REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 369ª

Sesión 100ª, en martes 30 de noviembre de 2021

Ordinaria

(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:14 a 19:06)

PRESIDENCIA DE SEÑORA XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA,

Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE

SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron presencialmente las señoras y los señores:

--Allende Bussi, Isabel

--Alvarado Andrade, Claudio

--Aravena Acuña, Carmen Gloria

--Araya Guerrero, Pedro

--Bianchi Chelech, Carlos

--Carvajal Ambiado, Loreto

--Castro Prieto, Juan

--Chahuán Chahuán, Francisco

--De Urresti Longton, Alfonso

--Durana Semir, José Miguel

--Ebensperger Orrego, Luz

--Elizalde Soto, Álvaro

--Galilea Vial, Rodrigo

--García Ruminot, José

--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

--Girardi Lavín, Guido

--Goic Boroevic, Carolina

--Guillier Álvarez, Alejandro

--Huenchumilla Jaramillo, Francisco

--Insulza Salinas, José Miguel

--Kast Sommerhoff, Felipe

--Latorre Riveros, Juan Ignacio

--Montes Cisternas, Carlos

--Moreira Barros, Iván

--Muñoz D'Albora, Adriana

--Órdenes Neira, Ximena

--Ossandón Irarrázabal, Manuel José

--Pizarro Soto, Jorge

--Prohens Espinosa, Rafael

--Provoste Campillay, Yasna

--Pugh Olavarría, Kenneth

--Quintana Leal, Jaime

--Quinteros Lara, Rabindranath

--Rincón González, Ximena

--Sandoval Plaza, David

--Soria Quiroga, Jorge

--Von Baer Jahn, Ena

Concurrieron, además, telemáticamente, el Ministro de Defensa Nacional, señor Baldo Prokurica Prokurica, y presencialmente, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y de Minería y de Energía, señor Juan Carlos Jobet Eluchans.

Asimismo, se encontraba presente la Subsecretaria de Prevención del Delito, señora María José Gómez García.

Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:14, en presencia de 24 señoras Senadoras y señores Senadores.

La señora RINCÓN (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

III. CUENTA

La señora RINCÓN (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.

Cuatro Mensajes de S. E. el Presidente de la República.

Con el primero y el cuarto, hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:

-El que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, Boletín N° 12.409-03.

-Reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, Boletín N° 13.086-07.

-El que modifica artículo 476 del Código Penal, para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso, Boletín N° 13.889-07.

-El que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, Boletín Nº 12.288-14.

-El que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato, Boletín N° 12.809-07.

-El que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, Boletín N° 12.092-07.

-El que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, Boletín Nº 12.979-04.

-El que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales, Boletín Nº 14.102-12.

-El que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad, Boletín Nº 13.046-07.

-El que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, Boletines Nos 13.115-06 y 13.565-07, refundidos.

-El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, Boletín Nº 11.174-07.

-El que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago, Boletín Nº 12.042-15.

-El que reconoce a organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte, Boletín Nº 13.870-29.

-El que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica, Boletines Nos 14.107-07 y 14.123-07, refundidos.

-El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, Boletines Nos 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07, refundidos.

-El que regula los biocombustibles sólidos, Boletín Nº 13.664-08.

-El que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, Boletín Nº 12.208-07.

-El que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, Boletín N° 12.065-15.

-El que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad, Boletín N° 13.885-06.

-El que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución, Boletín N° 14.008-07.

-El que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios, Boletín N° 14.032-06.

-El que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, Boletín Nº 13.822-07.

-Sobre Comercio ilegal, Boletín Nº 5.069-03.

-El que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, Boletín Nº 12.436-04.

-El que modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal, Boletín 7.567-07.

-El que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, Boletín Nº 14.309-04.

-El que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo, Boletín 11.422-07.

-El que interpreta el artículo 36 de la ley N° 20.799, Boletín 13.731-11.

Con el segundo, hace presente la urgencia calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:

-El que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest, Boletín Nº 12.192-25.

-El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura, Boletín N° 14.178-21.

-El que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos, y facilita su reciclaje o reutilización, Boletín N° 12.407-12.

-Sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, Boletín Nº 11.540-14.

-El que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad, Boletín Nº 12.467-15.

-El que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos, Boletín Nº 11.958-07.

Con el tercero, hace presente la urgencia calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes asuntos:

-El que amplía el ámbito de la ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, Boletín N° 12.734-04.

-El que establece el nuevo Código Procesal Civil, Boletín Nº 8.197-07.

-El que modifica la ley Nº 19.712, del Deporte, para denominar el premio nacional del deporte como Premio Nacional del Deporte Marlene Ahrens Ostertag, Boletín Nº 13.596-29.

-El que deroga los artículos 13 y 14 de la ley N° 16.441, que crea el departamento de Isla de Pascua, en materia de atenuantes a la penalidad asignada a ciertos delitos y al cumplimiento de las mismas, Boletín Nº 10.788-06.

-El que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, Boletín Nº 11.934-15.

-El que modifica la ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, para incorporar el libro electrónico, Boletín Nº 12.959-04.

-El que aclara y refuerza la aplicación de sus respectivos estatutos en materia de procedimiento de tutela laboral a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Boletín N° 13.988-13.

-El que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar su revictimización, Boletín Nº 13.688-25.

-Sobre extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, Boletín Nº 12.392-25.

-El que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, con cargo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y al Fondo de Contingencia Estratégico, Boletín N° 13.563-02.

-El que modifica ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, estableciendo normas especiales para la representación en juicio de adultos mayores, Boletín Nº 7.507-18.

-El que modifica Art. 1182, del Código Civil, declarando incapaz para suceder al difunto, a quien ejerce violencia con el adulto mayor, Boletín Nº 8.528-32.

-El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal, Boletín Nº 9.692-07.

-El que reforma integral al sistema de adopción en Chile, Boletín Nº 9.119-18.

-El que modifica la ley N° 20.234, que Establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, para extender su aplicación a los loteos irregulares incorporados al catastro del Programa Nacional de Campamentos 2018, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y facilitar la elaboración de los estudios de riesgo exigidos por ella, Boletín Nº 12.756-14.

-El que fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica, Boletín Nº 13.815-05.

-El que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de federación deportiva nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente, Boletín Nº 13.869-29.

-El que autoriza erigir un monumento, en el Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert, de la comuna de Osorno, región de Los Lagos, en memoria de Carlos Hott Siebert, Boletín Nº 12.369-24.

-Sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías, Boletín Nº 13.828-19.

-El que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, Boletines Nos 14.090-07, 14.121-07, 14.091-07, 14.092-07 y 14.100-07, refundidos.

--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Oficios

De S.E. el Presidente de la República

Con el que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República, en Bosnia y Herzegovina (Boletín N° S 2.226-05) (con urgencia del párrafo segundo del inciso segundo del número 5, del artículo 53 de la Carta Fundamental).

--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.

Dos de la Honorable Cámara de Diputados

Con el primero, informa que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos), con las salvedades que indica del proyecto, que ha rechazado, al no alcanzar el quórum constitucional requerido, y comunica los diputados que concurrirán a la formación de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política (con urgencia calificada de "discusión inmediata").

--Se toma conocimiento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento de la Corporación, pasa a los Comités.

Con el segundo, comunica que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín N° 12.250-25) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").

--Se toma conocimiento y se manda comunicar a S.E. el Presidente de la República.

Del Excelentísimo Tribunal Constitucional

Remite sentencia dictada en el proceso Rol N° 12300-21-CPR, sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, correspondiente a los Boletines N°s 13.752-07 y 13.651-07, refundidos.

--Se toma conocimiento y se mandó a comunicar a S.E. el Presidente de la República.

Envía sentencia dictada en el proceso Rol N° 12103-21-CPR, sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país, correspondiente al Boletín N° 13.823-06.

--Se toma conocimiento y se mandó a comunicar a S.E. el Presidente de la República.

Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:

-artículo 476 del Código del Trabajo (Rol N° 11593-21 INA).

-artículos 5 N° 3, 11, y 12, en la frase "que no sean conexos", del Código de Justicia Militar (Rol N° 12215-21 INA).

-artículo 33, N° 2, de la Ley 18.838 (Rol N° 12209-21 INA).

-artículo 299 N° 3, del Código de Justicia Militar (Rol N° 12305-21 INC).

-artículo 488 en relación al artículo 457, del Código de Procedimiento Penal (Rol N° 10927-21 INA).

-artículos 205 y 206 del Código Civil (Rol N° 12014-21 INA).

-artículos 13 y 14 de la Ley N° 16.441 (Rol N° 12415-21 INC).

-frase "y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento", contenida en el artículo 429, inciso primero, del Código del Trabajo (Rol N° 12196-21 INA).

-artículos 388, inciso segundo, y 390, inciso segundo, del Código Procesal Penal (Rol N° 11481-21 INA).

-artículo 1, inciso primero, letra a); la frase "del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica", contenida en el artículo 1, inciso segundo; y el artículo 8; de la Ley N° 21.249 (Rol N° 12211-21 INA).

-artículos 248, letra c), y 259 inciso final, del Código Procesal Penal (Rol N° 12041-21 INA).

-artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 12343-21 INA; Rol N° 12376-21 INA).

-frase "Las resoluciones que se dicten con tal objeto serán inapelables", contenida en el artículo 649, parte final, del Código de Procedimiento Civil (Rol N° 12174-21 INA).

-artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886 (Rol N° 12192-21 INA).

-artículos 5°, inciso segundo; y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285 (Rol N° 12175-21 INA).

-artículo 318 bis del Código Penal (Rol N° 12102-21 INA).

-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 11675-21 INA; Rol N° 11802-21 INA; Rol N° 11972-21 INA; Rol N° 12339-21 INA; Rol N° 12333-21 INA; Rol N° 12328-21 INA; Rol N° 12330-21 INA; Rol N° 12360-21 INA; Rol N° 12354-21 INA; Rol N° 12348-21 INA; Rol N° 12383-21 INA; Rol N° 12379-21 INA; Rol N° 12361-21 INA; Rol N° 12302-21 INA; Rol N° 12210-21 INA; Rol N° 12287-21 INA; Rol N° 12186-21 INA; Rol N° 12287-21 INA; Rol N° 12304-21 INA; Rol N° 12310-21 INA; Rol N° 12268-21 INA; Rol N° 12125-21 INA; Rol N° 12125-21 INA; Rol N° 12351-21 INA; Rol N° 11619-21; Rol N° 12393-21 INA; Rol N° 12340-21 INA; Rol N° 12387-21 INA; Rol N° 12350-21 INA; Rol N° 12358-21 INA; Rol N° 12362-21 INA; Rol N° 12374-21 INA; Rol N° 12334-21 INA; Rol N° 12349-21 INA; Rol N° 12301-21 INA).

-artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 12342-21 INA).

-artículo 472 del Código del Trabajo (Rol N° 12165-21 INA).

-artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226 (Rol N° 12179-21 INA).

--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Adjunta copia de sentencias pronunciadas en requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referido a las siguientes disposiciones:

-artículos 163, 166, 167 y 174, del Código Sanitario (Rol N° 10383-21).

-318 del Código Penal (Rol N° 11414-21; Rol N° 11759-21).

-artículo 488 en relación al artículo 457, del Código de Procedimiento Penal (Rol N° 10929-21).

-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216 (Rol N° 11524-21; Rol N° 11536-21; Rol N° 11458-21-INA; Rol N° 11541-21; Rol N° 11555-21; Rol N° 11621-21; Rol N° 11639-21; Rol N° 11569-21; Rol N° 11512-21-INA; Rol N° 11572-21; Rol N° 11645-21; Rol N° 11473-21-INA; Rol N° 11578-21; Rol N° 11480-21-INA; Rol N° 11703-21; Rol N° 11694-21; Rol N° 11597-21; Rol N° 11598-21; Rol N° 11488-21-INA; Rol N° 11738-21; Rol N° 11506-21-INA; Rol N° 11716-21; Rol N° 11650-21-INA; Rol N° 11656-21-INA; Rol N° 11665-21-INA; Rol N° 11677-21-INA; Rol N° 11686-21-INA; Rol N° 11691-21-INA).

-artículo 387, inciso segundo del Código Procesal Penal (Rol N° 10389-21-INA).

--Se manda archivar los documentos.

Del señor Contralor General de la República

Contesta requerimiento del Honorable Senador señor Navarro, en relación con el costo que habría tenido la campaña de interés público sobre distancia social, en la que el Poder Ejecutivo cambió el logo gubernamental.

Informa solicitud del Honorable Senador señor De Urresti, relativa a los decretos mediante los cuales se ha establecido el paso de personal contratado a honorarios a la condición de contrata, para los años 2018, 2019 y 2020.

Entrega respuesta al Honorable Senador señor Bianchi, sobre solicitud para que se inicie una fiscalización para determinar la situación de todos los departamentos de la Municipalidad de Rio Verde.

Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social

Responde consulta de la Honorable Senadora señora Provoste, en relación con la publicación y determinación de la tasa de interés técnico de retiro programado (TITRP) establecida en el decreto ley N° 3.500, de 1980.

De la señora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Informa planteamiento del Honorable Senador señor Durana, acerca del establecimiento de una mesa de trabajo con las instancias respectivas en la región de Arica y Parinacota, la Embajada de China en Chile, su par en Beijing y el Ministerio, para llevar a cabo la colaboración cultural y patrimonial con el país asiático.

Del señor Subsecretario de Hacienda

Extiende invitación a los Honorables Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda, para participar del Chile Day 2021, a celebrarse en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Del señor Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos

Atiende planteamiento del Honorable Senador señor Navarro y de los Honorables Senadores señora Carvajal y señores Bianchi, Elizalde, Guillier y Latorre, relativo a solicitud de disponer una misión permanente de observación en las provincias de Bio Bío, Arauco, Malleco y Cautín, durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia decretado por S.E. el Presidente de la República.

Del señor Director General de Supervisión de Conducta de Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero.

Da respuesta a planteamiento de la Honorable Senadora señora Allende, acerca de los criterios e instructivos relativos a los requisitos y exigencias dispuestas por dicha institución a las entidades bancarias para otorgar cuentas corrientes.

--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.

Informes

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez (Boletines Nºs 14.445-13, 14.449-13 y 13.011-11, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").

Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo (Boletín N° 11.422-07) (con urgencia calificada de "discusión Inmediata").

Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Tributario obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos (Boletín Nº 14.111-05).

De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado (Boletín Nº 14.137-05) (con urgencia calificada de "suma").

De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 16.441, que crea el departamento de Isla de Pascua, en lo relativo al tratamiento penal de los delitos que indica (Boletines Nos 10.788-06, 10.787-06, 14.610-06, 11.407-07, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").

--Quedan para Tabla.

Mociones

De los Honorables Senadores señor Girardi, señora Goic y señores Chahuán y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que garantiza el acceso transparente a las cadenas productoras de huevos (Boletín N° 14.717-11).

--Pasa a la Comisión de Salud.

De las Honorables Senadoras señoras Sabat, Aravena, Carvajal, Goic y Muñoz, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de otorgar un permiso laboral a la madre, padre o persona significativa en el cuidado de un menor, para asistir a controles prenatales, exámenes de ecografías y controles de niño sano (Boletín N° 14.718-13).

--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

De las Honorables Senadoras señoras Sabat, Allende, Muñoz, Provoste y Rincón, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de permitir la suspensión de la relación directa y regular entre el padre no custodio y los niños, niñas y adolescentes, cuando existen antecedentes de violencia intrafamiliar contra la madre (Boletín N° 14.719-07).

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Proyecto de Acuerdo

De los Honorables Senadores señoras Provoste, Allende, Carvajal, Órdenes y Rincón, y señores Alvarado, Araya, Chahuán, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Insulza, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros, Pizarro y Soria, por el que solicitan a S.E. El Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva implementar las medidas legislativas y administrativas que se señalan, con el objeto de beneficiar a los niños, niñas y trabajadoras de los jardines infantiles vía transferencia de fondos (Boletín N° S 2.225-12).

--Queda para ser votado en su oportunidad.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Hay Cuenta agregada, señora Presidenta.

En estos momentos, ha llegado a la Mesa el siguiente documento:

Informe

De la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de S.E. el Presidente de la República, por el que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República, en Bosnia y Herzegovina (Boletín N° 2.226-05) (con urgencia del párrafo segundo del inciso segundo del número 5, del artículo 53 de la Constitución Política de la República).

--Queda para Tabla.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Es todo, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

Se ofrece la palabra sobre la Cuenta.

Muy bien.

Pasamos al Fácil Despacho.

V. FÁCIL DESPACHO

Boletín N° 13442-31

RECONOCIMIENTO DE SORDOCEGUERA COMO DISCAPACIDAD ÚNICA Y PROMOCIÓN DE PLENA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS SORDOCIEGAS

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.

La señora Presidenta pone en discusión en tabla de Fácil Despacho el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas (boletín Nº 13.442-31), con informe de la Comisión de Salud.

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 13.442-31) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por objeto reconocer la sordoceguera como una discapacidad única y asegurar a las personas que la padecen la igualdad de oportunidades, con el fin de obtener su plena inclusión social y el pleno disfrute de sus derechos, excluyendo cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.

La Comisión de Salud hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley, por tratarse de un proyecto de artículo único.

La referida Comisión, asimismo, deja constancia de que aprobó en general proyecto por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadoras señoras Goic y Von Baer y Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros. En particular, aprobó la iniciativa con las modificaciones y las votaciones, también unánimes, que se consignan en el respectivo informe.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 17 y 18 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Salud, Senador Rabindranath Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidenta.

Este proyecto, que está en segundo trámite constitucional, reconoce la sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas.

La Comisión lo discutió en general y en particular, por tratarse de un proyecto de artículo único.

El objetivo del proyecto es reconocer la sordoceguera como una discapacidad única y asegurar a las personas que la padecen la igualdad de oportunidades, con el fin de obtener su plena inclusión social y el pleno disfrute de sus derechos, excluyendo cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.

Con la ley Nº 20.422, del año 2010, que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, nuestro ordenamiento jurídico se actualizó, dejando de lado la antigua visión centrada en los déficits y minusvalías, haciendo hincapié en que lo que determina si una persona presenta o no discapacidad radica en el factor relacional, entendido como la limitante de la capacidad de interacción entre la persona y el entorno.

Por lo tanto, a la hora de legislar es indispensable tener presente el deber de propender a la eliminación de las barreras que los distintos actores de la sociedad les imponen a las personas para que estas puedan desarrollarse de forma autónoma y activa.

De conformidad con la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas, adoptada durante la IV Conferencia Mundial Hellen Keller, celebrada el año 1989 en Estocolmo, la sordoceguera se define como "una discapacidad única que resulta de la combinación de las deficiencias sensoriales visual y auditiva, la cual genera en las personas que la padecen severos problemas de comunicación y una consecuente desconexión con el mundo".

La sordoceguera se caracteriza por generar problemas de comunicación, movilización y acceso a la información que son únicos, los cuales traen aparejados la necesidad de atenciones especiales, diseñadas específicamente para quienes la padecen. Por lo mismo, es indispensable reconocer y definir a la sordoceguera no como la suma de dos discapacidades, sino como una discapacidad única con características e identidad propia, teniendo siempre en cuenta su dualidad.

Lamentablemente, en Chile ser sordociego es una singularidad, considerándose la sordoceguera como una discapacidad subsumida por la discapacidad prevalente, ya sea sordera o ceguera. Y por este motivo no cuenta con las políticas públicas y apoyos suficientes, transformándose en una realidad invisible. No se mide, no existen estudios, ni tampoco estadísticas.

Sometido a votación el proyecto de ley en general resultó aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Goic y Von Baer y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.

En la discusión en particular, la Comisión realizó las siguientes modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados:

Primero, acordó complementar la definición de persona sordociega, ajustando la definición al moderno concepto de "discapacidad única que resulta de una combinación de las deficiencias sensoriales visual y auditiva".

Segundo, se modificó la redacción propuesta del artículo 8 bis, señalando que tanto las organizaciones públicas como privadas deben establecer las condiciones para que las personas con discapacidad puedan acceder a ellas.

Y, tercero, se realizaron ajustes de referencias meramente formales.

Todas las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad.

La Comisión de Salud propone a la Sala la aprobación en general y en particular de esta iniciativa.

He dicho, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Quinteros.

Estamos en Fácil Despacho. Si hubiera acuerdo de la Sala, podríamos aprobar el proyecto.

¿Señor Kast?

El señor KAST.- Sí, Presidente. Muy breve.

Simplemente quiero justificar mi voto a favor de este proyecto de ley, iniciado por el Diputado Francisco Undurraga, pues viene a generar una igualdad de condiciones respecto de una discapacidad que, desgraciadamente, había sido -y está siendo- invisibilizada por mucho tiempo en nuestro país.

La verdad es que la lucha que ha dado Francisco Undurraga en materia de inclusión ha sido permanente, no solo buscando avanzar en elementos circunstanciales, sino que haciendo de la inclusión parte central de su función política, parte central de la razón por la cual está en la política. Y creo que esto no es menor, porque desgraciadamente muchas veces los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad son justamente quienes quedan al final de la fila. Son muchas veces los que no marchan, los que no gritan, los que no reciben la atención que reciben otros grupos que sí tienen capacidad de presionar.

Por eso, considero que el hecho de que hoy día estemos avanzando en este proyecto de ley mueve una vez más la aguja en la dirección correcta de la inclusión, del respeto, de la dignidad, para poder tener relaciones humanas en formas horizontales y aspirar a esa igualdad en la ciudadanía que está en el centro de la visión de justicia que tiene Evolución Política, Evópoli.

Así es que voto a favor del proyecto, y una vez más felicito a Francisco Undurraga por haberlo impulsado.

Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Kast.

Aprovechamos de saludar al Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Francisco Undurraga, quien está con nosotros, además de agradecer el apoyo que ha entregado a esta iniciativa.

Solicito nuevamente el acuerdo unánime de la Sala para aprobar este proyecto.

¿Habría acuerdo?

--Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto de ley, y queda despachado en este trámite.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Pasamos entonces al segundo punto en Fácil Despacho, que es la iniciativa de matrimonio igualitario.

Les recuerdo que se acordó de manera unánime que se dará a conocer, se informará brevemente respecto del certificado y se votará, entendiendo que todos están de acuerdo en enviar directamente el proyecto a una Comisión Mixta. Eso se acordó por los Comités.

Señor Secretario.

Boletín N° 11422-07

REGULACIÓN DE MATRIMONIO DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN IGUALDAD DE CONDICIONES

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.

Conforme al acuerdo adoptado en la Sala, el señor Presidente pone en discusión en Fácil Despacho el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 11.422-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por objeto modificar el Código Civil y otros cuerpos legales para permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo y regular los derechos y obligaciones que adquieran quienes lo celebren.

Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el que aprobó su texto, compuesto por diez artículos permanentes y dos disposiciones transitorias, respecto del cual la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó un conjunto de enmiendas relativas, en términos generales, a las siguientes materias:

-En las modificaciones propuestas al Código Civil, la Cámara abordó lo referente a las palabras "marido", "mujer", "cónyuges", "padres", "madres", "progenitores", en las disposiciones que indica; eliminó la norma según la cual la filiación de los hijos nunca podrá determinarse respecto de más de dos personas, y efectuó enmiendas sobre la determinación de la filiación del hijo que nazca por la aplicación de técnicas de reproducción asistida, sobre la determinación de la filiación no matrimonial mediante reconocimiento de los progenitores o por sentencia firme; el reemplazo de las palabras "padre" o "padres" por "progenitor" o "progenitores", en las disposiciones que señala; el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal que, en ningún caso, podrá fundarse en razones que detalla respecto de las cuales la ley prohíba discriminar; y la derogación de la causal de término del régimen de participación en los gananciales por la disolución del matrimonio, en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, esto es, la sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre por identidad de género.

-En cuanto a las modificaciones del artículo 1° de la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia, la Cámara eliminó el reemplazo de la expresión inicial "la madre" por "el padre o la madre".

-Entre las modificaciones a la ley N° 19.947, que establece la Nueva Ley de Matrimonio Civil, la Cámara propone la derogación de la causal de término del matrimonio por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre por razón de identidad de género.

-En cuanto a las modificaciones referidas a la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, la Cámara eliminó la norma relativa al orden de los apellidos tanto de los hijos comunes de personas del mismo sexo como de quienes no tuvieran hijos comunes inscritos con antelación.

-Entre las modificaciones al Código del Trabajo, la Cámara abordó las referidas al derecho a descanso de maternidad de seis meses y doce semanas y al permiso pagado de cinco días, para hacerlo aplicable a los progenitores del mismo sexo y al caso de la madre no gestante, cuando la madre gestante se haya sometido a técnicas de reproducción humana asistida. Además, si ambos padres son trabajadores, precisó que cualquiera de ellos, siempre que sean de distintos sexo, podrá gozar del permiso posnatal parental y, en los mismos términos, podrán gozar del referido permiso el padre o la madre no gestante, si ambos progenitores son de igual sexo o género. Finalmente, incorporó en el fuero laboral del artículo 201 al progenitor no gestante que haga uso del permiso posnatal parental y a la madre no gestante, en el caso de que la madre gestante se haya sometido a técnicas de reproducción humana asistida.

-En cuanto a las modificaciones de la ley N° 16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la Cámara consideró una mención al cónyuge, al inválido y al viudo, tratándose de las pensiones vitalicias del artículo 44 de dicha ley.

-Respecto de la ley N° 19.620, sobre Adopción de Menores, la Cámara sustituyó la modificación propuesta para contemplar otra disposición referida a la reglas para la determinación del orden de los apellidos de los hijos.

-En relación con la ley N° 21.120, que reconoce la Protección al Derecho a la Identidad de Género, la Cámara incorporó la disposición para modificar dicha ley, eliminando diversas expresiones referidas al vínculo matrimonial vigente. También introdujo cambios en cuanto a la declaración de inadmisibilidad de la solicitud de rectificación de inscripción relativa al sexo y nombre fundada por una persona que no haya alcanzado la mayoría de edad. Igualmente, enmendó la norma relativa a los efectos de la rectificación de la partida de nacimiento.

-Respecto de las normas transitorias, la Cámara reemplazó el artículo segundo transitorio para disponer la entrada en vigencia de esta ley noventa días después de su publicación en el Diario Oficial. Asimismo, agregó un artículo tercero transitorio relativo a la entrada en vigencia de las modificaciones de la ley N° 21.334, contemplándola para el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la reforma al reglamento a que alude dicha ley.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con las votaciones que en cada caso consigna en su certificado, adoptó los siguientes acuerdos respecto a las referidas enmiendas y propone:

-En cuanto a la recaída en el artículo 1, numeral 1, letra c) nueva de la Cámara revisora, aprobarla.

-Respecto de la del numeral 2, aprobarla.

-En cuanto a la recaída en el numeral 3, inciso segundo, rechazarla.

-Respecto de la del numeral 17, rechazarla.

-En cuanto al numeral 20 nuevo de la Cámara revisora, la Comisión propone aprobarlo.

-Respecto del numeral 25 nuevo de la Cámara revisora, la Comisión propone rechazarlo.

-En cuanto al numeral 36 nuevo, la Comisión propone rechazarlo.

-Respecto de la enmienda al artículo 2, aprobarla.

-En cuanto a la recaída en el artículo 3, que pasa a ser 2, en su literal b), rechazarla.

-Respecto de la referida al artículo 5, que pasa ser 4, aprobarla.

-En cuanto a las enmiendas al artículo 6, que pasa a ser 5, en los numerales 2, 3 y 4 nuevos, rechazarlas.

-Respecto de la referida al artículo 7, que pasa a ser 6, numeral 1, literal a), aprobarla.

-En cuanto a la relativa al artículo 9, que pasa a ser 8, aprobarla.

-Respecto del artículo 9 nuevo, rechazarlo.

-En cuanto a la enmienda al artículo segundo transitorio, aprobarla.

-Respecto del artículo tercero transitorio nuevo, aprobarlo.

Cabe señalar que la enmienda relativa al artículo 7, que pasó a ser 6, requiere 21 votos favorables para su aprobación por recaer en una norma de quorum calificado.

El Senado debe pronunciarse respecto de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.

El boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición transcribe el texto aprobado por la Cámara de origen en el primer trámite constitucional, las modificaciones introducidas por la Cámara revisora durante el segundo trámite y los acuerdos adoptados a su respecto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado en el tercer trámite constitucional.

Es todo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

Vamos a dejar con la palabra al Presidente de la Comisión, Senador Pedro Araya. Está clara la propuesta realizada por dicho órgano técnico en la relación presentada por el Secretario.

Senador Araya, le ofrecemos la palabra, y después procedemos a votar.

El señor ARAYA.- Gracias, Presidente.

Dado que el Secretario hizo una extensa y adecuada... (Rumores).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Perdón, Senador.

Les ruego a los colegas y al señor Ministro que escuchen el informe.

El señor ARAYA.- Dado que el señor Secretario hizo una extensa y clara relación de lo que ocurrió hoy en la Comisión de Constitución, simplemente quiero señalar que la Comisión ratifica su compromiso de poder avanzar rápidamente en el proyecto de matrimonio igualitario, obviamente, con las legítimas diferencias que existen en su interior.

Para resumir el tema, lo que se optó por mandar a Comisión Mixta tiene que ver con algunas enmiendas introducidas por la Cámara a este proyecto que pueden inducir a errores y a eventuales conflictos interpretativos. Algunos ejemplos son la supresión del inciso segundo del artículo 37 del Código Civil; la enmienda del artículo 182, que regula las técnicas de reproducción humana asistida; el inciso final agregado al artículo 225, número 2, relativo a la definición de cuidado personal de los hijos.

En la Comisión de Constitución se planteó la duda respecto a que la supresión de los textos que hizo la Cámara podría abrir la puerta a lo que se denomina el "vientre de alquiler", un tema que fue largamente discutido y que en su minuto no tuvo consenso, por estimarse que esto debía ser materia de un proyecto distinto al de matrimonio igualitario. Por eso, se optó por enviar estas normas a Comisión Mixta.

Asimismo, la Cámara de Diputados introdujo otros temas que no fueron analizados en su oportunidad por la Comisión de Constitución, como las normas relativas a la ley Nº 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, y aquellas sobre protección de la maternidad, reguladas en el Código del Trabajo. Como señalé, estas materias no fueron vistas en su oportunidad por la Comisión de Constitución.

Las propuestas que hace la Cámara de Diputados, a juicio unánime de la Comisión, pueden generar algunos problemas de carácter interpretativo, y por esa razón se optó por rechazar estas normas y enviar la iniciativa a Comisión Mixta.

En definitiva, Presidente, la idea de la Comisión es poder sesionar el lunes, desde las diez de la mañana hasta el total despacho del proyecto de matrimonio igualitario, de forma tal de que pueda ser votado en ambas Corporaciones, si no es el lunes en la tarde, el martes.

Dicho eso, Presidente, pido que se apruebe el informe de la Comisión de Constitución.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Araya.

Vamos, entonces, a aprobar la propuesta de la Comisión de Constitución, que implica aprobar unas enmiendas y rechazar otras, como se establece en el certificado.

Se debe dejar constancia del quorum. Por ello, les pido que no se muevan para que el señor Secretario pueda contar los votos.

--(Luego de unos instantes).

Con 33 votos a favor queda aprobada la propuesta de la Comisión.

Se despacha, entonces, y tendríamos que nombrar como miembros de la Comisión Mixta a los integrantes de la Comisión de Constitución.

¿Habría acuerdo para eso?

El señor MOREIRA.- Presidente, ¿está tomando la votación? Había que votar.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Ya votamos, Senador Moreira.

El señor MOREIRA.- Yo no he votado.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Quedó constancia de que usted está presente y que votó a favor.

Pregunté dos veces si había unanimidad y nadie dijo que no.

El señor MOREIRA.- ¡No hay unanimidad! ¡Yo voto en contra!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador, le pediría que estuviera más atento a cómo se está dando el debate.

Yo miré a la Sala y todos dieron acuerdo. Sus Comités lo dieron y también los Senadores. Además, no ha pedido la palabra, Senador. Entonces, adivino no soy.

Bien, queda aprobada la propuesta, con el voto en contra del Senador Moreira.

¿Alguien más?

--Se aprueba la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento respecto de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (33 votos a favor y 1 en contra), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Colegas, vamos a designar para la Comisión Mixta a los miembros de la Comisión de Constitución.

¿Le parece a la Sala?

Así se acuerda.

Gracias, colegas.

V. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° s2226-05

PRÓRROGA PARA PERMANENCIA DE TROPAS Y MEDIOS NACIONALES EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

La señora RINCÓN (Presidenta).- Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.

En el Orden del Día, conforme a lo acordado, la señora Presidenta pone en discusión el informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, la permanencia de tropas y medios nacionales en Bosnia y Herzegovina.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.

--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.226-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, dejan constancia de que a la sesión en que se discutió esta solicitud asistieron, especialmente invitados, el señor Ministro de Relaciones Exteriores y el señor Ministro de Defensa Nacional. Asimismo, consignan la información que recibieron sobre la materia.

Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Alvarado, Araya, Chahuán, Elizalde, Guillier, Moreira, Pizarro y Pugh, resolvieron recomendar a la Sala del Senado que se otorgue el acuerdo a la solicitud presentada por el Primer Mandatario.

Es todo, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

Le damos la palabra al Senador Jorge Pizarro, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, para que presente el informe.

El señor PIZARRO.- Gracias, Presidenta.

Muy brevemente, voy a entregar una minuta-informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaída en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, la permanencia de tropas y medios nacionales en Bosnia y Herzegovina.

Las Comisiones unidas acordaron en sesión de hoy, por petición de la Sala y acuerdo de Comités, que pudiéramos funcionar en conjunto antes de que se diera cuenta del oficio y así entregar el informe inmediatamente, o a más tardar poder despachar mañana.

Como se solicitó, a la sesión de las Comisiones unidas de hoy asistieron como invitados, del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministro, don Baldo Prokurica; el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Javier Iturriaga; el Jefe del Departamento de Cooperación, Tratados y Acuerdos Internacionales, señor Valentín Segura, y la Coordinadora Legislativa señora Carmen Castañaza. Y también estuvo presente el Ministro de Relaciones Exteriores, don Andrés Allamand Zavala.

La solicitud presentada indica que el despliegue de personal nacional en Bosnia y Herzegovina se remonta al año 2003, fecha en que Chile se integra a la Fuerza de Estabilización de la OTAN, antecesora de Eufor Althea, actuando de manera combinada con medios británicos. Añade que nuestro país fue invitado a participar en la misión encabezada por la Unión Europea en septiembre del año siguiente.

El informe, que ya se encuentra en la página del Senado, destaca que a lo largo de los años la participación del contingente chileno ha sido altamente valorada por la Unión Europea y ha permitido el aprendizaje de las diversas experiencias operativas que supone el despliegue en ese marco.

En la actualidad, Presidenta, Chile mantiene cinco oficiales en el cuartel General de la misión, en Sarajevo.

Por estas razones, se solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2022, la permanencia de tropas y medios nacionales en Bosnia y Herzegovina, de acuerdo con los antecedentes y fundamentos que se acompañan, en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 19.067.

Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores Alvarado, Araya, Chahuán, Elizalde, Guillier, Moreira, Pizarro y Pugh, recomiendan que se otorgue el acuerdo a la solicitud de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

Es lo que puedo informar, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Pizarro.

Si le parece a la Sala...

¿No?

Senador De Urresti, ¿quiere votar?

El señor DE URRESTI.- ¡Votemos!

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.

En votación la solicitud.

--(Durante la votación).

La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, si bien la situación de Bosnia y Herzegovina no presenta amenazas directas contra la estabilidad interna ni contra la región, posee condiciones y factores que podrían determinar un deterioro de la situación de seguridad y desestabilizar políticamente el área.

Los factores más relevantes son la polarización etnonacionalista; la influencia rusa sobre los bosnio-serbios; la controversia sobre la OTAN, que paraliza el proceso político; así como la influencia de Turquía y los países del golfo sobre los bosnio-musulmanes.

Este es un escenario complejo que requiere ser monitoreado.

Bosnia y Herzegovina continúa siendo un país potencialmente riesgoso para la seguridad europea, sobre todo porque puede convertirse en un actor importante para controlar las rutas de refugiados, creando un "colchón de seguridad y amortiguación".

En ese contexto, creemos muy importante destacar la incorporación de Chile al Sistema de Gestión de Crisis de la Unión Europea.

Chile fue el primer país latinoamericano en desplegar tropas, el año 2003, y luego en ingresar como asociado al Sistema de Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión Europea, acuerdo que entró en vigor el 1 de octubre de 2015. Ello muestra la cercanía entre Chile y la Unión Europea, cuyas relaciones exceden con fuerza los temas meramente comerciales, dando cuenta de una agenda altamente diversificada, donde los temas de defensa cumplen un rol destacado.

Y también hay un beneficio para las Fuerzas Armadas.

Quiero decirles que si bien ha disminuido sustantivamente el tamaño de la fuerza chilena, la participación de Chilfor en Eufor Althea, junto con hacer posible el aprendizaje de diversas experiencias operativas, ha consolidado la confianza plena de la Unión Europea en las Fuerzas Armadas chilenas. Esas operaciones mantienen los niveles de bajo riesgo, y por eso ha existido un gran reconocimiento al desempeño de las fuerzas chilenas.

La experiencia profesional de Chilfor ha enriquecido las capacidades del contingente nacional, al interactuar con militares de diversos países bajo las normas de la OTAN, y esto tiene beneficios de importancia para las Fuerzas Armadas, ya que posibilita la interoperabilidad en un ambiente con fuerzas militares extranjeras, permitiendo la participación eficiente en futuras operaciones de paz de Naciones Unidas y de la Unión Europea en que participe Chile. A su vez, se pueden extraer valiosas lecciones aprendidas, mejorando continuamente el nivel operacional de las Fuerzas Armadas.

Ciertamente, esto fortalece las operaciones de nuestros militares tanto a nivel estratégico como operativo y táctico, y además se debe reconocer la tremenda contribución que hace nuestro país en materia de operaciones de paz, de fuerzas de paz, que, sin lugar a dudas, han sido gravitantes para la estabilización de zonas con complejidades desde el punto de vista de la estabilidad política.

En ese contexto, por supuesto, vamos a aprobar esta petición que ha hecho tanto el Ministerio de Defensa como la Cancillería, y, sin lugar a dudas, creemos que va en la dirección correcta.

Gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Chahuán.

Tiene la palabra el Senador De Urresti.

La idea, colegas, es destinar media hora para estos proyectos.

El señor DE URRESTI.- Gracias, Presidenta, Honorable Sala.

En cada una de estas prórrogas de permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República yo he hecho el punto de que se votan sobre la marcha, los últimos días, las últimas semanas del período, y siempre he exigido la posibilidad de contar con un debate mayor, donde estén presentes los Ministros de Defensa, la Cancillería, para poder discutir los éxitos, los avances de estas misiones, pero también los fracasos o algunos aspectos que a veces no han sido muy edificantes.

Nos enteramos por distintos informes que la permanencia de tropas chilenas en Haití derivó en una serie de ilícitos cometidos, que, incluso, han perseguido hasta el día de hoy a ese personal.

Entonces, creo que un país que colabora en el ámbito internacional, y en buena hora que lo haga Chile, es parte de nuestra responsabilidad internacional, debe estar sujeto igualmente a una evaluación más exhaustiva, a una evaluación de los logros, de los éxitos, pero también de los fracasos o de situaciones que no se eternicen. Muchas veces estas misiones duran largo tiempo y el día que terminan el país vuelve a situaciones iguales o peores.

Me parece también importante poder evaluar esa fórmula, la participación, la colaboración. Esto tiene un costo para el Estado de Chile, que es relevante, y uno está dispuesto a asumirlo. Chile debe tener la capacidad de contribuir, en su inserción internacional, a la paz en otros lugares. Pero, igualmente, tenemos que ser rigurosos en el análisis de la conveniencia, de la transparencia, de que esto sirva no solo para formar experiencia en el personal, sino también respecto de otros elementos que ayuden a vincular a nuestras Fuerzas Armadas con instituciones armadas más democráticas, más desarrolladas en el ámbito internacional.

A veces uno quisiera observar que la aplicación, ciertos avances, ciertos métodos, ciertas formaciones doctrinarias en el ámbito internacional también permean a los institutos armados de Chile, y eso no siempre se observa.

Por eso me voy a abstener, señora Presidenta, porque creo que no están todos los elementos y, una vez más, estamos votando los últimos días, debatiendo a última hora. En algún momento, Presidenta, en lo que resta a su Presidencia, sería importante hacer una jornada de discusión temática -un monográfico, se dice en algunos lugares-, en que uno pueda señalar de qué manera Chile, en su inserción internacional, contribuye efectivamente y cuál es la evaluación, cuáles son los costos y los beneficios, insisto, que se han ocasionado, pero también qué consecuencias.

Me gustaría tener, por ejemplo, un informe, y le pediría a usted que también lo solicite como Mesa, sobre la evaluación de las tropas en Haití, donde sufrimos el bochorno de denuncias por abusos sexuales, denuncias de comportamientos absolutamente reñidos con la legislación internacional y que dejan mal al país que ha colaborado. Al menos ese informe, esa evaluación de la permanencia de las tropas en Haití, no lo he visto.

Por tanto, anuncio mi abstención en esta solicitud, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador De Urresti.

Tomamos nota de su petición, la que vamos a suscribir también, y le voy a pedir después una reunión para poder trabajar una propuesta de encuentro y análisis de esta materia.

Si le parece, Senador.

¿Algún colega...?

Senador García-Huidobro.

Nos quedan pocos minutos para cerrar el debate.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, Presidenta.

Por su intermedio, solo quiero informar al Senador De Urresti que esta solicitud se está viendo hoy día por una petición expresa del Vicepresidente, Senador Pizarro.

Se pensaba que esto se trataría mañana, y por esa razón el Ministro Prokurica no está presente en la Sala, pero sí por Zoom.

Por lo tanto, quisiera que eso quede absolutamente establecido, y, además, sería importante, Presidenta, una vez que concluya la votación, darle la palabra al Ministro para que pueda hacer la exposición que corresponde.

En todo caso, anuncio que la UDI va a votar favorablemente la solicitud en cuestión.

Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, colegas.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha votado?

El Senador Elizalde.

¿Alguien más?

Terminada la votación.

--Se aprueba la solicitud del Presidente de la República (31 votos a favor, 1 abstención y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa la señora Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón y Von Baer y los señores Araya, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Insulza, Kast, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Se abstuvo el señor De Urresti.

No votó, por estar pareado, el señor Bianchi.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Queda aprobada entonces la solicitud.

Secretario, ¿vamos a la siguiente iniciativa del Orden del Día?

¿Perdón?

La señora EBENSPERGER.- El Ministro quería intervenir.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Ah, perdón, tiene razón, Senadora Luz Ebensperger, y además aclaro con esto que sí estaba presente el Ministro.

Le damos entonces la palabra antes de pasar al próximo proyecto del Orden del Día.

Señor Ministro, tiene la palabra.

El señor PROKURICA (Ministro de Defensa Nacional).- Gracias, Presidenta.

Quiero saludar a todas las Senadoras y los Senadores.

Me acompaña el Subsecretario Cristián de la Maza.

Le agradezco al Senador García-Huidobro que haya aclarado este tema, porque efectivamente estaba programado para mañana, y, por supuesto, también la voluntad de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa del Senado para tramitar a la brevedad esta autorización solicitada por Su Excelencia el Presidente de la República, especialmente por el Vicepresidente Jorge Pizarro, que requiere una tramitación rápida por tratarse de un tema que no es menor.

En la Comisión, junto con el Canciller Andrés Allamand, respondimos todas las consultas que los señores Senadores y señoras Senadoras estimaron convenientes, y, por supuesto, quiero ofrecer una explicación a todos los Senadores que la consideren necesaria, y así lo vamos a hacer.

Creo que la presencia de Chile en las operaciones de paz, ya sea al amparo de las Naciones Unidas o de la Comunidad Económica Europea, en las cuales se enmarca la presencia de esta misión en Bosnia y Herzegovina, es fundamental para un país que ha basado el desarrollo, el crecimiento y su economía en las exportaciones y en el comercio exterior, y por lo tanto, cuando no hay paz en el mundo no hay comercio, y siento que es también una responsabilidad con los derechos humanos y con la solidaridad hacia otros países la que Chile está cumpliendo con la presencia de estos cinco representantes del Ejército. Esta es una misión que se ha achicado producto del tema del coronavirus y de otras medidas, y agradezco al Senado que haya dado la aprobación a esta solicitud.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Ministro.

Me ha pedido la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Presidenta, solamente para que, por favor, se agregue mi voto.

Gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Así se consignará, Senador.

El señor HUENCHUMILLA.- Gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto a favor del Senador Huenchumilla.

Gracias, colegas.

Señor Secretario, pasamos a otro punto del Orden del día.

Boletín N° 5069-03

MEDIDAS CONTRA COMERCIO ILEGAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.

La señora Presidenta pone en discusión el informe de la Comisión Mixta, constituida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, para proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03).

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 5.069-03) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Este proyecto de ley inició su tramitación en la Cámara de Diputados, la que aprobó un texto legal compuesto por siete artículos permanentes, de los cuales el Senado, en el segundo trámite constitucional, modificó los artículos 1°, 3° y 7°.

Posteriormente, en el tercer trámite, la Cámara de origen desechó las referidas enmiendas, dando lugar a la formación de una Comisión Mixta que, como forma y modo de resolver las discrepancias, propone lo siguiente:

-Aprobar la propuesta del Senado respecto al artículo 1° con el texto que se consigna en su informe, relativo a los delitos a los cuales se aplican las disposiciones de este proyecto de ley.

-Aprobar la propuesta de la Cámara de Diputados respecto al inciso primero del artículo 3°, que mantiene la facultad del juez de garantía, previa solicitud del Ministerio Público de autorizar medidas para investigar la asociación ilícita en la comisión de los delitos a que se refiere la iniciativa.

-Aprobar en el inciso tercero del artículo 4° la enmienda formal que se indica.

-Respecto al artículo 6°, referido a las modificaciones que la iniciativa introduce en la Ley de Tránsito, reemplazar su encabezamiento por el que señala; y en el inciso quinto, que la norma propone, sustituir la referencia legal que contempla.

-Aprobar la propuesta del Senado respecto al artículo 7°, que contiene modificaciones al artículo 97 del Código Tributario.

La Comisión Mixta acordó la referida proposición con las votaciones que en cada caso se consignan en el informe.

Cabe hacer presente que, con fecha 4 de octubre de 2021, la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, aprobó la propuesta formulada por la Comisión Mixta. Y corresponde ahora al Senado pronunciarse respecto a la mencionada proposición.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, las modificaciones introducidas por el Senado en el segundo trámite, la proposición de la Comisión Mixta como forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras y el texto del proyecto de ley, de aprobarse la propuesta de dicha Comisión.

Es todo, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión para emitir su informe, el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Gracias.

Este proyecto de ley fue aprobado originalmente en la Cámara de Diputados y en el Senado el año 2008. Se produjeron determinadas diferencias entre la Cámara y el Senado en algunos temas, por lo que se convocó a una Comisión Mixta, la cual, por razones que yo no conozco y a pesar de los esfuerzos de las cámaras de comercio para que esto fuera aprobado, estuvo sin funcionar durante diez años. Recién la conseguimos reconstituir en el 2018, y este texto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados tal como salió de la Comisión Mixta. Por lo tanto, queda solamente este trámite de aprobación en el Senado para que sea ley.

Este es un tema reconocido como grave en el mundo entero. Hay un gran crecimiento del comercio ilegal, del contrabando. Y aunque detrás de él hay fenómenos sociales importantes, también es cierto que esto se vincula muy directamente con el financiamiento del crimen organizado, que opera en el tráfico de armas, de personas, de órganos, pero también de bienes, de manera ilegal.

El proyecto que se ha discutido no tiene por objeto, de manera alguna, el perseguir a los vendedores ambulantes, que son generalmente la última y la más débil cadena de este flagelo, sino que entregar herramientas de mejor fiscalización, que permitan identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado que se nutren de este mercado gris.

Este proyecto entrega herramientas para identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado; permite aplicar a los jefes de las bandas criminales la figura de asociación ilícita y sancionarlos con penas privativas de libertad; autoriza, también, además de las policías, a los inspectores municipales y a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar el cumplimiento de las normas; obliga a las municipalidades a establecer en sus ordenanzas los lugares en los cuales se puede realizar el comercio ambulante y tener un sistema de identificación de las personas autorizadas; y establece como una sanción específica de la Ley de Tránsito el ejercicio del comercio sin permiso.

Quiero repetir que en esto no existe ninguna pena privativa de libertad, ni siquiera algún aumento de multa para los vendedores ambulantes considerados individualmente, sino que solamente dirige las penas privativas de libertad hacia los jefes de bandas criminales, y puede servir como disuasivo para aquellas bandas que actualmente migran de delitos con penas asociadas más altas, al comercio ilegal, porque las penas de esto, para el crimen organizado, son menores y tienen un riesgo mucho más bajo de captura. Hay muy poca fiscalización.

Quiero decir que lo que se está aprobando, en realidad, en cuanto a los temas controvertidos que existían, que eran tres o cuatro, corresponde exactamente a la versión del Senado. Los representantes de la Cámara de Diputados aceptaron la versión del Senado y, por lo tanto, es esta la que estamos votando hoy día, en su última instancia.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias a usted, Senador Insulza.

Tiene la palabra el Senador Moreira, luego el Senador Chahuán y después el Senador Sandoval.

El señor MOREIRA.- Presidenta, primero quiero solicitarle si es posible que consulte a la Sala para que se autorice el ingreso de la señora Gómez, Subsecretaria de Prevención del Delito.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Está el Ministro.

¿Si le parece a la Sala?

--Se autoriza.

El señor MOREIRA.- Gracias.

Bueno, la verdad, Presidenta, es que realmente esto es un poquitito vergonzoso -hay que reconocerlo como una autocrítica-, porque como dice un bolero de antaño, que bien cabe para esta situación que estamos viendo el día de hoy, "qué vergüenza, cada día más vergüenza" que nosotros nos hayamos demorado trece años en revisar, en Comisión Mixta, este proyecto.

Puede haber múltiples explicaciones, razones, pero no hay justificación para que un proyecto de esta naturaleza se demore trece años.

Son situaciones como esta las que provocan mucha molestia en la ciudadanía, en nuestra contra, y nos demoramos trece años en terminar la tramitación de un proyecto tan contingente como es la persecución contra las mafias que manejan el comercio ilegal, y es sencillamente, bueno, bastante decepcionante. Pero se han dado múltiples reportajes en medios de comunicación sobre cómo ciertas personas pueden proveer de insumos a decenas o cientos de comerciantes ambulantes, incluyendo mafias que proveen el lugar donde se puede o deben instalarse y las cuotas que deben pagar por cada venta, todo ello con absoluto desprecio a la legislación actual.

La ley vigente es insuficiente, qué duda cabe, pues no hay incentivo alguno para perseguir al importador y distribuidor, que lucra con las necesidades apremiantes de personas, en especial migrantes que deben salir a la calle todos los días a vender en forma ilegal.

Supongo que la explosión del comercio ambulante en ciertas zonas de Santiago centro ha servido para recordar que esta realidad existe y es apremiante. Y esto tampoco es extraño en las regiones, donde tenemos el mismo problema.

Hoy, precisamente, Carabineros ha tenido que desalojar una calle, en barrio Meiggs, porque era tal la cantidad de toldos y vendedores ambulantes en el lugar, que impedían el ingreso de la gente que quería ingresar al Cesfam de la calle Unión Latinoamericana, que ello derivó -como ya es habitual en nuestro país- en incidentes, en barricadas, en quemas de objetos en la vía pública.

Insistimos en dar las señales equivocadas, desde la nueva alcaldesa de Santiago que promete miles de permisos nuevos para vendedores ambulantes, hasta este Congreso, que demora años en mejorar la legislación que permite sancionar a las bandas que surten a estos vendedores. Mientras tanto, los comercios establecidos que pagan sus patentes, que tienen sus permisos, que dan trabajo y boletas, claman por ayuda al verse ahogados por esta marea de toldos que constituyen competencia desleal.

Todos podemos entender la necesidad de trabajo que tienen muchos chilenos, y también migrantes, pero la realidad es que estamos de alguna manera perjudicando al comercio establecido.

Yo estoy a favor del aumento de sanciones y de que se permita la entrega vigilada de productos, con autorización del juez de garantía correspondiente.

Más vale tarde que nunca: es hora de aprobar este proyecto y hacerlo ley rápidamente. Después de eso, queda algo más difícil: hacer cumplir la ley; eso es lo que debemos lograr. Pero primero hay que despacharlo.

Yo apruebo el informe de la Comisión Mixta. Creo que en los temas de seguridad pública tenemos que avanzar en forma más rápida y no pueden quedar traspapelados proyectos que son necesarios y que siempre son contingentes cuando tratan sobre seguridad pública.

Voto a favor.

Gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Moreira.

Tiene la palabra el Senador Chahuán, y luego el Senador Sandoval.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, por supuesto que era menester poder poner en tabla y discutir prontamente este proyecto de ley, debido a que está tramitándose desde el año 2007. Repito: ¡2007! Fue presentado en su momento por la Presidenta Bachelet y creemos absolutamente imprescindible poder avanzar en su despacho.

En el trabajo que desarrolló la Comisión Mixta también quiero agradecer -por su intermedio, Presidenta- la labor del Senador Insulza, porque, tal como habíamos hecho distintos parlamentarios en la Sala del Senado de pedirle al Ejecutivo asignarle urgencia legislativa, a él le correspondió, como Presidente, pedir que se constituyera la Comisión Mixta.

Varias sesiones incluso fracasaron porque no llegaban los Diputados. Y finalmente se logró darle curso progresivo al proyecto y zanjar las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado. Y lo que estamos resolviendo ahora es justamente lo que han venido pidiendo durante mucho tiempo las asociaciones del comercio detallista y también las cámaras de comercio para poder establecer claras sanciones contra el comercio clandestino.

Se trata de un tema de la mayor importancia y que cobra hoy día especial relevancia debido a la instalación del comercio clandestino sin los permisos correspondientes.

Lo hemos visto en comunas como Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, y otras, donde claramente hay que establecer, no un cierre de oportunidades para aquellos que ejercen el comercio, sino las vías para que puedan formalizarse. Pero además se deben disponer las sanciones para aquellos que, a pesar de las vías de formalización, insisten en generar un comercio clandestino que perjudica al pequeño comercio, que hoy día entrega oportunidades de trabajo a miles de chilenos.

Por eso que pensamos que este proyecto va en la dirección correcta y lo vamos a respaldar con mucha fuerza.

Y, por supuesto, llamo a todos los señores Senadores y señoras Senadoras a aprobarlo.

Gracias, Presidenta.

El señor MOREIRA.- ¿Podemos abrir la votación?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Chahuán.

Tiene la palabra el Senador Sandoval, y luego abrimos la votación.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidenta.

Este proyecto, como ya se ha señalado en reiteradas ocasiones, tuvo una larga y dilatada tramitación desde el 5 de junio del año 2007, cuando ingresa a la Cámara de Diputados, hasta el día de hoy. Y qué distinto es el escenario de aquel entonces al escenario que ahora tenemos en las diferentes ciudades.

El comercio ilegal es como la pesca ilegal: negocios lucrativos para algunos y que generan una condición supercompleja de enfrentar.

Ya hemos escuchado, incluso, anuncios de otorgamiento de más permisos transitorios en algunas ciudades, particularmente en Santiago. Y en ocasiones, quienes somos de regiones y transitamos por el centro vemos el paseo Ahumada -y lo comparamos con lo que era en el pasado- hoy día convertido en una verdadera feria persa y con un desorden absoluto, donde muchos negocios establecidos han debido simplemente bajar sus cortinas.

En ese contexto, las cifras del comercio ilícito que señalan los entes fiscalizadores son bastante complejas: Aduanas informa que el año 2017 confiscaron en frontera más de 8 millones y medio de productos que violaban la propiedad intelectual e industrial; la PDI incautó 2 millones 800 mil especies por delitos a la propiedad industrial y 230 mil especies que atentaban contra la propiedad intelectual; según el Ministerio Público, el 2017 ingresaron 4.130 denuncias por delitos que atentaban contra leyes comerciales, y Carabineros reportaron 53 mil casos de comercio ambulante y clandestino a lo largo del país en 2017, que implicó un alza de casi el 60 por ciento respecto del año 2016.

El comercio ilícito produce impactos directos en el país. Primero, por el indudable y absoluto desorden general que se produce en las ciudades, y por la venta de alimentos sin ningún control sanitario que vemos en todos lados, con carritos de feria echando humo, y muchas veces funcionando en condiciones de precariedad sanitaria o sin las más mínimas medidas de seguridad acerca de cuál es el origen de las materias primas que se utilizan en la confección de los productos.

Obviamente que este tipo de comercio atenta contra aquellos que operan de manera establecida, muchos de los cuales pagan arriendo, patentes, impuestos, contratan mano de obra y se ven enfrentados a una evidente, absoluta y total competencia desleal.

Se ha señalado que existen incluso todo tipo de mafias asociadas a este tipo de comercio, verdaderos poderes, que son los que terminan por abastecer o suministrar las mercaderías a los terceros que se dedican a instalarse en las vías públicas.

Sin duda, es una situación compleja. Y se requiere un enfoque sistémico para enfrentar esta realidad. Ya conocemos el enorme impacto que tiene el comercio clandestino o el empleo informal en nuestro país.

Por eso, desde el punto de vista de la calidad del espacio urbano, del espacio público, se ha evidenciado en los últimos años un deterioro progresivo y ha transformado las ciudades en verdaderas ferias, en mercados persa, situación que ha generado los conflictos que hemos visto hace un par de días en pleno centro de la ciudad de Santiago y a lo largo de las regiones.

Se trata de un tema que se replica con más o menos intensidad, con más o menos fuerza en el territorio nacional, pero que, a la larga, irroga una condición muy compleja que debemos enfrentar y resolver.

Las ciudades están perdiendo su espacio público ante lo que esto significa: negocio y beneficio para algunos, pero el deterioro de la seguridad pública para todos.

Voto absolutamente a favor del informe de la Comisión Mixta.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Sandoval.

En votación.

La señora ALLENDE.- "Si le parece".

La señora RINCÓN (Presidenta).- Se acaba de abrir la votación, Senadora Allende.

Pido que toquen los timbres

--(Pausa prolongada).

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

--(Pausa prolongada).

La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de Comisión Mixta (29 votos a favor).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto a favor de la Senadora Carmen Gloria Aravena.

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La señora ALLENDE.- Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra, Senadora Allende.

La señora ALLENDE.- Me permito hacer una petición a la Sala .

Se informó del proyecto boletín N° 14.719-07 y pedimos que vaya a la Comisión de Infancia. Aquello es bien importante. Corresponde a una moción que presentamos junto a las Senadoras Sabat, Provoste, Rincón y Muñoz, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de permitir la suspensión de la relación directa y regular entre el padre no custodio y los niños, niñas y adolescentes, cuando existen antecedentes de violencia intrafamiliar contra la madre.

Se envió la iniciativa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la cual, como bien sabemos, está muy sobrecargada y tenemos temor de que vaya a quedar demasiado tiempo sin tramitarse. En tal sentido, nosotros pedimos que pase a la Comisión de Infancia. Lo consideramos de entera justicia, ya que solo facilita un tema extraordinariamente relevante.

Hemos visto la necesidad de proteger a nuestros niños y hemos escuchado las críticas que han surgido desde hace muchos años, en distintos gobiernos, por su falta de protección. Y creemos que este proyecto apunta en la dirección correcta.

Por eso, pido la autorización de la Sala para que el proyecto pase a la Comisión de Infancia, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

--Así se acuerda.

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La señora RINCÓN (Presidenta).- Nos ha pedido la palabra la Subsecretaria María José Gómez.

Señora Subsecretaria.

La señora GÓMEZ (Subsecretaria de Prevención del Delito).- ¡Ahí está prendido el micrófono!

Muchas gracias, señora Presidenta.

Entrego mis saludos a usted y, por su intermedio, a todos los Honorables Senadores y Senadoras presentes.

Quiero agradecer muy sentidamente la aprobación de este proyecto que aborda el problema del comercio ilegal. Existen muchas razones para haber avanzado en su despacho: al año tenemos transacciones en el comercio ilegal que bordean los mil millones de dólares; contamos el no pago de IVA al Fisco con pérdidas por 160 millones; existen evidentes perjuicios por la ocupación de los espacios públicos que significa el comercio ilegal; los delitos asociados que conlleva con el uso de armas de fuego y el narcotráfico, y también por la calidad de los productos, que muchas veces afecta a los consumidores porque no se puede contar con ninguna certificación.

Pero creo que la razón más fundamental que hacía muy necesaria su aprobación, y por eso agradezco al Senado haber despachado el proyecto, es la realidad que vivimos respecto del comercio ilegal.

Lo vimos hoy día en el barrio Meiggs

, donde hubo una intervención coordinada entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, el municipio y Carabineros de Chile por una razón muy específica: existían toldos y basura que estaban impidiendo la entrada y salida nada menos que de las ambulancias y de los vehículos de emergencia del Cesfam N° 5, que funciona en dicho sector.

¿Qué genera esta realidad? Nos genera la pérdida de espacios públicos; la incapacidad del tránsito vehicular; la existencia de mafias instaladas en el barrio Meiggs, que venden los espacios públicos en forma ilegítima y que muchas veces están asociadas al tráfico de drogas y al uso de armas de fuego, lo que ha ocasionado balaceras que han terminado con heridos.

Por eso, junto con enfrentar con decisión y en coordinación con los distintos municipios y con las policías este fenómeno, quiero señalarles que vamos a seguir interviniendo todas las veces que sea necesario, porque necesitamos recuperar los espacios públicos para los vecinos y las vecinas que son usuarios del barrio Meiggs y de otros barrios de muchas comunas del país, y también para el comercio establecido, que paga sus patentes y que funciona dando trabajo con contrato a quienes colaboran en sus negocios. Junto con eso, requerimos más y mejores herramientas para poder investigar a estas verdaderas mafias y bandas ilegales que están operando en los distintos territorios.

Por eso, quiero agradecer la aprobación de este proyecto, porque aquí se aprueban técnicas investigativas que son muy valiosas, como la entrega vigilada de productos, que nos va a permitir perseguir y sancionar de mejor manera a quienes cometan estos ilícitos.

Y celebro no solo estas técnicas investigativas especiales y las sanciones para los miembros de estas asociaciones ilícitas, que hoy día son el principal problema que enfrentamos, sino que también agradezco el sentido de ordenamiento territorial que significa el proyecto, porque establece que los municipios van a tener que instaurar, a través de sus ordenanzas municipales, lugares habilitados para efectuar el comercio ambulante, y también se faculta la fiscalización y la sanción por parte de inspectores municipales, el Servicio de Impuestos Internos y las policías.

Así que creemos que el proyecto, cuando comience a estar vigente, será un gran aporte para enfrentar el mencionado flagelo. No es una solución única, pero sin duda significa un avance para afrontar un problema que vemos hoy día en las distintas regiones del país y que me plantean no solo los alcaldes, sino que también los vecinos y las vecinas, y las distintas autoridades.

Es un avance que se valora y se agradece.

Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señora Subsecretaria, por sus palabras.

Vamos a pasar al siguiente proyecto del Orden del Día.

Boletín N° 12093-08

ROYALTY MINERO EN FAVOR DEL ESTADO COMO COMPENSACIÓN POR EXPLOTACIÓN DE MINERÍA DEL COBRE Y EL LITIO

La señora RINCÓN (Presidenta).- En la continuación de la discusión en general del proyecto, informo que quedaron inscritos para hacer uso de la palabra en la sesión pasada, y en el siguiente orden, la Senadora señora Provoste y los Senadores señores Guillier, Latorre, Araya, Girardi, Montes, Elizalde, Durana, García-Huidobro y Alvarado.

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.093-08) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

La señora RINCÓN (Presidenta).- ¿Senador Huenchumilla?

El señor HUENCHUMILLA.- Presidenta, pensaba que estaba inscrito.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Lo inscribimos de inmediato, Senador.

Probablemente fue el día en que falló su micrófono y no quedó registrado; así que lo incorporamos.

Le damos la palabra al Ministro Jobet.

El señor JOBET (Ministro de Minería y de Energía).- Muchas gracias, Presidenta.

Saludo, por su intermedio, a todas las señoras y señores Senadores, y agradezco la oportunidad de exponer brevemente sobre este proyecto.

Tengo que partir diciendo que la iniciativa que se somete hoy a votación en general en esta Sala, como se sabe, nació de una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados, y que, como espero resumir en los próximos minutos, es, a juicio nuestro, un mal proyecto.

Pero debo reconocer, al partir, que el debate que se dio en la Comisión de Minería y Energía del Senado ha sido un buen debate. Ha sido abierto, con altura de miras y donde los Senadores y las Senadoras de la Comisión han tenido apertura para escuchar a distintos actores de la industria minera: de la pequeña, de la mediana y de la gran minería, y ha surgido de esa discusión, creo yo, una visión más equilibrada, más ponderada y con más horizonte de largo plazo de la que inspiró el proyecto que hoy se somete a votación.

Dicho eso, y antes de hablar del proyecto en particular, considero importante señalar algunas cosas sobre la minería, que son conocidas, pero por conocidas y obvias quizás a los autores de la moción se les perdieron de vista.

La minería, como usted sabe, Presidenta, es la industria más importante de nuestro país; representa, dependiendo del precio del cobre, entre el 10 y el 12 por ciento de nuestro producto interno bruto a nivel agregado, pero en las regiones más importantes del norte, donde la minería es la actividad más relevante, puede representar sobre el 50 por ciento del producto interno bruto de ellas.

La minería representa más del 50 por ciento de nuestras exportaciones; genera en términos directos e indirectos casi 850 mil empleos, y es una actividad, a diferencia de lo que transmiten algunas caricaturas que se instalan por ciertos actores, muy diversa, en que participan: pequeñas empresas (pirquineros), empresas de la mediana minería y de la gran minería; empresas nacionales y extranjeras; empresas mineras públicas y privadas; compañías dedicadas propiamente a la minería, y una red muy diversa y amplia de empresas proveedoras y contratistas que apoyan las labores mineras.

Es una actividad que ha sido fuente muy significativa de recaudación y de obtención de ingresos para el Estado.

Por eso, cuando hablamos de minería y de la tributación que la rige, considero importante que lo hagamos con seriedad y con un análisis riguroso de los impactos que cualquier modificación legal pueda tener sobre la industria.

La industria minera, Presidenta, y me voy a referir en particular a la del cobre -hago este énfasis, porque el proyecto de ley, cuestión a que me referiré en un minuto, no distingue entre la minería del cobre, del litio, del hierro, del oro, de la plata, lo que es uno de sus principales problemas; sin embargo, como digo, me voy a enfocar en la minería del cobre, que es nuestra actividad más importante-, tiene una enorme oportunidad en los años que vienen.

Pero antes de hablar de esa oportunidad, me gustaría hacer brevemente un recuento de la historia de este sector en los últimos años.

Nuestra minería del cobre aumentó su producción entre los años 1990 y 2005 a una tasa de más de 9 por ciento promedio anual. Tuvimos un aumento muy significativo gracias a enormes montos de inversión entre el 1990 y el 2005, y llegamos a contar con una participación de mercado en el mundo de 36 por ciento: ¡Chile llegó a producir el 36 por ciento del cobre del mundo!

Desde el año 2004 a la fecha nuestra producción de cobre ha estado básicamente estable, plana, a pesar de que la demanda global ha seguido creciendo. Y la consecuencia de ello ha sido que hemos venido perdiendo sistemáticamente en los últimos quince años participación de mercado en la industria global del cobre.

Si tuvimos el 36 por ciento de participación de mercado, hoy apenas es del 28 por ciento. Y para mantener este porcentaje de participación en los próximos años deberemos hacer esfuerzos gigantescos de inversión, porque, en la medida que nuestros yacimientos envejecen, sus leyes caen, el costo de producir cobre es cada vez más alto y las inversiones requeridas para sostener todo este proceso son también cada vez más altas.

Ahora bien, cuando uno proyecta el futuro hay un consenso muy amplio en todos los analistas en el sentido de que la demanda por cobre en el mundo debiera aumentar, por distintas razones; pero la fuente más importante de aumento de la demanda esperada de cobre es la agenda climática, la agenda de transición energética.

Los autos eléctricos, las centrales de generación renovable necesitan muchísimo cobre, cuatro veces más cobre que sus equivalentes convencionales, que son las centrales de generación convencionales o los autos convencionales.

Esos minerales (el cobre, pero también el litio, que es muy relevante para la fabricación de baterías) van a ser esenciales en esa transición energética y, por lo tanto, serán muy demandados en los años que vienen. Y Chile, que posee las mayores reservas del mundo de cobre y de litio, tiene una enorme oportunidad para atender esa demanda creciente de los próximos años, y no solamente de aprovechar la oportunidad económica que eso significa en términos de inversión, creación de empleos y recaudación fiscal, sino también la oportunidad y -me atrevo a decir- la responsabilidad de proveer los minerales, sin los cuales es imposible que el mundo frene las emisiones, y, por consiguiente, el cambio climático.

Entonces, la oportunidad para nuestro país de proveer esos minerales es gigantesca, pero para eso necesitamos mucha inversión.

Cochilco hace un catastro regularmente de los proyectos de inversión minera, del cobre específicamente, para las próximas décadas. Y lo que esos números muestran es que en la próxima década en Chile tendremos un catastro de más de 70 mil millones de dólares en proyectos de inversión, que son los que nos van a permitir aprovechar esa oportunidad de crecimiento esperado de la demanda; aprovechar un ciclo de precios, respecto del cual la mayoría de los actores coinciden en que será de precios altos, y generar los efectos positivos que hemos mencionado en empleo, inversión, recaudación fiscal.

Para materializar esos proyectos y para que además ellos nos permitan producir cobre y otros minerales de manera sustentable, que es lo que -entre paréntesis- hemos planteado a través de la Política Nacional Minera, necesitamos ser capaces de atraer inversión privada.

Déjeme darle una cifra que no necesariamente es conocida para los que no están siguiendo de cerca el sector minero: en materia de cobre, más del 70 por ciento de la producción de Chile hoy día viene de la industria privada.

Codelco sigue siendo muy importante; tiene proyectos de inversión muy cuantiosos para los próximos años, que le van a dar una segunda vida -digámoslo así- a los yacimientos históricos, pero hoy aporta menos del 30 por ciento de la producción de cobre de nuestro país.

Luego, nuestra obligación es ser capaces de generar las condiciones para atraer inversión privada que permita aumentar nuestra producción, cuidar los empleos y generar recaudación.

El proyecto que está sometido a consideración de esta Sala, Presidenta, no cumple ese propósito por diversas razones; tiene distintos problemas, que voy a enumerar brevemente.

El primero es claramente inconstitucional. Ya se han hecho en otras instancias de la tramitación de este proyecto las debidas reservas de constitucionalidad, que hago mías. Evidentemente es inconstitucional porque vulnera la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia tributaria; porque hace una afectación específica de la recaudación que generaría la iniciativa, lo que también es inconstitucional, y, por último, porque vulnera el principio de legalidad de los tributos, ya que delega a un reglamento aspectos centrales de cómo se va a producir la recaudación.

El segundo problema que tiene este proyecto, como dije al principio, es que no distingue entre el cobre, el litio, el hierro y otras sustancias concesibles. Y eso, para ser franco, es no entender cómo funciona cada una de esas industrias.

Por ejemplo, con respecto al litio, hoy día operan en Chile dos compañías, y lo hacen en el marco de contratos de arriendo de concesiones que tienen con Corfo, a través de los cuales este organismo capta un porcentaje muy importante del precio al que se vende ese litio. Alrededor de 40 por ciento del precio del litio va al Estado por medio de esos contratos. Aplicarles a tales contratos de litio los impuestos que está proponiendo este proyecto de ley es completamente desproporcionado, y no hace la distinción entre cómo funcionan la industria del litio y la del cobre. Y lo mismo aplica para otras industrias mineras, como la del hierro, que exhibe una realidad completamente distinta a la del cobre.

El tercer problema que tiene es que impone una carga tributaria excesiva, desproporcionada.

Déjeme darle algunos números que hemos señalado en instancias anteriores, pero que es bueno recordar: la carga tributaria para la industria del cobre en nuestro país, esto es, el porcentaje de las utilidades que captura el Estado, está en 40,3 por ciento (números de Cochilco). Cuando uno compara esa carga tributaria de Chile con los países que concentran el 50 por ciento de la producción mundial de cobre, tenemos: Chile, 40,3 por ciento; Canadá 40,1 por ciento; México, 41,6 por ciento; Australia, 44,6 por ciento. Todos, un poco más o un poco menos, alrededor del 40 por ciento.

Cuando uno hace los números (y estos los tuvieron que preparar el Ministerio de Minería y Cochilco, porque los autores de la moción no lo hicieron antes de presentarla; de hecho, yo les pregunté en la discusión en la Cámara de Diputados cuál era su estimación de la carga tributaria de Chile y no fueron capaces de responder), ve que este proyecto de ley impone una carga tributaria de casi el 80 por ciento.

Los países comparables y Chile hoy día están alrededor del 40 por ciento. Esto impone una carga que puede ser de 80 por ciento.

Prácticamente todos los analistas y todos los expositores que fueron invitados a la Comisión coinciden en que esa es una carga completamente excesiva y que tendría un efecto muy negativo en la inversión en minería.

Paradójicamente, el efecto de este proyecto, al imponer una carga tan alta, es que hará que la recaudación esperada caiga. El primer año habrá un pequeño efecto, según nuestros números (alrededor del 2 por ciento), de aumento de la recaudación; pero en el mediano y largo plazos tendrá un efecto negativo en la recaudación ¿Por qué? Porque es tan alta la carga tributaria que generará un desincentivo a la inversión y a la producción: aplica una tasa muy alta, pero una producción mucho más pequeña, por lo que la recaudación para el Estado caerá entre 35 y 40 por ciento en el mediano y largo plazos. Es decir, producirá un efecto de recaudación completamente opuesto al que se busca.

Además de ello, generará un efecto negativo en materia de empleo, lo cual es muy importante, pues podrían perderse, respecto del caso base, 370 mil empleos directos e indirectos con estas tasas de impuestos. ¡Y ojo! No hablamos de cualquier empleo, sino de empleos del sector minero, que generan rentas más altas que los empleos promedio del país y que, por consiguiente, serían muy difíciles de ser remplazados por otros equivalentes.

Lo otro que hará esta carga tributaria es que a tres dólares la libra, que es el precio de largo plazo que proyecta Cochilco, solo las diez empresas privadas más grandes tendrán utilidades. Todo el resto de las compañías, la mayoría de las cuales son de la mediana minería, exhibirán pérdidas a tres dólares (reitero: precio de largo proyectado por Cochilco), y, por consiguiente, las empujaría a cerrar sus operaciones, lo que imagino no es el efecto que queremos generar.

Un cuarto problema -y con esto voy cerrando- tiene que ver con que este proyecto no reemplaza al royalty hoy existente. Plantea un tributo adicional al royalty o al llamado "impuesto específico a la minería", que se promulgó originalmente el 2005, durante el Gobierno del Presidente Lagos, y que luego se aumentó en el año 2010, durante el primer Gobierno del Presidente Piñera, luego del terremoto.

Algunos han argumentado que el royalty o el impuesto específico hoy vigente no permite a Chile recaudar más cuando los precios suben. Y usan como ejemplo para hacer ese punto el superciclo de precios altos que vivió Chile entre el 2004 y el 2014. Lo que no dicen quienes esgrimen ese argumento es que el royalty se aumentó en 2010 y el superciclo duró entre el 2004 y el 2014. Por lo tanto, la mayor parte del superciclo, cuando los precios fueron más altos, el royalty hoy vigente no existía, por lo que era imposible que recaudara antes de que se modificara.

Cuando uno hace los números y calcula cuál hubiera sido la recaudación con el royalty hoy vigente, antes de aprobar este proyecto de ley, si hubiera estado en vigor desde el principio del superciclo, vería que habríamos recaudado un 85 por ciento más de lo que conseguimos en él.

Esa es la matemática que hay que hacer para juzgar si el impuesto específico hoy vigente genera o no recaudación cuando los precios suben. Y fue durante ese período, en el año 2006 en particular, que Chile obtuvo un 34 por ciento de la recaudación fiscal: más de un tercio de la recaudación fiscal de nuestro país vino de la industria minera, gracias al royalty hoy vigente.

Para terminar, debo señalar que el último argumento que se ha dado es que este impuesto permitiría generar más ingresos -se dijo en su origen- para aliviar las arcas fiscales durante la pandemia en el corto plazo. Sabemos que eso no es verdad: el 90 por ciento de la producción privada de cobre tiene contratos de invariabilidad hasta el 31 de diciembre del 2023. Por consiguiente, cualquier proyecto de ley que aumente los impuestos no va a tener efecto sino hasta el año 2024.

Con eso cierro, Presidente.

Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de exponer sobre esta materia; agradecer el tono que tomó la discusión de este proyecto de ley en la Comisión de Minería y Energía. Y deseo invitar a los miembros del Senado a que tengamos un debate serio respecto de la minería. Es nuestra industria más importante, y debemos ser capaces de proyectarla de manera sustentable en el tiempo.

Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Ministro.

Senador García-Huidobro, ¿es para un punto de reglamento?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Presidente, quiero hacer una solicitud.

¿Es posible abrir la votación manteniendo los tiempos?, porque somos muchos los inscritos para hablar sobre este proyecto.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Yo no sé si había acuerdo de los Comités para abrir la votación.

¿No hay inconveniente para ello?

Esa es la consulta.

¿Habría acuerdo?

Así se acuerda.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tenemos una lista de oradores inscritos desde la sesión anterior.

Voy a nombrar a los primeros, para que se vayan preparando: Senadores señora Provoste y señores Guillier, Latorre, Araya, Girardi, Montes, Elizalde, Durana, García-Huidobro, Alvarado, Huenchumilla, Insulza y Prohens.

Le ofrezco la palabra a la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidente.

En la sesión anterior, cuando se aperturó la discusión de este proyecto de ley, me correspondió entregar el informe respectivo en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Minería y Energía.

Sin embargo, tras la intervención del Ministro, quien nos acompaña en la Sala, considero importante reiterar algunos elementos que son centrales.

Primero, que estamos en el debate en general y que parte de la honestidad intelectual es también manifestar que este proyecto -y el Ministro lo sabe bien- va a ser objeto de indicaciones, tal como lo planteamos en su oportunidad. Por lo tanto, el despliegue de una campaña del terror no corresponde a un ambiente en donde, desde la Comisión de Minería y Energía, hemos hecho un trabajo serio, convocando a distintos expertos, trabajadores, académicos, de manera de abordar una pregunta que nos parece esencial: la discusión de un nuevo royalty minero ¿tiene solo una pertinencia técnica? Nosotros creemos que no; que esta es sobre todo una discusión desde el punto de vista ético y político, entendiendo la coyuntura identitaria del momento que estamos viviendo como país.

Este es, sin duda, un tema cuyo análisis debe expresarse técnicamente, porque tiene impacto en una actividad económica muy relevante para nuestro país, pero también desde la perspectiva de lo que fue el desarrollo del salitre, del guano, del litio, de la extracción minera, que ha sido literalmente nuestra veta como sociedad.

Por eso cada discusión que coloca a la minería en el centro tiene también la posibilidad de generar una proyección respecto del tipo de minería que sirve a un modelo de sociedad distinta. Y nuestro destino parece pender sobre el precio del cobre, y, en consecuencia, cada paso que demos en esta industria ha de ser discutido y sancionado con especial celo.

Lo decía al comienzo, Presidente: esta también es una discusión política, como corresponde cada vez que hablamos de los caminos de crecimiento y de progreso por los que queremos transitar y de la forma de producción que queremos incentivar.

No deja de llamarme poderosamente la atención cuando escucho de aquellos que han sido guardianes del derecho a la propiedad que hoy día se trate de minimizar un debate profundo respecto de este tema. Porque precisamente es este análisis el que nos permite hablar del valor de la propiedad colectiva; cómo la hacemos respetar y cómo garantizamos su vigencia en el siglo XXI. Y esa es una pregunta política, así como si los recursos que hacen de Chile una tierra rica deben enriquecer a unas cuantas corporaciones o al total de chilenos y chilenas y por qué métodos.

A mí me parece que esa es una pregunta política central y que además tendrá su momento en la Constitución que se escribe en nuestro país.

En el marco de la discusión de este proyecto de ley, dentro de nuestros invitados tuvimos la posibilidad de contar con el prestigioso economista chileno Gabriel Palma, en un seminario convocado por nuestra Comisión. Él se preguntaba por qué velamos tanto por los derechos de propiedad privada, pero nos desentendemos de los derechos de propiedad colectiva, como es el caso de los recursos naturales. Y esa pregunta es política antes que técnica. Pero también es una pregunta identitaria, porque sabemos que el royalty no es un impuesto nada más.

En esto, Presidente, quisiera también referirme al planteamiento que ha hecho el señor Ministro acerca de las dudas de la admisibilidad de este proyecto de ley, una duda que esta Sala zanjó en una votación democrática, porque el royalty a la minería propuesto constituiría el cobro de un derecho por parte del Estado, en contrapartida a la sola extracción de recursos minerales y como una forma de compensación de los particulares al Estado por extraer y beneficiarse de las riquezas contenidas en el subsuelo, las que constitucionalmente son propiedad del mismo Estado. Por consiguiente, el mismo derecho se aplica sobre la renta económica, dada por la extracción del mineral, y no específicamente sobre los ingresos, ventas, utilidades o beneficios, como es el caso de los tributos.

Para entender esto debemos comprender el concepto de renta económica como un concepto macro, el cual abarca todos los ingresos que se obtienen a partir, en el presente caso, de la extracción del mineral, descontados los costos y gastos generados por dicha extracción.

Distinguimos este concepto de los ingresos, ventas, utilidades o beneficios que genere dicha extracción, en razón de que los ingresos constituyen todo pago que genere la actividad.

Al respecto, me parece muy importante traer a colación el planteamiento de Héctor Vega, quien estima que "El Royalty es un derecho que el Estado soberano cobra al concesionario por la explotación de sus riquezas naturales".

En el mismo sentido, Orlando Caputo señala que "La renta de los recursos naturales es una categoría económica muy diferente a los impuestos:" -¡muy diferente a los impuestos!- "es un derecho de los propietarios de los recursos.".

En tal sentido, es de importancia tener presente que en gran parte de los países desarrollados, abundantes en recursos naturales, el Estado utiliza el royalty como instrumento de compensación, tal como se establece en nuestra propia Constitución.

Entonces, creo que aquí las campañas del terror están de más, y la invitación es a determinar cómo nosotros mejoramos este proyecto con el propósito de relevar lo que hoy día significa el derecho a la propiedad colectiva de los chilenos y las chilenas.

Por lo tanto, el proyecto de ley no vulnera lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto, número 1º, del artículo 65 de la Constitución Política de la República, en cuanto a que la iniciativa legislativa correspondería de forma exclusiva al Presidente de la República.

Eso no es efectivo.

El royalty a la minería constituye siempre un derecho, aun cuando se encuentre establecido o nombrado en nuestra Constitución como un tributo.

En consecuencia, el método o la forma como se cobre o se configure será algo propio de la técnica legislativa que se utilice. Por tanto, en ese sentido me parece muy importante despejar cualquier duda que hoy día se intente colocar sobre este proyecto de ley.

Es una convicción que hemos reafirmado a partir de las voces de expertos y expertas. Hemos escuchado a representantes de la industria, de los trabajadores, de comunidades indígenas, de organizaciones sociales, del poder local.

Hemos mantenido una conversación respetuosa desde todas las perspectivas con todas las instancias que han señalado las complejidades que hoy día existen en los territorios y, como lo hemos dicho, abrimos un período para incorporar indicaciones y perfeccionar este proyecto.

Pero lo que nos parece crucial es definir el propósito de los recursos de un país frente a las personas que lo habitan.

Que la industria minera es central para el desarrollo de Chile a mí, al menos, no me cabe duda. Por eso carece de sentido sostener que alguien pretende acabar con la industria en este Parlamento; de que la industria minera renta a nivel privado, tampoco cabe duda.

Pero hoy día nosotros tenemos que ser capaces de mirar quiénes deben ser parte de la riqueza que produce la minería; cuánta es la tributación justa por recursos que son finitos, que se extraen y cuya extracción genera externalidades de amplio alcance.

Es tiempo de preguntarnos no solo cuánto nos da la minería, sino cómo queremos ser a partir de nuestra identidad minera y de qué modo la sociedad se hace partícipe de una actividad que le es propia desde el suelo en adelante.

Yo creo firmemente en la propiedad colectiva de nuestros recursos naturales y, por lo tanto, en la riqueza común de esta propiedad, que debe generarse de manera que alcance a una cantidad muy importante de chilenos y chilenas, cosa que hoy día no está ocurriendo.

Por eso, Presidente, voto a favor de este proyecto de royalty, y no tengo duda alguna de que en las semanas que quedan, tras fijar el plazo para la presentación de las indicaciones, vamos a mejorar este proyecto con un sentido claro, esto es, qué tipo de minería es la que sirve hoy día a nuestro país: una minería respetuosa con las exigencias medioambientales, respetuosa con el desarrollo de las comunidades en donde está inserta, una minería que le sirva a la gran mayoría de los chilenos y las chilenas y no solo a un grupo corporativo minotario de nuestro país.

Voto a favor, señor Presidente.

He dicho.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Provoste.

Senador Alejandro Guillier, tiene la palabra.

El señor GUILLIER.- Muchas gracias, Presidente.

Voy a hablar desde los territorios.

La Región de Antofagasta lidera las inversiones en minería, energías renovables, desalinización de agua de mar, astronomía. Son algunos de los ejes que hacen de Chile un referente mundial.

Sus puertos, particularmente el megapuerto de Mejillones, y el cluster minero regional del cual da cuenta la Asociación de Industriales Antofagasta, que registra más de mil quinientas empresas -muchas de ellas pymes de alta tecnología, que son proveedoras de la minería, es decir, no solo está la industria minera, sino tambien la industria para hacer minería-, hablan de una economía de clase mundial.

Sin embargo, la deuda social está a la vista.

La escasez de viviendas, los campamentos hacinados en los cerros de Antofagasta, las familias que viven bajo un mismo techo -muchas en el casco antiguo de la ciudad- conforman un cuadro inaceptable que contrasta con la riqueza que genera la Región.

Los pasivos industriales; el maltrato a las pymes proveedoras; el cambio en las reglas del juego; la incertidumbre permanente; los pagos atrasados; el escuálido aporte a los habitantes de las regiones mineras, a la educación técnico-profesional de la que las empresas se benefician, a las universidades de las cuales reclutan sus alumnos, al empleo regional calificado, crean una imagen intolerable en el Chile que se ha instalado en la Convención Constitucional y en la conformación de los gobiernos regionales.

Por lo tanto, el debate del royalty y el futuro de la minería urge abordarlos dentro del nuevo pacto social, territorial, ambiental y político que la sociedad chilena está construyendo.

La tarea es establecer, sin embargo, un royalty que no afecte el empleo y la competitividad de Chile; por lo tanto, a la voluntad política se deben agregar criterios técnicos.

La tarea es establecer un royalty justo y conveniente.

Y, al respecto, algunas consideraciones.

Primero, urge clarificar cuál es la renta minera y los tributos aportados al Estado. Impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda, el Servicio de Aduanas y otros organismos técnicos deben consolidar los números, porque en la minería no podemos tener cifras diferentes. Y se ve poca claridad en este tema tan trascendente.

Segundo, el actual impuesto específico a la minería se contabiliza como gasto de la empresa y se recupera gracias a la ingeniería tributaria. Por esa razón el aumento del precio del cobre en la Bolsa Metalera de Londres, por ejemplo, no se asocia necesariamente a una mayor recaudación. Es obvio que hay evasión y elusión. Y además son empresas asociadas, son empresas que tienen algún tipo de integración, las cuales se prestan servicios y se cobran precios, muchas veces, a voluntad y sin vinculación a las tarifas competitivas de mercado.

Tercero, el royalty debe considerar también la especificidad de cada compañía, la ley de sus reservas y el capital de riesgo involucrado. Un mismo porcentaje de royalty puede tener impactos muy críticos para algunas operaciones y ser relativamente insignificante para empresas que trabajan con alta ley en sus reservas y bajos costos, además bajo ciertas condiciones climáticas y geográficas.

Podemos concluir, por consiguiente, como una primera idea, que el royalty se debe calcular basándose en un precio bruto de venta que pondere las ganancias reales de las distintas operaciones, de manera de no inhibir nuevas inversiones en aquellos yacimientos de menor ley o más alto costo.

Cuarto, el royalty es un derecho de explotación de recursos asociados a un territorio, cuyos habitantes pagan altos costos ambientales y de calidad de vida. Por lo mismo, una parte sustancial debe ir en beneficio de las comunidades, comunas y regiones mineras, para mitigar esos impactos y financiar un fomento productivo sostenible, una mayor diversificación productiva y la innovación de alta tecnología que se requiere.

Quinto, estos recursos también deben aportar para que las regiones mineras ingresen al negocio del futuro: las patentes. Ese es el secreto del poderío de las economías líderes.

Desgraciadamente, el Gobierno, en un acto espurio y miope, entregó la creación del Instituto de Tecnologías Limpias, financiado con recursos que emanan de la industria del litio, a universidades extranjeras. Es urgente revertir esa decisión, toda vez que es una mala política, no es visionaria y atenta contra los intereses del país.

La gran minería, señor Presidente, enfrenta, además, la crisis climática y ecológica que vivimos.

La mirada del mundo está sobre los países y las actividades productivas que generan gases de efecto invernadero y que usan energías primarias como carbón, petróleo y gas.

Debemos cambiar la matriz energética antes que los países hegemónicos anuncien nuevos y gravosos tributos a la emisión de CO2, por ejemplo.

Segundo, conocemos de las impurezas y la baja ley de muchas reservas que nuestro país tiene. Somos ricos en cobre. ¡Inmensas reservas! Pero de baja ley. Eso exige fuertes inversiones y alta tecnología.

Quiero recordar, entre otras cosas, que la propia Comisión de Minería de este Senado propuso hace algunos años, bajo la presidencia del actual Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, una estrategia sobre refinerías y fundiciones, que ninguno de los dos últimos Gobiernos ha tomado en consideración y ni siquiera se nos contestó. Ese fue un estudio que duró mucho tiempo y que convocó a muchos especialistas.

Pero también hay otras noticias positivas.

Por ejemplo, de los quince minerales críticos que demandará la descarbonización del planeta, Chile podría producir más cobre, hierro, litio, plomo, manganeso, molibdeno, cobalto, plata, entre otros, pero también aumentará la demanda de agua desalinizada y energías limpias.

Es urgente, por lo tanto, legislar y adecuar la normativa vinculada a los laboratorios que certifican la exportación de minerales, porque tampoco tenemos confianza en qué exportamos bajo el título de concentrado de cobre.

Asimismo, quiero agregar que Codelco es un capítulo al debe. Su necesidad permanente de capitalizar parte de sus utilidades para explorar, descubrir nuevos yacimientos, invertir y explotar sus propias pertenencias, que son gigantescas, comienza a ser crítica y amenaza el futuro de la empresa, no por la viabilidad de ella, sino por la ausencia de una política de Estado con respecto a Codelco.

Un candidato presidencial -probablemente no conoce mucho de minería- anunció la privatización de Codelco. Se le preguntó en cuánto estimaba el valor de la empresa y no tenía idea alguna.

Chile desconoce que es un país minero, no sabe de minería, y además mira de soslayo una actividad productiva que es la más importante del país: la que produce mayor valor agregado y tiene mayores encadenamientos.

Sin embargo, sigue siendo un gran misterio para la mayoría de los chilenos.

Más aún, se habla de privatizar Codelco, pero ya hay una operación de privatización encubierta.

También se acusa la ausencia de operaciones en el exterior. Obviamente, la llamada "Ley Reservada del Cobre", que permitía el financiamiento del gasto militar, dificultó la expansión de Codelco al extranjero por ser considerada una industria militar. Hoy no tenemos ese estigma y, por lo tanto, Codelco debe abrirse a los mercados internacionales.

Muchos países que fueron mineros en el pasado y agotaron sus reservas hoy día son grandes... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Un minuto, señor Senador.

El señor GUILLIER.- Termino pronto.

Quiero destacar que Codelco posee un enorme potencial, pero no se ha permitido su capitalización porque se beneficia la inversión directa en el presupuesto nacional. Eso se debe corregir.

Asimismo, el quiebre de las relaciones laborales entre el directorio y los sindicatos ha destruido un capital reputacional esencial en la empresa estatal. Los "viejos" del cobre y las trabajadoras del cobre son de alta formación.

Concluyo.

Chile es y seguirá siendo un país minero, pero es muy bajo el aporte a las regiones mineras y el compromiso con el país no es suficientemente claro.

Es urgente un nuevo trato, no solo con el cobre sino con las regiones mineras, con los productos mineros y con las comunidades.

Parte de la retribución es este royalty, que se dice a la minería, pero que no es más que un royalty al cobre. Evidentemente, este queda corto, y sobre minería es absurdo e inexplicable que Chile carezca de políticas claras y ni siquiera sepa de las riquezas con que cuenta el país.

Voto a favor.

Muchas gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Guillier.

Vota a favor.

Tiene la palabra el Senador Guido Girardi, por la gentileza del Senador Latorre.

El señor GIRARDI.- Gracias, Presidente.

Creo que nadie en Chile, con un mínimo de sentido común, puede negarse a legislar sobre un tema tan importante como el que nos ocupa, porque finalmente la discusión del royalty va en función de los intereses de la propia minería, tanto pública como privada. Por eso me parece que renunciar al royalty es dispararse en los pies.

La minería y el mundo minero privado son sus principales enemigos. Y lo digo porque los procesos extractivos, los procesos empresariales, particularmente los industriales, que efectivamente mantienen importantes conflictos ambientales y con las comunidades, para sobrevivir deberán resolver problemas de legitimidad. Y hoy día la legitimidad es esencial. Ningún proyecto se podrá ejecutar si no es visto por la sociedad como una iniciativa que sirva a los intereses del país.

Y así como en la década de los 60 y 70 los chilenos se sentían orgullosos de su minería del cobre, hoy día lamentablemente se ve como una amenaza. No tiene ningún prestigio, no tiene ninguna credibilidad y carece de la legitimidad. Y eso es una paradoja, porque la minería -y quiero reafirmarlo- es fundamental para Chile y también para el planeta.

Por lo tanto, el punto es cómo nosotros regeneramos una política que vuelva a poner a la minería en el centro de la discusión nacional y cómo volvemos a hacer que los chilenos y las chilenas se sientan orgullosos de ella, porque, si no es así, lamentablemente veo que no va a haber minería.

Además, creo que es imprescindible poner el desarrollo de esta actividad en el contexto del cambio climático. Es imposible que la minería subsista si deja la actual huella de carbono.

Además, hay un tema de legitimidad en el sentido de que gran parte de los chilenos ven que este recurso, que nos pertenece a todos, que no es renovable -insisto: no es renovable- y es un capital que le pertenece al país, bajo los parámetros de explotación que tiene y el modelo comercial en que se desarrolla, finalmente favorece a muy pocos y no a la gran mayoría. No beneficia al desarrollo del país pues son recursos que se van fuera de Chile, y genera, además, gigantescos problemas ambientales. Y cuando la minería deje de ser viable, la gente va a tener que hacerse cargo de sus pasivos ambientales, que son gigantescos.

Entonces, el royalty quisiera insertarlo en esa discusión.

No me parece que se hagan comentarios en cierta manera reduccionistas con relación a esto. Yo tengo un gran aprecio por el Ministro de Minería y Energía, pues creo que ha hecho un gran trabajo. Pero es paradojal. Y si hay un proyecto que ha tenido una discusión profunda es el que nos ocupa.

Es más.

Nosotros creamos una Comisión unida de Minería y del Futuro. Y quiero decir que en el contexto de 800 científicos y académicos que están trabajando en diversos proyectos, debe haber más de 159 personas de todas las universidades que han venido trabajando de forma gratuita en esta iniciativa de minería verde que nació de una discusión del royalty.

Yo creo que pocos proyectos han tenido la profundidad que ha tenido este y, por lo tanto, me parece muy importante discutirlo en ese contexto.

Nosotros vamos a hacer entrega, junto con la Presidenta del Senado, del Libro blanco sobre las estrategias de desarrollo de Chile, no solamente en minería verde, sino también en inteligencia artificial, en política satelital, en hidrógeno verde, en uso de los mares chilenos para alimentar el planeta.

Esto es porque el Senado se ha transformado en un centro de reflexión estratégica, de reflexión del futuro. Cuando estamos inmersos en una política totalmente gobernada por la inmediatez y el presentismo, el Senado, junto con las universidades, el mundo académico, la academia de ciencias y el mundo empresarial, es uno de los pocos centros de reflexión estratégica.

Producto de estas reflexiones ha habido un gran debate, un debate muy rico, con todos los actores respecto a la importancia de la minería verde. Pero para desarrollarla se necesita un royalty. Y eso es fundamental, porque sin royalty Chile será incapaz de generar el chasís de ciencia y avances que necesita para sacar una minería propia del siglo XX y XIX y hacerla entrar en el siglo XXI, una minería relacionada a la ciencia y la innovación.

Ahora, nosotros creemos que la recaudación justa tiene dos dimensiones. Por un lado, es importante para la legitimidad de la propia minería del país, que hoy día se percibe como ilegítima, y, al mismo tiempo, queremos una recaudación justa para que permita las inversiones y mantenga la competitividad de Chile.

Sin embargo, todos los estudios que nosotros recibimos en la Comisión del Futuro de innumerables académicos y universidades, señalan que se podría recaudar hasta el doble de lo que se obtiene hoy sin que se afecte la competitividad, sin que se sobrepase lo que países como Australia y Perú están tributando.

¿Y para qué necesitamos estos recursos? Necesitamos estos recursos en forma urgente, dado que el Gobierno ha actuado con miopía, como se señalaba acá, cuando les regaló 192 millones de dólares a empresas privadas, producto del royalty, y prefirió consorcios americanos sin ninguna experiencia en lo que estamos hablando, provocando una situación que, desde mi punto de vista, fue absolutamente fraudulenta.

Por eso espero que esa licitación sea parada por la Corte Suprema y se les dé a todas las universidades chilenas: a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a la Universidad de Antofagasta, a la Universidad de Santiago, a la Universidad de Concepción, a las principales universidades, que son los centros de pensamiento de este país.

Es aún más importante entonces que este royalty exista, porque, de lo contrario, no tendremos un chasís de ciencia. ¡Cómo vamos a transformar la potencialidad única que tiene Chile, el país más irradiado del planeta, que de acuerdo a la lógica del mercado podría llegar a generar 2.000 gigas de energía solar! Si pusiéramos detrás al Estado, con fuerza, con iniciativa, empaquetando proyectos, desarrollando estudios de irradiación, ofreciendo terrenos fiscales, desarrollando estudios de impacto ambiental, podríamos llegar a 10.000 gigas de energía e incluso entregar una parte importante de ella al resto del planeta, primero a través de la transmisión, y luego mediante el desarrollo del almacenamiento de hidrógeno.

Eso debiera ser una prioridad de Chile, y no para el país, sino para el planeta. Los chilenos sentirían que la minería y el desarrollo energético tienen que ver no solamente con un buen negocio, sino con una manera de hacer altruismo ayudando a resolver problemas de la humanidad.

¿Por qué el cambio climático no tiene respuesta? Porque para muchos países hoy resulta imposible salir del carbón como forma de sustentar sus economías, particularmente para grandes naciones como China, Estados Unidos o India. China genera una central a carbón por semana. Bueno, Chile podría ayudar a resolver aquello reemplazando el carbón, como lo hizo, en cierto momento, la península arábica al generar petróleo en reemplazo de otros combustibles. Y lo hizo para todo el planeta. Chile podría ser hoy una alternativa para la sobrevivencia de la humanidad.

El hidrógeno nos permitiría tener fundiciones solares, o de hidrógeno. Hoy día gastamos 600 mil toneladas de petróleo para llevar concentrado (tierra) a China, ¡y los chinos se quedan con el oro, la plata, el bismuto, el galio, el germanio! Chile podría ser un centro mundial de fundición y desarrollar otras actividades; reciclar parte del cobre, por ejemplo, porque una porción importante del cobre a futuro será cobre reciclado. Pero, como digo, necesitamos fundiciones, necesitamos ciencia, necesitamos tecnología, necesitamos desalar agua, y para esto último necesitamos energía solar, que es el componente más relevante en la desalación del agua, y como Chile tiene la energía más barata del planeta, el costo marginal sería cero. ¡Eso es minería verde, una minería que genera biorremediación, con nanotecnología, con biotecnología para tratar los contaminantes y los relaves!

Las universidades chilenas tienen capacidad. La Universidad de Santiago, con Dora Altbir, que ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas, desarrolló nanopartículas de plata para tratar el arsénico. Pero a nadie le interesa, porque tenemos una Codelco que padece de ceguera, de pobreza intelectual, de miseria interna y no es capaz de hacerse cargo y liderar estos procesos.

Además, deberíamos desarrollar minería in situ; además, podríamos fortalecer el desarrollo de los territorios, de las regiones, donde se realiza esta actividad.

Entonces, para todo esto, para viabilizar la propia minería, pública y privada, para tener una minería de rango mundial, una minería verde, debiéramos apostar, porque la minería del cobre puede ayudar a la transición energética de todo el planeta: los autos, los camiones, los buses del planeta, durante el tiempo en que se desarrolle la electromovilidad, por lo menos veinte años, lo van a hacer con cobre chileno si este cobre es cobre verde. Pero para eso se necesita inteligencia; se necesita invertir en ciencia, cosa que Chile no hace; se necesita tener una visión estratégica, que Chile no tiene, y se necesita apostar: apostar al futuro e invertir en el futuro. ¡Y qué mejor inversión que la de los propios chilenos, con el recurso natural no renovable más importante, no renovable, que debiera ser invertido de manera justa, con una tributación equitativa que no impida la competitividad, a fin de generar un chasís de ciencia para la minería y para el conjunto del país... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Girardi.

Tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidente.

Este proyecto de ley tiene como propósito establecer una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio equivalente al 3 por ciento del valor ad valorem de los minerales extraídos. Así está planteado, aunque creo que esto último es parte de las cosas que se pueden conversar.

Un 50 por ciento de la compensación deberá destinarse a un Fondo de Convergencia Regional que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento -o sea, es algo que queda abierto a una reglamentación diseñada por el Ejecutivo-, y el 50 por ciento restante se destinará directamente a financiar medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las comunas en donde se encuentren los yacimientos de donde se extraiga el material, porque sabemos que, si bien la minería produce muchos beneficios, también provoca costos ambientales.

Nosotros entendemos que la inversión en ciencia aplicada a innovación en minería es crucial para la superación de un modelo extractivista basado solo en la explotación de los recursos naturales y sin valor agregado, y que por esta vía se busca dar mayor valor tanto al cobre como a sus subproductos.

Creemos que también se debería poner énfasis en una investigación y un desarrollo que permitan acelerar la transición hacia una minería de bajas emisiones. Este es uno de los desafíos del siglo XXI, y estos debates ayudan a abrir esos temas. Si bien no se puede abordar todo en este proyecto, este ayuda a iniciar esa discusión.

En la misma línea, tenemos que promover iniciativas científicas para minimizar el impacto de relaves mineros y para la optimización de la exploración minera, incluido el desarrollo de metales críticos para un progreso sostenible.

A pesar de que el Estado posee el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre todos los yacimientos de cobre de nuestro país, una gran proporción de sus rentas son apropiadas por un pequeño conjunto de grandes conglomerados económicos privados. Respetando, obviamente, los contratos de invariabilidad tributaria, que tienen distintos plazos, tendríamos que recuperar para Chile -debería ser una meta país- una proporción significativa de las rentas del cobre y destinarlas a una transformación productiva verde que nos permitiera superar el modelo extractivista y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Eso debería ser una meta país y probablemente es parte de la discusión que se está dando a propósito de la Nueva Constitución.

Hay que implementar un royalty cuyo objetivo sea que el Estado recupere una proporción significativa de las rentas económicas del cobre manteniendo los incentivos para invertir. Es una ecuación y un equilibrio: inversión privada, pero al mismo tiempo recaudación y recuperación mayor de las rentas de esa extracción.

El mecanismo debe ser progresivo en precios; no tiene por qué ser parejo. Mientras mayor sea el precio del cobre y, por lo tanto, mayores sean las rentas económicas, mayor podrá ser la carga efectiva que enfrenten las empresas.

Tomando en cuenta su simplicidad y la reducción de espacios para la evasión y la elusión, el royalty debe tener también un componente ad valorem o tasa sobre las ventas. Debe existir otro componente, además, sobre la rentabilidad operacional o financiera que nos permita extraer rentas adicionales de aquellos yacimientos con menores costos.

También tenemos que promover herramientas para fomentar la localización en Chile del proceso industrial de refinación, de industrialización de las refinerías; se deben fortalecer las capacidades de fiscalización de las instituciones estatales relacionadas, y se deben diseñar instrumentos específicos para cerrar brechas de evasión y elusión del royalty. Sabemos que las empresas usan distintos subterfugios -legales todos- para pagar menos. Finalmente, es el Estado el que pierde, y si pierde el Estado, pierde, de alguna manera, el bien común de la sociedad al haber una recaudación menor.

Gabriel Palma, destacado economista de la Universidad de Cambridge y de la Usach, explica que el royalty es la cantidad que se le paga al dueño de un derecho, el del mineral que está en la roca, por el permiso para ejercerlo o explotarlo. Agrega que en Chile no existe, en la práctica, un royalty minero, porque el Estado realmente no recauda en forma neta por este concepto. Las mineras tienen que comprarles a los chilenos, por ser los dueños, este insumo esencial para su actividad. Y el no cobrar royalty es una distorsión de mercado, ¡es una distorsión de mercado!, por lo que hoy el tema no es si cobramos o no royalty -esa es, creo yo, una discusión obsoleta-, sino cuál es su precio de eficiencia. Y ahí habrá que dialogar razonablemente. Yo espero que se apruebe la idea de legislar y que el proyecto vuelva a la Comisión justamente para conversar, entrar al área chica y ver cuál sería el precio de eficiencia a cobrar y que al mismo tiempo sea un precio socialmente eficiente.

Respecto de las utilidades de las empresas, se señala que estas se pueden manipular a través de distintas formas de elusión, por lo que el royalty tiene que ser un porcentaje de las ventas que suba o baje de acuerdo con el precio del mineral.

Hay que discutir sobre el uso de los recursos, especialmente en diversificación productiva, porque llevamos cincuenta años con un modelo extractivo y seguimos exportando concentrado. Es el momento de transitar hacia una economía más diversificada, más compleja, y hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible.

Por último, el uso productivo de los recursos generados por un royalty minero como el propuesto en el actual proyecto de ley permitiría construir las bases de un desarrollo más equitativo, más eficiente, más sostenible. En ese sentido, el mismo autor, Gabriel Palma, hizo una presentación ante la Comisión de Minería del Senado que se puede recoger y después implementar a través de indicaciones, pero se requiere la voluntad política del Ejecutivo para patrocinar varias de ellas.

Por lo tanto, acá se advierte la necesidad de compensar la mano, no tan invisible, de mercados distorsionados. El Estado debe empujar políticas industriales que reorienten la asignación de recursos hacia actividades de mayor potencial de crecimiento y de productividad a largo plazo.

Finalmente, Presidente, es inevitable no referirse a este tema ad portas de la segunda vuelta presidencial, donde hay un candidato que se dice muy patriota pero que, al mismo tiempo, propone la privatización parcial de Codelco. Yo creo que eso es retroceder décadas; es casi lo que querían los "Chicago boys": un capitalismo popular, que suena bien, aunque al final significa entregar, vender, prácticamente regalar los recursos naturales, cuando Chile enfrenta grandes desafíos sociales, productivos, económicos, y una reactivación pospandemia. Necesitamos recursos extra que deriven de los recursos naturales, de la gran minería del cobre, e invertir en ciencia, innovación y tecnología. O sea, dar un paso adelante, no retroceder. Y creo que eso es parte de lo que se define el 19 de diciembre.

Voto a favor, Presidente.

Gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, Senador Latorre.

Vamos a dejar con la palabra al Senador Durana.

El señor DURANA.- Gracias, Presidente.

Este proyecto de ley propone un royalty aplicable al cobre, al litio y a todas las sustancias concesibles equivalente al 3 por ciento del valor nominal de los minerales extraídos. Adicionalmente, se agrega un impuesto complementario al cobre, de tasa marginal, que grava las ventas a partir de un precio de 2 dólares y hasta un precio de 4 dólares la libra.

Lo que hace esta iniciativa es establecer un impuesto sobre el valor nominal de los minerales extraídos sin considerar las variaciones de costos en el tiempo ni entre yacimientos.

La equivalencia que se produce es que actualmente los impuestos se calculan sobre el margen de utilidad, y con la nueva norma se van a calcular sobre el precio de compra, independiente de los costos, es decir, el proyecto no diferencia entre cobre y otros minerales, los cuales pueden tener costos muy distintos.

Nuestro país debe buscar formas de elevar la producción minera y de aumentar su posición de mercado en el mundo tomando en consideración la tendencia mundial a la transición hacia energías limpias. Contamos con las mayores reservas de cobre y de litio en el planeta y estamos llamados a convertirnos en un actor fundamental para dicha transición.

Además, tenemos que incrementar los niveles de inversión en un sector altamente intensivo en capital y de gran incertidumbre en las primeras etapas de desarrollo de los proyectos; pero debemos hacer todos los esfuerzos para elevar la producción y aumentar la contribución al Estado vía exportaciones, empleos, financiamiento de proveedores e impuestos.

En 2005 se implementó un royalty que consistió en un impuesto específico a la actividad minera que fue modificado el 2010 en virtud de la situación de catástrofe que vivió nuestro país a causa del terremoto ocurrido tal año. En ese entonces el cuerpo normativo se modificó completamente, generando un royalty con una tasa efectiva variable de entre 5 y 14 por ciento respecto del margen operacional, con una tasa marginal que incluso podía llegar a 35 por ciento.

Este proyecto de ley lo que va a provocar es que finalmente Chile pierda competencia en el ámbito minero al reconocer un impuesto que puede llegar a doblar al aplicado en otros países, con la posibilidad de generar efectos adversos en el empleo y la inversión en el rubro.

Además, la carga tributaria va a quedar fuera de rango, debido a que este proyecto de royalty la elevaría hasta un 78 por ciento de la utilidad antes de impuesto, por lo que, de aprobarse la iniciativa, seríamos el país con menos competitividad en la minería en el mundo entero.

Lo anterior va a afectar, obviamente, nuestra acción de competencia en un contexto de creciente demanda por minerales a nivel mundial, explicada en parte por la transición hacia energías limpias.

En materia de empleo, este proyecto generará una pérdida -así se menciona- de hasta 400 mil puestos de trabajo, directos e indirectos. El principal impacto será especialmente negativo para las regiones mineras, porque los empleos que produce la minería se remuneran por sobre el promedio y va a ser muy difícil reemplazarlos en otras actividades. Finalmente, esta gente va a terminar enfrentada a programas de reinserción laboral, con un costo relevante para el Estado que a mí me gustaría saber quién pagará.

Asimismo, este proyecto de ley no tendrá ningún efecto en el corto plazo, por lo que si uno de los objetivos es paliar las consecuencias adversas que la pandemia del COVID-19 ha producido en nuestro país, es importante señalar que el 90 por ciento de la producción de cobre en Chile cuenta con invariabilidad tributaria, por lo que el resultado inmediato que la moción persigue no podría alcanzarse.

A todo lo anterior es necesario agregar los problemas de constitucionalidad, de afectación de principios que conforman nuestro sistema tributario, lo que vulnera el principio de no afectación tributaria, toda vez que se regula el destino que se pretende dar a la nueva recaudación tributaria que se establece y que se entrega a un reglamento que determinará la forma en que se cobrará el impuesto específico, lo cual es manifiestamente improcedente a la luz de los principios que inspiran nuestra legislación tributaria.

Finalmente, debo señalar que este proyecto de ley, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, aplica una carga expropiatoria a las empresas, con lo cual se pone en riesgo la credibilidad y la estabilidad institucional frente a inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, con respecto a una industria que representa más del 10 por ciento de la mano de obra del país.

Por lo tanto, voto en contra.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Durana.

Dejamos con la palabra, a continuación, al Senador García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero aprovechar de saludar al Ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y al mismo tiempo valorar lo que realizó nuestra Comisión de Minería, porque en este proyecto se escuchó a todos quienes quisieron dar a conocer su opinión. Y la inmensa mayoría, para no decir la mayoría absoluta de los que intervinieron, manifestó inquietudes en cuanto a esta iniciativa de ley.

Sin duda, hay algo que es importante transparentar. Las propias empresas, tanto chilenas como extranjeras, dijeron que podían hacer un mayor esfuerzo en comparación con el actual royalty, lo que a mi juicio quedó absolutamente claro en las exposiciones que efectuaron quienes asistieron a la citada Comisión.

Ahora bien, quiero valorar la altura y el respeto que hubo dentro de la referida instancia hacia quienes participaron ahí, a los cuales se les dio la oportunidad de explicar absolutamente todo, con lujo de detalles. La Comisión de Minería siempre ha sido muy seria en esta materia y ha permitido a los expertos explicar su parecer.

En segundo lugar, señor Presidente, deseo señalar que nosotros tenemos que tomar una decisión. Chile es un país minero y tiene que seguir siéndolo, porque la mayor cantidad de recursos que recibe el Estado proviene justamente de la minería, en especial en momentos como los que estamos viviendo, en que tanto Codelco como las otras empresas están aportando al desarrollo económico de la nación. Queremos que Chile siga siendo un país minero, pero, obviamente, a través de una minería verde, respetuosa del medio ambiente, en lo cual hemos tratado de avanzar fuertemente.

Por otro lado, hay temas que deben plantearse.

¿Para qué queríamos originalmente las platas del royalty? Las queríamos para innovación. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cuántos de esos recursos han ido específicamente a innovación o a estudios de innovación.

Sería interesante contar con esos antecedentes, señor Presidente, porque realmente es algo que el Estado no ha cumplido. Me refiero a todos los gobiernos, no estoy hablando de este ni del anterior.

Las platas del royalty originalmente iban a innovación. ¿Qué es lo que queremos? Que vayan a innovación, y también que quede parte de esos recursos en las regiones.

Durante el debate en general de la Comisión se recibió, como bien dije, a múltiples organizaciones y a profesionales con mucha experiencia en la materia.

El Ejecutivo, en concordancia con otras organizaciones, señala que deben estudiarse detenidamente las variables que podrían producir, sin duda, efectos indeseados en la industria, tomando en consideración, como bien han dicho no solamente el Ministro, sino también todos los que han manifestado su opinión contraria en esta sesión, la cuestión de constitucionalidad que afecta al proyecto, y cuya reserva ya ha sido planteada tanto por los parlamentarios como por el propio Ministro, ya que los temas tributarios son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Para entender la discusión y fundamentar adecuadamente el voto, es necesario destacar consideraciones de hecho, jurídicas y mineras.

Este proyecto es inconstitucional, independientemente de las minorías o las mayorías circunstanciales que existan en cada una de la Cámaras. No por existir ahora una mayoría para aprobarlo pasa a ser constitucional. Ese es un tema que, obviamente, complejiza seguir avanzando en este proyecto. Creo que es de iniciativa del Presidente de la República, como hicimos presente junto a otros Senadores, al señalar que el Ejecutivo podía pronunciarse si efectivamente era posible una mejora respecto del actual royalty.

Por otro lado, también vulnera el principio de no afectación tributaria y de legalidad tributaria, ya que entrega a un reglamento -esto es bien extraño- la definición respecto de cómo se va a cobrar este impuesto.

Chile ya cuenta con un royalty. El año 2005 entró en vigencia y establece un impuesto específico a la actividad minera. Y el fundamento fue, justamente, implementar un royalty.

La tasa marginal desde el año 2000, a propósito del estado de catástrofe, llegó hasta 35 por ciento. El actual impuesto específico a la minería reconoce una tasa que varía de acuerdo al margen operacional minero, en el entendido de que mientras el precio del cobre aumenta su valor y suben los costos, mayores son, justamente, el margen operacional de las empresas y el impuesto a cobrar.

En consecuencia, una de las consideraciones de los legisladores al momento de presentar esta moción estaría cubierta. Sin ir más lejos, de haber estado vigente el impuesto específico a la actividad minera durante el superciclo, el Estado de Chile, como bien lo dijo el Ministro, habría recaudado más de 8.600 millones de dólares, en vez de 4.681; es decir, un 85 por ciento más. Lo que ocurre es que en esa época no estaba operando la ley.

Con este proyecto, la carga tributaria queda fuera de rango. De aprobarse tal como está, seríamos el país con mayores impuestos en minería en el mundo. Claramente, eso va a afectar la competitividad en un contexto de creciente demanda de minerales. Justamente al revés: cuando el mundo más requiere cobre y litio nosotros estamos impidiendo muchas veces el incentivo para hacer las inversiones.

En segundo lugar, la generación de empleos. Hay distintas visiones: según algunos, se podrían perder 800 mil empleos; según otros, 400 mil. Pero son sobre 400 mil empleos, tanto directos como indirectos, los que se podrían perder. Y algo similar cabe decir de la competitividad de nuestro país.

En ese sentido, el proyecto afecta fundamentalmente a regiones mineras como la mía y como las del norte.

Recordemos que la minería remunera sobre el promedio, cuestión que sería muy difícil lograr con otras industrias.

En cuanto a la reinserción laboral, señor Presidente, ¿cuánto le costaría al Estado que todas las personas que hoy día trabajan en la minería quedaran cesantes el día de mañana?

Por otro lado, la menor recaudación fiscal, el impacto negativo en el PIB podría generar en el corto plazo una recaudación por la minería privada marginal de alrededor de 2 por ciento, como dijo el Ministro; pero en el mediano y largo plazo la disminución en la actividad podría llegar hasta el 35 por ciento, ¡35 por ciento!, dada la menor producción. Por lo tanto, el PIB minero podría sufrir una caída de hasta 50 por ciento.

El proyecto actual de royalty impacta, además, en la recaudación del IVA, por menor nivel de ingresos y empleo de la industria, lo que neutraliza cualquier mayor recaudación por tributación minera.

Tal como lo han señalado otros Senadores, la invariabilidad tributaria de la mayoría de las empresas se encuentra sujeta al 31 de diciembre del 2023. Por lo tanto, sería absolutamente inaplicable este año y en el 2022. Partiría, en el fondo, a partir del año 2024, prácticamente terminando el próximo Gobierno. Por lo tanto, es un tema que tenemos que entender. Y como los impuestos se pagan un año después, sería el año 2025, 2027 o 2029, dependiendo de la ley que se resuelva.

Lo otro que es importante en la minería -y lo vemos en Codelco- son los costos crecientes, cada día mayores, por la extracción del mineral. Y las leyes de los minerales bajan.

Este proyecto establece un impuesto sobre el valor nominal de los minerales extraídos, y no considera las variaciones de costos en el tiempo, ni la calidad de esos yacimientos.

Desde la creación del impuesto específico a la minería nuestra producción se ha estancado. Seamos francos, si la participación de nuestro país, como lo dijo el Ministro, en el año 2005 era de un 36 por ciento, el año 2019 fue de un 28 por ciento. Es decir, ya estamos perdiendo competitividad, lo que continuará decreciendo con mayores cargas impositivas.

Solo las grandes empresas, y las operaciones mayores podrían soportar escenarios de precios de largo plazo.

El proyecto afecta la viabilidad de futuras inversiones, Presidente. Y lo que no queremos es... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Un minuto, Senador.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Por lo tanto, valorando el esfuerzo que hicieron la Comisión de Minería y su Presidenta, en el sentido de escuchar todos los argumentos, tenemos un tema pendiente: contar con fundiciones y refinerías en nuestro país, algo a lo que inclusive la Presidenta Bachelet se comprometió hace un tiempo atrás. Es un tema pendiente; no podemos seguir entregando la competitividad respecto de la exportación de concentrados.

Creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo le pido al Ejecutivo que en esta materia presente -creo que lo aceptarían el país y el Parlamento- un aumento del royalty actual, para obtener, en definitiva, un avance en la recaudación tributaria.

Muchas gracias, Presidente.

Voto en contra.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador García-Huidobro.

Vamos a dejar con la palabra al Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Gracias, Presidente.

Yo no voy a hablar muy largo, porque voy a referirme más bien a lo que he escuchado; no entregaré ninguna cifra, ningún dato.

Quiero decir que escuché al Senador Guillier. Él viene de una región que tiene un ingreso per cápita mucho más alto que el conjunto del país; está por encima del promedio, dividiendo el producto que se genera en su región. Pero la verdad es que esa región no se diferencia de las otras en cuanto a la pobreza, a la desigualdad; incluso en cuanto a la destrucción del medio ambiente, de lo que voy a hablar a continuación.

Escuché a la Senadora Provoste. Basta con ir a Atacama, fundamentalmente a Copiapó, donde están los deslaves de las mineras ahí, en los cerros; se han formado cerros alrededor de las ciudades, que no son naturales, son hechos por la mano del hombre.

Por lo tanto, debemos reconocer que la industria minera, que es buena para el país -¡es buena para el país!-, que produce riqueza y ha permitido desarrollo -no cabe ninguna duda de ello-, también genera destrucción. Y esta variable debería ser parte de la ecuación con la cual se trabaja el tema minero.

Las mineras vienen a Chile, firman sus acuerdos, pagan sus impuestos, ¡pagan sus impuestos!, y una partida importante de recursos queda, aunque no es tanto como se dice. Por ahí se indica que es el 20 por ciento del PIB. No, no es el 20 por ciento del PIB. Las cifras muestran que es bastante menos que eso la riqueza que se genera realmente. Pero, por último, crean empleo y bienestar, ¡y está bien!, aunque al mismo tiempo destruyen -¡destruyen!-, porque la industria minera es destrucción.

O sea, uno puede decir que también es lícito talar árboles, pero produce destrucción. Y lo que es peor es que los árboles se pueden plantar de nuevo, pero los hoyos y lo que dejan las minas no se pueden plantar de nuevo, no se pueden recuperar. A lo mejor si uno mira los miles y miles de años que lleva nuestra Tierra, de pronto se generan de nuevo; no sé. Pero por lo menos nunca alguno de nosotros verá ninguna manera de haber recuperado lo que se destruyó. Y ese es el royalty que se plantea.

Yo no estoy tan interesado en discutir en qué se va a gastar. Yo lo gastaría en reponer, por lo menos, y en mejorar sustantivamente el medio ambiente, como decía aquí el Senador Girardi. Pero ese no es el punto: el punto es resarcir por lo que se ha roto, resarcir por lo que se ha ido, resarcir porque lo que se ha ido no va a volver. Y realmente me parece que esa es la discusión que estamos haciendo en esta Sala.

He escuchado buenos argumentos en materia constitucional. Hay algunos Senadores que, con entusiasmo, votan que no. ¡Nadie puede votar que no por eso! ¡A nadie puede gustarle votar que no! ¡Si todos sabemos perfectamente que esta es una parte de la riqueza del país que otros países cobran y que nosotros no cobramos! Hay países que cobran estas cosas, hay servicios que cobran estas cosas. La palabra "royalty" no se inventó en Chile. Sin embargo, nosotros, de alguna manera, parecemos resignados porque firmamos los contratos, etcétera.

Creo que esto deberíamos verlo como país; no los que están a favor y los que están en contra, sino determinar de qué manera nos reponemos aquello que se fue y que ya no vuelve. Y no estoy hablando del mineral, me estoy refiriendo al hoyo que dejó, al vacío que dejó, al daño que se produce con la explotación de esos minerales, que en nuestra naturaleza no podrá ser reparado nunca.

Por lo tanto, Presidente, yo llamaría a que no nos pongamos tan economicistas en esto. Agreguemos una nota humana y tratemos de ver cómo podemos recaudar esos recursos que repongan parcialmente lo mucho que nuestra naturaleza ha perdido en todos estos años.

Si me preguntan, claro, lo usaría para los relaves, para la contaminación y para esas cosas. Pero lo fundamental es que Chile se reponga de aquello que ha perdido y que no va a volver a tener.

Voto a favor del proyecto, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Insulza.

Dejamos con la palabra al Senador Rafael Prohens.

El señor PROHENS.- Gracias, Presidente.

El año 2005 un proyecto de royalty entró a este Senado y fue rechazado por ser inconstitucional. Posteriormente, el Presidente Lagos y su Ministro de ese entonces, Nicolás Eyzaguirre, presentaron al Congreso lo que hoy se llama el "impuesto específico a la minería".

El ex Ministro, cuando expuso, señaló que fue invitado por la Comisión por el actual impuesto específico a la minería, que es un royalty. Él afirmó que lo que se está cobrando actualmente como impuesto específico es un royalty solo porque había cambiado la configuración a raíz de que el Congreso no le había dado la aprobación a ese nombre o a ese impuesto en su minuto.

Por tal motivo, Presidente, y tomando como base lo que ocurrió en esa fecha, nosotros sostuvimos en la Comisión que este proyecto era inconstitucional.

Sin embargo, dejando despejado eso, compartimos gran parte de las inquietudes de todos. La mayoría de las empresas que estuvieron presentes dijeron que había espacio para crear un impuesto, para aumentar lo que hoy día teníamos. También se planteó lo que han dicho muchos: que no puede ser un impuesto o un royalty para todas las actividades mineras por igual, sino que debe ser diferenciado por minerales, debido a la rentabilidad de cada una de ellas.

Así se avanzó y, tal como lo dijeron mis antecesores en la palabra, Presidente, lo que más rescatamos es la disposición de todos quienes participaron. La gran mayoría de las empresas mineras que estuvieron presentes, haciendo la salvedad de lo que he planteado, están en la convicción de que hay un espacio para crear esto. Pero nosotros, que juramos por la Constitución, más allá de lo que dice el Senador Insulza -por su intermedio, Presidente- de votar a favor o no, si ya hay un precedente del año 2005, en que este Congreso rechazó una norma que era inconstitucional, mantuvimos esa posición.

Es por eso que seguimos diciendo que el proyecto es inconstitucional, y quiero hacer reserva de constitucionalidad, Presidente, para que quede registrado.

Las grandes jornadas que tuvimos en la Comisión de Minería discutiendo esto, y escuchando a múltiple gente, enriquecieron el debate. En eso quiero ser categórico. O sea, vengo de una región minera y tenemos un impuesto que a estas regiones no les ha servido de nada. El impuesto entra al arca fiscal. Se dijo que era para investigación, desarrollo y un sinnúmero de cosas, pero en las regiones donde estamos no se nota, y consideramos que esto hoy día está diluido en el Presupuesto de la nación.

Por esa razón, en este nuevo proyecto, que esperamos se pueda debatir en segunda discusión en la Comisión, ojalá el Ejecutivo tenga la importancia de sumarse, para poder llevar adelante una iniciativa que es necesaria.

Hay muchas cosas por resolver en las regiones mineras, desde espacios públicos, salud, educación, investigación, desarrollo y un sinnúmero de cuestiones que esperamos que se puedan focalizar con esta nueva carga impositiva que tendrá la actividad minera. Pero lo queremos hacer dentro del marco de la institucionalidad, dentro del marco de la constitucionalidad.

Es por eso que en esta iniciativa, Presidente, en que había casi unanimidad de todos los actores en el sentido de que esto podía ser viable porque el espacio existía, creo que el Ejecutivo debe hacer un esfuerzo en la etapa que vamos a iniciar, en esta nueva discusión, a fin de ver cómo somos capaces de sacar esto en beneficio de las regiones que hoy día están aportando. No queremos ser, Presidente, la caja fiscal del país si no tenemos una retribución. Y considero que ese es el sentimiento de los habitantes de todas las regiones mineras de Chile, más allá de que uno esté en esa actividad o no.

Queremos ser parte del desarrollo del país, queremos crecer, como sucede en otras regiones. Por eso es importante, en esta nueva etapa de la discusión, tener esa mirada: la de los trabajadores del norte. De cada diez jóvenes que salen a estudiar fuera de las regiones del norte, ocho no regresan a ellas. ¿Por qué? Porque no se les entregan los elementos, los espacios y las condiciones para desarrollarse en el tiempo. La mayoría se queda en las grandes ciudades y queremos revertir eso. Pero para hacerlo es importante, Ministro, que este aumento del royalty, si lo consensuamos, sea para las regiones mineras. Porque ya con lo que hay para el país considero que sería suficiente, pero las regiones mineras necesitamos más para salir del estancamiento, del subdesarrollo que tenemos dentro de un país que va en busca del desarrollo.

Presidente, voy a votar en contra del proyecto por su inconstitucionalidad, esperando que en una segunda instancia podamos revertir esto junto al Ejecutivo y sacar un royalty minero que fusione, tal como lo dijo el ex Ministro Eyzaguirre, el impuesto específico y este royalty como uno solo, con la finalidad de tener un royalty para la minería en Chile.

Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Prohens.

Senador Kast, tiene la palabra para fundamentar su voto.

El señor KAST.- Gracias, Presidente.

Estamos discutiendo otro proyecto de ley que claramente es inconstitucional. Porque todos quienes juramos respetar la Constitución sabemos que cualquier norma que imponga, reduzca o condone tributos de cualquier naturaleza es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Es el artículo 65, inciso cuarto, número 1º, de nuestra Constitución.

Por cierto, este proyecto viene a engrosar la dañina cifra de mociones inadmisibles que se han ingresado en los últimos años. De hecho, desde el 2018 al 2020, las mociones inadmisibles pasaron de 13 a 55. Esto es un atentado directo contra la democracia, pues con mayor frecuencia vemos cómo a cierto sector político -desgraciadamente, no solo a uno- no le importa el respeto de las reglas que hemos jurado respetar para la convivencia y el entendimiento compartido. Esto es un grave precedente para nuestra institucionalidad.

Más allá de eso, y entrando en el contenido del proyecto, distintos expertos de la industria minera del cobre nos advierten de que el aumento de la carga tributaria puede afectar la competitividad, dado que significaría un desincentivo para emprender nuevos proyectos y ampliar los actuales. Y si agregamos que nuestro país ya se ubica por encima del costo promedio de operación respecto al resto del mundo, no es difícil suponer que, si seguimos sumando mayores costos a la producción minera nacional, naturalmente, las inversiones se van a ir a otros países mineros más atractivos, como Perú, Canadá o Australia.

Es cierto que se espera que la demanda del cobre aumente en los próximos años, porque se requiere para desarrollar energías renovables, electromovilidad a nivel mundial. Pero hace bien recordar que no somos los únicos proveedores de este producto y, si no ofrecemos buenos incentivos para captar nuevas inversiones y desarrollar tecnologías para ser más eficientes, desgraciadamente, no vamos a aprovechar esta oportunidad de crecimiento.

Si a esto le agregamos la inestabilidad institucional que vive nuestro país, claramente, la situación amerita aún más responsabilidad.

Por supuesto que también es verdad que casi un 25 por ciento de la reserva mundial de cobre está en nuestro territorio. Pero si no generamos condiciones para atraer la inversión necesaria que nos ayude a explorar, extraer, procesar y vender este producto, lamentablemente, nos puede pasar lo que a un país del continente que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo -Venezuela-, pero donde sabemos que hay muy pocos interesados en invertir.

Además, lo peor que podemos hacer es definir políticas tributarias a partir de una coyuntura, especialmente en la industria minera, en que los tiempos de maduración y rentabilidad de las inversiones son a largo plazo. Por lo tanto, tomar decisiones hoy considerando el buen momento del precio del cobre o cualquier hecho temporal, definitivamente, es una mala señal para transmitir seguridad y confianza en la industria.

Por otro lado, si queremos hacer una discusión de fondo, mejor preguntémonos, en serio: ¿cómo afrontamos los desafíos en materia de relaves?, ¿cómo implementamos estrategias para que la industria minera haga un mejor uso de las aguas?, ¿cómo avanzamos hacia una minería sustentable?, ¿cómo somos más productivos?

La Comisión Nacional de Productividad, en su estudio, ya levantó las alertas justamente sobre nuestra ineficiencia en materia productiva.

En resumen, es fundamental que esta discusión la tengamos observando las cargas tributarias que poseen otros países, como Perú, México, Australia o Canadá. Les adelanto que todos ellos tienen cargas tributarias que están alrededor del 40 por ciento. Y en este rango también estamos nosotros. Por lo tanto, no podemos llevarla por sobre 70 por ciento, como plantea este proyecto, porque eso nos deja en una posición realmente muy desventajosa y en un riesgo de que podamos ser finalmente postergados en las inversiones a nivel mundial.

Termino simplemente invitando a los colegas a que nos hagamos la pregunta que tenemos que hacernos siempre: ¿qué es lo mejor para Chile? Y lo mejor para Chile es poder maximizar el valor presente de los ingresos futuros, cuidando nuestro medio ambiente. Y la forma de hacerlo no es simplemente cayendo en el populismo de aumentar los impuestos a un nivel que nos haga que finalmente la recaudación futura y los ingresos, no solamente los actuales, sino los de las futuras generaciones, sean efectivamente lo máximo posible.

Así como en la pandemia hemos hecho caso a los científicos en materia de salud, tenemos que hacerles caso también a aquellos que estudian justamente cómo maximizar los ingresos del país en materia de minería, siempre cuidando el medio ambiente.

Por eso, Presidente, rechazo este proyecto y espero que la Comisión de este Senado esté a la altura de poder arreglarlo.

Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Senador.

Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.

¿Alguna señora Senadora...?

La Senadora señora Rincón está solicitando la palabra, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senadora Rincón, ¿va a fundamentar su voto?

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.

En nuestro país vivimos tiempos de cambio. Estos tiempos de cambio, que han sido acompañados por la ciudadanía, nos exigen nuevos desafíos en materia de derechos. Pero estos derechos de nueva generación, como el derecho a acceder a las tecnologías de la información, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, entre otros, deben ser financiados para que no se transformen en palabras en un papel.

Comienzo con una aclaración. Mucho se ha discutido acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este proyecto. Sin embargo, a mi juicio, se está confundiendo la noción de tributo versus la noción de royalty. El royalty debe ser considerado como la cantidad que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo. De esta manera, se despeja esta discusión, que nada aporta, y nos concentramos en el debate de fondo.

Durante los gobiernos de la Concertación, hasta el 2005, la producción de cobre fue una tasa anual del 9 por ciento, con una inversión de más de 45.000 millones de dólares. No obstante, la participación de nuestro país en el mercado cuprífero ha caído sistemáticamente en porcentaje.

Hemos hecho caso omiso a las sugerencias de cientos de expertos y expertas para darle un valor agregado a nuestra extracción mineral. Ya nos pasó con el salitre y nos ocurrirá con el cobre. Sin embargo, ahora vemos con esperanza que la extracción de litio nos permitirá continuar financiando las necesidades de la ciudadanía.

Por esto, es de primera necesidad que no cometamos los mismos errores del pasado y enfrentemos la regulación de la extracción de litio con altura de miras, teniendo como horizonte darle valor agregado a la industria primaria.

Unido a lo anterior, señor Presidente, está el constante desafío de fomentar la inversión versus recuperar aquello que genuinamente nos pertenece. A nuestro juicio, esa dicotomía no es tal y la inversión privada, a través de la inversión en ciencia y tecnología, en investigación de la extracción, entre otras, no se opone a que como Estado seamos retribuidos y resarcidos de las riquezas que son extraídas desde nuestro suelo.

Señor Presidente, esto no se trata solo de cuántos kilos sacan y cuántos pesos retornan al erario. Este proyecto representa la manera en que nos aproximamos a un modo diferente de tratar la extracción minera en nuestro país.

Se trata de qué país les dejamos a las generaciones futuras. Y ahí recojo las palabras del Senador Kast. Tenemos un tremendo desafío. Las generaciones futuras tienen dos opciones: o nos recuerdan como la generación que terminó de saquear la tierra y que, de paso, la contaminó, dejándola inutilizable, o como la generación que sentó las bases para una nueva forma de hacer país y de una nueva manera de relacionarnos con nuestro entorno.

Por ello, este proyecto no solo se trata de cuánto recuperamos de las riquezas que se extraen de nuestro suelo, sino también de los usos que les damos a esos fondos. A mi juicio, y escuchando a la amplia mayoría de personas que fueron a la Comisión y que son entendidos en este tema, debemos reinvertir esos recursos en investigación y desarrollo de mineral y de nuevas energías renovables no convencionales.

Entiendo el miedo de algunos Senadores y de algunos personeros de Gobierno, quienes ven en este proyecto una amenaza para la inversión privada.

Chile es un país abundante y rico en materias primas. Sin duda, la inversión privada es fundamental para el desarrollo del país. Pero cuando se transforma en una limitante para el desarrollo limpio y sustentable, debemos repensar qué tipo de inversiones estamos recibiendo y quizás mirar otros horizontes donde ya existen inversiones con responsabilidad medioambiental y que miran la sostenibilidad.

También, me gustaría bajar la ansiedad de dichas personas, ya que si utilizamos parte de los recursos del royalty en invertir en nuestra capacidad tecnológica y en darles valor agregado a nuestras importaciones, sin duda, seremos un destino más atractivo para las inversiones privadas.

Con todo, en el proyecto que estudiamos apenas se destina el 0,09 por ciento del total de los recursos percibidos con el royalty para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que claramente tiene que ser mejorado.

Entendemos que el royalty es una forma de compensar a aquellas zonas que han sido históricamente sacrificadas por la industria minera en beneficio de todos los chilenos, pero con gran perjuicio para la calidad de vida de los habitantes de dichos territorios. Este es el momento para reparar ese daño. Pero no hablo solamente de una reparación monetaria y sin retorno, sino de una reparación en que se incentive a los habitantes de las 23 comunas que desde la Primera a la Cuarta Región viven en un constante sacrificio a involucrarse en una nueva minería verde y sustentable. Y buscamos que, finalmente, se cumpla la promesa de que la minería les mejorará la calidad de vida en sus comunas y no a miles de kilómetros de distancia.

Un principio tributario constitucional clásico es el de los fines generales de los tributos y la no aplicación a un uso específico de dichos tributos. Este parece estar grabado en piedra, ya que cada vez que planteamos la destinación específica de algunos tributos a necesidades urgentes existe un grupo de supuestos guardianes de los principios constitucionales y tributarios que no dan mayor argumento que el mismo principio. Hago presente que estos principios pueden y deben ser revisados en pos de la justicia distributiva y la reparación de cientos de territorios, en donde este principio ha llevado a un desequilibrio de grandes proporciones.

Presidente, hago un llamado a nuestros colegas, y sin duda a los que pretenden dirigir nuestros destinos a contar del próximo año, a dejar de mirar la minería extractiva como la billetera de nuestro país y verla como un capital de inversión que no es infinito e ilimitado. Debemos tomar la experiencia de otros países en donde los recursos de segunda y tercera generación, como la industria, la innovación y el comercio, son la base de su riqueza. Chile tiene miles de profesionales, hombres y mujeres, quienes están ansiosos de contribuir al cambio en la matriz productiva de nuestro país. Chile puede hacerlo distinto.

Lo conversábamos con el Senador Soria hace unos días, y claramente queremos que hombres y mujeres de las tierras del norte y del sur donde hay minería sientan que son parte del desarrollo y que también tienen oportunidades y esperanzas.

Por eso, Presidente, respaldo este proyecto, y espero que podamos revisar las modificaciones durante su discusión en particular.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias.

Señor Secretario.

La señora PROVOSTE.- ¿Presidente?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senadora.

La señora PROVOSTE.- Presidente, solo quiero solicitar que la Secretaría pueda confirmar que los colegas que se encuentran en la Comisión Mixta, por el cuarto retiro, puedan venir.

Entiendo que estaban consignadas sus solicitudes de palabra. El Secretario debe tener la lista, para revisar si es que quedan solicitudes de palabra pendientes.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí, Senadora.

Ellos saben que estamos votando el proyecto y algunos ya han votado.

La señora PROVOSTE.- Pero podría reiterarles la Secretaría, ¿no?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.

En relación con lo consultado por la Senadora señora Provoste, hago presente que han emitido su voto todas las señoras y los señores Senadores que se encontraban presentes, con excepción del Senador señor Huenchumilla, quien también había registrado su solicitud de palabra.

Es lo único que se encuentra pendiente, porque los demás Senadores votaron; no se encuentran hoy día en la Sala.

La señora PROVOSTE.- ¿Votaron todos?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí.

La señora RINCÓN.- Votaron todos, Yasna.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- A excepción del Senador señor Huenchumilla.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto de ley (18 votos a favor y 16 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Insulza, Latorre, Montes, Quintana, Quinteros y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Chahuán, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh y Sandoval.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable del Senador Huenchumilla.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a registrar la intención de voto a favor del Senador señor Huenchumilla.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Presidente, disculpe, estaba en la Comisión Mixta. Estamos viendo el cuarto retiro, y justamente estábamos votando.

Entonces, tenía ese problema.

Mi voto era a favor, señor Presidente.

Gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Si quiere puede argumentarlo, Senador; no hay problema.

El señor HUENCHUMILLA.- Gracias, Presidente...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¡Tome aire, tome aire...!

El señor HUENCHUMILLA.- Lo dejaremos para otra oportunidad, porque ya está lista la votación.

Así es que...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Parece que se vino corriendo.

El señor HUENCHUMILLA.- Sí, me vine corriendo.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Dónde están funcionando?

El señor HUENCHUMILLA.- En el tercer piso, en la sala de la Comisión de Constitución.

Así es que, bueno, voté allá; pero no alcancé a votar acá.

Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Para información de quienes siguen la sesión, está funcionando en paralelo, autorizada por la Sala, la Comisión Mixta, de Diputados y Senadores, que está viendo la moción sobre el cuarto retiro.

Esa es la razón por la cual algunos de los colegas están allá.

La señora PROVOSTE.- Plazo para indicaciones.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- No quiero proponer un plazo para presentar indicaciones porque en este momento no existe quorum para acordarlo. Entonces, lo dejamos para mañana.

La propuesta que se nos ha hecho llegar a la Mesa es que sea hasta el lunes 13 de diciembre, a las 12 horas. Pero formalmente podemos tomar el acuerdo mañana, si así les parece.

Senador García.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, Presidente.

Junto con el plazo para presentar indicaciones, yo quisiera solicitar que este proyecto en su discusión en particular sea visto por la Comisión de Hacienda. Claramente, es una iniciativa sobre tributos, que es una materia propia de ese órgano especializado.

Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Así es, señor Senador.

En su discusión en particular pasará a la Comisión de Minería y luego a la de Hacienda.

Habiéndose cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso al oficio que ha llegado a Secretaría.

PETICIÓN DE OFICIO

--El oficio cuyo envío se anunció es el siguiente:

Del señor PUGH:

Al Ministro de Defensa Nacional, a fin de que autorice FINANCIAMIENTO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL REQUERIDO PARA PERÍODOS DE BÚSQUEDA Y SONDAJE DE BUQUE METALERO M/N SANTA FE.

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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.

--Se levantó a las 19:06.

Mario Inostroza Sepúlveda

Jefe de la Redacción suplente