vivido la experiencia desastrosa, en mi opinión, de haber tenido una cantidad de retiros que ha implicado que 40 por ciento de las personas que imponían, hayan quedado sin ningún recurso en sus cuentas individuales.
El ahorro voluntario es importante. Sin duda, hay que promoverlo; el que pueda hacerlo, tiene que ayudar, tiene que mejorar sus condiciones finales de vida con un aporte que, ojalá, fuera mayor al que hoy día estamos desarrollando.
Hay una reflexión respecto a que sí podíamos ponernos de acuerdo.
Sería importante analizar por qué no lo hicimos antes.
Habrá muchas explicaciones, pero al final de cuentas lo que más preocupa es el tiempo, porque pasa inexorablemente.
Más allá de las discusiones eternas que podemos tener aquí, hay personas que confían en nosotros; y por estas, tenemos que aprender de este proceso, no perder la energía, ni el hilo, y de una u otra manera poder este año que viene, con el nuevo Gobierno, con los actores que hoy día estamos trabajando, y con los que llegarán, proponerle a Chile, y ojalá aprobar una reforma de pensiones integral, que efectivamente se haga cargo de la problemática, considerando todos los actores.
Mi particular visión, más allá de que todos estén de acuerdo o no, es que las AFP han permitido un ahorro a muchos ciudadanos.
Sin embargo, quizás no es la mejor alternativa.
Mejoremos lo que tenemos; ocupemos nuestra capacidad creativa; Chile es un ejemplo para muchos países en Latinoamérica en torno a políticas públicas.
Tenemos que seguir continuando por esa senda.
Pero eso depende también de que todos los políticos, de distintos colores, nos pongamos de acuerdo por las personas que más necesitan, y les devolvamos la mano a quienes trabajaron para que estemos hoy día en este país; que, es cierto, tiene muchos problemas, pero está bastante más avanzado que otros de nuestra misma zona.
Así que muchas gracias, y apruebo este proyecto.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Aravena.
Tiene la palabra el Senador Juan Castro.

El señor CASTRO.- Gracias, Presidenta.
Presidenta, hoy estamos apoyando un proyecto presidencial que tiene un nombre muy bonito: "Pensión Garantizada Universal".
La verdad es que a mí me encanta el nombre. Y me habría encantado que, cuando hay un nombre como este, cada uno de los chilenos y chilenas que cumplen la edad para recibir su jubilación tuviesen esta pensión garantizada, independiente de su condición económica.
¿Por qué razón? Porque, si bien es cierto va a llegar a aquellas personas que nunca han hecho ningún esfuerzo para poder tener un ahorro previsional, me parece justo, porque también trabajaron de manera informal muchas veces en el país; pero también hay otras personas que trabajan mucho, que son tremendos aportes, que trabajan de manera formal, que hacen grandes esfuerzos muchos de ellos para poder tener ese ahorro previsional, y que no van a lograr este beneficio.
Eso me parece injusto.
Como también me parece injusto, Presidenta, pero ya es tarde, que esta demanda social de la sociedad chilena de tener una buena pensión, la estemos votando prácticamente al final de un período presidencial, sabiendo todos quienes estamos acá que era lo más requerido por nuestra sociedad chilena.
¿Por qué me preocupa un poco? Porque, en cierta medida, algunas cosas se han ido improvisando. Y a mí no me gusta la improvisación cuando seguramente vamos a necesitar recursos para poder tener la seguridad de que estas pensiones van a ser pagadas, y sin ningún problema.
Obviamente que aquí hay una mejora tributaria, de la cual tengo mis aprensiones, pero me habría encantado que los bienes públicos de todos los chilenos, de los cuales muchas empresas hacen uso para rentabilizar, hubiesen tenido un royalty para exclusivamente garantizar estas pensiones.
Espero que el próximo Gobierno revise este proyecto de ley, y lo mejore.
Y lo mejore ¿por qué? Porque, sin duda, queremos que todos nuestros adultos mayores tengan esta pensión garantizada, como lo dice este nombre: "Pensión Garantizada Universal".
Todo chileno, toda persona que nació en este país, y ha trabajado en este país, debería tener asegurada esta base de pensión.
Todo el ahorro previsional individual se incrementa para aquellas pensiones, y que cada uno las puedas desarrollar y planificar como les parezca bien.
Creo que ese es el camino.
Eso nos obliga a todos a poder tener ahorros; ahorros que cada uno de nosotros también puede decidir dónde y con qué AFP, o con qué empresa lo vamos a custodiar; para que así, cuando llegue la edad de jubilar, tengamos una mejor pensión.
Eso es lo que quería hablar, Presidenta. Porque a un proyecto de este tipo nadie se va a negar. Todos vamos a aprobar, porque sabemos que estamos mejorando.
Pero tenemos espacio para mejorar de mejor forma y nivel las pensiones de todos los chilenos. Incluyendo también al propio Estado de Chile, que tiene muchos trabajadores con boletas de honorarios, que no los obliga a pagar esas cotizaciones, y que son tan importantes para tener una buena jubilación.
Tenemos mucho que avanzar.
Acá la invitación es al futuro Gobierno a trabajar en esta línea, hacer una buena reforma tributaria para poder seguir mejorando las pensiones de nuestros adultos mayores.
He dicho, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Castro.
Tiene la palabra la Senadora Allende, luego Letelier, y después Provoste.

La señora ALLENDE.- Presidenta, la verdad es que mucho me gustaría que pudiésemos tener un verdadero sistema de seguridad social, donde nuestros adultos mayores, y todos aquellos que llegan, perdón, a la edad de poder jubilarse, tengan esa pensión digna que no hemos logrado en este país.
Esta es una de las promesas incumplidas.
Como también lograr una verdadera reforma al sistema de pensiones.
Y -como digo- una política de seguridad social que les permita a las personas que van a llegar a esa edad tener la tranquilidad de una vida digna. Lo que en este país no ha sido posible.
Vamos a generar un piso, el cual por cierto voy a apoyar. Esa es la verdad. Pero estamos muy muy lejos de poder decirles a todos aquellos y aquellas que van a llegar a la etapa de su vida de recibir su jubilación que tendrán garantizada esa vida digna que merecen.
Cómo olvidar -incluso fue en la época del estallido- cuando logramos un reajuste relacionado con la pensión básica solidaria del 50 por ciento y que benefició a un millón 600 mil jubilados.
El pilar solidario, como se le conoce, con sus dos componentes, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, fue en el 2006, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, la primera piedra que puso más solidaridad social, en particular para otorgar una pensión a quienes no tenían ninguna posibilidad de obtenerla, y fundamentalmente mujeres que hacen trabajo anónimo 24/7; mujeres que se hacen cargo de adultos mayores no autovalentes, y mujeres que no tienen contrato formal de trabajo, por lo que les es imposible acceder a ella.
Se trató de un tremendo paso que se dio con la Presidenta Bachelet.
Se creó justamente para resolver la situación de pobreza extrema en la población de adultos mayores, que, como ya decíamos, no tenían ninguna posibilidad de jubilarse.
En el 2022 esta pensión básica solidaria llega a la suma de 176.096 pesos. Por lo tanto, va a ser incrementada a 185 mil pesos. Es decir, hablamos de que el beneficio será de 9 mil pesos.
Quiero decir aquello, porque creo que hay muchos que están pensando que recibirán bastante más que eso, porque, una vez más, no hubo claridad inicial, o se dieron titulares que no correspondían a la realidad: ¡9 mil pesos; lo consideramos muy bajo!
El aumento también es menor para quienes cuentan con una pensión autofinanciada, que es baja. Y cómo no va a serlo si en el sistema que se ha implantado todo descansaba en la capitalización individual. Son muchos los que tienen una pensión autofinanciada, la cual es muy baja.
Hay que recordar con relación a esta pensión autofinanciada baja, que reciben el aporte previsional solidario quienes tienen una pensión base de hasta 520 mil pesos.
Quiero dar un ejemplo, porque considero importante que no nos engañemos. Hoy quien percibe una pensión de 50 mil pesos recibirá un aporte solidario de 159 mil pesos, lo que hará llegar su pensión a 209 mil pesos. Ahora, el aporte previsional solidario, como ya sabemos, será reemplazado por la Pensión Garantizada Universal, y el aporte va a ser de 185 mil pesos. Por lo tanto, esa persona va a llegar a una pensión, no de 209 mil, sino de 235 mil pesos. O sea, mejorará sus ingresos en 26 mil pesos.
Es cierto, para aquellos que están en el rango de una pensión autofinanciada entre los 300 mil y los 500 mil pesos, evidentemente su pensión aumentará. Porque, por ejemplo, si una persona recibe una pensión de 500 mil pesos (obviamente, que pertenezca al 90 por ciento más vulnerable, no al 10 por ciento de más recursos) y le sumamos los 185 mil pesos, ciertamente esta aumentará a 685 mil pesos.
Por cierto, nos alegra que esos sectores medios con pensiones autofinanciadas de entre 300 mil y 500 mil pesos reciban ese significativo aporte. Pero no podemos desconocer que el segmento de pensiones más altas tiene un incremento de prácticamente el 35 por ciento y que en el caso de las más bajas el aumento será de entre el 5 y el 12 por ciento.
Por lo tanto, a mi juicio, aquí no les estamos entregando mayores beneficios a quienes efectivamente perciben las pensiones más bajas, lo cual resulta lamentable.
Como el tiempo se me va acabando, no puedo dejar de mencionar lo siguiente.
Es cierto, valoro el aumento de la cobertura del pilar solidario de invalidez, que pasa del 60 al 80 por ciento, y que se reconozcan otras discapacidades, no solo la mental, aunque es insuficiente. Pero, tal como lo expresara el Senador Montes -por cierto, en nombre de toda la Sala de este Senado lo felicitamos por su rol como futuro Ministro de Vivienda-, no es concebible, y así lo entiende la bancada del Partido Socialista, la pequeñez de este Gobierno.
Nunca ha querido entender, cuando se le hizo ver esto una y otra vez -nos consta con el Senador Letelier en la Comisión de Trabajo- la posibilidad de considerar la situación de los exonerados, para qué decir los torturados o los familiares de ejecutados que reciben la Pensión Rettig, o la Valech, a fin de que esto no se les descuente; es decir, que no se les contemple lo que reciben por ese concepto para contabilizar los 185 mil pesos.
Realmente hay que tener muy poca capacidad y empatía para ponerse en el caso de esta gente, porque no son pensiones, sino reparaciones. Y este Gobierno se negó, se negó y se negó. Me consta todo el esfuerzo que se hizo en la Comisión de Trabajo, y simplemente aquel no ha tenido voluntad para eso.
Quiero decirle, Presidente, que no podemos estar de acuerdo con ello; quiero decirle, Presidente, que lo rechazamos; quiero decirle, Presidente, que nos parece el colmo que no exista esa mirada solidaria. Y quiero decirle, finalmente, que tengo mucha más esperanza en que el próximo Gobierno cumpla a lo menos con poner una pensión base de 250 mil pesos, pues no se puede por menos. Porque estamos realmente consolidando situaciones de precariedad, de vulnerabilidad y de pobreza.
Por eso, Presidente, tengo mucha esperanza de que en el siguiente Gobierno vamos a lograr... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, permítanme recordarles por qué estamos discutiendo este proyecto.
Lo estamos discutiendo porque el Presidente Sebastián Piñera no cumplió su palabra de campaña. Lo estamos discutiendo porque el Gobierno y la Derecha han logrado un objetivo: dejar intocados el sistema actual de AFP y el de pensiones.
El que estemos debatiendo esta iniciativa se da en un contexto: nuestro país necesita un nuevo sistema de pensiones que contemple lo contributivo y lo no contributivo.
Algunos en esta Sala creen que es suficiente el rol del Estado con este primer peldaño: nuestra bancada no tiene esa opinión. Compartimos el diagnóstico de la Fundación Sol en la materia, en el sentido de que aquí si bien se establece, como el criterio de la OIT, un primer peldaño, de lo no contributivo, falta el otro peldaño, que es el sistema contributivo, donde debe existir, en el marco de ese segundo peldaño no contributivo, la seguridad social, que no está satisfecha de forma adecuada con lo que aquí se está planteando.
Presidente, estamos en una construcción parcial. Esa es una primera afirmación. No estamos abordando la crítica situación de quienes administran las platas de los fondos de pensiones ni los criterios con los cuales ello se hace.
Ese debate queda pendiente. Y reitero mi petición a la Comisión de Hacienda del Senado de que continúe adelante con aquello que pretende cambiar: el modelo contributivo.
Aquí, señor Presidente, estamos abordando una dimensión del sistema de pensiones no contributivo. Es lo que se paga con los impuestos de todos los chilenos. Veremos más adelante el tema del financiamiento.
Lo que aquí hacemos es plantear este primer peldaño. Crear la Pensión Garantizada Universal es algo que nosotros como bancada venimos proponiendo, y valoramos que se haya tomado en las campañas presidenciales. Levantaron esto varias candidatas y candidatos; entre ellos, Yasna Provoste, quien la propuso en su momento. Asimismo lo hizo Gabriel Boric, nuestro próximo Presidente, pero con la perspectiva de ir más allá.
Sin embargo, esta propuesta -y quiero señalarlo- se establece en dos etapas. En la primera, para los que son parte del pilar solidario; en la segunda, para la clase media que no tiene apoyo ni reconocimiento del Estado a un sistema de pensiones que dio malos resultados.
La razón por la que es tan trascendente crear esta Pensión Garantizada Universal, que va a cubrir hasta el 90 por ciento de la población más vulnerable, es porque hay personas que con el actual sistema, aunque trabajaron cuarenta años, reciben pensiones miserables: por ejemplo, profesoras y profesores que trabajaron treinta años, treinta y cinco años y que reciben una pensión de 240 mil, 250 mil pesos.
Con este aporte del Estado se va a llegar a algo más digno. Para muchos un poco más que el sueldo mínimo; en el mejor de los casos -y quiero decirlo-, al doble del sueldo mínimo.
Ese es el logro que vamos a tener.
¿Importante? Muy importante para el mercado de trabajo que existe en Chile, con lo que es la distribución de ingresos; pero no del todo suficiente. Por ello tenemos confianza en que el próximo gobierno va a ir profundizando los montos de la Pensión Garantizada Universal.
Valoramos el que en la Comisión de Trabajo se hayan incluido varios de los temas planteados por la bancada del Partido Socialista: automaticidad en lo máximo posible; cuestiones relacionadas con invalidez, tanto la pensión solidaria de invalidez, para ampliar la cobertura al 80 por ciento, como invalidez en niños menores de dieciocho años, en que se aumenta la cobertura. No se trata solo de niños con discapacidad psíquica: además se incluye a niños con otro tipo de discapacidades.
Debemos en el tiempo ampliar la cobertura y también incluir a las y a los cuidadores, que es un problema muy importante de nuestro sistema, así como los valores.
Se establece que será el IPS el que va a pagar. Esto es muy relevante, porque hoy muchas chilenas y chilenos reciben el APS, el subsidio del Estado, pero está en una liquidación de pago que entregan las AFP o las rentas vitalicias. Muchas de las y los chilenos no saben que es un aporte del Estado. Queremos que el IPS sea el que pague la pensión básica universal -habrá un período de transición; valoramos mucho esto- y que se fortalezca el IPS.
Se establece, asimismo, el criterio de mantener la exención en pagos de salud.
Se corrigió algo muy importante. Casi se dejan sin efecto los mecanismos... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... de reajustabilidad, porque hoy, si no hubiera esta ley, con el reajuste que corresponde por IPC a mediados de este año la pensión básica solidaria estaría por sobre los 185 mil pesos.
Para las personas que van a recibir estos 185 mil pesos, con esta normativa igual les tocaba el reajuste de esa categoría, de esos 9 mil pesos, en junio. Por eso valoro lo que se incorporó en el artículo sexto transitorio, donde el reajuste se va a dar sobre los 185 mil pesos que debían reajustarse a mediados de este año.
Presidente, quiero tocar dos temas más.
Uno tiene que ver con los requisitos para mantener la pensión. Lamento que el Gobierno no haya aceptado algo relacionado con cuánto tiempo uno puede estar fuera del país sin perder este beneficio.
Y voy a pedir un par de... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador, le pido que termine, porque ya le hemos dado tiempo, y tratamos de ser justos con todos.

El señor LETELIER.- Presidente, las personas que salen del país tres meses pierden la pensión. Seis meses es lo que logramos ampliar; pero se trata de un criterio mayor.
Hay muchas personas en el sur de nuestro país que con la pensión se van a vivir a Argentina. En muchos países del resto del mundo la gente viene a Chile o a otras naciones, pues el nivel de ingresos baja cuando se es pensionado, y se va a un lugar donde rinda más la plata. Por desgracia, no logramos avanzar lo suficiente en ello: a los seis meses se pierde.
Pediríamos que se siguiera avanzando al respecto.
Voy a solicitar que se vote en forma separada el artículo 36 para hacer una discusión sobre el negacionismo que hay todavía en el Ejecutivo con respecto a la pensiones de reparación; pero haré el punto en ese momento.
Al terminar, Presidente, quiero valorar, en un proyecto que no me representa del todo y que sin duda es un gran avance, el diálogo que tuvimos con el señor Ministro de Trabajo, quien recogió muchos de los puntos que planteamos... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien, le agradezco, señor Senador.
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste para fundamentar su voto.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidente.
En medio de un discurso dominante y casi único introducido en el país orientado a fomentar una lógica individualista durante décadas en distintas dimensiones de la vida, esto que ha sentado la idea de que cada persona debe lograr un estado de desarrollo y plenitud sobre la base del esfuerzo personal, independiente de los demás, y que desconfía de la sociedad y de los otros, lo que se ha traducido en un sistema de pensiones de capitalización individual, instalar en el debate público una visión distinta que se funda en el destino personal no puede entenderse si no es en una relación con los otros y en el destino colectivo: sin solidaridad y sin cooperación no hay desarrollo posible ni sostenible.
Lo que nosotros vemos en materia de sistema de pensiones y seguridad social es lo que ocurre también en este proyecto de ley, en donde ha habido prácticamente un discurso dominante y una opinión única, en donde se les ha querido hacer creer a las personas durante varias semanas que todos iban a aumentar sus pensiones en 180 mil pesos, lo que es falso.
Por eso resulta tan relevante sincerar el debate.
El sistema de capitalización individual no fue creado para entregar pensiones, sino para financiar a la industria a bajo costo, y probablemente en eso sí ha sido exitoso. Y, por lo mismo, vemos cómo ha sido la gran empresa la que ha estado preocupada y hoy día empujando para que este proyecto salga de este Congreso.
Me parece necesario decir esto, porque de lo contrario, el debate es incompleto y carece de contexto.
¿Qué nos presenta hoy el Gobierno? Desde que se instaló en el debate la necesidad de una reforma profunda al sistema, el Gobierno y particularmente sectores de la Derecha han intentado llevar a una discusión paramétrica, esto es, en lo esencial cuántos puntos de cotización se requiere, por cuántos años, intentando de esta manera eludir el debate, que es estructural.
Hemos visto aquello en este propio Parlamento. Cuando hemos presentado un proyecto de ley junto a varios colegas para derogar el decreto ley Nº 3.500, esperamos que la Comisión de Constitución rápidamente traiga a la Sala este debate, porque es en este escenario que el Gobierno realiza un esfuerzo en mi opinión desesperado, no pensando necesariamente en mejorar las pensiones más bajas de nuestro país, sino en no reformar estructuralmente el sistema, en consolidarlo por cuarenta años más con una reforma menor.
En la práctica, eso significa mantener en lo sustancial el sistema de capitalización individual como la base del sistema con algunas reformas, con pequeños componentes de solidaridad contributiva y extendiéndolo al actual pilar solidario no contributivo.
Mantener a nuestro país sin un sistema de seguridad social es lo que hoy día provoca también este debate.
El discurso público del Ejecutivo apunta a un incremento inmediato en las pensiones básicas; esto es efectivo y se trata quizás del único aspecto que podríamos valorar de la propuesta, ya que resulta ser un pilar solidario con recursos públicos que una vez más elude la discusión de fondo: por qué a partir de un modelo fracasado como el sistema de administración de fondos de pensiones debemos seguir con recursos del Estado contribuyendo a mejorar las pensiones en lugar de llevar a cabo la reforma estructural.
En este sentido, los datos entregados por el profesor Kremerman son decisivos en cuanto a cómo el incremento se va a generar hoy día.
Además, Presidente, considero importante señalar que esta política no parte de cero: hay un pilar solidario, y lo viene a reemplazar lamentablemente para quienes están en él, que son más de un millón ochocientas mil personas, casi seiscientas mil pensiones básicas solidarias de emergencia e invalidez que hoy día están en los 176 mil pesos aproximadamente y que si no hubiese habido proyecto alguno, en julio de este año estos montos hubiesen sido más altos que la propuesta que hacía este Gobierno.
¿Cuáles son las pensiones que mejoran los 185 mil pesos? Las del 12 por ciento de las personas que obtienen más de 500 mil pesos. En el caso de quienes reciben la pensión básica solidaria, van a lograr 8.900 pesos adicionales a su pensión. Y de 176 mil a 185 mil hay harta diferencia. Mientras, quienes reciben una pensión de 600 mil pesos o más van a subir, íntegramente, en 185 mil pesos.
Sería mucho más recomendable fortalecer el pilar solidario y subir la pensión básica solidaria a más de 230 mil pesos. Es decir, con los mismos recursos se pudo haber hecho bastante más.
Lo que hoy día está en el debate es si efectivamente Chile tiene la capacidad para generar un nuevo sistema de seguridad social constituido bajo la solidaridad. Esto requiere, por cierto, reconstruir valóricamente la sociedad, contraponiendo el discurso dominante que ha instalado, como paradigma... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Bueno, me alegro del interés que tienen algunas bancadas de la Derecha. Eso reafirma que su único interés es mantener un modelo fracasado como el de las AFP.
Esta realidad requiere un esfuerzo indispensable: de hacer mayor pedagogía; de explicar una y otra vez; de romper los mitos y multiplicar las voces que promuevan otro sistema y ejemplificar de manera clara que hoy día este fracaso, que algunas bancadas pretenden seguir fortaleciendo a través de proyectos como este, no puede ser opción para construir un verdadero sistema y un motor donde la solidaridad y la colaboración sean los elementos que se instalen como sinónimos de desarrollo.
Por eso, estamos convencidos de que la iniciativa que hemos presentado para derogar el decreto ley N° 3.500 es lo que nos permite devolver a la humanidad la vida comunitaria en sociedad en vez de seguir parchando un sistema fracasado.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Provoste.
Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador Ricardo Lagos.

El señor LAGOS.- Gracias, Presidente.
Voy a votar favorablemente, sin duda.
Quiero partir señalando que todavía tenemos una tremenda deuda en materia de seguridad social. Muchos de los que me han antecedido han hablado sobre este tema. Aquí de lo que estamos hablando es básicamente de la Pensión Garantizada Universal, que establece un piso nuevo a lo que ya se había construido a partir de la Presidenta Bachelet el año 2008, a través de una reforma que a mi juicio fue muy señera y un punto de inflexión, porque por primera vez introdujimos el concepto de solidaridad social o colectivo en el tema de las pensiones, yendo más allá. Me refiero a las pensiones mínimas asistenciales. Se dio un sistema institucional en el cual la sociedad chilena decide financiar pensiones a todo evento, con un piso para aquellos que no hayan contribuido o no tengan suficiente.
Ese es un cambio cualitativo, que, creo, da pie para lo que hoy día estamos haciendo.
Con todo, yo habría esperado que luego del estallido social la principal demanda fuera por las pensiones más que por la reforma constitucional, que fue el modo que encontramos para darle curso y una salida a la crisis. Era lo que se estaba pidiendo. Recuerden las marchas gigantescas que hubo en Chile, a lo largo de las principales capitales de región y a nivel local, por un sistema de pensiones distinto, por una reforma estructural.
Y sin embargo, aquí estamos. Pasaron los cuatro años del Presidente Piñera y no pudimos avanzar en ese tema. Podemos hacer después el análisis de quiénes tienen más responsabilidades que otros, pero acá lo medular es que, cuando yo digo que quiero hacer una reforma estructural en la forma como opera el sistema de pensiones en Chile, tengo que aceptar una premisa básica. Antes de hablar de consensos, de entendimiento, de que tenemos que ponernos de acuerdo, de "no a la violencia", todo lo que ustedes quieran, lo medular es aceptar o no un cambio estructural que afecta intereses: voy a tocar algunos nervios que no lo van a querer y que van a sufrir, que sufrirán dolor.
¡Esa es una reforma estructural!
Cuando aquí, en el Parlamento, decidimos cambiar el sistema electoral, se produjo dolor, porque existían, básicamente, dos bloques políticos. Y nosotros, los de este lado, sabíamos que con la reforma iban a surgir otras fuerzas políticas que iban a obtener representación parlamentaria a costa de todos los que estamos acá, en particular de la Centroizquierda. Pero entendíamos que era lo mejor y que había que hacer esa reforma.
Otro tanto ocurrió con la no reelección. Yo siempre he creído que la reelección la tienen que determinar los ciudadanos, pero, dada la crisis en que estábamos involucrados después del estallido, a mi juicio había que aprobar la no reelección después de dos períodos para el Senado.
¡Esos son dolores! Y los empresarios, o el capital, tiene que entender esto.
Yo quisiera creer que lo que vivimos el 2019 quedó marcado en muchos de nosotros, incluidos aquellos que hoy día ven con dificultad cambios sustantivos.
Entonces, señor Presidente, este proyecto ayuda. ¿Avanza? Ciertamente. ¿Nos acerca a los 250 mil pesos de pensión básica garantizada universal? Sin duda. Uno podría decir "no lo apruebo, porque es insuficiente". Yo prefiero partir de lo que vamos a lograr hoy día, de los 185 mil que estoy poniendo, acercarnos a los 250 mil, y trabajar en una reforma de pensiones como corresponde.
Con todo, este proyecto presenta una falencia. Creo que el Ejecutivo perdió una oportunidad en algo para mí incomprensible. Es el hecho de haber incorporado acá, bajo esta cobertura, a los exonerados; a cientos de miles de chilenos que cada semana son menos, por el paso natural del tiempo; a aquellos que obtuvieron reparaciones por el Informe Valech, que no quedaron considerados como correspondía: solamente como un complemento y no en su integridad.
Yo siento que eso nos aleja del entendimiento, que al final las múltiples palabras de buena crianza sobre que entendemos lo que pasó en Chile se diluyen. Lo digo francamente.
No era un tema económico, no era un tema de plata. Para algunos era un tema de principios, como lo defendimos nosotros, y para otros, parece, también un tema de principios, solamente que de signo opuesto. Porque no se entiende el porqué. No escuché ningún motivo razonable. No entiendo el porqué y no lo entendí nunca.
Termino, señor Presidente.
Alguien que me antecedió señaló que lo que cabe hacer acá es una discusión sobre algo así como reconstruir la mirada valórica de la sociedad chilena en el ámbito de las pensiones. ¡No me cabe duda! Pero, después de aprobar cuatro retiros en los cuales les dijimos a los chilenos que la plata era de ellos, y de nosotros ("es mi plata y es mi retiro"), esa reconstrucción valórica va a costar muchísimo, luego de una campaña y de empujar un sistema que no era sano.
Yo aprobé los cuatro retiros, a regañadientes muchos de ellos, con costos a ratos, pensando que había que introducir impuestos, pero, como digo, terminamos aprobándolos por las condiciones políticas de las circunstancias, de lado y lado: un gobierno que no recurría al TC, que después sí recurría, etcétera. No quiero repasar la historia, pero quiero decir que, si vamos a reconstruir valóricamente la sociedad chilena, tenemos que empezar por explicarle que la seguridad social se hace en forma colectiva. Pero aquí creo que ya se ha caminado muy fuerte, de manera incorrecta, al reivindicar que los ahorros previsionales son propios. ¡Sí, son de los chilenos, pero no para gastarlos sino en pensiones! Eso es lo que yo entendí... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
¡Pido los treinta segundos que les han dado a todos!
(Se enciende el micrófono por indicación de la Mesa).
Solamente para señalar que tengo la esperanza de que tal vez en la próxima legislatura, con un nuevo Parlamento, con colegas nuevos -algunos vamos a seguir acá-, con un nuevo Gobierno, y sobre todo, con la experiencia de octubre del 2019, todos tengamos la capacidad para decir que vamos a hacer ajustes estructurales; que vamos, entonces, a afectar intereses, y que vamos a avanzar.
Si solamente nos quedamos en nuestras posiciones, creo que el sistema no va aguantar una vuelta de tuerca más.
Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, Senador Lagos.
Vamos a dejar con la palabra, para fundamentar su voto, al Senador Manuel José Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Gracias, Presidente.
Solo una reflexión.
Yo no iba a hablar, pero, después de escuchar tanto echarle la culpa a los de enfrente, o sea a los de Derecha, ¡en todo!, como si no hubieran gobernado nunca, la verdad es que resulta impresionante. Una de las preguntas que yo me hago es por qué este proyecto no se hizo quince o veinte años atrás. A lo mejor hubiéramos evitado, con estos cambios, el estallido social.
Entonces, en vez de aprovechar esta oportunidad para seguir tirándole basura a los de enfrente, unámonos de alguna manera, a la fuerza o no, para darle dignidad a mucha gente que impuso toda su vida y recibe una pensión más baja que la pensión básica solidaria, a profesores que trabajaron toda su vida y tienen jubilaciones muy bajas.
Claramente, el desafío del próximo Gobierno será hacer una reforma estructural, ojalá un sistema mixto que sea más solidario, para que los que ganamos más podamos aportarles a los que ganan menos, etcétera. Pero no desaprovechemos esta oportunidad. Cuando los que fueron gobierno por más de veinte años no hicieron los cambios que podrían haber hecho, ahora, que estamos todos apretados, debiéramos aplaudir que se esté trabajando en esta materia.
Hay mucha gente que está esperando este proyecto, y de una u otra manera tenemos que entender, nos guste o no, que Chile cambió. ¡Y nosotros lo hicimos cambiar, al no escuchar o no haber tomado las decisiones que había que tomar en su minuto!
Así es que, en esta fiesta de culpabilidades, creo que todos estamos abrazaditos y vamos parejos.
Me parece injusto echarles siempre la culpa a los de enfrente, cuando gobernaron más de veinte años.
Seamos justos, seamos solidarios, y busquemos, de una u otra manera, con una oposición o un apoyo colaborativo, que al próximo Gobierno le vaya bien y que realmente seamos capaces de hacer las transformaciones que Chile necesita, para que seamos un país más justo, más humano y más solidario.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, Senador Ossandón.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.- Gracias, Presidente.
Siempre me ha llamado la atención que en este Senado, cuando hay temas que son de la máxima relevancia nacional, nos acotamos en los tiempos y se destinan espacios muy breves, y cuando discutimos temas de relativa relevancia -como lo mencioné alguna vez: la tierra de hojas, la "ley del pucho"-, podemos tener tiempos ilimitados. Eso hace que la gente se haga una percepción de esta Corporación que menoscaba su futuro político. Pero, bueno, es consecuencia de nuestros actos.
En primer lugar, quiero señalar que voy a apoyar este proyecto porque todo ayuda a la gente en una situación desesperada. Hay que aprobarlo. No hay espacio para otra cosa. Pero también es obligación de uno hacer pedagogía: esto no apoya ni beneficia a todos por igual. Hay personas que van a recibir mejoras del orden de los 9 mil pesos, y otras, de ciento ochenta y tantos mil pesos. ¡Es distinto! Entonces, hablar de 185 mil pesos puede inducir a error a mucha gente, sin que sea la intención, por cierto.
No nos equivoquemos: este aporte es la respuesta del Estado en una situación de emergencia nacional frente al fracaso estructural de un sistema de pensiones de capitalización individual que simplemente no cumplió con la promesa de que se iba a llegar al cien por ciento de retorno. Y la razón la dan los mismos articuladores de este proyecto cuando dicen que en Chile el mercado laboral es irregular y mal pagado y que por eso no funciona el sistema, ¡como si no hubiesen sabido que eso era así cuando fue inventado! O sea, en el fondo, sabíamos que iba a arrojar estos resultados.
En segundo lugar, meterle subsidios no solo baja la presión por el cambio del sistema previsional, sino que también constituye el error de empezar a subsidiar un sistema ineficiente como el que tenemos y a postergar la reforma estructural que uno espera, además de por las bajas pensiones, porque necesitamos orientar el ahorro previsional de los chilenos hacia un estilo de desarrollo sostenible, que ayude a la diversificación de la matriz productiva y que además asegure mejores ingresos, y por lo tanto, mejores pensiones a futuro.
Hay una dinámica positiva cuando el ahorro de los chilenos se invierte con un sentido de rentabilidad que aumenta el potencial económico del país. Hoy esa decisión es muy arbitraria, y muchas veces espuria, pues se beneficia a los que piden grandes créditos y tienen espaldas anchas, se perjudica a las pymes, e incluso se producen altos costos de crédito para las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida.
Esos son los temas que tenemos que abordar, son las necesidades de este nuevo Chile.
Y una tercera consideración: hacer reformas de esta naturaleza sin asegurar los recursos a largo plazo termina siendo más un efecto publicitario para el Gobierno de turno -y esto vale para el que sea- que un compromiso realmente sincero.
Cuando este proyecto llegó acá, representaba un 0,35 por ciento del PIB. Con todos los esfuerzos que se han hecho, entiendo que está llegando al 0,67 por ciento del PIB. Y la verdad es que esta mejora no cubre todo lo que él significa. Por lo tanto, espero que el próximo Gobierno entienda que este tema sigue pendiente en lo inmediato, en lo urgente, porque hay metas más ambiciosas: llegar a los 250 mil pesos, y segundo, que sea más universal, porque todos los chilenos tienen necesidades. Hay algunos que están recibiendo un beneficio, y otros, en realidad, sustituyendo un sistema de pensiones por otro que no les representa un cambio significativo.
Lo mismo ocurre con algunas discriminaciones absurdas, que lo único que hacen es crear odiosidades innecesarias, como cuando se discrimina a ciertos grupos que han recibido determinados beneficios en razón de hechos históricos que no vale la pena mencionar ahora para no reabrir heridas.
Voy a votar a favor, señora Presidenta, tal como he dicho, pero entendiendo claramente que queda pendiente una mejora de las ayudas inmediatas, pero también una gran reforma previsional, que no solo mejore las condiciones de las pensiones, sino que también reoriente el desarrollo del país y genere más cadenas de valor y una economía más moderna y sostenible.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- A usted, Senador Guillier.
Tiene la palabra el Senador Durana y luego el Senador Kast.

El señor DURANA.- Gracias, Presidenta.
Este proyecto de ley tiene por objeto crear una pensión garantizada, no contributiva y complementaria del ahorro previsional individual, de cargo fiscal y de carácter universal, por un monto de 185 mil pesos, que va a constituir un hito en nuestro sistema de pensiones, toda vez que este aporte será entregado a todas las personas que cumplan los requisitos, aun cuando se encuentren afectas a un sistema previsional.
Quienes reciben la pensión básica solidaria van a alcanzar, con el proyecto en estudio, los 185 mil pesos, y a quienes son parte del aporte previsional solidario, correspondientes al 80 por ciento de vulnerabilidad, se les va a adicionar la misma cantidad.
Además, el Ejecutivo incorporó un aumento de cobertura para el pilar solidario de invalidez hasta el 80 por ciento de la población más vulnerable, y amplió el monto y cobertura del subsidio de discapacidad mental para menores de dieciocho años, incluyendo ya no solo la discapacidad intelectual, sino también la sensorial y física.
La administración y pago de la Pensión Garantizada Universal le va a corresponder al Instituto de Previsión Social, y serán beneficiarios los pensionados bajo cualquier modalidad de pensión y los adultos mayores que se encuentren laboralmente activos, bastando cumplir los requisitos de tener sesenta y cinco años, no pertenecer al 10 por ciento más rico de la población, acreditar residencia en el país de al menos veinte años, y recibir una pensión menor a la pensión superior de 1 millón de pesos.
Respecto al monto de la PGU, este va a depender del valor de la pensión base que tenga el beneficiario, calculándose la pensión base a la edad de jubilación, independientemente de si la persona se encuentra pensionada o no. El cálculo de la pensión base se va a calcular a la edad legal de pensión, sesenta años para las mujeres y sesenta y cinco años para los hombres, tanto para activos como para pensionados, y va a permitir mantener el incentivo de trabajar y postergar la pensión.
En consecuencia, una persona jubilada, cualquiera que sea la modalidad que haya elegido, verá incrementada su renta en las condiciones que esta normativa establece. Su esfuerzo individual, de esta forma, va a rendir los frutos propios del sistema de pensiones y, adicionalmente, el Estado estará complementando este esfuerzo con la Pensión Garantizada Universal. Y si la persona no pudo acceder a lo anterior, por la razón que fuere, va a poder lograr un beneficio a través de la PGU.
Lo positivo de este inmenso paso que se está dando en materia de pensiones queda reflejado en el universo de beneficiarios: más de 2 millones 400 mil personas.
Un aspecto destacable del proyecto es su mecanismo de reajuste, de tal forma que el beneficio y sus parámetros para determinarlo no se vean afectados por los índices de inflación y, a la vez, su actualización no dependa de ningún gobierno sino que sea parte del sistema.
Quiero agradecer la indicación del Ejecutivo a una de las causales de caducidad del beneficio que generaba especial preocupación en las regiones del norte y del sur, en especial las zonas fronterizas, cuando el beneficiario se encuentra fuera de Chile por un período continuo o discontinuo. Este era de noventa días y se amplió a ciento ochenta. La verdad es que esto resulta particularmente importante para quienes desarrollan sus vidas en zonas fronterizas (Arica, Tarapacá, las zonas del sur), donde el traslado a través de las fronteras, por razones familiares o de salud, es un hecho constante y forma parte de la vida diaria.
Voto a favor del proyecto de ley.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Durana.
Voy a darle la palabra al Senador Kast, al Senador Navarro y al Senador Quinteros, en ese orden.

El señor KAST.- Gracias, Presidenta.
Quisiera aprovechar de hacer una serie de reflexiones, pero primero voy a saludar a los Ministros -incluido el del Trabajo, que entiendo que está conectado telemáticamente- y al Subsecretario.
Voy a comenzar con una reflexión sobre el ahorro individual.
Aquí se ha dicho mucho que este es el fin del ahorro individual, que el ahorro individual es un fracaso, y la verdad es que yo pienso justamente lo contrario. El ahorro individual, con todas las deficiencias que tuvo su diseño cuyo problema básico no estaba en la capitalización individual, sino en la cantidad de lagunas y de informalidad que tiene nuestro país, sin lugar a dudas fue un gran elemento. De hecho, los países que no lo han implementado terminan con un problema enorme, porque, como cada vez la población va envejeciendo más y son menos los jóvenes, no existe muchas veces la capacidad de entregar los recursos, con el famoso sistema de reparto, para tener pensiones dignas.
Chile, hace muchos años, afortunadamente transitó a un sistema de ahorro individual, que hoy día nos permite, con impuestos generales, poder avanzar en una política como esta.
¿Y cuál es la innovación de este proyecto, que es muy notable? Que antiguamente -hasta el día de hoy, de hecho-, si uno ahorraba, a no ser que pasaras el piso, te descontaban parte de tus ahorros individuales, y esa plata se la quedaba el Estado. Por lo tanto, en la práctica, no valía mucho la pena ahorrar individualmente bajo cierto umbral, porque se sabía que esa plata la iban a restar.
En cambio, el gran paso que se da hoy día es poder premiar ese ahorro individual, premiar ese esfuerzo, pero al mismo tiempo tener un pilar solidario de verdad, más potente, más profundo, que, de hecho, llega incluso a quienes jamás cotizaron ni nunca estuvieron en el mercado laboral. Tal vez eso es algo que podríamos haber cuestionado. O podríamos haber optado, por ejemplo, por exigir tal vez un mínimo de quince años de cotizaciones para fomentar la formalidad del mercado laboral.
Pero, bueno, por eso no se optó en este proyecto.
Sin embargo, me parece relevante, y muy relevante, que por primera vez estemos armando un pilar solidario independiente de ese ahorro individual, que es un piso mínimo garantizado. Y la verdad es que, particularmente después de la pésima política pública que han significado los retiros, me alegra ver que el Diputado Boric, Presidente electo, hoy día diga con todas sus letras: "Nos vamos a oponer a esa mala política pública". Obviamente, me habría encantado que el Diputado Boric, Presidente electo, hubiese sido consecuente y hubiese votado en consonancia con la convicción que tiene hoy día respecto de los cuatro retiros anteriores.
Pero, bueno, ya no fue así. Muchas veces el populismo es más fuerte que las convicciones, y tomaron ese atajo en su minuto.
Espero que eso no le ocurra en su Gobierno, y, por lo menos, desde Evópoli no vamos a caer en eso. Vamos a apoyar todas las políticas públicas que nos parezcan positivas y vamos a rechazar todas las políticas públicas que creamos que le hagan daño al país.
Por eso, en verdad, creo que el paso que estamos dando hoy día, Presidenta, es muy significativo.
Y quiero destacar otro elemento, que ha pasado un poco colado, que dice relación con el apoyo a las personas con discapacidad. Es cierto que hoy día tal vez el grueso de la atención está en asegurar un mínimo de pensión, independiente de cuánto se haya cotizado. Pero qué importante es el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, tan invisibles como muchas veces lo están, tan invisibles porque no son las que marchan ni las que más capacidad de presión tienen.
Por eso, felicito a todas las personas que estuvieron detrás de este proyecto, particularmente al Ministro de Hacienda, por incluir dentro del mismo ese aumento. ¿Que siempre es insuficiente? Sí. ¡Pero, por Dios, que es importante, sobre todo para esas familias, para esas madres que muchas veces no pueden trabajar, porque al final su vida se trata de entregarles dignidad a sus hijos! Y que esta reforma incluya efectivamente un incremento del aporte, del apoyo a estas madres es un acto mínimo de justicia y de solidaridad.
Agradezco que en el Senado, con el apoyo de los Ministros, del Gobierno, de la Oposición y de quienes somos oficialistas, hoy día podamos llegar a este gran acuerdo.
Creo que habla bien del término de un Gobierno en un elemento tan central como este. Algunos criticaban por qué al final del Gobierno. Obviamente que uno siempre quiere que las cosas se hagan antes, pero asegurarse de que estos recursos le lleguen a la gente y no queden en la burocracia del Estado, sino que lleguen al corazón de quienes más lo necesitan, es un tremendo tremendo avance para nuestro país.
Voto a favor, Presidenta, y espero que siempre vayamos avanzando en medidas de mayor solidaridad, pero al mismo tiempo que se respete el ahorro de los chilenos.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Muchas gracias, Senador Kast.
Tiene la palabra el Senador Quinteros, y luego los Senadores Insulza y Alvarado.

El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidenta.
Hay un amplio consenso acerca de que las debilidades del sistema previsional vigente, basado en la capitalización individual y que se traduce en pensiones insuficientes, por debajo de la línea de pobreza para la gran mayoría de los trabajadores, constituyen una de las causas principales, si no la principal, de la crisis social que detonó en Chile a partir de octubre del año 2019.
Es evidente que esto tiene causas anteriores y es fácil responsabilizar, por lo tanto, a todos los sectores por igual. Pero la verdad es más compleja: no todos tienen la misma responsabilidad.
De hecho, la última reforma importante al sistema que creó el pilar solidario fue obra del primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, y, básicamente, otorgó cobertura previsional a una gran proporción de personas que hasta ese momento no tenían ninguna.
Luego, durante su segundo período, hubo un nuevo esfuerzo, esta vez para mejorar la situación de los trabajadores que contaban con una cierta cantidad de ahorro en sus cuentas.
Pero esta última iniciativa fue objeto de cuestionamientos, estimado Senador Ossandón, principalmente de la Derecha, y no logró avanzar en este Congreso, optando por impulsar otras alternativas.
Ahora, al final de su período, el Gobierno del Presidente Piñera vuelve sobre sus pasos, presenta una nueva propuesta, que significa un mejoramiento importante respecto del actual pilar solidario, tal como lo veníamos proponiendo desde hace años, al menos desde nuestra bancada, pero seguirá pendiente la reforma de la parte contributiva, el aporte de los empleadores a la seguridad social, y, en suma, la sustitución del sistema de las AFP.
La verdad, entonces, es que durante más de cuarenta años ha habido un sector político que ha defendido con dientes el sistema de las AFP y otro sector que se la ha jugado por cambiarlo.
Esta será muy probablemente la tarea principal del nuevo Gobierno, y espero que esta vez el sector que siempre se ha opuesto abandone su papel obstruccionista.
Señora Presidenta, aprobaremos esta propuesta en los plazos acotados que ha tenido el Congreso.
Sin embargo, no puedo dejar de expresar nuestra frustración por no haber podido avanzar en una reforma integral; también, porque hasta el último minuto se intenta mostrar a este Congreso como el responsable de la postergación de los beneficios, toda vez que no se dice toda la verdad a la gente, que piensa que todos recibirán esta Pensión Garantizada Universal de 185.000 pesos mensuales desde febrero, cuando en realidad el beneficio no será recibido por todos, será escalonado, y los nuevos beneficiarios solo la recibirán a partir de agosto próximo.
Además, como ya se ha dicho, no se consideró la realidad de quienes reciben pensiones de reparación por violación a los derechos humanos, y una vez más se los ha postergado y no se reconoce el daño sufrido, como, asimismo, no se dio cabal respuesta a las familias con discapacitados.
Por estas razones, a pesar del innegable avance que significa este proyecto para buena parte de las personas mayores, es difícil celebrar este evento.
Han sido muchos los costos que se han pagado estos años, miles que murieron con pensiones indignas, miles que siguen trabajando y no han tenido el derecho al descanso a pesar de sus años.
Pero se abre una ventana. El país vislumbra un nuevo ciclo.
Espero que, como dije, cuando llegue el momento la futura Oposición esté a la altura y no niegue el apoyo a las reformas estructurales que el país necesita para retomar la agenda del desarrollo y la paz social.
He dicho.
Voto a favor, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Quinteros.
Tiene la palabra el Senador Navarro.
Luego, los Senadores Insulza, Alvarado, Huenchumilla, Latorre, Ebensperger.

El señor NAVARRO.- Gracias, Presidenta.
En la última semana de trabajo legislativo, a la salida del Gobierno de Piñera, la pregunta es por qué en cuatro años la Derecha, el Presidente, no se dieron cuenta de que esto era necesario. ¿O es que acaso hace cuatro años había pensiones dignas? ¿O es que hace cuatro años cuando él asume no existía esta necesidad? ¡No! Apenas parte la pandemia, el Ministro de Hacienda vino a ofrecer 65.000 pesos para los sectores más vulnerables.
¡Eso es lo que vinieron a hacer!
Y ahora, claro, fácil. ¡La medalla para Piñera, la cuenta para Boric! Es decir, el próximo Gobierno deberá hacerse cargo de los menores recursos que va a recibir, porque se va a pagar esto.
Pero, más allá de la medalla para Piñera y de la cuenta para Boric, quiero decir que este proyecto no puede terminar matando todo el esfuerzo de la ciudadanía de "No más AFP".
Creo que este Gobierno, los Senadores de Derecha, los que están y los que vienen, tienen claro que el mandato ciudadano fue terminar con las AFP, no seguir subsidiándolas, porque esta Pensión Garantizada Universal lo único que establece es que universalmente las AFP han fracasado en todo el mundo. ¡El 95,6 por ciento de los países del mundo no tienen AFP! Y, por tanto, en Chile han fracasado, pero los platos rotos los paga el Estado, "papá Fisco": socialista para las pérdidas, capitalista para las ganancias. ¡Y aquí paga el Estado! ¿Frente a qué? Frente a la promesa incumplida, de José Piñera, de que cada uno de los chilenos iba a obtener un 70 por ciento de tasa de reemplazo. Ganaba 100 e iba a recibir 70. ¡Falso! Reciben menos del 20 o apenas sobre el 20.
Entonces, quiero señalarles que aquí desaparece el pilar solidario. ¡La gente está desinformada! ¡El pilar solidario desaparece! Para el que tiene cero pensión autofinanciada, 9 luquitas -¡9 luquitas!- le aumenta la pensión. Para los que tienen 50 de pensión autofinanciada, aumenta 25 mil; para los que tienen 200 mil, 76 lucas; para los que tienen 250 mil, 93 mil; para los que tienen 400 mil aumentan más: 144.
¿Para quiénes aumentan de verdad los 186 mil? A los que tienen una pensión autofinanciada ahora de 550 lucas, se les pone 185 más; a los que tienen 600 mil pesos de pensión hoy día, se les ponen 185 más. ¿Pero para las pensiones menores?
Y quiero decir que solo el 12,5 por ciento de las pensiones en Chile están sobre los 500 mil pesos. ¡Eso es lo que van a recibir! O sea, el que creía que iba a recibir 186 lucas más, ¡no! El pilar solidario de Bachelet desaparece, se reemplaza por la Pensión Garantizada Universal de Piñera, que sube en esta escala y que, por cierto, es retroactiva.
Aquí dejaron fuera a los Valech y a los Rettig. O sea, pelear por la patria, enfrentar la dictadura, recuperar la democracia, no tiene ninguna validez. Pero no solo este Gobierno, y hay que decirlo con claridad: tampoco Bachelet los incluyó en el pilar solidario.
Por lo tanto, han sido los Gobiernos de la "Concerta" y el Gobierno de Derecha los que no los han querido incluir.
Y ahora Piñera tenía la posibilidad de decir que sí lo lamentaba -porque dice que voto que No, y yo le creo-, y de reparar a aquellos que sufrieron la barbarie de la dictadura. Pero los dejamos fuera y ahí están muriéndose, amargados, molestos, y con toda la razón.
Yo solo quiero decir que este Gobierno hace este esfuerzo, y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric va a tener que hacer el esfuerzo de ir a los 250 mil que nos ha señalado. Y eso queda como tarea pendiente para el próximo Gobierno.
Los Senadores que aquí lleguen, los que nos reemplacen, tendrán la tarea de luchar para que ello sea posible en un gobierno nuestro. Tendrán que ver cómo hacer la reforma tributaria para, de verdad, mejorar las pensiones y terminar con las AFP.
Yo desafío al Parlamento, a la Derecha y también a la Concertación o Nueva Mayoría, a que votemos el proyecto de ley que termina con el 3.500, termina con las AFP.
En treinta años nunca, ¡nunca!, se ha votado un proyecto para terminar las AFP en el Congreso Nacional. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Aunque no estén los votos, vamos a dejar bien claro quiénes están en contra, porque parece que no se quiere votar y hay algunos de los nuestros que quieren que sigan las AFP.
Por eso no quieren votarlo: para no votar en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
¡Tierra para los mapuche!
Voto a favor.
He dicho, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Navarro.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Elizalde para un tema de reglamento.

El señor ELIZALDE.- Presidenta, quiero pedir el acuerdo de la Sala, porque me dicen que la Comisión de Constitución despachó el proyecto sobre voto telemático que habíamos aprobado en el Senado y le hizo una modificación.
El miércoles se va a votar en la Sala de la Cámara ese proyecto.
Si se aprueba el mismo texto, va a promulgación por el Presidente de la República; si se aprueba con dicha modificación, tiene que volver a tercer trámite.
Entonces, pido el acuerdo de la Sala para que el proyecto se pueda votar en la sesión de la tarde, que se agregue a la tabla sin más trámite y sin que tenga que pasar por la Comisión, porque estamos contra el tiempo.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Es lo mismo que hemos pedido para otros proyectos.
¿Le parece a la Sala?

El señor MOREIRA.- Conversémoslo en Comités.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Vamos a conversarlo con los Comités.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Seguimos con el debate.
Tiene la palabra el Senador Alvarado.

El señor ALVARADO.- Gracias, Presidenta.
Sin duda, este proyecto lo voy a votar a favor. Mejora las pensiones actuales y las de los futuros pensionados, y se crea esta Pensión Garantizada Universal con un monto máximo de 185 mil pesos.
Es importante señalar que serán beneficiarios los pensionados bajo cualquier modalidad de pensión y los adultos mayores que se encuentren laboralmente activos, sin la necesidad de pensionarse o estar afiliados a régimen previsional, cumpliendo obviamente determinados requisitos.
Pero, más que referirme al fondo de este proyecto, quiero hacerme cargo de algunos comentarios, más bien de carácter político, que he escuchado en algunos colegas.
Primero, alguien con mucha fuerza, tranquilidad y seguridad señaló que hoy día estábamos discutiendo este proyecto, porque el Presidente Piñera no cumplió sus compromisos. Y yo me pregunto qué compromisos no hemos cumplido en materia previsional, si el año 2018 el Presidente anunció una reforma estructural al sistema de pensiones.
Y esa reforma estructural tenía como propósito abordar lo que -por su intermedio, señora Presidenta- el Senador Letelier señalaba: aumentar el ahorro previsional de los trabajadores mediante un aporte adicional y mensual de, al menos, un 4 por ciento del sueldo de cada trabajador con cargo al empleador.
Esa es una reforma al pilar contributivo, que el Senador reclamaba en esta Sala.
Además, otra serie de materias fueron despachadas y aprobadas por la Cámara de Diputados. ¿Pero quién no cumplió los compromisos? ¿El Presidente Piñera o este Senado, que no es capaz de ponerse de acuerdo? ¡Obviamente que el Senado que no es capaz de ponerse de acuerdo! Porque aquí, para que algo fracase, significa que hay una Oposición que no quiso avanzar en términos de referencia básicos y elementales de ese proyecto, sino que quería imponer, a toda costa, condiciones que iban más allá de la naturaleza del proyecto original.
Y como eran mayoría, fueron intransigentes.
Otro colega -por su intermedio, Presidenta- señalaba que ojalá la futura Oposición no sea obstructiva. Yo le garantizo que en términos de las necesidades de las personas -y ya no voy a estar en este Parlamento- mi coalición nunca va a obstruir para que aquellos que reciben menos tengan la posibilidad de un mejor acceso a mayores beneficios.
Eso jamás lo vamos a hacer, porque la política no la hacemos jugando con las personas.
Pero aquí estuvimos prácticamente sometidos -entre comillas y me hago responsable de lo que digo- a un verdadero chantaje durante tres años, para no despachar ese proyecto. Y esa es la razón por la cual hoy día estamos discutiendo esta reforma.
Y este proyecto fue presentado por el Ejecutivo con un financiamiento total y absolutamente responsable, con la misma estructura de financiamiento que el Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó para mejorar la pensión solidaria. En aquel entonces, curiosamente, era un financiamiento que, basado en el crecimiento económico, ¡era muy responsable...! Pero hoy día, cuando el Gobierno hace lo mismo, es irresponsable y exigen condiciones para subir los impuestos.
En consecuencia, yo pido coherencia.
Este proyecto, que mejora las pensiones de las personas, me alegro de que se vaya a aprobar, pero me hubiese gustado que por el esfuerzo que se inició el 2018, que se aprobó en la Cámara de Diputados y que está desde el 2019 en este Senado, hubiésemos sido capaces de ponernos de acuerdo para haber logrado una reforma estructural a las pensiones, porque ahí se abordaba incluso cómo buscar otras fórmulas de administración por parte del sistema previsional.
Se daba la posibilidad de que la gente eligiera dónde quería que se administrara esa cotización adicional: en un ente público, en las AFP o en otras instituciones privadas.
Sin embargo, aquí, como la ideología primó, el rechazo fue siempre total y absoluto.
Apruebo esta iniciativa.
He dicho, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Alvarado.
Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.
Luego, el Senador Latorre y después la Senadora Ebensperger.

El señor HUENCHUMILLA.- Señora Presidenta, muchas gracias.
He escuchado con atención la intervención del señor Ministro del Trabajo, que fue muy pedagógica, y también las de las distintas Senadoras y Senadores.
Y quisiera hablar para ver si entiendo bien de qué se trata el tema en discusión.
Partamos de la base de que aquí no estamos haciendo una reforma al sistema de seguridad social chileno, porque esa es una tarea pendiente y, por lo tanto, yo espero que el próximo Gobierno trabaje en esa dirección oportunamente.
Este proyecto yo lo entiendo como un primer piso en el tema de la seguridad social, pero la duda que a mí me asalta es que nosotros le dijimos a la gente, a toda la ciudadanía, a las personas que nos están viendo por este canal del Senado -hay mucha gente interesada en este tema- que les íbamos a dar una Pensión Garantizada Universal. Entonces, la gente se quedó con la impresión de que todos, bajo un cierto rango -se habló del 80 por ciento y el 90 por ciento, con algunas variables- iban a recibir 185 mil pesos al mes.
En consecuencia, se introdujo el concepto de universalidad: el Estado garantiza universalmente 185 mil pesos. Y uno entiende que la universalidad puede ser que a todos los que están bajo un cierto rango de ingresos el Estado les da 185 mil pesos. Una posibilidad.
La otra posibilidad es que da 185 mil pesos en sentido inverso a los ingresos que recibe la persona. O sea, el que recibe menos tiene una suma superior, y el que tiene una cifra en la parte superior recibe menos.
Pero me encuentro con que este proyecto, según yo logro entender -a lo mejor el Ministro de Hacienda me puede corregir-, a las personas que reciben hoy día una pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario les va a dar la diferencia hasta completar 185 mil pesos. Se les va a dar el complemento hasta enterar los 185 mil pesos. Por lo tanto, es una variable.
Entonces, que la gente tenga claro que estos 185 mil pesos no son para todos o todas. La gente que recibe menos va a tener un suplemento hasta llegar a los 185 mil pesos. Pero lo curioso es que la persona que, por ejemplo, gane 630 mil pesos va a recibir completamente los 185 mil pesos.
Yo digo, ¿es justo eso? Estamos introduciendo una desigualdad entre los que tienen menos y los que tienen más, dentro de este parámetro de los más vulnerables, por supuesto.
Yo entiendo que no es fácil resolver este tema, porque hay un problema de recursos fiscales, lo entendemos. Pero la respuesta implícita que yo veo en el proyecto es que a la persona que tiene una pensión básica y un aporte previsional, el Estado le dice: "¡Pero si yo ya le estoy dando a usted 185 mil pesos!, con cargo a gastos fiscales. Entonces, yo le complemento con esto". Pero, a la que no tenía nada durante su vida, y gana 500 mil o 600 mil, le va a dar íntegramente los 185 mil pesos.
Entonces, a mí me parece que hay un problema entre la universalidad y la focalización del gasto público. No me cuadra la caja. Pero entiendo, a pesar de eso, que esto es un avance, porque yo lo veo como un piso para mejorar más adelante.
En una cosa distinta, porque creo que el próximo Gobierno hablaba de 250 mil pesos, entiendo que a partir de este piso podemos ir mejorando la situación y entiendo que esto es también un problema de financiamiento de este gasto permanente, porque esto no es una cosa de dos o tres años, sino que es un gasto a lo largo de muchos años, eternamente, por así decirlo, en términos prácticos.
Le pido un minuto, Presidente, y termino con lo siguiente.
Yo parto de la base de que tenemos que hacer una reforma al sistema contributivo. En términos simples, le digo a la gente: necesitamos hacer una reforma del sistema previsional de las AFP y todo lo que eso significa, para que haya una contribución de la persona, una contribución del empleador y una contribución del Estado, y resolvamos cómo vamos a manejar esas platas y de qué manera vamos a introducir, aparte del esfuerzo personal, la necesaria solidaridad.
Por lo tanto, señor Presidente, con esas prevenciones que yo hago para la historia de la ley, voy a votar favorablemente este proyecto, pero quería hacer presente las prevenciones que tengo, para que la gente sepa exactamente de qué se trata su sentido, contenido y efecto.
Muchas gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Huenchumilla.
El Senador Insulza no está.
Senador Latorre, tiene la palabra para fundamentar su voto.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidente.
A ver, yo creo que hay bastante acuerdo transversal en torno a que Chile necesita avanzar en una pensión universal garantizada que sea financiada solidariamente. Acá hay un primer piso o pilar de la seguridad social en términos de que toda la sociedad financie una pensión no contributiva. Y se establece un piso, un piso de dignidad para todos las y los adultos mayores, cumplida una determinada edad, que les permita, al menos, subsistir y superar la pobreza.
El monto que se propone, 185 mil pesos, está bien al límite de la línea de la pobreza actual. Nosotros -digo "nosotros" desde el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric- en campaña planteamos un piso de 250 mil pesos, que no es antojadizo, es un piso que equivale a la línea de la pobreza para dos personas, y que constituye la mediana del gasto de los hogares de los adultos mayores. Esto, aterrizado a la realidad concreta, porque todos sabemos el costo de vida de adultos mayores en precios de medicamentos, en alimentación; conocemos la cantidad de adultos mayores que tienen que seguir trabajando en, a veces, la economía informal o formal para complementar las pensiones de miseria. ¡Cuántos adultos mayores también viven de allegados con sus propios hijos o familiares porque no pueden subsistir o no llegan a fin de mes!
Esta es una de las realidades que duele en Chile, es una de las realidades que se manifestó con mucha fuerza en el estallido social, cuando teníamos muchos jóvenes que salían a protestar, ¿por qué?, por sus abuelos que reciben pensiones de miseria.
Entonces, acá tenemos una realidad que duele en nuestro país. Y yo considero que esto es un avance en la dirección correcta. Puedo cuestionar el monto, que es insuficiente; creo que va a ser necesario en el corto plazo cubrir esa brecha.
Otro matiz crítico que puedo tener acá es que, efectivamente, es regresiva la manera como se plantea, porque los sectores más pobres van a recibir un aumento muy precario, de 9 lucas; los sectores medios van a recibir un mayor aporte. Entonces, en el diseño de la política hay una regresividad.
Y luego, el otro elemento, que probablemente lo vamos a discutir con más detalle en el siguiente proyecto, es el financiamiento. No da lo mismo cómo se financia esto. Por mucho tiempo, en Chile las políticas sociales de transferencias monetarias, condicionadas o no condicionadas, se financiaron regresivamente con un aumento del IVA. Entonces, los mismos pobres y las clases medias terminaban financiando las políticas sociales precarias, focalizadas para esos mismos sectores. Por tanto, es de toda justicia que quienes más tienen aporten más al bien común y a financiar la cohesión social. Una pensión básica universal garantizada ha de ser financiada solidariamente, pero solidariamente con el aporte de quienes más tienen; es una pensión no contributiva.
Quedará pendiente para la discusión de la nueva Constitución, quedará pendiente para cuando asuma el nuevo Gobierno del Presidente Boric la discusión sobre la reforma estructural al sistema de AFP que, en mi opinión, está fracasado, está obsoleto, ya no tiene legitimidad, ya cumplió cuarenta años, se impuso en dictadura y solo ha servido para que un grupo privilegiado de la sociedad, una minoría, gane mucha plata por el negocio de las pensiones, pero para las grandes mayorías esto significa pensiones de miseria. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo no por una cuestión de un gallito de Derecha o Izquierda, o de ideologismos, como dicen algunos, sino que hay que cambiarlo por paz social, porque eso le va a dar cohesión social, paz social a nuestro país.
Así lo han hecho muchos países modernos con los que nos gusta compararnos, de la OCDE, que tienen sistemas verdaderos de seguridad social, con pensiones contributivas, solidarias, con instituciones públicas que administran, sin fines de lucro, con capacidad y legitimidad, con una buena gobernanza, con aportes tripartitos (trabajadores, empleadores y Estado), y con solidaridad intra e intergeneracional. Eso queda pendiente. Por ahora estamos solo estableciendo un primer piso de la seguridad social, que me parece un avance en la dirección correcta; insuficiente, pero un avance.
Voto a favor, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Latorre.
Senador Insulza, le había dado recién la palabra; la tiene ahora para fundamentar su voto.

El señor INSULZA.- Presidente, pido excusas por no haber estado cuando usted me llamó, pero me encontraba en otro asunto.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí.
(Rumores).
Les pido al Diputado Torres y al señor Subsecretario que, por favor, le permitan hablar al Senador Insulza.

El señor INSULZA.- Si son tan amables el Diputado y el Subsecretario...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Pueden conversar allá atrás.

El señor INSULZA.- Muchas gracias.
Presidente, yo creo que es importante partir recalcando que este es un proyecto positivo y que lo vamos a aprobar. Él avanza de manera sustantiva hacia un sistema que pueda incorporar la universalidad a través de una pensión no contributiva para toda población de sesenta y cinco años o más, excluyendo solo a los más ricos, es decir, aquellos que forman parte del 10 por ciento de este universo, y con un financiamiento público que mejora efectivamente las pensiones de nuestros adultos mayores. Hoy día, esas personas de la tercera edad en su gran mayoría todavía viven en parte importante de sus ingresos, autofinanciados, o no tienen ningún piso digno con el cual pasar sus últimos años de vida.
Creo que ese es un tema muy fundamental. Sin embargo, no es la reforma de pensiones a la que nos comprometimos.
El derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, reconocido y garantizado por todos los sistemas democráticos del mundo. Nuestro país tiene que trabajar más todavía para alcanzar ese propósito, pero esto es un inicio, constituye un avance sustantivo y nos pone de relieve una tarea pendiente que debemos seguir priorizando.
El proyecto tiene muchas virtudes, hemos estado hablando bastante de él acá, pero tenemos que insistir en lo lamentable que resulta constatar que todavía haya letra chica en estas iniciativas, que hay gente que no va a recibir los 185 mil pesos, aunque tenga un ingreso menor a 630 mil; que, al mismo tiempo, no se incluye a los beneficiarios de las leyes de reparación, que es gente que año a año ve sus pensiones deteriorarse, siendo el único dinero que tienen. ¡Si muchos de los pensionados de la Ley Valech quedaron completamente incapacitados de trabajar!; ¡si los familiares de los detenidos desaparecidos también han visto mermadas y dañadas sus vidas de manera muy fuerte!
Es cierto, si se hace la diferencia técnica son compensaciones y no pensiones, pero deberían estar incluidas, porque esta era la posibilidad de reconocerles los derechos que ellos y ellas vieron violados por la dictadura, los que fueron formalmente reconocidos como víctimas por el Estado chileno en informes oficiales. Creemos que deberían estar incluidos como cualquier otro ciudadano que cumpla con los requisitos descritos en este proyecto.
Creo, señor Presidente, de manera muy sincera, que se pierde aquí una oportunidad de cerrar un capítulo, de decirles a los ancianos de Chile, a las personas de la tercera edad, que todos están incluidos, que no hay aquí diferencias pequeñas, y mucho menos por razones de carácter político.
Yo pienso que quedó una tarea pendiente, como muchas otras cuestiones que se han planteado aquí. Tarde o temprano habrá que interpretar adecuadamente esta norma a favor de los beneficiarios de las leyes compensatorias de reparación, que son cada vez menos, como se ha dicho acá. No es tanta gente. Las personas que quedan excluidas de esto no son tantas, muchas de ellas ya no están y se han ido sin recibir una reparación.
Ojalá recapacitara el Gobierno sobre esto, y a través de alguna adición pudiera considerar a estas personas y así consiguiéramos asegurarnos de que -es lo que se anunció al comienzo- cada persona, pensionada o no, que tuviera más de sesenta y cinco años y una pensión base por debajo de los 630 mil pesos, reciba 185 mil pesos. Y esto, como ya se ha dicho hasta la saciedad, está lleno de letra chica que priva a algunos de este beneficio.
Es importante este proyecto de ley, Presidente, y lo vamos a votar a favor. Dos millones ciento y tantos mil chilenos se ven beneficiados. No podríamos negarles este beneficio, pero hacemos ver que la gran tarea de la seguridad social sigue estando pendiente para nosotros.
Muchas gracias, Presidente.
Voto que sí.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Insulza.
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
Yo anuncio mi voto favorable en este proyecto.
Y quisiera insistir también, así como lo hizo anteriormente el Senador Alvarado, en ciertas afirmaciones políticas que aquí se han señalado para quitarle un poco la importancia a este proyecto, o para atribuirle al Ejecutivo ciertas afirmaciones que han sido, a mi modo de ver, imprecisas, injustas y falsas.
Efectivamente, el Presidente Sebastián Piñera se comprometió en su campaña presidencial a presentar una reforma estructural, cosa que hizo, la presentó y fue aprobada en la Cámara de Diputados, y pasó al Senado, donde no ha avanzado en la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, no es imputable a este Gobierno, al Ejecutivo, el no haber cumplido con esa reforma estructural.
En esa reforma se planteaba el aumento de 6 puntos de la cotización. ¿Y en qué o cuál fue el punto principal de discordia? El cómo se distribuía ese 6 por ciento. La Oposición lo que pedía era que fuera un cien por ciento a solidaridad; nosotros decíamos un 6 por ciento al trabajador. Luego, cedimos para lograr avanzar y dijimos "un 3 y un 3". No obtuvimos respuesta del frente. Posteriormente, dijimos "un 2, un 2 y un 2", y tampoco conseguimos respuesta. Es decir, simplemente no se avanza porque, o se legisla de la forma que ellos quieren o no se progresa y se guarda el proyecto en un cajón.
Por tanto, ¿quién no ha cumplido en legislar para obtener mejores pensiones para los chilenos, siendo que estamos todos de acuerdo en que las pensiones son malas en este país? Yo creo que la respuesta está clara: no ha sido el Ejecutivo, sino la Oposición, que ha sido durante este período la mayoría de las veces bastante obstructiva.
Luego, el Ejecutivo, frente a esto, manda un proyecto corto de pensiones, que está en la Cámara, al cual se le pone urgencia. ¿Pero qué hace la Oposición en la Cámara de Diputados? Lo llena de indicaciones inadmisibles y mañosas. Por lo tanto, también mata ese proyecto.
Y ahí llegamos a este proyecto, que efectivamente no es una reforma estructural, sino que es una manera de ayudar a las personas, mayoritariamente a la clase media. Porque se ha criticado también que a quienes reciben la pensión básica solidaria solo se les va a pagar la diferencia. Bueno, eso es una política pública que siempre ha regido en nuestro país, en que no hay beneficios sobre beneficios.
Entonces, si no estamos de acuerdo con eso, cambiemos las políticas públicas, pero no culpemos al Gobierno. Siempre, y también se hizo en la otra reforma en esta materia de la Presidenta Bachelet, cuando se crea el pilar solidario, el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria. Allí también se establece que no hay beneficios sobre el mismo beneficio.
Entonces, seamos claros.
Luego, Presidente, escuchamos la intervención de otro Senador, en la que critica el sistema previsional de capitalización individual, cuando en la campaña reciente todos señalaban, porque era lo que la gente quería escuchar, que estos fondos eran de propiedad de las personas. Y han presentado proyectos para nacionalizar estos fondos, pero en campaña indicaban que lo que decía la iniciativa no era lo que decía, sino que eran otras cosas y daban explicaciones inentendibles.
Seamos claros, no le mintamos a la gente y no le echemos la culpa a quienes no la tienen, asumamos nuestra responsabilidad. El Ejecutivo, bien o mal -desde mi punto de vista, bien-, cumplió y presentó en este mandato un proyecto de reforma estructural, y fue en el Congreso donde se paralizó. Fue este Congreso -un minuto, Presidente, y termino- donde se paralizó y no fuimos capaces de permitir, por no dar nuestro brazo a torcer, particularmente por parte de la Oposición, que siguiera avanzando dicha reforma para poder sacar beneficios políticos, culpando al Ejecutivo de no ser capaz de cumplir su compromiso.
No es así.
El Ejecutivo cumplió. Y vuelvo a decir: fue este Senado el que no supo sacar adelante esa reforma estructural.
Claramente, el presente proyecto no es una reforma estructural, pero va a ayudar a las personas, y particularmente a la clase media, que siempre se ve muy poco beneficiada con ayudas del gobierno, de cualquier gobierno.
Voto a favor, Presidente.
Gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Ebensperger.
Señora Secretaria, tiene la palabra.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- ¿Han emitido su voto todas las señoras Senadoras y todos los señores Senadores?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban en general y en particular los artículos que no fueron objeto de solicitud de votación separada (37 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Alvarado, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.

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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Antes de proceder a la votación separada, vamos a dar una Cuenta agregada que ha llegado a la Mesa.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Mensajes
De S.E. el Presidente de la República.
Con el primero, inicia un proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de protección ambiental y el desarrollo económico y social en áreas silvestres protegidas en cuyos límites se hayan otorgado concesiones de acuicultura (Boletín N° 14.811-21).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Con el segundo, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de la iniciativa consignada precedentemente.
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica (Boletín N° 14.763-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación de material de uso dual y de defensa y otras materias que indica (Boletín Nº 14.773-02) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión Bicameral, por el que propone la integración del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, para el período legislativo que se inicia el 11 de marzo de 2022.
--Quedan para tabla.
Permisos Constitucionales
Del Honorable Senador señor Navarro, para ausentarse del país a contar del 25 de enero de 2022, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 60 de la Constitución Política de la República.
Del Honorable Senador señor Pugh, para ausentarse del país a contar del 26 de febrero de 2022, conforme a la misma disposición constitucional citada.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accede a lo solicitado.
-- Así se acuerda.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.- A raíz de lo que se planteó aquí, que quedaba para tabla la propuesta de integración del Comité de Asignaciones Parlamentarias, no olvidemos que hay un plazo vencido, ya que empieza a regir sesenta días después de su designación. Y eso significa que habría que votarlo al menos antes del receso; o sea, mañana o pasado mañana.
¿Si hubiera acuerdo para eso?

La señora RINCÓN (Presidenta).- ¿La solicitud es que se incorpore en la tabla de Fácil Despacho, Senador Insulza?

El señor INSULZA.- De ser posible.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador Navarro.

El señor NAVARRO.- No estaría de acuerdo con esa solicitud.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Ya.
En ese caso, lo vamos a agregar al final de la tabla de la sesión ordinaria de mañana.
--Así se acuerda.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador Navarro.

El señor NAVARRO.- Presidenta, los Comités acordaron enviar a la Comisión de Trabajo el proyecto de ley que prohíbe la discriminación laboral frente a análisis genéticos. Hoy día la Comisión lo aprobó y lo envió a la Sala. Lo señalo porque está para ser votado en el último lugar de la tabla de Fácil Despacho de la sesión especial de mañana, con la prevención de que se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.
Lo señalo para que la Mesa tenga presente la situación.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Podemos autorizar un informe verbal.
--Así se acuerda.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Gracias, Presidenta.
Solicito la autorización correspondiente para que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales pueda sesionar en paralelo con la Sala.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Después de que veamos la votación separada.

La señora ÓRDENES.- Perfecto.

La señora RINCÓN (Presidenta).- ¿Si le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Pasamos a tratar la solicitud de votación separada.
Senador Letelier, tiene la palabra.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, una distinguida Senadora de las bancas del frente habló de "beneficios sobre beneficios".
El artículo 36, que para efectos de este proyecto -yo les pediría a algunos colegas que puedan sumarse a esto- antes era el numeral 16 del artículo 1° y ahora es el numeral 18 (está en la página 41 del comparado), discrimina a los titulares de las leyes de reparación y no los trata con la necesaria igualdad ante la ley. Los califica como ciudadanos de segunda clase, porque sigue la mentalidad que usó mi distinguida colega de las bancas del frente cuando habla de beneficios sobre beneficios.
Señora Presidenta, lo que sucede acá es que se está mezclando peras con manzanas. A una madre a la que le mataron un hijo y cuyo cuerpo nunca apareció recibe una indemnización del Estado que nada tiene que ver con el hecho de que haya sido trabajadora, de que haya cotizado en una AFP de acuerdo a la ley y que se haya pensionado. Y aunque saque una mala pensión, le dicen: "usted es una cosa rara: aunque haya trabajado y cotizado, usted, porque recibe esta indemnización del Estado, la tratamos distinto".
Las leyes de reparación son eso: reparación. Así ocurrió con el Informe Rettig, donde se suponía que todas las chilenas y los chilenos reconocíamos que el Estado había actuado mal. Y por eso el Presidente Aylwin pidió perdón. No lo hizo por él, sino por el Estado de Chile y por el daño que se causó. Es lo mismo que pasó con el Informe Valech y las personas afectadas por torturas y prisión.
Y es lo que está en el corazón de la Ley de Exonerados. Son personas que debían tener quince años de aporte contributivo, no se trata de que no hayan trabajado. Pero a cuya pensión, que tenía una base contributiva, le pusieron otro nombre.
A mí me encantaría que estuviera el Ministro de Hacienda acá -sé que está quien lo acompaña-, pero aquí lo que se está haciendo en forma arbitraria es excluir a 94 mil chilenas y chilenos. ¡El Estado se está ahorrando la plata de lo que le corresponde a este grupo de chilenas y chilenos! 1.600 tienen que ver con familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Yo siento que en este punto se presenta la mayor mezquindad posible, ¡la mayor mezquindad! Y 24 mil corresponden a la Ley Valech.
Y como con el Ejecutivo no se avanza hasta ahora, yo he solicitado votación separada de este artículo, porque este tipo de negacionismo en que estamos, después de lo que ha pasado en el país, a mi juicio, genera la imposibilidad de cerrar ciertos ciclos.
Son 94 mil personas, y cualquiera de ellos puede ir al Tribunal Constitucional si logra convencer a un par de parlamentarios. Si quisiéramos, podríamos bloquear y evitar que este proyecto siguiera adelante. Lo decimo en buenos términos, porque aquí se está discriminando y no se respeta el principio de la igualdad ante la ley.
Esta ha sido una discusión no de ahora, sino que tiene más de veinte, de treinta años, desde que despachamos la ley que establece las reparaciones, la que nunca fue del agrado de las bancas del frente.
Yo quiero insistir en señalar que lo que reciben de acuerdo a la ley, que está en el artículo 36, no son pensiones. Si esta norma no existiera -y por eso la voy a votar en contra-, tendrían que ser tratados igual que todos los demás. Si se rechazara el artículo 36, donde se señala que solo se les paga un complemento a aquellos que perciben una pensión de menos de 185 mil pesos, porque a ese monto se llega, y con eso se les está diciendo a esas personas que nunca van a recibir una reparación superior, se establecería una igualdad ante la ley.
Yo no voy a votar a favor del artículo 36, que dispone una compensación parcial, ni a apoyar el que reciban un porcentaje para llegar a ese monto. Y creo que no cerrar este ciclo es el peor error del Ejecutivo.
Dejo hasta ahí mi argumento, Presidente.
Considero que es un tema demasiado obvio. ¡Demasiado obvio! Si hubiese tenido algo de voluntad el actual Gobierno habrían establecido: "No para las cuatro leyes que están aquí mencionadas", y excluido la Ley Rettig y la Ley Valech, pero no mostraron ninguna voluntad. Sé que el próximo Gobierno lo podría abordar, pero corresponde hacer las cosas en su momento.
Y para que en la historia de la ley quede bien recogido el punto: ¿por qué no se hizo el 2008? Porque las bancas del frente pusieron ciertas condiciones para votar a favor del proyecto. Y a mí me parece... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Termine, señor Senador.

El señor LETELIER.- Termino enseguida, Presidente.
Muchos de afuera del Parlamento a veces leen mal como ha sido nuestra historia. Lo digo porque ha habido diferentes equilibrios de poderes y en ciertos momentos algunos Senadores se han cambiado de filas. Nosotros tuvimos mayoría en un tiempo, pero cuando llegó el momento de discutir esta ley nuestras mayorías se fueron a las bancas del frente y se limitó lo que se podía hacer.
Presidente, pido votación separada del artículo 36 para que no se discrimine a las personas que reciben reparaciones. No se trata de un beneficio sobre beneficio, como decía una colega. Una cosa es una pensión y otra una reparación, que es una indemnización cuando el Estado ha causado un daño.
He dicho.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador.
Está pedida la votación separada, por eso que estamos discutiendo la norma.
En votación el artículo 36 del proyecto.
Tiene la palabra el Senador Sandoval para fundamentar su voto.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidente.
Este tema fue planteado en varias ocasiones en la Comisión de Trabajo por el mismo Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Y contrariamente a lo que planteaba, en nuestras intervenciones señalábamos que el caso de los incorporados en el Informe Rettig y en la Comisión Valech ameritaba un tratamiento absolutamente distinto y la búsqueda de un mecanismo que se hiciera cargo de aquello, compartiendo el fondo de los planteamientos formulados y la necesidad de perfeccionar los procedimientos.
Creíamos que era absolutamente imprescindible, en el caso de un debate tan particular, tan dramático, como aquí muy bien se ha señalado, considerar desde un punto de vista político lo que significó y no nos parecía adecuado incorporar esa situación en esta iniciativa legal.
Pensábamos sinceramente -y lo pensamos- que esa discusión debe plantearse en el seno de un escenario mucho más profundo y no aprovechar el marco de esta iniciativa para realizar una modificación a aquellos beneficios que se otorgan a quienes están incorporados al sistema en el marco de la Ley Valech o de la Ley Rettig.
Estimamos que no es el momento. Y que por la gravedad de las circunstancias, el caso amerita un tratamiento absolutamente particular, distinto y separado. Aquí hay que irse al fondo de lo que ello implica y de lo que la situación significa.
Pero un caso muy distinto es el de los exonerados, sobre los cuales hay múltiples situaciones dudosas acerca de cómo se eligió a los beneficiarios y cómo se otorgaron las respectivas justificaciones para incorporar a personas en ese marco. Hay una dilatada discusión respecto de hasta dónde llegan las irregularidades para otorgar la condición de exonerado político en ese contexto. Y para qué les voy a hablar sobre la profusa literatura que hay sobre el tema.
El caso de los exonerados es una situación absoluta y radicalmente distinta.
Sin embargo, desde una perspectiva política, el contexto de las leyes Valech y Rettig creemos francamente que amerita una discusión profunda, desarrollada en el marco de una ley especialmente diseñada para ese propósito y no incorporada en el ámbito de la presente normativa.
Creo sinceramente que la gravedad de los hechos que terminaron por convocar estos dos esquemas jurídicos: Valech y Rettig, amerita una discusión distinta, estructural y mucho más profunda que la que se pueda dar en el marco de una ley que crea esta Pensión Garantizada Universal.
Esa es la única diferencia que tenemos; no desconocemos la cuestión de fondo, Presidente. Y por su intermedio se lo manifiesto al Senador que me antecedió en la palabra.
Tenemos la clara convicción de que la gravedad de los hechos amerita una discusión estructural y profunda sobre estos casos en particular y no sobre el contexto global. Porque -insisto- el tema de los exonerados necesita una discusión mucho más amplia, distinta, por ser otra la circunstancia por la cual se consideraron.
Por eso, Presidente, y considerando que ese es el contexto de la discusión sobre el particular, vamos a votar a favor de esta norma.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Voy a dejar con la palabra al Senador Kast, quien no se había inscrito, porque va a plantear un tema de admisibilidad, entiendo.
Senador Kast.

El señor KAST.- Sí, Presidente. El asunto es muy sencillo.
Creo que, entendiendo que resulta legítimo que uno tenga posiciones distintas sobre esta materia, es claramente inadmisible lo que está pidiendo el Senador Letelier. Porque tratándose de cualquier proyecto de ley que incluya un mecanismo de focalización, al pedir votación separada de dicho mecanismo estoy aumentando el gasto, por definición.
Por lo tanto, solicito la opinión del Secretario de la Corporación. Realmente me parece que, además de no respetar el espíritu con que se ha venido trabajando, esta petición es realmente grave, porque mediante el artilugio de pedir votación separada del elemento que sustenta el diseño del aporte financiero finalmente se aumenta el gasto.
Entonces, encuentro que esto es completamente inadmisible. Y le quiero preguntar al Secretario su interpretación al respecto.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- En el informe de la Comisión de Hacienda se planteó el tema, pero no la admisibilidad respecto a la petición de votación separada.
Porque es efectivo que si se rechaza la propuesta que viene se va a producir un aumento del gasto. No sé cuánto será; pero que hay un aumento del gasto, lo hay.
Todos sabemos de lo que estamos hablando, pero tampoco nos interesa tomar una decisión sin tener conciencia de que hay una inadmisibilidad clara.
Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.- Presidente, más allá de que este tema se planteó y se discutió en la Comisión de Hacienda a efectos de poder tener un beneficio para todos los incorporados en leyes de reparación, no logramos el acuerdo con el Ejecutivo para poder incluirlos en los mismos términos que el resto del sistema.
Entonces, el efecto que se provocaría de rechazarse esta norma, vale decir, que se cayera esta norma es que hay un aumento del gasto. Ahí hay dos tesis en el Tribunal Constitucional. La tesis minoritaria sostiene que si es una consecuencia de una discusión no sería inadmisible. El problema es que el Gobierno perfectamente puede recurrir al Tribunal Constitucional y eso afecta el proyecto. Eso fue parte de las discusiones prelegislativas, por decirlo de alguna manera. Y en pos de no afectar la tramitación de la iniciativa, y en la perspectiva de que la pudiéramos sacar adelante, se avanzó en la medida de lo que fuimos logrando con la anuencia del actual Gobierno. Pero lo conversamos con los equipos del Presidente electo, y no seguimos insistiendo por las consecuencias que trae.
Presidente, esa es la explicación de por qué viene en estas condiciones.
Gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Señor Secretario, usted tiene opinión formada, supongo.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, como ya se ha indicado, el efecto que provoca la eliminación de esta norma, en caso de producirse la votación separada, significaría que existiría un mayor gasto fiscal. Y en ese sentido, sería de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. De modo tal que, frente a esta disyuntiva, previamente debiera discutirse la admisibilidad de la votación separada y, eventualmente, votar dicha admisibilidad y luego proceder a la votación separada, si es que se declara admisible.
Eso, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Colegas, me pidió la palabra el Senador Montes. Tengo varios colegas inscritos. Pero, como tenemos que resolver el problema de la admisibilidad, yo le pregunto al Senador Letelier si es que va a pedir la votación de aquella o no.
En el fondo, tenemos claro que la Mesa entiende que es inadmisible.
Yo supongo que usted también, Senador, porque en la Comisión de Hacienda planteó lo mismo.
Senador Letelier.

El señor LETELIER.- Presidente, es mi facultad constitucional el votar a favor o en contra de cualquier norma que se me proponga. No me pueden decir que no puedo votar en contra de algo porque tenga efectos de costos. Eso, por favor, es un problema de otra naturaleza.
Yo mañana puedo recurrir, si es que esta norma se aprueba, al Tribunal Constitucional por la igualdad ante la ley. Lo que no me pueden decir es que si las personas señaladas se eliminan de este artículo están fuera de norma constitucional. Es absurdo.
Aquí el Gobierno plantea una forma de abdicar. Si lo formularon indebidamente, es su problema. Advertimos en todo momento, en todo instante, que esto lo íbamos a decir y que esto lo íbamos a hacer. Y, por tanto, pido primero que no sea algo que sorprenda a nadie. Esto se lo planteamos al señor Ministro de Hacienda varias veces y es nuestro derecho constitucional no ser partícipes de una situación discriminatoria.
Presidente...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Qué?

El señor LETELIER.- El Secretario de la Corporación dio una opinión. La respeto, pero no nos afecta, no nos incumbe.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Está bien, está bien, Senador.
Lo que vamos a hacer, entonces, es votar la admisibilidad de la votación separada.

El señor COLOMA.- Es lo que corresponde.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Eso es lo que corresponde.
(Rumores).
Eso es lo que corresponde votar, pues.

El señor INSULZA.- ¿Qué estamos votando? ¿La admisibilidad?
(Rumores).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Lo que corresponde es votar la admisibilidad, colegas. Eso es lo que estamos discutiendo.
Así...
(Rumores).
¿Perdón? No lo escucho, Senador Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, ya está puesta en votación la petición de votación por separado. Entonces, tener que anular esta votación y ahora votar la admisibilidad no corresponde.
Eso es todo, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí, Senador.
Lo que pasa es que está planteada la inadmisibilidad por parte del Senador Kast, que a mí me había solicitado...
(Rumores).
Les pido, por favor, que tengan tranquilidad.
¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo?
Ustedes están conscientes de que el punto se ha hecho reiteradamente, tanto en las Comisiones como en la Sala. Se hizo el punto en la fundamentación en la discusión en general. Se ha pedido la votación separada. Hay una consecuencia de la votación por separado que tiene que ver con un aumento evidente del gasto, lo que hace que la indicación sea inadmisible. No es primera vez que se discute. Así que ese es el procedimiento que tenemos que seguir. Votamos la admisibilidad y después se vota por separado, una vez acordada su admisibilidad.
Tengo varios colegas con petición de palabra.
Le voy a dar la palabra al Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Presidente, hay dos situaciones de hecho, y les pido un segundo de concentración, pues uno puede equivocarse.
Primero, cuando se propuso la votación, el Senador Kast planteó -y se oyó- la inadmisibilidad. Y era muy relevante, porque es un hecho, no es que ahora a alguien se le ocurra, ya que lo hizo antes de que se abriera la votación. Lo quiero decir, porque lo estaba viendo.
Segundo -no sé si está el Senador Letelier, por su intermedio-, en la Comisión de Hacienda se planteó lo mismo. Y el Senador Letelier señaló que él sabía que era inadmisible, pero que lo hacía para efectos de marcar el punto y para efectos de que un próximo gobierno pudiera actuar de manera distinta. Eso es otro hecho. La Senadora que estaba en la Comisión de Hacienda podrá defenderlo. O sea, había conciencia de que era inadmisible. ¿Por qué? Porque al terminar con la excepción o cualquier excepción, se aumenta el gasto. Eso es el tema de fondo. Son dos hechos.
Yo pido -comparto el criterio del Presidente- que votemos la inadmisibilidad. Si es admisible, cuestión que no es, se podrá llevar adelante la votación. Pero, de lo contrario, se va a caer un proyecto que yo creo, Presidente, que es muy importante que lo resolvamos entre nosotros, sin tribunales constitucionales de por medio.
Yo simplemente me refiero a los hechos, no estoy haciendo juicios de valor. El hecho es que el Senador Kast lo había pedido, y el otro hecho es que, cuando se planteó el tema de la Comisión de Hacienda, el Senador Letelier reconoció que era inadmisible, y es inadmisible. Entonces tratemos de resolver de buen espíritu un tema de esta naturaleza.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Coloma.
Ha pedido la palabra también el Senador Galilea.
Pero antes quiero decirle a la Sala que, efectivamente, el Senador Kast me había pedido la palabra. Yo no se la di porque pensé que lo que iba a plantear era un tema de argumentación y después, cuando le di la palabra, él planteó el tema de la admisibilidad.
Lo digo para dejar constancia y no tergiversar entre nosotros los hechos.
Senador Galilea y después el Senador Insulza.

El señor GALILEA.- Presidente, es que, para que todos lo tengamos claro, una cosa es el tema de la admisibilidad o no de esta solicitud, que se incorporen ciertas personas a un proyecto que trae gasto, etcétera.
Pero quiero recordar a todos los Senadores que si se rechazara este artículo, en la práctica se caería todo el proyecto de PGU, porque este artículo es el que individualiza a todos los beneficiarios. En consecuencia, si se rechazara este artículo, quedaríamos con una ley completamente vacía.
Entonces, quería comentar que yo creo que es válido hacer el punto político, y me parece que ya lo ha hecho el Senador Letelier; porque hacer esta votación nos puede llevar a un sinsentido, pues si se rechaza ese artículo entero, quedaremos con una ley sin ningún objeto.
Quería decirlo, para quizá evitarnos una votación que, finalmente, no lleva para ninguna parte, y para que simplemente tomemos nota de que ya se ha hecho el punto político, como muy bien ya lo hizo el Senador Letelier.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Senador Galilea.
Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.- Presidente, yo encuentro perfectamente válido lo que está diciendo el Senador Galilea. Él tiene su opinión respecto a un artículo del proyecto y considera que si ese artículo se cae, y también lo dice el Senador Coloma, esto sería terrible.
Está bien, es válido argumentar eso. Lo que no es válido es declarar inadmisible la decisión de un Senador de votar en contra, porque eso es lo que se está planteando.

El señor COLOMA.- ¡No es eso!
¡No es eso!

El señor INSULZA.- No, perdón, eso es lo que se ha dicho aquí: "Si usted vota en contra señor, esto es inadmisible".

El señor COLOMA.- ¡Es la indicación!

El señor INSULZA.- ¿Eso lo dice el Secretario o lo dice usted?
Yo no entiendo eso, Presidente. A lo mejor es mi ignorancia, que seguramente debe ser muy grande.
No entiendo por qué se dice aquí que es inadmisible votar en contra.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Por favor...

El señor INSULZA.- Es perfectamente admisible votar en contra de cualquier proyecto, Presidente.
Otra cosa es que se me diga que las consecuencias serían terribles, como señalan algunos Senadores, pues. Pero ese es otro punto.

El señor COLOMA.- ¡Pero por el quorum se cae!

El señor INSULZA.- A mí me parece que la discusión ha tomado un curso bastante negativo, Presidente, con mucho respeto.
Sigamos la votación que teníamos, donde algunos iban a votar a favor y otros iban a votar en contra del artículo, como corresponde cuando se pidió votación separada. ¡Pero que no se declare inadmisible la votación, pues!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Insulza, yo espero que no se haya entendido mal. Podemos revisar exactamente el texto de lo que se ha hablado acá.
Yo dije que, efectivamente, la votación separada implica un aumento del gasto, y esa es la razón por la cual un señor Senador me pidió la palabra para plantear la inadmisibilidad. Este no es un tema nuevo que se discute en el Senado. Ha pasado varias veces.
Nadie ha dicho que se declare inadmisible que un Senador vote en contra o a favor o se abstenga. Eso es producto de la convicción que logre formarse cada Senador, dependiendo de la materia.
Yo les vuelvo a decir que corresponde, primero, votar la admisibilidad, y así está establecido en nuestro Reglamento cuando se genera este tipo de situaciones.
Yo asumo mi responsabilidad al no haberle dado la palabra al inicio, de buena fe, al Senador Kast, porque pensé que iba a argumentar y no a plantear un tema de admisibilidad.
Cada vez que se observa un defecto, exceso o irregularidad que pueda influir en el resultado, el artículo me permite repetir la votación. Y esta es una situación evidente en la cual yo asumo la responsabilidad. Porque si yo le hubiera dado la palabra primero al Senador Kast, estaríamos hablando solamente de la admisibilidad. Pero me pareció razonable dársela al Senador Letelier, porque él pidió la votación separada. ¡Eso es todo!
Por tanto, les vuelvo a pedir, colegas, que, por favor, nos aboquemos primero a votar la admisibilidad y, si se aprueba, luego vamos al contenido.
En votación la admisibilidad de la votación separada.

El señor QUINTEROS.- ¿En qué queda la votación anterior, Presidente?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¡Se anula!
Se había iniciado; pero la volvemos a reiniciar.
Los que estén a favor de que la votación separada sea admisible votan que sí; los que estén en contra de que sea admisible votan que no.
¿Estamos?

La señora ALLENDE.- Hay una propuesta.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Cómo?

La señora ALLENDE.- Hay una propuesta, del Senador Elizalde.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Voy a dar por enésima vez la palabra.
Senador Elizalde, ¿usted tiene algo que decir?

El señor ELIZALDE.- Presidente, propongo lo siguiente.
Lo que pasa es que, con la dinámica que se está generando, si empezamos a votar pudiera ser que no se aprobara algo razonable para los distintos sectores que conformamos este Senado.
Entonces, yo propongo que haya no sé si reunión de Comités o suspensión por cinco minutos para hablar con el Gobierno, buscar una fórmula, si es que hubiera disposición, porque eso permite ordenar la votación posterior.
(Rumores).
¡Si no hay acuerdo, no importa! Se votará lo que usted plantea, la admisibilidad. Y si se declara admisible, se votará lo que propone el Senador Letelier. Pero yo haría una pausa para ver si podemos tener algún tipo de entendimiento en esta materia que permita evitar un efecto indeseado para cualquiera de las bancadas respecto de este proyecto de ley.
Esa es mi propuesta.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Elizalde.
Como este tema lo han discutido ya en todas las instancias de tramitación de este proyecto, le pregunto directamente al Gobierno si tiene algún sentido suspender.
Si no tiene sentido suspender, sigamos con la votación, porque todavía nos queda mucho que ver con el financiamiento y, seguramente, se volverá a presentar la discusión en los mismos términos.

El señor LETELIER.- Le pido suspensión.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Estoy esperando que el Gobierno emita alguna señal.
Señores del Ejecutivo, si necesitan tiempo para reflexionar, podemos perfectamente suspender por cinco minutos.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
)------------(
--Se suspendió a las 17:32.
--Se reanudó a las 17:37.
)------------(

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Continúa la sesión.

El señor KAST.- Presidente, pido fundamentar la admisibilidad

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí, está bien.

El señor LETELIER.- ¿Vamos a mantener la suspensión?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¡No, no, no!
Eran cinco minutos, el Gobierno ha sido claro.
Ninguno de ustedes fue a conversar con ellos.
Entiendo que no hay acuerdo.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Colegas, yo les pido a todos que...

El señor INSULZA.- Presidenta, yo pido reunión de Comités.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Está pidiéndolo formalmente, colega?

El señor INSULZA.- Formalmente lo pido.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Hay una solicitud formal del Comité del Partido Socialista para llamar a reunión de Comités sobre este tema, así que cito a los Comités y suspendemos la sesión por quince minutos.
)------------(
--Se suspendió a las 17:38.
--Se reanudó a las 18:06.
)------------(

La señora RINCÓN (Presidenta).- Continúa la sesión.
ACUERDO DE COMITÉS

La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de lo resuelto por los Comités.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, en relación con el proyecto de ley que crea la Pensión Garantizada Universal, acordaron someter a votación directa las modificaciones introducidas al artículo 36, que se encuentran en las páginas 42 y 43 del comparado.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Entonces, conforme al acuerdo de los Comités, se procederá a votar la referida norma, que no ha sido aprobada, pues no se había votado.
En votación.
(Durante la votación).

La señora RINCÓN (Presidenta).- Está abierta la votación.
El voto a favor es para aprobar dicho artículo, y el voto en contra, para rechazarlo.
Es una norma de quorum calificado, por lo que requiere 22 votos para ser aprobada. Si no cuenta con ellos, no van a tener el beneficio las personas consideradas ahí.
Senador Navarro, tiene la palabra.

El señor NAVARRO.- Presidenta, lo dije en mi primera intervención: hemos abandonado a los presos políticos de la Comisión Valech y de la Comisión Rettig.
La verdad es que queda claro que no es que el Ministro Cerda no quiera conversar: ¡no cuenta con el apoyo de sus bancadas! Y esto es un elemento político, una discriminación.
Yo no sé qué negociaron al final para apoyarle la medallita a Piñera con este proyecto de ley. Porque este era un punto vital: se trata de 92 mil familias. Y si no son importantes 92 mil familias, que fueron perseguidas, torturadas, asesinadas por la dictadura, y hoy día se interpreta -porque es interpretable- en el sentido de que no podrán acceder a estos beneficios, sin duda es una discriminación.
Es distinto reparación a pensión. ¡Es reparación! Esas personas sufrieron un daño por agentes del Estado apoyados por los civiles que entonces gobernaban.
Seamos claros: esta observación que hace el Senador Letelier de solicitar votación separada para el artículo 36 da cuenta de que en este precepto se establece quiénes son los beneficiarios.
Ya me quedó claro en la reunión de Comités que lo que tenemos aquí es una diferencia política no en aprobar la Pensión Garantizada Universal. ¡No! Porque hemos acordado apoyarla. Tenemos una diferencia en quiénes se benefician y quiénes son excluidos. Creemos que esto constituye una doble victimización para aquellos que han sufrido, para las personas que -reitero- fueron torturadas, exiliadas, y particularmente genera un daño permanente en sus vidas, como lo dijo también el Senador Insulza. No mejorar sus pensiones aduciendo que son "distintos", la verdad es que no tiene ningún fundamento.
El Gobierno apuesta efectivamente a la presión de que la pensión tendrá que pagarse en febrero. ¡Mentira! ¡Más de la mitad de las pensiones, alrededor del 60 por ciento de ellas, se van a pagar en seis meses! No será inmediatamente en febrero. Y si estoy equivocado, que el señor Ministro de Hacienda me rectifique cuáles son las pensiones que se pagarán el próximo mes. Porque si el tema es la presión por pagar en febrero, digámoslo claramente: ¡no se pagarán todas las pensiones en febrero! ¡Se pagarán solo las solidarias!
Entonces, no era un problema de tiempo, de interés por la gente. Aquí hay un claro interés político: ¡el Presidente se quiere ir con la medallita de la Pensión Garantizada Universal para reemplazar el pilar solidario de Bachelet! Y lo dije en su momento: también el pilar solidario de Bachelet dejó fuera a los Rettig y a los Valech, para que hablemos con claridad.
Esta era una bonita oportunidad de comenzar a reparar una deuda pendiente, y no se hace.
Por último, creo que sería bueno -no sé si van a hacer uso de la palabra quienes estuvieron a cargo de la negociación- saber cuál fue el principio de acuerdo. ¿Mejorar las pensiones? Bien.
El Gobierno de Boric ha dicho que serán 250 mil pesos, y vamos a ir -todos quienes tengan la responsabilidad- por esa mejora con una reforma tributaria, y espero que aquellos que estén en las bancadas de la Derecha, como Oposición en la próxima legislatura, también lo hagan.
Pero hoy día no tengo cara para mirar a los ojos a los presos políticos de la Región del Biobío y de Arica, quienes se tomaron el Instituto de Previsión Social, para decirles una vez más: "La verdad es que nos pusimos de rodillas frente a la Derecha; no hay acuerdo, y tuvimos que ceder". Si hay que decirles a ellos, que no cedieron nunca, que fueron torturados por no ceder, por no renunciar a sus valores, que debimos renunciar porque había que pagar la pensión en febrero, ¡no me den ese argumento!
Aquí hay un tema político que puede ser respetable, en cuanto a decir que esta no es una normativa para otorgar beneficios a las personas de la Ley Rettig y de la Ley Valech. Reitero: es un tema político, de voluntades políticas. Y creo que es un deber moral de las bancadas de Oposición dejar muy en claro este punto, que al final va a tener como horizonte, a propósito del Senador Latorre, quien representa al Frente Amplio, una tarea para el Presidente Gabriel Boric. Porque la verdad es que, si no podemos mejorar esto, en el sentido de considerarlos personas, familias, con humanidad, a los presos políticos en Chile, quienes aún sufren las consecuencias de haber sido perseguidos, lo tendrá que hacer un gobierno de Centroizquierda o de Izquierda, con mayor sentimiento que el Gobierno del Presidente Piñera, que ha sido incapaz de incluirlos.
He dicho, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Navarro.
Senadora Rincón, tiene la palabra para fundamentar su voto.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
La verdad es que a ratos creo que nos enredamos, nos confundimos y se instalan opiniones en esta Sala que dejan a unos como los buenos y a otros como los malos.
Lo que está haciendo este artículo, que no se ha aprobado todavía y que, por lo tanto, requiere la concurrencia de al menos 22 de nuestros votos para ello, es reemplazar el artículo 36 vigente, que se refiere a los titulares de ciertas pensiones -pensiones de gracia, exonerados, Ley Valech, de la Corporación Nacional de Reparación y otros-, para decir que tendrán los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan con ciertos requisitos. En el caso específico de este tipo de beneficios, deberán cumplir con tener una pensión de vejez o sobrevivencia. Lo que está haciendo la ley en proyecto es decir que estas personas podrán ser beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal y que se les va a complementar lo que falte para llegar al monto de la PGU.
La verdad es que no se entiende que se diga que no se les va a dar un beneficio cuando hoy día para tener derecho a este deben contar con una pensión de vejez. Y lo que aquí se está diciendo es que van a tenerlo siempre y que se va a complementar.
Entonces, si rechazamos esta norma -nosotros tratamos, y ahí hubo un punto del Senador Letelier; y podría corregirlo la Senadora Goic en la Comisión de Trabajo, pues no se logró meter la norma completa de los beneficiarios de estos sistemas-, se cae el beneficio.
¿No es todo lo que queríamos? Sí; es verdad.
Pero existe la posibilidad de que en un próximo Gobierno, en marzo, se presente la norma para completarlo en todo lo que se quiera. Pero que no se diga que no se está legislando o que se les está dejando fuera.
Esto es lo que logramos.
Si no cumple con los 22 votos, se cae la norma.
Esa es la realidad.
Es importante que quede claro, para los efectos de que todos nos hagamos responsables, darlos o no darlos.
La norma debe ser votada, porque se pidió votación separada. No tuvo, por lo tanto, el tratamiento del resto del proyecto. Y es lo único que falta para despacharlo.
Y ello está, además, dentro del marco de un acuerdo con los que entran del Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric y los que salen del Gobierno del Presidente Piñera.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Vamos a dejar con la palabra, para fundamentar el voto, al Senador Letelier.
Senadora Rincón, no dijo cómo iba a votar.
Senador Letelier.
Les voy a preguntar a todos lo mismo, por si acaso.

El señor LETELIER.- Gracias, Presidente.
Quiero, en primer término, manifestar mi comprensión respecto de la confusión que se generó cuando usted estaba dirigiendo la Mesa entre la petición del Senador Kast y lo que yo solicité.
Deseo plantear el punto, puesto que se generó una duda.
En la reunión de Comités usted explicó por qué se produjo, y entiendo la razón por la que tuvimos que suspender o dejar nula la votación que ya se había comenzado.
En primer lugar, quiero referirme a eso para entender que no hay una controversia sobre cómo se ha manejado este asunto, sino algún problema derivado de que no escuchamos bien la petición del Senador Kast en su momento.
Quiero ir al fondo, señor Presidente.
Voy a agarrarme de las palabras del Presidente electo Gabriel Boric: la diferencia entre la moderación y la ponderación.
Lamento que el Ejecutivo no actúe en esta materia. Este ha dicho que son las bancas del frente, los Senadores de Chile Vamos, los que no quieren tratar al igual que los otros chilenos a las personas de la Ley Valech, la Ley Rettig y los exonerados.
Nosotros, tal como hemos dicho en otras ocasiones, estábamos dispuestos a que hubiera un gesto; pero fue el Ministro Cerda el que dijo, y me lo planteó: "No tiene piso".
Ha sido evidente que eso es real, porque con todos los Senadores de Chile Vamos que hablamos ninguno estuvo dispuesto a tener una actitud distinta en esta materia.
Las consecuencias de votar en contra, Presidente, tienen que ver con que a este grupo de personas se les pagará solo el complemento, si aprobamos la norma.
Si no la aprobamos, quedarán sin nada.
Esa es la situación de fondo.
A mí me habría gustado escuchar del Ministro Cerda decir que este proyecto, que no tiene para la totalidad financiamiento, sí tenía el espacio por lo menos para los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Lamento que no lo tenga.
Señora Presidenta, voy a actuar con ponderación, porque tengo la certeza de que hay voluntad del próximo Gobierno de actuar unidos; de construir juntos acuerdos; de avanzar, pero con ponderación.
Quiero decir que me duele que después de casi cincuenta años del golpe, donde se produjo una situación en particular con puros jóvenes -porque los que fueron desaparecidos, la gran mayoría, tenían menos de veintiséis años, veintiocho años-, las bancas del frente todavía no estén dispuestas a generar las condiciones para construir acuerdos que vayan más allá y que miren hacia delante sin discriminar a las familias que cargan con este dolor.
Yo había pedido la votación separada para hacer el punto, para los efectos de que quedara claro que quienes no quisieron que aquello ocurriera fueron las bancas de enfrente y el Ejecutivo: no quisieron cerrar heridas; no quisieron generar una situación de igualdad ante la ley.
Pero nosotros no vamos a evitar -porque actuamos con ponderación- que se apruebe esta norma, porque queremos que a lo menos estas familias tengan derecho al diferencial, en vez de quedar sin nada.
Hacemos el punto.
Sí quiero decir -por su intermedio, Presidenta-, al fundamentar mi voto, que me duele que el Ministro Cerda y las bancas del frente en esta materia, cuando nosotros estamos dando los votos para que el Presidente Piñera pueda pagar esto y para que lo apruebe en los próximos proyectos sin el cien por ciento del financiamiento, frente a voluntades políticas de la Oposición no tengan ningún gesto en temas sustantivos, políticos como este.
Acogieron otras medidas, y era correcto que se hicieran porque perfeccionaron la ley. Sin embargo, en este punto político muestran, a mi juicio, una actitud mezquina y negacionista.
Pero tengo la certeza y la ponderación de que el Presidente electo Gabriel Boric va a tomar este tema cuando asuma el 11 de marzo.
He dicho.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Letelier.
Tiene la palabra el Senador Insulza; luego podrá intervenir el Senador Montes, y después, el Senador De Urresti.

El señor INSULZA.- Gracias, Presidenta.
La verdad es que cuando escuchamos respecto de la Pensión Garantizada Universal nos habíamos hecho la ilusión de que esta vez sí fuera universal.
Lo digo francamente.
Le hemos dicho a nuestra gente, a nuestros amigos, a aquellos que han esperado por años y años mejorar pensiones que naturalmente van deteriorándose cada vez más, que esta es la vez en que todo aquel mayor de sesenta y cinco años que tuviera una pensión inferior a los 630 mil pesos iba a recibir 185 mil pesos.
Esa es la ilusión que nos habíamos hecho.
Desgraciadamente, esto viene con letra chica. Y una es donde más duele: cuando se excluye a nuestros amigos y amigas que sufrieron la muerte, la desaparición de sus seres queridos; que sufrieron la tortura o el desempleo por largos años.
¡Esta vez era la posibilidad! ¡No lo fue!
El Gobierno ha decidido que no lo sea, una vez más, borrando la factibilidad de a lo mejor pasar a la historia con una actitud un poco más reconciliadora que la que ha tenido últimamente.
Sabemos que algunos representantes de las bancadas de Gobierno se han opuesto a esto, y lo lamentamos mucho.
Pero, como ha dicho el Senador Letelier, la opción que se nos presenta es que se queden con la pensión básica solidaria, y no queremos que ninguna persona deje de recibir al menos el diferencial que la ley en proyecto les está proporcionando.
Con mucho dolor, entonces, voy a votar que sí, Presidente.
Voy a votar así, porque creo que hay que mantener al menos la posibilidad de que ellos reciban un poco más de dinero.
Y ojalá el próximo Gobierno pueda deshacer esta injusticia, que ya lleva tantos años.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Insulza.
Senador Montes, Senador De Urresti y Senador Elizalde.

El señor MONTES.- Yo asumo las palabras del Senador Insulza.
Lamento mucho que se dé el debate de esta manera; llevamos mucho tiempo haciéndolo.
Para los que no se recuerdan, quiero recordárselos: la Presidenta Bachelet dejó un proyecto de ley de 3 millones, y con el financiamiento correspondiente, a las personas que recibían las pensiones de reparación.
El actual Gobierno decidió guardarlo, sacarlo, no operar con eso.
¿Por qué? No porque fuera buena persona, sino porque hay una realidad humana muy compleja ahí, de personas que están sufriendo algo.
Y acá, cada vez que nosotros planteamos este tema, nos dicen: "No tienen derecho; no puede ser". No estoy hablando del Gobierno, sino de parlamentarios; no los voy a nombrar, pero nos dicen: "¡No!".
La verdad es que nosotros conocemos, convivimos, sabemos quiénes son. Y creemos que es injusto.
Me gustaría haber oído algún argumento del Ministro Cerda acerca de la razón por la cual no está dispuesto a pagar como corresponde los 185 mil pesos a todas las personas que están en esta condición.
¡Ni un argumento de fondo!
Tenemos este informe en derecho, que demuestra que aquello no es constitucional, porque está discriminando y tratando una indemnización como si fuera una pensión que se descuenta del resto.
Tampoco al Ministro Melero le he oído un argumento que fundamente esta diferencia. ¡Uno!
El argumento que se nos da es que "también hay militares en esta condición". Nosotros decimos: "Si hay militares, conversemos la situación de quienes han vivido determinadas condiciones que sean producto de un período de la historia". Desgraciadamente, nunca lo han hecho. Es una forma de castigar a aquellas familias y a aquellas personas que han sufrido mucho, siguen sufriendo mucho y respecto de las cuales no existe ninguna razón para que por lo menos reciban este complemento.
En otros países todos los exonerados volvieron a sus trabajos. ¡Todos! Así ocurrió en Bolivia y en otras partes. Acá se estableció una ley supercompleja.
A los colegas de enfrente les digo: esta no es una discusión política a estas alturas, no es una discusión electoral, sino una discusión que tiene que ver con humanidad, con cómo tratamos a personas y familias que vivieron lo que ellos vivieron.
Yo le pediría al Ejecutivo que siguiera la línea que planteó aquí el Senador Sandoval, quien dijo "aquí hay problemas reales", mencionó a las Comisiones Valech y Rettig, y señaló "busquemos una solución en otra ley". Pero el Gobierno nunca ha querido siquiera conversar el tema, ni tampoco ha dado argumentos al respecto, jurídicos, sociales o políticos. ¡No los hemos tenido!
Tal como indicó el Senador Insulza, aquí no queremos perjudicar a nadie, aunque sea una pequeña diferencia la que puedan recibir estas familias, y por eso creemos que se deben reunir los 22 votos. Pero la verdad es que esto no es serio ni de parte del Gobierno ni de parte de los parlamentarios de enfrente.
Gracias, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- A usted, Senador Montes.
Tiene la palabra el Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Gracias, Presidenta.
Vamos a ahondar en una situación en que claramente tenemos diferencias conceptuales, pero también, en mi opinión, éticas. Aquí no estamos hablando de dobles beneficios, sino de miles de personas, de madres que vieron desaparecer a sus seres queridos, de quienes, conforme al Informe Valech y el Informe Rettig, fueron sujetos de torturas aberrantes. Estamos hablando de exonerados, de chilenos y chilenas que transitan por nuestras calles. Y es difícil e inentendible comprender cuáles son las razones. Como muy bien ha indicado el Senador Montes, no se ha expresado ninguna razón para excluirlos.
Fuimos testigos de cómo en el proyecto presentado en el último período de la segunda Administración Bachelet se establecía una indemnización, una ayuda de 3 millones para cada uno de estos beneficiarios. Y no solo no se discutió, sino que simplemente se sacó de discusión por parte del Gobierno entrante. Uno entiende: son atribuciones de quienes ganaron y ejercen el poder a partir de marzo del 2018. Pero luego nuevamente hay una visión ideológica, una visión de castigo. No se entiende por qué a un conjunto de chilenos y chilenas se le niega la posibilidad de lograr una mejora, un complemento en este caso.
Uno entenderá si el Gobierno tiene o no voluntad. Aquí está el Ministro de Hacienda, quien sería importante que pudiera argumentar, para la historia de la ley, cuál es el motivo. Si es un argumento técnico, si es un argumento presupuestario, ¡que quede consignado en la historia de la ley! Porque es muy difícil explicarles a estas miles de personas por qué no, por qué no corresponde, por qué nuevamente esta exclusión.
Uno apoya iniciativas de esta naturaleza, pero también tiene el legítimo derecho de hacer ver este punto, para que al menos quede en la historia de la ley.
Reitero, Presidenta: antes de que se tomara la votación, aun cuando estemos argumentando nuestro voto, me gustaría escuchar al Ministro Cerda para que explicara la situación a quienes no estuvimos en Hacienda, a quienes no participamos en ese debate por no corresponder a una materia de los órganos de trabajo en los que participamos.
La Secretaria de la Comisión ha explicado técnicamente lo que significa votar en contra. Y claramente hay un llamado de alerta desde el punto de vista de las consecuencias que ahí puede haber. Pero yo quiero escuchar al Ministro de Hacienda, al Ministro político, para que explique cuáles son las razones económicas, o si hay razones ideológicas o de otra naturaleza, o si tiene instrucciones para no incluir a los beneficiarios Valech y Rettig, a los exonerados.
Me parece que sería importante para efectos de tener tranquilidad de por qué un beneficio, que seguramente van a disfrutar miles de personas, miles de chilenos y chilenas que lo están esperando, no se les está concediendo a algunos.
He dicho, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Órdenes, y luego, el Senador García-Huidobro.

La señora ÓRDENES.- Gracias, Presidenta, muy breve.
Si nosotros dejamos caer esta indicación y votamos que no, lo que ocurrirá es que un grupo de personas -del Informe Rettig, del Informe Valech, exonerados, no sé- quedará fuera.
Ello resulta paradójico cuando se habla de beneficios, porque lo que estamos haciendo acá es negar una realidad. Acá hay negacionismo, porque no se hace ninguna distinción.
Okay: nosotros estamos obligados a votar que sí para que haya un aumento en la pensión básica solidaria, pero lo colocamos en ese grupo y hay cero reconocimiento para una realidad que vivieron hombres y mujeres en un período histórico de este país. Yo lo lamento, porque conozco a muchos de ellos y de ellas. Y el tema no es el monto. Acá hay una dimensión distinta, y lo han dicho algunos de mis colegas; acá hay una dimensión de entender cómo funcionamos como sociedad, cómo reparamos.
Y no es solo esto. Si uno revisa programas como el Prais, verá que su funcionamiento es bastante deficitario. Entonces, los hemos golpeado una y otra vez. A mí me parece que lo que está ocurriendo hoy día es casi una suerte de revictimización. Y la está haciendo el Senado.
Así que quiero decir que lamento mucho lo que ha sucedido. Yo no voy a dejar que se caiga la norma, pero quiero dejar en claro por qué procedo de este modo. Acá hay de verdad una total indiferencia respecto de, por ejemplo, personas que vivieron prisión política y tortura. ¡Si es eso! Y el listado es amplio. Pero no quiero hacerme cargo de aquello.
Hoy día estamos prácticamente obligados a apoyar una indicación solo porque llevamos esta conversación a la lógica de una pensión básica solidaria. Los colocamos a todos ahí, pero acá no hay un reconocimiento. Creo que se revictimiza. Y todos tienen más de sesenta y cinco años. No sé si habrá alguien que no cumpla el requisito.
Quería al menos plantearlo, Presidenta, y dejarlo para la historia de la ley.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- A usted, Senadora Órdenes.
Tiene la palabra el Senador García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, Presidenta.
Yo quisiera ser supertransparente. No me gusta que se diga que las bancadas del frente son las que no aceptan esto. Eso es falso. Nosotros no tenemos facultades para ello. Y lo digo porque yo, desde que partí como Diputado hasta el día de hoy, trabajo con los exonerados políticos de la ex Fiat de Rancagua, con quienes hemos logrado justamente la reliquidación de sus pensiones.
En tal sentido, creo que es malo estar tirando a la bandada, cuando puede haber opiniones justificadas. No lo acepto. Y no he visto a ninguno de los Senadores de Chile Vamos oponerse a esto, que es facultad del Ejecutivo. El Ejecutivo, si hubiera querido ingresarlo, lo hubiera hecho.
Obviamente, nosotros no queremos que se afecte a nadie de los que van a tener la posibilidad de una pensión básica solidaria. Pero creo que el peor error que se está cometiendo aquí, por parte de algunos, no de todos, es decir que las bancas del frente son las que se oponen a esto. ¡Falso, señora Presidenta! Si se hubiera ingresado, yo estaría disponible para aprobarlo.
Pienso que nosotros no podemos seguir en este tipo de luchas que no conducen absolutamente a nada, salvo a una división y a una polarización que el país ya no quiere.
He dicho, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador García-Huidobro.
¿Senador Elizalde?

El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidenta.
La verdad es que este es el mundo al revés. Nosotros somos bancadas de Oposición; sin embargo, tenemos que actuar con el máximo de responsabilidad para que finalmente se aprueben los proyectos de ley.
Esa ha sido la constante.
A mí me habría gustado ver, de parte del Gobierno, una actitud más flexible y haber acogido, en parte, nuestro planteamiento respecto de un tema central para nuestra identidad y para lo que creemos que deben ser las políticas públicas de reparación. Y el Gobierno ha actuado con una inflexibilidad total. Les ha señalado, a quienes han llevado las conversaciones por parte de nuestra bancada, que no tiene margen para ampliar el beneficio porque los sectores duros del Oficialismo no se lo permiten.
Esto es lo mismo que ocurrió cuando empezamos a discutir la ayuda del Estado en el contexto de la crisis. Nosotros planteábamos que los montos tenían que ser mayores. Y una parte de las bancadas del Oficialismo -no todas- señalaron que no, que esto era un "gallito", que había que doblarle la mano a la Oposición, porque se iba a pagar un costo si finalmente se le concedía algo.
¡Si aquí estuvo el Ministro Sichel celebrando porque se había ganado el corazón de los sectores más duros del Oficialismo, porque nos había doblado la mano y el monto no era suficiente y estaba lejos de lo que nosotros pedíamos! ¡Si todos fuimos testigos de lo que aquí aconteció! Y después, cuando en la campaña presidencial era emplazado, decía que no, que él había construido la arquitectura, que el monto era un problema del Ministro de Hacienda, y se lavaba las manos.
Aquí está ocurriendo algo similar. ¿Qué hicimos nosotros? Tuvimos que aprobar todas esas leyes, que eran insuficientes, no sé por cuánto tiempo, señalándole al Gobierno "esto tiene que mejorar, tiene que mejorar", hasta que finalmente se dio un salto significativo cuando Yasna Provoste fue Presidenta del Senado.
Entonces, ¿al final quién actúa con responsabilidad en este Congreso y particularmente en este Senado? La Oposición, no el Oficialismo.
El Oficialismo, que debiera generar condiciones para que todos aprobáramos determinada iniciativa, se niega. Y la Oposición tiene que decir "mire, sin nuestros votos no se construyen las mayorías necesarias para que esto se apruebe, más aún cuando se trata de normas de quorum".
Por lo tanto, la responsabilidad está radicada -¡miren lo ilógico, algo que solo ocurre en Chile y no en otros países del mundo!- en la Oposición y no en quienes han sido mandatados para gobernar. ¡Si los que debieran generar las condiciones para una aprobación con amplias mayorías son los que fueron elegidos para gobernar, no los que están en la Oposición!
Y no es primera vez que los proyectos de ley se aprueban por la responsabilidad de la Oposición, ¡al menos en este Senado! Y el Oficialismo no se mueve un centímetro en sus posturas.
Eso es lo que está ocurriendo aquí, nuevamente. Es decir, compartiendo la aprensión que ha planteado el Senador Letelier, entendiendo que este es un tema unánime dentro de todas las fuerzas de Oposición, finalmente hay que ver cómo se consiguen los votos necesarios para que esto se apruebe, pese a que el Gobierno no se movió ni un centímetro respecto de su postura inicial y que, cuando se le consulta por qué no lo hace, responde que es porque los sectores duros de sus bancadas no se lo permiten.
¡Se repite la historia! Esta película la hemos visto en reiteradas oportunidades durante los últimos dos años, especialmente en el contexto de la crisis, cuando tuvimos que enfrentar la situación más compleja de la pandemia. Y ahora se vuelve a producir en este proyecto de última hora presentado por el Gobierno -algo bastante inédito también-, un proyecto que, además -lo vamos a ver después-, ni siquiera está del todo financiado, ¡ni siquiera está del todo financiado!
Así que, bueno, nuevamente la Oposición va a tener que estar a la altura.
Cuando enfrentamos la crisis alguien dijo que le gustaría tener la Oposición portuguesa. Yo digo: la diferencia entre Portugal y Chile no es la Oposición, ¡es el Gobierno! ¡Es el Gobierno el que lo ha hecho muy mal!
Así que, insisto, llama la atención que nuevamente sea la Oposición la que tiene que actuar con responsabilidad.
Pero no es todo el Oficialismo. En eso tiene un punto el Senador García-Huidobro: no es todo el Oficialismo. Sin embargo, algunos actores relevantes e influyentes que son, por lo demás, los que llevan el liderazgo en estos temas en las bancadas oficialistas, se niegan a que el Gobierno actúe con flexibilidad. Y el Gobierno simplemente se lava las manos confiando, una vez más, en que la Oposición actuará de manera responsable, dado que el Oficialismo no lo hace.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Elizalde.
Tiene la palabra el Senador Bianchi, y a continuación, el Senador Lagos.

El señor BIANCHI.- Gracias, Presidenta.
Mire, no se puede ser indiferente frente a la discusión que estamos sosteniendo aquí, en este Senado, el día de hoy, Presidenta.
A mí me gustaría tal vez retrotraerme en el tiempo y ponerme en el lugar de un hombre o una mujer que el año 73, junto a su familia, trabajaba y tenía una vida normal que se vio interrumpida absolutamente, de la noche a la mañana, por pensar distinto, por tener determinada ideología política o una formación de vida. Algunos son detenidos, muchos miles de detenidos, otros desaparecidos, otros torturados, situación que a mí no me produce en lo más mínimo indiferencia. Por el contrario, Presidenta.
Probablemente en muchas oportunidades no he hecho un discurso en estas materias, pero hoy día yo quiero reivindicar lo sufrido por miles de mujeres y hombres en nuestro país durante la dictadura. Que se diga ahora que podrían obtener un doble beneficio, ¡excúseme!, ¡eso yo no lo puedo aceptar! Aquí lo que hay es simplemente una doble discriminación, un doble sufrimiento.
Nuevamente se constata cómo el Estado chileno es absolutamente indiferente frente a la realidad de miles de mujeres y hombres que han tenido que sobrevivir todos estos años, posteriores a lo que fue la dictadura.
En la Región de Magallanes, como en todo el país, tenemos vivencias de sobra en esta materia, Presidenta.
Incluso, muchas de estas personas tenían fondos previsionales. Entonces, que se diga que aquí hay un doble beneficio, ¡no es así! ¡Ellos igual concurrieron con sus propios fondos previsionales!
Aquí estamos hablando de 185 mil pesos para personas a las que, probablemente por haber sido detenidas o haber tenido consecuencias en dictadura, se les cerraron todas las posibilidades laborales, de emprendimiento, con destrucción de sus familias y todo lo que nosotros ya sabemos, Presidenta.
Entonces, me parece que, luego de tantos años, esta pudo haber sido una tremenda oportunidad para que el Estado chileno hubiera podido hacer, en parte, en lo mínimo, alguna retribución por lo que vivieron estas miles de mujeres y hombres en la historia de nuestro país.
Por eso no me es indiferente.
Creo que nos farreamos oportunidades como esta, para sanarnos, para intentar reencontrarnos en algo. Es lo mínimo: ¡una pensión de 185 mil pesos! Para personas que tampoco tienen toda la cobertura en materia de salud, que fueron brutalmente discriminadas y discriminados.
Hoy día -lo señaló aquí un colega de Derecha- se dice que no son los Senadores, que no son las Senadoras. ¿Quién se niega, entonces? ¿El Gobierno? ¿El señor Piñera?
Yo me voy a quedar con la última reflexión que escuché denantes. Espero que a partir de marzo situaciones como esta, de tanta injusticia humana, puedan efectivamente revertirse.
Estamos obligados a votar favorablemente porque, si no lo hacemos, se cae toda posibilidad. ¡Esto es lo injusto, esto es lo irracional, esto es lo que uno, en política, a veces no logra entender, Presidenta! Pero vamos a votar favorablemente -algunos se deberán abstener- porque en definitiva no queremos interrumpir beneficios para personas tan carenciadas en materia previsional, en materia de pensiones.
Sin embargo, resulta indignante tener que presenciar cómo se vuelve a revictimizar, cómo se les vuelve a producir un enorme daño a miles de personas. ¡Con lo que tuvieron que vivir! ¿Sabe usted, Presidenta -y con esto termino- que el promedio de edad de muerte de muchas de estas personas es distinto al del resto del país? Porque sufrieron torturas, apremios, la ruptura de sus familias, distintas situaciones de vida. Y algunas ya fallecieron, efectivamente, a edades muy tempranas.
Quiero decir que hoy día el país se ha farreado una oportunidad para haber hecho justicia, en parte, con las personas que reciben pensiones de reparación.
Gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- A usted, Senador Bianchi.
Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber.

El señor LAGOS.- Gracias, Presidenta.
Cuando discutimos el proyecto en general y realizamos la votación, salvo en la votación separada, me referí a este tema en parte de mi fundamentación, porque fue un tema que levantamos en la Comisión de Hacienda y que se vio en la Comisión de Trabajo. Y mi reflexión, que puede haber pasado "colada" -tal vez no la hice con bastante fuerza-, es que no hay una razón coherente ni clara de por qué no se puede otorgar el beneficio como corresponde a chilenos que han sido injustamente tratados por el país. ¡Eso es! No hay una razón. No se ha argumentado. Que las Senadoras y Senadores no quieren, que sí, que el Gobierno se queda callado, lo concreto es que hay un sector de Chile -y lo dije también- que no cree en ciertas cosas. Las verbaliza, pero no las cree, no las siente. No les llega en la guata, no les llega en el corazón, no les llega en ninguna parte.
¿Qué costaba relevar este tema y recogerlo hoy? ¡Nada! Entonces, nos obligan a esto; nos obligan a hacer el punto. Y yo digo, ¡en buena hora!
Tiene razón el Senador Elizalde al señalar que cuando discutimos el IFE, fuimos nosotros quienes pedimos más IFE. ¿Y en qué terminamos? En dos cosas: ¡con un IFE así de grande y generoso (el Senador indica, mediante un gesto con sus manos, lo grande del beneficio), y con un Presidente de la República pidiendo disculpas en la Cuenta Pública, por haber llegado tarde con la ayuda!
¡No miento! Lo dijo el Presidente de la República acá en el Congreso. Eso es lo que tuvimos.
Pero nosotros fuimos responsables, y le podríamos haber dicho que no lo aprobábamos. ¡Cómo no lo íbamos a aprobar! Entre cinco y cero, ¡cinco! Y no era cinco: tendría que haber puesto veinte en ese minuto, y tal vez habría sido más económico para Chile.
Entonces, lo único que saco por conclusión es que todo esto que estamos haciendo hoy día acá vale la pena. Porque si alguna autocrítica hay que hacerles -hay varias, no solo una- a los gobiernos que yo apoyé, por los cuales voté y los que quise, es que a veces dejamos pasar el no marcar la diferencia, no necesariamente rechazando los proyectos, votando en contra o yéndose de la Sala. ¡Marcando la diferencia!
Y hoy día se va a aprobar esto, pero va a quedar la diferencia clara de que no hay explicación alguna para negarles un derecho y un beneficio a chilenos que lo pasaron muy mal por culpa de nosotros mismos, los chilenos, y el Estado de Chile. Y no hay una explicación, porque tampoco tienen el valor de dar una explicación. ¡Ninguna!
Aquí hemos hablado todos los de este lado. Y salvo el Senador García-Huidobro -por su intermedio, Presidenta-, quien dijo "No nos metan a todos en el mismo saco", ¿cuál es la explicación por la que no se puede introducir una indicación y pagar el beneficio? ¡Ni una!
Entonces, sí se va a aprobar.
Algunos se abstendrán; otros votaremos a favor, para que no se caiga el beneficio. Pero lo que no pueden decir es que no se marcó la diferencia, porque el sector que está sentado exactamente al frente es el mismo que le pone dificultades al programa PIRO, que dice que funciona pésimo y que, a partir de una indicación que presentamos hace dos años, no funciona bien y todo lo que ustedes conocen. ¡Ahora hay que empezar a decirlo!
Yo lamento que ustedes y el Presidente Piñera se pierdan una oportunidad, terminando su mandato, de haber hecho este esfuerzo. ¿Qué habría ocurrido si hubiera llegado la indicación? No lo hizo.
Me alegro de que haya otros y otras que comienzan a ver las cosas de manera distinta. En vez de barrer para adentro solamente, abren la cancha y van generando opciones mayores, apoyos políticos más grandes, bases sociales de apoyo más grandes. Porque no piensan solamente en el metro cuadrado, salen del metro cuadrado.
Yo habría esperado que un mandatario que termina, después de haber gobernado Chile dos veces, hubiera dicho: "Vamos a hacer justicia en esto, y no vamos a pirquinear el complemento".
Gracias, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Lagos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador...

El señor DE URRESTI.- ¿Me permite, Presidenta?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Perdón.
Senador De Urresti y Senadora Allende.

El señor DE URRESTI.- Presidenta, somos varios los parlamentarios que hemos solicitado escuchar al Ejecutivo.
Insisto, el debate está hecho...

La señora RINCÓN (Presidenta).- Lo que pasa es que estamos en votación. Entonces, no puede intervenir.
Estamos votando.

El señor DE URRESTI.- Sí, pero le pido que una vez terminada la votación -usted tiene razón- el Ejecutivo pueda hablar y explicar esto.
Le hemos pedido respetuosamente, por su intermedio, una intervención para que eso quede en la historia de la ley.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Ningún problema, Senador.
Yo no le había dado la palabra al Ejecutivo por eso.
Senadora Allende y Senador Galilea.

La señora ALLENDE.- Presidenta, es doloroso y lamentable que casi cincuenta años después de tanto dolor y sufrimiento no exista la mínima posibilidad y que el Ejecutivo simplemente no quiera dar su brazo a torcer, porque su argumento es que sectores del Oficialismo, los que están sentado exactamente al frente, no lo aceptan.
Por lo tanto, el Ejecutivo permanece en un silencio total. No veo esta tarde a ningún Ministro que se refiera a este punto. El Ministro Melero, quien nos acompaña, tampoco; los que están presentes en la Sala, tampoco.
Y que me diga un Senador que no son ellos los que se oponen, ustedes son oficialistas y pueden decirle a su Gobierno, ¡a su Gobierno, a sus Ministros, que los tienen aquí!, que no se entiende que después de casi cincuenta años sigan una vez más -¡una vez más!- mezquinando cuando se trata de una reparación, de un beneficio para aquellas personas que tanto tanto tanto han sufrido,
¡Todas las veces es la misma historia!
Hemos tenido que luchar, luchar y luchar. ¡Siempre es el mismo argumento: "No, que aquí, que acá, que allá"!
Cuando la Presidenta Bachelet decidió esos 3 millones, teníamos casi todas las iglesias tomadas con personas que habían sido torturadas, para que por lo menos se les reivindicara y, por supuesto, tampoco se quiso.
¡Y todas las veces la misma historia!
Esta era una tremenda oportunidad. Aquí se quiere hablar de una Pensión Garantizada Universal. Y digo "se quiere hablar", porque en realidad tan universal no es. Y la mejor demostración de ello es lo que hoy día está pasando: la incapacidad de haber hecho un gesto, de haber reconocido por una vez ese dolor, ese sufrimiento y todo lo que ocurrió.
Eso no fue en vano. Con los años se puede reflexionar un poco más; tal vez humanizarse un poco más; tal vez ser un poco más empático frente a todo lo que ocurrió. Pero una vez más se pierde la oportunidad.
Y aquí tenemos Ministros que no hablan y Senadores que no les piden a sus Ministros que los apoyen. Simplemente prefieren rechazar este artículo.
Eso es muy triste. Es más que doloroso y lamentable.
Lo dijo muy bien el Senador Elizalde: como somos responsables, muchos van a votar a favor para que ese complemento no se caiga ni les sea negado a esas personas.
¡Pero es el colmo que hayan perdido esta oportunidad!
¡Es el colmo que después de casi cincuenta años todavía no exista la posibilidad de empatizar con el dolor, la tortura, el asesinato, la ejecución! ¡Y ni hablar de los muchos horrores que vimos: quemados vivos, degollados y quién sabe cuántos más!
Francamente, Presidenta, me parece muy doloroso, ¡muy doloroso!, que no haya un gesto, una palabra para decir: "Efectivamente, aquí podríamos habernos dado una oportunidad". Pero no. Simplemente, estas personas no pueden quedarse con ese complemento, porque no se les van a entregar los 185 mil pesos.
Por eso, Presidenta, yo no voy a acompañar esta votación.
Y quiero que quede claro que pudo haberlo hecho el Gobierno, y pudieron los Senadores de enfrente haber presionado y haber dicho: "Cambiemos la actitud". Pero, por supuesto, no lo hicieron.
He dicho.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Allende.
Tiene la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.- Gracias, Presidenta.
Lo primero que quiero decir es que me parece bueno y correcto que todos hayamos entendido que rechazar este artículo lo único que hace es perjudicar a los beneficiarios de esta ley, vale decir, los llamados "Comisión Rettig", "Comisión Valech", "exonerados", "pensiones de gracia", etcétera.
Por lo tanto, me alegro de que las bancadas de Oposición, en un gesto muy responsable por supuesto, estén comprometiendo los votos para lograr el quorum, a fin de que estos pensionados se suban al carro de la PGU, que claramente los beneficia.
En segundo lugar, quiero hacer una pequeña reflexión respecto de todas las quejas que se han hecho desde las bancadas de enfrente.
Yo, por supuesto, no estuve ni participé en el Congreso, ni me tocó estar cerca de las Comisiones Rettig y Valech. Solo me enteraba por la prensa de cada una de las cosas que ahí se hacían, de sus informes, etcétera. Pero el 2008, cuando se crea el pilar solidario durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, que además tenía mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, expresamente se excluyó a estas mismas personas de recibir enteramente la pensión básica o cualquier solución que se les pareciera. Expresamente, el Gobierno de la época, Gobierno de una Presidenta Socialista, hizo esa exclusión.
Después hubo modificaciones, y esas exclusiones siempre se mantuvieron.
Yo debo decir que no participé en ninguna de esas conversaciones y, por lo tanto, desconozco cuál fue el criterio y por qué así lo hicieron.
Además, en todas esas leyes, para referirse a los montos que reciben los beneficiarios de las Comisiones Rettig y Valech, se utiliza expresamente la palabra "pensión". Ignoro también por qué se ocupó la palabra "pensión", si eventualmente lo que se estaba haciendo era otorgar una indemnización, cosa que hubiera sido más lógica y quizás hubiese aclarado todos estos temas.
Entonces, al igual que todos los que me acompañan, creo ser sensible a todo lo que les pasó a esas personas, particularmente a quienes figuran en el Informe Rettig (desaparecidos, muertos, etcétera); también, por supuesto, a los torturados de la Comisión Valech y a los exonerados, que tienen un tratamiento completamente distinto.
Pero este tema se levantó hace poquísimos días sin que nunca antes se hubiera hecho.
Ninguno de nosotros está negándose a una discusión global y general, a hacer un estudio de por qué se trataron como se trataron estas soluciones; de por qué ustedes mismos -Partido Socialista, PPD, DC- excluyeron expresamente a estas personas, una y otra vez, de los beneficios que hoy día están reclamando; de por qué se le llamó "pensión" a lo que hoy dicen que en realidad no es pensión.
Entonces, creo que esto da perfectamente para que nos pongamos de acuerdo.
Si hay algo que tengamos que volver a reparar, yo por lo menos no tengo ningún problema en hacerlo. Pero me parece injusto el tono que se ha usado hacia las bancadas del Oficialismo: de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópoli.
Quería hacer esa reflexión, Presidenta.
Todo se puede volver a conversar y arreglar, pero esta no era ni la forma ni el momento de hacerlo.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Galilea.
Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Gracias, Presidenta.
A mí me pasa una cosa bien especial, porque las bancadas del frente estuvieron muchas décadas gobernando -¡décadas!- y varias veces pidieron a nuestras bancadas ayuda para aprobar las leyes que tenían que ver con reparación. Y a diferencia del Senador Galilea, yo estaba y pueden ver mi voto en cada una de esas leyes.
Y nosotros contribuimos a lo que nos pedían, exactamente en esa lógica de reparación.
Entonces, en ese tiempo éramos nobles, generosos, caritativos, sensibles y éticos. Y ahora somos absolutamente lo inverso por hacer exactamente lo que ellos dijeron que había que hacer el año 2008.
¡Si no fueron estas bancadas las que establecieron el sistema bajo el cual se regula este tipo de ayudas! ¡No fuimos los de acá los que tuvieron que ver con eso! ¡Están allá! Y cuando digo "allá" me refiero a las bancadas de enfrente. ¡Ahí están los arquitectos del sistema, los ingenieros del esquema! Pero resulta que ahora, porque se cumple la regla general, nos dicen que todos nosotros somos tipos execrables.
No me parece justo, Presidenta.
Honestamente no me parece moral tratar así las cosas, porque uno podrá tener discrepancias, pero tenemos la mejor voluntad de poder llegar a ciertos escenarios.
Y yo les pregunto al revés.
Este tema apareció en la Comisión de Hacienda -yo no estuve en la de Trabajo- cuando se presentó una indicación que era inadmisible, y lo único que preguntamos fue cuál es la situación, por ejemplo, de la gente con invalidez. Y el esquema es el mismo, porque en su momento la invalidez o este tipo de ayudas especiales quedaron reglamentadas de una forma especial el año 2008.
¡Eso fue lo que ocurrió!
Y si hay una fórmula global -¡global!-, tenemos la mejor disposición para que se pueda generar un incremento. De partida, hay un complemento igual en esta ley -que quede claro- al esquema de otras normas o escenarios que son equivalentes. Y si se busca algo equivalente tenemos la mejor disposición.
Pero también uno tiene que ver qué pasa, por ejemplo, con el mundo de la invalidez. ¿No tiene un elemento similar? ¿Van a quedar separados de lo que se pueda hacer con respecto a las pensiones Valech, Rettig u otra?
¡Ese es el tema!
Entonces, si frente a eso viene una especie de descalificación, realmente a mí no me calza.
No sé a quién exactamente le están enrostrando el tema, pero acá, si uno es riguroso, verán que estamos haciendo exactamente lo mismo que nos pidieron que hiciéramos hace décadas atrás. ¡Si ustedes estuvieron muchos años en el gobierno! No es que estos últimos cuatro años no hayan estado. ¡Estuvieron muchos años en el gobierno y esto no quedó resuelto de una manera adecuada!
¿Quiere decir que nunca se podrá resolver? Lo hablaba con el Senador, y futuro Ministro, Montes. Espero que haya un escenario donde podamos enfrentar esto, pero globalmente: con todas las personas que reciben algún tipo de ayuda del Estado, en términos de generar un equivalente, pero no de forma parcializada.
Eso es lo único que estamos planteando.
Y ni siquiera soy yo el que ha estado metido en esta negociación, porque nos tocó, al igual que la Comisión de Hacienda, el final del proceso.
Entonces, yo sería un poquito más cuidadoso.
Y si del lado de las bancadas de acá hay una pasión de más, también pedimos las excusas del caso, porque aquí lo que hemos estado tratado en todo instante -y revisen las votaciones- es de contribuir a estos temas, de ayudar. Y están las firmas y los votos nuestros cuando nos pidieron hacer el esquema que ustedes aconsejaron.
Entonces, no podemos ser culpables ahora de haberles hecho caso a ustedes. Eso no me parece adecuado.
Distinto es que se podrá resolver hacia delante, de forma mancomunada ojalá, pero incluyendo a todos los sectores que reciben alguna ayuda del Estado.
He dicho, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Coloma.
Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO.- Gracias, Presidenta.
Pido disculpas a la Sala por intervenir desde la Mesa, pero creo que las últimas intervenciones ameritan hacer un poco de memoria histórica, tal como ya se ha dicho.
Sacada la cuenta, creo que de los que entramos al Congreso el año 90, quedamos cinco o seis.
El tema de las reparaciones a aquellos que sufrieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos ha estado siempre presente y es sumamente sensible.
Eso es lo que motiva que cada cierto tiempo, cuando se producen algunas coyunturas u oportunidades en que se puede enfrentar de mejor manera el tema de la reparación y avanzar mucho más de lo que se ha avanzado, uno se pregunte por qué no tomamos, de una vez por todas, con altura de miras y con generosidad, la oportunidad para dar un reconocimiento y una solución más definitiva, más digna.
Yo no he escuchado, Senador Coloma -perdone que me dirija a usted-, descalificaciones. Lo que sí les pido que entiendan es que hay frustración, impotencia.
Es cierto que nosotros hemos tenido oportunidades de encarar este tema. Cada vez que lo planteábamos nos encontrábamos con dificultades. Los poderes fácticos, por un lado. Era una situación en que las Fuerzas Armadas seguían con poder y con actividad en la función pública. No se olviden de que aquí teníamos a cuatro uniformados de manera permanente.
Entonces, no era tan sencillo avanzar en estos temas, porque a muchos no les interesaba ni siquiera tocarlos.
A mí me parece importante dar señales.
La señal de la necesidad de avanzar en reparación, todo lo que se pueda, ha estado siempre presente en la Oposición, siempre presente en la Concertación, siempre presente en la Nueva Mayoría, siempre presente en el Nuevo Pacto Social.
Hoy día la situación es distinta. Se han configurado otras coaliciones. Hay un conglomerado de Gobierno que deberá enfrentar este tema, y ojalá lo enfrente apenas asuma, porque es parte también de lo que nos queda por avanzar en reparación.
Aquí hay colegas socialistas -supongo que también del PPD y de la Democracia Cristiana- que han votado a favor. Otros nos hemos abstenido, acompañándonos entre todos, permitiendo que esto se apruebe.
Esa es la razón por la cual, solidariamente, me voy a abstener. Porque este es un reclamo que hemos hecho todos y entre todos.
Y agradezco a los colegas de las distintas bancadas de Gobierno, que han permitido, como han dicho varios acá, la aprobación de este artículo, porque todos sabemos que no aprobarlo sería un retroceso.
Es un avance, y hay que profundizarlo mucho más.
Me abstengo, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Pizarro.
Tiene la palabra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 36 (22 votos a favor y 14 abstenciones), quedando el proyecto aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic y Van Rysselberghe y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Montes, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron las señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Latorre, Letelier, Navarro y Pizarro.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Muy bien.
Queda aprobado el proyecto de ley y se despacha a la Cámara de Diputados.

Señor Ministro, a petición de varios colegas que han hecho un punto respecto de este tema, y si usted quiere, puede intervenir antes que pasemos a la siguiente iniciativa.

El señor CERDA (Ministro de Hacienda).- Gracias, Presidenta.
Sí, por su intermedio, bueno, primero que nada, quisiera partir agradeciendo el despacho de este proyecto. Me voy a referir de inmediato a la última discusión, pero creo que no hay que perder de vista que estamos tratando de hacer un avance importante en, yo diría, transferencias a adultos mayores. Y cuando digo "transferencias", claro, estamos hablando de pensión garantizada. En realidad, aquí estamos haciendo transferencias incluso a adultos mayores que hoy día no son pensionados, por el solo hecho de cumplir los sesenta y cinco años, y me parece que ese es un cambio muy importante en la política hacia delante.
También considero importante darnos cuenta de que lo que estamos tratando de hacer acá es asegurar un piso de 185 mil pesos para todas las personas que obtengan este beneficio. Asegurar este piso, claro, es relevante, porque garantiza a lo menos línea de la pobreza, y eso significa que efectivamente hay personas a las que se les está complementando el beneficio para llegar mínimo a estos 185 mil.
Desde ese punto de vista, Presidenta, quisiera, por su intermedio, referirme entonces al último tema, el de las pensiones o de las indemnizaciones que estábamos discutiendo en este último caso, el de las leyes de reparación.
Claro, ciertamente es una materia que vale la pena considerar. Creo que es parte de las cosas que debemos tratar de hacer, y por lo tanto, el ánimo está un poco en eso. Sin embargo, quiero decir que, cuando uno mira los números, si nosotros entregáramos a todas las personas sujetas a leyes de reparación la PGU completa, estaríamos hablando hoy día, de acuerdo a una minuta que entregó el Ministro Melero, de prácticamente 300 mil millones de pesos, incluyendo a exonerados, a las leyes Valech y Rettig.
Esos 300 mil millones de pesos corresponden a un monto relevante. ¿Por qué? Porque ya tenemos un costo del proyecto y con esos 300 mil millones de pesos estaríamos hablando de, seguramente, algo menos de 400 millones de dólares adicionales. Eso prácticamente se acerca al 15 por ciento del costo del proyecto.
Desde ese punto de vista, uno tiene que ir tomando decisiones. ¿En qué sentido? Claro, tal vez una posibilidad era entregar estos mayores montos, pero si entregábamos estos mayores montos seguramente no hubiésemos podido hacer otra cosa, como aumentar la cobertura. Con este proyecto estamos aumentando la cobertura de forma muy significativa, en cerca de 600 mil personas. Respecto de esas 600 mil personas, la razón para haberlo podido hacer fue que aumentamos el grado de vulnerabilidad, que antes era solamente de 60 por ciento de las personas mayores de sesenta y cinco años, y ahora estamos llegando al 90, y además estamos dando la posibilidad de obtener este beneficio también a personas que no estén pensionadas.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer es justamente aumentar la cobertura, y, de lo contario, si hubiéramos entregado no el complemento, en este caso de las leyes de reparación, sino el beneficio completo, probablemente deberíamos haber tomado otra decisión, que era no aumentar la cobertura a muchos de los chilenos, como hoy día sí la estamos aumentando.
De verdad que entiendo la discusión, pero dado que en este caso los montos de los cuales estamos hablando son tan considerables, y eso hubiera significado dejar afuera a muchos chilenos, bueno, se optó por seguir complementando el beneficio, y eso significa asegurarles también a las personas que están con leyes de reparación que no van a tener un beneficio menor a 185 mil pesos, pero también por tratar de aumentar la cobertura en forma significativa, tal como lo estamos haciendo en este proyecto.
Posiblemente esto sea algo que se pueda tratar más adelante. Sí, efectivamente, pero son montos que obviamente hay que tenerlos en mente por ser muy considerables, y creo que también cuando hablemos de este tipo de pensiones, vamos a tener que pensar en otros grupos que tampoco estamos considerando. De hecho, nadie ha hablado aquí, por ejemplo, de las pensiones de gracia, que es otro grupo al que también debemos considerar.
Desde ese punto de vista, no solo tenemos que pensar en los grupos de leyes de reparación, sino también en las otras pensiones especiales que existen. Aquí hubo gente que habló de pensiones a las Fuerzas Armadas, pero todo eso seguramente habrá que verlo en una siguiente etapa. Sin embargo, dado que esas personas ya estaban recibiendo un beneficio, nos pareció que era mejor ir con chilenos a los que no se les había entregado ningún beneficio y aumentar la cobertura. Y, por lo tanto, se tuvo que tomar esa decisión.
Ahora, aunque tuvimos que tomar esa decisión, sí nos pareció que era bueno complementar el beneficio para llegar a los 185 mil pesos y asegurarles a todas las personas un piso mínimo. Lo mismo ocurrió, tal como se dijo, en el caso de invalidez. La pregunta es si más adelante queremos hacer otras cosas en invalidez. Es posible, pero eso significa tener costos adicionales involucrados, que esperamos que el país los pueda ir sosteniendo más adelante.
Pero, en este caso, creo que ya hemos tenido una discusión muy importante en el tema del financiamiento y hemos tratado de buscar todas las fuentes posibles para poder financiar el proyecto. Pero así y todo ya tenemos un costo de la iniciativa muy considerable, casi un punto del PIB, y aquí hemos dicho que, si entregábamos el beneficio total y no complementábamos en estos casos, volvería a aumentar el costo en otros 400 millones de dólares, que era un monto muy considerable.
Por eso que, en este caso, lamentablemente, bueno, hay que ir tomando decisiones, y la decisión por parte nuestra, del Ejecutivo, fue tratar de aumentar cobertura y complementar los montos del resto de las personas.
Eso es lo que puedo decir, Presidenta, por su intermedio.
Gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Ministro.
Vamos a pasar al segundo proyecto de la tabla, el relativo a exenciones tributarias, por lo que le pedimos al Secretario que haga la relación, y luego vamos al informe de la Comisión.



REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE EXENCIONES TRIBUTARIAS


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
La señora Presidenta pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.763-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por objeto eliminar o reducir un conjunto de exenciones tributarias que ya no se justifican, mejorando el sistema tributario al hacerlo más simple y equitativo.
La Comisión de Hacienda hace presente que, por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata", fue discutido, de conformidad con lo que dispone el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, en general y en particular a la vez.
La referida Comisión deja constancia que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos y Montes. En particular, aprobó la iniciativa con las modificaciones y votaciones que se consignan en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 176 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Hago presente a Sus Señorías que el Honorable Senador señor Alvarado ha solicitado la votación separada del numeral 2 del artículo 1 del proyecto, que se encuentra contenido en la página 19 del comparado.
Al mismo tiempo, se ha solicitado la votación separada por parte del Honorable Senador señor Coloma del artículo 3 y del artículo séptimo transitorio, y, en segundo lugar, solicita también las votaciones separadas del artículo 5 permanente y el artículo quinto transitorio, que corresponde al IVA a la construcción.
Igualmente, el Honorable Senador señor Prohens ha solicitado la votación separada del artículo 10 en sus numerales 15 y 16.
Del mismo modo, hago presente a Sus Señorías que se han presentado indicaciones por la Honorable Senadora señora Provoste, primero, al artículo 9, nuevo, para crear un inciso nuevo que señala lo siguiente: "No se afectará con este impuesto a los bienes de propiedad de un Club de Aviación Civil que los dedique a la instrucción y al servicio comunitario, principalmente.".
Esta indicación, de conformidad al artículo 65, N° 1°, de la Constitución Política de la República, resulta ser inadmisible, toda vez que establece una exención y es materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Esta misma indicación se presentó también en la Comisión e igualmente fue declarada inadmisible.
La segunda indicación es para derogar los artículos 42 ter y 42 quáter de la Ley de Impuesto a la Renta, que también se refiere a exenciones y, del mismo modo, de conformidad al artículo 65, N° 1°, de la Constitución Política de la República, resulta ser inadmisible por ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Por último, para agregar un artículo nuevo, del siguiente tenor: "Derógase el artículo 71 del decreto ley N° 3.500 de 1980". Igualmente, por la materia que aborda esta indicación, de conformidad al artículo 65, N° 1°, de la Constitución Política de la República, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, motivo por el cual las tres iniciativas son inadmisibles.
Es todo, señor Presidente.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Vamos a dejar con la palabra a la Presidenta de la Comisión de Hacienda, la Senadora Ximena Rincón, para el informe.

La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
Procedo a rendir el informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica (boletín N° 14.763-05), con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Respecto a los asistentes a la Comisión, cabe consignar que, además de sus miembros titulares, asistieron los Senadores Galilea, Letelier, Sandoval y Pizarro.
El mensaje del Ejecutivo tiene por objeto eliminar o reducir un conjunto de exenciones tributarias que ya no se justifican, mejorando el sistema tributario al hacerlo más simple y equitativo.
En el proyecto se señala que las exenciones que se abordan son:

1.- Exenciones en el mercado de capitales: gravar el mayor valor obtenido en la enajenación en Bolsa de determinados instrumentos con presencia bursátil.

2.- Exenciones en el mercado inmobiliario: eliminación del crédito especial a las empresas constructoras y eliminación de beneficios de viviendas DFL 2 adquiridas antes del año 2010.

3.- Afectación con IVA a las prestaciones de servicios.

4.- Seguros de vida: se establece la afectación con impuesto a las herencias y donaciones, todos los beneficios obtenidos en virtud de contratos de seguros de vida celebrados desde la publicación de la ley, salvo de los seguros de invalidez y sobrevivencia del decreto ley N° 3.500, de 1980.

5.- Exclusión del pago de la sobretasa de impuesto territorial a los bienes de propiedad del Fisco.

6.- Impuesto al lujo, del 2 por ciento sobre el valor de los bienes, que fue agregado en un segundo grupo de indicaciones para reforzar el financiamiento.

7.- Reordenamiento de las concesiones mineras y regulación de su duración y montos.

8.- Ajuste al subsidio generado por el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), de 500 a 750 millones de dólares.
Al inicio del estudio del proyecto de ley, en sesión del 18 de enero de 2022, el Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda, expresó sus principales consideraciones respecto de la iniciativa; reiteró las modificaciones que se efectúan a las exenciones anteriormente mencionadas; explicó las consideraciones respecto a las modificaciones a los tributos efectuados al mercado de capitales, al mercado inmobiliario, al IVA de servicios, a los seguros de vida, así como también medidas adicionales de recaudación, a los contratos de leasing financieros, a los excedentes de libre disposición, al aumento de sobretasa del impuesto territorial, al nuevo impuesto a bienes de lujo, a la modernización de las patentes mineras.
Finalmente, el señor Ministro hizo hincapié en que esta propuesta fue lograda a través de diversas reuniones, llegando a un consenso para obtener un financiamiento permanente de 0,67 por ciento del producto interno bruto, cuyo detalle de recaudación de cada medida se encuentra respectivamente señalado en el informe de la Comisión de Hacienda.
En definitiva, explica que el 0,67 por ciento del PIB, corresponde a una mayor recaudación de 43 mil millones de pesos el primer año, 895.513 millones al segundo año, 1.377 billones al tercer año, llegando a una recaudación el régimen de 1.700 billones de pesos.
Cabe consignar también que, respecto al mensaje inicialmente propuesto por el Ejecutivo, con su informe financiero N°163, consideraba un 0,35 por ciento del producto interno bruto. Con las nuevas indicaciones introducidas por el Ejecutivo, se logra llegar a un adicional de 0,32 por ciento, totalizando el 0,67 por ciento anteriormente mencionado.
Adicionalmente, se propone un ajuste al subsidio generado por el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), creado por la ley N° 20.765, para disminuir la volatilidad que los combustibles presentan por la dependencia de precios que se determina en mercados internacionales. Se introduce una modificación al techo máximo de subsidio desde la entrada en vigencia del Mepco hasta la fecha, pasando de 500 millones a 750 millones de dólares.
Asimismo, se recibió la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, cuyo Presidente, señor Jorge Desormeaux, efectuó una exposición con las siguientes consideraciones, que resumo a continuación.
Se refirió a los antecedentes de la iniciativa legal, efectuando un resumen respecto al aspecto previsional y financiero del proyecto que estudiamos. Indica que las cifras hacia 2050 no muestran una estabilización completa del mayor gasto, ya que para dicho año este aún se encuentra en ascenso, lo que no está relacionado con un supuesto de crecimiento real de los beneficios en pensiones, sino que está influido por un efecto poblacional.
En definitiva, pone de relieve la importancia de extender el horizonte de proyección de los datos, a la caracterización de las proyecciones, al análisis del cumplimiento del principio de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes.
Analizadas las fuentes específicas de financiamiento que presenta el Ejecutivo, compuestas por reducción y eliminación de exenciones tributarias y por una provisión para mayores gastos previsionales considerados en la Ley de Presupuestos 2022, respecto a la provisión contenida en el Presupuesto, señala que se detalla el monto exacto de la provisión destinada a la "Ley larga de Pensiones". Dicha provisión no se refleja en la línea de Prestaciones Previsionales, pero de acuerdo con la Diprés, está incluida en la línea de subsidios y donaciones.
Asimismo, indica que el Consejo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Dirección de Presupuestos precisar el monto de las provisiones de la "Ley larga de Pensiones" para el período 2022-2026, lo que no se ha obtenido.
Posteriormente, señala una serie de precauciones que se deben tomar respecto al análisis de las proyecciones respecto al gasto en una política pública como esta, para tomar en consideración el contexto económico de nuestro país.
El Consejo expresa sus principales conclusiones y recomendaciones sobre este proyecto de ley, que se pueden resumir en las siguientes:
En primer lugar, señala que una ley básica de la responsabilidad fiscal consiste en financiar gastos permanentes con ingresos permanentes. Luego, indica que estos nuevos ingresos pueden provenir de un crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, reasignaciones o una mayor eficiencia del gasto.
Finalmente, indica que es necesario un estudio actuarial actualizado que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones para el cumplimiento de su función legal de complementar el financiamiento de las obligaciones fiscales en materia previsional.
Además, dejan consignado que el financiamiento remanente asignado a la provisión de gastos comprometidos pasa de 0,5 a 0,31 por ciento del producto interno bruto.
Hicieron hincapié en la necesidad de plantear un análisis de sostenibilidad de largo plazo y que no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo entre el 2023 y 2026, menos considerando un contexto de déficit estructural.
Cabe señalar que se recibió en una segunda oportunidad al Consejo Fiscal Autónomo, en cuya presentación se refirió a la nueva estimación de gastos del proyecto de PGU; las nuevas fuentes de financiamiento del proyecto y el ajuste al subsidio del Mepco, contenidos en el informe financiero N° 13.
En dicha exposición reitera la necesidad de lograr un financiamiento permanente; destaca el retiro del financiamiento con cargo al Fondo de Reserva de Pensiones; recalca que el remanente de la provisión de gastos comprometidos baja de 0,5 a 0,31 del PIB, debido a las nuevas medidas; y finalmente reitera sus consideraciones del informe anterior en orden a proyectar el gasto a cincuenta años, plantear escenarios alternativos de proyección, explicitar el monto de la provisión del presupuesto destinado a PGU y la necesidad de elaborar un nuevo estudio actuarial sobre la sustentabilidad del Fondo de Pensiones.
Es importante consignar que se recibió en audiencia al Colegio de Contadores de Chile, a la Cámara Chilena de la Construcción, los cuales efectuaron presentaciones refiriéndose al contenido de las exenciones consideradas en el proyecto de ley y su implicancia en los diversos rubros.
También, se recibió en audiencia al Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza, quien efectuó una presentación analizando las diferentes exenciones que el proyecto contempla, ilustrando a la Comisión sobre los datos de los contribuyentes en cada caso.
Cabe indicar que el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda enviaron a la Comisión la información solicitada en las respectivas sesiones. El Servicio de Impuestos Internos, por su parte, envió la información respecto a los contribuyentes con exenciones de libre disposición, a la distribución del gasto tributario por contratos de leasing y al IVA de servicios. Por su parte, el Ministerio de Hacienda respondió las consultas de la Comisión respecto a la solicitud de detalle de mayor gasto de la Pensión Garantizada, a la solicitud de proyecciones adicionales sobre la población beneficiaria, a los gastos proyectados por año y el financiamiento por tipo, monto y año.
Así, posterior a las modificaciones que se efectuaron durante la tramitación de la Comisión de Hacienda, se proponen por el Ejecutivo las siguientes vías de financiamiento: la eliminación o modificación de algunas exenciones tributarias, a las que se suman otras y se incorpora recaudación adicional por concesiones mineras, llegando al 0,67 por ciento del PIB; uso de las provisiones destinadas en la Ley de Presupuestos 2022 y su programa financiero para las reformas de pensiones en discusión en el Congreso. Se deberá adecuar su asignación, pues de cerca de 0,5 del PIB comprometido, se requerirá del 0,31 del PIB.
En resumen, durante el primer año se estiman mayores ingresos por 43.061 millones (en pesos de 2022), mientras que durante el segundo y tercer año estos totalizarían 717.960 millones y 728.020 millones, respectivamente.
En régimen, en tanto, se estiman mayores ingresos por 897.519 millones, equivalentes a 0,35 por ciento del PIB.
Respecto de la votación de las disposiciones contenidas en este proyecto, se acordaron por unanimidad (5x0), salvo una referente al reemplazo del artículo tercero y artículo séptimo transitorio, aprobadas por mayoría 4 a 1 en contra; a la supresión del artículo 6, acordada por mayoría 4 y 1 abstención; y al nuevo artículo 6 y artículo octavo transitorio, aprobados por mayoría 4 y 1 abstención.
A este respecto, cabe consignar que el número 6, propuesto por la indicación 1, fue rechazada por 4 votos en contra, referente a la tributación de los excedentes de libre disposición.
Es todo cuanto puedo informar a esta Sala.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Rincón.
Bueno, la discusión de este proyecto es en general y en particular y hay algunas solicitudes de votación separada. El Senador Coloma quiere formular una propuesta para los efectos de agilizar las votaciones y hacer el debate como corresponde.
Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Gracias, Presidente.
Como sabemos, esta ley es bien importante porque es la que otorga el financiamiento a la PGU y ha recibido varias indicaciones. Entonces, mi propuesta es ver si podemos hacer que cada cual hable por siete o diez minutos, que es el tiempo que corresponde, y luego se votan las votaciones separadas, sin explicación posterior, porque, si no, puede no aprobarse el proyecto en un tiempo prudente.
Entonces, mi sugerencia es hacer toda la discusión de una vez, por un tiempo más largo del teórico, y después se realizan las cuatro votaciones separadas, que es un procedimiento que considero más fácil, y no tiene otro objeto que facilitar la discusión y que pueda despacharse la ley que, me imagino, es el ánimo de todos las señoras y señores Senadores.

El señor BIANCHI.- Por Comité.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- ¿Habría que votar primero en general?, ¿o votaríamos todo al final de las intervenciones?
Esa es mi consulta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Si sometemos el proyecto a votación, queda todo aprobado, salvo las normas para las que se pidió votación separada.
Entonces, abrimos la votación; primero sometemos a consideración todas las normas sin solicitud alguna, y luego vamos a las votaciones separadas.
Ahora, la propuesta del Senador Coloma era...

El señor COLOMA.- Hacer una sola votación.

La señora RINCÓN (Presidenta).- En el fondo, su propuesta es que cada Senador haga una sola intervención y luego realizamos dos votaciones.

El señor COLOMA.- ¡Cuatro votaciones!

La señora RINCÓN (Presidenta).- Perdón, cuatro votaciones,

El señor COLOMA.- En realidad, son cinco.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Correcto: una de todo el proyecto, y las cuatro votaciones separadas.
Senador Montes.

El señor MONTES.- Sería muy bueno ver cuáles son los temas que se han solicitado votar por separado...

La señora RINCÓN (Presidenta).- Quiero...

El señor MONTES.- Perdón, porque en el debate de la Comisión el impuesto a los bienes de lujo recibió bastantes reparos, y también el aumento del impuesto a las propiedades más caras.
A lo mejor habría que separarlas en grupo, de tal manera de no estar repitiendo los argumentos. Porque en algunos casos hay una misma lógica, un mismo debate, una misma realidad.
Sería bueno saber exactamente cuáles son los temas.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay, Senador.
Esa es la idea para proceder con las votaciones separadas.
Entonces, le vamos a pedir al Secretario que nos diga sobre cuáles temas recaen las solicitudes de votación separada y hacemos las discusiones en la lógica del Senador Coloma; vale decir, que exista claridad acerca de cuáles son las votaciones separadas, pero se hace una sola argumentación y votaciones sucesivas.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Como se ha indicado, con la primera votación se darían por aprobadas en general y particular todas aquellas normas que no tuvieron solicitud de votación separada.
El Senador señor Alvarado ha solicitado votación separada del numeral 2 del artículo 1 del proyecto, que se encuentra en la página 19 del comparado, que elimina la letra c) del artículo 33 bis.
El artículo 33 bis, en el texto vigente, señala en su letra c): "Los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que adquieran, terminen de construir, o tomen en arrendamiento con opción de compra los bienes respectivos, según corresponda, y registren un promedio de ventas anuales superior a 100.000 unidades de fomento tendrán derecho al crédito establecido en este artículo, equivalente a un 4% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos, terminados de construir durante el ejercicio o que tomen en arrendamiento, según corresponda".
Luego, el Senador señor Coloma ha solicitado la votación separada del artículo 3 permanente y del artículo séptimo transitorio, sobre tasas de impuestos.
El artículo 3 señala:

"Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 7° bis de la ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1998, del Ministerio de Hacienda:".
"1) Agrégase en el numeral 1, el siguiente párrafo tercero, nuevo: "Tampoco estarán gravados con esta sobretasa los bienes sujetos a la aplicación del artículo 27 de esta ley.".
"2) Reemplázase en la letra c) del numeral 3 el porcentaje "0,275%" por el porcentaje "0,425%".
El Senador señor Coloma pide esta votación separada, así lo precisa, en conjunto con el artículo séptimo transitorio, que es del siguiente tenor:

"Artículo séptimo.- La disposición contenida en el numeral 1) del artículo 3 entrará en vigencia con efecto retroactivo a contar del 1 de enero del año 2020.
"La disposición contenida en el numeral 2) del artículo 3 entrará en vigencia el 1° de enero de 2023.".
Después, el Senador señor Coloma solicita la votación separada del artículo 5, que es del siguiente tenor:

"Artículo 5.- Elimínase el artículo 21 del decreto ley Nº 910, de 1975, que modifica los decretos leyes 619, 824, 825, 826, 827 y 830; otras disposiciones de orden tributario".
El Senador señor Prohens solicitó votaciones separadas de los siguientes números del artículo 9, que introduce la siguiente modificación: "introdúcese las siguientes modificaciones en el artículo 21". Se encuentran en las páginas 93 a 98 del comparado.
El número 15, letra a), que reemplaza el inciso primero del artículo 142 por el siguiente:
"a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 142.- La concesión minera debe ser amparada mediante el pago de una patente anual cuyo monto se determinará de conformidad a las reglas contenidas en el artículo 142 bis.".
El numeral 16, que señala:
"16) Incorpórase, a continuación del artículo 142, el siguiente artículo 142 bis, nuevo:

"Artículo 142 bis.- La determinación del monto de la patente anual indicada en el incido primero del artículo 142 se regirá por las normas que se establecen en los incisos siguientes.
"En el caso de la concesión de explotación, el monto de dicha patente por cada hectárea completa será equivalente a tres quincuagésimos de unidad tributaria mensual para cada año de vigencia de la concesión.
"En el caso de la concesión de explotación, el monto de la patente por cada hectárea completa será equivalente a:
"a) Cuatro décimos de unidad tributaria mensual para los primeros cinco años de vigencia de la concesión;
"b) Ocho décimos de unidad tributaria mensual desde el año sexto al décimo de vigencia de la concesión;
"c) Nueve décimos de unidad tributaria mensual desde el año undécimo al año décimo quinto de vigencia de la concesión;
"d) 1,2 unidades tributarias mensuales desde el año décimo sexto al año vigésimo de vigencia de la concesión;
"e) 3 unidades tributarias mensuales desde el año vigésimo primero al año vigésimo quinto de vigencia de la concesión;
"f) 6 unidades tributarias mensuales desde el año vigésimo sexto al año trigésimo de vigencia de la concesión; y
"g) 12 unidades tributarias mensuales a partir del trigésimo primer año de vigencia de la concesión.
"Respecto de aquellas pertenencias que hubieren iniciado trabajos y los continúen, el monto de la patente será de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa que ella comprenda. Para estos efectos, se entenderá que una concesión minera ha iniciado trabajos cuando se realicen labores o actividades en una pertenencia o grupo de pertenencias que de modo permanente permitan el desarrollo de faenas mineras, entendiéndose por tales a las que se refiere el inciso primero del artículo 6° del Reglamento de Seguridad Minera o la norma que lo reemplace, incluyéndose el cumplimiento del respectivo plan de cierre de faenas mineras. Se considerará trabajado el tiempo en que se encuentre vigente un plan de cierre temporal ya aprobado. Las pertenencias que serán consideradas como faenas mineras, comprenderán a todas aquellas pertenencias incluidas en una unidad productiva minera y sus posibles expansiones, según la información que el concesionario haya entregado al Servicio. Bastará que una sola de las pertenencias de un mismo dueño, comprendidas en una misma acta de mensura, esté siendo trabajada conforme a lo prescrito en el inciso cuarto, para que se presuma de derecho que todas estas se encuentran en tal condición y, en consecuencia, les sea aplicable lo dispuesto en el inciso quinto o sexto según corresponda. En este caso, el monto de la patente será de tres quincuagésimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa para concesiones de exploración y de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa para concesiones de explotación.
"Respecto de aquellas pertenencias que no habiendo iniciado faenas mineras se encuentren comprendidas en un proyecto de desarrollo minero que haya obtenido una Resolución de Calificación Ambiental o que haya ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental para su calificación, conforme la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el monto de la patente será el equivalente de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa.
"Los propietarios de las pertenencias serán los responsables de entregar al Servicio todos los antecedentes necesarios para acreditar el inicio y continuidad de faenas mineras y/o el estatus de la Resolución de Calificación Ambiental que les permitan acceder al beneficio de patente rebajada.
"El reglamento del Código de Minería regulará la forma, condiciones, plazos, y formalidades que deberá cumplir el titular para que el Servicio otorgue los beneficios establecidos en este artículo.".
Por último, el Senador señor Coloma solicitó votación separada del artículo quinto transitorio, que señala:

"Artículo quinto.- La modificación contenida en el artículo 5, entrará en vigencia respecto de la venta de bienes corporales inmuebles para habitación y para los contratos generales de construcción de dichos inmuebles que no sean por administración, realizadas y celebrados, respectivamente, a contar del 1 de enero del año 2025.
"Los contribuyentes que hayan realizado las ventas y celebrado los contratos antes referidos con anterioridad al 1 de enero del año 2023, si han obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad a dicha fecha y siempre que al 31 de diciembre del año 2023 las obras ya se hayan iniciado, mantendrán el beneficio de deducir un 0,65 del débito del Impuesto al Valor Agregado respecto de las ventas y contratos generales de construcción de dichas obras, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, vigente a la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Si cumplen con los mismos requisitos antes señalados, mantendrán el beneficio las empresas constructoras por las ventas de viviendas que se encuentren exentas de Impuesto al Valor Agregado, por efectuarse a beneficiarios de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme con lo dispuesto en la primera parte del artículo 12, letra F, del decreto ley N° 825, de 1974, el cual será equivalente a un 0,1235 del valor de la venta y se deducirá de los pagos provisionales obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto, conforme lo señalado en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El Servicio de Impuestos Internos determinará la forma de verificar el inicio de la obra mediante resolución.".
Y el artículo séptimo transitorio, que ya lo habíamos señalado, también recibió solicitud de votación separada.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Colegas, realizaremos la votación de todo aquello que no recibió solicitud de votación separada, y después tenemos -me puedo equivocar- al menos siete u ocho votaciones separadas.
Entonces, yo pediría que pudiéramos acoger la solicitud que se ha hecho, en orden a poder argumentar y después procedemos a las votaciones una tras otra, porque así vamos a poder avanzar de manera más rápida. Si en cada votación hay argumentación, esto puede terminar muy tarde.
Si le parece a la Sala, hacemos una sola argumentación y luego procedemos a votar.
Gracias.
Senadora Provoste, tiene usted la palabra.

El señor COLOMA.- ¿Ahora se habla en general o no?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Vuelvo a repetir que aquí se hizo la petición de que habláramos todo en general y que se fundamenten las peticiones de votación separada; luego se realiza la votación en general y en particular de aquellas normas que no han recibido solicitud alguna, y posteriormente, nos abocaremos a las peticiones de votación separada.
¿Les parece?
Es respecto de lo que pedí acuerdo y me dijeron que sí.

El señor OSSANDÓN.- ¿Por qué no votamos primero?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias.
Senadora Provoste, tiene usted la palabra.

La señora PROVOSTE.- Presidenta, quiero referirme en particular a las indicaciones que he realizado, en especial a aquella con la cual nosotros buscamos poder reinstalar en esta discusión la derogación del artículo 71 del decreto ley N° 3.500.
En este proyecto, el Gobierno propuso eliminar el beneficio tributario para los excedentes de libre disposición. Hoy se pueden retirar libre de impuestos, y por una sola vez, hasta 800 unidades tributarias mensuales, o retirar hasta 200 UTM por año, con un tope máximo de 1.200 UTM.
Eso claramente constituye un privilegio inmerecido en este tiempo. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda se rechazó eliminar esa exención tributaria, proponiéndose que tributen según la regla general de la Ley de Impuesto a la Renta.
Esta indicación repone la propuesta original del Ejecutivo de la derogación de la exención del decreto ley N° 3.500.
Entonces, mi pregunta, Presidente, es si es que hacemos en este momento la discusión.
Otra de las indicaciones que hemos vuelto a presentar es la que permite recaudar, al menos, 0,32 por ciento del producto interno bruto adicional, y así se llegaría a una recaudación que hace un poco más cercana la posibilidad de financiar la PGU, que tiene un gasto fiscal permanente de 0,98 del PIB; o sea, hay cerca de 0,3 por ciento del producto interno bruto de mayor gasto que no tiene financiamiento con ingreso fiscal permanente. Y el país se merece un debate sobre mayores impuestos al patrimonio de las personas más ricas del país, que permitan hacer efectiva la solidaridad y mejorar las pensiones.
El país, con el nuevo Gobierno, va a requerir una reforma tributaria que permita por distintas vías aumentar la recaudación fiscal. Y es una señal a lo menos confusa, desde el punto de vista político, que hoy, en enero del año 2022, ad portas de que asuma un nuevo Gobierno, se apruebe eliminar este artículo 6° del informe de la Cámara de Diputados. Personalmente no comparto que se apruebe eliminar y, de esa manera, no se pueda seguir debatiendo sobre el impuesto patrimonial a las personas naturales, más conocido como "impuesto a los superricos".
Acá hay sectores políticos que están dispuestos a gravar el consumo, elevando el IVA, sabiendo que es un impuesto regresivo; y a gravar las utilidades de las empresas, pero en sociedades tremendamente desiguales. Lo que genera progresividad tributaria son los impuestos patrimoniales, y aquí, en esta Sala, hay sectores que no quieren crear instrumentos y elevar tales impuestos.
Este proyecto eleva la sobretasa de impuesto territorial por el mayor valor de las viviendas, lo que no fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
Y, por eso, insisto en que no es una buena señal que eliminemos este artículo 6° del informe de la Cámara de Diputados. Y por eso que he vuelto a reponer esta indicación presentada en el proyecto original.
Otra indicación que he presentado dice relación con la situación de los clubes de aviación civil que se dediquen a la instrucción y al servicio comunitario, principalmente por la realidad de la región en la que vivo. He conocido en primera persona los esfuerzos del Club Aéreo de Vallenar para ofrecer un servicio comunitario, para temas médicos y también en situaciones de emergencia.
Y en esta iniciativa, el Gobierno crea un impuesto al lujo en el artículo 9° para aviones, helicópteros, yates y automóviles, con tasación fiscal superior a 40 millones; se exceptúa del impuesto a los bienes de propiedad de una empresa que desarrolle actividades del artículo 20, de la Ley sobre Impuestos a la Renta, siempre que los bienes respectivos se encuentren efectivamente destinados al desarrollo de dicha actividades.
Esto no se aplica a los clubes aéreos civiles, que son fundaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, para exceptuarlos de impuestos se requiere una norma legal expresa.
Por consiguiente, hemos presentado nuevamente esta indicación, a fin de que no se afecte con este impuesto a los bienes de la aviación civil que se dediquen a la instrucción, principalmente.
Eso, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Provoste.
Senador García, tiene la palabra.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, Presidenta.
En primer lugar, vamos a votar favorablemente la idea de legislar de este proyecto, el cual se refiere a una serie de modificaciones de carácter tributario para reducir exenciones, eliminar exenciones y establecer algunos otros impuestos que permitan recaudar 0,65 del producto interno bruto, y con ello financiar dos tercios del mayor costo que representa la creación de la Pensión Garantizada Universal.
El otro tercio sale de las provisiones del Tesoro Público, que están contempladas en la Ley de Presupuestos para el año 2022. Y, por supuesto, también están contempladas en el programa financiero del Fisco para los años 23, 24, 25 y 26.
En realidad, es difícil hacer proyecciones a más largo plazo, pensando en todos los vaivenes que tiene la economía, más aún en momentos en que enfrentamos una pandemia mundial.
Señora Presidenta, pensaba referirme a otros temas que están contenidos en las modificaciones tributarias. Sin embargo, quiero hacerme cargo de los planteamientos, por lo menos de dos de ellos que ha expresado recientemente la Senadora Yasna Provoste.
En primer lugar, respecto de reponer el tratamiento tributario a los excedentes de libre disposición en los ahorros previsionales, esa norma la rechazamos en la Comisión de Hacienda, por estimar que los ahorros previsionales son necesarios y que todo el mensaje entregado a la ciudadanía durante años ha sido que debe haber un mayor esfuerzo de ahorro.
Nos parece que cambiar las reglas del juego no es conveniente, más aún en momentos en que precisamente estamos creando una pensión garantizada universal, cuyo monto definitivo va a depender en gran medida de los ahorros que tenga cada trabajador, cada trabajadora.
A mi juicio, reponer algo que fue rechazado en la Comisión de Hacienda, tratándose de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque es sobre tributos, es completamente inadmisible. Y entiendo que la Mesa ya así lo declaró.
Por lo tanto, yo quiero recordar esa situación, porque me parece que, si la indicación ya fue declarada inadmisible, ya fue rechazada, deberíamos mantener esa calificación.
En segundo lugar, respecto del llamado "impuesto a los superricos", que como bien se ha señalado, fue rechazado en la Comisión de Hacienda por mayoría de votos, recordemos que esta norma fue puesta en la ley no por iniciativa del Ejecutivo, sino por iniciativa parlamentaria.
Les recuerdo que, conforme a nuestro ordenamiento constitucional, los impuestos son materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, no corresponde que los parlamentarios estén estableciendo impuestos, que era lo que se hacía.
Por consiguiente, era una normativa manifiestamente inconstitucional, manifiestamente inadmisible, de la cual nos tuvimos que hacer cargo en la Comisión de Hacienda.
Eso es desde el punto de vista formal.
Pero desde el punto de vista del efecto práctico, a nosotros nos parece que los impuestos que se están estableciendo, una sobretasa a los bienes raíces de mayor valor, una sobretasa para los helicópteros, para los aviones (digo sobretasa, porque es además de la patente o licencia que normalmente tienen que pagar), el hecho de establecer una licencia de beneficio fiscal para los yates, como también una sobretasa para los vehículos sobre 62 unidades tributarias anuales, es una forma concreta de gravar el patrimonio.
Digamos las cosas como son: esa es una forma concreta de gravar patrimonio.
Ahora bien, efectivamente son impuestos que afectan a los grupos de mayores ingresos del país, y constituye una manera fácil de recaudar recursos. Pero gravar con impuestos a otros derechos, a otros bienes intangibles, finalmente generará que los capitales se vayan del país.
¡Esa es la experiencia internacional!
Por eso que muchos países que inicialmente establecieron el llamado "impuesto a los superricos", finalmente tuvieron que retirarlo, porque los inversionistas retiraban sus capitales.
Señora Presidenta, si usted me da un minuto, yo me quiero referir a dos materias.
Yo voy a votar a favor de las normas de este proyecto, de todas, porque me parece que tenemos que contribuir al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal.
Sin embargo, hay dos temas que me preocupan. Y quiero pedirle al Ejecutivo, más allá de que aprobemos el proyecto -espero que así ocurra-, que nos hagamos cargo de ello.
Pues bien, me preocupa el término del tratamiento diferenciado para el IVA en la construcción, porque ello inevitablemente significará un encarecimiento de la vivienda. Y, por tanto, el Estado se verá obligado a establecer un mayor subsidio a la vivienda y también una mayor garantía a los créditos hipotecarios para alcanzar el costo de esa vivienda
Y la segunda materia dice relación con los DFL 2.
Me parece discutible si es constitucional o no quitar un beneficio tributario.
No obstante -repito-, voy a votar a favor de todas las normas.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador García.
Bueno, ya nos hemos referido a las calificaciones de las peticiones de votación separada. Así que pasemos a las tienen que ser votadas.
En consecuencia, primero haremos la discusión en general, y cada uno argumentará también respecto de las peticiones de votación separada, y después iremos votando una por una.
Por tanto, tenemos claridad de cuáles son las votaciones separadas que tienen que hacerse y la votación en general.
Vamos a hacer la argumentación y votaremos en general. Y luego pasaremos a las votaciones separadas que están calificadas así por la Mesa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señora Presidenta, el Senador señor Alvarado, quien había solicitado la votación separada de la disposición contenida en la letra c) del artículo 33, la retira. Y solicita la votación separada del numeral 3° del artículo 1° del proyecto.
El numeral 3° del artículo 1°, que se encuentra en la página 20 del comparado, agrega el siguiente artículo 37 bis, nuevo:

"Artículo 37 bis.- Las normas de este párrafo deberán aplicarse a los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes que impliquen una operación...".

La señora RINCÓN (Presidenta).- Secretario, se refiere al tema del leasing. Para hacer más corta la discusión.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Una operación de leasing financiero.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Vamos, entonces, a abrir la votación en general.
Y les pido que argumenten respecto de lo particular.
Se inscriben y abrimos la votación.
En votación.
(Durante la votación).
Senador Coloma, tiene la palabra.

El señor COLOMA.- Presidenta, este es un proyecto complementario al anterior, en que se crea la PGU, y tiene un problema más complejo: su financiamiento.
Aquí se han buscado dos escenarios que uno siendo parte sí le pediría, Presidenta, si vamos a hacer una sola votación, un poco más de tiempo, porque, de lo contrario, no voy a alcanzar y tendré que repetirme.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay, Senador, siete minutos.

El señor COLOMA.- Es para todos los efectos.
Un poco más.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene ocho.

El señor COLOMA.- Aquí hay dos visiones: una, respecto de los recursos que están en el Presupuesto, cuestión que está clara; la otra parte del financiamiento tiene que ver con el término de algunas exenciones y la generación de algunos impuestos.
Yo he detectado a lo menos doce modificaciones relevantes que hay en este tema. Y quería hacer una breve referencia.
La primera tiene que ver con la tasa única a la ganancia de capital del 10 por ciento.
Yo quiero dejar claro que esta tasa única se puso hace algunos años para incentivar el mercado de capitales. Creo que estaba don Rodrigo Valdés en ese momento no como Ministro, pero fue el inspirador, con un buen sentido al tratar de generar un mayor desarrollo de los mercados de capitales.
Se ha entendido que ya el mercado de capitales es más maduro y que podría tener una tasa de impuesto de esta naturaleza. Me parece, y el Gobierno lo está pidiendo, yo voy a concurrir, pero no quiero dejar pasar, que esto también puede generar una cierta baja, precisamente en el desarrollo del mercado de capitales, que era tan relevante para el país. Se ha dicho que un 10 por ciento influye poco; yo nunca he creído que estas cosas influyan poco, pero si tengo que tratar de ayudar a buscar el financiamiento, debo hacerlo de esa manera.
Una segunda referencia tiene que ver con la reducción del crédito especial a las constructoras por venta de viviendas de menos de 2 mil UF.
Quiero decir que aquí tengo un punto de discrepancia, porque esta exención hay que leerla siempre con la contraprestación. Aquí la idea es fomentar un valor más bajo de las viviendas también de un precio menor. Y estas han tenido efecto. No creo que terminar con una exención de esta naturaleza no tenga ningún efecto, lo que va a ocurrir es que aquí habrá una especie de tormenta perfecta, porque hay una demanda importante de viviendas, precisamente en ese sector de las más económicas.
Las que realiza el Ministerio tienen una fijación de precios en la práctica y los costos han subido, y si se termina esta exención, obviamente se va a generar un efecto mayor en el precio. Va a haber un desincentivo para construir viviendas de menos de 2 mil UF, y un alza de precios para las que hay, cuestión que creo puede ser un efecto pernicioso.
Por eso considero que sería importante que ojalá este Gobierno, y si no el que venga, plantee alguna lógica de subsidio a la demanda respecto de este tipo de operaciones, porque tengo temor de que si operan así las cosas vamos a tener menos viviendas construidas en el segmento de menos de 2 mil UF, donde está el mayor déficit y donde por esta vía tendremos que aumentar los precios.
De ahí que yo me abstengo en esta materia.
En tercer lugar, respecto del beneficio tributario para la tercera vivienda, ya lo mencionó el Senador García.
Cuarto, en cuanto a la afectación de IVA a los servicios, quiero dejar claro, a todo evento, que los servicios prestados por personas naturales no quedan afectos a este impuesto, sino que aquellas que están en sociedad. Y en esa lógica lo apruebo.
Sobre lo quinto, el impuesto a la herencia para los seguros de vida, quiero clarificar que esto no incluye los seguros de gravamen, porque no dan beneficio a las personas, y dejo constancia de una cierta duda respecto de si puede considerarse para estos efectos que el seguro de vida necesariamente genera herencia. Porque de repente uno puede dar un seguro de vida a uno de sus hijos o a alguien que no sea un pariente, y eso eventualmente genera una lógica. No sé si los seguros de vida hasta ahora son considerados herencia. Tengo la impresión de que no. Entonces, puede que esto no tenga mucho sentido al final y no genere el efecto que se busca.
En sexto lugar, la exclusión de la sobretasa de impuesto territorial a los bienes del Fisco, me parece bien.
Séptimo, la eliminación parcial del crédito al activo fijo creo que al final genera también, obviamente, un cierto efecto contrario a la inversión, pero me parece hay que hacer un esfuerzo para generar más recursos.
Octavo, en cuanto a los contratos de leasing financiero, el Senador Alvarado hará una referencia.
Noveno, la eliminación del tratamiento tributario especial de los excedentes de libre disposición fue rechazado 4 a 1 en la Comisión, lo que me parece bien, porque afecta a un derecho adquirido y era un cambio en las reglas del juego que era inadecuado.
Décimo, aumento de la tasa marginal de la sobretasa de impuesto territorial. Yo esto lo voy a votar en contra. Y quiero explicar por qué.
Este es un impuesto patrimonial y no es a la vivienda, sino a los inmuebles. ¿Dónde está mi temor?
Esto claramente puede tener un efecto en la inversión. Si alguien va a invertir, y debe tener bienes inmuebles -esto pasa mucho en el sector rural y también en el sector urbano-, a partir de esta norma se va a generar una sobretasa del 0,45 por ciento todos los años.
Obviamente que esto va a generar un desincentivo a la inversión. La gente me dice: "Si hay muy pocos", pero hoy día en el mundo esto funciona cada vez con tasas más apretadas.
Entonces, yo no quiero que, buscando un bien, tengamos un efecto indeseado. Nunca he creído mucho en los impuestos patrimoniales, pero menos aún en aquellos que de alguna manera afectan a la inversión.
Después, se crea un impuesto a los bienes de lujo. Quiero decir que yo aprobé esto, porque creo que mejoró mucho la redacción. Los invito a mirar, porque en principio solo se consideraban helicópteros, aviones y yates.
Tenía razón la Senadora Provoste respecto a los aviones de uso privado sin una referencia a un precio determinado. En la Comisión se acordó un precio, que más o menos bordea los 80 millones de pesos, que permite, por ejemplo, a los aviones de los clubes aéreos cumplir una labor muy importante sin fines de lucro, como llevar a una persona que está afectada por un incendio o un terremoto o llevar ayuda (hay más de cuatrocientos clubes en el país).
Esto no puede ser algo que sea gravable. Pensé que era mejor hacerlo por la vía de una exención a los clubes, pero era algo más complejo, por eso se hizo respecto del precio determinado, que corresponde a un avión ya usado, antiguo, que no puede ser considerado de lujo y no califica para el impuesto. Este se aplicaría para otro tipo de bienes de distinta naturaleza.
Siempre es discutible el impuesto al lujo. Este Senado lo derogó hace como cinco años, porque afectaba las medidas de seguridad. Yo planteo la duda respecto al impuesto a los autos, porque se fija una exención sobre un precio igual o superior a los 40 millones de pesos. Todos los autos híbridos o nuevos tienden a ser más caros. Entonces, esto es bien raro, porque uno está castigando algo que debería ser deseable en cuanto a modernizar la forma de movilizarse. Pero ese fue el planteamiento del Gobierno.
Por último, se moderniza el sistema de concesiones mineras, donde creo que los Senadores del norte tienen una duda respecto del efecto que esto va a tener, particularmente en las concesiones menores, empezando por los mineros menores para los que puede ser complejo.
En resumidas cuentas, Presidente, todas las exenciones tenían un sentido. Algunas se derogan con razón, otras, con menos y se generan algunos impuestos adicionales. Ya he realizado mi planteamiento respecto de algunos de ellos.
Voy a votar a favor en general, pero obviamente tengo algunas aprensiones en las votaciones particulares.
He dicho.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Coloma.
Senadora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Muchas gracias, Presidenta.
La verdad es que yo quiero contextualizar esto. Efectivamente, tal como se dijo en la discusión del proyecto anterior, se trató de avanzar desde hace ya bastante tiempo en el tema de las pensiones, y lamentablemente eso se enlazó con este proyecto de aumento de impuestos del Gobierno a última hora.
Tenemos que señalar, además, que este es un Gobierno al cual le quedan menos de dos meses, cincuenta y seis días me parece que dijo, por su intermedio, Presidente, el Senador Montes. Creo que un Gobierno que planteó en sus inicios, dentro de su programa, que iba a generar mejoría en la economía, pero de la mano de no aumentar los impuestos, no puede venir a hacerlo a última hora, y, además, con dudosos efectos posteriores en el crecimiento.
Acá se usan consignas. Se habla del "impuesto a los superricos", y la verdad es que yo les quiero decir que un auto de 40 millones es caro, pero no es un auto de un superrico, ¡no es un auto de un superrico! Es probablemente de un profesional acomodado, en una realidad en que trabajan ambos y que han logrado salir adelante. Eso ya tenía impuestos altos. Probablemente esas personas querían después migrar a autos eléctricos y les vamos a seguir subiendo los impuestos, vamos a impedir que las pymes, que han sufrido tanto, puedan acceder al leasing.
Yo entiendo que a la Izquierda le gusta subir impuestos. Cree que aumentando los impuestos necesariamente, por obra y arte de magia, se genera mayor recaudación y, por tanto, una mejoría inmediata en la calidad de vida de la gente. Yo por lo menos no siento eso. Entiendo que los impuestos son una herramienta y que como cualquier herramienta tiene que ser usada con prudencia y de acuerdo a la realidad. Considero que, en este caso, a última hora, no corresponde.
Por lo tanto, yo no voy a votar a favor de este proyecto. Estoy segura de que se va a terminar aprobando, pero por lo menos no voy a generar un aumento de impuestos en un Gobierno que prometió que no lo iba a hacer.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Van Rysselberghe.
Senadores Montes, Alvarado y Lagos.
(Luego de algunos instantes).
Senador Montes.

El señor MONTES.- Gracias, Presidenta.
Yo voy a votar a favor en general de este proyecto, porque estoy de acuerdo en que haya una "pensión básica universal", como la hemos llamado. Porque esto permite subir el piso de recursos que reciben los dos millones y medio de pensionados que hay en el país.
¿Cómo se financia esto? Es una discusión que normalmente toma tiempo, que normalmente se reflexiona, que normalmente se calcula.
Aquí estamos en un proyecto que se apuró mucho y en que debemos hacer fe en el Gobierno.
Tenemos problemas, primero, en el cálculo del costo del proyecto. Aquí se nos dice que son 3 mil millones o un poco más, 3 mil 300 millones de dólares anuales: 3 mil 300 o 3 mil 200 millones multiplicados por cincuenta años, como recomienda, tanto en la estimación de los costos, en que hacemos fe, como en la estimación de los ingresos, en que también hacemos fe.
Con respecto a los ingresos, el Consejo Fiscal Autónomo planteó reparos fuertes: ¡fuertes! Yo nunca había oído, en mi período parlamentario, un informe con ese tipo de reproches o de observaciones y cuestionamientos. El Gobierno acogió parte de ellos y se abrió a nuevas fuentes de financiamiento.
Bueno, dentro de lo que se señaló están las exenciones, y aquí se dicen muchas cosas. ¿Por qué estamos discutiendo las exenciones? Porque en la negociación del presupuesto de enero de 2020 la Oposición dijo: "Hay que estudiar las exenciones". ¡Son 9 mil millones de dólares en exenciones! Ahí se hizo que una comisión internacional y otra nacional estudiaran esto, y se llegó a la conclusión de que no correspondía que muchas de ellas existieran; que tuvieron un objetivo adecuado, pero que después fueron perdiendo sentido.
De las propuestas acá, en cuanto a las del mercado capitales en diciembre del 2019 planteamos 5 por ciento por año, que se iba incrementando. Aquí llegamos a 10 por ciento, y en Estados Unidos, a 20 por ciento. Lo lógico habría sido tener una gradualidad posterior. Quedó todavía un margen que hay que revisar en futuras reformas.
Con relación al mercado inmobiliario, el IVA a la construcción, yo no tengo tiempo para volver a explicar todo esto. Lamento que los argumentos de los Senadores Coloma y García fueran como que no hubiéramos tenido ningún debate.
Muy rápidamente quiero decir que aquí hay una historia. Esto fue generado en 1975 por los señores Etcheverry y Lacamara para que las empresas constructoras entraran en el IVA. Entraron, y después se quedaron ahí: no hubo cómo sacarlo. Se financiaron viviendas de 20 mil, de 10 mil UF, de cualquier valor, lo que generó efectos muy desiguales.
Cuando se construía Bajos de Mena se estaban entregando, en distintas ciudades, para viviendas de cualquier valor muchos muchos recursos del Estado por la vía de las exenciones.
Lo raro es que él no maneja esto. Quien decide cuándo se aplica el precio y cuándo no son los empresarios. Cuando hay un sobre stock de viviendas sin duda que se va a disminuir por esta vía. Depende mucho del criterio de quien maneja aquello.
Esto es absurdo, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo.
Ahora bien, se dice que va a subir el precio. La discusión de esta materia partió cuando valían 400 UF. Hoy día están a 1.200, para los de más bajos ingresos, y la verdad que ello tiene que ver con otros factores.
En dos palabras, la propia Cámara de la Construcción en el 2014 reconoció que no tenía sentido mantener esto. Hoy día podemos señalar que la Cámara de la Construcción dice: "Hay que ver cómo se amortigua el efecto después de los dos años desde que se empieza a aplicar; y, en segundo lugar, para el tramo superior hay que tener una suerte de garantía a los créditos de tal forma de posibilitar ciertos créditos".
Yo creo que esas cosas hay que estudiarlas y ver cómo incorporarlas, porque pueden terminar siendo razonables. Pero no es lógico que ahora las empresas administren esa cantidad de recursos.
En lo tocante al IVA a los servicios, toda la gente que me asesora dice que eso está sobrestimado, que está mal calculado. Tuvimos que aceptarlo pues no teníamos otra posibilidad de entrar a analizarlo, y el Gobierno insistió en que así era.
Sobre los excedentes de libre disposición -porque aquí se dicen muchas cosas-, cuánto representa lo planteado: 19.476 millones, 0,01 del PIB.
¿Cuántas personas son las beneficiadas por ello? Siete mil.
Entonces, aquí el Ejecutivo señaló que se había perdido el sentido, porque eso decían los propios informes de quienes se dedicaron a estudiar este asunto. ¿Qué hizo el Gobierno -yo estuve por aprobarlo-, porque la mayoría de la Comisión lo rechazó? ¿Qué debería haber hecho el Gobierno? Traer ellos la indicación para reponerla, y no lo hacen. No entiendo... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
El Gobierno no oye esto, porque el Ministro está en otra cosa. Pero yo quisiera decirle que a mí me extraña que el Ejecutivo no hubiera llegado con una indicación si lo sentía necesario. Y ahora un Senador dice: "Esto no se puede reponer, porque lo rechazó la Comisión".
Finalmente, creo que aquí falta plata, porque, sumado todo ello, faltan 1.300, 1.200 millones de dólares.
¿Qué nos dice el Gobierno? Esto se carga a las provisiones, a las de este año y a las provisiones de estudio y de proyectos en trámite de los próximos cuatro años.
¡Cuidado!
De eso tenemos que hacer fe también, porque además, como dice el Consejo Fiscal Autónomo, hay que estimarlo para cincuenta años, no para cuatro o cinco, ni para treinta.
Bueno, también hacemos fe. ¿Y por qué hacemos fe en ello? Porque no nos queda otra. En el informe que ustedes van a ver hay constancia de todas las dudas que tuvimos en el transcurso del análisis de este proyecto. Y lo aprobamos porque se necesita financiar.
Lamentablemente,... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Decía que, lamentablemente, esto se ha hecho muy a la carrera, y es complicado el efecto que tiene a cincuenta años aumentar el gasto público en tres mil y tantos millones de dólares, el 20 por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación de cada año. Son hartos hartos recursos, necesarios para las pensiones; pero debiéramos haber estudiado mucho más a fondo esta materia.
En cuanto al impuesto a los superricos -ya lo dijo el Senador García-, hay un impuesto por la vía de la sobretasa, que ya creamos en enero del 2020: ya hay un impuesto a los superricos por la vía de los bienes de lujo.
Termino diciéndole a la Senadora Ebensperger: "Oiga, si hay mucha desigualdad en este país". Y lo que estamos planteando es la posibilidad de financiar pensiones para personas que lo están pasando muy mal. Ello, por la vía de exenciones; o sea, a gente que no paga impuestos decirles: "Van a tener que pagarlos, porque les corresponde hacerlo".
Yo voto a favor.
Creo que se trata de un financiamiento que ojalá hubiéramos tenido más tiempo de estudiarlo.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Montes.
Tiene la palabra el Senador Alvarado; luego podrán intervenir los Senadores Lagos y Elizalde.

El señor ALVARADO.- Gracias, señora Presidenta.
Quisiera tomarme -por intermedio de la Mesa- un poco de las reflexiones del Senador Montes en orden a que en muchas cosas de este proyecto de ley ellos tenían que hacer fe.
Yo le quiero decir también al señor Senador que en el tema de pensiones el año 2008 nosotros también hicimos fe de lo que nos planteaba el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Porque el financiamiento para la pensión básica solidaria señalaba textualmente lo siguiente: "Recursos provenientes del Fondo de Reserva de Pensiones".
¿Qué propuso el Gobierno? El Gobierno propuso exactamente lo mismo ahora.
¿La diferencia? Nosotros hicimos fe: ustedes no quieren hacer fe.
Segundo: "Liberación de recursos por la disminución de los compromisos que mantiene el Estado con el sistema de pensiones antiguo".
Eso planteaba el informe financiero de 2008. Exactamente lo que sucede ahora, porque esas personas van, por razones obvias, disminuyendo, y se van liberando recursos, generando ingresos u holguras adicionales.
En tercer lugar, decían claramente en el informe financiero: "Recursos provenientes de reasignaciones, eficiencia del gasto y del crecimiento económico".
Y nosotros hicimos fe.
Sin embargo, el crecimiento económico no tuvo relación con el que nos señalaron: ¡fue bastante menor! Pero la responsabilidad fiscal de las autoridades que ha tenido nuestro país en materia de Hacienda pública ha hecho que el país pueda solventar estos gastos y esos compromisos.
Nosotros hicimos fe de lo que nos dijo el Gobierno; pero tuvimos que negociar y llegar a acuerdos. El 2008 con convicción definimos apoyar esa reforma, que tenía la misma estructura de financiamiento que hoy día se propone; sin embargo, ahora la actual Oposición no hizo fe y puso la exigencia de aumentar los impuestos.
Asimismo, les he escuchado señalar que esto se ha hecho en forma muy apresurada. ¡Pero obviamente! Si al Gobierno lo han obligado a actuar rápidamente para que este proyecto pueda aprobarse y no se postergue el beneficio a las personas más vulnerables. Por lo tanto, podemos cometer errores o establecer tributos adicionales que van a recaudar muy poco, y el día de mañana seguramente nos vamos a arrepentir y buscaremos otras fórmulas de financiamiento que generen mayores recursos a más largo plazo. Eso va a ser así, sin ninguna duda.
Entonces, ahora simplemente quiero traer a la memoria que en el pasado, cuando éramos Oposición, hicimos fe y las cosas resultaron. Hoy día la actual Oposición no hace fe de lo que le señala el Gobierno y exige una pequeña, una mínima reforma tributaria apresurada en la que podemos cometer errores.
Y voy a dar un solo ejemplo: el leasing. Este es un gasto financiero, el cual hace que la pequeña y la mediana empresa lo rebajen de su base tributaria.
En la actualidad estamos terminando con ese beneficio. Y yo por lo menos me opongo a ello por una razón muy simple: porque en cuanto al emprendimiento del cual todos hablamos, cuando las personas toman la iniciativa de comenzar una actividad propia y no tienen capital, no cuentan con bienes para entregar en garantía, ¿a qué recurren? Al leasing, que les financia el cien por ciento en función de sus flujos de ingresos futuros y de arrendamiento: un tercero compra los bienes y se los entrega en arrendamiento. ¿Beneficios? No precisan contar con capital ni con respaldo de garantías.
En seguida, desarrollan su emprendimiento, pagan en función de los flujos y se les da un incentivo tributario que puede servir para una empresa modesta de transporte público; para quienes instalan una pequeña empresa de conocimiento tecnológico y que requieren equipamiento, requieren tecnología, requieren computadores, o bien para emprendedores que quieren mejorar su base de producción con activos que hagan más eficiente esa cadena productiva.
Y hoy día les estamos quitando ese beneficio.
Me dirán: "¡No; es que puede acceder al banco! ¡Le vamos a dar el mismo tratamiento que le entregan los bancos!". Pero para que esa persona llegue al banco hay ciertas cuestiones previas.
Primero, ¿está o no en Dicom?
Segundo, ¿tiene patrimonio para entregar una garantía, sí o no? Lo más probable es que no lo posea.
Tercero, le van a prestar en función de los flujos, pero con una diferencia: necesita un aval o un respaldo de garantía. Con el leasing, no.
Hoy día me dicen: "No, si se va a mantener el leasing". ¡Claro, se va a mantener! Pero el beneficio tributario que puede servir de palanca para ese emprendimiento ahora lo estamos terminando.
Quiero concluir mi intervención... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Decía que quiero concluir mi intervención solamente señalando que no estoy muy claro con relación a la prolijidad con que estamos tratando estas modificaciones tributarias; que estoy absolutamente convencido de que la recaudación adicional es muy marginal, y que en ello existe una amplia posibilidad de error en cuanto a afectar actividades y a pequeñas y a medianas empresas.
¿Y por qué pasó esto? Porque simplemente en el pasado dimos fe de lo que nos decía el Ejecutivo y hoy día la actual Oposición no da fe de lo que le señala el Gobierno, no le cree y exige condiciones de última hora para aprobar una Pensión Garantizada Universal para familias que efectivamente la necesitan.
He dicho, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Alvarado.
Tiene la palabra el Senador Lagos.

El señor LAGOS.- ¡Será demostrada la falsedad de la afirmación -por intermedio de la Mesa- del Senador Alvarado...!
Señora Presidenta, en cuanto a la Pensión Garantizada Universal, el Gobierno, en una decisión consciente -no me cabe ninguna duda- decidió presentar dos proyectos de ley: uno establecía el beneficio justo, necesario, buscado por centenares de chilenos y otro determinaba el financiamiento, trámite separado.
El Ministro Secretario General de la Presidencia me hace una venia, como diciendo: "¡Claro; eso era lo que había que hacer!". Porque así uno estaba obligado: en el fondo, nadie iba a rechazar el proyecto sobre pensión, y como estaba disociado el financiamiento, en el peor de los casos íbamos terminar con un beneficio aprobado sin lucas para pagarlo.
Eso iba a ocurrir; ese fue el origen del problema.
Segundo, a poco andar, nosotros, la Comisión de Hacienda, le preguntamos al Ministro Cerda qué vamos a hacer, si el financiamiento es adecuado. Y el Ministro Cerda dijo que sí, que estaba adecuado, hasta que apareció una carta de cuatro connotados economistas chilenos.
Es bueno recordarse de esos economistas, Repetto, Engel, De Gregorio y Valdés, por la sencilla razón de que ¡seguramente en el futuro van a sacar otras cartas y hay que tenerlas presentes...!
Pero esas firmas valen, y cuestionaron el financiamiento.
Y el que a mi juicio le puso el cuestionamiento más severo al financiamiento del Gobierno en relación con este proyecto sobre pensiones fue el Consejo Fiscal Autónomo, quien, entre otras cosas, dijo que era impresentable no seguir poniendo recursos en el Fondo de Reservas de Pensiones por el equivalente al 0,2 por ciento del PIB y limitarlo a la mitad, como planteaba la iniciativa.
Además, estableció otras consideraciones: que las proyecciones eran limitadas en el tiempo, etcétera.
¿Qué quiero decir? Que el financiamiento fue un tema de discusión, y como Oposición la alternativa es muy sencilla, pues no teníamos cómo vincular un proyecto con otro para dejarlo condicional. En consecuencia, hicimos todos los esfuerzos para mejorar el financiamiento.
Escuché al Senador Alvarado decir: "Nosotros hicimos fe del Gobierno". ¡Claro que hicimos fe! Hicimos fe de cuánto iba a costar el proyecto; hicimos fe de cuánto se iba a recaudar en general. Nadie cuestionó cuánto iban a rendir las exenciones que planteó el Ejecutivo, que representaban un tercio del financiamiento.
Lo que señalamos fue que nos parecía que reducir el Fondo de Reserva de Pensiones era improcedente, cuestión que ratificó el Consejo Fiscal Autónomo, y, segundo, que las holguras de que habla el Gobierno no eran suficientes y que no iban a rendir, y ahí sí que teníamos una diferencia.
El Gobierno se allanó, y yo valoro -por su intermedio, al Ministro Cerda- que haya accedido a disminuir a la mitad la incertidumbre acerca de ingresos permanentes a través de las exenciones, bajo el supuesto de que fueran correctos.
Quiero plantear solamente un par de detalles en esta materia.
En cuanto a los impuestos a las ganancias de capital, yo habría esperado que nos fuéramos al techo que propuso la Comisión que presidió el ex Presidente del Banco Central don Rodrigo Vergara, junto a otros connotados economistas chilenos, quienes señalaron que tal vez podríamos llegar a un 15 por ciento. No a un 20 por ciento, como en otros países quizás más desarrollados, con mejores mercados de capital; pero sí a un 15 por ciento.
Lo otro es que lo tocante al impuesto a los superricos era una trampa. Porque uno podría haberse mantenido firme con el impuesto a los superricos, más allá de que era evidentemente inconstitucional, y eso se habría caído en el Tribunal Constitucional, con lo que nos hubiéramos quedado sin nada de financiamiento. Y como estas conversaciones las coordinamos entre la Oposición y los asesores del Presidente electo, se decidió a tratar de aumentar lo máximo posible la recaudación, aunque no fuera el cien por ciento.
Por eso, sabiendo que se iba a caer el impuesto a los superricos en el Tribunal Constitucional, aceptamos la propuesta, que conocimos a última hora para ser bien franco, del impuesto a los bienes de lujo. Fue tanto el tiempo que nos faltó que esta mañana tuvimos que modificar lo que básicamente ya habíamos aprobado el viernes en esta materia. Dejamos esto pendiente, porque no teníamos claro cómo iba a funcionar, cómo se iban a gravar los yates, los aviones, etcétera. Y hoy día ello se perfeccionó.
Lo que quiero decir es que si tuvimos que perfeccionar hoy en la mañana un impuesto de esta naturaleza fue porque a mi juicio debimos trabajar muy a la carrera.
Alguien me dirá: "Bueno, pero queríamos aprobar el financiamiento". Se hizo lo que se pudo, aprobamos el financiamiento como está; pero a todas luces, cuando usted empieza a desglosar, aparecen dudas.
Por último -y no lo digo a modo de mofa-, el Senador Alvarado señaló que ellos hicieron fe el 2008 de lo que decía el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Pero él hoy día no hace fe de lo que indica el Gobierno del Presidente Piñera, porque está dispuesto a votar en contra de una propuesta que planteó el Ministro de Hacienda, quien está sentado a su derecha.
¡Ahí está!
En el caso del leasing -según entiendo- usted va votar en contra. En consecuencia, ¡no está haciendo fe de lo que le dice su Ministro de Hacienda...!
En este caso, nosotros no vamos a votar nada en contra... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... y no hablaré más.
Lo que hicimos nosotros, sin rechazar ninguna de las exenciones que estaban, fue sumarle exenciones que tenían que derogarse o atemperarse; eliminar el Fondo de Reserva de Pensiones, y poner en severa duda lo que significaban las holguras.
Desde ese punto de vista, creo que se realizó un esfuerzo, porque iba a ser más fácil allegar recursos a partir de lo que hoy día se va a recaudar que habernos quedado con el proyecto original.
Voy a votar en general el proyecto a favor, y voy a rechazar todas las votaciones separadas.
Gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador lagos.
Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidenta.
Coincidiendo con la argumentación del Senador Lagos, es muy importante tener presente que la tramitación del proyecto que acabamos de aprobar, que establece la Pensión Garantizada Universal, es, por decir lo menos, heterodoxa, poco común.
Yo no recuerdo que un proyecto de tal envergadura haya sido aprobado sin que esté asegurado su financiamiento.
Originalmente, el financiamiento planteado por el Gobierno solo cubría un tercio del costo de este beneficio, el cual va a ir en aumento con el tiempo. Tras el esfuerzo que se está haciendo, solo se financian dos tercios.
Incluso, alguien podría rebatir la constitucionalidad de aprobar un proyecto que no tiene financiamiento asegurado.
Aquí hay algo básico: si se va comprometer un gasto permanente del Estado debe existir un ingreso permanente.
Contrariamente a lo que dijo el Senador Alvarado -por intermedio de la Mesa-, esta no ha sido una observación que haya planteado la Oposición. Efectivamente, cuatro destacados economistas enviaron una carta en donde advirtieron respecto de esta situación anómala y compleja; pero fue el Consejo Fiscal Autónomo el que prendió las luces de alerta, que es un organismo creado por ley el año 2019, reemplazando al Consejo Fiscal Asesor, que había sido creado por decreto supremo el año 2013 -si mal no recuerdo-, y que, entre otras finalidades, precisamente debe advertir, evaluar, monitorear el cálculo que realiza la Dirección de Presupuestos y, por tanto, entregar una opinión experta -por algo es un consejo autónomo- respecto de temas tan importantes como la forma de asegurar el financiamiento del proyecto que aprobamos anteriormente, que crea la Pensión Garantizada Universal, cuáles son sus costos efectivos, y cómo se evita que la situación fiscal sea deficitaria en el tiempo.
De eso es lo que estamos hablando, porque llama la atención, yo diría, la liviandad con la que se aborda una iniciativa de esta naturaleza, que debería haber sido tramitada como un todo, como un solo proyecto, que comprendiera, por una parte, el beneficio, y por la otra, su forma de financiamiento. Pero la decisión del Gobierno fue distinta.
Aquí me gustaría ver al Gobierno cuadrando a sus propias bancadas, y sin embargo no lo vemos. Al contrario, son muchas las solicitudes de votación separada que lo único que hacen es mermar la capacidad recaudatoria del Estado. Es decir, se está pensando en cómo se recauda menos, en cómo el proyecto que aprobamos anteriormente, sobre Pensión Garantizada Universal, resulta más deficitario.
Lo anterior da cuenta de una irresponsabilidad fiscal que en algún momento entendí que estaba superada en nuestro país. Porque no podemos -insisto- comprometer un gasto permanente si no tiene asegurado un ingreso permanente. Es tan simple como que a nadie se le ocurriría comprometer un gasto permanente para su familia con el aguinaldo de Fiestas Patrias. ¡A nadie! Pero parece que esa regla, básica en una economía familiar, no se aplica del todo respecto de gastos comprometidos por el actual Gobierno en un proyecto presentado a último momento, incluso después de la elección, cuando ya había un Presidente electo.
Nuestra buena voluntad se ha traducido en la aprobación de la Pensión Garantizada Universal, que entendemos que da cuenta de una necesidad no menor que debe ser satisfecha. Y por eso el proyecto anterior fue acogido prácticamente por unanimidad. Sin embargo, llama la atención no solo yo diría la liviandad sino la irresponsabilidad con la cual se aborda el proyecto que garantiza el financiamiento, ni siquiera de todo, sino de una parte de la referida Pensión Garantizada Universal. Porque cada votación separada significa que se recaudan menos recursos y que, por tanto, la iniciativa anterior tiende a ser más y más deficitaria.
La pregunta es si esta será la lógica con la que se va a actuar en el futuro, y si el relativo consenso de responsabilidad fiscal que se había establecido en Chile para construir una institucionalidad dentro de la cual está el Consejo Fiscal Autónomo será reemplazado por la lógica de la improvisación y de la absoluta falta de responsabilidad.
Por eso, voy a aprobar en general el proyecto y voy a votar a favor de todas aquellas normas cuya votación separada se ha solicitado por parte de quienes no quieren asegurar el financiamiento permanente para la Pensión Garantizada Universal, lo que, insisto, es profundamente irresponsable.
He dicho, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto, exceptuadas las normas respecto de las cuales se ha solicitado votación separada (29 votos a favor y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón y los señores Alvarado, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvo la señora Van Rysselberghe.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Quedan aprobadas en general y en particular todas las normas que no fueron objeto de solicitud de votación separada.
Por lo tanto, tenemos que abocarnos a efectuar todas esas votaciones. Tal vez podríamos hacer un solo paquete, que incluya la totalidad de las normas involucradas o, de lo contrario, tendríamos que pronunciarnos sobre cada una de ellas, por separado.
Me dicen que vayamos una por una.
Ya se dio la explicación pertinente, de manera que, si les parece, las iremos votando una por una.

El señor QUINTEROS.- No, Presidenta, votémoslas juntas.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador, pedí votarlas en paquete, pero no se aceptó esa forma de votación.

El señor QUINTEROS.- ¿Quién no aceptó?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Lo que pasa es que nosotros no las vamos a votar todas de igual modo.
Yo propongo que sea sin debate, y así procedemos rápidamente.
Entiendo que habría acuerdo para eso.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Entonces, sin debate y las vamos votando una por una.
¿Les parece?
Acordado.
Antes de continuar, hay que precisar algo. Yo entiendo -y si estoy equivocada, me corrigen los colegas de Gobierno- que, independiente de quienes las han pedido, las votaciones separadas que ustedes solicitaron son para rechazar el texto despachado por la Comisión.
¿Estoy en lo correcto?
¿Sí?
Por lo tanto, vamos a ir pronunciándonos sobre cada una de las normas respecto de las cuales ustedes pidieron votación separada.
Votar a favor significa respaldar el informe de la Comisión y votar en contra es para rechazar lo resuelto por ella.
Señor Secretario, le pido ir dando lectura a cada una de las disposiciones.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Para las votaciones se seguirá el orden del articulado.
La primera solicitud de votación separada, del Senador señor Alvarado, recae en el numeral 3 del artículo 1 del proyecto, por el cual se agrega un nuevo artículo 37 bis del siguiente tenor: "Las normas de este párrafo deberán aplicarse a los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes que impliquen una operación de financiamiento o leasing financieros, considerando la existencia de dicho financiamiento, según su tratamiento financiero contable establecido por el Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera.".

La señora RINCÓN (Presidenta).- En votación.
(Luego de unos instantes).
Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba el N° 3 del artículo 1 propuesto por la Comisión (22 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Coloma, De Urresti, Elizalde, García, Guillier, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Alvarado, Castro, Durana, García-Huidobro, Insulza y Prohens.
Se abstuvo el señor Pugh.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Pasamos a la siguiente solicitud de votación separada.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Luego está la petición del Senador señor Coloma respecto de los artículos 3 y séptimo transitorio.
No sé si el señor Senador quiere que se voten los dos artículos en conjunto o cada uno por separado.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador Coloma, ¿podemos votar juntas todas las normas que dicen relación con la tasa de impuesto territorial y el Código Tributario?

El señor COLOMA.- Es que son distintas, y en algunas me voy a abstener y en otras a votar en contra.

La señora RINCÓN (Presidenta).- ¿Pero podríamos votar en conjunto los artículos 3 y séptimo transitorio, y el 5 aparte?

El señor COLOMA.- Sí, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- De acuerdo.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
El artículo 3 (página 43 del comparado) dice: "Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 7 bis de la ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1998, del Ministerio de Hacienda:
"1) Agrégase en el numeral 1, el siguiente párrafo tercero, nuevo:
`Tampoco estarán gravados con esta sobretasa los bienes sujetos a la aplicación del artículo 27 de esta ley.'.
"2) Reemplázase en la letra c) del numeral 3 el porcentaje `0,275%"' por el porcentaje `0,425%'".
Y el artículo séptimo transitorio...

La señora RINCÓN (Presidenta).- ¿Senador Insulza?

El señor INSULZA.- Presidenta, lo único desafortunado es que esto no tiene un comparado o no existe el texto comparado.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Sí existe, Senador.

El señor INSULZA.- Pero no lo han distribuido, por lo menos.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Ahí está.

El señor INSULZA.- Aquí apareció uno.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay, Senador, no se preocupe.
Señor Secretario, puede continuar.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Estamos en las páginas 43 y 121 del comparado, Senador Insulza.
El artículo séptimo transitorio, que está en la página 121, es del siguiente tenor:
"La disposición contenida en el numeral 1) del artículo 3 entrará en vigencia con efecto retroactivo a contar del 1 de enero del año 2020.
"La disposición contenida en el numeral 2) del artículo 3 entrará en vigencia el 1° de enero de 2023.".
Esas son las dos normas.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Perfecto.
Estamos en el tema de la sobretasa al impuesto territorial y la idea es votar por separado estas dos disposiciones.
Los que estén a favor de que se aplique esto deben apoyar el informe de la Comisión, y quienes estén en contra deben rechazarlo.
En votación.
(Luego de unos instantes).
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueban los artículos 3 y séptimo transitorio (21 votos a favor y 7 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores De Urresti, Elizalde, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Prohens y Quinteros.
Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, García-Huidobro y Sandoval.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahora corresponde votar separadamente, a solicitud del Senador señor Coloma, los artículos 5 y quinto transitorio, relativos al IVA de la construcción.
El artículo 5 elimina el artículo 21 del decreto ley Nº 910, de 1975, que modifica los decretos leyes 619, 824, 825, 826, 827 y 830, y otras disposiciones de orden tributario.
El artículo quinto transitorio, en tanto, señala:
"La modificación contenida en el artículo 5, entrará en vigencia respecto de la venta de bienes corporales inmuebles para habitación y para los contratos generales de construcción de dichos inmuebles que no sean por administración, realizadas y celebrados, respectivamente, a contar del 1 de enero del año 2025.
"Los contribuyentes que hayan realizado las ventas y celebrado los contratos antes referidos con anterioridad al 1 de enero del año 2023, si han obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad a dicha fecha y siempre que al 31 de diciembre del año 2023 las obras ya se hayan iniciado, mantendrán el beneficio de deducir un 0,65 del débito del Impuesto al Valor Agregado respecto de las ventas y contratos generales de construcción de dichas obras, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, vigente a la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Si cumplen con los mismos requisitos antes señalados, mantendrán el beneficio las empresas constructoras por las ventas de viviendas que se encuentren exentas de Impuesto al Valor Agregado, por efectuarse a beneficiarios de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme con lo dispuesto en la primera parte del artículo 12, letra F, del decreto ley Nº 825, de 1974, el cual será equivalente a un 0,1235 del valor de la venta y se deducirá de los pagos provisionales obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto, conforme lo señalado en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El Servicio de Impuestos Internos determinará la forma de verificar el inicio de la obra mediante resolución.".
Esos son los dos artículos: el 5 y el quinto transitorio.

La señora RINCÓN (Presidenta).- En votación.
Nuevamente, el mismo procedimiento: los que estén por aprobar el informe de la Comisión votan a favor; los que estén por rechazarlo votan en contra.
(Luego de unos instantes).
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueban los artículos 5 y quinto transitorio (22 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Castro, De Urresti, Elizalde, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Prohens y Quinteros.
Votaron por la negativa los señores Alvarado, Durana y García-Huidobro.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Coloma, Moreira y Sandoval.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Pasamos a la siguiente votación separada.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
A continuación, corresponde someter a la consideración de la Sala los numerales 15), letra a), y 16) del artículo 9, que el Senador señor Prohens ha pedido votar en forma separada.
La letra a) del N° 15) tiene por objeto reemplazar el inciso primero del artículo 142 por el siguiente:

"Artículo 142.- La concesión minera debe ser amparada mediante el pago de una patente anual cuyo monto se determinará de conformidad a las reglas contenidas en el artículo 142 bis.".
Y el N° 16) del artículo 9 tiene por finalidad incorporar, a continuación del artículo 142, el siguiente artículo 142 bis, nuevo:

"Artículo 142 bis.- La determinación del monto de la patente anual indicada en el inciso primero del artículo 142 se regirá por las normas que se establecen en los incisos siguientes.
"En el caso de la concesión de exploración, el monto de dicha patente por cada hectárea completa será equivalente a tres quincuagésimos de unidad tributaria mensual para cada año de vigencia de la concesión.
"En el caso de la concesión de explotación, el monto de la patente por cada hectárea completa será equivalente a:
"a) Cuatro décimos de unidad tributaria mensual para los primeros cinco años de vigencia de la concesión;
"b) Ocho décimos de unidad tributaria mensual desde el año sexto al décimo de vigencia de la concesión;
"c) Nueve décimos de unidad tributaria mensual desde el año undécimo al año décimo quinto de vigencia de la concesión;
"d) Uno coma dos unidades tributarias mensuales desde el año décimo sexto al año vigésimo de vigencia de la concesión;
"e) Tres unidades tributarias mensuales desde el año vigésimo primero al año vigésimo quinto de vigencia de la concesión;
"f) Seis unidades tributarias mensuales desde el año vigésimo sexto al año trigésimo de vigencia de la concesión; y
"g) Doce unidades tributarias mensuales a partir del trigésimo primer año de vigencia de la concesión.
"Respecto de aquellas pertenencias que hubieren iniciado trabajos y los continúen, el monto de la patente será de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa que ella comprenda. Para estos efectos, se entenderá que una concesión minera ha iniciado trabajos cuando se realicen labores o actividades en una pertenencia o grupo de pertenencias que de modo permanente permitan el desarrollo de faenas mineras, entendiéndose por tales a las que se refiere el inciso primero del artículo 6° del Reglamento de Seguridad Minera o la norma que lo reemplace, incluyéndose el cumplimiento del respectivo plan de cierre de faenas mineras. Se considerará trabajado el tiempo en que se encuentre vigente un plan de cierre temporal ya aprobado. Las pertenencias que serán consideradas como faenas mineras, comprenderán a todas aquellas pertenencias incluidas en una unidad productiva minera y sus posibles expansiones, según la información que el concesionario haya entregado al Servicio. Bastará que una sola de las pertenencias de un mismo dueño, comprendidas en una misma acta de mensura, esté siendo trabajada conforme a lo prescrito en el inciso cuarto, para que se presuma de derecho que todas estas se encuentran en tal condición y, en consecuencia, les sea aplicable lo dispuesto en el inciso quinto o sexto según corresponda. En este caso, el monto de la patente será de tres quincuagésimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa para concesiones de exploración y de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa para concesiones de explotación.
"Respecto de aquellas pertenencias que no habiendo iniciado faenas mineras se encuentren comprendidas en un proyecto de desarrollo minero que haya obtenido una Resolución de Calificación Ambiental o que haya ingresado al sistema de evaluación ambiental para su calificación, conforme la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el monto de la patente será el equivalente de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa.
"Los propietarios de las pertenencias serán los responsables de entregar al Servicio todos los antecedentes necesarios para acreditar el inicio y continuidad de faenas mineras y/o el estatus de la Resolución de Calificación Ambiental que les permitan acceder al beneficio de patente rebajada.
"El reglamento del Código de Minería regulará la forma, condiciones, plazos, y formalidades que deberá cumplir el titular para que el Servicio otorgue los beneficios establecidos en este artículo.".
Esas son las dos disposiciones contenidas en esta votación separada.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
Seguimos con el mismo procedimiento: a favor del informe de la Comisión, se aprueba; en contra del informe, se rechaza.
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Presidenta, yo no quiero fundar ni nada. Solo quiero hacer una consulta porque acá tengo dudas.
En este número no se distingue nada, ni con relación a los pequeños mineros ni con respecto a Enami.
A mí me han dicho aquí que a los pequeños mineros no les afecta, pero sí a Enami. Y que se suban las patentes a la empresa afecta, por lo tanto, a los pequeños mineros.
Entonces, que les suban las patentes a las mineras, okay. Pero cuando afecta a los pequeños mineros, la cosa cambia.
En las regiones del norte tenemos muchos pequeños mineros que dependen -casi en un 80 por ciento, diría yo- de Enami. Si esta norma le va a afectar de tal manera a Enami, como se lee de lo que señala el proyecto, finalmente los más perjudicados son los pequeños mineros.
Entonces, solo quiero consultar si se pudiera hacer alguna diferenciación en esta materia, porque, de lo contrario, vamos a tener que votar en contra todo este artículo.
Solo eso, Presidente.
Gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
No sé si alguien del Ejecutivo le puede contestar a la Senadora Ebensperger.
¿Subsecretario Weber? ¿Ministro?
Subsecretario, tiene la palabra.

El señor WEBER (Subsecretario de Hacienda).- Gracias, Presidente.
Por su intermedio, saludo a todos los parlamentarios.
La verdad es que lo que estamos haciendo en el proyecto con respecto a patentes mineras es no hacer diferencia entre el sector privado y aquellas empresas que generan fomento a la minería.
También quiero recordar que hoy día estamos tramitando un proyecto de ley en el Congreso, que hoy día está en la Comisión de Hacienda de la Cámara, mediante el cual se fortalece el gobierno corporativo de Enami para que sea aún más eficiente en la administración de esos recursos.
Asimismo, tenemos que considerar, Presidente, que Enami hoy día cuenta una relación negativa entre pasivos y activos.
Por lo tanto, el Estado tiene otros instrumentos para seguir fomentando la pequeña minería. Y nosotros creemos que las reglas del juego que estamos poniendo hoy día son cancha pareja e igual para todos los actores del mercado minero.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Me solicitan que pida el acuerdo para que ingrese la señora Javiera Suazo, asesora del Ministro y del Subsecretario, quien ha sido la encargada de llevar el proyecto.
¿Habría acuerdo?

El señor MONTES.- Sí, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
Así se acuerda.
Brevemente, el Senador Prohens, tiene...
Perdón. Ministro, ¿quiere hablar altiro usted?

El señor CERDA (Ministro de Hacienda).- Sí. Para complementar al Subsecretario.
Gracias.
Hay dos tipos de patentes: de exploración y de explotación. Aquí lo que estamos haciendo es modificar las de explotación. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos preocupa son las patentes de explotación y que no se estén utilizando. Por lo tanto, las patentes de explotación que se están utilizando no aumentan el valor de la misma; se mantiene. Es decir, si esa patente se le entregó una persona y ella está haciendo la explotación respectiva, mantiene el valor.
Sin embargo, en todos aquellos casos en que hubiese demasiados derechos de explotación y no se ocuparen, ahí va aumentando el valor de la patente. Y va aumentando paulatinamente. Eso quiero decir que en la medida que más años tenga usted la patente sin ocuparla, mayor será su valor.
Con eso lo que se quiere hacer es entregar un incentivo para que no se acaparen las patentes y que efectivamente se ocupen.
El pequeño minero no acapara las patentes, sino que las ocupa. Por lo tanto, no tendrá ese aumento de costo. Solamente se les va a aplicar a aquellos que tienen demasiadas patentes de explotación y no las estén ocupando.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Ministro.
Tiene la palabra el Senador Prohens.

El señor PROHENS.- Gracias, Presidente.
Quiero hacer una diferencia entre el minero chico, que todo lo ve como un pequeño empresario, que lo es. Porque finalmente lo que ellos hacen es llevar su trabajo por una veta, no por un yacimiento.
Por lo tanto, el tener una, dos, tres o más pertenencias obedece a que ellos no tienen cómo desarrollar esa veta y necesitan estarse cambiando cada cierto tiempo.
Con respecto a la Enami, que pertenece al Estado, quiero decir que no es una empresa que explote minerales, sino una empresa de fomento, que es una especie de banco de los mineros.
En consecuencia, las patentes mineras que tengan tienen como finalidad hacer trabajo de sondaje y cuantificar el mineral que tiene para después entregárselo a los pequeños mineros mediante una licitación.
Por lo tanto, aplicar esta normativa a la empresa del Estado, más allá de que no se quiera diferenciar con las empresas privadas, lo que va a hacer es subir el costo, lo cual se va a reflejar finalmente en las labores que hacen los pequeños mineros.
Por eso que hemos planteado analizar esta indicación desde ese punto de vista.
Lo ideal hubiera sido llegar a un acuerdo con el Gobierno en el sentido de tener superclaro que Enami no es Codelco, ni es una empresa privada de explotación, sino que más bien es una empresa de fomento.
Este incremento en las patentes, más menos, significa entre cinco y seis millones de dólares. Y Enami ocupa, para fomento, cinco millones al año.
Ese es el punto que quería marcar ahora.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Prohens.
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
Breve, para luego poder votar.

La señora PROVOSTE.- Presidente, a mí me parece importante el punto que ha hecho el Senador Prohens.
La explicación que ha dado el Ejecutivo debiera dejar absoluta claridad en torno a que este aumento busca hacerse cargo de una situación que nosotros en una zona minera sabemos que existe: la acumulación de patentes de grandes empresas. Esto, además, genera un claro deterioro a la actividad de los pequeños mineros y pirquineros, porque cuando ellos van a desarrollar alguna labor se encuentran con que esa área ya ha sido solicitada por una empresa de mediana y gran minería que, además, tiene todo un equipo de abogados, de geólogos, que les permiten realizar permanentemente estas solicitudes ante el Sernageomín.
Entonces, a mí me parece que la propuesta de base del Gobierno va en la dirección correcta.
Aquí bastaría con hacer explícito que se exceptúa de este aumento a las patentes que son parte de la propiedad de la Empresa Nacional de Minería.
Eso es mucho más sano porque, si no, bajo el alegato de proteger a los pequeños, la verdad es que se estará protegiendo a los grandes que acumulan permanentemente largas extensiones de terreno y que tienen suficientes recursos para pagar, una y otra vez, patentes de minería.
Por otra parte, me parece bien importante que este debate, que además debería ser la preocupación de la Empresa Nacional de Minería, se haga en un momento relevante para la vida de nuestras comunidades, particularmente para Paipote. Porque me gustaría ver la misma preocupación del Estado cuando la Fundición Paipote, por ejemplo, reconoce que ha rebasado casi en un 500 por ciento la norma de calidad del aire y los índices de dióxido de azufre son más altos que la crisis de Puchuncaví.
Por lo tanto, nuestra mirada no solo puede apuntar a temas económicos.
Queremos que a la Empresa Nacional de Minería le vaya bien, y que por esta vía no se graven las patentes que después van a tener un correlato en las entregas a los pequeños mineros cuando la Enami se digne -digámoslo así- a entregarles esas patentes a los pequeños mineros, pues lo que ha pasado en el último tiempo es que las licitaciones siempre son para las grandes y medianas empresas mineras del sector.
Quisiéramos ver la misma preocupación que existe en materia económica por las exigencias de la calidad del aire.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senadora.
Vamos a votar por separadas las letras del artículo, tal como se planteado.
Ese es el acuerdo y la petición que hizo el Senador Prohens.

La señora PROVOSTE.- ¿Y puede leer la indicación?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- No es indicación, Senadora. Es votación separada.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Corresponde a los números 15) y 16) del artículo 9 la solicitud de votación separada del Senador Prohens.

La señora RINCÓN (Presidenta).- En votación.
Aprobar significa respaldar el acuerdo de la Comisión; votar en contra es rechazarlo.
(Luego de algunos instantes).
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueban los numerales 15), letra a), y 16) del artículo 9 del proyecto (19 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones), con lo cual queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Coloma, De Urresti, Elizalde, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Navarro y Quinteros.
Votaron por la negativa los señores Castro, Durana, García-Huidobro, Pizarro y Prohens.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Alvarado y Sandoval.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Con esto se ha terminado la tramitación del proyecto.
Muchas gracias.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:55.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción suplente