REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 102ª, en lunes 6 de diciembre de 2021
Extraordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 15:23 a 18:37)
PRESIDENCIA DE SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Sandoval Plaza, David
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, presencialmente, los Ministros de Defensa Nacional, señor Baldo Prokurica Prokurica; Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y de Educación, señor Raúl Figueroa Salas; y, telemáticamente, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Asimismo, se encontraba presente la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora María Paz Troncoso Pulgar, y, telemáticamente, la Subsecretaria de Prevención del Delito, señora María José Gómez García.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:23, en presencia de 15 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Mensaje de S. E. el Presidente de la República.
Con el que hace presente la urgencia, calificándola de
"discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-Reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, Boletín N° 13.086-07.
-El que modifica la ley N°17.798, sobre Control de Armas, sancionando el porte e ingreso de armas en lugares de acceso público, Boletines Nos 9.993-25, 5.254-02, 9.073-25, 9.079-25, 9.053-25, 5.456-02, 5.401-02, 9.035-02, 9.577-25, refundidos.
-El que modifica artículo 476 del Código Penal, para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso, Boletín N° 13.889-07.
-El que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, Boletín Nº 12.288-14.
-El que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato, Boletín N° 12.809-07.
-El que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, Boletín N° 12.092-07.
-El que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, Boletín Nº 12.979-04.
-El que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales, Boletín Nº 14.102-12.
-El que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad, Boletín Nº 13.046-07.
-El que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, Boletines Nos 13.115-06 y 13.565-07, refundidos.
-El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, Boletín Nº 11.174-07.
-El que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago, Boletín Nº 12.042-15.
-El que reconoce a organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte, Boletín Nº 13.870-29.
-El que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica, Boletines Nos 14.107-07 y 14.123-07.
-El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, Boletines Nos 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07, refundidos.
-El que regula los biocombustibles sólidos, Boletín Nº 13.664-08.
-El que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, Boletín Nº 12.208-07.
-El que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, Boletín N° 12.065-15.
-El que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución, Boletín N° 14.008-07.
-El que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios, Boletín N° 14.032-06.
-El que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, Boletín Nº 13.822-07.
-El que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, Boletín Nº 12.436-04.
-El que modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal, Boletín 7.567-07.
-El que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, Boletín Nº 14.309-04.
-El que interpreta el artículo 36 de la ley N° 20.799, Boletín N° 13.731-11.
-El que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad, Boletín Nº 13.657-07.
-El que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo, Boletín Nº 11.422-07.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Si ustedes miran en la Cuenta, constatarán que el Ejecutivo le ha colocado "discusión inmediata" a alrededor de treinta y cinco proyectos.
--(El Senador señor Moreira manifiesta su asombro).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡La misma cara de sorpresa puse yo, Senador Moreira...!
Bueno, no está el señor Ministro Secretario General de la Presidencia; nosotros no teníamos idea de esto; pero me parece que habrá que revisarlo, porque es imposible que, en estos días, a treinta y cinco proyectos se les ponga "discusión inmediata". Así que trataremos de tomar contacto con el señor Ministro para tratar de entender.
El señor MONTES.-
¿Cuántos?
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Treinta y cinco.
El señor MONTES.-
¡Treinta y cinco!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Más o menos. Lea la Cuenta, Senador.
El señor MONTES.-
¡Presidente, podemos pedir que vuelva Alvarado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia...!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Qué vuelva quién?
El señor MONTES.-
¡Que vuelva Alvarado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia...!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Si hubiera estado Alvarado, tendríamos cien proyectos con "discusión inmediata"...!
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados
Con el que informa que ha rechazado, al no alcanzar el quórum constitucional requerido, la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver la divergencia suscitada durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado de los fondos previsionales, con los límites y en las condiciones que indica (Boletines Nos 14.210-07, 14.287-07, 14.293-07, 14.301-07, 14.307-07 y 14.246-07, refundidos).
--Queda para Tabla.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-artículos 429, inciso segundo, parte final; y 162, incisos quinto a séptimo, del Código del Trabajo (Rol N° 12262-21 INA).
-artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 12031-21 INA).
-artículo 470, inciso primero, del Código del Trabajo (Rol N° 11854-21 INA).
-artículos 485, 486, 487, y 488, del Código de Procedimiento Penal (Rol N° 12229-21 INA).
-artículo 299 N° 3, del Código de Justicia Militar (Rol N° 12305-21; Rol N° 12305-21; Rol N° 12305-21 INC).
-artículo 196 ter inciso primero, parte final, de la Ley N°18.290 (Rol N° 12429-21 INA; Rol N° 12445-21; Rol N° 12454-21 INA; Rol N° 12324-21 INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12426-21 INA; Rol N° 12403-21 INA; Rol N° 12437-21 INA; Rol N° 12401-21 INA; Rol N° 12409-21 INA; ) Rol N° 12410-21 INA; Rol N° 12427-21 INA; Rol N° 12377-21 INA; Rol N° 12421-21 INA; Rol N° 12423-21 INA; Rol N° 12399-21 INA; Rol N° 12407-21 INA; Rol N° 12436-21 INA; Rol N° 12441-21 INA; Rol N° 12308-21 INA; Rol N° 12425-21 INA; Rol N° 12373-21 INA; Rol N° 12395-21 INA; Rol N° 12444-21 INA; Rol N° 12447-21 INA; Rol N° 12329-21 INA; Rol N° 12404-21 INA).
-artículo 472 del Código del Trabajo (Rol N° 12127-21 INA; Rol N° 12258-21-INA).
-artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226 (Rol N° 11999-21 INA).
-artículo 162, incisos quinto, sexto, séptimo, y octavo, del Código del Trabajo (Rol N° 12265-21 INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
-artículo 60, inciso octavo, en el DFL N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695 (Rol N° 9431-20-INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 11666-21-INA; Rol N° 11667-21-INA; Rol N° 11688-21-INA; Rol N° 11608-21; Rol N° 11673-21-INA; Rol N° 11622-21; Rol N° 11676-21-INA; Rol N° 11661-21; Rol N° 11599-21; Rol N° 11685-21-INA; Rol N° 11689-21-INA; Rol N° 11659-21; Rol N° 11704-21-INA; Rol N° 11706-21-INA; Rol N° 11709-21; Rol N° 11718-21; Rol N° 11721-21; Rol N° 11773-21; Rol N° 11747-21-INA; Rol N° 11722-21; Rol N° 11724-21; Rol N° 11723-21; Rol N° 11775-21; Rol N° 11727-21; Rol N° 11728-21; Rol N° 11725-21; Rol N° 11799-21; Rol N° 11821-21; Rol N° 11748-21-INA; Rol N° 11756-21-INA).
-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 10613-21-INA; Rol N° 11081-21-INA).
--Se manda archivar los documentos.
De la señora Directora Nacional de Obras Portuarias (S)
Informa petición del Honorable Senador señor Guillier, acerca del estado de avance del proyecto denominado "Mejoramiento Infraestructura Marítima de Caleta Bucalemu VI Región".
Del señor Director Nacional de Obras Hidráulicas
Atiende inquietud de la Honorable Senadora señora Allende, relativa al futuro laboral de los trabajadores de la Unidad de Agua Potable Rural de la región de Valparaíso, como consecuencia de la implementación de la ley Nº 20.998.
Responde petición del Honorable Senador señor De Urresti, acerca de la posibilidad de priorizar los proyectos que indica relacionados con obras hidráulicas.
Del señor Director Nacional de Arquitectura (S)
Remite respuesta a la Honorable Senadora señora Allende, sobre la ejecución de los Proyectos Barón, Ascensores y Neurociencias, en la región de Valparaíso.
De la señora Directora General de Concesiones de Obras Públicas
Contesta requerimiento del Honorable Senador señor Navarro, respecto del proceso de licitación del proyecto Ruta Pie Monte del sector Las Lomas de San Pedro de la Paz.
Envía respuesta a planteamiento del Honorable Senador señor De Urresti, en relación con las acciones que podría ejercer el ciudadano que individualiza para sanear y regularizar la situación que le afecta.
De la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Honorable Cámara de Diputados
Solicita informar el estado actual de tramitación del proyecto de ley sobre extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda (boletín N° 12.392-25), y requiere buenos oficios ante la Comisión de Seguridad Pública para agilizar su tratamiento.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Certificado del nuevo primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los reglamentos que fijen o modifiquen las plantas de personal municipal, dictados de conformidad con la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades (Boletines Nos 13.195-06 y 13.746-06, refundidos).
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre vigencia de los procedimientos excepcionales de regularización de viviendas y de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social (Boletines Nos 14.676-14 y 13.860-14, refundidos).
--Quedan para Tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señor Pugh, señoras Aravena y Rincón y señores Araya y Elizalde, con la que inician un proyecto de ley que instituye el mes de noviembre como el "Mes Nacional de la Infraestructura Crítica y su Resiliencia" (Boletín N° 14.732 -02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Proyecto de Acuerdo
De los Honorables Senadores señor Sandoval, señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz y Órdenes, y señores Alvarado, Castro, De Urresti, Durana, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Insulza, Latorre, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros y Soria, por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, presente un proyecto de ley para la creación de un Sistema Integral de Promoción de la Autonomía Personal, de Cuidados y de Protección a la Dependencia. (Boletín N° S 2.228-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Eso es todo, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la Cuenta.
Procederemos a entregar los acuerdos de Comités.
Senadora Órdenes, ¿es con respecto a la Cuenta?
¿No?
¿Nadie?
Muy bien.
Pasamos, entonces, a los acuerdos de Comités.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Los Comités, en sesión celebrada el viernes 3 de diciembre recién pasado, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Citar a sesiones extraordinarias de la Corporación el lunes 6 de diciembre en curso, de 15 a 19 horas, y el martes 7 de diciembre del presente, de 10 a 14 horas, con las tablas que, para cada caso, se indicarán más adelante.
Sin perjuicio de lo anterior, se faculta a la Mesa del Senado para incorporar en la tabla de la sesión del lunes, si esta fuere totalmente despachada ese día, asuntos de la tabla de la sesión del martes, e incorporar en esta última las materias que quedaren pendientes o no alcanzaren a ser tratadas en la sesión del lunes.
2.-
Considerar en primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugares, respectivamente, del Orden del Día de la sesión extraordinaria del lunes 6 de diciembre en curso, las siguientes iniciativas:
-Observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación en diversas materias de orden laboral, con informe de la Comisión de Educación y Cultura (boletín N° 11.780-04).
-Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver la divergencia suscitada entre ambas Cámaras respecto del proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, que modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado de los fondos previsionales, con los límites y en las condiciones que indica (boletines Nos 14.210-07, 14.287-07, 14.293-07, 14.301-07, 14.307-07 y 14.246-07, refundidos), siempre que fuere despachado por la Cámara de Diputados y se hubiere recibido el oficio respectivo.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que especifica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (boletín N° 12.208-07).
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley del Tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas que indica (boletines Nos 10.109-15 y 12.065-15, refundidos).
-Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, a fin de establecer el domicilio de los gobernadores regionales (boletín N° 14.328-06).
3.-
Tratar en tabla de Fácil Despacho de la sesión extraordinaria del martes 7 de diciembre del presente el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías (boletín N° 13.828-19), siempre que fuere despachado por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación y se hubiere recibido el segundo informe o el certificado respectivo.
4.-
Considerar en primer, segundo y tercer lugares, respectivamente, del Orden del Día de la sesión extraordinaria del martes 7 de diciembre en curso las siguientes iniciativas:
-Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, siempre que sea ingresado el mencionado oficio, fuere despachado por la Cámara de Diputados y se hubiere recibido el oficio que comunica la decisión de dicha Corporación.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (boletines Nos 13.115-06 y 13.565-07, refundidos).
-Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo (boletín N° 11.422-07), siempre que fuere despachado por la Comisión Mixta y se hubiere recibido el respectivo informe o el certificado.
5.-
Dejar sin efecto la sesión ordinaria correspondiente al martes 7 de diciembre del presente.
6.-
Designar a los miembros de la Comisión de Defensa Nacional integrantes de la Comisión Mixta que se constituirá para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad.
7.-
Consultar a la Sala del Senado si se abrirá un nuevo plazo para presentar indicaciones respecto del proyecto de ley que establece la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur (boletín N° 11.817-04). De lo contrario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación, correspondería dar por aprobada en particular dicha iniciativa por no haberse formulado indicaciones a su respecto dentro del plazo inicialmente establecido.
8.-
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 34 del Reglamento de la Corporación, y en atención a la solicitud formulada por el Comité Partido Evópoli, proceder a citar a sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía con la finalidad de pronunciarse acerca de la censura presentada en dicha instancia. Asimismo, solicitar a la Secretaría de la referida Comisión una nómina de los proyectos y asuntos que se encuentran radicados en ella para su tratamiento, con indicación de su actual estado de tramitación.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
)------------(
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Antes de pasar al Orden del Día, la Senadora Órdenes ha solicitado la palabra.
Puede intervenir, Su Señoría.
La señora ÓRDENES.-
Muchas gracias, Presidente.
Pido que recabe la autorización correspondiente para que la Comisión Especial del Adulto Mayor pueda sesionar en paralelo con la Sala entre 5 y 6 de la tarde.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para ello?
Lo único que les digo es que los tres primeros proyectos que tenemos en tabla son de quorum calificado, así que hay que estar muy atentos.
¿Les parece a Sus Señorías?
Así se acuerda.
)-----------(
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Sí, Presidente.
Solicito, por intermedio de la Mesa, que se oficie a la Presidenta de la Comisión de Hacienda para que ponga en tabla el proyecto de "Ley corta", que está desde junio en dicha instancia.
El señor LETELIER.-
¿"Ley corta"? ¿Cuál?
El señor QUINTEROS.-
La "Ley corta de Pesca", perdón.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
El señor QUINTEROS.-
Gracias.
OBLIGACIÓN DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL DE CONTRIBUIR A FÚTBOL
AMATEUR
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Señoras y señores Senadores, conforme al acuerdo de Comités, corresponde abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que establece la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 11.817-04) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Hago presente que hasta el momento no se han presentado indicaciones a esta iniciativa.
Por lo tanto, si no se solicita un nuevo plazo para tales efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación, corresponde dar por aprobado el proyecto en particular al no haberse formulado indicaciones dentro del plazo establecido al efecto.
En consecuencia, solicito el acuerdo de la Sala para dar por aprobada en particular la iniciativa.
Acordado.
--Se aprueba en particular el proyecto en los términos señalados, y queda despachado en este trámite.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Pasamos, entonces, al Orden del Día.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN EN MATERIAS DE ORDEN LABORAL. VETO
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En primer lugar, corresponde ocuparse en las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación en diversas materias de orden laboral, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 11.780-04) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El texto del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional se compone de dos artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.
El artículo 1° de la iniciativa, mediante cuatro numerales, modifica la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación; en tanto que el artículo 2°, con tres literales, enmienda la ley N° 19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años.
Respecto del texto despachado por el Congreso Nacional, Su Excelencia el Presidente de la República presentó cuatro observaciones.
La observación número 1) propone suprimir el numeral 1 del artículo 1°, el cual enmienda el artículo 41 de la mencionada ley N° 19.070, referido al feriado legal de los profesionales de la educación, con la finalidad de extender el feriado legal a la interrupción de las actividades académicas que tienen lugar en la época invernal en cada año; establecer que la convocatoria deba realizarse hasta el día 30 de noviembre, para efectuar únicamente actividades de perfeccionamiento, y ya no de otro tipo, durante las tres primeras semanas de enero, y, finalmente, exigir que las mencionadas actividades tengan que estar inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.
La observación número 2) propone suprimir las letras a) y c) del número 3 del artículo 1°, las cuales modifican el artículo 70 del Estatuto Docente, que regula un sistema de evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñan en funciones de la docencia de aula.
La letra a) del mencionado numeral 3 suprime la oración final del inciso séptimo del citado artículo 70, que contempla como causal de exclusión de la dotación el hecho de haber obtenido un profesor una calificación de desempeño básico en tres evaluaciones consecutivas, o de desempeño básico o insatisfactorio, de forma alternada, durante tres mediciones sucesivas.
La letra c) de dicho numeral, en tanto, incorpora un nuevo inciso decimotercero en el artículo 70, estableciendo que aquellos profesionales de la educación que se eximan de la evaluación no perderán el derecho al bono poslaboral que contempla la ley N° 20.305, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, ni a los bonos de incentivo al retiro que se encuentren vigentes.
La observación número 3) propone sustituir el numeral 4 del artículo 1°, que deroga las letras g) y k) del inciso primero del artículo 72 del Estatuto Docente, por otra norma que solo deroga la letra k) de la mencionada disposición. El citado artículo 72 del Estatuto Docente contiene las causales de término de la relación laboral de los profesionales de la educación. Entre ellas, la contemplada en la letra g) está referida a los profesores que en tres evaluaciones consecutivas son calificados con desempeño básico, o bien, básico o insatisfactorio de forma alternada; mientras que la causal establecida en la letra k) alude a la renuncia anticipada que deben presentar los docentes a quienes les faltan tres o menos años para cumplir la edad de jubilación, en caso de que deseen eximirse del proceso de evaluación.
La observación número 4) propone suprimir el artículo segundo transitorio, el cual permite a los profesionales que en la evaluación docente del año 2015 hayan obtenido calificación competente y destacado y que no hayan rendido la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos elegir para su reencasillamiento el resultado con mejor desempeño del portafolio, ya sea 2015 o 2019, en conjunto con la Prueba de Conocimiento Específicos y Pedagógicos de 2019. Si estos resultados no son favorables para reencasillarlos, les da la posibilidad de rendir voluntariamente la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos antes de su próxima evaluación.
La Comisión de Educación y Cultura, sobre la materia, en su informe consigna lo siguiente:
Que rechazó cada una de las observaciones formuladas al proyecto de ley, con las votaciones de mayoría que en cada caso se registran: de 3 votos en contra (Senadores señores Huenchumilla, Montes y Quintana) y 2 votos a favor (Senadores señores Alvarado y García).
Que en medio de los acuerdos adoptados propone rechazar las cuatro observaciones formuladas por el Primer Mandatario a esta iniciativa.
Cabe hacer presente que la Honorable Cámara de Diputados, en sesión de 27 de octubre de 2021, rechazó las observaciones números 1, 2, 3 y 4; y acordó insistir en el texto en los preceptos sobre los que recaen estas observaciones y que fueron aprobados por el Congreso Nacional, con las votaciones que en cada caso señala, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 73 de la Constitución Política de la República.
Sobre el particular, es dable señalar que, de conformidad a la mencionada norma constitucional, si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.
Asimismo, es importante destacar que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en caso de que las Cámaras rechazaren todas o algunas de las observaciones formuladas a un proyecto de ley y no reunieren el quorum necesario para insistir en el proyecto aprobado por ellas, no habrá ley respecto de los puntos de discrepancia.
Por su parte, los números 4, 5 y 6 del artículo 188 del Reglamento de la Corporación se refieren, respectivamente, a las mencionadas insistencias, a los efectos de la misma y a las consecuencias derivadas de no insistir, sea porque una de las Cámaras insiste o la otra no, o bien, por el hecho de que ninguna de ellas alcance el quorum necesario para insistir.
Finalmente, cabe indicar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 127 y artículo 188, números 1 y 2, del Reglamento del Senado, las observaciones del Ejecutivo se discuten en general y en particular a la vez, se votan separadamente y no procede dividir la votación.
El texto de las observaciones presentadas a esta iniciativa se transcribe en la página 26 del informe de la Comisión de Educación y Cultura y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Pasaremos a la discusión de las observaciones del Presidente de la República.
Entiendo que la Senadora Provoste va a reemplazar al Senador Quintana para rendir el informe de la Comisión de Educación.
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidente.
Voy a dar a conocer los antecedentes que tuvo a la vista la Comisión de Educación y Cultura cuando trató y discutió las referidas observaciones en general y en particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 188, número 1, del Reglamento del Senado, en sesión celebrada el día 3 de noviembre recién pasado.
A la sesión de la Comisión concurrieron el Ministro de Educación, el Subsecretario de Educación y sus asesores señores José Pablo Núñez y Trinidad Valdés.
La iniciativa tiene por propósito mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación, incorporando enmiendas al Estatuto Docente respecto al feriado legal, actividades de perfeccionamiento, prórroga de contratos y evaluación docente, e introduciendo adecuaciones en la normativa que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por cierto tiempo.
El proyecto fue presentado en mayo de 2018, aprobado por la Cámara de Diputados en junio del año 2019, y después por el Senado en agosto del año 2021. Posteriormente, en septiembre del año en curso, la Cámara de origen aprobó las modificaciones introducidas durante el segundo trámite constitucional.
El pasado mes de octubre Su Excelencia el Presidente de la República presentó cuatro observaciones a la iniciativa, todas las cuales fueron rechazadas por la Cámara de Diputados. Dicha Corporación, además, resolvió insistir en el texto despachado por el Congreso Nacional en todas las partes pertinentes, correspondiendo luego su estudio por parte de la Cámara revisora.
Las propuestas planteadas por el Ejecutivo fueron remitidas a la Comisión de Educación y Cultura.
Observación número 1)
La normativa vigente prescribe que el feriado legal de los profesionales de la educación es el período de interrupción de las actividades escolares que se produce en enero y febrero, o bien, el que medie entre el término de un año escolar y el comienzo del siguiente.
Adicionalmente, permite que durante este lapso los referidos profesionales sean convocados hasta por tres semanas consecutivas a actividades de perfeccionamiento u otras diferentes a la docencia de aula.
En relación con esta materia, el proyecto busca extender el feriado legal a la interrupción académica que tiene lugar en la época invernal de cada año.
Asimismo, pretende establecer que la convocatoria para efectuar únicamente tareas de perfeccionamiento -y ya no de otro tipo- deba realizarse hasta el día 30 de noviembre de cada año, para que se concreten durante las tres primeras semanas de enero. De igual modo, intenta exigir que las mencionadas actividades tengan que estar inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).
La observación número 1) propone suprimir las modificaciones descritas.
Las autoridades de Gobierno y los integrantes de la Comisión que votaron a favor del veto plantearon los siguientes argumentos:
1.-
Considerar las vacaciones de invierno como feriado legal impediría a los establecimientos realizar en ese período actividades de perfeccionamiento o de planificación del semestre siguiente. Adicionalmente, se estaría discriminando a los demás trabajadores del país, quienes tienen una menor cantidad de días de descanso.
2.-
Circunscribir las actividades de capacitación a aquellas inscritas en el Registro Nacional del CPEIP atentaría contra el espíritu de la ley N° 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas, la cual busca potenciar los espacios de perfeccionamiento al interior de los propios establecimientos. Asimismo, se estaría imponiendo a dicho Centro una tarea que no sería capaz de enfrentar.
Reitero: estos fueron los argumentos de aquellos que están a favor del veto presidencial.
Los miembros de la Comisión que se manifestaron en contra de la observación sostuvieron que:
1.-
Resulta positivo que los cursos de capacitación deban ser visados por el CPEIP, ya que ello contribuirá a asegurar la calidad de los mismos y a entregar una orientación común en torno a ciertos aspectos. Además, las tecnologías actuales deberían facilitar el cumplimiento de este requisito.
Cabe hacer presente a esta Sala que el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas tiene entre sus funciones, precisamente, el certificar los cursos de capacitación. Por lo tanto, no resulta del todo pertinente señalar que iniciativas de perfeccionamiento y capacitación no pasen por el registro del CPIEP. Más bien, esta es una norma que cautela la calidad de los cursos de perfeccionamiento que se entregan a los profesores y las profesoras.
En segundo lugar, los límites relativos a las fechas de convocatoria y realización de las actividades de perfeccionamiento garantizan el debido respeto por el período de descanso de los docentes.
Además, cabe hacer presente en este punto que se hace presente un protocolo escrito, firmado por la ex Ministra Marcela Cubillos, donde efectivamente se establece este elemento como un punto central para el término de una larga movilización de profesores.
Observación número 2)
La regulación vigente contempla un sistema de evaluación de los profesionales de la educación que llevan a cabo funciones de docencia de aula.
La iniciativa intenta suprimir como causal de exclusión de la dotación el hecho de que un profesor o profesora haya obtenido una calificación de desempeño básico en tres mediciones consecutivas, o de desempeño básico o insatisfactorio, de forma alternada, durante tres evaluaciones sucesivas.
De igual modo, el proyecto pretende establecer que los profesionales de la educación que se eximan de la medición no perderán el derecho al bono poslaboral contemplado en la ley Nº 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, ni los bonos de incentivo al retiro que se encuentran vigentes.
La observación número 2) busca eliminar ambas modificaciones.
Acerca de la supresión de la causal de término, los representantes del Ejecutivo y los Senadores que respaldaron el veto expresaron que "La proposición de ley envía una señal contraria a la calidad de la educación pública y que terminará perjudicando a los alumnos".
En este sentido, diversos expertos y exautoridades del mundo de la educación han criticado con fuerza la eliminación de esta causal de término de la relación laboral.
En segundo lugar, son pocos los docentes que se ven afectados por esta situación, y adicionalmente existe un proceso de acompañamiento orientado a mejorar sus resultados.
Los integrantes de la Comisión que votaron en contra formularon los siguientes planteamientos.
1.-
El texto despachado por el Congreso Nacional permite restituir el carácter formativo que siempre ha tenido la evaluación docente, de conformidad con el acuerdo alcanzado con el Colegio de Profesoras y Profesores en su oportunidad.
2.-
El resultado de las mediciones puede verse afectado por diversos factores, ajenos a la voluntad y capacidad de los profesionales.
3.-
Se mantiene la causal de término referida a los profesores con peores resultados, esto es, aquellos que obtienen en dos ocasiones consecutivas un desempeño insatisfactorio.
4.-
Existe una profunda desconfianza hacia el actual sistema de evaluación, el que no pone el debido énfasis en los estímulos positivos para elevar la calidad.
Además, tal como indicó el Ejecutivo, se cuestiona la existencia de docentes que hayan tenido un adecuado proceso de acompañamiento orientado a mejorar sus resultados.
Al respecto, no ha habido una evaluación que permita identificar con claridad a aquellos profesores y profesoras que requieren un plan de superación profesional, el cual tiene por objeto reducir las brechas de formación detectadas en la evaluación docente a través de acciones formativas dirigidas a las profesoras y los profesores que obtuvieron un desempeño básico o insatisfactorio, ni tampoco ha sido posible concluir que este proceso se haya realizado en favor de la calidad de la educación.
En cuanto al derecho al bono poslaboral y al incentivo al retiro de aquellos docentes que se eximan de la medición, de la posición de las autoridades de Gobierno y de los señores Senadores que apoyaron el veto, a partir de la redacción aprobada, puede entenderse que aquellos profesores que se eximen de rendir la evaluación docente, por encontrarse próximos a jubilar, estarían habilitados para recibir el bono poslaboral y los bonos de incentivo al retiro, incluso sin haber dejado la dotación.
Los miembros de la Comisión que estuvieron por rechazar la observación adujeron que resulta pertinente hacer mención expresa al derecho de los docentes que se encuentran en esta situación a percibir los beneficios correspondientes, esto es, aquellos profesores y profesoras que estando próximos a jubilar pueden solicitar ser eximidos de rendir esta evaluación docente. Sin embargo, la práctica los ha excluido del bono poslaboral y de los bonos a incentivo al retiro, por lo cual se busca mejorar esa condición en este proyecto.
Observación número 3)
La observación número 3) es complementaria de la número 2), en tanto pretende enmendar la redacción que el proyecto sugiere para el listado de causales de término de la relación laboral docente en el sentido explicado precedentemente.
Observación número 4)
La observación número 4) intenta eliminar el artículo segundo transitorio del proyecto.
Esta última disposición permite a los profesionales que en la evaluación docente del año 2015 hayan obtenido calificación competente y destacada, y que no hayan rendido la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos, elegir para su reencasillamiento el resultado con mejor desempeño de portafolio, ya sea del año 2015 o del 2019, en conjunto con la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos del año 2019. Si estos resultados no son favorables para reencasillarlos, les da la posibilidad de rendir voluntariamente la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos antes de su próxima evaluación.
Los representantes del Ministerio de Educación y los integrantes de la Comisión que votaron favorablemente el veto señalaron lo siguiente.
1.-
Esta medida representa una discriminación arbitraria en contra de los demás profesores que quedan incluidos en un determinado tramo, de acuerdo a la última medición a la que se hayan sometido.
2.-
Adicionalmente, el encasillamiento según la última calificación genera un permanente incentivo para obtener mejores resultados.
Por su parte, los señores Senadores que se manifestaron en contra de la observación planteada indicaron que el problema de los docentes mal encasillados, que hay en todas las regiones del país, incluida la Región de Arica y Parinacota, todavía no se ha solucionado completamente, y ya han transcurrido varios años sin que se hayan adoptado medidas para resolver dicha dificultad.
Propuesta de la Comisión de Educación y Cultura
De conformidad con los acuerdos adoptados, la mayoría de los miembros de la Comisión, Senadores Francisco Huenchumilla (en representación de la Senadora Provoste, quien se encontraba haciendo uso de una cuarentena preventiva), Carlos Montes y Jaime Quintana, manifestó su voto contrario. Votaron a favor los Senadores Alvarado y García Ruminot.
En consecuencia, la mayoría antes señalada propone el rechazo de todas las observaciones presentadas por el Ejecutivo, precedentemente descritas y analizadas en la cuenta que acabo de rendir a la Sala.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senadora Provoste.
El señor Ministro está solicitando la palabra.
Puede intervenir, Ministro.
El señor FIGUEROA (Ministro de Educación).-
Muchas gracias, Presidente.
Por su intermedio, saludo a todas las señoras y los señores Senadores.
Creo que es importante despejar con claridad cuáles son los objetivos de las observaciones que ha presentado el Presidente de la República frente a este proyecto de ley y poner el foco en lo que este debate implica.
Primero, quiero despejar algo.
El veto presentado por el Presidente de la República no restringe ni limita ningún beneficio que actualmente tengan los profesores o las profesoras en el país. Su único propósito es mantener normas fundamentales que apuntan a la calidad de la educación pública y evitar que se generen discriminaciones arbitrarias entre los propios docentes, y entre ellos y otros trabajadores.
Es importante recordar que la esencia, el foco principal del proyecto de ley que estamos discutiendo hoy se mantienen.
Esta iniciativa nace con un principal objetivo, cual es reconocerles la titularidad a los profesores que, por un tiempo prolongado, cumplen funciones a contrata en los municipios.
La titularidad docente, que es el objetivo principalísimo de este proyecto, no ha sido objeto de reparos, y las observaciones que se han formulado solo apuntan a corregir aspectos que fueron incorporándose durante la tramitación del proyecto y que, de mantenerse, aunque esto fue advertido y debatido en su momento, lamentablemente terminarían afectando profundamente la calidad de nuestro sistema educativo y, por lo tanto, se estaría perjudicando a los miles de estudiantes que van a la educación pública.
Hemos llevado adelante como país un trabajo serio y prolongado, que apunta a mejorar las condiciones de los docentes y también a asegurar una educación pública de calidad.
El veto que hoy día se discute va precisamente en esa dirección: mantener un consenso básico con respecto a cuáles son las condiciones que requiere nuestro sistema de educación pública para asegurar a nuestros alumnos un proceso educativo de calidad.
De manera muy sintética, Presidente, me parece muy importante referirme a cada uno de los puntos de este veto a fin de despejar dudas y marcar con claridad cuál es el objetivo de las observaciones que se están discutiendo.
En primer lugar, durante la tramitación del proyecto se incorporaron, en el artículo 41 del Estatuto Docente, dos aspectos. El primero es el reconocimiento por ley de la interrupción invernal del período escolar como un feriado legal para los docentes.
Sobre este punto quiero ser muy claro. En Chile, efectivamente, durante lo que se conoce tradicionalmente como vacaciones de invierno de los alumnos, los establecimientos educacionales tienden a entregarles ese mismo período, como tiempo de descanso, a los docentes.
El veto presentado no impide, bajo ningún punto de vista, que ese beneficio, que tradicionalmente se les entrega a los docentes, se mantenga. Lo único que hace es corregir lo que se incorporó durante la tramitación en cuanto a reconocer ese mismo período de vacaciones de invierno como un feriado legal para los profesores.
¿Qué significa lo anterior? Varios efectos.
Primero, ciertamente genera una discriminación respecto de los demás trabajadores de Chile que no gozan de ese beneficio de feriado legal durante el invierno. Ustedes saben que los profesores tienen, de forma muy merecida, un amplio margen de vacaciones durante el verano, que va entre el término de un año escolar y el inicio del siguiente, con la posibilidad -como lo vamos a ver más adelante- de ser convocados para actividades que no sean de aula o para capacitación.
Se agrega entonces, por ley, un feriado que ningún otro trabajador tiene, desde el punto de vista legal, en Chile, lo cual genera una diferencia que, creemos, debe ser observada.
Pero no solo se busca evitar una discriminación arbitraria, como he planteado, sino que además, tal como ha quedado redactado el artículo 41 en el proyecto de ley, se hace imposible que durante el período de interrupción de clases en el invierno un profesor pueda ser convocado, ya sea para planificar las clases del segundo semestre, o bien a actividades de perfeccionamiento o capacitación. Siempre ha sido fundamental contar con ese tiempo para, de una manera adecuada, planificar o bien capacitarse en aquello que los alumnos necesitan. Y hoy día más que nunca, frente al desafío que tenemos de recuperar los efectos tan complejos de la pandemia, creo que privar al sistema educativo de la posibilidad de aprovechar el tiempo con miras a un perfeccionamiento adecuado sería un profundo error.
Por lo tanto, el primer punto de las observaciones apunta a no incorporar, de manera legal, este feriado, lo cual, insisto, no significa privar a los profesores de la opción de que efectivamente tengan ese tiempo de descanso, sino asegurar, por esa vía, de que durante el período de invierno puedan ser efectivamente convocados, ya sea a planificar, ya sea a capacitarse.
Pero además el proyecto incorpora una restricción a la posibilidad de capacitar docentes durante la temporada de verano. Hoy día la ley establece que un profesor puede ser convocado a actividades que no sean de aula durante no más de tres semanas durante el período de verano. Lo que hace el proyecto es, primero, limitar la posibilidad de que sean citados solo a capacitaciones, lo que significa que la planificación que tradicionalmente se hace durante esa etapa dejará de ser factible.
Por lo tanto, de aprobarse el proyecto tal como está, sin considerarse las observaciones presentadas por el Presidente, un establecimiento educacional de la educación pública -recuerden que esto afecta fundamentalmente a los establecimientos de este sector- quedará impedido de convocar a un profesor para planificar las actividades del año siguiente. Y no solo eso, si lo convoca para capacitarse, solo lo podrá hacer en aquellas áreas de capacitación que estén certificadas por el CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación).
Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, el CPEIP realiza un gran trabajo en materia de perfeccionamiento; pero pretender acotar las actividades de perfeccionamiento exclusivamente a lo que esté registrado y certificado por dicha entidad nos parece un error que limita las posibilidades de desarrollo de nuestros profesores y que por esa vía afecta profundamente la calidad de nuestro sistema. Y es más: limitar la capacitación solo a lo que contemple el Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación va en un sentido contrario de lo que con amplio consenso se aprobó al discutir la Ley de Desarrollo Profesional Docente, que pone la formación y la capacitación como un objetivo central dentro de los establecimientos educacionales. De hecho, el artículo 11 de la ley Nº 20.903 establece que "los establecimientos educacionales y en particular sus directores y equipos directivos, tendrán como una de sus labores prioritarias el desarrollo de las competencias profesionales de sus equipos docentes, asegurando a todos ellos una formación en servicio de calidad". Y agrega: "Con el objeto de lograr lo dispuesto en el inciso anterior los establecimientos educacionales podrán contar con el apoyo de los docentes de su dependencia que pertenezcan a los tramos profesionales experto I y experto II u otros docentes de esos mismos tramos de desempeño profesional, si así lo determinan voluntariamente, pudiendo para estos mismos fines generar redes de apoyo con otros establecimientos educacionales y, o equipos docentes".
De acuerdo con el sistema de desarrollo profesional docente, la esencia del perfeccionamiento de los profesores está en que este se lleve a cabo en cada establecimiento conforme a la propia cultura de cada uno de ellos y según las propias necesidades que existan en cada cual.
Chile tiene, solo en el ámbito escolar, 9.500 establecimientos educacionales, y resulta fundamental entregarles espacios permanentes de innovación, de desarrollo y de mejora. Excluir a los colegios de perfeccionar a sus propios docentes es, derechamente, un atentado en contra de la calidad de su desarrollo.
Por lo tanto, aprobar el proyecto tal como está significa limitar, no solo las posibilidades de planificación, sino también las posibilidades de perfeccionamiento, lo cual, creemos, constituye un profundo error.
Por eso, insisto en que lo único que busca el veto, en esta parte, es mantener espacios de perfeccionamiento, de innovación, de flexibilidad dentro del sistema educativo, para no rigidizarlo ni llevarlo a una lógica hegemónica en el perfeccionamiento, que es lo que ocurriría si no se aprueban estas observaciones.
Consideramos fundamental, pensando en la mejora de la educación pública, mantener el texto de la ley tal como está hoy día, y por lo tanto, dejar la posibilidad de que un profesor pueda ser citado a capacitarse o a planificar durante el invierno, y asegurar que, si aquello ocurre durante el verano, también se pueda citar a planificar o bien a capacitarse en un abanico mucho más amplio de posibilidades, no restringidas solamente a aquellas materias que estén certificadas por el aparato ministerial a través del Centro de Perfeccionamiento.
El segundo punto del veto apunta a mantener una causal de término de la relación laboral establecida en la ley y que, a mi juicio, es fundamental para dar una clara señal de calidad en el sistema.
Como ustedes saben, los docentes se someten periódicamente a evaluación; en términos generales, cada cuatro años, o cada menos tiempo dependiendo de los resultados que obtengan en ella. Y es el propio Estatuto Docente el que dispone que si un profesor, de manera reiterada y sistemática, recibe una evaluación de desempeño "insatisfactorio" o "básico" durante tres oportunidades seguidas -es decir, alternadamente "básico" o "insatisfactorio" en tres ocasiones consecutivas-, incurre en una causal de término de la relación laboral. Estamos hablando de un profesor que, no obstante haber recibido los apoyos que establece la ley en el evento de no obtener una evaluación adecuada, es calificado de manera sistemática y reiterada con desempeño "básico" o "insatisfactorio".
Lo que hace el proyecto de ley es eliminar esa causal de término de la relación laboral. ¿Cuál es el efecto de esta eliminación? Que si un docente, en un rango de al menos ocho años -que sería el período durante el cual podría extenderse la situación-, se mantiene mal... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Ministro, ¿necesita más tiempo para poder terminar?
Puede continuar.
El señor FIGUEROA (Ministro de Educación).-
Gracias.
Decía que, si no se aprueba el veto en este punto, vamos a tener profesores que durante un período de al menos ocho años en que no han mejorado su evaluación y en que han recibido apoyo para perfeccionarse siguen ejerciendo funciones de aula de una manera que nuestros alumnos de la educación pública no se merecen.
Por lo tanto, consideramos fundamental, para dar una señal clara al país de que la calidad de la educación pública nos importa, que el veto sea aprobado también en esta parte.
Un tercer elemento, Presidente, obedece más bien a un error de cómo quedó redactada la ley y que creo importante corregir; dice relación con la eliminación de la letra c) del numeral 3, que señala que si un profesional se exime del proceso de evaluación por estar pronto a jubilar de todas formas puede recibir el bono de incentivo al retiro o bono poslaboral. En esto quiero ser muy claro: nadie se está negando -y todo lo contrario, es importante que lo reciban, porque es un derecho al que evidentemente tienen acceso- a que un docente que abandone la dotación reciba el bono de retiro o bono poslaboral. Lo que ocurre es que, tal como quedó redactado el texto, es posible que un profesor que se haya eximido del proceso de evaluación docente por estar pronto a jubilar pero que por cualquier razón no se retira reciba de todas maneras el bono de retiro o bono poslaboral.
Eso está resuelto en la propia ley, que señala expresamente, en la letra b) -que no se elimina con el veto-, que "Podrán eximirse del proceso de evaluación docente establecido en los incisos anteriores, los profesionales de la educación a quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad legal para jubilar. Con todo, estos profesionales quedarán sujetos a lo prescrito en los artículos 73, 73 bis y 74 o en la ley de incentivo al retiro que se encuentre vigente". Por lo tanto, quedan sujetos a la ley y reciben su bono si se retiran de la dotación. Pero, como quedó redactada la letra siguiente, esto perfectamente podría llevar a una judicialización innecesaria, porque alguien podría entender que tiene derecho al bono no obstante no haber dejado la dotación docente.
Por eso, consideramos importante corregir este error de redacción en el que se incurrió durante la tramitación del proyecto.
Sobre el punto, recuerdo que se permite que un profesor se exima de la evaluación por estar pronto a jubilar -y nos parece bien-, eliminándose como causal de término de la relación laboral. Es decir, hoy día un profesor podría eximirse sin que necesariamente tenga que abandonar la dotación docente, y por eso se mantiene la derogación de la letra k) del artículo 72.
Por último, nos queremos referir a un artículo transitorio que efectivamente entrega, a algunos docentes que pasaron por el proceso de encasillamiento luego de la aprobación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la posibilidad de optar por la prueba de conocimientos que les resulte más ventajosa en términos de mejorar su encasillamiento.
De partida, creemos que este es un problema que se produjo solo respecto de un grupo muy específico de docentes que ya tienen la posibilidad de evaluarse en el nuevo sistema, y por lo tanto, se corrige por esa vía. Generar una diferencia de este tipo, en que algunos profesores puedan elegir cuál es la evaluación que les resulta más ventajosa mientras todos los demás deben estar al resultado de su última evaluación para los efectos de tener claridad sobre cuál es el monto que recibirán por efecto del encansillamiento, nos parece una discriminación arbitraria en la que no resulta adecuado incurrir.
Termino, Presidente, reiterando que el único objetivo de este veto es asegurar un piso mínimo de calidad para la educación pública. No se le quita ningún derecho que hoy día se tenga a ningún profesor. Todo lo contrario, se apunta en la dirección en la que, entiendo, existe un amplísimo consenso, como es la de no dar señales equívocas en cuanto a la calidad de la educación pública.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, señor Ministro.
Colegas, tengo a varios Senadores inscritos y me están pidiendo abrir la votación.
Lo que correspondería hacer es votar el informe de la Comisión, y después de eso, si se rechazan las observaciones y se insiste, habría que votar nuevamente para ver si se obtiene el quorum requerido.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Senador García, tiene la palabra.
El señor GARCÍA.-
Presidente, punto de reglamento.
¿Usted está señalando que debiéramos tener una sola votación, sin votar cada veto en su mérito?
¿Votaríamos el informe de la Comisión de Educación...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Así es. Es lo que corresponde.
El señor GARCÍA.-
Por lo tanto, habría una sola votación.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Exactamente.
El señor GARCÍA.-
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Si después hay insistencia, ahí sí podríamos votar, o todo junto o cada enmienda en su mérito.
El señor GARCÍA.-
Correcto.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador García, lo tengo inscrito para intervenir.
Abrimos la votación, entonces, que sería una sola, pronunciándonos sobre el informe de la Comisión, que propone rechazar las observaciones formuladas por el Ejecutivo, de manera que quienes quieran apoyar a la Comisión y rechazar deben votar que sí, y los que estén en contra deben votar que no.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador García, tiene la palabra.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera señalar que el despacho de este veto, cualquiera que sea el resultado, va a permitir promulgar como ley aspectos muy importantes no contenidos en el veto, pero sí en el proyecto de ley, que estaría culminando su tramitación con estas votaciones. Y lo que hace el proyecto de ley, entre otras cosas, es otorgar titularidad de horas de extensión a los profesores, ya sea que dependan de la Dirección de Educación Municipal (DAEM) o de las corporaciones municipales.
Otra cosa bien importante, y de ahí la urgencia de despacharlo, es que prorroga, por los meses de enero y febrero, los contratos de aquellos docentes que terminan su vínculo ahora, a partir del 1° de diciembre.
Son beneficios bien significativos, que van a estar de todas maneras en la ley, cualquiera que sea -reitero- el resultado de la votación.
En cuanto a los cuatro vetos enviados por Su Excelencia el Presidente de la República, nosotros somos partidarios de votarlos favorablemente, y por lo tanto, estamos por rechazar el informe de la Comisión de Educación.
Nuestros argumentos son los siguientes.
En primer lugar, en relación con la evaluación docente, puede que para algunos resulte duro decirles a los profesores mal evaluados que tienen que retirarse del sistema. Esa es una mirada. Pero está la otra, y es el hecho de que nosotros estamos comprometidos con una educación de calidad, así como con apoyar y fortalecer a los profesores que hacen bien su trabajo.
No es congruente que docentes sistemáticamente mal evaluados, reiteradamente mal evaluados, que no logran pasar los umbrales aceptados por el sistema, a pesar de los apoyos que les entrega el Ministerio de Educación, a pesar de los apoyos que les entregan las propias unidades educativas, continúen en sus cargos, porque, finalmente, terminan perjudicando a nuestros niños, perjudicando la educación de nuestros jóvenes, y perjudicando también a los profesores que sí son bien evaluados y que, en definitiva, terminan haciendo la pega de los otros.
En estos últimos días he conversado con muchos de ellos y me ha impresionado cómo insisten en que, lamentablemente, dolorosamente, los maestros mal evaluados deben salir del sistema, porque es una garantía -no la única- y parte de lo que la institucionalidad exige para lograr una educación de mayor calidad.
Por lo tanto, permitir que profesores mal calificados y cuya mala evaluación persista en el tiempo se mantengan en el sistema constituye francamente un retroceso enorme, ¡enorme!, respecto de lo logrado en la Ley de Carrera Docente.
Me llamó mucho la atención que un grupo muy transversal de técnicos, de exministros de Educación -entre ellos, recuerdo a la exministra Adriana Delpiano- señalaran hace algunas semanas que esto era un retroceso enorme; que había costado mucho y muchos años llegar al consenso de que quienes no cumplían con los requisitos para estar en la docencia debían salir, por lo que consideraban que sería un retroceso muy grave mantenerlos en el sistema.
Como digo, fue una carta publicada en un medio de comunicación nacional por personas con pensamientos políticos, ideológicos enteramente distintos, pero que coinciden en que la evaluación docente es fundamental -vital, diría yo- para tener educación de calidad.
Se me acaba el tiempo, pero también quiero referirme al veto que se refiere al tema de las tres semanas en enero. Es muy curioso -le pido un minuto más, Presidente- que los únicos cursos de capacitación o perfeccionamiento que van a requerir el beneplácito del CPEIP sean los que se desarrollen durante las tres semanas de enero. Todos los otros cursos que se hagan en los establecimientos educacionales durante el resto del año escolar da lo mismo si tienen o no el visto bueno de este Centro. ¡Ah, pero si lo hacen en enero, tiene que ser visado por el CPEIP...!
Esta es una norma que no tiene ninguna explicación ni lógica. Por eso también estamos por aprobar el veto que ha enviado el Ejecutivo en esa dirección.
Reitero, señor Presidente, que somos partidarios del veto en las materias que ha señalado el Ejecutivo y, por lo tanto, vamos a rechazar el informe de la Comisión de Educación.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador García.
Vamos a dejar con la palabra a don Rabindranath Quinteros, si los colegas que están delante de él se lo permiten...
Gracias.
El señor QUINTEROS.-
Muchas gracias, Presidente.
Este proyecto refleja muy certeramente las características principales del proceso político que ha vivido el país durante el cuatrienio del Presidente Piñera.
Desde un comienzo tuvo poco o nada de diálogo con las organizaciones sociales; en este caso, con el magisterio. A pesar de las largas movilizaciones desarrolladas durante el año 2019, el Gobierno prácticamente no se movió de sus posiciones originales, ni dio respuesta a las demandas de los profesores.
En ese contexto, surgió esta moción de diferentes Diputados que, en lo fundamental, buscaba mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación en materias referidas a la evaluación docente, e introducir las adecuaciones necesarias en la normativa que otorga titularidad en el cargo a los profesores contratados a plazo fijo por más de tres años.
El Ejecutivo se mantuvo en su pasividad y solo atinó a hacer reservas de constitucionalidad.
Luego, el país atravesó la crisis social y política más profunda de las últimas décadas, primero con el estallido y después con la pandemia, ambos con grandes efectos en el sistema escolar; pero el Ejecutivo mantuvo su posición ausente.
Finalmente, el proyecto se aprobó con amplias mayorías, tanto en la Cámara como en el Senado, incluso con votos oficialistas. Sin embargo, el Gobierno no cejó en su actitud de bloqueo, y envió un veto supresivo para dejar en nada todo lo discutido, todo lo avanzado. Aprovechando los altos quorum de las insistencias, el Gobierno podría cumplir su objetivo, pero si esto no resultara, aún tiene el camino del Tribunal Constitucional.
El saldo final arrojará que, durante el segundo mandato del Presidente Piñera, y a pesar de las enormes movilizaciones, poco o nada cambió en favor de las condiciones laborales de los profesores o de los asistentes de la educación; mientras que la reforma educacional impulsada por la Presidenta Bachelet solo pudo avanzar a tropezones, sin voluntad política del Gobierno.
Serán cuatro años perdidos para la demanda de los profesores, de los no docentes y de los estudiantes, a los que hay que sumar dos años más de clases perdidas producto de la pandemia y de la falta de medidas adecuadas para enfrentarla.
Sin duda, es un balance muy negativo, que hará las cosas aún más difíciles para el nuevo Gobierno, cualquiera sea este.
El país no se merecía esto. Con otra actitud, con más diálogo y menos obstinación, el resultado pudo ser otro.
Nadie le ha pedido al Gobierno que renuncie a sus convicciones, tan solo que se abra a considerar alternativas. Después de todo, este proyecto no contiene ninguna reforma trascendental, ningún beneficio que pudiese declararse como histórico. Sin embargo, solo ha encontrado la obstrucción del Ejecutivo.
Por eso decía al comienzo de mi intervención que este proyecto sintetiza muy bien las características del período: gente en la calle, poco diálogo, avances modestos e impulsados a través de mociones y, aun así, torpedeados desde el Ejecutivo a través de vetos.
Por lo mismo, no me queda más opción que votar en contra de las observaciones del Presidente de la República y a favor de insistir con el proyecto aprobado por el Congreso Nacional.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Quinteros.
Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Yo creo que este veto y la discusión de fondo que estamos teniendo son tremendamente profundos. Porque cuando hablamos de construir una sociedad más justa, de efectivamente poner a los niños primeros en la fila, de tener una cancha pareja, y cuando hablamos, además, de una aspiración muy legítima, que la educación pública no tenga nada que envidiarle a la educación privada -porque sabemos que hoy, desgraciadamente, nuestro sistema público no ha logrado emparejar la cancha-, la pregunta es cómo lo hacemos. Y la verdad es que todos sabemos que la clave está en el rol crucial que tienen los maestros y las maestras, un rol central y profundo.
Por lo tanto, la pregunta es: si efectivamente queremos igualar la cancha y lograr que los niños, independiente del lugar donde nazcan, puedan desarrollar sus talentos y cumplir sus sueños, ¿nos vamos a dar el lujo de que haya profesores que salgan mal evaluados tres veces sin que les pase absolutamente nada?, ¿y que sigan haciendo clases?
O sea, pareciera que este es el mundo al revés: en vez de poner a los niños primeros en la fila, ponemos antes los intereses de algunas personas. Obviamente, puede haber muchas justificaciones y nadie está diciendo que no las tratemos de capacitar, de acompañar, pero cómo es posible que permitamos que esos niños sean educados en esas condiciones.
Esto probablemente no ocurre en un colegio particular pagado. Al final, estamos condenando a la educación que se financia con fondos públicos a ser efectivamente de peor calidad. Entonces, yo pensaría que al menos la Izquierda y la Derecha en algo debieran estar de acuerdo, y es en que la educación pública sea de excelencia.
Por lo tanto, ojalá al momento de votar entendamos eso.
Porque esto no es en contra de los profesores; al contrario, los profesores, con su vocación genuina -una gran mayoría tiene una vocación genuina, porque es muy difícil hacer clases, y además entregan lo mejor de sí-, claramente debieran estar de acuerdo con esta medida, con que quienes no cuentan con las competencias básicas obviamente no debieran estar en la sala de clases.
Y lo otro que estamos votando, que también es bien increíble, es que se quiere entregar a un monopolio la capacitación simplemente en aquellos lugares donde la administración está en manos del Estado. O sea, toda la innovación, toda la posibilidad de capacitarse fuera del CPEIP, que cumple un rol muy importante, y, por lo tanto, generar la libertad de que esas capacitaciones sean diversas en todos los lugares, se está dejando a un lado.
Este veto lo que busca es justamente fomentar esa innovación y esa diversidad.
Entonces, de verdad me cuesta comprender la posición contraria, más allá de que entiendo que algunos quieran asegurar las condiciones laborales de los profesores, y es legítimo que así sea, pero obviamente no puede ser a cualquier costo.
O sea, buscar mejores condiciones laborales -es lo que el proyecto pretende- está muy bien, pero no puede ser que esté primero el interés de quienes buscan estas mejoras laborales que el interés de los niños. Al final, esa es la discusión ética que estamos teniendo hoy día con este veto.
De verdad, espero que apoyemos las observaciones del Presidente. El Gobierno y el Ministro que nos acompaña han sido muy claros en señalar que no están en contra de mejorar las condiciones de los profesores. Todo lo contrario.
De hecho, como Diputado me tocó trabajar de la mano en ese entonces con la Ministra Adriana Delpiano, del Gobierno de Michelle Bachelet, para intentar mejorar muchas de las condiciones de los profesores relacionadas con la carrera docente. Adriana Delpiano empujó con mucha fuerza ese mejoramiento de la carrera docente.
Pero hay algo en lo que todos los expertos estaban de acuerdo, y es cosa que también aquí ocurre de nuevo cuando hablamos de la importancia de tomar decisiones en políticas públicas escuchando a los expertos: debemos asegurar la calidad. Si lo hemos hecho en pandemia con salud, bueno, ¿por qué no lo hacemos también con educación? Resulta una paradoja que no lo hagamos en educación. Porque efectivamente todos los expertos en esta materia han dicho eso, que necesitamos asegurar la calidad, y esta se logra con buenos profesores. Si hay alguna crítica a la forma como se los evalúa, por cierto, eso siempre se puede perfeccionar. Pero lo que no podemos permitir es que, si un profesor sale tres veces evaluado de manera deficiente, con la implicancia que esto tiene para los niños, no pase absolutamente nada. Y eso es justamente lo que busca evitar este veto.
Así que, por supuesto, apoyo estas observaciones y voto en contra del informe de la Comisión.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Kast.
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste para fundamentar su voto.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidente.
Voy a referirme a algunos elementos que nos parecen centrales a la hora de tomar una decisión, más allá de que seguramente muchos de nuestros colegas ya han marcado su votación.
Primero -por su intermedio, Presidente-, quiero tocar un punto que ha expresado en esta Sala el señor Ministro de Educación.
En su alocución él parte diciendo que este veto no restringe beneficios ni derechos. Eso no es efectivo, porque hoy día lo que hace es eliminar una iniciativa que fue ampliamente aprobada por el Congreso Nacional, que buscaba resolver una situación que no es que uno la haya imaginado. Aquí este Parlamento, en el marco de las discusiones que se dieron en el periodo de pandemia, decidió suspender el proceso de evaluación docente durante el año 2020, y, sin embargo, el CPEIP comunicó a esos profesores que, por un proyecto de ley que nosotros discutimos y aprobamos acá, se les iba a dejar sin un beneficio. Por lo tanto, esta moción lo que hace es restituir un beneficio. Así que no es efectivo lo que se ha señalado.
En segundo lugar, he escuchado varias intervenciones de colegas y del propio Ministro en que se ha dicho que este veto lo que hace es apuntar a la calidad. Y recién -por su intermedio, Presidente- escuché la intervención del Senador Felipe Kast, quien creo que lo hace de buen espíritu cuando trata de manifestar su oposición a que los cursos de capacitación los tenga que dar solo el CPEIP. ¡Eso no lo dice en ninguna parte el proyecto de ley! Los mocionantes precisamente queremos resguardar la calidad de la educación, y por eso resulta paradójico que quienes hablan de "calidad" estén de acuerdo en que aquí se pueda dictar cualquier "cursillo".
¡Eso es lo que pasa, Presidente!
Nosotros lo que estamos haciendo es garantizar la calidad de la educación y decir que todas aquellas instituciones, cualesquiera que sean, que quieran dar un curso de capacitación, ¡cualquiera!, tienen que acreditarlo ante el CPEIP, pues eso es parte de su misión, de su función.
Entonces, aquí hay un discurso que es inconsistente, porque, por otro lado, algunos están diciendo: "La capacitación para nosotros es lo más importante". ¡No es así; digan la verdad! ¡Para ustedes el negocio es lo más importante! Aquellos que quieren mantener y aprobar este veto en lo que están de acuerdo es en el negocio con los cursos de capacitación. Porque si no estuvieran a favor del negocio, no tendrían ninguna duda, ¡ninguna duda!, en decir que cualquier capacitación que se le imparta a un profesor o una profesora debe estar acreditada por el CPEIP. Esto es lo mismo que cuando uno habla de que las capacitaciones tienen que estar acreditadas por el Sence. ¡Ahí no les parece mal! Pero aquí les parece mal que los cursos deban estar acreditados por el CPEIP. ¡Si no estamos señalando que tenga que dictarlos el CPEIP! ¡Si no los da el CPEIP!
Aclaro esto para que nadie vote desinformado.
Por otra parte, se dice que, si no se aprueba este veto, se van a mantener discriminaciones arbitrarias. ¡Falso, Presidente! Y quiero señalar un ejemplo. En el artículo 41, que fue ampliamente difundido por el Ejecutivo en esta Sala, se establece que para los asistentes de la educación sí están consagradas por ley las vacaciones de invierno, y eso hoy día se les quiere negar a los profesores. ¡Este acto sí que genera una discriminación arbitraria! Lo que nosotros estamos haciendo es eliminar una discriminación arbitraria que hoy día existe en una misma comunidad educativa.
Le pido un minuto, Presidente.
Por lo tanto, quiero hacer un llamado a aquellos que quieren avanzar en un país que elimine las formas de discriminación. Y si queremos eliminarlas, bueno, rechacemos este veto, porque lo que hace es, precisamente, mantener una discriminación.
Por último, quiero llamar la atención respecto de que nuevamente el Presidente Piñera haya resuelto vetar una ley aprobada de manera democrática y mayoritaria por el Congreso Nacional. Lo hizo durante el año pasado y este año cuando vetó la ley sobre servicios básicos; lo hizo eliminando el beneficio de internet para el 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables; lo hizo con la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia -me pregunto: si los niños están primero, ¿por qué vetaron la ley?-; lo hizo después vetando la ley que reconocía el derecho a las funcionarias y los funcionarios públicos a la tutela laboral, transformándolos en trabajadores de segunda clase y vulnerando derechos fundamentales.
Presidente, quiero hacer también un llamado especial a quienes tenemos una voluntad democrática. Este Gobierno ha transformado el veto no en algo excepcional, sino en un patrón de conducta. El Presidente de la República insiste en fórmulas para no reconocer las mayorías democráticas del país. Por consiguiente, quiero remover las conciencias de aquellos que efectivamente creen en el sistema democrático.
¡Esta ley fue aprobada, y fue aprobada por una amplia mayoría... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... y hoy día se quiere desconocer derechos de los profesores y las profesoras!, ¡se quiere desconocer un derecho de los docentes, quienes, a los sesenta y cinco años los hombres y a los sesenta años las mujeres, tienen que presentar su renuncia irrevocable, de acuerdo a la ley, y se pretende dejarlos excluidos del beneficio poslaboral y, además, del incentivo al retiro! Porque eso es lo que están haciendo aquellos que votarán a favor de este veto y en contra del informe de la Comisión de Educación, que mayoritariamente rechazó estas observaciones.
Por eso, quiero invitarlos a votar a favor de los profesores, a favor de que ellos puedan avanzar en eliminar las discriminaciones. Porque no se puede mantener una discriminación odiosa entre profesores y asistentes de la educación. Mientras estos últimos tienen derecho a vacaciones de invierno, que están consagradas por ley, hoy día eso se les niega a los profesores por aquellos que quieren apoyar este veto.
Por tanto, los invito a que voten a favor del informe de la Comisión.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Provoste.
Dejo con la palabra al Senador Carlos Montes para que fundamente su voto.
El señor MONTES.-
Gracias, Presidente.
La verdad es que están por completarse cuatro años del actual Gobierno, y en educación, sin lugar a duda, el balance no es positivo.
Hemos estado en un periodo de pandemia y la situación se hace mucho más difícil, o por lo menos obliga a cambiar las condiciones. Pero uno se pregunta: en este tiempo, ¿hemos hecho todo lo necesario para fortalecer la educación, dadas las restricciones y condiciones? Yo creo que estamos muy por debajo de lo que la realidad exige y las posibilidades permiten.
Chile ha hecho un esfuerzo impresionante en educación: hemos pasado de mil millones de dólares a 16 o 17 mil millones de dólares en todos estos años. También hemos realizado intentos por cambiar aspectos de la ley para realmente enfrentar los que aparecían como los problemas fundamentales.
Sin duda, hay un problema serio con la educación pública, con el concepto de "educación" y con el sistema de financiamiento.
En el Gobierno de la Presidenta Bachelet se logró avanzar en eso. Pero la verdad es que, llegado este Gobierno, lo que es educación pública, me atrevo a decir, ha estado muy bloqueado, muy limitado. ¡Los problemas básicos no se resolvieron! Recién ahora se anuncia un proyecto -el Ministro lo anunció hace seis o siete días y todavía no se presenta- para enfrentar los problemas de fondo. Recién ahora, en la Ley de Presupuestos, logramos un fondo especial para los servicios locales de educación, cuyos recursos estaban disminuyendo en 83 mil millones, y se logra aumentar 40 mil millones de pesos.
Este proyecto es parte de un enfoque del tema "educación" de estos años.
¿Por qué surge esta iniciativa? Porque los municipios no están haciendo los concursos en la oportunidad y en las condiciones que deben hacerlo. Los profesores están todos condicionados a lo que dice el sostenedor, al cual le gusta mantener el control sobre los docentes, y no hace los concursos cuando y de la manera que corresponde.
Por eso, los Diputados presentan un proyecto sobre titularidad para que, en determinadas condiciones, los profesores adquieran la titularidad.
Eso es lo principal de esta iniciativa.
Y en eso el Gobierno no hizo nada. El Ministro lo presenta como si hubiera sido iniciativa del Ejecutivo. ¡No hizo nada!
Esto ya lo habíamos hecho antes. Yo era Diputado. No me acuerdo exactamente de la fecha, pero lo habíamos hecho antes. Y se había consagrado la posibilidad de presentar proyectos en esta dirección.
Eso es lo principal de esta iniciativa, y hay que valorarlo. Y se debe hacer luego, porque, como aquí se ha mencionado, hay un período en que pueden no renovarse los contratos, perder enero y febrero, etcétera. Es urgente para los profesores, y nos están escribiendo y llamando todos los días.
Lo que hay que asegurar es que el proyecto salga ahora, porque es muy justo y muy necesario que los profesores tengan titularidad, estabilidad para desarrollar sus capacidades profesionales y que no estén condicionados al criterio de determinado alcalde de alguna comuna.
Respecto a las observaciones, estoy de acuerdo en que se refieren a aspectos que no son lo sustantivo: lo sustantivo está en la titularidad.
Sin embargo, en la primera observación yo estuve en contra del Ejecutivo. La razón está en que, efectivamente, se limita la posibilidad de asegurar que la capacitación, el perfeccionamiento sean de calidad, como lo ha dicho muy bien la Senadora Provoste.
Con el veto eso se limita.
La verdad es que hay un verdadero mercado, en donde existen algunos cursos de buen nivel y otros de muy mal nivel.
Bueno, está bien. Pero la duda estaba en si en enero pueden hacer planificación, evaluación. Creo que eso hay que ligarlo con los cursos de perfeccionamiento, que tengan que ver con eso, lo cual permite resolverlo.
Se me está acabando el tiempo, y quiero decir que no estoy de acuerdo con rechazar la observación 2. Lo que aprobamos acá tiene un problema. Y paso a explicarlo.
Los profesores tienen que ser los de mejor calidad en todos lados; deben ser personas que tienen que ir gradualmente desarrollando su ética, su fuerza y su capacidad en educación.
Si en algunos lugares se determina, producto de un sistema de evaluación, que ellos no reúnen las condiciones, lo razonable es que dejen de ser profesores de esos niños, por lo que representa para ellos. Ir en sentido contrario de esto es una señal equívoca, confusa. Necesitamos que los profesores que no están haciendo los esfuerzos o que no tienen las condiciones no sigan haciendo clases.
En esto creo que estábamos todos de acuerdo. Aquí se ha dicho, y uno va a los colegios y pregunta qué profesores no desempeñan bien sus labores. Y los propios profesores saben quién no hace bien las cosas, y están de acuerdo en que esos no deberían seguir en el colegio. Muchas veces se les mantiene adentro por distintas situaciones en donde el sistema no funciona.
Quiero reclamarle al Ejecutivo que después de todos estos años en que tenemos sistema de evaluación no hayamos hecho una reflexión para mejorarlo. Porque claramente las críticas sobre este punto no tienen que ver con mantener a los profesores que están mal evaluados, sino más bien con el sistema de evaluación, porque está fallando. Se dice que hay cursos de apoyo. ¿Dónde ha habido cursos de apoyo? Quisiéramos saber. ¿Dónde ha habido apoyo a los profesores que salen mal evaluados la primera vez? ¿Qué calidad ha tenido eso?
Este segundo veto, en todo caso, es la señal para decir que aquellos profesores que durante un período largo no reunieron las condiciones no podrán seguir haciendo clases. Por tanto, no tiene sentido rechazarlo. Mantengámoslo de tal forma de que, por malo que sea el sistema, es mejor que dar la señal de que, a pesar de salir tres veces mal, van a seguir estando en los colegios.
No tengo más tiempo.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Montes.
Senador Jaime Quintana, para fundamentar su voto.
El señor QUINTANA.-
Muchas gracias, Presidente.
El hecho de que estemos hoy día en esta situación obedece a varias razones.
Antes de referirme a las razones más pedagógicas en juego, quisiera dar cuenta de algunos temas más bien de índole político.
Lo que hemos tenido -pandemia de por medio- es un Gobierno y un Ministro que no han dialogado con las comunidades educativas, no solo con los profesores, sino tampoco con los asistentes de la educación, con los funcionarios de educación parvularia vía transferencia, y, en general, con todo el mundo de las organizaciones de la educación. Uno hubiera imaginado que en pandemia, con un escenario tan incierto para todos, lo primero que debería hacer un Ejecutivo, una autoridad educativa, era otra cosa, más que intentar imponer la vuelta a clases presenciales. No nos olvidemos de que el retorno estaba previsto -varias veces lo he señalado acá- el año 2020 inmediatamente después de las vacaciones de invierno, la que se adelantaron a marzo de 2020. O sea, en abril ya se pensaba que los estudiantes podían regresar, cuando en todo el mundo, especialmente en el otro hemisferio -como lo que ocurre hoy día con esta eventual tercera ola- ya se estaban mostrando claras señales de cómo había que conducirse.
Entonces, pasó todo un año 2020 en que la propia Comisión de Educación le hizo varias observaciones al Ejecutivo, al Gobierno. Estuvimos dialogando varias veces, también con el profesorado, con el anterior y con el actual Presidente del Colegio de Profesores. Y costó mucho para que recién en diciembre de 2020 el Gobierno estableciera un sistema de diálogo con algunas organizaciones. Pero cuando había incertidumbre lo mejor era legitimar todas las acciones, y eso no se hizo.
En gran medida, en relación con los problemas que se han ocasionado -y en eso concuerdo con el Ministro-, cada uno de los puntos da cuenta de temas que no son efectivamente masivos, son puntuales. Pero si se llegó a esto -también la Senadora Yasna Provoste lo decía- fue porque el Gobierno no hizo una adecuada implementación de esta reforma.
Siempre es bueno recordar que antes que el Ministro Figueroa, que nos acompaña en la Sala, el rol de la Ministra Cubillos estuvo más centrado en lo que fue esta pelea con los estudiantes por el Aula Segura, y exactamente un año después vino el estallido social, ocasionado por estudiantes.
Esa Ministra dijo, al igual que el primer Ministro de Educación del Gobierno del Presidente Piñera, el señor Varela, que este Gobierno venía a implementar una reforma que, si bien podía no gustarle, entendía que estaba legislada y debía echarla para adelante.
¡Nada de eso ocurrió!
Los problemas que hoy día están enfrentando el profesorado en particular y el sistema educacional en general se deben a que el Gobierno, a regañadientes, implementó algunas cosas, pero finalmente lo grueso de la reforma, no. Es cosa de mirar lo que pasa con los servicios locales. Hoy día probablemente vamos a discutir una prórroga, precisamente por ello.
Para entrar en los puntos de la discusión, es necesario señalar que aquí se han dicho varias cosas que no corresponden, como el que este veto no restringe beneficios. ¿Cómo no va a restringir beneficios, si finalmente aquí hay una gran incertidumbre respecto de profesores que ya están evaluados?
Esto, efectivamente, está circunscrito a cuatro áreas. Se han discutido varias de ellas.
Por ejemplo, y probablemente es lo que más ha acaparado la discusión, lo relativo a profesores mal evaluados, como si la Comisión de Educación del Senado estuviera por incentivar que profesores mal evaluados sigan en el sistema. Y la verdad es que no es así. Porque lo que está ocurriendo acá -lo decía el Ministro también- es que un grupo reducido de profesores está con tres evaluaciones básicas. Probablemente, algunos colegas por desconocimiento lo han señalado, pero aquí no estamos hablando de que hacemos una excepción con los profesores más mal evaluados. ¡No! Ni siquiera tocamos la categoría "insuficiente", que es por la cual salen del sistema los profesores. Esa es la última categoría. Bastan solo dos evaluaciones insuficientes para que ese profesor salga. Eso no cambia con esta propuesta legislativa del Congreso, aprobada en la Cámara y en la Comisión.
Entonces, lo que tenemos acá es que hay que estar tres veces en "básico", o un alternado "básico"-"insuficiente", para poder ser beneficiado -entre comillas- con esto.
Entonces, no es efectivo, se falta a la verdad cuando se dice que este es solo un tema para el profesorado. ¡No! Tiene que ver con la calidad.
La certeza con la cual se lleva adelante la labor docente impacta mucho en la calidad. Y eso se resuelve acá.
Francamente, es impresionante lo relativo al CPEIP, porque un colega decía acá que este iba a otorgar las capacitaciones. ¡Nunca se ha hablado de eso! El CPEIP no tiene un rol directo de capacitación. El centro de formación técnica del magisterio es, justamente, una entidad certificadora de esa calidad.
En consecuencia, es al revés: quienes estamos apoyando el informe de la Comisión estamos empujando mayor calidad en el sistema, porque señalamos que no puede haber un sostenedor que se ponga de acuerdo con una universidad, con una institución de educación "a lo compadre" sin que tenga la acreditación suficiente, porque en esto el CPEIP es bastante rígido.
Es muy raro que el Ministro no le dé el respaldo que finalmente el CPEIP tiene y necesita, porque es bastante estable en esto. Las universidades que podamos imaginar, por ejemplo, de Valparaíso, privadas y públicas, imparten cursos con bastante normalidad a través del CPEIP.
¿Y por qué se plantea que los cursos sean las tres primeras semanas de enero? Porque se necesita tener la certeza de que no lleguen en cualquier momento y saquen a los profesores para estas capacitaciones, que son muy necesarias, que el magisterio las ha pedido y que finalmente quedan garantizadas acá.
Y respecto al encasillamiento, entiendo que hubo conversaciones entre el Ejecutivo y el magisterio... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Gracias por el minuto, Presidente.
Como decía, entiendo que ahí hubo unos acuerdos con el magisterio que no se cumplieron, en orden a que el encasillamiento se iba a dar en función de lo que fuera más conveniente para el profesor, pero que ese docente no se iba a saltar la prueba, igual rendiría la prueba disciplinar y de conocimiento.
Entonces, hay que derribar el mito de que esta propuesta legislativa -insisto: aprobada en la Cámara; aprobada en la Comisión por tres votos contra dos- sería poco menos que para rebajar los estándares de calidad. Nadie lo ha pedido, ni el Colegio de Profesores, ni alguno de los Senadores que estamos apoyando la iniciativa.
Por eso voto a favor del informe de la Comisión y, naturalmente, voto en contra de las observaciones, que demuestran, además, un presidencialismo exacerbado en materia de educación por parte del Ejecutivo.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Quintana.
Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Carmen Gloria Aravena.
Tiene la palabra para fundamentar su voto.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidente.
Lo que creo que no está en discusión es que el mejor instrumento para el desarrollo de un país es, efectivamente, la educación. Y no considero que estemos en desacuerdo en que la educación pública ha sido, estos últimos años, la gran preocupación del mundo político y las grandes promesas de muchas campañas respecto a cómo somos capaces desde lo público de entregar un mejor servicio a muchas familias que no tienen otra alternativa más que acceder a la educación pública y que cifran sus esperanzas en una mejor vida para sus hijos y nietos en la educación que reciban en cada una de las instituciones públicas y subvencionadas.
La verdad es que hay cosas del proyecto en las que concuerdo y otras en que no. Estoy muy de acuerdo en que, efectivamente, el veto busca mejorar la calidad de la educación pública en cuanto a que los profesores que han sido sistemáticamente mal evaluados no debieran volver a hacer clases. Porque me parece injusto que se mantengan. O sea, las personas que pueden pagar una buena educación para sus hijos no tienen este problema, porque normalmente cuando alguien es mal evaluado en el sistema privado y -ojo- también en otras áreas en el sector público, simplemente termina sus funciones. Pero en este caso, como el niño no tiene otra alternativa, debería recibir una mala educación porque estamos defendiendo al profesor.
En ese contexto, no me parece justo para el resto de los funcionarios públicos del país, que tienen evaluaciones anuales, PMG y, si son mal evaluados durante varios años en el escalafón, pueden ser destituidos de sus cargos. Porque están pagados con platas públicas y porque lo que hace un profesor es probablemente de las actividades más dignas y loables de la humanidad. Probablemente, es lo más importante.
En esta historia hemos perdido de vista que lo que nosotros somos hoy día también depende de los profesores que tuvimos. Entonces, en ese contexto, no logro entender por qué un profesor con desempeño deplorable en tres evaluaciones no deba ser destituido y reemplazado por uno que entregue un buen servicio.
Tampoco me parece correcto pensar que todos los profesores no estarán disponibles para capacitarse en algunos meses del año, que corresponden finalmente al feriado legal invernal.
Estoy de acuerdo en que, efectivamente, los dos meses de verano hay que cuidarlos, pero puede que haya muchos profesores que consideren valiosa la capacitación en la época de vacaciones de invierno. No sé, ¿estamos hablando de todos los profesores? Porque la verdad es que la capacitación en un buen profesional, si además es gratuita, siempre es bien valorada. Y, evidentemente, no es fácil darle continuidad al servicio educativo cuando tengo a los profesores en clases y a la vez capacitándose. Me cuesta entenderlo desde el punto de vista práctico.
Sí me parece que es observable la situación de que todas las instituciones que presten servicios de capacitación debieran estar acreditadas. En este punto también coincido en que tiene que haber un organismo que acredite y certifique.
Pero, en general, voy a rechazar este informe de la Comisión porque la verdad es que, habiéndolo leído y estudiado con calma, y habiendo hecho clases en instituciones públicas, me parece que debemos atender a que alguien que hace mal su trabajo no puede seguir desempeñándolo; sobre todo cuando estamos entregando un servicio de mala calidad a quienes más lo necesitan. El futuro de esos niños está en juego y es nuestra responsabilidad que las cosas se hagan bien.
Así que voto "no", Presidente.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Aravena.
Tiene la palabra el Senador Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Muchas gracias, Presidente.
Tal como se ha señalado reiterativamente por diversos colegas, hay normas en el texto aprobado que efectivamente no se condicen o no van en directa relación con la búsqueda de una mejor calidad en la educación, como lo es precisamente aquella que establecía la continuidad laboral de profesores mal evaluados.
Pero también quiero hacerme cargo de algunas afirmaciones en el sentido de que un veto presidencial es como atentar contra la norma democrática. Está dentro de las reglas del juego de la democracia que el Poder Ejecutivo pueda hacer uso de este instrumento. Y no lo hace de manera abusiva. Aquí se dio un listado de materias que se han vetado, pero todas, aunque fueron aprobadas en este Congreso por mayorías circunstanciales, no decían relación con las facultades que tiene el Parlamento para legislar sobre ellas.
Por lo tanto, lo que se hace con un veto es precisamente señalar que se legisle dentro del marco de la Constitución. Y tenemos ejemplos muy cercanos al respecto.
En la última discusión del cuarto retiro había una norma que afectaba de manera importante a las compañías de seguros. Y la gran mayoría parlamentaria lo aprueba. Posteriormente, en la Comisión Mixta salió un texto, que se rechazó en la Cámara de Diputados, en donde ese anticipo de la renta vitalicia era con cargo a la caja fiscal, facultad que no tenemos los parlamentarios.
Por lo tanto, cuando hay normas de esas características y magnitud, que se alejan totalmente del mandato constitucional que tenemos los parlamentarios, obviamente que hay que vetarlas. Y esas fueron las razones por las cuales se vetaron muchas de las iniciativas que aquí se señalaron.
Hoy día este proyecto de ley mantiene en su esencia lo básico y lo fundamental, que dice relación con la titularidad docente y la prórroga de los contratos a los meses de enero y febrero, que no fueron observadas.
En consecuencia, lo que se está vetando son aquellos artículos que se introdujeron en la discusión parlamentaria y que no cumplen con el fin de mejorar la calidad de la educación. Indudablemente, en este aspecto se tiene legítimo derecho a un veto.
Por esa razón, señor Presidente, voy a votar en contra del informe de la Comisión.
He dicho.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Alvarado.
Señor Secretario, llame a la votación, por favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
La Comisión del Adulto Mayor no está funcionando, ¿cierto? Porque habían solicitado autorización para hacerlo a partir de las cinco. ¡Están acá los adultos mayores...! ¡Ya...!
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión de Educación y Cultura respecto de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República (20 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro, Quintana y Quinteros.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón, Prohens y Sandoval.
Se abstuvo el señor Durana.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Entonces, lo que correspondería es plantear la insistencia por parte del Senado, tal como lo hizo la Cámara, para lo cual se requieren dos tercios de los Senadores.
Tenemos dos alternativas: hacer una sola votación o dos. Les pido a los colegas que estuvieron en la Comisión que puedan clarificarlo.
Entiendo que, en el caso de la observación número 2, las letras a) y c) del numeral 3 del artículo 1 se pide votarlas por separado, y podríamos hacer una sola votación de las otras tres observaciones.
Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Presidente, por lo que escuché de las intervenciones, habría ánimo también -lo dijo la Senadora Aravena- de respaldar que la capacitación, pensando en su calidad, sea acreditada por la CPEIP, si le entendí correctamente a la Senadora Aravena. Por lo tanto, eso también requeriría una votación separada.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
O sea, votaríamos cada norma por separado.
Muy bien.
La señora PROVOSTE.-
Mejor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Entonces, vamos a la primera: al numeral 1) del artículo 1.
En votación.
Los que estén a favor de la insistencia, votan que sí. Los que estén en contra, votan que no.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE.-
El numeral 1) tiene que ver con las vacaciones de invierno.
Solo quiero recordar que este mismo Congreso ha consagrado las vacaciones de invierno para los asistentes de la educación. Por lo tanto, es de toda lógica mantenerlas también para los profesores, porque si no, ahí sí que estaríamos generando una discriminación arbitraria.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Supongo, Senadora, que...
La señora PROVOSTE.-
Solo hago la referencia, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Bien, le agradezco la información.
Senador Insulza, vamos a votar observación por observación.
Tiene la palabra.
El señor INSULZA.-
Pero estamos aprobando si insistimos o no.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Sí.
El señor INSULZA.-
O sea, se vota que sí por la insistencia, entiendo yo.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Sí, exactamente.
El señor INSULZA.-
Okay, gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Para que no nos equivoquemos: estamos votando la insistencia en las normas aprobadas por el Congreso que fueron observadas por el Ejecutivo, el Presidente de la República.
Entonces, votar que sí implica acoger lo aprobado por el Congreso.
Estamos hablando del numeral 1 del artículo 1.
En votación.
Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Gracias, colega.
Precisamente lo que estamos votando tiene que ver con la observación número 1), respecto de las vacaciones de invierno. Esta recae en el numeral 1 del artículo 1 de este proyecto, que contiene enmiendas al artículo 41 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 1997, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la correspondiente ley.
Esta disposición describe que el feriado legal de los profesionales de la educación es el período de interrupción de las actividades escolares, que se produce en enero y febrero o bien en la medida entre el término de un año escolar y el comienzo del siguiente, según sea el caso.
Adicionalmente, permite que durante este lapso los referidos profesionales sean convocados hasta por tres semanas consecutivas a actividades de perfeccionamiento u otras diferentes a la docencia en aula.
El artículo 41 del Estatuto de los Asistentes de la Educación -me cambio ahora de la ley 19.070 a la de los Asistentes de la Educación Pública- señala que "Los asistentes de la educación gozarán de feriado por el periodo de interrupción de las actividades escolares entre los meses de enero y febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, así como durante la interrupción de las actividades académicas en la época invernal de cada año".
Es decir, los asistentes tienen consagrado por ley el derecho a las vacaciones.
Por lo tanto, votar a favor es eliminar una discriminación que hoy día afecta a los profesores y las profesoras. Porque si se vota en contra, se vota en contra del derecho a que los profesores y profesoras tengan consagrado en la ley las vacaciones de invierno.
En las comunidades educativas el derecho al feriado legal, en cuanto a la interrupción de las actividades de invierno, ya está consagrado para los asistentes de la educación, por lo que esta norma viene a entregar igualdad en las comunidades educativas en una época del año en que los alumnos no asisten a actividades académicas.
Quienes estemos por entregar esta igualdad en las comunidades educativas entre profesores y asistentes de la educación, votamos a favor.
He dicho, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la insistencia relativa al numeral 1 del artículo 1 (20 votos a favor; 13 en contra y 2 abstenciones), por no alcanzarse el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro, Quintana y Quinteros.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón y Prohens.
Se abstuvieron los señores Durana y Sandoval.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Con 35 señores Senadores presentes, los dos tercios requeridos importan 23 votos a favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En consecuencia, no se aprueba la insistencia.
Vamos a la insistencia relativa a las letras a) y c) del numeral 3 del artículo 1.
En votación.
--(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la insistencia en las letras a) y c) del numeral 3 del artículo 1 (19 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones), por no alcanzarse el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro, Quintana y Quinteros.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón y Prohens.
Se abstuvieron los señores Durana y Sandoval.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tampoco se obtuvo el quorum necesario.
Vamos a la insistencia del numeral 4 del artículo 1.
En votación.
Senadora Provoste.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE.-
Presidente, quiero fundamentar mi voto.
Esta iniciativa es muy importante. Hemos venido sumándonos a las voces que buscan justicia para los profesores y profesoras mal encasillados desde el año 2018.
Particularmente, este numeral responde a una solicitud presentada por el Colegio de Profesores a la Ministra de Educación el 2 de octubre del año 2017 respecto a la posibilidad de que los docentes que participaron en la evaluación del año 2015 y que obtuvieron resultados competentes y destacados pudiesen anticipar la rendición de la prueba de conocimientos específicos y con ello compensar al menos en parte la evidente desventaja en el encasillamiento.
Lo que estamos señalando les consta a todos los integrantes de la Comisión de Educación, porque no hemos hecho pocos intentos por encontrar una salida en la Comisión de Educación, donde hemos buscado unánimemente alternativas para resolver este problema.
En la Comisión invitamos al CPEIP, cuyos representantes nos dijeron que en una semana nos entregaban la nómina de los profesores mal encasillados, como recordarán los colegas.
Pasaron dos semanas y al final la respuesta fue que había que pedírsela a la Ministra. La Comisión concurrió con ese acto administrativo, pero luego se dijo: "No la podemos entregar". Es decir, no ha habido una voluntad para resolver este problema.
Por lo tanto, yo quiero remover la conciencia de lo que estamos haciendo en esta discusión.
Esta iniciativa de ley facilita la búsqueda de una solución a algo en que hemos venido acompañando a los profesores y profesoras mal encasillados desde hace ya largos años. Y, en consecuencia, yo esperaría que en esto realmente se votara en conciencia, porque lo que hace esta norma es permitir que los profesores que fueron mal encasillados puedan hacer valer el derecho de tomar las pruebas del año 2017 a fin de que voluntariamente puedan dar una nueva prueba de conocimiento disciplinario.
Entonces, no nos equivoquemos en esta votación. Aquí lo que se hace es buscar justicia con profesores que han sido mal encasillados.
Voto a favor de la insistencia, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Gracias, Senadora.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador Quintana, tiene la palabra.
El señor QUINTANA.-
Sí, Presidente, muy breve, para fundamentar el voto.
En la discusión de las observaciones, la anterior, hubo muchos colegas, especialmente de Centroderecha o Derecha, que señalaban que esto buscaba favorecer a profesores que no están bien evaluados. Yo creo que eso es injusto.
Pero esta votación en particular, tal como lo ha manifestado la Senadora Yasna Provoste, no tiene nada que ver con eso. Y, por lo tanto, quien vota en contra de esto lo hace en contra de los profesores que han sido víctimas de un proceso de encasillamiento malhecho por responsabilidad ministerial, no por su propia responsabilidad. No estamos hablando de profesores que tengan una evaluación deficitaria; no estamos hablando de profesores que quieran saltarse la evaluación, que no quieran dar la prueba. Todo lo contrario.
Aquí se buscó, se construyó una solución. Efectivamente, la Senadora Yasna Provoste señalaba muy bien todos los esfuerzos que hizo la Comisión con los actores involucrados. Pero faltó voluntad. Esto se podría haber resuelto de una manera muy expedita, y, es solo para quienes estén mal encasillados por razones ajenas a su voluntad.
Por lo tanto, yo creo que es bueno que todos tengamos claros los efectos de esto: votar en contra es perjudicar a los profesores. No tiene nada que ver con temas de calidad; no es parte de esta discusión.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Gracias, Senador Quintana.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la insistencia relativa al numeral 4 del artículo 1 (20 votos por la afirmativa, 13 por la negativa y 2 abstenciones), por no reunirse el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro, Quintana y Quinteros.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón y Prohens.
Se abstuvieron los señores Durana y Sandoval.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
No se alcanzó el quorum requerido, de manera que no se aprueba la insistencia.
Votaremos ahora aquella recaída en el artículo segundo transitorio.
En votación.
--(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la insistencia respecto del artículo segundo transitorio (18 votos por la afirmativa, 12 por la negativa y 2 abstenciones), por no reunirse el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Pizarro, Quintana y Quinteros.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Galilea, García, Kast, Moreira, Ossandón y Prohens.
Se abstuvieron los señores Durana y Sandoval.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tampoco se cumple el quorum necesario para aprobar la insistencia, y quedan rechazadas las observaciones del Presidente de la República.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador García, tiene la palabra.
El señor GARCÍA.-
Presidente, solicito la anuencia de la Sala para que la Comisión de Ética pueda reunirse a partir de las 17:30.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Habría acuerdo con el mismo requerimiento de la Comisión del Adulto Mayor, porque el segundo proyecto es de quorum especial y el tercero también; así es que cuando sea necesario para la votación, los llamaremos.
Muy bien.
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Hay una Cuenta agregada.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
En estos momentos ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Mensaje
De su Excelencia el Presidente de la República con el que comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, correspondiente al boletín N° 12.250-25.
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
AUTORIZACIÓN PARA RETIRO ANTICIPADO DE FONDOS PREVISIONALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Pasamos, entonces, al segundo punto de la tabla, que es el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver la divergencia suscitada entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado de los fondos previsionales.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (14.210-07, 14.287-07, 14.293-07, 14.301-07, 14.307-07 y 14.246-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
El informe del cual se dio cuenta indica que fue rechazado por la Cámara de Diputados. De manera que yo le solicito a la Sala que tomemos conocimiento de él y se archive junto con sus antecedentes.
--Así se acuerda.
FORTALECIMIENTO EN IMPOSICIÓN DE PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS EN DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL CONTRA NIÑOS O NIÑAS
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Seguimos con el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal.
Hay un acuerdo de Comités para tratar hoy este proyecto.
Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente pone en discusión en particular la iniciativa de ley individualizada, correspondiente al boletín N° 12.208-07.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.208-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El proyecto de ley fue aprobado en general en la sesión celebrada el 11 de marzo del 2020, y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1, 2, 3, 4 (numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8), 5 y 6 permanentes; y los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios de la iniciativa no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe hacer presente que, entre otras disposiciones, la letra b) del número 2 del artículo 2; los números 3, 7 y 8 del artículo 4; el artículo 5 y el artículo 7 permanentes; así como los artículos tercero y cuarto transitorios, corresponden a normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 22 votos favorables para su aprobación.
Por su parte, el número 4 del artículo 4 del proyecto requiere 20 votos a favor para su aprobación, por tratarse de una norma de quorum calificado. También debe darse por aprobado el número 5 del señalado artículo 4 del proyecto, el cual no fue objeto de modificación en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Cabe señalar que el referido número 5 del artículo 4 requiere 20 votos favorables para su aprobación, en tanto reviste el carácter de quorum calificado.
Conforme a lo señalado, la Comisión no introdujo modificaciones a la iniciativa en su segundo informe, por lo cual dicha instancia propone a la Sala la aprobación en particular del articulado del proyecto de ley acordado en general por el Senado, el que a su vez fue aprobado en los mismos términos en que fuera despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado, que transcribe el texto aprobado en particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, correspondiente, como se dijo, al proyecto aprobado en general sin enmiendas.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Vamos a dejar con la palabra, entonces, al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el Senador Pedro Araya.
Tiene la palabra, Senador.
El señor ARAYA.-
Gracias, Presidente.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento presenta el segundo informe respecto al proyecto de ley en referencia, el cual ha relatado adecuadamente el señor Secretario.
Cabe hacer presente que, a juicio de la Comisión, hay ciertas normas que por las razones que se señalan poseen rango orgánico constitucional, por lo que por mandato del artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental, requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.
Estas son la letra b) del número 2 del artículo 2; el artículo 5; los artículos tercero y cuarto transitorios, de conformidad con lo prescrito en el artículo 84, inciso primero, de la Constitución; los números 3, 7 y 8 del artículo 4, al tenor del artículo 77, inciso primero; el artículo 7, en aplicación del artículo 19, número 11°, de la Constitución de la República.
Las disposiciones que fueron aprobadas introdujeron una serie de modificaciones al decreto ley Nº 645, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas (pausa, mientras el Senador revisa la información en su computador). Como decía, Presidente, se aprobaron una serie de indicaciones mediante las cuales se modificó el decreto ley Nº 645, del Ministerio de Justicia, sobre Registro General de Condenas.
Se modificó, mediante dos literales, el artículo 6 bis, relativo al derecho de cualquier persona, natural o jurídica, a solicitar que se le informe o a informarse por sí misma, siempre que se identifique, si una persona se encuentra afecta a algunas de las inhabilidades establecidas en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, con el fin de contratarla o designarla para algún empleo, cargo u oficio que involucre una relación directa y habitual con menores de dieciocho años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad o para cualquier otro fin similar. (Rumores).
Asimismo, se aprobó...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Perdón, Senador Araya.
¿Podría el colega Moreira hacer la reunión con la Oposición en la salita de atrás?
El señor COLOMA.-
¡Oiga, se cambió de lado...!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Yo sé que los tiene entusiasmados ahí, pero dejen que el Senador Araya pueda dar el informe, por favor.
El señor COLOMA.-
¡Va a jubilar dentro de dos días...!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Colegas, por favor.
El señor ARAYA.-
¡El Senador Moreira está cambiando de posición para votar mañana matrimonio igualitario...!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Lo están convenciendo por el matrimonio igualitario...!
Siga, Senador Araya, por favor.
El señor ARAYA.-
Fueron presentadas una serie de indicaciones con el objeto de precisar algunos conceptos.
En tal sentido, una indicación de la Senadora Isabel Allende proponía intercalar un literal nuevo, del siguiente tenor: "La misma obligación tendrán las empresas reguladas en el título VII del Código del Trabajo, sin que las empresas principales puedan exonerar su responsabilidad civil ante dicha omisión.".
La indicación se analizó y discutió en el entendido de que las referencias que se hacían respondían al Libro I, Título VII, del Código del Trabajo, cuyo epígrafe es "Del trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios". La Comisión tuvo en consideración que el inciso segundo del artículo 6 bis, sobre el que recae, obliga a toda institución pública o privada que, por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de su actividad, requiera contratar o designar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de dieciocho años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, antes de efectuar dicha contratación o designación, a solicitar la información de que se trata.
Esta indicación de la Senadora Allende, en su minuto, fue rechazada producto del resultado que se produjo en la repetición de la votación.
Como consecuencia de lo anterior, se propone aprobar el proyecto con las normas que ya señaló el señor Secretario y que fueron ampliamente debatidas en la Comisión, las cuales tienen por objeto justamente proteger a los menores de edad y a las personas más vulnerables, sobre todo a quienes se encuentran en situación de discapacidad.
Dicho eso, Presidente, la Comisión propone aprobar el proyecto en los términos propuestos en su segundo informe.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Araya.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín.
Active el micrófono, Ministro.
Ahora sí.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Gracias, Presidente.
Le agradezco esta oportunidad para poder, junto con saludarlo a usted, saludar a las Senadoras y Senadores que se encuentran presentes en esta sesión.
En verdad, este proyecto es de gran interés por el impacto que tiene, porque intenta proteger a los niños, niñas y adolescentes y evitar que puedan ser objeto de algún abuso por parte de personas que han sido condenadas por abuso sexual.
Como recordarán, la ley vigente exige que una persona condenada por haber cometido abuso sexual contra un menor de dieciocho años sea incorporada a un registro, de manera que cuando se realicen contrataciones no puedan ser consideradas. Y si se trató de un abuso a menores de catorce años, reciben inhabilidad perpetua, y en el caso de niños, niñas y adolescentes de entre catorce y dieciocho años, reciben una inhabilidad temporal por un plazo de diez años.
Sin embargo, para que eso opere, por una parte, la información que figura en los fallos judiciales tiene que incorporar a la condena la pena accesoria de inhabilidad, y, por otra, se debe transcribir esa información completa al Servicio de Registro Civil, de manera que el registro que lleva esta institución se encuentre al día. Así, quienes tienen la obligación de consultar, que corresponde a las personas que necesitan contratar a alguien para trabajar con niños, niñas y adolescentes, pueden contar con la información actualizada.
Pues bien, desgraciadamente hemos descubierto que muchos fallos que condenan a una persona por abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes no incorporan dicha inhabilidad. Y al no acompañar esa información cuando el fallo se comunica al Registro Civil, no se puede incorporar en el registro. Por lo tanto, como esa persona queda fuera del listado, se hace muy difícil asegurar el debido control. Otras veces, sí se incorpora la inhabilidad a la sentencia, pero por problemas administrativos o por la falta de una comunicación debida entre el ámbito judicial y el Registro Civil se produce el mismo resultado.
Nosotros trabajamos desde el punto de vista administrativo y establecimos un nuevo convenio entre el Poder Judicial y el Servicio de Registro Civil para subsanar todas las dificultades de comunicación y logística entre ambas instituciones.
Pero con este proyecto de ley -como lo han explicado quienes han introducido el tema- quisimos hacer algunos cambios muy precisos para asegurar que el registro realmente sea completo. Y eso empieza por la obligación de los fiscales de incluir en su requerimiento la solicitud de inhabilitación cada vez que soliciten que una persona sea condenada por abuso sexual contra un menor de dieciocho años.
Se propone también que cada vez que los jueces fijen una pena y condenen a alguien por haber cometido abuso sexual contra un menor de dieciocho años incorporen la inhabilidad en su fallo judicial. Y se faculta al fiscal para impugnar la sentencia de condena que no incorpore esa pena adicional.
Algo muy importante, Presidente, es que con la iniciativa se termina aquella distinción según la cual hay algunas inhabilidades temporales y otras perpetuas: de aquí en adelante a toda persona que sea condenada por haber cometido un abuso sexual contra un menor de dieciocho años, independiente de la edad efectiva, se la sancionará con inhabilidad perpetua para poder trabajar en instituciones que atiendan a niños, niñas o adolescentes. Así aseguramos que haya una inhabilidad perpetua con independencia de la edad del menor afectado, y no durante un tiempo etario determinado, como era hasta ahora: entre catorce y dieciocho años.
También se incorporó dentro de este proyecto la posibilidad de eliminar los antecedentes penales, pero estableciendo que las inhabilitaciones perpetuas que corresponden a los ofensores sexuales queden fuera de esa alternativa.
Y un dato muy importante: se encuentran obligados a consultar el registro, para la contratación de personas, todas las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, como los colegios, los transportes escolares, los jardines infantiles, en fin.
Pero también resulta relevante que en el caso de los certificados que se solicitan, las Seremías de Educación y de Transportes puedan tener acceso a las anotaciones que constan en estos registros de condena. Lo que estamos haciendo ahora es facilitar y habilitar para que esos seremis, en cada una de sus regiones, cuando les soliciten un certificado -por ejemplo, un conductor de transporte escolar-, puedan emitir un documento hecho con su pleno conocimiento, porque tienen acceso al registro de condenas. Así podemos asegurarnos de que se cumpla el objetivo que se persigue.
El proyecto incorpora otras obligaciones, como la de dar cuenta anualmente respecto del cumplimento de estas medidas, y también la necesidad de contar con un mecanismo de consulta periódica anual de todos los conductores y acompañantes con inscripción vigente, a efectos de poder comprobar la inexistencia de anotaciones en el registro respectivo.
Finalmente, debo señalar que esto ha contado con el informe favorable de la Corte Suprema. Y quiero agradecer muy especialmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, integrada por el Senador Pedro Araya, quien la preside, el Senador De Urresti, el Senador Huenchumilla, la Senadora Luz Ebensperger y el Senador Rodrigo Galilea, quienes tuvieron a bien darle la unanimidad, con lo cual este proyecto sencillo y directo puede avanzar para convertirse en ley rápidamente.
Esta iniciativa va en la línea de asegurar la indemnidad y libertad sexual de los niños, niñas y adolescentes, y es una manera de formalizar un compromiso muy sólido y sistemático para poner a los niños primeros en la fila en un tema tan delicado como es el abuso sexual infantil.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Ministro.
Tengo inscrito para hacer uso de la palabra al Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador, si le parece, ¿podemos abrir la votación, porque tenemos algunos colegas en Comisiones?
El señor HUENCHUMILLA.-
Sí.
La señora EBENSPERGER.-
Sí, porque es de quorum.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Manteniendo el tiempo, por supuesto.
El señor HUENCHUMILLA.-
Presidente, mi intervención va a ser muy breve.
En la tramitación del proyecto me llamó la atención que, estando en la disposición legal la pena accesoria de inhabilitación, el tribunal no sancionara con una pena que se encuentra establecida en el Código respectivo, aduciendo que el fiscal no se lo habría pedido.
Y me llamó también la atención que el fiscal, al pedir la pena, no solicitara además al tribunal en el momento procesal respectivo que aplicara la accesoria de inhabilitación.
Es curioso, en consecuencia, que ni los fiscales lo pidieran ni los tribunales aplicaran la pena completa, estando establecida por escrito en el Código pertinente.
Ahora, con el proyecto esperamos que se subsane ese problema.
Y en relación con lo que señala el Ministro sobre el informe de la Corte Suprema, existe un pequeño matiz. Porque a un grupo de ministros del Máximo Tribunal no le gustó que la inhabilitación fuera perpetua, pues hay dos intereses en juego: el bien jurídico protegido por la disposición penal respecto de los menores, pero también en cuanto a la oportunidad que uno debe darles a los seres humanos para una posible rehabilitación, sobre todo si tienen que estar por muchos años sujetos a la pena, que, en definitiva, ahora será para toda su vida.
Pero ese es un matiz de un grupo de ministros de la Corte Suprema contenido en el informe que mandó a la Comisión.
En general, estamos de acuerdo, señor Presidente, y, por lo tanto, vamos a votar favorablemente en particular este proyecto de ley.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Bien.
No tengo a nadie más inscrito, colegas.
Entonces, corresponde votar lo propuesto en el informe.
El señor COLOMA.-
Abra la votación, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Lo que sí necesitamos es contabilizar el cumplimiento del quorum, para lo cual vamos a hacer sonar los timbres, abrir la votación, y pedirles a los colegas de las Comisiones Especial del Adulto Mayor y de Ética que puedan acudir a la Sala, porque requerimos 22 votos.
El señor ELIZALDE.-
En este momento falta un voto.
El señor ARAYA.-
Sí, falta uno.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Ahora tenemos los veintidós votos.
El señor ELIZALDE.-
Sí.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Señor Secretario, existe unanimidad?
Tenemos los 22 votos y podemos dar por aprobado el proyecto, cumpliendo con las normas.
El señor Secretario va a dejar constancia del cumplimiento del quorum.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Hay veintidós Senadores y Senadoras presentes.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En consecuencia, queda aprobado el proyecto.
El señor ELIZALDE.-
Veintitrés.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Veintitrés, con el Senador Montes.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Exacto: 23 votos, con el del Senador señor Carlos Montes.
--Por unanimidad, se aprueba en particular el proyecto (23 votos), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
SANCIÓN PARA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CARRERAS NO AUTORIZADAS DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Vamos a pasar al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas que indica.
Me ha solicitado autorización para ingresar a la sesión vía telemática la Subsecretaria de Prevención del Delito, señora María José Gómez.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley al que ha hecho referencia, que cuenta con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 10.109-15 y 12.065-15 refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La iniciativa tiene por objeto crear un nuevo tipo penal correspondiente a la conducción de vehículos motorizados que se encuentren participando en carreras no autorizadas, sancionado con una pena base y gradual, según sea la concurrencia de resultados lesivos o dañinos que origine la realización de la conducta típica, estableciendo, asimismo, el retiro de circulación de los vehículos que participan en dichas carreras por un plazo no inferior a treinta días.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hace presente que, por tratarse de un proyecto estructurado sobre la base de un artículo único, corresponde discutirlo en general y en particular a la vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación.
La referida Comisión aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Aravena y Órdenes y señores García-Huidobro y Navarro. En particular, aprobó la iniciativa con las modificaciones y votaciones unánimes que se consignan en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 30 y siguientes del informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
La Senadora Órdenes nos había pedido informar al respecto, pero no se encuentra en la Sala.
¿Hay alguien más de la Comisión de Transportes?
Senador García-Huidobro, como usted también la integra, ¿puede entregarnos un breve informe?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Nuestra Presidenta está en estos momentos en la Comisión Especial del Adulto mayor, a lo mejor es posible llamarla, o yo puedo hacer un pequeño resumen respecto del proyecto.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Sí, haga un resumen nomás, Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Gracias, Presidente.
Voy a entregar un pequeño informe respecto al proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas que se indican.
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados, a través de un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y de una moción de los Diputados señoras Álvarez y Hernando y señores García, Jiménez, Meza, Saldívar y Venegas, y de los ex Diputados señora Carvajal, actual Senadora de nuestro Parlamento, y señores Hasbún y Letelier. Ingresó al Senado el 3 de junio del año 2020, y hoy se encuentra con "discusión inmediata", según la información de que dispongo. Estamos en su segundo trámite constitucional y en el primer informe fue aprobado en general y en particular.
Es importante señalar, señor Presidente, que el objetivo de este proyecto es crear un nuevo tipo penal correspondiente a la conducción de vehículos motorizados que se encuentren participando en carreras no autorizadas, sancionado con una pena base y gradual, según sea la concurrencia de resultados lesivos o dañinos que origine la realización de la conducta típica, estableciendo, asimismo, el retiro de la circulación de los vehículos que participan en dichas carreras por un plazo no inferior a treinta días.
Señor Presidente, acaba de llegar nuestra Presidenta de la Comisión, así que preferiría que ella entregara el informe. Yo quisiera después hacer los comentarios correspondientes, si a usted le parece.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Habíamos quedado con la Presidenta en todo lo contrario: que ella después iba a comentar la iniciativa.
Pero no importa.
Senadora Órdenes, tiene la palabra.
Entregue el informe y haga sus comentarios también, no hay problema.
La señora ÓRDENES.-
Okay.
Muchas gracias, Presidente, mis excusas a la Sala, porque estaba en la Comisión Especial del Adulto Mayor.
El proyecto que esta Sala va a discutir en general y en particular en esta oportunidad tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y en una moción de los Honorables Diputados señoras Álvarez y Hernando y señores García, Jiménez, Meza, Saldívar y Venegas y de los entonces Diputados señora Carvajal y señores Hasbún y Letelier.
El objetivo de ambas iniciativas va dirigido a crear un nuevo tipo penal correspondiente a la conducción de vehículos motorizados participando en carreras no autorizadas, sancionado con una pena base y gradual, según sea la concurrencia de resultados lesivos o dañinos que origine la realización de la conducta típica, estableciendo, asimismo, el retiro de circulación de los vehículos que participan en dichas carreras por un plazo no inferior a treinta días.
Cabe consignar que, por tratarse de una iniciativa de artículo único, y de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento del Senado, la Comisión procedió a discutirla en general y particular a la vez.
Durante la discusión del proyecto la Comisión contó con la participación de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt; del Jefe de Gabinete de la Ministra, señor Juan Carlos González, y de la asesora legislativa del Ministerio, señora Romina Garrido.
Además, fueron especialmente invitados a exponer sus puntos de vista las siguientes entidades:
-Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: la Subsecretaria de Prevención del Delito, señora María José Gómez, y la ex Subsecretaria de Prevención del Delito señora Katherine Martorell; el Jefe de Asesores Legislativos del Ministerio, señor Juan Ignacio Gómez, y la asesora legislativa de dicho Ministerio señora Isidora Riveros.
-De la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset): la Secretaria Ejecutiva, señora Johanna Vollrath.
-La Jefa Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, General señora Marcela González Casas-Cordero, y el asesor Teniente Coronel señor Guillermo Bohle.
-La Presidenta de la Fundación Emilia, Víctimas de Accidentes, señora Carolina Figueroa.
De igual modo, se contó con el relevante aporte de los asesores de los integrantes de la Comisión, quienes colaboraron con los demás participantes de dicha instancia en la elaboración de propuestas que luego fueron acogidas por ella.
El trabajo conjunto antes mencionado dio origen al proyecto de ley que hoy se somete a la consideración de la Sala del Senado.
La iniciativa se estructura en un artículo único.
En primer lugar, se modifica el inciso cuarto del artículo 92 de la Ley de Tránsito con la finalidad de que, en los casos de vehículos retirados de circulación y que hayan participado en carreras no autorizadas, el juez deberá siempre ordenar el retiro de circulación del vehículo por un plazo no inferior a treinta días, y si las condiciones lo ameritan, la revocación del certificado de revisión técnica.
Otro aspecto acordado por los miembros de la Comisión fue incorporar la definición de carreras no autorizadas en un inciso primero nuevo que se agrega al artículo 197 ter aprobado por la Cámara de Diputados.
Ellas son las siguientes:
"1° Carreras que se efectúen contra otros vehículos, o contra reloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado;
"2° Competencias de destrezas, deslizamientos o derrapes; o
"3° Competencias de maniobras o de velocidad que pongan en peligro la vida o integridad física de terceras personas.".
Luego, la Comisión mantuvo la redacción del mencionado artículo aprobado por la Cámara de origen. En él se dispone una pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de dos a diez unidades tributarias mensuales al que condujere un vehículo motorizado participando en carreras no autorizadas.
Asimismo, se consagran sanciones para quienes, a consecuencia de la conducción, causaren lesiones menos graves o graves, y si se causan aquellas lesiones graves contempladas en el N° 1 del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona.
Además, se dispone, de acuerdo con el texto aprobado por la Cámara de origen y ratificado por la Comisión, que al autor de los delitos previamente señalados se le impondrá la pena de comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, más la suspensión de la licencia de conducir. Cabe hacer presente que también se establece una sanción al que organizare carreras no autorizadas.
Por su parte, el artículo 197 quáter, aprobado por la Cámara de origen y ratificado por la Comisión, considera como circunstancia atenuante para los delitos precedentemente mencionados la colaboración relevante en el esclarecimiento de la participación.
La Comisión suprimió el artículo 197 quinquies aprobado por la Cámara de Diputados, que decía relación con el concepto de "velocidad temeraria", ya que en opinión de sus miembros ella es ajena a las ideas matrices del proyecto.
Finalmente, debemos indicar que el número 2 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de origen fue eliminado por las mismas razones esgrimidas.
Señor Presidente, debo hacer presente que la totalidad de las enmiendas ya explicadas contó con la unanimidad de los miembros de la Comisión. Ello da cuenta del apoyo alcanzado en esta materia, en aras de crear un nuevo tipo penal correspondiente a la conducción de vehículos motorizados participando en carreras no autorizadas.
Antes de concluir mi informe, deseo expresar mi agradecimiento y valorar el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que respaldaron el proceso legislativo y que colaboraron de forma relevante para finalizar su trámite en el Senado.
Por último, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, consignando las intervenciones escuchadas durante el ciclo de audiencias que se llevó a cabo, la discusión de los preceptos abordados y los acuerdos alcanzados a su respecto.
Es cuanto puedo informar en mi calidad de Presidenta de la Comisión.
He dicho, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Órdenes.
Vamos a dejar con la palabra al Senador García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¿Va a abrir la votación, Presidente?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Efectivamente, la vamos a abrir; y haremos una sola votación, pues, como se indicó, esta iniciativa es de artículo único.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Sí, es una sola.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador García-Huidobro para fundamentar el voto.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Muchas gracias, Presidente.
Valoro el esfuerzo que hizo la Comisión con el fin de avanzar rápidamente en la tramitación de esta iniciativa -y lo conversamos con el Ejecutivo-, por cuanto las carreras clandestinas ya son una situación compleja a nivel nacional, y prácticamente se han convertido en un deporte en que, en muchos casos, están utilizando las calles y todas las vías públicas para realizarlas.
Durante la discusión general en la Comisión se recibieron -como bien dijo su Presidenta- a múltiples organizaciones y profesionales con expertise en la materia, con el fin de hacer un muy buen análisis respecto del proyecto.
El Gobierno, en ese caso, recalca su compromiso con la seguridad vial y señala la necesidad de fortalecer el control de los riesgos asociados a estas carreras. También manifiesta la necesidad de controlar la velocidad temeraria.
Nosotros los Senadores expresamos la necesidad de circunscribir el proyecto a las carreras clandestinas, y no más allá. Y el Ejecutivo también indicó que el objetivo del proyecto es establecer una regulación y una penalización de las carreras clandestinas como forma organizada de actividad ilícita. Luego, precisó que, por ser una forma organizada de actividad ilícita, se plantea una segunda propuesta acerca de la colaboración eficaz como modo de atenuar la responsabilidad penal del participante, en tanto este entregue información que permita esclarecer y desbaratar la comisión de estos ilícitos.
Además, manifestó que la regulación no solo debe ser para castigar y prevenir, sino que también debe generar un incentivo diferente de la pena, aludiendo a que para todas las hipótesis detalladas se propone una pena de comiso de los vehículos, con lo que las personas pierden esos vehículos durante un tiempo -estamos hablando de treinta días-, y que vayan a los lugares que disponen los municipios.
Ese es posiblemente, señor Presidente, uno de los incentivos más fuertes que van a tener quienes pretenden seguir con las carreras clandestinas, porque bien saben lo que pasa en los corrales municipales: es difícil que encuentren a ese vehículo en las mismas condiciones en que entró.
En segundo lugar, se analizaron datos comparados con otros países.
Carabineros expuso cifras de controles por infracción de tránsito con relación a estos excesos de velocidad y sus resultados. Expresa que esta infracción es la mayor causa de muerte en muchos casos por este tipo de carreras, y que uno de los mayores problemas que ha tenido Carabineros ha sido justamente poder fiscalizar estas carreras.
Asimismo, escuchamos a las ONG relacionadas que dieron a conocer su apoyo a este proyecto.
En tal sentido, los Senadores fuimos enfáticos en señalar que esta iniciativa debe referirse única y exclusivamente a regular y penalizar la participación y organización de este tipo de carreras, según la definición que está dando esta ley.
Este proyecto, señor Presidente, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
En el caso de la discusión en particular, se dividió siguiendo la estructura de la iniciativa, por una parte, y los puntos centrales del debate en general, por la otra. Ello, con el propósito de abordar con precisión los distintos aspectos considerados por el particular y teniendo en especial consideración los puntos centrales del debate durante la discusión en particular.
De esta discusión resulta el comparado que ustedes tienen a su disposición y que se adjunta, así como el resultado de las votaciones.
Por lo tanto, voy a votar favorablemente este proyecto, porque creo que es muy importante que sea ley de la república lo antes posible. Cada uno de nosotros está viendo los problemas que tienen los diferentes municipios, los vecinos; la situación que se genera en determinados lugares, en que se aprovechan del uso tanto de las autopistas como de las calles o de otros lugares.
Y algo importante de señalar: esto solamente afecta a las vías públicas, no a los lugares privados autorizados para llevar a cabo este tipo de actividades; para eso hoy día existen normas en nuestro país.
Por ello, señor Presidente, ojalá aprobáramos este proyecto por unanimidad, porque creo que es una ley que hace mucho tiempo la ciudadanía está esperando.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador García-Huidobro.
Nadie más ha solicitado el uso de la palabra.
Vamos a tocar los timbres para los efectos de que los Senadores que están en Comisiones puedan bajar a votar.
Senador Moreira, ¿usted está pidiendo la palabra?
El señor MOREIRA.-
Sí, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Senador.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
El problema que hoy día vive el Gran Santiago también lo sufrimos en regiones: están siendo una mala costumbre estas carreras clandestinas que desafían la ley, que desafían a la policía y que generan una intranquilidad en los vecinos del sector donde se realizan.
En la Región de Los Lagos, especialmente en Puerto Montt, hemos observado cómo en la costanera se desarrollan estas carreras clandestinas, y también las vemos en cada uno de los puntos de nuestro país.
Se han planteado proyectos. Incluso yo presenté uno mucho más sancionatorio que el que vamos a aprobar hoy día, porque creo que tenemos que ir con una disposición mucho más estricta; de lo contrario, o pagan el parte o, de alguna manera, le hacen el quite a la ley.
Y este proyecto, del cual se ha hablado, de artículo único, define qué se entiende por carreras no autorizadas y establece las distintas conductas sancionadas; por ejemplo, el que participe en una carrera no autorizada es sancionado con penas de cárcel, y eso va a ser inhibitorio para todas estas personas que desafían la ley, que desafían la integridad física de la gente.
Yo diría que es un avance que se valora. Estas son verdaderas imprudencias graves en el tránsito, pues se conduce a exceso de velocidad, y los vecinos de Puerto Montt, de Osorno y de Chiloé ven en ello un desafío a la ley: ¡impunidad absoluta! A la gente no la dejan vivir tranquila, no puede dormir tranquila, y muchas veces la policía no tiene la capacidad de contener a este grupo de personas, a las que no les importa la sociedad, a las que no les importa absolutamente nada de nada.
¿Y por qué la policía no actúa? La policía no actúa porque con frecuencia no tiene las herramientas suficientes, porque no existe una ley sobre la materia.
Este es un avance que valoramos. Y deseamos que cuando el proyecto se vaya viendo, con la debida anticipación, busquemos otras fórmulas también que contengan, que ataquen este verdadero flagelo para la ciudadanía.
Por eso, Presidente, voto a favor. Y lo hago porque es una forma de llamar y darle certeza a la gente en el sentido de que van a poder tener tranquilidad en las noches. Porque de lo contrario, esta situación va a ir en aumento cada día más y más.
Por los vecinos de Puerto Montt, de Osorno, de Chiloé, de la Región de Los Lagos y de todo el país, porque estas situaciones se presentan en todas las regiones, y especialmente en el Gran Santiago, voy a votar a favor de este proyecto de ley.
Le solicito, Presidente, que se corrijan las pantallas. En este momento figura la votación anterior y no la que corresponde a este proyecto de ley.
Así que le pediría...
El señor ALVARADO.-
Está en el encabezado.
El señor MOREIRA.-
¿Dónde está el encabezado acá?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
El encabezado.
Sí, Senador, tiene razón; pero la votación es la que corresponde ahora.
El señor INSULZA.-
Presidente, ¿se puede votar aún?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Sí, por supuesto, Senador Insulza; estamos en votación todavía.
El señor MOREIRA.-
Puede votar, Senador Insulza.
¡Lo voy a esperar en estos veintitrés segundos que me quedan de tiempo...!
Bueno, voto a favor para darle tranquilidad a la gente de Puerto Montt; voto a favor para darle tranquilidad al país respecto de todo este tipo de abusos y de imprudencias que se cometen precisamente porque hasta ahora no había una legislación sobre el particular.
Este es el primer paso en el camino de las mil millas.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor DE URRESTI.-
¡La Senadora Carvajal tiene problemas para votar!
La señora ÓRDENES.-
¡No le marca el voto!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
La Senadora Carvajal está con problemas de...
La señora ÓRDENES.-
No puede marcar su voto en el computador.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Consígnenle el voto a favor a la Senadora Carvajal.
¿Ahí sí?
Okay.
¿Alguien más?
¿Don David?
La señora CARVAJAL.-
Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senadora, usted votó ya.
La señora CARVAJAL.-
De acuerdo.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
El Senador Montes viene.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (27 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Alvarado, Castro, De Urresti, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Queda despachado, entonces, el proyecto.
Senadores, dentro del Orden del Día tenemos, en el quinto lugar, el proyecto...
¿Encontraron el proyecto de acuerdo?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Requiere quorum especial.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Que en este momento no tenemos.
ESTABLECIMIENTO DE DOMICILIO DE GOBERNADORES REGIONALES
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A continuación, en el quinto lugar del Orden del Día, corresponde ocuparse en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señoras Provoste y Órdenes y señores Bianchi, Insulza y Letelier, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, a fin de establecer el domicilio de los gobernadores regionales, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.328-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Entiendo que ya habíamos iniciado la discusión de este proyecto, señor Secretario, y que estamos en el debate en general.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Y me parece también que ya se había entregado el informe respectivo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Corresponde a un proyecto que se encuentra en discusión en general.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Y hubo también informe de la Comisión de Gobierno?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Todavía no se ha informado.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Es que la última vez que lo vimos estábamos justo en el término del Orden del Día, y no estoy seguro de si se alcanzó a entregar el informe de la Comisión de Gobierno.
No se entregó.
Entonces, el Senador Bianchi, quien es el Presidente de la referida Comisión -estaba recién acá- podría entregar el informe.
Bien, vamos a hacer un llamado a quienes están en las otras Comisiones para que puedan venir a la Sala para los efectos de tener el informe correspondiente.
¿Hay alguien de la Comisión de Gobierno que pueda entregarlo?
Estamos en el debate en general.
Voy a ofrecer la palabra por si alguno de los Senadores quiere intervenir en esta materia.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Hago la relación, Presidente?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Sí, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Este proyecto de ley tiene por objeto establecer que los gobernadores regionales ejercerán sus funciones en las dependencias que ocupan los intendentes regionales.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley por tratarse de aquellas de artículo único, y acordó, también por la mayoría de sus miembros, proponer que en la Sala sea considerada del mismo modo.
La referida Comisión aprobó la iniciativa en general y en particular por la mayoría de sus miembros. Votaron por su aprobación los Senadores señora Carvajal y señores Bianchi, Insulza y Ossandón, y por su rechazo, la Senadora señora Ebensperger.
Asimismo, la Comisión deja constancia de que el artículo único del proyecto de ley reviste carácter orgánico constitucional, toda vez que incide en materias reguladas en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, por lo que requiere 22 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 14 del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidente.
En primer lugar, quiero consignar que no soy miembro de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, pero sí, junto con varios colegas, soy autora de esta iniciativa parlamentaria.
Su propósito principal es resolver un problema simbólico y práctico, que es determinar el lugar donde las gobernadoras y los gobernadores regionales, que fueron electos, deben ejercer sus funciones y llevar adelante la dirección de los gobiernos regionales.
En nuestra opinión, el lugar natural para que ellos ejerzan sus funciones son las dependencias que hasta el momento de su elección ocupaban los intendentes regionales de esa época, cuyos edificios son reconocidos en las regiones como el sitio donde se dirigen los destinos de cada territorio.
Quienes han sido democráticamente electos y electas deben llevar adelante sus nuevas competencias desde estos lugares, lo que además viene a dar seguridad a las nuevas autoridades en lo que dice relación con sus oficinas y despachos.
No son pocas las gobernaciones regionales que hemos visitado donde es evidente que no están ocupando los edificios y las dependencias que habitualmente acogían a los intendentes regionales. Por eso partí señalando que este es un problema simbólico y práctico que la moción busca resolver.
Asimismo, la propia ley que nosotros aprobamos en este Congreso con anterioridad señala que los gobernadores y las gobernadoras regionales son la autoridad ejecutiva a nivel regional y que, además, habiendo sido electas por el voto popular, son depositarias de la voluntad de los ciudadanos como líderes y lideresas en cada una de sus regiones.
Esto se consagra ya a nivel administrativo, dado que el decreto N° 43, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo del presente año, considera de manera acertada que el gobernador regional es protocolarmente la máxima autoridad regional, ubicándolo por encima del delegado regional.
Por lo tanto, el gobernador regional es una autoridad electa por la ciudadanía, a la cual la ley le otorga la función de ser la primera autoridad regional, lo que ya es reconocido desde el punto de vista protocolar y también debe serlo en su funcionamiento.
Por eso nos parece que quienes comandarán los destinos de las regiones -esto también comprende la gobernanza regional- y van a tomar de manera descentralizada las decisiones en nuestros territorios, lo hagan en las dependencias que ocupaban hasta el momento de su elección los intendentes regionales.
Esto, Presidente, es muy parecido a que si en el año 1990, tras la recuperación de la democracia, se le hubiese dicho al Presidente electo que no ocupara La Moneda, sino el edificio Diego Portales.
Por lo tanto, hay ahí un elemento simbólico desde el punto vista de la administración.
Por ese motivo, junto con la Senadora Ximena Órdenes y a los Senadores José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier y Carlos Bianchi, hemos presentado esta moción con el fin de establecer el domicilio de los gobernadores y las gobernadoras regionales en las dependencias que hasta el momento de la elección ocupaban los intendentes regionales de esa época.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Provoste.
Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Este proyecto, como bien se ha señalado, pretende agregar un artículo transitorio al decreto con fuerza de ley N° 1, del 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la actual ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, para disponer que los gobernadores regionales tendrán su domicilio y se instalarán, a contar de la elección de esas autoridades, en las dependencias que anteriormente utilizaban las intendencias.
Tras las elecciones del 15 de mayo, en tres regiones del país (Valparaíso, Aysén y Magallanes) y en segunda vuelta, el 13 de junio, las regiones restantes, se eligieron por primera vez en forma popular los gobernadores regionales de nuestro país, dando inicio a lo establecido en las leyes 21.073, que regula la Elección de Gobernadores Regionales, y 21.074, Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País.
Así las cosas, hoy la administración superior de cada región reside en un gobierno regional, compuesto por los consejeros regionales (el consejo regional) y por su órgano ejecutivo, el gobernador regional.
Por su parte, al delegado presidencial corresponde el gobierno interior de la región, en su calidad de representante natural del Presidente de la República en el territorio.
El artículo 1° del decreto de ley N° 1.939, de 1977, fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, y preceptúa que dichas facultades sobre los bienes del Estado o fiscales corresponden al Presidente de la República, quien las ejerce a través del Ministerio de Bienes Nacionales, atribuciones que resultan del todo lógicas si se considera que, al tenor del artículo 24 de la Constitución, al Presidente de la República le corresponden el Gobierno y la Administración del Estado.
Además, la destinación de los inmuebles fiscales se ha de realizar siempre conforme al artículo 56 del citado decreto ley N° 1.939, por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, organismo al que se le estaría modificando puntualmente esta atribución.
Al respecto, sustraer del órgano Presidente de la República -no de quien ocupe accidentalmente el cargo, sino del cargo Presidente de la República- la facultad de administrar parte de los bienes fiscales implica modificar las atribuciones de ese órgano atribuyéndoselas a otro, vulnerando claramente la iniciativa exclusiva contenida en el número 2º del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución.
En la práctica, el Congreso Nacional se estaría arrogando a sí mismo la administración de inmuebles fiscales, toda vez que su rol no es administrar el Estado ni los bienes estatales, sino legislar. La función de administrar, atribuida al Gobierno conforme al principio de separación de poderes, está radicalmente separada del control y del rol legislativo que corresponden al Congreso Nacional.
Cambiar hoy el destino de esos inmuebles fiscales tiene, además, incidencias presupuestarias directas: habría que buscar y habilitar nuevas dependencias a las delegaciones presidenciales, con lo que se vulnera también el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución.
A diferencia de lo que ocurría en las antiguas intendencias y con las actuales delegaciones presidenciales, los gobiernos regionales, conforme al inciso segundo del artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, gozan de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio.
Sacar uno o más bienes inmuebles determinados del patrimonio fiscal para entregárselos a una persona jurídica de la administración descentralizada del Estado, en los términos en que lo hace el proyecto, que se diferencia sustancialmente de una destinación normal, que es por esencia un título precario, podría sostenerse que vulnera el mismo inciso tercero del artículo 65 de la Constitución, con relación al número 10) del artículo 63, que consagra como materias de ley las que fijen normas sobre enajenación de bienes del Estado, su arrendamiento o concesión.
En este sentido, Presidente, no está de más recordar que "enajenar", según el Diccionario de la Real Academia Española, es "Vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos" o "Desposeerse, privarse de algo". En tal virtud, la ley es reconocida precisamente como un modo de adquirir el dominio de las cosas.
Tanto es así que, conforme al artículo 69, letra a), de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, los bienes fiscales enajenados a título gratuito y por el ministerio de la ley, de aprobarse el proyecto, pasarían a engrosar el patrimonio del gobierno regional, saliendo de la administración central.
Finalmente, cabe recordar que durante la discusión en la Comisión de Gobierno la Senadora que habla señaló que la buena o mala gestión de los gobernadores regionales -un minuto, Presidente, y termino- no depende del lugar físico donde ejerzan el cargo, sino de lo que sean capaces de realizar en su calidad de autoridades electas, y que el Gobierno ha cumplido con lo que debía hacer en materia de instalación de gobernadores regionales. Agregó que "esta no es una forma legítima de legislar, toda vez que el proyecto en estudio es inconstitucional por los motivos antes expuestos.".
Por último, y para concluir, por lo que hemos podido conversar al interior de la Comisión de Gobierno, casi todas las situaciones relacionadas con la instalación de los gobernadores regionales -por no decir todas- están resueltas en las regiones del país.
Se podría discutir dónde instalarse, pero -vuelvo a decirlo- la forma en que lo hace este proyecto es inconstitucional.
Eso no significa quitarles relevancia a los gobernadores regionales, pero no es posible dar atentando contra la Constitución.
Voto en contra, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Ebensperger.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Alejandro Guillier.
El señor COLOMA.-
¿Puede abrir la votación, Presidente?
La señora EBENSPERGER.-
Sí. Abra la votación.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
El señor MOREIRA.-
Sí.
El señor COLOMA.-
De acuerdo.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Perfecto.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Muchas gracias, Presidente.
Lo que nosotros estamos analizando acá es cómo se va poniendo en marcha la nueva gobernanza regional, la cual fue aprobada por este mismo Congreso Nacional y que cuenta con un amplio apoyo en la ciudadanía, aun cuando en muchas regiones este proceso es menos conocido y está todavía en los inicios de su instalación.
Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, más que un problema de técnica jurídica, es la forma de implementar lo que se llama "la nueva gobernanza regional" o "nueva organización del gobierno interior".
Desde el punto de vista nacional, el tema parece zanjado cuando se establece que cada institución tendrá, sin especificarlo, un lugar de funcionamiento. Pero a nivel regional es evidente que existen conflictos simbólicos y también prácticos, porque ocurre que, de acuerdo a lo que aprobó este Congreso, la máxima autoridad regional es el gobernador electo y, por lo tanto, no es un tema menor el determinar desde dónde se efectúa el reconocimiento a tal autoridad.
El poder y el lugar físico donde este funciona responden a simbolismos, y si realmente estamos convencidos de la importancia de avanzar en la regionalización, tenemos que ir creando esa nueva institucionalidad y darle legitimidad a la misma.
Lo que esta iniciativa propone es muy simple: solamente agrega un artículo transitorio a la ley N° 19.175, que establece las bases sobre gobierno y administración regional, indicando que los gobernadores regionales tendrán su domicilio y se instalarán en las dependencias de lo que antes era el símbolo de la principal autoridad regional, que era el intendente nombrado por el Presidente de la República.
Sin embargo, hoy tenemos la realidad de que la principal autoridad es el gobernador electo y no un jefe de servicio, y, por tanto, lo lógico sería que la autoridad elegida utilice las mismas edificaciones de la intendencia regional al momento de asumir su cargo.
Quiero recalcar que el avance en el proceso de regionalización va a requerir mucho acuerdo político.
Hace muy poco llegamos a un inédito acuerdo entre los Senadores regionalistas, el Ministro de Hacienda y su equipo, para flexibilizar el presupuesto de los nuevos gobiernos regionales y, contra toda práctica habitual, se accedió a usar un mayor porcentaje de los saldos de caja -creo que quedó en un 47 por ciento- y apoyar la gestión de recursos humanos para que se puedan conformar los equipos de los nuevos gobiernos locales.
Obviamente, si uno quiere ningunear este proceso y destruirlo, no va a costar mucho, sobre todo porque está recién iniciándose. Si de verdad estamos comprometidos con el proceso regionalizador, tenemos que dar señales de voluntad política en el mismo sentido que estoy destacando, para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento y conciencia de lo que significan los nuevos gobiernos regionales.
Quiero recordar que en mi Región de Antofagasta existe un conflicto no resuelto, toda vez que al nuevo gobernador regional se le dio una oficina que pertenecía a los consejeros regionales, donde además estaban todos hacinados, en circunstancias de que el resto del edificio está en gran parte desocupado, simplemente porque hay un gallito con el delegado presidencial, quien no quiere darle la pasada al nuevo gobernador.
Entonces, tenemos que sincerarnos. ¿Vamos a apoyar el proceso o lo vamos a sabotear?
Pienso que el país espera consistentes respuestas tanto de este Senado como de la Cámara de Diputados en el sentido de que cuando decimos que estamos con la regionalización no vamos a buscar pretextos para deslegitimar y desprestigiar dicho proceso.
Yo voto a favor de este proyecto.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador Guillier.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Presidente, que los gobernadores regionales pasen a tener domicilio en las antiguas intendencias es un signo visible y potente del inicio de una real descentralización en nuestro país, que, por primera vez, por votación popular ha elegido a su autoridad en el Gobierno regional.
Asimismo, debemos asumir la importancia pedagógica que tienen para la ciudadanía de cada región del país las medidas que se adopten en orden a la puesta en marcha de esta nueva institucionalidad regional.
Nosotros tenemos que asegurarnos desde el comienzo de que esto asuma el significado y el simbolismo de una nueva institución, y que los nuevos y las nuevas gobernadoras regionales representen efectivamente a sus regiones.
Ahora, yo entiendo que todos hemos aceptado esto en la Comisión, incluso la Senadora Ebensperger aquí lo reconoció, pero se ha planteado en la Sala un tema de carácter constitucional entre dos instituciones que no existían -¡dos instituciones que no existían!-, porque había intendentes, pero no un representante del Presidente de la República ni tampoco un gobernador regional.
Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí no es una cuestión de administración, sino más bien reconocer cuál es la autoridad que realmente reemplazó al intendente, reconociendo problemas sobre atribuciones, etcétera. Pero aquí no operamos para asimilar funciones, sino por la que fue la voluntad cuando se dictó esta ley, la cual reemplaza a los intendentes regionales por gobernadores regionales.
Ahora, dicho sea de paso, no todos los inmuebles que han servido al desplazamiento de las intendencias regionales durante su vigencia son bienes fiscales.
Y quiero aludir, por ejemplo, a mi Región de Arica y Parinacota: es un inmueble arrendado. En otras regiones son bienes propios del gobierno regional, con lo cual el argumento que se ha dado acá sobre la admisibilidad o inadmisibilidad no pasa de ser una fundamentación legal para, como decía el Senador Guillier, negar la existencia de una realidad: que hoy día las regiones deben ser dirigidas por gobernadores regionales.
Ahora, muchos de esos inmuebles son edificaciones patrimoniales, que son reconocidas con orgullo por la ciudadanía regional como espacios emblemáticos del poder regional. En el contexto de una nueva institucionalidad en la que ponemos la esperanza de una real descentralización, esto adquiere una relevancia singular.
Ahora, el Ejecutivo ha hecho presente que la situación que mueve este proyecto no es un problema relevante, porque los gobernadores y delegados presidenciales han llegado a acuerdo y no hay mayores problemas, dice el Gobierno, en ninguna parte del país.
Entonces, si el Gobierno reconoce que aquí no existen mayores problemas, la argumentación simbólica es la que debe prevalecer sobre argumentos jurídicos que carecen de todo sentido práctico.
Yo voto a favor.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Insulza.
Vamos a dejar con la palabra para fundamentar voto al Senador Juan Pablo Letelier.
Tiene la palabra, Senador.
El señor LETELIER.-
Gracias, Presidente.
Quiero partir señalando que esta discusión se podría haber evitado si el Ministerio del Interior o la Subdere hubiesen tenido otra actitud. Pero lo cierto es que se tuvo un enfoque equívoco.
El Senador que me antecedió en la palabra, don José Miguel Insulza, ha dicho claramente que estas son nuevas autoridades. El delegado presidencial no existía, el gobernador regional no existía. A ambos los tenemos que situar en algún lugar físico.
Lo denigrante, porque no hay otra forma de calificar lo que ocurre en algunas regiones, es cómo al gobernador regional electo lo dejaron en unas oficinas pequeñas, mal ubicadas, separado absolutamente de las divisiones que trabajan con él. Es cierto que no todas las regiones son iguales, pero, si uno hace una evaluación, verá que el delegado presidencial cuenta con facultades en materias de orden público, de coordinación de servicios públicos, pero no con divisiones para gestionar la inversión regional, para establecer convenios marco con ministerios a nivel central. Se requiere un tipo de personal distinto, que evolucione en el tiempo; los gobernadores necesitan una infraestructura más funcional, más asequible para la comunidad, y que permita la coordinación de los funcionarios públicos que dependen de ellos.
Señor Presidente, quienes conozcan la Región de O'Higgins saben que el gobernador está alojado hoy en la sede donde funciona el CORE, en un inmueble que era de CEMA Chile años atrás, un edificio absolutamente, ridículamente disfuncional. En la región existe un edificio patrimonial extraordinario, un precioso edificio patrimonial, donde hoy funciona la Gobernación Provincial. Uno se pregunta por qué no se tomó una decisión distinta.
No se trata de generar disputas inútiles, sino de tener una mirada más racional en el uso de la infraestructura. En el caso en discusión, más allá del camino que tomó mi amiga la Senadora Luz Ebensperger, que busca un debate formal -me parece un camino, aunque no comparto su línea de argumentación, en la cual no quiero pensar que existe mala intención-, necesitamos empoderar a las autoridades regionales, garantizándoles la infraestructura adecuada para que puedan desarrollarse plenamente.
Ese es el sentido del proyecto, señor Presidente, y por eso lo presentamos junto con otros colegas: porque necesitamos asegurar una mayor funcionalidad, para que las y los nuevos gobernadores regionales estén en un mismo lugar junto a sus equipos, las divisiones que tienen a su cargo, y que tengan una relación más fluida.
Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Se podrá evaluar caso a caso, quizá posteriormente, o generar los mecanismos para hacerlo, pero, si estamos discutiendo esto hoy, es porque por desgracia la percepción o la convicción que tenemos es que las autoridades del Ministerio del Interior han estado a contrapelo con el proceso de regionalización, a contrapelo de entregarles más poder a los gobernadores regionales, que es lo que a nosotros nos interesa profundizar.
Vamos a votar a favor, Presidente, con la convicción de que empoderar a los gobernadores o a las gobernaciones regionales le hacen bien al país. Queremos descentralizar, desconcentrar, entregar poder a las regiones, porque de esa forma fortalecemos nuestra democracia.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Letelier.
Tiene la palabra el Senador don Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Muchas gracias, Presidente.
Tal como señaló la Senadora Ebensperger, esta no es una materia de iniciativa del Parlamento. Pero, al margen de ello, quiero señalar que, desde que se produce la elección y los gobernadores regionales asumen sus respectivos cargos en once regiones, ellos quedan ubicados en el mismo lugar donde se encuentran los delegados presidenciales, exintendentes. En dos regiones, Arica y Magallanes, se instalan en edificios con destinación a los gobiernos regionales, que eran ocupados, a la fecha en que se producen las elecciones, precisamente por los intendentes regionales. Y en tres regiones, Maule, Región Metropolitana y Aysén, se asientan en edificios de propiedad de sus gobiernos regionales. Por lo tanto, tenemos tres casos en que los gobernadores regionales quedaron instalados en inmuebles de propiedad de los gobiernos regionales; dos casos en que quedaron donde estaban los exintendentes, actuales delegados presidenciales, que dejaron esas dependencias para que se instalaran los gobernadores regionales, y once casos en que pasaron a compartir los edificios. O sea, estamos ante un problema que hoy se encuentra resuelto.
Desde el punto de vista simbólico, como se señaló acá, ¿cuál es la máxima autoridad de la región? Eso está zanjado por un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores que señala expresamente que la máxima autoridad de la región es el gobernador regional.
En ese contexto, ¿por qué no se puede acceder a este proyecto? Porque, en once casos, significa disponer de bienes inmuebles del Fisco cuya disposición es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. En consecuencia, si hay comodatos entre el Serviu y la delegación presidencial, etcétera, son cosas que tienen que resolverse a través del Poder Ejecutivo y no a través del Parlamento.
Esta iniciativa surge cuando estábamos en plena elección de los gobernadores regionales y todos querían aparecer, de una forma u otra, buscando una solución. Pero esta solución la dio el propio Gobierno, y en los lugares donde se produjeron algunas dificultades, estas fueron abordadas como corresponde; se conversó y se buscó la mejor solución dentro del marco de lo posible.
Por lo tanto, señor Presidente, si bien es cierto que, tal como reconoció la Senadora Ebensperger, se puede discutir respecto al domicilio de los gobernadores regionales para que se ubiquen en las dependencias de los exintendentes, este no es el mecanismo, no es el procedimiento para ello, o de lo contrario vamos a caer, una vez más, en situaciones como la que se dio a propósito del proyecto anterior, cuando se decía que hacer uso de un veto significaba afectar una decisión democrática. Pero las decisiones democráticas hay que tomarlas dentro de las reglas del juego, y nuestra Constitución señala que los parlamentarios no tenemos facultades para disponer de inmuebles fiscales.
He dicho, señor Presidente.
Voto en contra.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Alvarado.
Aprovechamos de darle la bienvenida a la Subsecretaria de Desarrollo Regional, señora María Paz Troncoso.
Vamos a dejar con la palabra, para fundamentar su voto, a don Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Muchas gracias, Presidente.
Sin duda, este proyecto tiene una muy buena intención. Ojalá que el Ejecutivo pueda entender que estamos en un proceso irreversible. Como bien dijo la Senadora Ebensperger, este es un proyecto que quiere manifestar la importancia del lugar donde tienen que estar los gobernadores regionales, que son la primera autoridad de una región, según acaba de expresarlo el Senador Alvarado.
Yo conversé tiempo atrás con el Gobernador Regional, Pablo Silva, y también con el delegado presidencial de mi región. Y propuse una idea que me alegro de que el Senador Letelier comparta. Nosotros tenemos que recuperar, en la plaza de Rancagua, un edificio histórico como la gobernación provincial, que era la antigua intendencia. Recuerdo que cuando era pequeño mi padre fue intendente, durante los seis años de gobierno de don Jorge Alessandri, de la provincia de O'Higgins, que después se aumentó a región. Por lo tanto, creo que debemos tener recursos -y se lo planteo a la señora Subsecretaria- para recuperarlo, para dejarlo en las mejores condiciones y entregarlo al gobernador regional. Me parece el edificio más adecuado para albergar a esta autoridad.
Este es un proyecto que, obviamente, tiene una muy buena intención, pero no es constitucional, sin perjuicio de lo cual me gustaría que el Ejecutivo abriera un espacio para conseguir recursos que permita que en todas partes exista un edificio que corresponda a la investidura de la primera autoridad en cada una de las regiones.
En tal sentido, solicito, tal como ya lo hice con anterioridad, aunque no en la forma como lo estoy efectuando en esta sesión, que el inmueble de la gobernación y exintendencia de la provincia de O'Higgins sea el lugar que se le asigne al gobernador de mi región. Está en la plaza histórica que nosotros tenemos en Rancagua; es un edificio realmente muy bien presentado, y es el lugar donde prácticamente todos los intendentes estuvieron hasta antes del Gobierno militar, para posteriormente pasar al actual, que en este momento ocupa el delegado presidencial, el cual, con todo el respeto que tengo por los arquitectos, creo que no tiene nada que ver y no es el que se merece la región.
Es por eso, Presidente, que me voy a abstener en este proyecto, entendiendo el mensaje que están enviando sus autores.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador.
Vamos a dejar con la palabra al Senador don David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidente.
Estamos, sin duda, en el momento de instalar una autoridad nueva, una autoridad relevante, significativa, electa por los ciudadanos de cada una de las regiones, dentro de un proceso de regionalización y descentralización del cual todos somos absolutamente parte y que respaldamos y apoyamos porque queremos la mejor gestión.
El lugar físico donde se desempeñe la función de gobernador regional o del gobierno regional, ¿influirá en la calidad, en la interpretación o en el valor que se pueda tener de esta autoridad? Yo creo que no. Es posible que algunos parlamentarios, por razones de que en su región en particular no tenían resuelta con anterioridad una condición, se hayan motivado a presentar este proyecto, que puede tener la mejor de las intenciones, pero evidentemente no cuentan con las competencias para llevar a cabo esta situación. Creo que además sería un abuso, desde el punto de vista de la legislación, realizar un acto de esta naturaleza.
En el caso de mi región, el problema se resolvió en forma oportuna. El Gobierno Regional tiene un hermoso edificio, ubicado razonablemente, donde ha venido ejerciendo sus labores de manera significativa durante todo este tiempo, con plena y absoluta calidad en infraestructura y equipamiento; es un edificio nuevo. Y además cuenta con otras dependencias adicionales donde -repito- funcionaba antiguamente el Gobierno Regional.
En aquellos casos en los que no se resolvió el problema con anterioridad hay que, evidentemente, enfrentarlo y solucionarlo. Los verdaderos símbolos con los cuales debe construir la nueva autoridad y el Gobierno regional, e incluso los consejeros regionales electos recientemente, son validarse a través de un cambio sustantivo en la gestión, en el mejoramiento de la gestión del desarrollo en las respectivas regiones. ¡Cuánto valor tenemos hoy día para que esta nueva estructura de organización y de representación de la región sea capaz de canalizar las verdaderas demandas, intereses y motivaciones que nos llegan desde los distintos emplazamientos! Aquí es donde hoy día existe la gran oportunidad de que esta nueva gestión en el ámbito del territorio logre, precisamente, los cambios necesarios para llevar a cabo el verdadero desarrollo que la región, en definitiva, nos demanda.
Pero, ¿está definido aquello por el lugar donde se ejerce la función? Yo creo que no. La mejor forma de expresar el verdadero valor de esta nueva gestión en materia del territorio es precisamente haciéndonos cargo y parte de las demandas, de las necesidades y de las voluntades que se manifiestan en cada región por un mejor desarrollo.
Imagínense la situación de Aysén, la región más linda de Chile, la que, situada en el territorio nacional, abarca desde Santiago hasta casi Osorno. Esa es su extensión en la zona central. Representa el 17 por ciento del territorio nacional. Ahora, si le sumamos Palena y Magallanes, es más de un tercio de la superficie de Chile continental.
Y aquí aprovecho de hacer un llamado.
La provincia de Palena, el "patio trasero", como le dicen los propios paleninos, no tiene todavía las condiciones mínimas para un desarrollo que permita mejorar la conectividad. El gran cuello de botella que tenemos hoy día en el desarrollo está precisamente en eso. Y ahí es donde va a estar radicada, probablemente, una parte de lo que va a ser el verdadero valor de esta nueva institucionalidad: hacerse cargo de los temas por las cosas de fondo, no por donde se está ejerciendo la labor. Esto último es absolutamente anexo; no tiene ningún sentido práctico. El verdadero sentido práctico y el verdadero motor en la región se darán cuando nos aboquemos a resolver las necesidades que tenemos como territorio, como región, haciéndonos cargo de la realidad.
Más del 20 por ciento de la población de Aysén se halla en condición de pobreza multidimensional. ¡Ahí es donde está la tarea de esta nueva gestión, de esta nueva administración! Tenemos más de 1.300 viviendas en condiciones absolutamente precarias en materia de habitabilidad. Hay que mejorar esos aspectos, dotar el esfuerzo que se está haciendo en infraestructura de salud hoy día, con un hospital nuevo en Aysén, con otro hospital nuevo en Cochrane, con un hospital en construcción en Chile Chico. Evidentemente nos tenemos que hacer cargo de asegurar la calidad en la atención de salud. También está la atención hacia los adultos mayores, el problema de las pensiones. Tenemos tareas que son del ámbito territorial y otras que, desde el territorio, debemos manifestar en el contexto de las políticas nacionales. Pero donde esté ubicado un Gobierno regional, un gobernador regional, es un tema absolutamente anexo. No está allí el valor de la nueva institucionalidad. Quien lo quiera poner en esa prioridad está minimizando, creo yo, el rol profundo que le cabe a un gobernador regional, a un Gobierno regional, en el territorio.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador Sandoval.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, Presidente.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza en general el proyecto por no alcanzar el
quorum
constitucional exigido (17 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, De Urresti, Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro y Quinteros.
Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Alvarado, Coloma, Durana y García.
Se abstuvieron los señores García-Huidobro y Sandoval
.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objeto, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a Secretaría.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al Subsecretario de Redes Asistenciales, para que informe acerca de TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD QUE PRESTAN SERVICIOS EN HOSPITAL CVB DE COMUNA DE VALPARAÍSO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO.
Y al Director del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, pidiéndole pronunciamiento ante DIFICULTADES DE VECINOS DE PETORCA DERIVADAS DEL HECHO DE QUE LA ÚNICA FARMACIA DE LA COMUNA ABRE SOLO EN DÍAS Y HORAS HÁBILES Y DE QUE EL HOSPITAL NO ESTARÍA ATENDIENDO URGENCIAS DURANTE LOS FINES DE SEMANA.
Del señor ARAYA:
Al Presidente de la Corte Suprema, solicitándole ANTECEDENTES DETALLADOS PARA DETERMINAR NÚMERO TOTAL DE DEUDORES DE PENSIONES DE ALIMENTOS EN CHILE Y MONTO TOTAL DE LA DEUDA A NIVEL NACIONAL.
)------------(
--Se levantó la sesión a las 18:37.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción suplente