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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 111ª, en martes 4 de enero de 2022
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:24 a 18:44)
PRESIDENCIA DE SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR,
Y LA SEÑORA PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Lagos Weber, Ricardo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Sandoval Plaza, David
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Concurrieron, además, presencialmente, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado Mocarquer; de Defensa Nacional subrogante, señor Alfonso Vargas Lyng; Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y telemáticamente, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt Hesse.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe y la señora Pilar Silva García de Cortázar, subrogante, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 17 señoras Senadoras y señores Senadores.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 104ª y 105ª, ordinarias, en 14 y 15 de diciembre de 2021, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Catorce Mensajes de S. E. el Presidente de la República.
Con el primero, inicia un proyecto de ley que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia por COVID-19, y establece subsidios a los clientes vulnerables para el pago de estas (Boletín N° 14.772-03)
--Pasa a la Comisión de Economía y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del asunto consignado precedentemente.
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el tercero, inicia un proyecto de ley que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación de material de uso dual y de defensa y otras materias que indica (Boletín N° 14.773-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional y a la de Hacienda, en su caso.
Con el cuarto, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del asunto anterior.
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el sexto, inicia un proyecto de ley que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes que indica, en las condiciones que establece, modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea un fondo solidario de sala cuna (Boletín N° 14.782-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda, en su caso.
Con el séptimo, hace presente la urgencia calificándola de "suma", para la tramitación del asunto anterior.
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el decimotercero, inicia un proyecto de ley que crea un Estatuto de Facilitadores y Asistentes, establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes, y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales que indica (Boletín N° 14.783-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con el decimocuarto, hace presente la urgencia, con el carácter de "simple" para la tramitación del proyecto consignado precedentemente.
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el undécimo, comunica que ha resuelto retirar de tramitación el proyecto de ley que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna (Boletín N° 12.026-13).
--Se tiene presente el retiro y se manda archivar los antecedentes.
Con el quinto, octavo y decimosegundo, hace presente la urgencia, calificándola de
"discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que modifica la ley N°20.128, sobre responsabilidad fiscal (Boletín Nº 14.615-05).
-El que reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica (Boletín N° 13.086-07).
-El que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25,
refundidos ).
-El que modifica artículo 476 del Código Penal, para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso (Boletín N° 13.889-07).
-El que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín Nº 12.288-14).
-El que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín N° 12.092-07).
-El que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad (Boletín Nº 13.046-07).
-El que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes (Boletín Nº 14.440-07).
-El que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución (Boletín Nº 14.008-07).
-El que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines Nº 13.115-06 y 13.565-07, refundidos).
-El que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica (Boletines Nº 14.107-07 y 14.123-07, refundidos).
-El que regula los biocombustibles sólidos (Boletín N° 13.664-08).
-El que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor (Boletín Nº 13.822-07).
-El que modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal (Boletín N° 7.567-07).
-El que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso (Boletín Nº 14.309-04).
-El que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad (Boletín N° 13.657-07).
-El que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato (Boletín N° 12.809-07).
-El que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros (Boletín Nº 14.570-05).
-El que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional (Boletín Nº 10.372-03).
-El que modifica la ley N° 21.239, para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el Covid-19 (Boletín Nº 14.747-06).
-El que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados (Boletín Nº 12.065-15).
-El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín Nº 11.174-07).
-El que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios (Boletín Nº 14.032-06)
.
Con el noveno, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (Boletín N° 12.192-25).
-El que Crea el Servicio de Empresas Públicas y perfecciona los gobiernos corporativos de las empresas del Estado y de aquellas en que este tenga participación (Boletín Nº 11.485-05).
-El que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia (Boletín Nº 12.436-04).
-Sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín Nº 11.540-14).
-El que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad (Boletín Nº 12.467-15).
-El que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos (Boletín Nº 11.958-07).
-El que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial (Boletín Nº 12.979-04).
-El que reconoce a organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte (Boletín Nº 13.870-29).
-El que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en cuanto a la remuneración de los integrantes del Panel de Expertos y del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (Boletín Nº 14.583-08).
-El que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del servicio nacional de menores y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes, (Boletín Nº 12.486-04).
-El que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley Nº 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje (B
oletín N° 14.068-01).
-El que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios (Boletín Nº 13.740-07).
-El que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería de Chile (Boletín Nº 13.124-07).
-Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín Nº 11.077-07).
-El que modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (Boletín N° 8.466-07).
-El que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica (Boletín Nº 12.212-13).
-El que perfecciona la ley N°19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica (Boletín Nº 12.546-08).
-Sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que indica (Boletín Nº 12.487-05).
-El que crea un beneficio transitorio para el pago del crédito con garantía estatal establecido en la ley N° 20.027 (Boletín Nº 13.758-05).
-El que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a ésta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín Nº 12.229-02).
-El que modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública (Boletín Nº 12.100-07).
-El que crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290, (Boletín Nº 9.252-15).
-El que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín Nº 12.589-07).
-El que establece la obligación de las personas sin fines de lucro de informar acerca de los aportes que reciban (Boletín Nº 12.679-07).
-El que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018 (Boletín N° 12.195-10).
-El que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (Boletín Nº 8.335-24).
-El que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación (Boletín Nº 13.982-25).
-El que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez (Boletín Nº 14.445-13).
-El que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos, y modifica los cuerpos legales que indica (Boletín Nº 14.446-09).
-El que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía, establecidos en el artículo 27 bis de la ley N°20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N°20.903 (Boletín N° 14.151-04).
-El que fortalece el deporte de alto rendimiento (Boletín N° 13.898-29).
-El que moderniza la ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado (Boletín N° 14.137-05).
-El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (Boletín N° 11.704-21).
-Reforma constitucional que incorpora, dentro de las inhabilidades para ser candidato a diputado o senador, la circunstancia de ser juez o secretario de los juzgados de policía local (Boletín N° 9.941-07).
-El que establece normas sobre acceso a territorios de alta montaña o de altas cumbres (Boletín Nº 12.460-20).
-El que modifica la ley N°19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para facilitar la obtención de patente de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica (Boletín Nº 14.534-06).
-El que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley N°20.720, y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas (Boletín Nº 13.802-03).
-El que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletín Nº 11.144-07).
-El que establece como requisito para ser candidato a Presidente de la República, Senador y Diputado, el no haber sido condenado por delitos de violencia intrafamiliar, ni estar considerado en el Registro de Deudores de Alimentos (Boletín Nº 14.629-07).
-El que crea el Ministerio de Seguridad Pública (Boletín Nº 14.614-07).
-El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de establecer como requisitos para ser candidato a cargos de alcalde, concejal, gobernador regional y consejero regional, el no haber sido condenado por delitos de violencia intrafamiliar, ni aparecer en el Registro de Deudores de Alimentos (Boletín Nº 14.612-06).
-El que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos, y facilita su reciclaje o reutilización (Boletín Nº 12.407-12).
-El que modifica el decreto ley N°3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro (Boletín Nº 14.486-05)
Con el décimo, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que amplía el ámbito de la ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (Boletín N° 12.734-04).
-El que establece el nuevo Código Procesal Civil (Boletín Nº 8.197-07).
- El que modifica la ley Nº19.712, del Deporte, para denominar el premio nacional del deporte como Premio Nacional del Deporte Marlene Ahrens Ostertag (Boletín Nº 13.596-29).
-El que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (Boletín Nº 11.934-15).
-El que modifica la ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, para incorporar el libro electrónico (Boletín Nº 12.959-04).
-El que aclara y refuerza la aplicación de sus respectivos estatutos en materia de procedimiento de tutela laboral a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín N° 13.988-13).
-El que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar su revictimización (Boletín Nº 13.688-25).
-Sobre extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda (Boletín Nº 12.392-25).
-El que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, con cargo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y al Fondo de Contingencia Estratégico (Boletín N° 13.563-02).
-El que modifica ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, estableciendo normas especiales para la representación en juicio de adultos mayores (Boletín Nº 7.507-18).
-El que modifica Art. 1182, del Código Civil, declarando incapaz para suceder al difunto, a quien ejerce violencia con el adulto mayor (Boletín Nº 8.528-32).
-El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (Boletín Nº 9.692-07).
-Sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile (Boletín Nº 9.119-18).
-El que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, para extender su aplicación a los loteos irregulares incorporados al catastro del Programa Nacional de Campamentos 2018, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y facilitar la elaboración de los estudios de riesgo exigidos por ella (Boletín Nº 12.756-14).
-El que fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica (Boletín Nº 13.815-05).
-El que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de federación deportiva nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente (Boletín Nº 13.869-29).
-El que autoriza erigir un monumento, en el Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert, de la comuna de Osorno, región de Los Lagos, en memoria de Carlos Hott Siebert (Boletín Nº 12.369-24).
-El que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (Boletines N°s 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que crea la Pensión Garantizada Universal (Boletín N° 14.588-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo, comunica que el día de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, inciso primero, de la Constitución Política de la República, ha dado su acuerdo a la solicitud efectuada por S.E. el Presidente de la República, en orden a prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, declarado por decreto supremo N° 270, de 12 de octubre de 2021 y prorrogado por el decreto supremo N° 276, de 26 de octubre de 2021, el decreto supremo N° 281, de 10 de noviembre de 2021, el decreto supremo N° 293, de 25 de noviembre de 2021, el decreto supremo N° 302, de 7 de diciembre de 2021, y el decreto supremo N° 313, de 22 de diciembre de 2021, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo de 15 días, a contar del vencimiento del período previsto en el artículo primero del señalado decreto supremo N° 313 (Boletín N° S 2.235-14).
--Queda para Tabla.
Con el tercero, da a conocer que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos, y facilita su reciclaje o reutilización (Boletines Nos 12.407-12 y 12.821-12, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
--
Queda para Tabla.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-artículos 5°, inciso segundo; 10, inciso segundo; y 11, letras a) y c), de la Ley N° 20.285 (Rol N° 12493-21 INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 12617-21 INA).
-artículos 5°, de la Ley N° 19.853 (Rol N° 12408-21 INA).
-artículos 506 y 208 del código del Trabajo (Rol N° 12419-21 INA).
-artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 294 bis, del Código del Trabajo (Rol N° 12162-21 INA).
-artículos 13 y 14 de la Ley N° 16.441 (Rol N° 12415-21 INC).
-artículo 17, inciso primero, de la Ley N° 18.556 (Rol N° 11359-21 INA).
-artículos 5°, inciso segundo; 10, inciso segundo; y 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285 (Rol N° 12458-21 INA; Rol N° 12378-21 INA).
-artículo 162, incisos quinto, sexto, y séptimo del Código del Trabajo (Rol N° 12372-21 INA).
-artículo 318 del Código Penal (Rol N° 12448-21 INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12463-21 INA; Rol N° 12552-21 INA; Rol N° 12577-21 INA; Rol N° 12584-21 INA; Rol N° 12556-21 INA; Rol N° 12526-21 INA; Rol N° 12553-21 INA; Rol N° 12524-21 INA; Rol N° 12185-21 INA; Rol N° 12624-21 INA; Rol N° 12278-21 INA; Rol N° 12579-21 INA; Rol N° 12620-21 INA; Rol N° 12637-21 INA; Rol N° 12642-21 INA; Rol N° 12551-21 INA; Rol N° 12622-21 INA; Rol N° 12623-21 INA; Rol N° 12544-21 INA; Rol N° 12650-21 INA; Rol N° 11928-21; Rol N° 12655-21 INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
-artículos 248, letra c); y 259, inciso final, del Código Procesal Penal (Rol N° 11325-21).
-artículos 5°, inciso primero, en la frase "los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial,"; 5°, inciso segundo; 10, inciso segundo; y, 11, letras b) y c); de la Ley N° 20.285 (Rol N° 10656-21; Rol N° 10657-21; Rol N° 11238-21; Rol N° 11239-21; Rol N° 11240-21; Rol N° 11241-21; Rol N° 10658-21).
-artículo 365 del Código Penal (Rol N° 10316-21).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 11873-21; Rol N° 11887-21-INA; Rol N° 11917-21-INA; Rol N° 11925-21-INA; Rol N° 11933-21-INA; Rol N° 11935-21-INA; Rol N° 11874-21; Rol N° 11941-21-INA ; Rol N° 11880-21; Rol N° 11765-21; Rol N° 11894-21-INA; Rol N° 11881-21; Rol N° 11903-21-INA; Rol N° 11884-21; Rol N° 11766-21; Rol N° 11801-21; Rol N° 11910-21-INA; Rol N° 11913-21-INA; Rol N° 11811-21; Rol N° 11864-21; Rol N° 11871-21; Rol N° 11953-21; Rol N° 11954-21; Rol N° 11942-21; Rol N° 11958-21-INA; Rol N° 11947-21; Rol N° 11962-21-INA; Rol N° 11984-21-INA; Rol N° 11986-21; N° 11987-21-INA; Rol N° 11961-21-INA; Rol N° 11817-21; Rol N° 11882-21; Rol N° 11912-21; Rol N° 11989-21; Rol N° 11943-21; Rol N° 11943-21; Rol N° 11996-21; Rol N° 12007-21; Rol N° 11997-21; Rol N° 12013-21; Rol N° 12000-21; Rol N° 12016-21; Rol N° 12018-21; Rol N° 12022-21; Rol N° 12033-21-INA; Rol N° 12025-21; Rol N° 12025-21; Rol N° 12028-21; Rol N° 12029-21; Rol N° 11950-21-INA; Rol N° 12021-21; Rol N° 12036-21-INA; Rol N° 12032-21; Rol N° 12048-21; Rol N° 11965-21-INA; Rol N° 12049-21; Rol N° 12085-21; Rol N° 11974-21-INA; Rol N° 11975-21-INA; Rol N° 11982-21-INA; Rol N° 11798-21-INA; Rol N° 11952-21; Rol N° 11805-21-INA; Rol N° 11922-21; Rol N° 11939-21).
--Se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales
Responde solicitud del Honorable Senador señor De Urresti, relativa a las solicitudes de regularización de terrenos de las personas que indica, en la región de Los Ríos.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales (S)
Informa petición del Honorable Senador señor Navarro, sobre la existencia de terrenos disponibles para ofrecer una solución habitacional a familias de la toma de Chaimávida, en la comuna de Concepción.
Del señor Subsecretario de Hacienda
Envía respuesta a inquietud del Honorable Senador señor Guillier, acerca del estado del presupuesto anual de la Dirección del Trabajo.
Responde planteamiento del Honorable Senador señor García, respecto de la incorporación de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur como beneficiaria del decreto N° 152, de 21 de febrero de 1980, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley orgánica de Polla Chilena de Beneficencia
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
Informa consulta del Honorable Senador señor De Urresti, en relación con los procesos de ingreso al Servicio de las obras inmobiliarias ejecutadas por las empresas que señala, en la comuna de Valdivia.
De la señora Jefa del Departamento de Atención al Usuario de la Superintendencia de Pensiones
Atiende inquietud del Honorable Senador señor García, acerca de la situación de la persona que individualiza.
De la señora Jefe de la División de Atención y Servicios al Usuario de la Superintendencia de Pensiones
Informa consulta del Honorable Senador señor De Urresti, respecto de la situación previsional de la persona que señala.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las leyes N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el propósito de exigir Resolución de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental (Boletín Nº 13.652-12).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Diego Gonzalo Simpértigue Limare (Boletín N° S 2.230-05) (con urgencia del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora María Cristina Gajardo Harboe.
De la Comisión Revisora de Cuentas, recaído en la rendición de cuentas de la Tesorería, correspondiente al año presupuestario 2020 e Informe de la H. Comisión de Régimen Interior del Senado, en relación al informe consignado precedentemente de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe Nº 9 del Comité de Auditoría Parlamentaria.
--Quedan para Tabla.
Permiso Constitucional
Del Honorable Senador señor Insulza, por el que solicita autorización para ausentarse del país, a contar de hoy, 4 de enero de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 60 de la Carta Fundamental.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accede a lo solicitado.
--Así se acuerda.

El señor BUSTOS (Prosecretario).- Eso sería todo, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Letelier, ¿respecto de la Cuenta?

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en primer término, aprovecho de saludar a todas y a todos, y de desearles un buen año en lo personal, en lo familiar y también en el trabajo que desempeñamos en el Senado de la República.
Señor Presidente, recién se dio cuenta de un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, que tiene varios nombres: "pensión universal garantizada", "pensión básica universal", "pensión garantizada universal". Lo cierto es que existe un problema basado en un principio constitucional, por lo que solicito a la Mesa y al Secretario que puedan clarificarlo.
Es la primera vez -según recuerdo, puedo estar equivocado- que un proyecto que implica un financiamiento de más de 3 mil millones de dólares llega a esta Corporación sin las respectivas fuentes para su financiamiento. La Ley Orgánica del Congreso señala que debe ser presentado conjuntamente, por cierto, a esta institución; y así no ha ocurrido.
Me gustaría, por ende, aclararlo, porque todos somos partidarios de la pensión universal garantizada. Es más, yo aplaudo que el Presidente Piñera haya cambiado de opinión y haya aceptado las propuestas de las bancadas de Centroizquierda, que propusimos hace más de cuatro años la creación de la pensión básica universal. Nos parece muy bien que haya accedido a esto.
No está en discusión la creación de este primer peldaño, este subsidio del Estado, para un sistema de pensiones con impuestos generales de la nación. Lo que está en discusión... (falla de audio)... se presenta un proyecto muy importante, en el que particularmente tengo reservas técnicas respecto de cómo se les devuelve el dinero a los pensionados que en estos últimos tres años han estado pagando su APS; es un tema técnico, pero se podrá resolver. Pero el que no se discuta la iniciativa junto con su financiamiento resulta incomprensible, porque podría ocurrir que uno aprobara un proyecto que otorga beneficios sin financiamiento.
Por tanto, Presidente, lo primero que me gustaría saber es acerca de la constitucionalidad del proceso y la interpretación del Secretario, más aún porque entiendo que producto de este debate el mismo Ministro de Hacienda señaló que estaba dispuesto a que se tramitaran conjuntamente, a fusionar los dos proyectos, lo que corresponde en un debate de esta naturaleza, pues compromete los recursos de todas y todos los chilenos durante mucho tiempo. Particularmente, veo en forma muy crítica que se otorgue un beneficio de esta magnitud con el que se obliga al gobierno electo y al Presidente electo a condicionar el Presupuesto de la nación, que ya fue aprobado, porque se les echa mano a esos recursos, no a recursos adicionales. Pero esa es una discusión posterior.
Mi pregunta tiene que ver con el tratamiento conjunto y simultáneo de los proyectos; y si no se deben fusionar para su tratamiento, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Gracias, Senador.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Respecto a la consulta que efectúa el Honorable Senador señor Letelier en orden a la tramitación de un proyecto de ley que no tendría los recursos para su financiamiento, y en consecuencia...
¿Se escucha?

La señora ALLENDE.- Sí, ahí se escucha.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
En relación con el planteamiento del Honorable Senador señor Letelier respecto a la tramitación de un proyecto de ley que establece una pensión de garantía universal, que no tendría financiamiento, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 14, señala que "Los fundamentos de los proyectos deberán acompañarse en el mismo documento en que se presenten, conjuntamente con los antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar la aplicación de sus normas, la fuente de los recursos que la iniciativa demande y la estimación de su posible monto". Es decir, son antecedentes anexos a la presentación del respectivo mensaje. Este es un proyecto que, de acuerdo a las normas constitucionales, debe tener origen en el Ejecutivo, y además inicia su tramitación en la Cámara de Diputados.
El artículo 15, en su inciso final, establece una sanción para aquellas iniciativas que no cumplan con estos requisitos: "En ningún caso se admitirá a tramitación un proyecto que proponga conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional, o que no cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 12, 13 y 14 de esta ley.".
El Senado lo que recibe hoy día es un oficio de la Cámara de Diputados, en el que se nos remite la aprobación de un proyecto de ley. Todos los antecedentes son remitidos posteriormente de manera física a esta Corporación. Entendemos que este examen de admisibilidad se hizo o debió haberse hecho en la respectiva Cámara de origen; en consecuencia, mientras no tengamos materialmente estos antecedentes, no podríamos pronunciarnos sobre su cumplimiento o incumplimiento. Ello sí puede hacerse una vez que sean analizados los antecedentes, en la respectiva Comisión en la que se dispuso su conocimiento.
Eso es, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Muchas gracias, señor Secretario.
No vamos a abrir un debate al respecto. El proyecto pasó a la Comisión de Trabajo y después estará en la de Hacienda, donde se verá como corresponde el tema del financiamiento.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Vamos a entrar en el Orden del Día. Tenemos una tabla larguísima, queridos colegas.
Respecto de la Cuenta, voy a ofrecer la palabra. Pero no para abrir un debate sobre el otro tema, porque no tiene mucho sentido.
Senador Montes y Senador Quinteros.

El señor COLOMA.- Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Usted quiere referirse a lo del Senador Letelier?


MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO GARRETÓN MERINO

El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero solicitar un minuto de silencio por el abogado Roberto Garretón, quien falleció en estos días. Él fue una persona de una amplia trayectoria profesional, que se la jugó en los tiempos más duros; y, por ello, lo mínimo es que esta Sala le rinda un homenaje en este momento.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Me parece muy atinada su propuesta, Senador Montes.
Vamos a solicitar, entonces, un minuto de silencio, en memoria de don Roberto Garretón.
--(Los asistentes se ponen de pie y la Sala guarda un minuto de silencio).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, colegas.

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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Quinteros, respecto de la Cuenta.

El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidente.
Dos cosas muy breves. Solicito la autorización de la Sala para tratar en general y en particular el proyecto de ley que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario, y prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos.
Asimismo, solicito ampliar el plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que establece normas contra la resistencia de los antimicrobianos, hasta el viernes 7, a las 12 horas.
Serían esas dos cosas.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿El viernes?

El señor QUINTEROS.- Hasta este viernes, a las 12 horas.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Viernes 7, a las 12 horas.
¿Habría acuerdo para ampliar el plazo de indicaciones del primer proyecto, y para la petición hecha respecto de la discusión en general y en particular del segundo?
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Presidente, la verdad es que yo iba a contestar al Senador Letelier, por su intermedio. Pero usted ha instado a no iniciar un debate, que puede ser la discusión misma, ya que no tiene sentido hacerlo ahora, lo que no quiere decir que esté de acuerdo con él. Sin embargo, entiendo que su criterio apunta a tratar de avanzar en este desarrollo.
Sí quiero aprovechar para pedirle, hasta mañana a las 20 horas, abrir plazo para la presentación de indicaciones al proyecto que crea nueva institucionalidad del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esto lo vimos hoy día en la Comisión de Hacienda, y el Gobierno quiere presentar un conjunto de indicaciones. Obviamente, si algún Senador lo desea, también puede proceder de la misma manera.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Hasta mañana, a las 20 horas?

El señor COLOMA.- Hasta las 20 horas. Es una sugerencia, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Le pregunto, pues el Senador Lagos había planteado la posibilidad de que sea más temprano.
Se suponía que estaban listas las indicaciones.

El señor LAGOS.- Solo para asegurar la expedición rápida de este asunto, sugiero poner plazo hasta mañana, a las 15 horas.
Eso sería más que adecuado.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Sí? ¿Está bien?
Entonces, se fijará plazo hasta mañana, a las 15 horas.
¿Les parece a Sus Señorías?

El señor LAGOS.- Sí; muy bien.
--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Vamos a pasar, entonces,...

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Sandoval había pedido la palabra.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Sandoval, ¿está solicitando la palabra respecto de la Cuenta?
(El Senador Sandoval niega con la mano).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Vamos a pasar, entonces, al primer punto de la tabla de Fácil Despacho.
Senadora Provoste, ¿respecto de la Cuenta?
¿No?
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El señor MONTES.- Presidente, yo pedí autorización para sesionar en la tarde.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí; la tengo aquí, Senador.
Se solicita autorización para que la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria pueda sesionar en paralelo con la Sala, a partir de las 19 horas.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Vamos ahora a la tabla de Fácil Despacho.
V. FÁCIL DESPACHO


INFORMES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL SENADO

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- El primer punto dice relación con el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, informe de la Comisión de Régimen Interior, en relación con los estados financieros del Senado auditados por Surlatina Consultores Limitada, e informe Nº 9 del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión el informe de la Comisión Revisora de Cuentas recaído en la rendición de cuentas del Departamento de Finanzas del Senado correspondiente al año presupuestario 2020, y también el Informe de la Comisión de Régimen Interior, en relación con el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, y el informe del Comité de Auditorías Parlamentarias, vinculados con la auditoría externa realizada por la empresa Surlatina.
El informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Honorable Senado propone a la Comisión de Régimen la aprobación de los estados financieros de la Corporación.
La Honorable Comisión de Régimen, conociendo de este informe en dos sesiones, lo debatió y conoció los antecedentes detalladamente, tal como lo hizo la Comisión Revisora de Cuentas, acordando unánimemente aprobar la propuesta del informe de la referida Comisión y proponer a la Sala la aprobación de los respectivos estados financieros de la Corporación y la rendición de cuentas del Departamento de Finanzas del Senado, como también la publicación del extracto de la síntesis de cuentas de la Corporación, que se contiene en los informes pertinentes.
Es todo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Senador Galilea, ¿usted podría rendir el informe?
El Presidente de la Comisión, Senador José Miguel Insulza, no está presente; de manera que le vamos a solicitar a Su Señoría dar cuenta de él.
Puede intervenir, Senador.

El señor GALILEA.- Gracias, Presidente.
La Comisión Revisora de Cuentas informó acerca de la rendición de cuentas -valga la redundancia- efectuada por la Tesorería del Senado en relación con el año presupuestario 2020.
A una o más de las sesiones de la Comisión asistieron, además de sus integrantes, las siguientes personas: el Secretario General del Senado, señor Raúl Guzmán; el Prosecretario y Tesorero de la Corporación, señor Roberto Bustos, y el Jefe de Finanzas, señor Andrés Salas.
Durante sus sesiones la Comisión tomó conocimiento y analizó los siguientes documentos, todos los cuales se acompañan en el texto del informe, que todos los Senadores pueden revisar.
En primer lugar, el estado financiero del Senado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, emitido por los auditores independientes Surlatina Auditores Limitada. Este incluye los informes de los auditores independientes, balance general, estados de resultados, estados de situación presupuestaria, estados de flujos efectivos y su variación de fondos no presupuestarios, estados de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros.
El siguiente documento es la revisión de auditoría de gastos institucionales del Senado al 31 de diciembre del 2020, informe Nº 9, de 19 de octubre de 2021, emitido por el Comité de Auditoría Parlamentaria del Congreso Nacional, correspondiente al período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.
También se encuentra el de ejecución presupuesto comparativo 2020-2019, informe preparado por el Departamento de Finanzas del Senado.
En opinión de la Comisión Revisora de Cuentas, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Senado de la República de Chile al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones, situación presupuestaria y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas del sistema de contabilidad general de la nación y sus oficios complementarios, emitidos por la Contraloría General de la República.
La Comisión concluye que, conforme a lo establecido en el artículo 66 A de la ley Nº 18.918, el mandato legal de este Comité es revisar las auditorías que, entre otros organismos, el Senado efectúe de sus gastos institucionales, lo cual implica la revisión del trabajo realizado a tales efectos por las empresas auditoras externas que este contrate para tal fin.
Ahora bien, en atención a que, como se dijera, la empresa Surlatina Auditores Limitada no proporcionó los antecedentes que le fueron solicitados reiteradamente por el Comité, los cuales resultan necesarios para que este lleve a cabo su cometido, el Comité de Auditoría Parlamentaria en esta oportunidad debe abstenerse de emitir una opinión, toda vez que no fue posible determinar si los procedimientos de auditoría aplicados por la empresa se ajustan a las normas de auditoría generalmente aceptadas vigentes a la fecha de revisión, y si satisfacen lo comprometido en su propio plan de trabajo, al no contar con la información de respaldo suficiente para emitir fundadamente una opinión al respecto.
En conclusión, la Comisión Revisora de Cuentas emitió este informe, que todos los Senadores tienen a la vista, Presidente.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Galilea.
Si hubiera acuerdo de la Sala, podríamos aprobarlos por unanimidad.
--Por unanimidad, se aprueban los informes.



El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Pasamos al siguiente asunto en tabla.



REMOCIÓN DE SEDIMENTOS POR TITULARES DE CONCESIONES DE ACUICULTURA PARA EL CULTIVO DE ESPECIES EXÓTICAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta, constituida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.050-21) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Este proyecto de ley inició su tramitación en la Cámara de Diputados, la que aprobó un texto compuesto de un artículo único que, mediante tres numerales, introduce modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, junto con dos disposiciones transitorias.
Posteriormente, en el segundo trámite constitucional, el Senado realizó enmiendas en el inciso segundo del artículo 74 bis y en los incisos primero y segundo del artículo 74 ter propuestos en el número 1; y en el inciso cuarto del artículo 118 ter, contenido en la letra b) del número 2, ambos numerales del artículo único de la iniciativa, así como también modificó el artículo primero transitorio del proyecto.
Tales enmiendas fueron aprobadas por la Cámara de origen, con la salvedad de las recaídas en el señalado inciso segundo del artículo 74 bis y en el inciso segundo del artículo 74 ter, así como la formulada en el inciso cuarto del artículo 118 ter, las que fueron rechazadas, dando lugar a la formación de la Comisión Mixta.
Dicha instancia, por la mayoría de sus miembros presentes, como forma y modo de resolver las divergencias suscitadas, propone lo siguiente:
En el número 1 del artículo único, aprobar el inciso segundo del artículo 74 bis con el texto que se consigna en su informe, referido al plazo para realizar los trabajos de limpieza de los desechos inorgánicos en el fondo de una concesión, que está en las páginas 2 y 3 del comparado.
Aprobar como incisos segundo y tercero los que formula para el artículo 74 ter, con la redacción que indica en su informe, relativo a los planes de recuperación y de investigación del área de sedimentación, que figuran en las páginas 3, 4 y 5 del comparado.
En la letra b) del número 2 del artículo único, aprobar el inciso cuarto que sugiere respecto del artículo 118 ter en los términos señalados en su informe, referido a la sanción para el titular del centro de cultivo en que se hubiere cometido la infracción a las obligaciones consideradas en el proyecto de ley, que se encuentra en las páginas 5, 10 y 11 del comparado.
En el artículo segundo transitorio, reemplazar las expresiones "dos años" por "seis meses", referente al plazo para el retiro de los desechos inorgánicos existentes a la fecha de la publicación de la ley en el fondo del área de la concesión, lo cual figura en las páginas 24 y 25 del comparado.
Cabe señalar que, en sesión de 22 de diciembre del 2021, la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta.
Corresponde, en consecuencia, que el Senado se pronuncie respecto de la proposición efectuada por la mencionada Comisión.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional; las modificaciones introducidas por el Senado en el segundo trámite constitucional y rechazadas parcialmente por la Cámara de origen en el tercer trámite; las proposiciones de la Comisión Mixta, y el texto final de la iniciativa, de aprobarse la propuesta de dicha Comisión.
Es todo, señor Presidente.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Senador Rabindranath Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidente.
Tal como acá se ha dicho, este proyecto de ley tiene por finalidad evitar o reducir, según corresponda, el depósito de desechos orgánicos en el fondo de las concesiones.
La Comisión Mixta constituida para proponer la forma y modo de resolver la divergencia surgida entre la Cámara de Diputados y el Senado, sesionó y despachó el proyecto el 15 de diciembre pasado, remitiéndolo a la Cámara de Diputados, por ser la Cámara de origen, la cual, a su vez, en sesión de fecha 22 de diciembre recién pasado, aprobó los acuerdos generados en aquella instancia.
La Comisión Mixta alcanzó, en síntesis, los siguientes acuerdos:
Primero, que una vez constatada la existencia de desechos inorgánicos en el fondo de la concesión, deberán realizar en el plazo de seis meses los trabajos de limpieza, sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes.
Segundo, con relación al artículo 74 ter, propone que el plan de recuperación tendrá por objeto establecer el uso de mecanismos físicos, químicos o biológicos tendientes a mejorar las condiciones del área de sedimentación, permitiendo que se acelere la incorporación de la materia orgánica al ambiente, tal como lo había aprobado la Cámara de origen.
Asimismo, se incorporó que en el plan de investigación se podrá autorizar el empleo de las tecnologías que utilizarán los titulares de las concesiones de acuicultura para recuperar los fondos marinos y también aquellos fondos que se encuentren en los parámetros que defina la autoridad, de conformidad con el reglamento.
Tercero, en el inciso cuarto del artículo 118 ter propuesto se acordó que, si el infractor no hubiese retirado en el plazo de seis meses los desechos inorgánicos, conforme a lo señalado en el artículo 74 bis, la sanción se duplicará.
Y, por último, en una disposición transitoria se estableció también un plazo de seis meses, contado desde la publicación de la presente ley, para que el titular de la concesión de acuicultura, o por quien tenga un derecho para ejercer la actividad en ella, retire los desechos inorgánicos existentes a la fecha de publicación de esta ley en el fondo del área de la concesión, lo cual deberá efectuarse en el plazo máximo ya indicado.
Cabe hacer presente que todos los acuerdos señalados fueron aprobados por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, esto es, votaron a favor los Honorables Senadores señores Sandoval, Pugh y Quinteros y los Honorables Diputados señores Ascencio y Moraga; se abstuvo el Honorable Diputado señor Brito.
Eso es todo, Presidente.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Quinteros.
¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar el informe de la Comisión Mixta?
¿Sí?

--Por unanimidad, se aprueba el informe de la Comisión Mixta
.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Queda despachado entonces...

El señor COLOMA.- ¡Está un balazo, Presidente...!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Cómo?

El señor COLOMA.- ¡Está un balazo...!
¡Aprueba todo!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Se aprueba, entonces, el informe de la Comisión Mixta, y queda despachado a la Cámara de origen.
Muchas gracias, Senador Quinteros, por su esfuerzo.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Con respecto al punto 3 de la tabla de Fácil Despacho, relativo a otro informe de Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación de un proyecto que también modifica la Ley General de Pesca, no nos ha llegado el texto pertinente. Así que queda en consideración para ser colocado en tabla el día de mañana, en caso de que nos envíen el informe respectivo.
Ese había sido el acuerdo de Comités.
No ha llegado el informe.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Cámara no lo ha visto.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Por eso, como la Cámara no lo ha visto, no nos ha llegado...
Ah, tiene razón: se podría entender que el informe de la Comisión no nos ha llegado, y lo que ocurre es que la Cámara de Diputados todavía no lo ha votado.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Punto de reglamento, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí.

El señor ELIZALDE.- Quiero pedirle a la Sala, en nombre de la Comisión de Economía, la autorización respectiva para fusionar el proyecto cuyo boletín es el N° 14.764-03 y el proyecto iniciado en mensaje presidencial contenido en el boletín N° 14.772-03, del cual se dio cuenta en la sesión de hoy día, que regula el prorrateo y el pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos y establece subsidios.
Esta materia se estuvo trabajando con el Ejecutivo, el cual el jueves pasado presentó la iniciativa respectiva.
Entonces -reitero-, solicito la autorización correspondiente para que dicha iniciativa se fusione con el otro proyecto sobre la materia.
Y lo segundo que deseo pedir al respecto es que esto se discuta en general y particular a la vez.
Para que los demás Senadores y Senadoras tomen conocimiento del tema, se trata del proyecto que comprometió el Gobierno a fin de solucionar la situación de quienes han acumulado una deuda significativa en servicios sanitarios con motivo de la ley que prohibía el corte de suministro. Se avanzó en una propuesta bastante amplia. Me refiero a la iniciativa del Ejecutivo, y queremos ver la posibilidad de debatirla en general y particular. Este asunto lo tienen que ver las Comisiones de Economía y de Hacienda.
En caso contrario, el proyecto no se va a alcanzar a despachar dentro del plazo que tienen los deudores para poder repactar, y empezarían los cortes de suministro.
Insisto: es un proyecto que se ha estado trabajando, a petición de la Senadora Provoste, el Senador Pizarro y la Senadora Allende, con el Ejecutivo, y es la propuesta de este la que vamos a considerar mañana en la sesión de la Comisión.
En síntesis, pido la fusión de esos dos proyectos y que se considere la factibilidad del despacho de esta materia en general y particular a la vez en la Comisión de Economía y también en la de Hacienda.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Les pediría a los Senadores que adoptáramos ese procedimiento.
Ese es el acuerdo que existe para poder encarar la deuda que se ha generado por el no corte de los servicios básicos.
El Gobierno envió ya la propuesta, pues logró una prórroga hasta el 31 de enero, que es de buena fe, de buena voluntad; entonces, me parece razonable que este asunto lo discutamos en general y particular en la Comisión. Lo mismo va a suceder en la de Hacienda, y así podremos despacharlo, para que después pase a la Cámara de Diputados.
¿Habría acuerdo para ello?
¿Sí?
Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Yo entiendo el criterio suyo, Presidente; sin embargo, tengo una duda.
No sé si entendí bien o mal, pero aquí hay dos proyectos distintos: uno del Gobierno, que parece ser admisible, y otro que creo que es inadmisible.
Entonces, el tratarlos juntos no sé si es la solución. Eso es lo que entendí, a menos que se trate de algo distinto.
Me parece más razonable que se discuta en general y particular el del Gobierno y se le pueda presentar una indicación, si es eso lo que planteó el Senador Elizalde. No me gustaría que se diera la impresión de que fuera admisible algo que no lo es.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Coloma, efectivamente la Comisión de Economía...

El señor ELIZALDE.- Pido la palabra.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bueno, explique usted, Presidente.

El señor ELIZALDE.- El primer proyecto no es inadmisible, porque reconoce una facultad del Presidente. Lo que pasa es que cuando se le puso el nombre en la Secretaría se dijo: "Se faculta". Pero se reconoce la facultad del Presidente de presentar un proyecto de ley para regular la materia.
Eso es lo que establece el primer proyecto.
La segunda iniciativa es la propuesta del Ejecutivo.
En términos de tramitación, una vez fusionados, podemos despachar ambos proyectos mañana en la Comisión, esa es la intención, y obviamente la base sobre la cual se va a aprobar la iniciativa es la propuesta del Ejecutivo.

El señor COLOMA.- ¡Pero es que no sé, Presidente!

El señor ELIZALDE.- Hay unanimidad en los integrantes de la Comisión de Economía, de todos los sectores. El proyecto se ha estado trabajando con el Gobierno, y existe amplio grado de consenso. Incluso quiero valorar la disposición del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Energía para arribar a esta solución.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí.
Bien.
(Rumores)
No nos enredemos.
Consulten con los colegas que están en la Comisión de Economía y despejamos este asunto inmediatamente. Tranquilos.
Vamos a proceder, entonces, con el Orden del día, mientras los Senadores conversan.
VI.
ORDEN DEL DÍA



PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA DELITO DE USURPACIÓN, AMPLIACIÓN DE PERÍODO DE FLAGRANCIA Y FACILITACIÓN DE DETENCIÓN DE OCUPANTES


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- En primer lugar, está el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes, en la forma que se indica, con informe de la Comisión de Seguridad Pública.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 14.015-25 y 13.657-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Les recuerdo que este proyecto ya fue debatido y vamos a una segunda discusión.

Senador Galilea, ¿respecto del otro tema?
Sí.
Tiene la palabra.

El señor GALILEA.- Presidente, quería ver la posibilidad de realizar una reunión de Comités para plantear la postergación de la vista de este proyecto el día de hoy.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Perdón?

El señor GALILEA.- Estoy pidiendo una reunión de Comités para modificar la tabla y no ver este proyecto hoy, si fuese posible.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¡Ah! Es que tenemos segunda discusión.
Estamos conminados a tratarlo.

El señor GALILEA.- Por eso lo señalo: si hubiera acuerdo de los Comités, podemos ponerlo...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tendría que ser por acuerdo unánime de la Sala, si es que hay alguna razón que hayan conversado los colegas.

El señor GALILEA.- Ya.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¡Veo que hay mucho entusiasmo por no ver este proyecto hoy día y levantar la segunda discusión...!
Es entendible, por lo demás.
Así que, si hay acuerdo en la Sala, lo dejamos sin discusión, a la espera de que los Comités decidan después cuándo ponerlo en tabla de nuevo.
¿Eso es?
Okay. ¡Mejor!
Entonces, señor Secretario, por acuerdo unánime de la Sala, suspendemos la tramitación de este proyecto hasta que los Comités decidan en qué momento vuelven a ponerlo en tabla.
Y pasamos, rápidamente, al segundo punto del Orden del Día
.



PRÓRROGA DE VIGENCIA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE EMERGENCIA POR GRAVE ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN PROVINCIAS DE BIOBÍO Y ARAUCO (REGIÓN DEL BIOBÍO) Y DE CAUTÍN Y MALLECO (REGIÓN DE LA ARAUCANÍA)


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- En el segundo lugar del Orden del Día figura el oficio del Presidente de la República mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Carta Fundamental, solicita el acuerdo del Congreso Nacional a efectos de prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.
--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.235-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El señor Presidente pone en discusión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual, de conformidad con el artículo 42 de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Congreso Nacional a efectos de prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, declarado por decreto supremo N° 270, de 12 de octubre, y prorrogado por los decretos supremos N° 276, de 26 de octubre; N° 281, de 10 de noviembre; N° 293, de 25 de noviembre; N° 302, de 7 de diciembre, y N° 313, de 22 de diciembre, todos del año 2021 y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, asunto que corresponde al boletín N° S 2.235-14.
Sobre el particular, el Ejecutivo señala que, en virtud de la norma constitucional antes señalada, mediante el citado decreto supremo N° 270, fue declarado el estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público en las zonas antes indicadas, por el lapso de quince días, en atención al aumento y la concentración de los actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.
Con posterioridad, dicho estado de excepción constitucional fue prorrogado por igual período mediante los decretos supremos N° 276, de 26 de octubre; N° 281, de 10 de noviembre; N° 293, de 25 de noviembre; N° 302, de 7 de diciembre, y N° 313, de 22 de diciembre, todos del año 2021 y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El oficio en trámite solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar el referido estado de excepción constitucional por un plazo adicional de quince días, a contar del vencimiento del período previsto en el artículo 1 del mencionado decreto supremo N° 313.
Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Carta Fundamental, el estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República puede prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre el acuerdo del Congreso Nacional. Agrega la norma que el referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.
Por su parte, el mencionado inciso segundo del artículo 40 del texto constitucional dispone que el Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha en que el Presidente de la República someta a su consideración la declaración del respectivo estado de excepción, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirle modificaciones. Añade que, si el Congreso no se pronuncia dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del Presidente.
La Honorable Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, ha dado su acuerdo a la solicitud en referencia.
Finalmente, es dable indicar que el Primer Mandatario, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 42 de la Carta Fundamental, informa acerca de las medidas adoptadas tras la dictación del ya mencionado decreto supremo N° 313.
Es todo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Coloma, respecto al punto anterior.

El señor COLOMA.- Presidente, yo no tengo objeción a que se apruebe lo que plantea el Senador Elizalde. Sí dejo constancia de que, a mi juicio, esta es una forma inadecuada de legislar, a partir de proyectos que, en el fondo, como en el caso de la moción, dicen que el Gobierno tiene una facultad, algo a lo más inocuo -una palabra suave, digamos; puede ser una cosa distinta- y después, cuando llega el proyecto, señalan que obedece a una iniciativa conjunta. ¡Y eso que me estoy preparando para ser Oposición, Presidente! Me puede tentar esta argumentación, pero quiero dejar claro que me parece inadecuada.
No tengo objeción de fondo, pero por lo menos quiero que quede constancia de mi visión respecto de esta nueva forma de legislar, completamente inédita, pero que puede ser interesante.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muy bien, muchas gracias, Senador Coloma.
¡Siempre se puede innovar!
Vamos a proceder, entonces, de esa manera, fusionando las iniciativas para que sean discutidas en general y en particular en la Comisión de Economía, primero, y en la de Hacienda, luego.
--Se acuerda.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Pugh, ¿está pidiendo la palabra por reglamento?

El señor PUGH.- Presidente, solicito la autorización de la Sala para que ingrese el Subsecretario Máximo Pavez.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¡Ya está dentro...!
(Risas en la Sala).
¡Se adelantó un poco a los hechos....!
¿Habría inconveniente?
Me indican que no hay acuerdo.
¿Ve? ¡Eso le pasa por adelantarse...! ¡Si no lo hubieran visto, le habrían dicho que sí...!
No hay acuerdo en la Sala.
Le vamos a dar la palabra a don Alfonso Vargas, Ministro de Defensa subrogante.

El señor VARGAS (Ministro de Defensa Nacional subrogante).- Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Senadoras y señores Senadores, la seguridad pública se ha convertido en un tema de preocupación prioritaria en la sociedad chilena en el último tiempo. Existe consenso en que se trata de una condición esencial para el desarrollo de las personas y las instituciones. En democracia, lo fundamental es que esté sujeta a los principios de un Estado de derecho y a la convivencia pacífica.
Por eso, nos presentamos nuevamente hoy ante el Congreso Nacional con un propósito concreto: defender y proteger a los habitantes de las Regiones de La Araucanía y del Biobío extendiendo el estado de excepción constitucional de emergencia que comenzó en octubre pasado.
En las últimas semanas el país ha visto cómo los grupos violentistas siguen intentando poner de rodillas al Estado, a los chilenos que habitan en esas regiones, a través de ataques despiadados, quemas de casas, de vehículos, de cobardes agresiones a aviones y brigadistas que combaten incendios en La Araucanía. Estos actos violentos buscan provocar inseguridad y temor en las personas, y pueden mermar los fundamentos democráticos de nuestra sociedad.
¿Qué nos dicen estas acciones terroristas? Que esos grupos no están dispuestos al diálogo, que no están dispuestos a deponer las armas, que no están dispuestos a hacer política desde las ideas; lo que buscan es desestabilizar una forma de gobierno y alterar las políticas públicas del Estado. Su principal enemigo es el propio Estado, y para atacarlo, utilizan la violencia como vía para alterar la vida de las personas, su integridad física, su salud, su tranquilidad y su libertad.
Pero hoy, señoras Senadoras y señores Senadores -por su intermedio, Presidente-, creo que resulta fundamental y prioritario que escuchemos lo que nos piden los propios habitantes que están bajo esta situación excepcional. El Gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, dijo que "lo que se ha logrado en seguridad en la región con este estado de emergencia no lo podemos retroceder". Destaco sus palabras porque, además, coinciden con el 81 por ciento de los habitantes de la región, que pidió expresamente que continuara el estado de excepción.
Les comparto algunos datos que dan cuenta de ello.
Se han realizado 3.200 operativos militares mixtos y patrullajes en colaboración a las policías, y 52.728 controles a personas y vehículos.
Desde que comenzó el estado de excepción, han sido detenidas 115 personas en la macrozona sur, muchos de ellas con prontuario y orden de detención pendiente.
Antes del estado de excepción teníamos un promedio de 5,2 hechos de violencia al día, cifra que ha caído en más de 40 por ciento; las usurpaciones de terreno se redujeron en casi 76 por ciento; durante el año 2021, el trabajo desarrollado por las policías permitió detener a 607 personas por diversos delitos, lo que equivale al 61 por ciento de todos los detenidos en los últimos cuatro años; además, se han incautado 907 armas y una tonelada y media de drogas.
Estos números pueden parecer solo cifras para los chilenos y chilenas que no viven en esas regiones, que no saben lo que es vivir a diario bajo la amenaza y el terror; pero, como bien dice el Gobernador Rivas, con este estado de emergencia los ciudadanos están durmiendo mucho mejor.
Señoras Senadoras y señores Senadores -por su intermedio, señor Presidente-, debemos escuchar a los habitantes de La Araucanía y del Biobío. Como funcionarios públicos, tenemos la obligación legal y moral de combatir, con toda la fuerza del Estado de derecho, el terrorismo, la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado.
Es fundamental escuchar el clamor de las regiones, tomarlas en cuenta, ponernos en los zapatos de quienes sufren, que sienten la inseguridad y el miedo, y lo más importante, no negarles la protección y el auxilio que nos imploran.
Pregunto: ¿a quiénes acuden las víctimas de la violencia en busca de protección? ¿A qué teléfono llaman? ¿A quiénes piden socorro o auxilio? Acuden al Estado, a las policías, y en este caso, también a las Fuerzas Armadas.
No podemos abandonar a esos niños, mujeres y hombres, y dejarlos a merced de grupos que buscan matar, o dañar, o quemar, o destruir. No es justo, no es digno, no es ético que el Estado los abandone y que no use todos los mecanismos legales que tiene para darles protección y enfrentar a quienes siembran el terror.
La bandera de la seguridad ciudadana constituye una demanda que recogieron las distintas fuerzas políticas del país en la pasada competencia electoral, pues estamos conscientes de que se trata de un tema fundamental y de la mayor preocupación para los chilenos y las chilenas.
Durante la campaña, el propio Presidente electo, don Gabriel Boric, resaltó otra necesidad, como es considerar la opinión de los gobernadores regionales en las decisiones y otorgarles mayores facultades para, de esta manera, dar más poder a las regiones y avanzar en una real descentralización. Quiero destacar una frase suya. Dijo: "Creo que si hay una virtud en la descentralización es que se trata de una causa que convoca transversalmente".
Mi invitación, entonces, es la misma del Presidente electo: a escuchar a las regiones, a comprender lo que nos piden, a solidarizar con su dolor y no renunciar a darles la mayor protección que podemos entregarles como Estado.
Quiero destacar especialmente el trabajo que han realizado, durante casi noventa días, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, los hombres y mujeres que integran el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Como Ministerio de Defensa, quiero destacar el despliegue de más de 1.600 efectivos militares, quienes están cumpliendo funciones de orden y seguridad en puestos de mando y cuarteles. Aprovecho de hacer mención especial del personal de las Brife y a los medios desplegados para el combate de incendios forestales, también hoy presentes en ambas regiones.
La Fuerzas Armadas han dado claro testimonio, con su abnegación y servicio diario, del compromiso con su patria y sus compatriotas. Son soldados que han estado cumpliendo su deber de manera ejemplar, día y noche, alejados de sus familias, de sus cónyuges, de sus hijos, de sus seres queridos; que pasaron Navidad y Año Nuevo trabajando, y que han dado muestras de un irrestricto apego a la ley y de respeto a los derechos humanos.
Es importante recordar que todas las acciones de las Fuerzas Armadas se encuentran al alero del estado de excepción y, por tanto, son escrutadas y fiscalizadas por el Ejecutivo, el Congreso, la Contraloría, la Fiscalía y la ciudadanía en su conjunto; operan bajo el estricto marco legal establecido.
En mis palabras finales me gustaría reiterar el mensaje de que, por favor, hagamos todo lo posible, como Estado de Chile, para brindar la mayor protección y seguridad a quienes viven enfrentados a la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Los habitantes de las Regiones de La Araucanía y del Biobío son chilenos y chilenas que merecen vivir en paz, con tranquilidad, y que no deben ser abandonados por el Estado, que no merecen vivir el miedo y el desamparo ni ver destruidas sus vidas o sus bienes. Son compatriotas que merecen, al igual que cada uno de nosotros, desarrollar su vida y la de sus hijos e hijas con la garantía de que existe un Estado protector que pone todos los recursos para otorgar la seguridad que tanto necesitan y que les permite desarrollar su vida en plenitud, con tranquilidad, y soñar con un futuro mejor.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Me han hecho la solicitud de abrir la votación y que los colegas vayan argumentando.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Se abre la votación, entonces.
(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tengo inscritos a tres Senadores.
Voy a dejar con la palabra, en primer lugar, a la Senadora Yasna Provoste.
¿Todavía no?
Perfecto.
También están inscritos el Senador Sandoval y el Senador Chahuán.
¿Alguien más desea fundamentar el voto?
Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.- Gracias, Presidente.
Yo veo que esta discusión la estamos haciendo cada quince días, y resulta bastante insatisfactorio no avanzar, porque lo que uno nota es que cada vez el Gobierno llega con los mismos argumentos, sin que esté claro lo que está ocurriendo en la zona.
¿Qué están haciendo las Fuerzas Armadas en la zona? Claro, tratan de recuperar el control del territorio y de pacificar situaciones de violencia que existían.
¿Qué ha pasado con esto? Ya lo decía muy bien el Ministro Vargas: se reducen las ocupaciones, disminuyen las armas, se controla y se capta la droga, en fin.
Yo tuve la oportunidad de ver el plan de ubicación de las Fuerzas Armadas en el sector que el Ministro del Interior nos presentó, y uno ve cómo los caminos y los cruces de caminos están copados, en todo el territorio, con un despliegue territorial y una ocupación militar muy muy fuertes.
Vimos también cómo el mar tenía barcos de control, cómo había drones que permitían, a distintas horas y en distintos momentos, controlar, y supimos, igualmente, que había un recorrido nocturno de aviones para filmar los diferentes movimientos que pudieren darse.
Y hay algo que me parece claro. ¡Cómo no se iba a lograr disminuir los factores de ocupación, de droga, de armas, que aquí se han mencionado! Y está bien. ¡No podría ser de otra manera! Pero lo que surge, como preguntas, es cuál es el objetivo; qué se están planteando; cómo quieren revertir la situación, porque no es solo estar ahí y, mientras están ahí, tener disminuidas determinado tipo de acciones.
¿Cómo pretenden revertir la situación? No queda claro.
Uno ha leído otras experiencias, de otros lados, y ve que se actúa, simultáneamente, en distintos niveles: se actúa para controlar el delito, pero, por otro lado, se actúa sobre las causas de los fenómenos, sobre los procesos que están detrás.
Cada quince días nos vienen a decir "vuelvan a autorizar para que las Fuerzas Armadas estén allá", pero no se ve una evolución, una evaluación y un replanteo de la estrategia.
Uno tiene dudas. Yo no soy de la zona, pero hoy en la mañana, o ayer en la tarde parece, oí al Diputado Mellado, de la UDI creo, haciendo el alegato de que no se está cumpliendo ningún objetivo, que la presencia no surte efecto, que la población no la siente. Y yo, más que celebrar eso, lo lamento, por el despliegue, por el costo que tiene todo esto. Además, está el costo que nos informan los pobladores de sectores no mapuches, que nos dicen que los carabineros se han retirado porque están acompañando a las Fuerzas Armadas, quedando desprovistos de todo apoyo.
Me parece normal que bajen los indicadores mencionados, pero al Ministro de Defensa le diría que sería muy ingenuo pensar que quienes están a la cabeza de estos grupos de choque, de estos grupos que están diseñando una guerra, no saben cómo son las cosas, que no tienen capacidad para replegarse, para avanzar y replegarse. Sería un error pensar que son personas que no saben cómo enfrentar esto. ¡Hay gente muy preparada ahí, que ha tenido cursos de distinta naturaleza, en distintas partes, y no solo militares, sino también sociológicos y de todo!
Lo que yo veo es que falta una estrategia que permita recomponer la situación, en los plazos más breves posibles, moviendo toda esta fuerza militar. ¡Cómo no se logra realizar acciones simultáneas que contengan esto!
Algo conocí la experiencia mexicana y la manera en que ellos enfrentaron esta situación. No digo que la repitamos. Es otra realidad. Sin embargo, considero muy importante que en las próximas presentaciones nos digan cuáles son los objetivos que se propone esta fuerza que está ahí y qué se va logrando o se pretende lograr. No basta decir que disminuye cierto tipo de delitos, sino cómo se van a revertir o se están revirtiendo las causas del fenómeno mismo. Pienso que, si se retiran las Fuerzas Armadas, a lo mejor va a haber muchos problemas, porque no se ha avanzado en atacar las causas mismas. Hay ahí una fuerza de control muy fuerte, pero no una estrategia para recomponer una situación.
Por eso, yo preferiría que el Gobierno asumiera de una vez por todas esta realidad y le contestara al Diputado Mellado y a otros de la zona que han dicho "mire, mucha gente está descontenta porque el efecto real no se ve, más allá de una contención transitoria". Y esto puede significar que ciertos grupos se vayan desarrollando militarmente para responder, tal como ha ocurrido en otras partes del mundo.
Yo solamente les diría a los Ministros, señor Presidente, que ojalá los futuros informes sean un poquito... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tiene un minuto, Senador.

El señor MONTES.- Como decía, ojalá que los futuros informes sean un poco más amplios y que podamos evaluar y ver que esto efectivamente se va enfrentando, y que tanto la acción con las Fuerzas Armadas como la acción civil van apuntando a algo.
Tal como está, el Diputado Mellado tiene razón: parece que estamos pedaleando en banda.
Muchas gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Montes.
Vamos a dejar con la palabra, para fundamentar su voto, al Senador David Sandoval. No se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra, entonces, la Senadora Yasna Provoste.
¿Tampoco? ¿Quiere intervenir después?
Muy bien.
Senador Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, tal como lo señalé en la sesión de 24 de noviembre del año recién pasado, cuando también fuimos convocados para acordar una prórroga del estado de excepción de emergencia en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y de Curacautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, espero que con la prórroga cuyo acuerdo se nos solicita en esta oportunidad podamos efectivamente contribuir a generar paz y diálogo en la Araucanía, y que validemos las políticas públicas, porque tenemos que entender que debemos entregar todos los elementos para desarrollar la Araucanía, para hacernos cargo de la pobreza en la macrozona sur, pero también para hacernos cargo de los temas de seguridad.
Sin embargo, yo quisiera solicitar al Gobierno que le aplique urgencia de "discusión inmediata" al proyecto de ley que presentáramos el 22 de diciembre recién pasado junto con los Senadores señora Carmen Gloria Aravena y señores José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro y Felipe Kast (boletín N° 14.765-07), que modifica el artículo 42 de la Carta Fundamental de modo que las prórrogas puedan ser de quince, treinta o cuarenta y cinco días, como lo solicite discrecionalmente el Presidente de la República, de acuerdo con la situación de violencia imperante en la zona respecto de la cual se pida dicha extensión, que en el caso de las provincias que he mencionado aún se mantiene con muchos atentados incendiarios, que son genuinos actos terroristas, con sus correspondientes secuelas de daños y perjuicios de todo tipo.
En espera de la aplicación de la urgencia mencionada para dicha moción, voto a favor de la prórroga del estado de excepción de emergencia señalado.
Pero quisiera hacer notar lo que ha ocurrido en estos días, Presidente, en la macrozona sur.
Ya vivimos hace alrededor de veinte días la quema del predio de un Diputado de la República, Jorge Rathgeb, quien nos acompañó a presentar la querella criminal, que fue admitida a tramitación por parte de la Fiscalía de la Región de La Araucanía. En el día de ayer, señor Presidente, Enrique Stappung
, ex Presidente Regional de Renovación Nacional, fue objeto de otro atentado incendiario. Hace algunos días, otro destacado militante de Renovación Nacional sufrió la quema de su predio.
Les quiero señalar que estos claramente son actos de carácter terrorista, y si no somos capaces efectivamente de enfrentar esta prórroga y un cambio normativo, tenemos una dificultad.
Va a ser esta materia, Presidente, en la cual se va a medir el carácter del Presidente electo, Gabriel Boric, porque acá no se puede tener un doble discurso en términos de tener una escucha activa selectiva. Cuando los vecinos de La Araucanía, cuando los vecinos de la macrozona sur se manifiestan en un 82 por ciento para que tengamos la capacidad de otorgar una prórroga del estado de excepción constitucional, pareciera que esa escucha no sirve y se desecha, porque solo importa cuando es coincidente con un programa o un plan de Gobierno.
Quiero decirles que los vecinos de La Araucanía, los vecinos de la macrozona sur tienen derechos: derecho a la libertad de movimiento, a ejercer todos y cada uno de sus derechos constitucionales. Pero pareciera que en la macrozona sur hay ausencia de Estado. Esa es la percepción que hay: ausencia de Estado.
Veremos cómo se comporta el Presidente electo, Gabriel Boric, cuando tenga que enfrentarse a estas solicitudes de prórroga, levantadas por la voz de los ciudadanos de La Araucanía y de la macrozona sur, y veremos cuál es el carácter del Presidente electo cuando los ciudadanos le digan: "Queremos vivir en paz; queremos tener un Estado de derecho en la macrozona sur"
.
Acá el desafío al actual Diputado Gabriel Boric, al Presidente electo.
Es cierto, para obtener resultados distintos hay que hacer las cosas distinto; pero para tener escucha activa se debe escuchar efectivamente la voz de los ciudadanos, y estos se han pronunciado.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador José García.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, señor Presidente, señoras Senadoras y señores Senadores.
Lo primero que quisiera señalar, luego de haber escuchado la intervención del Senador Carlos Montes y su referencia al Diputado por nuestra zona Miguel Mellado, es que la presencia de Carabineros de Chile y de nuestras Fuerzas Armadas es perfectamente palpable en toda la macrozona sur, particularmente en nuestra Región de La Araucanía.
Hay algunos que a eso le llaman "militarización". Pero quienes transitamos habitualmente por los caminos de La Araucanía lo que vemos son controles cada ciertos kilómetros, de manera seria y responsable, haciéndonos cargo de una situación extraordinariamente difícil, de narcotráfico y de terrorismo. Y, lamentablemente, en estos últimos días, de fiesta, que para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas son de tranquilidad y de encuentro con la familia, en La Araucanía eso no necesariamente ocurrió.
Tuvimos -como bien lo señaló el Senador Chahuán- un atentado violentísimo a don Enrique Stappung; un ataque violentísimo en Nueva Toltén, y se investiga un incendio a instalaciones de Carabineros de Chile en la localidad de Quidico, Región del Biobío.
En fin, hemos tenido estas últimas semanas situaciones de recrudecimiento de la violencia. Junto con los primeros decretos de estado de excepción constitucional, y como lo señalamos e informamos a esta Sala, efectivamente se había visto una notable disminución de estos hechos de violencia extrema. Sin embargo, como dije, en estos últimos días nuevamente han vuelto a recrudecer. Eso a nosotros nos preocupa enormemente. Y creemos que esa también es una buena razón para mantener el estado de excepción constitucional y permitir que nuestras Fuerzas Armadas continúen apoyando a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones en su labor de control del orden público.
Eso es todo lo que pedimos.
En estas últimas semanas por supuesto que se han producido en el país acontecimientos políticos que son clarísimos. Tenemos la Convención Constitucional, que además cuenta con representantes de nuestros pueblos originarios y que debe ser por esencia el gran encuentro de diálogo de todo nuestro país para escribir una nueva Constitución. Cuando uno espera que estos grupos violentos detengan su accionar a la espera de lo que vaya a resultar de esa Convención Constitucional y de esa nueva Carta Fundamental, en vez de ocurrir eso, recrudece la violencia.
Tuvimos una segunda vuelta de elección presidencial donde ha ganado un candidato que precisamente en sus intervenciones como Diputado muchas veces ha defendido la actitud de estos grupos violentistas. Aunque tengo que reconocer que, a raíz de que se dijo que invitarían al diálogo a la Coordinadora Arauco Malleco, él fue el primero en salir a señalar que va a llamar al diálogo solo a aquellos que quieren construir la paz. Creo que eso es muy importante, muy interesante.
Pero bien, cuando se ha desarrollado una elección presidencial que eligió como nuevo Presidente de la República a don Gabriel Boric, en lugar de esperar que asuma y decir "veamos cómo nos va a ir con nuestras demandas ante este nuevo gobierno", recrudece la violencia.
Señoras Senadoras y señores Senadores, no nos engañemos.
¡Estos grupos no están buscando el diálogo!
¡Estos grupos no están por demandas sociales!
¡Estos grupos están protegiendo el narcotráfico, están protegiendo el narcoterrorismo!
Y por eso es tan necesario mantener el estado de excepción constitucional.
Voto favorablemente.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, Senador García.
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Muchas gracias, Presidente.
Ya van varias ampliaciones y extensiones del estado de excepción (tres meses en esta situación), y debemos reconocer que efectivamente han ayudado, no quizá lo que quisiéramos, pero muchísimo han disminuido los diferentes delitos vinculados al crimen organizado, usurpaciones ilegales, incendios, robos, etcétera.
Quiero detenerme en que hace exactos nueve años Werner Luchsinger y Vivianne Mackay dormían en su casa de Vilcún y fueron tristemente asesinados por un incendio que fue provocado.
Don Werner era cliente mío cuando yo era directora de Sercotec en La Araucanía. Lo conocí mucho, porque era un pequeño microempresario, no era un gran empresario. Daría lo mismo finalmente, porque ya no están.
Pero hoy día los quiero recordar, así como también nos acordamos de que hace un año, en el verano anterior, falleció un miembro de la PDI que cumplía órdenes para ingresar a Temucuicui. Lamentablemente, tampoco está.
Yo coincido plenamente con un Senador que me antecedió en el uso de la palabra en el sentido de que esta medida no es la solución. Estoy completamente segura de que no lo es, así como también sé que no es tan fácil encontrarla. Tiene que haber una solución, pero para eso, como he insistido muchas veces, se requiere un trabajo conjunto de todos los sectores políticos.
Creo que con el terrorismo -puede que me equivoque y espero que así sea- jamás se negocia y, si bien no tengo la experiencia -existen algunos casos documentados en Latinoamérica-, no es fácil dialogar con agrupaciones que, por el diario, informan que no reconocen al Estado de Chile, no reconocen a la nueva autoridad y que están en una guerra, sin contemplación, en contra del Estado.
Lamentablemente, esos grupos no luchan contra el Estado, sino contra ciudadanos comunes y corrientes, que hoy día no están en condiciones de defender su vida, porque no están armados, porque los toman de improviso y porque ven como sufren sus familias, sus hijos, sus trabajadores, sus actividades productivas, ¡todo!
Nosotros hace veinticuatro años no tenemos una vida tranquila, y no vamos a tenerla hasta que no nos pongamos de acuerdo, para lo cual debemos aislar a todo crimen organizado que esté vinculado a este tipo de acciones y hacernos cargo de las inmensas demandas que tienen los pueblos indígenas a nivel nacional, pues no hemos sabido encauzarlas y hacer efectivos los compromisos que por años han hecho diferentes gobiernos.
Yo hoy día los invito a pensar que el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se viven en la macrozona sur no tienen nada que ver con los pueblos indígenas, sino que estamos ante un grupo de personas que no reconocen nada de lo que ha avanzado el país y que, en cambio, se encuentran en guerra con nosotros.
Y eso es terrible, porque una guerra significa que dos grupos están en condiciones de poder luchar y pelear por lo que consideran correcto. Pero aquí hay un grupo armado -y altamente armado- y otro indefenso que espera de nosotros soluciones para parte de su vida, con alguna herramienta que les permita vivir en paz.
¡Y qué terrible que tengamos que estar aprobando esta prórroga cada quince días! O sea, cada quince días les regalamos un poco -¡solo un poco!- de tranquilidad a los vecinos de la macrozona sur.
Voto a favor.
Muchas gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
Seré muy breve, porque aquí se han dicho algunas cosas que me parece importante precisar.
La evidencia es clara, y así se ha señalado. No ha sido la solución el estado de excepción, pero esta medida ha disminuido efectivamente con hechos y números concretos, como se ha demostrado en las sesiones especiales en las que este asunto se ha visto, la violencia en La Araucanía.
Nadie quiere esto. El estado de excepción siempre debiera ser la última opción. Nadie quiere que esto ocurra.
Pero han sucedido actos graves en la Región de La Araucanía, como también los que han ocurrido en la de Tarapacá. Yo hace un par de sesiones, cuando veíamos otro tema, solicité al Gobierno -no fui escuchada- el estado de excepción también para la región que represento, porque ahí la situación es realmente crítica.
También quiero señalar que acá algunos Senadores han ironizado con respecto a determinados proyectos de ley. Está hace más de un año en Comisión Mixta el proyecto sobre infraestructura crítica. Y a lo mejor si esa instancia, que funcionó un par de veces y donde claramente había una mayoría para aprobarlo, le hubiera hecho algunas modificaciones, que todos compartíamos, y el proyecto se hubiera convertido en ley, tal vez nada de esto habría sido necesario.
Entonces, creo que uno también tiene que analizar el trabajo que realiza en aquello que le compete. Por cierto, no nos compete mantener el orden público, pero sí nos compete entregar las herramientas para que ello ocurra, como es sacar una legislación.
Y por eso el proyecto de ley que permite a los militares proteger la infraestructura crítica del país es una herramienta que hoy necesitamos en forma permanente.
También es preciso entender que la infraestructura crítica es distinta en regiones. Es probable que en Santiago un supermercado jamás sea una infraestructura crítica, pero en un pueblito chico donde hay solo uno de esos establecimientos sí puede serlo.
Por dar un ejemplo -y esto no necesariamente debiera estar, pero cuando uno habla de regionalismo en proyectos de ley tan importantes como ese también se establece-, no es lo mismo una infraestructura crítica en la Capital, en Valparaíso o en Concepción, que en regiones pequeñas como la que yo represento. ¡No es lo mismo!
Y ese proyecto ley es muy importante.
Si ese proyecto, que está parado hace más de un año, ya se hubiera convertido en ley, probablemente este estado de excepción no habría sido necesario, porque el Gobierno tendría otra herramienta en la legislación normal y permanente.
Sin duda, votaré a favor de la renovación de este estado de excepción, porque ante todo aquello que les dé tranquilidad a las personas y que busque reestablecer el orden público para que los chilenos y las chilenas -porque, como acá se dice, también son chilenos los pueblos originarios que viven en la Región de La Araucanía, que nada tienen que ver con el terrorismo, sino que más bien son utilizados por este- puedan vivir en paz y tranquilidad, por cierto no me puedo negar.
Voto a favor de la renovación del estado de excepción, por la tranquilidad de todos aquellos que quieren vivir en paz, sus familias y sus hijos, en la Región de La Araucanía.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora.
Dejaré con el uso de la palabra a la Senadora Yasna Provoste.
Puede intervenir, Senadora.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidente.
La verdad es que no dejo de asombrarme con las intervenciones de algunos colegas que fundamentan su voto a favor, porque en este tiempo en que ha existido un estado de excepción constitucional a partir del voto mayoritario de esta Corporación -por cierto, yo he sido minoría con mi votación en contra- tengo la absoluta convicción de que esta medida solo genera más violencia
Y aquellos que argumentan su voto favorable basándose en los atentados violentos que han ocurrido recientemente saben que esos hechos han sucedido en medio de los estados de excepción constitucional que ellos mismos han aprobado.
La Senadora que me precedió -por su intermedio, Presidente- dijo: "Yo pedí un estado de excepción constitucional para nuestra zona, pero no me lo dieron". Y yo digo: "A lo mejor tiene que seguir esta lógica".
El 11 de septiembre del año pasado, el Presidente de uno de los partidos de Gobierno señalaba en un tuit: "Por fin el Presidente nos escuchó. Nosotros lo pedimos, y hoy día se va a declarar estado de excepción constitucional en La Araucanía". Así rezaba el tuit de ese momento.
Y el día 12 de octubre, fecha emblemática para nuestros pueblos originarios, este Gobierno publicaba en el Diario Oficial el primer decreto que establecía "el estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas del territorio nacional que indica".
¿Y qué ha pasado? Precisamente, uno de los considerandos que se ha mantenido, desde la publicación en el Diario Oficial hasta el decreto que en el día de hoy nos llega, señala que esta medida se toma por el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado. Se plantea así en el decreto y lo mismo manifestaba hoy en este mismo espacio, en una sesión especial convocada para analizar el reciente informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile, elaborado por el Ministerio Público, el Delegado Presidencial de Macrozona Sur, quien relaciona el problema con el narcotráfico.
Y manifestaba esta mañana el Senador Jaime Quintana en su intervención que, si fuera por las cifras entregadas, uno se preguntaría por qué no declarar estado de excepción constitucional en la zona sur poniente de Santiago, en donde la propia información del Ministerio Público ha dado cuenta de que los delitos violentos han aumentado en algunas comunas hasta en 70 por ciento.
Cuando se señala que la situación obedece a la presencia del terrorismo, no deja de llamar la atención algo notorio respecto de su existencia, porque el terrorismo posee una definición legal en la Constitución Política y también en la ley Nº 18.314.
¿Qué ha pasado, señor Presidente, respecto de la determinación de conductas terroristas durante la última década en la mencionada macrozona, en donde existe hoy día la posibilidad de extender el estado de excepción constitucional de emergencia, y por eso seguiré votando en contra? ¡En diez años ha habido solo una condena, una conducta tipificada como acto terrorista!
Se dice en los considerandos del decreto que esta medida obedece al aumento de los delitos terroristas contra distintos bienes jurídicos. Y precisamente hoy día conocíamos el informe del Ministerio Público.
Sin embargo, cuando uno mira el concierto nacional, uno piensa que la Región de La Araucanía y las provincias que forman parte de lo establecido en este decreto de excepción constitucional están muy por debajo en cuanto a los hechos que se registran actualmente respecto de delitos contra las personas y contra la propiedad, como sí ocurre en las regiones de Valparaíso, de O'Higgins, del Maule y Metropolitana. Por lo tanto, se encuentran muy por debajo de lo señalado en el propio considerando del decreto.
Señor Presidente, considero que la medida, una vez más, tiene un propósito político.
Me llaman la atención las intervenciones de los colegas del Oficialismo donde señalan que quieren ver el carácter del Presidente electo, que quieren ver cómo va a asumir estos desafíos. Ese es el tipo de comentarios expresados hoy por las bancadas de Gobierno.
Entonces, aquí claramente, más que estar preocupados de resolver un problema que no es sencillo, que es complejo y que debe abordarse desde una óptica política, incorporando temas relacionados con recuperación de tierras y reivindicación de derechos, intentan perpetuar la situación compleja que se vive en los territorios y generar un hecho político al gobierno electo, que debe abordar -no me cabe duda alguna- sin discriminaciones, sin exclusiones y sin vetos un proceso de diálogo que nos permita alcanzar la paz en la zona, que es lo que buscamos.
Esta situación de promover y de perpetuar un estado de excepción, que ya no es excepcional, sino que permanente, lo único que agudiza, de acuerdo a los propios hechos que han relatado quienes han fundamentado su voto a favor, es un clima más violento aún.
Creo que el diálogo es el camino no solo para buscar la paz en La Araucanía y en la macrozona sur, sino también para avanzar en reconciliación y en recuperación de confianzas.
Voto en contra, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Provoste.
Parece que no hay más inscritos.
¿Señor Secretario?
Ah, Senador Navarro, tiene la palabra para fundamentar su voto.

El señor NAVARRO.- Gracias, Presidente.
¡Y aquí estamos una vez más...!
¿Creerán, de verdad, en esto el Presidente Piñera y el Ministro del Interior? Porque escucho las palabras de los Senadores de la región y tienen dudas.
Yo soy de una región que está bajo estado de excepción. Y porque me interesa esa región, creo que la mal llamada "violencia rural", la mal llamada "macrozona sur" son el Wallmapu y la lucha de un pueblo por recuperar su tierra.
¡Pero aquí los Senadores de la Región de La Araucanía no han expresado ni una sola palabra sobre la tierra! Creen que el conflicto es por más escuelas, creen que el conflicto es por la pobreza, creen que el conflicto es por el narcotráfico. ¡No han leído nada!, con todo respeto, Presidente.
Porque los informes de la Fiscalía señalan clara y nítidamente que los mayores problemas del narcotráfico no están ni en La Araucanía ni en el Biobío. ¿Y saben dónde están? En otras comunas, en otras regiones. Y claramente la Fiscalía ha señalado que Valparaíso -Senador Chahuán-, O'Higgins, Maule, Metropolitana, Los Ríos, Biobío y La Araucanía no representan los mayores índices.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los narcotraficantes atraen hasta allá a la Armada, al Ejército, a la Aviación; atraen los drones, helicópteros; todos los lineamientos de guerra que se están implementando, porque quieren hacer su trabajo tranquilos.
El informe es escaso, -yo diría- mediocre, ¡pinche informe!, y nos habla de que tenemos un Plan Impulso para La Araucanía en agricultura, turismo y energía. Y menciona un Plan Arauco con datos del 2019. Pero si este Presidente terminó el Plan Arauco. Y especifica logros: Liceo Bicentenario, la reparación del Hospital de Curanilahue y la entrega de vehículos para los servicios de salud.
¡Ministro, no se venga a reír de nosotros! ¡Se trata de una tarea sectorial! No venga a mostrar lo que desarrollan los ministerios por su compromiso sectorial como un logro del Plan Arauco. ¡No hay Plan Arauco! Y no venga a invitar a hacer turismo en una zona donde incendian todos los días cabañas e instalaciones turísticas.
El Gobierno está navegando a oscuras. ¡Ya despachó este asunto, y quiere endosarle el problema al Presidente electo Gabriel Boric! Ya han dicho algunos Senadores que el tema lo tiene que ver el próximo Presidente.
Yo he rechazado y condenado la violencia. Y digo sinceramente que no es el camino, ¡pero este tampoco es el camino! Lo reitero. Y me opongo tenazmente a quien quiera presentar un proyecto de ley, como lo han mencionado algunos Senadores de Gobierno, para que el Presidente de la República pueda decretar estado de excepción por quince, treinta, cuarenta días o por un año, dos años. Eso es violar la Constitución de ellos mismos, la Constitución del 80. ¡Es inconstitucional! Por eso que he presentado un proyecto de ley al efecto. La iniciativa no se va a aprobar ni en este ni en el próximo gobierno, porque no es la solución.
Presidente, tenemos que establecer un acuerdo con las forestales, con los gobiernos regionales y también con las comunidades en conflicto y las que no están en conflicto.
¡Un millón de hectáreas hay que poner sobre la mesa para comenzar a dialogar!
Las forestales no quieren perder dinero. El 52 por ciento del territorio nacional es del Estado de Chile. Tenemos terrenos en el norte del país, en el sur del país. Dos por uno, tres por uno, ¿qué quieren las forestales? Quieren hacer el proyecto MAPA tranquilos; quieren desarrollar los proyectos de celulosa tranquilos.
¡Siéntense a la mesa a conversar sobre tierra!
Porque lo absurdo, lo indignante, es que todos hablan del problema de la macrozona sur, el Wallmapu, y nadie habla de por qué luchan los que luchan, por qué incendian los que incendian. Nadie habla de la causalidad, todos se refieren a la realidad.
¿Y le digo por qué, Presidente? Porque la causalidad es compleja, afecta el derecho de propiedad, afecta el derecho de la tierra usurpada y robada a los mapuches durante siglos por el Estado chileno y últimamente por las forestales.
¡Pero nadie lo quiere enfrentar!
Entonces, todos apelan al narcotráfico, apelan al terrorismo. Y, por cierto, hay hechos condenables que no pueden quedar sin sanción. Pero quiero insistir en que es el camino equivocado tanto para el actual Gobierno como para el próximo.
Aquí el objetivo es heredar un problema que fueron incapaces de solucionar. Piñera fracasó contra los delincuentes y fracasó en La Araucanía y quiere traspasar esta pesada mochila al Presidente electo Gabriel Boric.
Yo espero que tengamos la capacidad de no traspasarles los problemas a los gobiernos que vienen, porque esta extensión del estado de excepción constitucional de emergencia solo busca que el 11 de marzo Gabriel Boric, ya como Presidente en ejercicio, tenga que o extender el decreto o terminarlo, pero la cuestión de fondo no se va a resolver con ninguna de las dos opciones.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Navarro.
No hay más inscritos.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la solicitud del Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco (16 votos a favor, 11 en contra, 1 abstención y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic y Van Rysselberghe y los señores Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Elizalde, Girardi, Huenchumilla, Letelier, Montes y Navarro.
Se abstuvo el señor Pizarro.
No votó, por estar pareado, el señor Quinteros.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Queda despachada, entonces, la petición que ha hecho el Gobierno respecto de la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur.




ELIMINACIÓN DE REQUISITO DE ESCOLARIDAD BÁSICA PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR NO PROFESIONAL CLASE B


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Pasamos al tercer asunto del Orden del Día, que corresponde al proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Órdenes y señores García-Huidobro, Letelier, Navarro y Ossandón, en primer trámite constitucional, que modifica el texto del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, con el objeto de eliminar el requisito de escolaridad básica para obtener licencia de conducir no profesional clase B, que cuenta con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.628-15) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley a que ha hecho referencia, el cual tiene por objeto eliminar el requisito de acreditación de la enseñanza básica para obtener la licencia de conducir no profesional clase B.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley por tratarse de un proyecto de artículo único, y recomienda a la Sala que lo considere del mismo modo.
Asimismo, la referida Comisión deja constancia de que aprobó en general y en particular este proyecto de ley con modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Órdenes y señores García-Huidobro, Letelier y Navarro.
Finalmente, la Comisión consigna que, por la unanimidad de sus miembros, acordó sustituir el nombre de esta iniciativa legal con la finalidad de eliminar la acreditación del requisito de escolaridad básica para obtener la licencia de conductor en sus distintas clases.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 6 del informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

Vamos a dejar con la palabra a la Presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, la Senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Gracias, Presidente.
El proyecto que esta Sala va a discutir en general y en particular en esta oportunidad tiene su origen en una moción de los Senadores señora Ximena Órdenes y señores Alejandro García-Huidobro, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro y Manuel José Ossandón.
Se dio cuenta de esta iniciativa a la Sala del Senado en sesión del 5 de octubre de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El objetivo de este proyecto es eliminar el requisito de acreditación de enseñanza básica para la obtención de la licencia de conductor o conductora. Cabe consignar que, por tratarse de una iniciativa de artículo único, y de conformidad a lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento del Senado, la Comisión procedió a discutirla en general y en particular a la vez.
Durante su análisis, la Comisión contó con la participación del Jefe de Gabinete de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos González, y de la asesora legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, señora Romina Garrido.
Los autores de la moción señalan que el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290, de Tránsito, establece en su artículo 13 los requisitos para obtener la licencia de conductor no profesional clase B.
La mencionada licencia habilita a las personas para conducir vehículos motorizados de tres o más ruedas para el transporte particular de personas, con capacidad de hasta nueve asientos, excluido el del conductor, o de carga cuyo peso bruto vehicular sea de hasta 3.500 kilogramos, tales como automóviles, camionetas, furgones y furgonetas.
Uno de los requisitos que la ley establece para obtener la licencia clase B, además de tener a lo menos dieciocho años, es ser egresado de enseñanza básica, exigencia que para las personas que hayan cursado sus estudios en el país no representa un problema, pues ello se acredita con el certificado de enseñanza básica respectivo.
Sin embargo, señor Presidente, nuestro país actualmente vive una situación distinta. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de 2020, en Chile la población extranjera alcanza a 1.462.103 personas. La mayoría de los migrantes provienen de Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia, países con los cuales no existe un reconocimiento específico de equivalencia de licencias. Si bien se avanza en acuerdos internacionales de reconocimiento recíproco de licencias, la obtención de la licencia de conductor clase B es un problema real para los migrantes provenientes de esos países.
En efecto, las personas que desean obtener la licencia de conductor clase B deben presentar certificados de estudios emitidos en el extranjero y, para acreditar la veracidad de su contenido, deben someterse al procedimiento de convalidación o validación de estudios dispuesto en el decreto exento Nº 2.272, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba procedimientos para el reconocimiento de estudios de enseñanza básica y enseñanza media humanístico-científica y técnico-profesional y de modalidad de educación de adultos y de educación especial.
En la práctica, se da el caso de profesionales con título reconocido y validado en Chile, es decir, que pueden ejercer sus profesiones, que pueden comprar inmuebles y abrir cuentas corrientes bancarias, pero no pueden obtener la licencia de conductor clase B, ya que los requisitos legales obligan a que el certificado de enseñanza básica esté reconocido por el Ministerio de Educación, lo cual implica obtener el documento original en el país donde se estudió, lo que no siempre es un trámite simple.
El año 2013, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones implementó un proceso de modernización para obtener licencias de conductor, estableciendo, en los requisitos generales aplicables a toda clase de licencias, un examen teórico automatizado, de mayor complejidad, que permite garantizar que el postulante posee los conocimientos mínimos. Por lo tanto, a partir de dicha regulación, que conlleva mayores exigencias, quienes aprueban ese examen deberán contar con una base de conocimientos necesarios para poder obtener la licencia de conductor respectiva.
Asimismo, la licencia de conductor clase B es requisito de base para poder obtener la licencia de conductor profesional, puesto que la misma ley señala que para obtenerla se debe acreditar haber estado en posesión de la licencia clase B durante dos años.
Por lo demás, es un hecho la escasez de conductores profesionales en el país. Así lo confirman diversos actores del sector de transportes, entre ellos, empresas navieras, operadores, empresas de transportes y también los gremios de camioneros, quienes aseguran que el déficit alcanza a diez mil conductores para diversas labores dentro del movimiento de carga.
Por lo tanto, el proyecto de ley en informe propone eliminar el requisito de acreditación de enseñanza básica para obtener la licencia de conductor no profesional clase B establecido en el artículo 13 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, para facilitar ese trámite a los inmigrantes que aprueben los exámenes teóricos y prácticos respectivos y que cumplan con los demás requisitos legales, con lo cual, además, se contribuirá a disminuir en alguna medida la falta de conductores profesionales en el rubro del transporte.
Debo hacer presente que la Comisión que presido, teniendo en consideración los planteamientos anteriores, acordó eliminar la exigencia de acreditar la calidad de egresado de enseñanza básica para obtener licencia de conductor en sus distintas clases.
Dado lo anterior, la iniciativa que se propone aprobar se estructura sobre la base de un artículo único mediante el cual se introducen modificaciones al artículo 13 de la ley N° 18.290, de Tránsito, que establece los requisitos que deben cumplir los postulantes a licencia de conductor.
En ese sentido, se propone eliminar, en los epígrafes "LICENCIA NO PROFESIONAL CLASE B" y "LICENCIA NO PROFESIONAL CLASE C", el requisito de ser egresado de enseñanza básica.
Asimismo, se propone suprimir el inciso final del artículo 13, que señala: "El requisito especial de ser egresado de enseñanza básica, exigido para obtener las licencias profesionales Clase A, y no profesionales, Clases B y C, se entenderá cumplido por el examen de equivalencia de estudios para fines laborales establecido en el Título VI del decreto Nº 62, de 1983, de Educación".
Señor Presidente, la iniciativa contó con la unanimidad de los miembros de la Comisión.
Ello da cuenta del apoyo alcanzado en esta materia en aras de eliminar el requisito de acreditación de enseñanza básica para obtener las licencias de conductor no profesional clase B y clase C.
Es cuanto puedo informar en mi calidad de Presidenta de la Comisión.
He dicho.

El señor QUINTEROS.- Abra la votación, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Órdenes.
Ofrezco la palabra.

El señor QUINTEROS.- Abra la votación.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Abrimos la votación, entonces.

El señor QUINTEROS.- Por favor, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- La Ministra quiere hablar.
Perdone, no me había percatado de que estaba haciendo señas.
Tiene la palabra, Ministra.

La señora HUTT (Ministra de Transportes y Telecomunicaciones).- Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, saludo a... (falla de audio en la transmisión telemática)... asisten a esta sesión.
Quiero partir agradeciendo a la Comisión de Transportes por el apoyo a esta iniciativa que, si bien es un texto breve y simple, tiene un impacto enorme.
El déficit de conductores profesionales, especialmente en Chile, alcanza niveles que ponen en riesgo la continuidad de algunas actividades y el buen nivel del servicio en algunos sectores, particularmente en carga y transporte público.
Es conocido que en muchas de las ciudades hay un déficit de conductores que limita brindar una cobertura adecuada, por lo cual desde el Ministerio hemos tomado distintos caminos para proveer la cantidad adicional de conductores.
Uno de esos caminos es el que mencionaba la Senadora Órdenes en su informe sobre el reconocimiento de licencias de conducir, medida que ya tenemos vigente con Perú, Colombia y Ecuador. Eso resuelve de manera bastante rápida la provisión de conductores profesionales.
Pero, por ejemplo, con Venezuela, de donde proviene una cantidad muy importante de inmigrantes que viven en nuestro país, no existe ese mismo acuerdo, de manera que eliminar este requisito impone dificultades prácticas.
Obtener el certificado de enseñanza básica de otro país implica también el reconocimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hay una cantidad importante de trámites que están en la ley vigente que en realidad no son necesarios para dar el examen. Si la persona aprueba el examen, quiere decir que cuenta con las capacidades y las competencias para conducir un vehículo clase B.
Esta modificación no exime a las personas de rendir el examen y obtener su licencia clase B chilena, cuya pertenencia por dos años es requisito para acceder a la licencia profesional.
Así que estamos preparando también el terreno para seguir gestando más conductores profesionales que se continuarán necesitando en cantidades crecientes.
Por lo tanto, solamente quiero agradecer el apoyo que recibimos durante la tramitación de este proyecto, y espero que contemos también con el respaldo de la votación en la Sala.
Por supuesto, en el Ministerio quedamos disponibles para aclarar cualquier duda que quieran hacer presente.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador García-Huidobro para fundamentar su voto.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, Presidente.
En primer lugar, valoro el esfuerzo que hizo en este sentido la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de nuestro Senado y también el acuerdo al que llegamos con la Ministra y el Ejecutivo con relación a este punto.
Bien señaló nuestra Presidenta los problemas que enfrentan sobre todo los inmigrantes en nuestro país, porque no les entregan los certificados correspondientes y se ven enfrentados a problemas de convalidación. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Muchos de ellos estén conduciendo vehículos sin licencia.
Y eso es lamentable.
Porque lo que quieren los venezolanos que están en Chile -en estos momentos está ingresando el Senador Navarro, quien nos podría ayudar en este fin con Venezuela- es que se les entreguen los certificados de licencia a quienes han llegado a Chile arrancando justamente de ese Gobierno.
Por lo tanto, este proyecto va a dar solución a más de un millón de personas que hoy día están en nuestro país en carácter de inmigrantes, que requieren ponerse al día y tener posibilidades reales de conducir vehículos e insertarse a nuestra sociedad como corresponde.
Son personas que poseen estudios, a muchas de las cuales no les han entregado sus certificados.
En consecuencia, me parece muy importante el acuerdo al que llegamos con el Ejecutivo con el fin de dar una salida.
Posiblemente, la Cámara de Diputados va a llegar a un acuerdo distinto para que esta eliminación sea solo por un período de tiempo -eso lo conversamos-, pero lo importante es darles la posibilidad real a estas personas para que puedan convalidar sus estudios y regularizar la situación en la que ahora se encuentran.
Bien señaló también nuestra Presidenta, Ximena Órdenes, las enormes necesidades de conductores profesionales. Pero si un chofer no cuenta con la licencia clase B por un par de años, menos va a tener la posibilidad de ser conductor profesional.
Y nuestro país requiere tanto para el transporte terrestre como para otro de actividades la licencia profesional.
Es por eso que voy a votar a favor de este proyecto, pues creo que es muy importante.
Y junto con saludar a la Ministra y desearle un feliz año, quiero pedirle al Gobierno que ojalá le ponga "discusión inmediata" a este proyecto para que lo antes posible sea ley de la república.
Voto a favor, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador García-Huidobro.
Vamos a seguir dando la palabra para fundamentar el voto.

El señor COLOMA.- Iba a intervenir, pero quería hacerlo antes de que abriera la votación.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Ya está abierta la votación, Senador. Perdón, no lo alcancé a escuchar.
Tiene la palabra, para fundamentar el voto, la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, no dudo de las buenas intenciones de los mocionantes de este proyecto de ley, porque durante este período legislativo hemos conocido del esfuerzo y de la preocupación que varios de ellos han puesto desde la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones por hacer mayor justicia.
Lo digo pensando, por ejemplo, en el roaming para las zonas más aisladas.
Y hemos visto permanentemente la preocupación de los Senadores de esta Comisión en particular -y aprovecho de saludar a la Ministra- de pensar en aquellos donde se puede avanzar más en justicia.
Sin embargo, con respecto a esta moción tengo un punto que lamentablemente no pudimos discutir antes desde el punto de vista de la relación que debiera existir entre dos Comisiones, la de Transportes y la de Educación, porque uno de los elementos motivadores para que las personas se incorporen a procesos educativos es la obtención de la licencia de conducir.
Eso ha motivado a muchas personas mayores que cuando fueron jóvenes no tuvieron la posibilidad de concluir su proceso escolar a incorporarse a programas de educación de adultos. No sacamos mucho como sociedad nivelando hacia abajo, eliminando un requisito de la licencia de conducir como es el certificado de enseñanza básica.
Por eso, por lo menos para quienes creemos que la sociedad se tiene que jugar con otros valores y que la educación debe ser un pilar muy importante, todo aquello que busque incentivar la presencia de personas en los programas de educación de adultos, en los programas informales, en los programas de reinserción educativa es fundamental, porque la licencia de conducir fue también un estímulo para que las personas se incorporaran a dichos programas educacionales.
Entiendo a los mocionantes.
Este proyecto a lo mejor busca hacerse cargo de un déficit que hoy día existe, pero creo que ello puede ir acompañado de la colocación de un límite muy acotado, de manera que no se extienda, o del incentivo de más programas de educación de adultos, más programas formativos.
Por eso, Presidente, en esta oportunidad no voy a concurrir con mi voto favorable a esta iniciativa.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Provoste.
Tiene la palabra, para fundamentar el voto, el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, quiero partir desde la reflexión de la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra para que se comprenda bien el sentido del proyecto.
Hoy en día para sacar licencia se tiene que dar una prueba por escrito: es necesario saber leer y escribir. Y no solamente saber leer y escribir, sino también tener comprensión lectora, porque los procesos ya no son como lo eran veinte, treinta o cuarenta años atrás. Ya no solo se trata de dónde queda el embrague, el freno o el acelerador.
Hoy día, además del examen teórico que los postulantes tienen que dar -créanme, hay muchas personas con títulos más avanzados que lo han reprobado-, también está el examen práctico.
Por lo tanto, por un lado aquí hay un dato: el tener un certificado de enseñanza básica hoy no garantiza. Es necesario, por cierto, que la gente tenga un nivel de escolaridad. Hoy Chile tiene una cobertura escolar extraordinaria comparada con muchos otros países del mundo y, para qué hablar, con nuestro continente. Eso es un motivo de tremendo orgullo.
Pero lo cierto es que este requisito per se no garantiza mejores condiciones ni habilidades para ser un buen conductor o conductora. Hay un segundo elemento -otros colegas ya lo han planteado- que dice relación con la homologación de las licencias de conducir. Muchas personas tienen licencia para manejar, profesionales incluso, donde tenemos un tremendo déficit en la economía nacional.
Yo estoy seguro de que cualquiera de ustedes que pregunte en sus regiones cuál es la cantidad de camioneros, de transportistas de pasajeros, de choferes de taxis colectivos versus los dueños de este tipo de vehículos, se encontraría con un tremendo déficit de conductores profesionales.
Hay numerosas personas con licencias profesionales obtenidas en otros países que no pueden trabajar en Chile, porque cuando intentan homologar, más allá de los tratados que hemos firmado y aprobado, muchas veces les solicitan y les dicen que traigan la copia del certificado de estudios de octavo básico.
Y eso se transforma en una barrera de entrada innecesaria.
Pongo estos dos ejemplos, Presidente. Puede haber otros. Necesitamos facilitar esto.
Esto no significa que las personas dejen de dar el examen teórico y el psicotécnico, o que no tengan que demostrar su capacidad de conducir en forma correcta, con todas las habilidades que ello implica, sino que estamos eliminando barreras de entrada.
Incluso -y quiero decirlo- en muchas familias hay personas que son autodidactas -y esto es algo que la Senadora que me antecedió en la palabra lo sabe de sobra- y que con mucho esfuerzo se educan, pero a veces no logran nivelar sus estudios y pierden oportunidades laborales.
Creo que esto es algo que no queremos.
Entiendo la reflexión de la Senadora, pero no será por el lado de las licencias de conducir por el que vamos a mejorar la nivelación de los estudios. Creo que ese es, más bien, un objetivo por sí mismo: mejorar la oferta y facilitar que las personas logren la nivelación de sus estudios, que muchas veces no solo significa terminar la educación básica o la media, sino que ir incluso mucho más allá.
Ese es otro debate muy legítimo.
Pero para este instrumento, para habilitar legalmente a este tipo de conductores, este proyecto es lo mejor.
Por eso voto a favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Letelier.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes, para fundamentar su voto.

La señora ÓRDENES.- Gracias, Presidente.
Este es un proyecto simple, pero que ayuda a resolver un problema bien complejo que está afectando a distintos ámbitos sociales y productivos.
Algunas estimaciones apuntan a un déficit de 20 mil conductores en Chile: 12 mil en la conducción de camiones y 8 mil en la de microbuses.
Tal situación está generando problemas en las actividades productivas, en las cadenas logísticas y también en la posibilidad de que personas de menores recursos puedan transportarse en condiciones dignas y eficientes.
Ese es el origen y el espíritu que tiene esta iniciativa parlamentaria.
Dada nuestra especial geografía, el costo en logística asciende en promedio al 18 por ciento del valor final de los productos, es decir, el doble del promedio de la OCDE.
Con respecto al transporte público, según cifras del Directorio de Transporte Público Metropolitano, solo en la Región Metropolitana existe un déficit de 2.500 conductores de micros. Entonces, no sirve de mucho tener más buses si no hay choferes para manejarlos.
Obviamente, este problema obedece a múltiples causas, pero requiere una mirada estratégica como país y tenemos que darle un sentido de urgencia, porque está generando mayores tiempos de desplazamiento e incluso podría producir escasez de algunos productos básicos en determinadas zonas si llegara a complejizarse.
Por eso se requieren medidas de esta naturaleza.
Y lo que hemos decidido es eliminar una de las trabas formales que impiden que aquellas personas que están interesadas en incorporarse al rubro de conductores y conductoras puedan hacerlo.
Un grupo importante son los extranjeros, que en Chile suman casi un millón y medio de personas. Y para ellos es sumamente difícil y engorroso demostrar que cumplen el requisito de haber rendido la enseñanza básica a fin de obtener una licencia clase B, cuya tenencia además es condición para optar luego a las licencias de tipo profesional.
Este requisito, según ha reconocido el propio Ministerio de Transportes, carece de justificación, más aún después de que en el año 2013 se implementara un proceso de actualización para la obtención de licencias.
Y en este punto me quiero hacer cargo también de lo que planteó la Senadora Provoste. El proceso de actualización para la obtención de licencia incluye un examen teórico automatizado de mayor exigencia que el anterior. Por lo tanto, en la práctica deben cumplir con los estándares de haber cursado la educación básica.
Por eso, en este contexto y para demostrar que alguien tiene las habilidades y competencias para conducir y que conoce las leyes chilenas del tránsito, bastaría con superar las pruebas que establece el sistema de obtención de licencia, siendo completamente accesorio, a nuestro juicio, el hecho de mostrar la licencia de enseñanza básica.
Por eso quiero invitar a la Sala a que avancemos con una medida de esta naturaleza, que permite destrabar muchos nudos que hoy están siendo problemáticos, ya que con la eliminación de este requisito podremos aumentar la oferta de conductores y conductoras, aliviando las cadenas logísticas y los servicios de transporte público y, de paso, entregando más posibilidades a los extranjeros que han llegado a Chile buscando una oportunidad.
He dicho, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
Seguiré ofreciendo la palabra para fundamentar el voto.
Quiero plantear, a propósito de la intervención de la Presidenta de la Comisión, que para manejar un vehículo de transporte de pasajeros o de carga se requiere licencia profesional. La licencia profesional no es clase B, y este proyecto lo único que elimina es el requisito para esta clase.
Por lo tanto, la falta de choferes en el transporte de pasajeros o en el transporte de carga no se resuelve con esto.

El señor COLOMA.- ¡Luego de dos años sí se puede obtener esa licencia!

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sí, con dos años se puede.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- No.

La señora EBENSPERGER.- Es uno de los requisitos para tener licencia profesional.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Aclárenlo, porque el requisito que se establece en este proyecto -y esa es la duda que tengo, por eso hago la consulta- dice expresamente que es solo para las licencias de clase B, lo que implica que sigue existiendo el requisito para las licencias profesionales.

El señor COLOMA.- ¡Pero luego de dos años se puede obtener!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Coloma, una cosa es el requisito de la experiencia y otra es el requisito del nivel académico.
Tiene la palabra, Senador Coloma, a propósito de las consultas.

El señor COLOMA.- Presidente, debo confesar que tengo dudas con este proyecto. Y quiero hacer una reflexión, porque es un tema en el que uno obviamente puede tener dudas.
Aquí tenemos distintos valores o principios en juego.
Primero, me parece deseable que como país vayamos elevando el nivel en materia de educación. Y hoy día muchas leyes relacionadas con cargos públicos exigen la educación media, porque se ha creído transversalmente que es una forma de incentivar determinadas acciones o estudios que de alguna manera nos permiten suponer que con esa base la persona podrá tener mayores oportunidades, más conocimientos -yo sé que son suposiciones- y formas más adecuadas de enfrentar la vida en sociedad. Yo creo que ese es un bien deseable, y, si uno lo mira respecto de lo que significa la regla de la clase B, se vincula con la educación básica, que es algo que, según entiendo, viene desde hace muchas décadas.
Pero hay otro problema: que claramente existe un número alto de migrantes, que, por lo que nos han dicho los mocionantes, son personas que, dada su forma de tener que escapar, de huir o por las persecuciones de que han sido objeto, no tienen en definitiva capacidad para acceder a los documentos que las acreditan con esa educación básica o equivalente. Ese es básicamente el tema, para cuyo efecto se dice: "Terminemos con el requisito". Fíjense: para resolver este problema, que concierne a un grupo importante de migrantes -o no sé cuán importante, pero significativo- que no tienen la educación exigida, cambiamos ¿qué? Cambiamos la regla general. Es decir, a partir de ese problema, en vez de que lo que uno debería tratar de hacer sería subir el nivel educacional, aquí lo eliminamos, porque se termina el requisito de la enseñanza básica.
Entonces, a mí me parece que si el problema es ese -y algo planteó el Senador García-Huidobro-, se puede poner una excepción en el tiempo o respecto del tipo de personas que accederían a este beneficio. Habría que establecerlo, obviamente, con la garantía suficiente para no generar, digamos, desigualdades arbitrarias. Pero se pretende resolver lo relativo al nivel de educación a que uno debería aspirar para una sociedad, exceptuando la regla general, por una situación de hecho que se produce acerca de la falta de antecedentes de una persona para poder acreditar su identidad. Ello, ante una realidad en que, según entiendo, faltan además conductores.
Y aquí voy a hacerme cargo de lo suyo, Presidente, porque eso también fue objeto de una discusión que tuvimos, de una reflexión por parte de la Senadora Ebensperger: una persona a la que no se le ha exigido educación básica, habiendo estado dos años con licencia clase B, podría optar, sin necesidad de acreditar esos estudios, sino por el curso del tiempo, a ser un conductor profesional.
En consecuencia, el tema de fondo apunta a cuál es la importancia de la formación ya no solamente para alguien que va a optar a licencia clase B, sino también para quien, por el paso del tiempo, va a poder ser conductor profesional. Y tengo la impresión de que no sería positivo retirar ese requisito por esta situación sobreviniente, sin colocar una excepción. Al contrario, ¿qué hubiera encontrado yo más deseable? Mantener la regla y, dado que hay personas que no pueden acreditar su educación, darles a ellas una condición especial, para no perjudicarlas. Pero abrir esa línea de requisitos para hacerle inexigible a cualquiera de aquí en adelante el requisito de nivel educacional, porque aquí estamos retirando lo de la educación básica, me parece que va un poco en contra de todo lo que hemos tratado de hacer en innumerables legislaciones, que es justamente colaborar, a través de otras reglas, para tratar de ir siendo más exigentes, porque entendemos que ello es por el bien de la persona y por el bien de la sociedad.
En ese sentido es que digo que la solución, a mi juicio, no se condice con la naturaleza del problema y genera una señal inversa de lo que uno debería buscar en esta materia.
Y, desde mi entender, esta situación también se extendería, por el paso del tiempo, a los conductores profesionales. Entonces, va a generar un problema adicional.
Entiendo el problema, pero yo hubiese buscado una solución diferente, llevada al tema, porque realizar un cambio en las reglas a mí no me parece que vaya en la línea adecuada.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Coloma.
Tiene la palabra el Senador Navarro para fundamentar el voto.

El señor NAVARRO.- Gracias, Presidente.
¡Faltan conductores! Eso es real: faltan conductores en la locomoción colectiva, y cada día más personas adquieren automóviles, que es un tema que deberemos debatir en algún minuto, porque de aquí a que llegue la modernidad del transporte público y la electromovilidad, que la Ministra ha impulsado con mucha fuerza, la verdad es que el automóvil seguirá creciendo y más personas se incorporarán a su uso.
La tasa de alfabetización en Chile alcanza al 96,48 por ciento en los hombres y al 96,33 por ciento en las mujeres; es decir, tenemos menos de un 4 por ciento, o un 3 por ciento y algo más, de analfabetos. Esto significa que la inmensa mayoría de la población en Chile sabe leer y escribir. Cuando se impuso la exigencia del octavo básico como requisito fue porque había que saber leer las señales del tránsito, y yo tengo la absoluta convicción de que muchos analfabetos, o sea, personas que no saben leer, sí conocen las señales del tránsito y efectivamente pueden interpretarlas, porque en el tránsito se utilizan señales, simbología y son la base de la reglamentación vial.
Creo que exigirles a los extranjeros que puedan tener acceso a sus documentos es tremendamente dificultoso y, a veces, extraordinariamente caro.
Quisiera señalar que en Santa Juana los jóvenes de cuarto medio que así lo deseen pueden salir con su título, ya sea humanístico o forestal, y además acceder a licencia de conducir. Hay un acuerdo que hizo la Municipalidad de Santa Juana a través de su exalcalde Ángel Castro, y ahora se va a repetir con Ana Albornoz, nuestra alcaldesa, para que los jóvenes puedan salir con licencia de conducir, porque ello representa un impulso laboral más y, asimismo, es una práctica temprana porque en el conducir la práctica dice mucho más que la lectura técnica.
Pero siento que no se ha podido hacer cuando hemos tratado de mejorar en Chile o bajar los accidentes de tránsito. Lo he repetido, y no me aburriré de repetirlo: un proyecto de ley de mi autoría, aprobado en la Cámara de Diputados, para hacer exigible eso de "buen pasajero, buen conductor" -es decir, la enseñanza del tránsito incorporada a la malla curricular de la educación media-, fue rechazado en este Senado sin debate, a pesar de que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación y, también, en la Sala de la Cámara de Diputados.
Yo creo que tenemos un problema en percibir cómo podemos mejorar las condiciones relativas a la conducción, porque seguimos insistiendo en las multas en circunstancias de que los países que tienen éxito en disminuir el comportamiento de los conductores, es decir, el cambio de hábitos al conducir, lo hacen restándole puntaje en su licencia, y cuando este se les agota se termina la licencia. Porque el que tiene plata paga la multa, ¡paga la multa!, lo que, en definitiva, no es justo ni disuasivo.
Así que tenemos mucho por avanzar en este tema.
Por cierto, claramente, este es un proyecto que viene a resolver un problema de manera global.
Entiendo el alcance que hizo el Senador Coloma. Podría haberse establecido una norma transitoria y particularmente adaptada a quienes no pueden obtener sus documentos para incorporarse a la fuerza laboral como conductores. Pero se eligió este camino porque creo que cada día existen menos analfabetos de lectura; los que hay son analfabetos digitales. La tecnología ha cambiado el tipo de analfabetismo. Por tanto, me parece que este es un paso adelante.
No sé -y se lo señalo a la Presidenta de la Comisión, Ximena Órdenes- en qué paso estamos, para ver si se puede incorporar una indicación más en ese sentido. Porque creo que eliminar el requisito de estudios es apropiado para los objetivos que se plantean.
Voy a votar a favor de este proyecto en el entendido de que podría ser mejorado. Pero, claramente, analfabetos cada día hay menos en Chile y, afortunadamente, también en América Latina. Por lo demás, quienes desean obtener licencia en nuestro país son personas que tienen educación básica, media y son profesionales a los que se les impide poder ejercer de manera transitoria el oficio de conducir.
Repito: votaré a favor, señor Presidente.
Si hubiera alguna posibilidad de introducir una modificación en el sentido correcto que han planteado ciertos Senadores, me parecería bien; lo que no me parecería es que siguiéramos dilatando y postergando este proyecto, que es un urgente.
Me pronuncio favorablemente, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Navarro.
Senador Durana, tiene la palabra para fundamentar su voto.

El señor DURANA.- Gracias, Presidente.
Ciertamente, este proyecto de artículo único, que hoy discutimos en general, tiende a corregir una situación práctica que se produce cuando un extranjero quiere obtener una licencia de conducir en nuestro país de categoría clase B no profesional y para poder cumplir con la norma actualmente vigente se le exige ser egresado de enseñanza básica.
La verdad es que en un principio yo no estaba a favor de lo que se propone, dado que básicamente significa quizás nivelar hacia abajo, pero también entiendo la injustificada situación en que se encuentra una persona extranjera, profesional, con formación académica relevante, que muchas veces se ve en la obligación de acreditar que concluyó su enseñanza básica y los documentos que así lo certifican tienen que ser legalizados y homologados por nuestro país.
Obviamente que existe el principio de igualdad ante la ley, porque la gran duda es si es necesario, a los efectos de subsanar esta situación, eliminar el requisito de acreditar haber egresado de enseñanza básica para los nacionales y extranjeros. Quienes han hecho uso de la palabra hablan de los requisitos de saber leer y escribir, o de las personas que son analfabetas, que, gracias a Dios, en Chile son mínimas.
Será la prueba finalmente la que determine si ellos aún tienen grados de comprensión lectora; además de otras cosas más que también son exigentes.
Por lo tanto, considero que, si bien siempre tiene que existir un requisito de escolaridad mínima, más allá de que eso no debería ser eliminado apelo a la posibilidad de que pueda ser una norma no permanente en el tiempo. Tendría que evaluarse en su discusión en particular. No obstante, es necesario aclarar en la norma que a lo menos se debe acreditar haber cumplido este nivel de educación básica, entendiendo que muchas veces hay profesionales y personas que obviamente lo pueden acreditar en el examen de tránsito.
Me he convencido de que, en la medida que efectivamente se mantenga el nivel del examen -no sé si será de los municipios, eso tendremos que evaluarlo el día de mañana-, obviamente el requisito de darlo por escrito nos da la seguridad para poder generar un proyecto que dé las garantías necesarias a la ciudadanía de que no vamos a tener a una persona analfabeta conduciendo. Esto, a su vez, da mayores oportunidades.
Pero sí quiero manifestarlo: me queda la única sensación de duda con relación a que después que tenga dos años de acreditada su licencia clase B, podría llegar a postular a licencia profesional.
Eso también lo dejo como un punto para los efectos de la discusión en particular.
Voy a votar a favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Luz Ebensperger.
Les quiero decir que el proyecto es de artículo único; se vota en general y en particular.
Después, en el segundo trámite, podrá hacerse alguna observación.
Senadora.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
Voy a votar favorablemente este proyecto.
Sin embargo, creo que las dudas que aquí se han planteado son razonables y efectivas.
El requisito de enseñanza básica se exige en el artículo 13 para las clases profesionales B y C, no así para la profesional clase A, porque en ella uno de los requisitos que se exige es tener dos años de licencia clase B.
Por lo tanto, al eliminarse la exigencia de licencia básica para las clases B y C, se hace consecuencialmente también para la clase profesional, porque ahí no aparece ese requisito; el que ahí aparece es el de dos años de licencia clase B.
Por eso, no hay que engañarnos, y decir que no se ha tocado la clase B; se toca igual, y se elimina ese requisito.
En eso no estoy de acuerdo, pero espero que el proyecto en general ojalá se pueda arreglar en la Cámara.
Dicho eso, quisiera recordar que hoy día los exámenes teóricos ya no son como el famoso librito que los que somos mayores nos aprendíamos de memoria, donde las preguntas eran las mismas, y que, por tanto, era casi imposible reprobarlo. Hoy día es distinto: es en computador; y en casi el cien por ciento de las municipalidades las preguntas son aleatorias, y en gran cantidad. Por ello, tú necesitas saber leer y escribir; tener cierta comprensión lectora para poder pasar ese examen.
Ese requisito va a seguir existiendo, porque tú vas a tener que seguir dando el examen teórico y práctico.
Hay que seguir manteniendo ese requisito, que para mí es el fundamental, porque otra cosa es que ahora dijéramos: "No, el día de mañana no es necesario saber leer y escribir; los exámenes se van a tomar en forma oral". ¡No! En eso no estoy de acuerdo, porque lo importante es que las personas, cuando salgan a manejar, puedan leer las instrucciones que pueda haber en el camino, los letreros, en fin.
Dicho lo anterior, vuelvo a insistir, Presidente, voy a votar favorablemente este proyecto.
No obstante, en lo que señalaba el Senador Coloma tenía toda la razón: se equivocan aquellos Senadores que dicen que no se están modificando los requisitos de la licencia profesional. Sí se están modificando porque no está en los requisitos de esta -insisto- el contar con licencia básica, sino que en los requisitos de la clase profesional está el tener dos años de licencia clase B.
Y como ahora para la licencia clase B y C no se requieren, obviamente también afecta los requisitos de la licencia profesional.
Espero que eso sea arreglado, ya sea porque este requisito sea temporal, como decía el Senador Coloma, o porque se agregue no solamente contar con los dos años, sino además tener licencia básica en los requisitos de la clase profesional.
Espero que esto se arregle en la Cámara de Diputados.
No obstante, y reconociendo que ese error existe, yo voto favorablemente porque es un buen proyecto y puede arreglarse.
No creo que bajemos en las exigencias, porque no es esta la forma de exigir el nivel educacional de la gente, ¿cierto? Creo que todos queremos que cada día haya un mayor nivel educacional en nuestro país, pero existen otras maneras y otras políticas públicas para lograr eso.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidente.
Sin duda, como bien se ha señalado acá, podemos compartir absolutamente la voluntad, la disposición y la intención que hay detrás.
Resulta paradójico encontrarse a lo mejor de repente con extranjeros con títulos profesionales, validados para ejercer la actividad en nuestro país, y que no cuenten con documentos, como es la licencia básica, que evidentemente se cumplió. Por eso, se busca un camino alternativo.
Valorando quizás la intención, me da la impresión, como bien lo señalaba el Senador Coloma, con el cual comparto absolutamente la argumentación, y aprovechando que está la Ministra, que quizás el enfoque de la solución es errado, porque da la sensación, al final del día, de que da exactamente igual, porque en el fondo lo que hacemos es eximir de una exigencia que -dicho sea de paso- en Chile la tienen que cumplir todos. Incluso, es más, hoy día para ser concejal se requiere enseñanza media.
Para obtener la licencia clase B, entre otros requisitos, también se requiere evidentemente la posesión de la licencia de enseñanza básica. Y para la clase A1, además de los exámenes adicionales que hay que realizar para la licencia profesional, están los requisitos de los dos años, y tener más de veinte años.
Entonces, hay un requisito de exigencia para cualquier chileno que quiera optar a una licencia. Y aquí se tiene que cumplir.
Es más, siendo alcalde, muchas veces hicimos planes de nivelación escolar para la obtención de la enseñanza básica, para que nuestros habitantes pudieran acceder a una licencia clase B.
¡Nosotros mismos estimulábamos ese procedimiento!
Esta es una cosa muy ambigua. Y me da la impresión de que, valorando la intención, no es el camino.
Estando aquí la propia Ministra, a la cual aprovechamos de saludar, en el propio informe que se está adjuntando acá se señala que hay 1.462.103 personas; la mayoría son migrantes que provienen de Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia.
Y señala el mismo documento: hay países con los cuales no se cuenta con un reconocimiento específico de equivalencia de licencia.
Hace pocos meses atrás aprobamos aquí mismo la validación de las licencias para el caso de Argentina. Bueno, ¡esa era la solución para este problema! ¡El mismo procedimiento! Pero no hacer una eximición de una exigencia que en Chile la tienen que cumplir absolutamente todos, ¡todos!, hasta el día de hoy, para sacar licencia.
En cuanto a toda la argumentación que señala que hay personas que conducen a pesar de no tener la licencia, bueno, ¡están infringiendo la ley!
Y si algún chileno es sorprendido en esa condición, la autoridad pertinente lo sancionará, lo multará y le hará aplicables todas las exigencias de rigor.
Pero hay un elemento todavía más de fondo: todos sabemos el enorme grado de accidentabilidad, de conflicto y las dificultades que tenemos sobre el particular. Es cosa de salir a las calles, Ministra, para darse cuenta de cómo manejan los chilenos.
Alguien la otra vez decía: "Parece que estuviéramos conduciendo en Inglaterra, porque todos lo hacemos por la izquierda y sobrepasamos a los vehículos por la derecha".
Frente a las dificultades existentes, para los efectos de mejorar la calidad de la conducción, nuestro país requiere soluciones, dado el grado de accidentabilidad que registramos. Es dramático lo que ha pasado en estos últimos días de fiesta, con accidentes fatales, terribles que nadie quisiese que pasasen, lo cual evidentemente también hay que poner sobre la mesa, y no solo la idea de otorgar licencia a quien probablemente tiene méritos académicos de sobra, pero que debe cumplir las normas que en nuestro país se le aplican a cualquier chileno. Así no se crea esta especie de baipás que en definitiva lo que hace es omitir una exigencia que deben cumplir absolutamente todos.
El camino para resolver esta materia es lo que señala el propio informe particularmente en su página número 3, en que indica que precisamente por no contar con el reconocimiento específico de equivalencia de licencias estamos creando un baipás para en definitiva salvar ese procedimiento sin saber las consecuencias que, más allá de la voluntad, esto podría tener en general en licencias de conducir otorgadas a personas respecto de las cuales nunca vamos a ver el real cumplimiento de todas las exigencias.
En nuestro país hay una normativa legal que es válida para todos los chilenos, la que tiene que ser absolutamente igual para cualquier extranjero que llegue acá, salvo -como aquí mismo lo hicimos- esa validación que mencioné, que me parece es el camino real, objetivo, concreto, específico; el más viable, y el menos alambicado para resolver el problema de darles licencia de conducir a extranjeros que cumplan con los requisitos.
No me gusta este proyecto; pero para no ser tan drástico, votaré abstención, Presidente.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, señor Senador.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, pido la palabra.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senadora Órdenes, usted ya fundamentó su voto.

La señora ÓRDENES.- Es para responder.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Si le parece, terminaremos la votación, y así le puedo dar la palabra sin incumplir el Reglamento.

La señora ÓRDENES.- Perfecto.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- ¿Han emitido su voto todas las señoras Senadoras y todos los señores Senadores?


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (15 votos a favor, 6 abstenciones y 2 pareos), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Goic y Órdenes y los señores Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro y Pugh.
Se abstuvieron las señoras Aravena y Provoste y los señores Castro, Coloma, García y Sandoval.
No votaron, por estar pareados, los señores Lagos y Quinteros.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- En consecuencia, la iniciativa queda despachada en general y en particular.
Algunas de las observaciones que se han hecho se podrán revisar en el próximo trámite.

¿Senadora Órdenes?

La señora ÓRDENES.- Muchas gracias, Presidente.
Quiero valorar la votación.
Efectivamente, considero que parte de las observaciones que han realizado algunos de los colegas con respecto a si es una medida permanente o transitoria podrán ser revisadas en el segundo trámite constitucional. Por eso es importante que hayamos despachado este proyecto.
Solo quiero destacar que este debate se dio en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Pero claramente si no se cuenta con las habilidades, las destrezas o el estándar de los requisitos que implica tener educación básica, es difícil rendir un examen teórico-práctico.
Por lo tanto, no comparto mucho el juicio de nivelar hacia abajo, más con los índices de alfabetización existentes en Chile.
Además, pensando en el déficit de conductores y conductoras profesionales, que es el problema que deseamos abordar, debemos flexibilizar y descartar esta barrera de entrada y este requisito, porque para obtener la licencia profesional deben haber estado en posesión de la licencia clase B durante dos años. Y además han de rendir un examen más especializado.
Entonces, dudo que alguien que no tenga la licencia básica, primero, pueda pasar el examen teórico, y menos saldar los requisitos que se establecen para la obtención de una licencia profesional en Chile.
Pero, bueno, entiendo que esto queda para la discusión ya de la Cámara de Diputados.
Quiero agradecer a los colegas por el apoyo a esta moción.
Muchas gracias, Presidente.
He dicho
.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Órdenes.
Habiéndose cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A la Delegada Regional Presidencial en Magallanes y al Secretario Regional Ministerial de Salud (S), solicitándoles, ante reapertura del tránsito terrestre con Argentina, COORDINACIÓN, EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE PUERTO NATALES, DE MECANISMO QUE PERMITA TRASLADO DE JUBILADOS RESIDENTES EN ÚLTIMA ESPERANZA Y QUE PRECISAN EL COBRO DE SUS PENSIONES EN RÍO TURBIO.
Del señor HUENCHUMILLA:
A la Ministra de Desarrollo Social y Familia, a fin de que requiera a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena dar a conocer DETALLE DE PREDIOS ADQUIRIDOS CONFORME A LEY INDÍGENA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, ASÍ COMO MONTOS INVERTIDOS EN DICHAS COMPRAS ENTRE LOS AÑOS 2018 Y 2021.
Y al Ministro de Minería y Energía, para que informe detalladamente acerca de RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LLAMADO A LICITACIÓN POR EL MINERAL DEL LITIO.
De la señora ÓRDENES:
Al Ministro Secretario General de la Presidencia, consultándole por MOTIVO DE DILACIÓN Y ESTADO PROCESAL DE EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DE DECRETO SUPREMO QUE FORMALIZA CREACIÓN DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA "MEULLÍN-PUYE".
De la señora ÓRDENES y del señor GIRARDI:
A la Jefa de Oficina de Valparaíso de Superintendencia de Medio Ambiente, solicitándole información sobre MEDIDAS ADOPTADAS ANTE DERRAME DE PETRÓLEO OCURRIDO EL MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN SECTOR 5 DE PUERTO VENTANAS, BAHÍA DE QUINTERO, GENERADA DESDE LÍNEA DE TRANSFERENCIA UBICADA BAJO EL MUELLE DE INSTALACIÓN PORTUARIA, SEGÚN INFORMACIÓN ENTREGADA POR CAPITANÍA DE PUERTO; EL ESTADO DEL SINIESTRO; LOS COMPONENTES ECOSISTÉMICOS EN RIESGO, Y EL PRESUNTO RESPONSABLE.
De la señora ÓRDENES y del señor SANDOVAL:
Al Director del Servicio de Salud de Aysén, solicitándole que informe respecto de AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD DE HEMODINAMIA DE HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE Y ADQUISICIÓN DE ANGIÓGRAFO.
De la señora RINCÓN:
Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal Nacional del Ministerio Público, adjuntándoles ARCHIVOS CORREGIDOS SOBRE 69 PERSONAS SUJETAS A PRISIÓN PREVENTIVA POR HECHOS OCURRIDOS ENTRE EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 Y EL 30 DE MARZO DE 2021.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:44.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción suplente