REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 82ª, en miércoles 29 de septiembre de 2021
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 18:02 a 20:20)
PRESIDENCIA DE SEÑORA XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA;
Y SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE, Y KENNETH PUGH OLAVARRÍA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR,
Y EL SEÑOR JULIO CÁMARA OYARZO, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Insulza Salinas, José Miguel
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Von Baer Jahn, Ena
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Castro Prieto, Juan
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Órdenes Neira, Ximena
--Prohens Espinosa, Rafael
--Quintana Leal, Jaime
--Sabat Fernández, Marcela
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Concurrieron, además, presencialmente, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y telemáticamente, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, y la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett Said.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y el señor Julio Cámara Oyarzo, subrogante, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 18:02, en presencia de 30 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Las actas de las sesiones 76ª y 77ª, ordinarias, en 21 y 22 de septiembre de 2021, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores para su aprobación hasta la próxima sesión ordinaria.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Mensaje
De S.E. el Presidente de la República:
Con el que hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado de los fondos previsionales, con los límites y en las condiciones que indica (Boletines Nos 14.210-07, 14.246-07, 14.287-07, 14.293-07, 14.301-07 y 14.307-07, refundidos).
--Se toma conocimiento de la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de reforma constitucional, que modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado de los fondos previsionales, con los límites y en las condiciones que indica (Boletines Nos 14.210-07, 14.246-07, 14.287-07, 14.293-07, 14.301-07 y 14.307-07, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que establece normas sobre acceso a territorios de montaña y cumbres principales (Boletín N° 12.460-20) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero, informa que ha dado su aprobación a la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, número 1°, de la Carta Fundamental, para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías (Boletín N° 13.827-19).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a S.E. el Presidente de la República.
Con el cuarto, da a conocer que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que suprime el rango etario para ejercer el permiso laboral establecido en el artículo 66 bis del Código del Trabajo (Boletín Nº 12.302-13).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a S.E. el Presidente de la República.
Con el quinto, comunica que ha dado su aprobación a la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para dar prioridad, en la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, a los sectores más vulnerables de la población (Boletín N° 13.546-29).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el último, informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago (Boletín N° 12.042-15) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Informes
De la Comisión de Salud y de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas (Boletín Nº 14.336-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos, y facilita su reciclaje o reutilización (Boletines N°s 12.407-12 y 12.821-12, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina (Boletín Nº 13.375-11) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Esos son todos los documentos de la Cuenta, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
A usted, don Roberto.
)---------------(
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que podamos continuar con las votaciones que quedaron pendientes del proyecto de ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Eran tres votaciones, que logramos bajar a dos (dos votaciones separadas y una indicación).
¿Habría acuerdo?
Senadora Von Baer, estamos de acuerdo, ¿no es cierto?
La señora VON BAER.-
Sí.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Así se acuerda.
Son dos votaciones separadas que, entiendo, vamos a hacer en una, y una indicación.
CREACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA SU RETENCIÓN Y PAGO
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Conforme al acuerdo adoptado en la Sala, la señora Presidenta reanuda la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (boletín N° 14.077-18), con informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.077-18) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Su Señoría, cabe recordar que la Sala del Senado inició el estudio de este proyecto en la sesión del día de ayer, oportunidad en la cual fue aprobado en general y en particular, con excepción de las normas respecto de las cuales se presentó una indicación y se solicitó votación separada, quedando pendiente su tratamiento.
En efecto, ayer fue presentada una indicación de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat para incorporar en el artículo 36, contenido en el número 18 del artículo 1 del proyecto, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: "No podrán ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes ni concejales, quienes (tengan) una inscripción vigente en el Registro en calidad de deudores de alimentos".
Al intervenir en dicha oportunidad, la Senadora señora Allende indicó que conforme a una propuesta del Ejecutivo agregaría a su texto lo siguiente en esta disposición: "Para estos efectos, el candidato deberá presentar al Servicio Electoral la certificación del literal b) del artículo 23, acreditando no tener inscripción vigente en el Registro por deuda de alimentos. Dicha certificación no podrá tener una antigüedad superior a cinco días hábiles a la fecha de declaración de candidatura".
Igualmente, señora Presidenta, hago presente que el día de hoy la Senadora señora Allende presentó una nueva indicación, en donde intercala un inciso segundo al artículo 36 del siguiente tenor: "No podrán ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes ni concejales, quienes tengan una inscripción vigente en el Registro en calidad de deudores de alimentos. Para estos efectos, el candidato deberá presentar al Servicio Electoral la certificación del literal b) del artículo 23, acreditando no tener inscripción vigente. Dicha certificación no podrá tener una antigüedad superior a cinco días hábiles a la fecha de la declaración de candidatura".
Al respecto, Su Señoría, hay que recordar que durante el debate de este proyecto el día de ayer todas las disposiciones que no fueron objeto de indicación o solicitud de votación separada fueron aprobadas, tanto en general como en particular, de modo tal que esta indicación significaría una nueva modificación a un texto que ya está aprobado en general y en particular. Para que lo tenga presente.
Del mismo modo, cabe destacar que el mencionado artículo 36 y el inciso segundo que se propone incorporar en dicho precepto requieren para su aprobación de 24 votos favorables, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
Por su parte, en la misma ocasión la Honorable Senadora Von Baer solicitó la votación separada de las siguientes disposiciones: la letra b) del artículo 5 del proyecto, que modifica el artículo 14 de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, que se encuentra entre las páginas 117 y 119 del comparado; y la letra c) del señalado artículo 5 de la iniciativa, que incorpora un artículo 14 bis en la citada ley Nº 20.066, que está en las páginas 120 y 121 del comparado.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 33 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
En consecuencia, hay que consignar que correspondería votar la indicación presentada por las Senadoras señoras Muñoz, Allende y Provoste, en el artículo 36, que intercala un nuevo inciso segundo, del tenor que se indica: "No podrán ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes ni concejales, quienes tengan una inscripción vigente en el Registro en calidad de deudores de alimentos".
Una vez que se vote esta norma, si alcanza el quorum requerido de 24 votos, quedaría también aprobada en particular. En el caso de no alcanzar el quorum, corresponde votar, para aprobarlo en particular, el texto de esta disposición que quedó aprobado en general el día de ayer, sin la indicación señalada.
Posteriormente, correspondería realizar las dos votaciones separadas solicitadas por la Senadora señora Von Baer, que son de quorum simple.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Entiendo que la Senadora Von Baer va a pedir la palabra para explicar sus dos solicitudes de votación separada.
Muy bien.
Senadora Von Baer, tiene la palabra.
La señora VON BAER.-
Gracias, Presidenta.
La votación separada se refiere a dos artículos.
Lo que hace el primer artículo es fijar una pena por maltrato habitual -o sea, en el marco de violencia intrafamiliar- en el caso de que la persona no pague la pensión de alimentos.
Hubo una discusión bastante larga en torno a este tema en la Comisión. De hecho, varios expertos plantearon que no estaban de acuerdo con que se estableciera la pena que está relacionada al maltrato habitual cuando una persona estuviese dentro del Registro de Deudores de Pensión de Alimentos. Y las razones son, básicamente, dos.
La primera es que acá se está optando por un camino, por una lógica para lograr el pago de las pensiones de alimentos. Hay países que han establecido penas de cárcel para aquellos que no pagan las pensiones de alimentos. Y hay otros países que cuentan con un sistema como el que estamos instaurando nosotros en este proyecto de ley, que consiste en generar un registro, y que la persona que está en ese registro sufra una serie de restricciones que luego lleven al pago de la pensión de alimentos. Porque, finalmente, lo que se busca es que se pague la pensión de alimentos.
Por lo tanto, con este proyecto estamos optando por un camino: establecer que la persona que no paga la pensión de alimentos dos veces seguidas o cinco veces no seguidas va a un registro, y que quien se encuentra en ese registro sufra una serie de restricciones. Y, por otra parte, si tiene alguna transacción económica, primero debe pagar la deuda con su hijo.
Entonces, acá estamos optando por el camino que no es el de la pena, que está relacionada, por ejemplo, con el maltrato habitual. El camino por el que se está optando es generar el pago de la deuda de pensión de alimentos. Esa es una razón.
Yo voté en contra porque acá se está mezclando una figura penal que lo que hace es decir: "esto es violencia". Y yo estoy de acuerdo con aquello; yo creo que se ejerce violencia sobre la mujer a través del no pago de la pensión de alimentos. Pero la pregunta es qué queremos proteger primero, y yo creo que acá lo que buscamos es proteger el interés superior del niño. Y el propósito de este proyecto de ley es generar un mecanismo que lleve al pago de la pensión de alimentos. De hecho, este tipo penal se ha utilizado en otros países -por ejemplo, en Perú-, donde ha sido poco eficaz para, finalmente, incentivar el pago de la pensión de alimentos. Y lo que normalmente ocurre es que se incluye este delito de maltrato habitual.
Lo que vamos a tener adicionalmente -y este es el segundo punto- son dos procesos paralelos: por una parte, frente al tribunal de familia, y lo que ocurre es que cuando no se paga la pensión de alimentos la persona termina en el Registro; y, por otra parte, vamos a tener un proceso penal respecto del delito de maltrato habitual.
En consecuencia, vamos a tener, también, una doble sanción, de alguna manera, porque por una parte la persona está en el Registro, por lo que va a enfrentar una serie de trabas administrativas -termino, Presidenta-, que lo que buscan es lograr el pago de la pensión de alimentos, y, por otra parte, paralelamente, se la va a sancionar por segunda vez, porque se va a considerar también que su conducta es de maltrato habitual.
Señora Presidenta, este es un tema bien discutible. Porque yo sí creo que se ejerce violencia sobre la mujer mediante el no pago de las pensiones de alimentos. Pero creo también que es importante optar por un camino, y yo espero que la generación del Registro logre el pago de las pensiones de alimentos.
Esto tiene que ser revisado en la Cámara de Diputados, y en ese sentido creo que hay que pensarlo bien, escuchar a los varios expertos que dijeron que esta era una mala idea. Por eso, yo voté en contra, y lo vuelvo a hacer.
Gracias, Presidenta.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Von Baer.
Saludamos a la Ministra, que está presente.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Efectivamente, este tema fue largamente discutido. Hubo gente a la que le pareció que era mejor no incluir esto como maltrato habitual y la pena que le corresponde, que va de sesenta días a tres años. Ojo, esto no es automático. Se tendrá que cumplir con un requisito: que efectivamente el objeto sea menoscabar o controlar la posición económica de la mujer. Y se tiene que incumplir reiteradamente el no pago de la pensión, al punto de que se debe permanecer más de 120 días en el Registro. O sea, no es menor.
Pero, si bien es cierto que con este proyecto y el Registro estamos buscando encontrar todos los instrumentos que nos permitan disuadir a aquellos que realmente no quieren pagar, que ejercen una violencia contra la mujer y contra el niño, porque es evidente que el no pago de la pensión de alimentos es una violencia económica, hemos reconocido que existe, además de la física y mental, la violencia económica con el afán de controlar, de menoscabar, de humillar a las mujeres, y eso se ha visto constantemente, como lo ratificaban las magistradas.
Me parece importante que podamos incorporar la reiteración. De hecho, el deudor debe estar 120 días en el Registro. O sea, claramente teniendo todas las posibilidades, porque se sabe que puede haber una mediación, que puede concurrir al tribunal de familia, que puede buscar un acuerdo. Pero puede existir una intención de no pago, lo que es gravísimo.
Por lo tanto, es muy importante que reconozcamos esta habitualidad, que se da en estos casos, y que reconozcamos que hay un afán de controlar o de menoscabar a la mujer. Por eso las penas no son tan altas. Es evidente que podría haber una suspensión condicional del procedimiento, o algo así, porque sabemos que en estos casos las sanciones no son altas. Lo importante es que demos una señal.
Si bien es cierto que hemos usado la persuasión, a través de distintos instrumentos que ya han sido mencionados, creemos que también debemos dar la señal de que sí se ejerce violencia económica contra las mujeres, que existe el afán de menoscabarlas, que incluso es un acto de humillación y de control hacia ellas.
En estos casos a nosotros nos parece importante que se asimile en el artículo 14 bis de la Ley de Violencia Intrafamiliar la habitualidad. Es decir, que se pueda llegar a esta figura, pero no de manera automática: tiene que comprobarse que existe esa intención. Además, vuelvo a recalcar: ¡Tiene que estar ciento veinte días en el registro! ¡Ojo! Que para ello tiene que adeudar tres meses consecutivos o cinco meses no consecutivos; o sea, no es menor la voluntad de no pago. Y quiere decir que claramente no le ha hecho mella ningún otro instrumento.
Realmente tenemos que perseguir y lograr terminar con nuestras dramáticas cifras en materia de no pago de pensiones. Nos pareció muy importante -como dije- haber incorporado que también existe este tipo de violencia hacia la mujer, que -repito- no es solo física o mental, sino también económica.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Isabel Allende.
Señor Secretario, entiendo que por procedimiento primero debiéramos votar la indicación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Así es, señora Presidenta.
Correspondería votar la indicación que presentaron las Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat, respecto de intercalar en el artículo 36 un nuevo inciso segundo, del tenor que se indicó:
"No podrán ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes ni concejales, quienes tengan una inscripción vigente en el Registro en calidad de deudores de alimentos".
Como se señaló, corresponde a una norma de quorum especial, que requiere para su aprobación de 24 votos a favor.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿Senador Coloma?
El señor COLOMA.-
Es respecto de esto mismo.
El señor ELIZALDE.-
¿Qué se va a votar, Presidenta?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Vamos a pedirle al Secretario que nos aclare qué se va a votar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sobre esta norma se presentó la indicación de las Senadoras ya individualizadas. Sin embargo, tal como lo indiqué al momento de efectuar la relación, el día de hoy llegó una nueva indicación, formulada por la Senadora Allende, con un texto distinto
Ayer se aprobó en general y en particular todo lo que no fue objeto de indicaciones ni de solicitudes de votación separada.
La norma que se debe someter a votación, con la indicación que se indicó, intercala en el artículo 36 (página 92 del comparado) un nuevo inciso segundo.
Sin embargo, como ya mencioné, hoy se ha enviado una nueva redacción por parte de la Senadora Allende; pero ayer esto fue votado, y solo quedaron pendientes las votaciones de indicaciones y solicitudes de votaciones separadas que se aceptaron de manera previa a la apertura de la respectiva votación.
Por lo tanto, esta nueva indicación alteraría el proceso acordado.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Coloma, tiene la palabra.
El señor COLOMA.-
Me tocó ver en la Comisión de Hacienda este proyecto, junto con usted, Presidenta, y siempre fuimos entusiastas en generar una forma harto más drástica para cobrar las pensiones alimenticias.
Incluso entendimos la lógica de que había que aceptar cambios en materia civil muy relevantes, como no poder sacar pasaporte o carné de identidad. Y generamos un incentivo, en el sentido de que el juez determinara cada seis meses si existe la necesidad de poseer estos activadores civiles para generar ingresos, a efecto de pagar la pensión.
O sea, supongo que hay claridad respecto de que estamos haciendo un esfuerzo, generando un antes y un después, en materia de pensiones.
Pero con la misma convicción, Presidenta, tengo una duda sobre esta norma, particularmente en sus impactos constitucionales. Porque la Constitución dice quiénes pueden o no ser candidatos. Es un tema bien delicado, porque estamos hablando de una cuestión diferente, que a mi juicio -no sé qué piensa el Secretario o la Mesa- tendría que verse mediante una reforma constitucional, porque escapa a la búsqueda del pago de pensiones de alimentos, materia que yo comparto plenamente.
Para eso se han establecido un montón de normas que tienen un sentido de funcionamiento en la sociedad. Me pareció inteligente, audaz ¡bien audaz!, ojalá que no genere controversia, pero ya que hay un porcentaje tan alto de personas que no pagan la pensión, el hecho de que no puedan sacar carné de manejar, pasaporte o sufran retenciones de toda naturaleza creo que va en el sentido correcto.
Pero manifiesto esa duda respecto del tema constitucional, porque en la Carta Fundamental están las inhabilidades acerca de quiénes pueden o no ser candidatos, quiénes pueden elegir o ser elegidos. Entonces, quiero plantearlo, porque no sé si sigue la línea constitucional adecuada.
Insisto: he sido no solamente partidario del asunto, sino que incluso con usted, Presidenta, nos tocó redactar indicaciones para darle sentido a la explicación de las normas.
Es eso lo que quería plantear como discusión previa.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Coloma.
No sé si está presente el Ministro de Justicia, porque ayer conversé con él, a raíz de la indicación de la Senadora Allende...
Senadora, le doy la palabra de inmediato.
Quiero hacer una precisión de contexto: ayer hablé con el Ministro de Justicia, y me señaló que la indicación de la Senadora Allende, tal como estaba planteada, no cabía aprobarla. Pero, si se modificaba la redacción, sí habría acuerdo del Ejecutivo.
Lo anterior lo pueden ratificar la Senadora Allende y el Ministro, que no sé si está presente.
Como quedó pendiente el tema y no se ha abierto la votación, estamos en discusión en general y en particular, cabe que la Senadora Allende presente la indicación.
Ese es el contexto.
Le doy la palabra a la Senadora y -repito- no sé si el Ministro de Justicia se encuentra por ahí.
La señora ALLENDE.-
... (falla de audio en transmisión telemática)...
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Ahora tiene activado el micrófono, Senadora.
La señora ALLENDE.-
Les explico: ayer se dijo con claridad, yo misma intervine diciendo que habíamos presentado una indicación, firmada por las Senadoras Provoste, Muñoz, Sabat y la que habla, para proceder con el agregado al artículo 36. Sin embargo, también ayer señalé que el propio Ministro de Justicia me había mandado un mensaje, lo especifiqué en la Sala para que existiera claridad.
Esta no es una indicación nueva. Lo que se hace en el fondo es agregar lo que el Ministro de Justicia me sugirió; no es que lo anterior estuviera mal, sino que de alguna manera el agregado hace más completa, más clara la redacción.
La indicación nuestra solo decía que no podrían ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes ni concejales quienes tengan una inscripción vigente en el Registro en calidad de deudor de alimentos.
Hasta ahí era nuestra indicación. Lo que es nuevo, lo que redactó el Ministro es: "Para estos efectos, el candidato deberá presentar al Servicio Electoral la certificación del literal b) del artículo 23, acreditando no tener inscripción vigente. Dicha certificación no podrá tener una antigüedad superior a cinco días hábiles a la fecha de declaración de la candidatura".
Es decir, lo que he hecho es incorporar -y avisé ayer- la redacción sugerida por el Ministro, con la que estoy de acuerdo, porque lo que hace es concretar más nuestra indicación. Ese es el objetivo principal.
Y tal como está, nos parece que es absolutamente aprobable.
Le quiero clarificar al Senador Coloma que si el propio Ministro me manda esta redacción resulta evidente que estaba de acuerdo con el asunto y solo busca precisar qué condiciones tiene que adjuntar el candidato al Servicio Electoral, como la certificación de no presentar deuda de alimentos. Es todo lo que se agrega, lo que no implica que estuviera en contra del fondo, y es muy importante, ¡muy importante!, aclararlo.
Porque, al final, estamos diciendo que no se trata de cualquier candidatura, sino que estamos hablando a niveles municipales y de gobiernos regionales. No nos metemos, quiero especificarlo una vez más, con la candidatura presidencial ni las parlamentarias, porque eso sí requiere una reforma constitucional, la cual, por cierto, ya se presentó. Eso va por otro carril.
Aquí estamos hablando de candidaturas municipales y de gores.
El Ministro estaba de acuerdo con el asunto y solo precisó lo que el candidato debe presentar ante el Servicio Electoral: la certificación del literal b) del artículo 23, acreditando no tener inscripción vigente, la cual no podrá tener una antigüedad superior a cinco días hábiles a la fecha de declaración de la candidatura.
Nos parece que con ese requisito se hace perfectamente posible la candidatura.
Y repito: solo es aplicable para el nivel municipal y de gores, porque para las otras situaciones no está contemplado.
Entonces, queda claro que no hubo ningún cuestionamiento al fondo del asunto, por las dudas que manifiesta el Senador Coloma.
Por eso, Presidenta, no solo quiero entregar esta aclaración, sino que quiero invitar a que aprobemos la indicación como está presentada, que ha sido reafirmada por el Ministro de Justicia en el día de ayer.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Allende.
Yo no sé si está el Ministro de Justicia, o la Ministra de la Mujer, o si alguien pudiera intervenir.
Ministra Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género).-
Muchas gracias, Presidenta.
Efectivamente, lo que explicó la Senadora Allende sucedió así. El Ministro de Justicia revisó el asunto y, tal como está presentada ahora, la indicación es constitucional.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Bueno.
Vamos a votar, entonces, la indicación presentada por la Senadora Allende el día de hoy.
El señor BIANCHI.-
¿Está dentro del plazo?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Sí, está dentro del plazo.
La señora EBENSPERGER.-
¿Qué cosa?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
La indicación se va a votar de acuerdo a la normativa que nos rige. Fue presentada antes de iniciar la votación del artículo respectivo.
Por lo tanto, se puede someter a votación. Hemos chequeado el tema con la Secretaría, y no hay problema.
Someteremos a consideración, entonces, la indicación.
La señora VON BAER.-
¿Me permite?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Presidenta, solicitamos que nos pueda dar una opinión la Secretaría respecto a lo que plantea el Senador Coloma. Nosotros tenemos una duda razonable y queremos votar correctamente.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Perdón.
Senador, ¿puede repetir su duda, concisa y precisamente?
El señor COLOMA.-
De manera precisa, quisiera saber si esta materia no requiere algún tipo de reforma constitucional, o eventualmente un quorum especial, porque la indicación modifica las normas de elegibilidad de los candidatos, y el derecho a elegir y a ser elegido...
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Efectivamente, es de quorum especial.
Eso está claro.
El señor COLOMA.-
¿Y no afecta ningún ámbito constitucional?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Vamos a revisarlo, Senador Coloma, de inmediato.
El señor COLOMA.-
Esa es mi consulta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
La norma es de quorum, y eso está claro.
El señor ELIZALDE.-
Requiere cuatro séptimos.
El señor COLOMA.-
Estoy planteando una duda.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Presidenta, tengo entendido que la norma se refiere a los requisitos para candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes o alcaldesas, concejales.
Y esos requisitos están establecidos en las respectivas leyes orgánicas constitucionales.
A mi entender, sería una norma de quorum.
Lo que está establecido en la Constitución son los requisitos para ser candidato a Presidente de la República y a parlamentarios.
Y eso sí obviamente requeriría regularse en la Constitución.
Pero el caso de los candidatos a otros cargos de elección popular está regulado en las respectivas leyes orgánicas constitucionales.
Como técnica legislativa, lo óptimo sería establecer el requisito en la ley orgánica respectiva, de manera tal que al momento de revisar los requisitos para ser candidato apareciera este.
Yo comparto plenamente, en todo caso, la propuesta de la Senadora Allende.
Pero ante la consulta del Senador Coloma, señalo que es una materia que a mi entender requiere quorum, y que corresponde establecerla en la ley orgánica constitucional respectiva.
No se trata de una reforma constitucional, reitero, porque no se refiere a los requisitos para ser candidato a Presidente de la República o a parlamentario.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Creo que tenemos la misma interpretación respecto del tema. No hay dos miradas.
La señora VON BAER.-
¡Le creo al Senador Elizalde!
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿Le cree?, Senadora Von Baer.
¡Vamos a consignarlo...!
La señora VON BAER.-
¡No en todo...! ¡En eso nomás...!
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¡Ah, solo en eso...!
Ya.
Sometemos a votación, entonces, la indicación.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Clarificado el tema: la Senadora Allende presentó la indicación el día de hoy y requiere quorum especial para su aprobación.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se encuentra abierta la votación en la Sala.
Votar "sí" significa aprobar la indicación presentada por la Senadora señora Allende el día de hoy, votar "no" implica rechazarla.
Se encuentra abierta también la votación electrónica.
Reitero: "sí" es aprobar la indicación que intercala un inciso segundo al artículo 36 del siguiente tenor:
"No podrán ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes, ni concejales quienes tengan una inscripción vigente en el registro en calidad de deudores de alimentos.
"Para estos efectos, el candidato deberá presentar al Servicio Electoral la certificación del literal b) del artículo 23, acreditando no tener inscripción vigente. Dicha certificación no podrá tener una antigüedad superior a cinco días hábiles a la fecha de la declaración de candidaturas".
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿Está pidiendo la palabra, Senadora Von Baer?
La señora VON BAER.-
Sí.
Gracias, Presidenta.
Nosotros seguimos creyendo, en parte, al Senador Elizalde, pero queremos dejar establecido en el informe que vaya a la Cámara de Diputados lo que señala la Constitución en el artículo 111, y cito: "La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las causales de inhabilidad, incompatibilidad", etcétera.
Y dado que se dice específicamente que la "ley orgánica constitucional respectiva establecerá las causales de inhabilidad, incompatibilidad", lo que habría que hacer, entonces, es cambiar la ley orgánica constitucional que se refiere a las votaciones populares y escrutinios. Y eso no se está haciendo con esta indicación.
Entonces, que quede consignado en el informe para que en la Cámara de Diputados lo que se haga es presentar una indicación a la Ley Orgánica de Votaciones Populares y Escrutinios. Eso es lo primero.
En segundo lugar, por lo menos a mí me parece que, dado que estamos estableciendo este requisito para todas las elecciones, menos para las de parlamentarios y Presidente, lo que tenemos que hacer es realizar una reforma constitucional para que, efectivamente, esta misma inhabilidad se aplique para Presidente y parlamentarios. De lo contrario, es bastante incomprensible que una persona que tiene una deuda con sus hijos no pueda ser concejal, pero sí pueda ser Presidente de la República o parlamentario.
Por lo tanto, Presidente, nos parece una buena idea, pero creo que vamos a tener que solucionar el punto de una manera distinta, y quisiéramos que quedara así consignado en el informe para la Cámara de Diputados.
Gracias, Presidenta.
Yo voy a votar a favor, pero...
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senadora Von Baer, yo comparto lo que usted ha señalado y el Senador Elizalde quiere hacer una propuesta en ese sentido.
La señora VON BAER.-
Ah, muy bien. Escuchamos atentamente al Senador Elizalde entonces.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Y luego intervendrá la Senadora Allende, que quiere complementar.
Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Presidenta, yo entiendo que estamos de acuerdo con la propuesta de la Senadora Isabel Allende, con el fondo.
El tema es cómo hacerlo con una técnica legislativa que sea indubitada, que no genere controversia.
Porque efectivamente, como dice la Senadora Von Baer, está el tema del quorum, que es de ley orgánica constitucional. Pero adicionalmente, el óptimo, lo que yo dije es que la técnica legislativa más idónea era que la respectiva ley orgánica constitucional agregara una nueva letra como requisito adicional para la elección de las autoridades: la Ley Orgánica de Municipalidades, por un lado, y la Ley de Gobiernos Regionales, por otro. Ese sería el óptimo.
Entonces, yo no sé si la Senadora Isabel Allende está disponible para que se trabaje en una indicación que no genere esta controversia, porque alguien podría alegar el día de mañana que, si bien se aprobó con el quorum especial, no está en la ley orgánica constitucional respectiva.
Es un tema formal, pero alguien podría plantear que no es el sentido cuando se señala en la Constitución que esto debe estar regulado en la ley orgánica constitucional respectiva.
Yo no se si es posible trabajar un perfeccionamiento de la indicación de la Senadora Allende, entendiendo que hay una amplia mayoría -me da la impresión de que hay unanimidad- para aprobar la propuesta de la Senadora. O sea, nadie está cuestionando el fondo, pero lo único que digo es que lo hagamos de la mejor forma para que efectivamente se acoja la propuesta de la Senadora Isabel Allende.
Tengo entendido que este proyecto está en segundo trámite. Entonces, lo óptimo sería que lo resolviéramos en el Senado y no que eventualmente tuviera que pasar a la Cámara, porque si la Cámara lo aprueba tal como va, se va a generar esta controversia, y si lo rechaza, habrá una Mixta, que podría ser innecesaria.
Entonces, le consulto a la Senadora Isabel Allende si está disponible para que perfeccionemos la indicación.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Le vamos a hacer la consulta a la Senadora Allende. Y requeriríamos unanimidad para poder arreglar esto ahora.
Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidenta, estando todos de acuerdo en el fondo, y yo creo que es una indicación muy importante -no era una indicación solo mía, pues ya señalé que era junto con las Senadoras ya mencionadas, a lo que agregué lo que dijo el Ministro-, entiendo lo que se está provocando.
Quiero, sí, hacer un paréntesis y aclarar -lo dije, pero lo voy a repetir- que ya se presentó una reforma constitucional para que este tema lo abordemos también a nivel presidencial y de parlamentarias.
Lo que sí me parece es que podemos arreglar esto, haciendo una indicación rápidamente, para ponerlo en las Leyes Orgánicas tanto de Municipalidades como de Gobiernos Regionales, para que no haya ninguna duda al respecto y se pueda aplicar. Yo me allano a eso. Si nos dan un tiempo, podemos suspender el tratamiento de este punto aquí y lo retomamos en quinces minutos, media hora, en fin.
Podemos dejar pendiente aquello, porque yo creo que vale la pena. Como nos encontramos en el segundo trámite, y como señala muy bien el Senador Elizalde, es mejor dejarlo arreglado aquí. Yo no pensé que esto podría tener esta derivada, porque el Ministro de Justicia en ningún caso me lo hizo ver. Pero me parece bien que nos aseguremos, porque en el fondo lo que queremos es elevar los estándares y no permitir que haya candidatos que están en el Registro, o sea, que no están pagando; eso es, ni más ni menos.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
El Senador García está pidiendo la palabra.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Yo quería sugerir que nos diéramos un tiempo hasta el próximo martes para redactar mejor.
Me parece que estamos bastante de acuerdo en el fondo de lo que proponen las Senadoras. Sin embargo, pienso que, por ejemplo, también debiéramos consultar al Servel sobre el certificado con una antigüedad máxima de cinco días extendido por el Registro. Yo no sé si eso va a ser posible. Espero que esto no vaya a significar que finalmente a última hora nos empecemos a dar cuenta de que hay personas que no van a cumplir un requisito tan importante como ese y los va a dejar fuera. Quizás debiéramos pedir un certificado de una antigüedad de treinta días. A mí me parece que cinco días es muy poco tiempo y puede traer muchas dificultades. Estamos hablando de inscripción de miles de candidaturas, pues nos estamos refiriendo a candidatos a concejales, que son muchos a lo largo y ancho del país.
Ello, además de corregir, porque también me parece bien lo que ha planteado el Senador Elizalde, que la inhabilidad vaya en la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios y no en esta ley especial.
Yo creo que esos aspectos y probablemente otros los debiéramos ver con un poquito más de anticipación. No estoy pensando en que esto se alargue innecesariamente, pero creo que de aquí al próximo martes podríamos tener las indicaciones revisadas por los organismos correspondientes.
Esa es mi sugerencia, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Señor Secretario, pido que tome votación a los colegas que están de manera telemática y que no se han pronunciado aún.
La Senadora Von Baer me ha pedido la palabra.
La señora VON BAER.-
Presidenta, tenemos un problema real. Lo que queremos todos es que esto salga. Entonces, la propuesta que yo le hago a la Senadora Allende -por su intermedio, Presidenta- es que presentemos un proyecto de ley que se haga cargo solo de este tema, de las candidaturas presidenciales, parlamentarias, de concejales y de alcaldes, para que se solucione bien el problema. Porque, de otra manera, no alcanzamos a presentar la indicación en este minuto.
A ello sumo las consideraciones que hacía recién el Senador García, en el sentido de que se necesita consultarle bien al Servel para que no existan problemas luego con la presentación de candidaturas.
Entonces, mi sugerencia es que dejemos la votación tal como está y que luego se presente un proyecto. Y les pedimos -por su intermedio, Presidenta- al Ministro Larraín y a la Ministra de la Mujer que le pongan urgencia a esa iniciativa, a fin de que no ocurra que esta quede durmiendo el sueño de los justos, sino que nos preocupemos todos de que efectivamente salga lo antes posible.
Esa es una manera de solucionar el problema, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidenta, veo que llegó el Ministro Larraín. Y, como lo expliqué ayer y lo reiteré ahora, la modificación es una sugerencia que él me indicó para hacer más preciso el punto. Pero como está el Ministro Larraín, podemos hablar. Lo que sí quiero reiterar es que ya presentamos una reforma constitucional, que es algo distinto. Y entiendo que el espíritu, el fondo todos lo compartimos, como lo hizo el Ejecutivo. Por algo me mandó el Ministro Larraín la redacción ayer, que, como dije, precisa, complementa, pero en ningún caso era contraria a la idea de la indicación presentada por las Senadoras.
Entonces, si quiere, le preguntamos al Ministro Larraín.
Yo considero que, en los términos en que está, cinco días hábiles es un tiempo suficiente. Lo que entiendo que genera una duda, por eso es bueno escuchar al Ministro Larraín, es si es necesario o no efectivamente hacer una señal hacia la Ley Orgánica de Municipalidades y la de Gobiernos Regionales en el sentido de que como requisito para presentarse a candidato alguien no puede estar en el Registro Nacional de Deudores.
Me gustaría saber la opinión del Ministro a ese respecto, más que entregar una decisión mía. Porque, evidentemente, como lo dije desde ayer mismo, me pareció muy bien el aporte que hace el Ministro, quien en ningún caso cuestionó la indicación. Me parece que estamos todos de acuerdo en el fondo y queremos que esto se cumpla.
Ahora, sí deseo recalcar que la reforma ya la presentamos en términos de lo que es necesario. Porque sí es necesaria una reforma constitucional para las elecciones de Presidente y de parlamentarios.
Pero aquí estamos hablando no solamente de una reforma constitucional, sino también de la Ley Orgánica de Municipalidades y la de Gobiernos Regionales. Ministro, le consulto -por intermedio de la Presidenta- si es necesario o no aludir a esto o se puede hacer en la indicación. Lo único que hice hoy día fue agregar a la indicación que habíamos presentado con las Senadoras lo que el Ministro me había propuesto. Lo digo porque el Ministro no estaba presente al inicio de la sesión.
Creo que es bien importante escuchar al Ministro y de ahí tomamos la decisión.
Quiero reiterar -me parece que es el ánimo general- que todos entendemos el fondo, que todos lo compartimos, que todos comprendemos la necesidad de elevar los estándares y que no podemos aceptar las candidaturas desde el nivel municipal, de gobierno regional y, a través de la reforma constitucional, presidencial y parlamentario con gente que tenga deudas, que esté en el Registro Nacional de Deudores.
Si le parece, le consultamos al Ministro, Presidenta. Y también está, por supuesto, la Ministra.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora.
¿Ministro?
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Gracias, Presidenta.
Les ruego me disculpen por no haber podido estar. Tenía un compromiso del que no me era posible ausentarme. Y estaba muy inquieto porque es nuestro máximo interés y máxima prioridad, con la Ministra Zalaquett, a quien aprovecho de saludar, que este proyecto se apruebe lo antes posible.
Respecto del tema, si entiendo bien, la observación quizás más simple de despejar es la que se refiere a los cinco días, porque nosotros tendremos un Registro que va a estar en línea. Esto debe estar permanentemente actualizado. Se va a ir actualizando mes a mes porque los jueces tendrán la obligación de hacer las liquidaciones mensuales. Por lo tanto, deberán comunicar al Registro cada vez que haya algún cambio de la situación de algún deudor. Y una vez que se haya pagado la deuda o se haya establecido un acuerdo de pago serio y suficiente, va a tener que cancelar ese registro y sacarlo de inmediato.
Por lo tanto, si está en línea, el Registro Civil podrá entregar esa información al Servel sin mayor problema. Este último debe hacer muchas revisiones, y las tendrá que hacer con el tiempo necesario dentro del período de declaración de candidaturas hasta que estas son aceptadas.
Así que ese problema, que entiendo se discutió, no es el más relevante.
El problema que se ha levantado, y es una discusión razonable, es por qué les estamos exigiendo esto a algunos candidatos y no a otros.
Y yo entiendo que la razón tiene que ver con una situación práctica. No es que no se quiera pedírselo a los otros, sino que como para exigírselo a los otros se requiere una reforma constitucional, entonces, por lo menos avancemos en aquellos que no la requieren, que son los que están incorporados en la indicación.
A nosotros nos parece bien la indicación. Queríamos hacer esto, pero precisamente porque se trataba de una reforma constitucional, no lo incorporamos.
Sin embargo, para evitar esa eventual discusión de la igualdad ante la ley o de la discriminación, pensando en que esta norma, si se convierte en ley, no se aplicará durante las próximas elecciones de noviembre y diciembre -operará en las futuras elecciones municipales, que deberían ser en tres o cuatro años más, y en las siguientes elecciones de gobernadores, de parlamentarios y de Presidente, que serán en cuatro años más-, tal vez pueda ser una solución para apurar el tranco de este proyecto que nos urge el que trabajemos una reforma constitucional completa. Yo comprometo a que el Gobierno le puede dar la máxima prioridad para asegurar que una iniciativa de esta naturaleza salga dentro del actual período legislativo y hacer una reforma constitucional hecha y derecha que nos permita resolver todos estos temas debidamente. Lo señalo porque no va a tener aplicación inmediata.
En consecuencia, dejemos lo que hay, porque no se olviden de que todos los cargos de elección popular pasan ahora a ser parte de la aplicación del Registro Nacional de Deudores. Porque si un parlamentario, un alcalde, un gobernador tiene deudas alimentarias, debe pagar la pensión de inmediato, decretada por el juez, deben retenerle esa cantidad y, además, un porcentaje de su sueldo va para pagar la deuda acumulada, el stock de deudas.
Por lo tanto, la suma de esos elementos permitirá, dependiendo del tamaño de la deuda y del sueldo de la persona, en un tiempo corto o mediano terminar con esa situación. Pero el tema de fondo es que no queremos autoridades electas que tengan deudas alimentarias. Es, por así decirlo, indecente.
Y si esto nos complica por situaciones constitucionales o de discriminación, bueno, hagamos un proyecto especial, completo. Lo hacen ustedes, las mismas personas autoras de esta indicación o quienes estimen, y nosotros las apoyamos para darle la máxima celeridad a la tramitación.
Es lo que puedo sugerir, si les parece esa fórmula, esa opción.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Ministro.
Colegas, tenemos que tomar una decisión.
Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidenta, coincido completamente en lo que estábamos hablando con el Ministro, en el sentido de que aquí lo urgente es sacar este proyecto, no queremos que continúe esta conducta que tenemos en Chile, en donde, lamentablemente, no se paga la pensión alimenticia, con la gravedad que esto implica.
En aras de facilitar la situación, estoy de acuerdo, por lo que la reforma constitucional que nosotros presentamos la perfeccionaremos para incluir todos los casos, ahí vemos cómo lo vamos a hacer, dado el compromiso que estoy viendo de parte del Ministro para darle el máximo apoyo y celeridad, lo cual agradezco.
Efectivamente nunca se pensó en aplicar estas medidas para la próxima elección. Eso está claro, porque el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos va entrar a funcionar un año después de publicada la ley.
En aras de facilitar que saquemos adelante este proyecto, que además tiene urgencia de "discusión inmediata", y por la importancia del tema, yo me allano a esa solución y le tomo la palabra al Ministro. Con las Senadoras y quienes se sumen, plantearemos una reforma constitucional -ya presentamos una, pero la vamos a revisar-, con el apoyo del Ejecutivo para darle celeridad. Es importante darle una señal al país en esta materia.
De ese modo, despejamos todas las dudas razonables que se pudieron haber presentado. Creo que eso es lo mejor.
Lo único que pido ahora es un compromiso, Ministro, para tramitar esa reforma más rápido. No quisiera que sean las típicas reformas constitucionales que duermen y después, desgraciadamente, no se aplican. Más que nada, importa la señal que le estamos dando al país respecto del estándar que debemos exigir.
¡Cómo es posible que un candidato en cualquier nivel de representación popular, desde un concejal al Presidente de la República, tenga deudas de pensión alimenticia, si estamos diciendo que eso es violencia hacia la mujer, violencia económica, una forma de menoscabo!
Yo me allano a lo propuesto y espero el compromiso del Ministro.
Por lo tanto, Presidenta, solo nos faltaría la votación separada, y con eso ya quedaría listo el proyecto.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Les pedimos unos minutos, colegas.
Estamos resolviendo un tema reglamentario, para poder tomar una decisión.
--(Pausa prolongada).
Está claro que hay acuerdo en la necesidad de legislar en esta materia y en tener un texto que sea indubitado respecto de cómo proceder y general a efectos de no causar ningún tipo de interpretación, con el fin de que no quede algún tipo de candidatura fuera de esta norma, que debiera aplicarse a todos los cargos de elección popular.
Yo entiendo que existe voluntad para legislar en ese sentido y que el Ejecutivo respaldaría un proyecto de esa naturaleza.
Entonces, les pido a las autoras de esta indicación -y yo me sumo gustosa, aunque no alcancé a suscribirla, y supongo que aquí hay más de alguna que también estaría dispuesta a hacerlo- que presentemos esa reforma y le damos una tramitación expedita, con el compromiso de la Sala de que, una vez despachada por la Comisión de Gobierno -lo vería dicha instancia-, se pondrá en el primer lugar de la tabla correspondiente.
¿Hay acuerdo unánime de la Sala en ese sentido?
La señora VON BAER.-
Sí, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Así se acuerda.
Muchas gracias.
Vamos a concluir la votación, entonces.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En la Sala han votado quienes están presentes y también lo han hecho de manera electrónica quienes se encuentran participando a distancia.
Vamos a efectuar la respectiva consulta a quienes no han votado de forma electrónica.
¿Senador señor García-Huidobro?
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vota a favor.
Gracias.
¿Senador señor García-Huidobro?
¿Senadora señora Goic?
La señora GOIC.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
¿Senador señor Huenchumilla?
El señor HUENCHUMILLA.-
A favor, también.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
¿Senador señor Montes?
¿Senador señor Moreira?
¿Senador señor Soria?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Terminada la votación.
Y nos quedaría una más.
--Por no reunir el
quorum
constitucional exigido, se rechaza la indicación formulada al artículo 36, contenido en el número 18 del artículo 1 del proyecto (18 votos a favor y 15 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Órdenes, Provoste y Sabat y los señores Araya, Bianchi, Castro, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Navarro, Prohens y Quinteros.
Se abstuvieron las señoras Aravena, Ebensperger, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana y Sandoval.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Por no haberse alcanzado el quorum, y entendiendo que hay un acuerdo unánime de esta Sala, se da por rechazada la indicación.
Secretario, vamos a la votación separada de las dos normas que solicitó la Senadora Von Baer, a quien le voy a pedir que las explique brevemente, para luego procederlas a votar sin discusión.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
La Senadora señora Von Baer solicitó la votación separada de la letra b) del artículo 5 del proyecto, que modifica el artículo 14 de la ley N° 20.066, y la letra c) del mismo artículo, que incorpora un artículo 14 bis en la referida ley.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senadora Von Baer, tiene la palabra.
La señora VON BAER.-
Gracias, Presidenta.
Esta fue la primera argumentación que hice, cuando empezamos la discusión del proyecto hoy en la tarde.
La razón por la cual voté en contra fue porque muchos especialistas dijeron que no era buena idea poner un tipo penal para castigar a aquellos que no paguen las pensiones de alimentos, dado que, por una parte, se mezclan dos conceptos y, por otra, habría una doble sanción: la relacionada con estar en el Registro y la del delito de maltrato habitual.
Por tanto, voto en contra.
Gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
A usted, Senadora.
Se abre la votación, sin discusión.
Los que están por aprobar esas normas votan a favor, y los que están por rechazarlas, según lo que ha dicho la Senadora Von Baer, votan en contra.
--(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se encuentra abierta la votación en la Sala y también está habilitada la votación electrónica.
Vamos a consultar a las señoras Senadoras y señores Senadores que se encuentran a distancia y que aún no han votado electrónicamente.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
En contra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota en contra.
Senador señor García Ruminot, ¿cómo vota?
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
En contra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
En contra.
Senador señor Girardi, ¿puede prender su cámara para validar su voto electrónico?
--(El Senador señor Girardi enciende su cámara).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Goic, ¿cómo vota?
La señora GOIC.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
Señora Presidenta, el problema de votar sin discusión, por lo menos en mi caso, es que solamente escuché la fundamentación que hizo la Senadora Von Baer, en el sentido de que aquí habría una doble sanción.
Como no hubo una contraparte para escuchar el argumento contrario, me encuentro en la situación de no tener todos los elementos de juicio para tomar una decisión.
En efecto, jurídicamente hablando, no puede haber dos sanciones. Hay un principio consagrado en el artículo 63 del Código Penal a ese respecto. Pero no sé si se trata de eso exactamente.
En esas condiciones, no sé si la Senadora Allende puede explicar el punto. Si no, tendría que abstenerme.
Presidenta, ¿usted permitiría que la Senadora pueda argumentar?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Está pidiendo la palabra la Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidenta, yo había explicado que las integrantes de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género -y en esto estamos todos de acuerdo- consideramos que el no pago de la pensión de alimentos es un acto de violencia económica hacia la mujer, es un acto de violencia de género e, incluso, hacia los niños, porque son ellos los afectados.
Todos estamos de acuerdo en que el Registro de Deudores y todos los instrumentos que se establecen son para disuadir o incentivar el pago de pensiones.
Sin embargo, creemos que, cuando efectivamente no se paga, se ejerce violencia económica, además de física y mental. ¡Es violencia económica hacia la mujer! Eso obedece a un afán de menoscabo, lo que significa, por supuesto, humillación a la mujer.
Lo que hemos dicho es que, cuando una persona, pese a existir todos estos instrumentos, permanece más de ciento veinte días en el Registro Nacional de Deudores -consideremos que están en el Registro quienes adeudan tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas- y no paga, para nosotros es asimilable a lo que se considera maltrato habitual de violencia intrafamiliar en el artículo 14, lo que significa que puede tener una pena que va de los sesenta días a los tres años.
Esto es como una señal respecto del actuar de una persona, que tiene todos los instrumentos a disposición, porque existen los tribunales de familia, los acuerdos, las mediaciones, la posibilidad de acercarse y decir "Tengo problemas", en fin. No hay una aplicación automática de las normas: se tiene que demostrar una intencionalidad de menoscabo, la cual hemos visto muchas veces y en muchos casos. Incluso hemos hablado de que hay gente que llega a traspasar sus bienes a terceros con tal de evitar el pago.
En resumen, que el deudor permanezca ciento veinte días seguidos en el Registro demuestra que hay una intencionalidad de no pagar, sobre todo si, además, no está usando ninguna de las posibilidades que existen para cumplir con esa obligación (como dije, acuerdos, etcétera). En tal caso, se asimila su conducta al maltrato habitual como forma de violencia intrafamiliar, y por esa razón, puede haber una penalidad. Ahora, es difícil de aplicar porque, evidentemente, son penas bajas: de sesenta días a tres años.
De eso se trata, de dar una señal cuando ya hemos dicho que existe claramente un menoscabo.
Aquí lo importante -se lo digo al colega Huenchumilla- es que hemos incorporado -es un tema bien relevante y estuvimos todos de acuerdo en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género- el concepto de que existe violencia económica cuando hay intención de menoscabo, cuando hay intención de no pago, pese a disponer de todas las posibilidades ya dichas. Como indiqué, se puede recurrir a los tribunales de familia. De hecho, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados estuvo de acuerdo. Ellos entienden perfectamente que siempre hay posibilidad de acercarse y decir: "Mire, ahora he tenido este problema; voy a pagar así" o "Han disminuido mis ingresos". Siempre se tiene esta opción.
Se va a crear este Registro Nacional, el cual mes a mes se va a ir automatizando. Ustedes se darán cuenta de que este instrumento estará al día cada mes respecto al pago o no pago. Entonces, si en ciento veinte días el deudor no ha pagado, claramente hay una intencionalidad de menoscabo hacia la mujer, y ese es un acto de violencia. Por eso lo consideramos asimilable a lo que se entiende por maltrato habitual, pudiendo esa persona recibir una penalidad por ello, que puede ir -no es automático- de sesenta días a tres años.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Allende.
Senador Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Presidenta, comprendo perfectamente las razones, según lo ha explicado la Senadora Allende, pero me parece que ahí tenemos un problema con la tipicidad del delito.
Por lo tanto, me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Abstención.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.-
Presidenta, yo entiendo que muchas veces, por razones de tiempo, se procede a la votación sin haber hecho la discusión. Y cuando uno está en modo telemático -pero esto se acaba pronto; entiendo que esta sería una de las últimas sesiones telemáticas que vamos a tener-, el asunto es más delicado.
Quiero señalarle que veo aquí una contradicción muy grande entre lo que se dice y lo que se hace.
Muchas veces a nosotros nos acusan de populismo penal.
Entiendo las razones para persuadir a la gente a pagar las pensiones adeudadas. En eso estamos todos de acuerdo. Pero de ahí a decir que el no pago de una pensión es un acto de violencia intrafamiliar, oiga, yo encuentro que lamentablemente no se ajusta a la realidad. Muchas veces he escuchado a la gente de la Comisión, especialmente al Senador Huenchumilla, hablar en torno a la penalidad que deben de tener las cosas y a la coherencia que debe existir con la pena, y yo creo que en este caso no corresponde la forma como se está planteando.
Aquí veo a la Izquierda muy preocupada de las penas -quizás no es el momento, pero solo menciono el titular-, y resulta que cuando se trata del aborto libre, de matar a un niño que está por nacer, ahí no hay ninguna penalidad, sino solo una ley que ampara una licencia para matar.
En virtud de lo mismo y de la incoherencia, me voy a abstener, y lo haré exclusivamente porque quiero que salga una ley que permita que aquellos que no pagan las pensiones alimenticias reciban sus sanciones; pero decir que eso es violencia intrafamiliar a mí me parece que no corresponde a lo que significa una pena de esa naturaleza. Porque el día de mañana yo también me puedo sentir agredido por una mujer por su tono de voz, por lo que me dice, pues las presiones psicológicas las tenemos todos.
No. Creo que aquí aquello no corresponde, y por eso me voy a abstener; porque si votara en contra, se entendería mal y al otro día se sacaría un titular que diría: ¡Moreira se opone a castigar a los que no pagan!
Por lo tanto, me voy a abstener.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senadores, falta una persona que vote.
Si todos se siguen absteniendo, vamos a tener que repetir la votación, y todavía nos queda pedirles la unanimidad para dar por aprobado el artículo que se indicó.
Entonces les pido, por favor, que revisen su votación para los efectos de poder terminar la tramitación de este proyecto.
Senador Soria, falta usted. ¿Cómo vota?
El señor SORIA.-
Voto a favor, Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
Senador señor García Ruminot, ¿cómo vota?
El señor NAVARRO.-
¡Presidenta!
La señora RINCÓN (Presidente).-
Cortito, Senador Navarro.
De verdad, se nos están yendo los Senadores y este proyecto va a fracasar.
El señor GARCÍA.-
Presidenta, lo que me ocurre es que, más que una diferencia, creo que tengo una derivación con lo que señala la Senadora Allende.
Quien cuenta con los ingresos para pagar una pensión de alimentos y no lo hace me parece que incurre en violencia; quien no paga porque no tiene trabajo o porque no percibe ingresos a mi juicio se halla en una situación enteramente distinta.
Entonces, si sancionamos a todos de la misma manera finalmente vamos a tener condenadas por violencia intrafamiliar a personas que no son violentas, pero que enfrentan graves problemas para encontrar trabajo o para generar un ingreso.
Creo que debiéramos distinguir entre ambas situaciones, y como la norma no lo hace, prefiero abstenerme.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias.
¿Senador Navarro? Y con él entiendo que terminamos la votación.
El señor NAVARRO.-
Presidenta, está claro que hay observaciones al respecto, y pareciera ser una medida extraordinariamente dura.
Yo he votado a favor, porque creo que se debe hacer todo lo posible para proteger a las madres con relación al no pago de las pensiones alimenticias. Pero en cuanto a la inhabilidad por el no pago de pensiones, debo decir que hay un proyecto de ley de mi autoría que busca establecer, en el caso de la Presidencia de la República y en el de Senadores y Diputados, que quienes tengan recursos en paraísos fiscales, eludiendo y evadiendo impuestos, no pueden ser candidatos. Es decir, las inhabilidades para los altos cargos de la nación también tienen que estar en otras áreas, porque eludir impuestos significa restar recursos para brindar apoyo social a los más vulnerables.
Entonces, se va a crear una desproporción fuerte, porque por no pagar la pensión alimenticia puede haber una inhabilidad para ser candidato a Presidente de la República, a Senador o a Diputado -porque los puede haber-, ¡pero para no pagar las pensiones las personas pueden tener todo su dinero en paraísos fiscales!
En cuanto a los paraísos fiscales, al Presidente Piñera le he escuchado declaraciones en el extranjero diciendo que está de acuerdo con que haya sanciones duras para quienes tienen su dinero en paraísos fiscales, porque es plata lograda en Chile, ganada en Chile, que luego va a parar a Islas Caimán, a lugares donde no se pagan impuestos, y con los impuestos se realizan, por cierto, los apoyos a los sectores más pobres y que más necesitan. De manera que esa también debiera ser una causal.
La contradicción que habrá es que no pagar una pensión alimenticia constituirá un impedimento para presentarse como candidato, pero no lo será para quien tiene toda su fortuna en paraísos fiscales.
Yo voy a votar a favor, porque me interesa fortalecer esta normativa; sin embargo, hago esa observación, y espero que el proyecto que hemos presentado al respecto avance en este Senado.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
¡Tierra para los mapuches!
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Navarro.
El Senador Huenchumilla estaba pidiendo la palabra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Senador señor Huenchumilla?
El señor HUENCHUMILLA.-
No. Estaba escuchando el debate y viendo qué pasa con la votación para tomar una decisión definitiva, ya que la señora Presidenta dijo que había muchas abstenciones.
Pero quiero ver el resultado de la votación, para saber si es necesario que vote de nuevo o no.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay.
Gracias, Senador.
Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Terminada la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Resultado de la votación: por la afirmativa, esto es, por aprobar las letras b) y c) del artículo 5 del proyecto, cuya votación separada se solicitó, 17 votos; por la negativa, 14; abstenciones, 4.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón y Sabat y los señores Araya, Bianchi, Elizalde, Girardi, Insulza, Latorre, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Ossandón, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron los señores Chahuán, García, Huenchumilla y Moreira.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
De conformidad con el artículo 178 del Reglamento, las abstenciones inciden en el resultado, motivo por el cual hay que repetir la votación instando a quienes se han manifestado por la abstención a que opten por alguna de las otras dos opciones: a favor o en contra.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Secretario.
Tenemos cuatro abstenciones.
Pregunto a los Senadores que se abstuvieron si mantienen o cambian su voto.
Vamos a tomar la votación rápidamente.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se encuentra abierta la votación en la Sala. Y vamos a abrir la votación remota.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Señor Secretario, pregunte a quienes están participando de esta sesión de manera telemática.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Está abierta la votación electrónica, e inmediatamente vamos a hacer la consulta.
Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?
Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?
¡Ah! Votó electrónicamente.
El señor ALVARADO.-
Voto en contra. Lo hice electrónicamente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sí; ya lo registramos electrónicamente.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
Senador señor García, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA.-
Voto en contra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota en contra.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Voto en contra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota en contra.
Senador señor Girardi, ¿cómo vota?
Votó electrónicamente.
¿Puede prender la cámara para validar su voto electrónico?
Bien.
Senadora señora Goic, ¿cómo vota?
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
Mantengo mi abstención.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Abstención.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.-
Voy a tener que votar en contra nomás.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vota en contra.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senadora señora Goic, ¿cómo vota?
La señora GOIC.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Terminada la votación.
¿Cuál es el artículo que se aplica en este caso, cuando hay "discusión inmediata" y empate, señor Secretario?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El artículo 182 del Reglamento.
Resultado de la votación: por la afirmativa...
Está cerrada la votación.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Está cerrada la votación, lamentablemente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Resultado de la votación: por la afirmativa, esto es, por aprobar ambas normas, 14 votos; por la negativa o rechazarlas, 14; abstenciones, 1.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Rincón y Sabat y los señores Araya, Bianchi, Elizalde, Girardi, Insulza, Latorre, Navarro, Pizarro, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Moreira, Ossandón y Pugh.
Se abstuvo el señor Huenchumilla.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La abstención nuevamente incide en el resultado, y, dada la urgencia que tiene este proyecto para su tramitación, se aplica el artículo 182 del Reglamento, por lo que debe procederse a una nueva votación.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
En votación.
Por favor, les pido a todos los Senadores que voten.
Está esperando, y doy todas las excusas del caso, el Colegio de Abogados de Valparaíso -tierra de mi padre-, su Presidente, don Alejandro Gómez Cortés, y su Vicepresidenta, señora Aída Haleby.
Muchas gracias por la paciencia.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vamos a proceder a consultar inmediatamente a Sus Señorías.
Han votado electrónicamente la Senadora señora Allende, el Senador señor Alvarado, la Senadora señora Sabat y la Senadora señora Van Rysselberghe.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
Senador señor García, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA.-
En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
En contra.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
En contra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
En contra.
Senador señor Girardi, ¿cómo vota?
Senadora señora Goic, ¿cómo vota?
La señora GOIC.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
Presidenta, considerando que de acuerdo con la votación registrada anteriormente fui la única abstención, con el objeto de resolver esto, no obstante no estar de acuerdo con la tipificación del delito, ya que creo que es muy compleja la forma como se plantea -estoy hablando desde el punto de vista jurídico-, y con la esperanza de que esta materia pueda arreglarse en las instancias posteriores de la tramitación de este proyecto, voy a votar a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Huenchumilla vota a favor.
El Senador Girardi votó electrónicamente, pero apagó la cámara y no se le puede validar el voto, por lo que tendría que prenderla nuevamente.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.-
Frente a esta disyuntiva, tengo que votar en contra nomás.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vota en contra.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El Senador señor Quintana votó electrónicamente.
La Senadora señora Sabat igual.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las letras b) y c) del artículo 5 del proyecto (15 votos a favor y 13 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Rincón y Sabat y los señores Araya, Elizalde, Galilea, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Chahuán, Coloma, Durana, García, García-Huidobro, Moreira, Pugh y Sandoval.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay.
Nos falta someter a consideración el artículo que fue indicado, si no me equivoco es el 36, en que debemos recabar la unanimidad para darlo por aprobado.
Si le parece a la Sala, lo aprobaremos unánimemente.
Enciendan las cámaras.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Para los efectos de dejar constancia en la Versión Oficial, debo señalar que en la votación anterior, en la que se aprobaron las normas que se votaron separadamente, el resultado fue de 15 votos a favor y 13 en contra. Puntualizo esto porque antes había señalado que eran 14 votos en contra.
Ahora vamos a dejar constancia de los Senadores presentes para dar la unanimidad requerida.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Entonces, se entiende aprobado el artículo 36 con 25 votos.
--Por unanimidad, se aprueba el artículo 36 (25 votos a favor), quedando el proyecto aprobado en particular y despachado en este trámite.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Con esto queda despachado el proyecto.
)---------(
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Gracias, Presidenta.
En nombre de las Comisiones unidas de Hacienda y de Educación y Cultura, le pido que recabe la autorización correspondiente para discutir en general y particular -estamos todos de acuerdo- el proyecto de ley que establece reajuste de remuneraciones y otros beneficios a los educadores parvularios financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Es para que puedan discutirlo en general y particular en el trámite de primer informe a fin de verlo y despacharlo la próxima semana.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿Les parece a Sus Señorías?
Así se acuerda.
)---------(
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Entonces, pasaremos a la hora de Incidentes.
¿Alguien más?
La señora EBENSPERGER.-
El Ministro.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¡Ah, Ministro, perdón!
Tenemos esperando a nuestros invitados desde hace mucho rato. De modo que le pediría que fuera muy breve, para poder proceder con el homenaje programado.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Presidenta, solo para decir: ¡muchas gracias!
El proyecto que se acaba de aprobar es de crucial importancia para la Ministra de la Mujer, para mí y para el Gobierno, y también para todas las Senadoras y todos los Senadores. Y creo que se ha hecho un gran trabajo.
En tal sentido, quiero agradecer y felicitar a la Comisión que lo vio, presidida por la Senadora Allende, y a todos los que han hecho posible que esto avance con la rapidez con que se ha hecho.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Muchas gracias a usted, Ministro, a la Ministra de la Mujer y a todo su equipo, y también a los Senadores y Senadoras.
HOMENAJE A COLEGIO DE ABOGADOS DE VALPARAÍSO
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Vamos a darle la palabra al Senador Francisco Chahuán, quien rendirá homenaje al Colegio de Abogados de Valparaíso.
Están presentes -como ya lo había dicho, y doy nuevamente las excusas del caso a Sus Señorías- su Presidente, señor Alejandro Gómez Cortés, y su Vicepresidenta, señora Aída Haleby Cury.
Senador Francisco Chahuán, tiene la palabra.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso... (falla de audio).
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Mientras solucionamos el tema técnico, le pido al Senador Kenneth Pugh que me reemplace en la testera para ir a una reunión.
¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Kenneth Pugh, en calidad de Presidente accidental.
El señor CHAHUÁN.-
¡Ahí sí!
Gracias.
Señora Presidenta del Senado; señor Vicepresidente de la Corporación; señor Presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, don Alejandro Gómez Cortés; señora Vicepresidenta de su Consejo Directivo, doña Aída Haleby Cury, quienes nos honran con su presencia; Honorable Sala:
En la segunda mitad del siglo XIX la ciudad de Valparaíso atravesaba por un gran auge comercial y mercantil derivado del importante comercio marítimo que se ejercía en su puerto. Ya existían entonces algunos juzgados de letras, en los cuales litigaban un significativo número de abogados, la mayoría de ellos avecindados en la ciudad, a quienes se los conocía como "Abogados del Foro de Valparaíso" o "Cuerpo de Abogados de Valparaíso".
Aun cuando no existía una asociación normada de estos profesionales, con el tiempo comenzó a surgir la idea de organizarse como colegio, al igual como se había intentado años antes en la ciudad de Santiago. Valga recordar a este respecto que ya en el Imperio romano se formaron las primeras agrupaciones de profesionales, en lo que se conoció como el "Collegium Togatorum", en la época de Ulpiano, que unía a los hombres que defendían los derechos en juicios. Estas asociaciones se fueron multiplicando más tarde, especialmente en la Edad Media, para la defensa de los intereses comunes.
En toda Europa se extendieron estas corporaciones profesionales con similares objetivos; paralelamente, nacieron las reglamentaciones y requisitos para formar parte de ellas.
La colegiatura obligatoria para los colegios de abogados nació en la primera mitad del siglo XIV en Francia, y en 1617 se instituyó para los abogados españoles. Por otra parte, las barras de abogados de Inglaterra, Inns of Court, ya tenían normas sobre ingreso y desempeño de la profesión.
Fue así como en el mes de julio de 1880 se hizo un primer intento de formar el Colegio de Abogados de Valparaíso, en una reunión que fue presidida por el destacado abogado don Juan de Dios Arlegui, quien quedó comisionado para redactar las bases de la institución.
Sin embargo, pese al entusiasmo inicial, esta idea no fructificó plenamente y no se constituyó el colegio proyectado.
En el mes de mayo de 1885 se registró un segundo intento para conformar esta corporación mediante una reunión a la cual se convocó con dicha finalidad en la primera compañía de bomberos de la ciudad, en la cual, igualmente, se conformó una comisión de abogados para redactar los estatutos.
Pero, lamentablemente, esto tampoco se concretó.
Como la actividad judicial había sufrido un incremento sustantivo con la creación de la Corte de Apelaciones, en el año 1892, gracias al decidido impulso de un relator de dicho tribunal, se hicieron unas reuniones previas destinadas a conformar el colegio para elaborar anteproyectos de estatutos hasta que el 8 de septiembre de 1901, en una sala de la Corte, se reunieron muchos abogados previamente convocados, celebrándose la sesión de constitución del Colegio, aprobándose sus estatutos y eligiéndose el primer directorio que fue presidido por Juan de Dios Arlegui.
Cabe destacar que en aquella época se crearon dos cursos de leyes en la ciudad. A saber, el Curso de Leyes de los Sagrados Corazones de 1894, que era una extensión del colegio de la Congregación del mismo nombre, y en el año 1911 se fundó el Curso Fiscal de Leyes, que era una extensión del Liceo Fiscal, hoy conocido como "Eduardo de la Barra".
Ambos cursos tuvieron muy buenos profesores, que fueron destacados abogados de la plaza y miembros del Poder Judicial, tanto de los juzgados como de la Corte de Apelaciones, y de sus aulas egresaron alumnos muy destacados.
El Curso de Leyes de los Sagrados Corazones pasó posteriormente a integrarse como Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, en el año 1947, y el Curso Fiscal se integró en la década del 60 a la Escuela de Derecho de la entonces Sede Valparaíso de la Universidad de Chile, hoy Universidad de Valparaíso.
Después de su fundación, el colegio también sufrió algunos altibajos en su funcionamiento, pero finalmente logró obtener su personalidad jurídica en el año 1923, y se eligió su directiva definitiva, que quedó conformada por su Presidente, Jorge Valenzuela; el Vicepresidente, Aurelio Cruzat; el Tesorero, Eliseo Rojas; el Secretario, Norberto Ladrón de Guevara, y los directores señores Rafael Luis Barahona, Eduardo Carvallo, Rodolfo Valdivieso, Elías González y Federico Rudolf.
En el año 1924 se pudo obtener la habilitación de una sala de la Corte de Apelaciones para que sirviera de sede del Colegio de Abogados, donde se efectuaban sus reuniones corporativas.
En el año 1925 se dicta el decreto ley N° 406, que estableció la denominada "Ley de los Colegios de Abogados", y que sería sustituido más tarde por la ley N° 4.409, en el año 1928. De acuerdo a esta normativa, los colegios de abogados pasaron a tener una regulación de jerarquía legal, convirtiéndose en personas jurídicas de derecho público.
Por otra parte, se le otorgó una estructura nacional, esto es, que no solo existieran los colegios aislados a nivel provincial, sino que además se estableciera un Consejo General de la orden, con residencia en Santiago. El ámbito de cada colegio sería el territorio jurisdiccional de la respectiva Corte de Apelaciones.
La colegiatura era obligatoria para el ejercicio de la profesión. ¡Cuánta falta hace volver a la colegiatura obligatoria en muchas profesiones, particularmente también en el ámbito del derecho! Dicha característica se inscribía fielmente en el hecho de que el régimen aplicable a los colegios era el de derecho público en lo relativo al ejercicio de sus facultades de dignificación y supervigilancia del ejercicio profesional y disciplinario.
El Colegio de Abogados de Valparaíso funcionó estupendamente bien durante este período, ejerciendo a cabalidad las funciones que le eran propias y contando con gran cantidad de asociados. Destacados abogados formaron parte de sus consejos directivos.
Sin embargo, mediante la dictación de la ley N° 3.163, de 1981, se estableció que a partir de su vigencia los colegios profesionales tendrían el carácter de asociaciones gremiales, y pasarían a regirse por el decreto ley N° 2.757, el cual establecía que no podía ser requisito para el ejercicio de su profesión u oficio, ni para el desempeño de un cargo de cualquier naturaleza, el estar afiliado o pertenecer a un colegio profesional; que los colegios ya no podrían resolver los conflictos que surgieran entre profesionales, ni establecer aranceles ni honorarios.
Dicho cuerpo legal fue complementado posteriormente por el decreto ley N° 3.621, del mismo año.
Cabe mencionar que la muy importante acción social que desarrolló el Colegio de Abogados de Valparaíso se ejerció a través de los consultorios jurídicos para personas más vulnerables, los que funcionaban de manera gratuita desde el año 1932 en todas las comunas de la región, y fueron también incrementándose de manera paulatina, con secciones civiles y penales, donde los egresados de Derecho hacían su práctica profesional bajo la supervisión de abogados especialistas en las respectivas materias, con gran acogida de los usuarios a los que correspondió atender.
Pero el año 1981 se promulgó la ley N° 17.995, que creó tres Corporaciones de Asistencia Judicial, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Biobío, con las mismas funciones, cesando, en consecuencia, la actividad de los consultorios ya mencionados, que tan buenos servicios habían prestado a la comunidad.
Por otra parte, cabe señalar que en el año 1999 la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso creó el Centro de Arbitraje y Mediación de Valparaíso, con el objeto de proporcionar a los operadores económicos un organismo expedito, un procedimiento adecuado y personas expertas para resolver cualquier problema que requiera una intervención judicial.
Dicha entidad, después de 15 años de funcionamiento, decidió que fuera traspasada al Colegio de Abogados de Valparaíso, lo que se concretó en el año 2014, y actualmente prosigue su labor a plena satisfacción de los usuarios.
También en el año 1978, por la idea de la destacada abogada doña Lidia Hogtert López, nació al alero del Colegio de Abogados de Valparaíso la Asociación de Damas de Abogados de la Quinta Región, que, además de sus respectivos ejercicios profesionales, desarrolló muchas obras sociales, especialmente entre la niñez desvalida, y se mantuvo como tal hasta que falleció su impulsora y única presidenta en el año 2000.
De igual modo, el Colegio de Abogados de Valparaíso patrocinó en 1975 la creación del Club Deportivo de Abogados y Egresados de Derecho de Valparaíso, que contó con cinco ramas deportivas, a saber, fútbol, tenis, pimpón, básquetbol y juegos de salón.
La disciplina más activa fue la del fútbol, que participó en diversos campeonatos de empresas privadas, servicios públicos y reparticiones ligadas al Poder Judicial, tales como personal de notarías, receptores, docentes universitarios, clubes de abogados de otras regiones y alumnos de diversas casas de estudios superiores. Participó también en encuentros internacionales con entidades congéneres en diversas ciudades de las Repúblicas de Argentina y del Uruguay.
Todo ello contribuyó a crear una sana confraternidad entre profesionales del Derecho del Cono Sur, creándose diversos proyectos en beneficio de la comunidad.
El Colegio de Abogados de Valparaíso ha contado desde sus inicios con destacados profesionales que se han desempeñado en diversos cargos gubernamentales de servicios públicos, parlamentarios, del Poder Judicial y como docentes universitarios, en los cuales han destacado y han adquirido, muchos de ellos, prestigio nacional e internacional.
Actualmente, representa también a los colegios de abogados del país en el Consejo Directivo de la Academia Judicial, la cual imparte cursos de formación y perfeccionamiento para los miembros del Poder Judicial y postulantes a sus cargos.
Asimismo, cabe mencionar el acuerdo Nº 66 del colegio, del año 1996, mediante el cual se destacó que la Corporación anualmente conferirá, en un acto público, un reconocimiento a aquel colegiado que, habiendo ejercido la profesión por más de cincuenta años, se haya destacado en cualquier rama de la abogacía, la cátedra universitaria o el servicio público y cuya trayectoria sea intachable y ejemplar. Hasta la fecha, han sido veintisiete los abogados colegiados que han recibido anualmente este justo reconocimiento a su destacada trayectoria profesional.
Mención especial quisiera hacer de nuestro máximo héroe nacional, el capitán Arturo Prat Chacón, quien también fuera abogado y que, si bien no fue miembro del Colegio de Abogados de Valparaíso por haber fallecido antes de su creación, ejerció igualmente su profesión en una pequeña oficina de la ciudad cuando el tiempo se lo permitía, compatibilizándolo con su cargo de Oficial Ayudante en la Gobernación Marítima de Valparaíso.
Prat atendió a muchos clientes con singular esmero y dedicación, y algunos años después de su muerte en la epopeya de Iquique también fue homenajeado por el colegio, donde se destacó su trayectoria profesional, cuya directiva entregó sendos obsequios a su viuda Carmela Carvajal, y se efectuó un reconocimiento al abogado héroe.
En el Colegio de Abogados de Valparaíso se guarda celosamente un ejemplar de su memoria de prueba, titulada Observaciones a la lei electoral vijente. Ya en ese entonces se estudiaban y se reestudiaban los efectos de la ley electoral.
El Colegio de Abogados de Valparaíso es una institución señera de nuestra ciudad, al igual que la Cámara de Comercio y el Cuerpo de Bomberos.
Durante su extensa trayectoria, el colegio ha emitido muchas publicaciones jurídicas destinadas a difundir las modificaciones legales entre sus asociados, y asimismo ha efectuado múltiples encuentros de carácter académico en conjunto con las facultades de derecho de la plaza, sobre diversas materias de interés jurídico y con prestigiosos exponentes, sobresaliendo especialmente aquellas relacionadas con las diversas reformas implementadas en las últimas dos décadas, tales como la procesal penal, la de justicia laboral y la de familia.
También ha efectuado aportes en Comisiones Legislativas, donde se han debatido múltiples proyectos de ley en este Congreso.
Asimismo, el Colegio de Abogados de Valparaíso ha participado activamente en la formación de los candidatos a la Convención Constitucional, entregándoles importantes aportes en esta trascendental materia.
No cualquiera institución cumple 120 años, ¡120 años!, superando todas las adversidades que debió enfrentar, como es el caso de este Colegio, que hace 40 años debió sufrir la pérdida de su carácter de corporación de derecho público y el control ético de sus asociados, que debían cumplir con la filiación obligatoria para el ejercicio de la profesión.
Pese a todo ello, el Colegio de Abogados de Valparaíso ha podido cumplir cabalmente con su trayectoria, conjugando fielmente los cambios en los tiempos con los principios contenidos en los estatutos aprobados en el año 1901, que rezan textualmente: "Velar por el honor de la profesión y porque se conserven en ella los principios de probidad y delicadeza que le sirven de base; mantener la independencia de la profesión y fomentar la unión de los que la ejercen; procurar se corrijan las malas prácticas y procedimientos irregulares o rutinarios en la administración de justicia (...) y la protección mutua de todos sus miembros".
Felicito al Consejo Directivo del Colegio, liderado por su Presidente, un gran amigo: Alejandro. ¡Gracias por estar presente y por esta tremenda función!
A mi amiga Aída Haleby, que siempre ha destacado, no solamente en las funciones del derecho, sino que también en su actual cargo de jueza de policía local de la comuna de Puchuncaví, pues nunca ha dejado de ser una abnegada profesional.
Quiero felicitarlos porque en el último tiempo han logrado un mayor y mejor acercamiento con la ciudadanía, haciendo uso de las nuevas tecnologías para exponer sus puntos de vista sobre el acontecer del país, como una forma de reflexionar, junto a la comunidad, sobre los diversos sucesos que acontecen diariamente y que son de interés para la nación toda.
Además, como colegiado, soy uno de ustedes y me siento orgulloso de ser parte del Colegio de Abogados de Valparaíso.
Por ello, formulo mi deseo para que sigan cumpliendo muchos años más al servicio de nuestra región y del país, aportando desinteresadamente con su experiencia, más que centenaria, en los diversos ámbitos del derecho y la justicia.
No puedo terminar estas palabras sin hacer un reconocimiento no solo a mis amigos que hoy nos acompañan y que realizan una tremenda función, Aída y Alejandro, sino también a Anita Albornoz Stevens, ¡quien cumplió labores de secretaria del colegio durante 84 años, desde los 16 hasta el día que falleció, en el 2020!
Sin lugar a dudas, Anita representa el sentir y la devoción al Colegio de Abogados, que no cualquiera puede tener hacia una institución. Anita fue un ejemplo de ese cariño, esa abnegación y ese trabajo permanente.
Por eso, en nombre del Congreso Nacional; de la Mesa directiva de nuestra Corporación, encabezada por su Presidenta, la Senadora Ximena Rincón, y por su Vicepresidente, don Jorge Pizarro; de nuestro Presidente accidental, compañero de distrito -nosotros siempre señalamos que somos la combinación perfecta entre el marino y el abogado, ¡y que juntos somos Arturo Prat...!-; de la Unión Demócrata Independiente y de todas las bancadas parlamentarias, formulo los deseos de que sigan trabajando en esta señera actividad.
Saludo también a sus múltiples expresidentes, entre ellos Juan Carlos Manríquez, Jorge Abbott, Raúl Celis, Waldo del Villar Mascardi y Alfredo Mateluna, por mencionar tan solo a algunos de ellos.
Finalmente, señor Presidente, solicito que se haga llegar copia de esta intervención al Colegio de Abogados de Valparaíso.
Estos 120 años de historia se construyeron en Valparaíso, cuando nuestra ciudad era el centro de la actividad mercantil, el centro de la cultura arquitectónica, el centro de la información a través de la formulación del diario más antiguo de habla hispana: El Mercurio de Valparaíso. ¡Acá en Valparaíso surgió este Colegio de Abogados que hoy cumple 120 años!
Estoy cierto de que el trabajo mancomunado de Alejandro, de Aída y del resto del Consejo Directivo hará que cumpla muchos años más.
¡Orgulloso de ser uno de ustedes!
Muchas gracias.
El señor PUGH (Presidente accidental).-
A usted, Senador Chahuán.
Se hará llegar el apartado correspondiente al Colegio de Abogados de Valparaíso.
A continuación, en nombre de la bancada del Partido Socialista, se dirigirá a ustedes la Senadora Isabel Allende.
Senadora Allende, tiene la palabra.
La señora ALLENDE.-
Estimado Presidente, quiero saludar a todas las mujeres y hombres que forman parte del Colegio de Abogados de Valparaíso, el que sabemos cuenta con más de quinientos socios.
A través de su directorio, presidido por el abogado don Alejandro Gómez Cortés y su Vicepresidenta, la abogada Aída Haleby Cury, presentes en la Sala, quiero felicitarlos por una tradición de más de 120 años de vida al servicio de nuestra región, sobre todo de las mujeres y hombres que forman parte de ella.
En efecto, al reconstruir la historia de este cuerpo colegiado, sus inicios nos remontan a 1910.
Hasta antes de la dictadura cívico-militar, los colegios profesionales tenían una destacada participación en un sinnúmero de actividades, que no solo decían relación con sus asociados, sino que también, como era el caso de los colegios de abogados, con la prestación de múltiples servicios jurídicos a la comunidad, además de las funciones de asesoría que desarrollaban en variadas materias de orden judicial.
Luego del retorno a la democracia, el 28 de octubre de 1996, en la sede del colegio ubicada en el Palacio de los Tribunales de Justicia de nuestra capital regional, se celebró la reunión constitutiva de la actual Asociación Gremial Colegio de Abogados de Valparaíso, siguiendo la tendencia de separarse del Colegio de Abogados de Chile, con la finalidad de afianzar y proteger eficazmente los intereses de las y los abogados que ejercen su profesión en la Región de Valparaíso. Y mediante la obtención de personalidad jurídica se logra la formación de un patrimonio propio para una más plena y eficiente administración de sus recursos e intereses.
Un colegio profesional se presenta como una asociación de carácter profesional o gremial integrada por quienes comparten y ejercen una profesión y se encuentran amparados por el Estado. Es costumbre y tradición que la finalidad de los colegios profesionales sea la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación y defensa de sus asociados. Y principalmente deben velar por el cumplimiento de una buena labor profesional, donde el trabajo se realice bajo estrictos parámetros éticos que defina la propia organización, acorde con la sociedad en la que se desarrolla.
El actual directorio paritario del Colegio de Abogados de Valparaíso demuestra el cambio que ha experimentado esta institución desde aquellos tiempos históricos en que solo estaba conformado por hombres.
La Región de Valparaíso se caracteriza por tener siete escuelas de Derecho. De allí la importancia de esta profesión para la región, pero también para el país, pues de ahí han salido numerosos hombres y mujeres que abrazan esta actividad y que han desempeñado y desempeñan importantes cargos en Chile.
Cada año el Colegio de Abogados de Valparaíso premia el desempeño profesional de sus colegiados por veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta años de ejercicio. Igualmente, otorga el premio a la excelencia profesional a aquel abogado colegiado que, preferentemente, habiendo ejercido dentro de la Región de Valparaíso por más de cincuenta años en cualquier rama de la abogacía, la cátedra universitaria o el servicio público, lo haya hecho de una manera esmerada e intachable, y cuya trayectoria profesional constituya un modelo para las generaciones futuras.
Sin perjuicio de los aspectos históricos, el Colegio también ha elevado la voz para señalar su preocupación por lo que considera una excesiva institucionalización de la profesión de abogado por parte del Estado, resaltando los casos de la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía, ya que con la reforma procesal penal el ejercicio de la profesión se concentró en estos organismos.
Las opiniones sirven para enriquecer el debate. Y resaltamos el rol que esta institución tiene en los debates que se generan sobre la Nueva Constitución y sobre las normas que se crean en este Parlamento.
Reitero mis felicitaciones a cada uno de los abogados y abogadas que forman parte de este colegio, así como a los profesionales del derecho de nuestra región. Agradezco el aporte que realizan, sobre todo al trabajo legislativo de nuestra Corporación.
Vayan mis felicitaciones y saludos por estos ciento veinte años.
Muchas gracias.
El señor PUGH (Presidente accidental).-
A usted, Senadora Allende.
Su intervención también se agregará al apartado que he comentado.
Como Presidente accidental del Senado, quiero unirme igualmente a este homenaje al Colegio de Abogados de Valparaíso en sus ciento veinte años.
1901 es un año muy especial no solo para Chile, sino también para Valparaíso. Estábamos viviendo una situación compleja con Argentina, que se pudo resolver de forma adecuada. Siempre la mediación, el diálogo, es lo que permite avanzar. Pero lo más importante: Valparaíso estaba llegando a su máximo esplendor, tal como señaló en su intervención el Senador Chahuán; era la Joya del Pacífico, el lugar que conectaba todas las rutas marítimas. Aún no se abría el canal de Panamá. Por eso era tan importante Valparaíso y lo que ocurría en el puerto.
La moneda chilena circulaba por el Pacífico, así como diferentes contratos. No tengo duda de que muchos abogados estuvieron involucrados no solo en los temas locales, de la ciudad, sino también en los temas globales del comercio.
Quiero dejarles a ustedes un pequeño recuerdo, que quizás los conecte incluso mucho más con 1901. En el mes de diciembre, meses después de que se creara el Colegio, se inaugura el ascensor El Peral, uno de los que todavía se hallan en funcionamiento y que une la Plaza de Justicia con el antiguo Paseo Yugoslavo que nos conecta. Ese es el tiempo que lleva funcionando ese ascensor, y ese es el tiempo que tiene el Colegio. En una de esas, apadrinan también el ascensor. Sería un bonito gesto para recordar ambas iniciativas.
Quiero agradecer al Presidente, don Alejandro Gómez Cortés, y a la Vicepresidenta, señora Aída Haleby Cury, su presencia en el Senado en el día de hoy, acompañados por quienes representamos a la Región de Valparaíso.
Tal como se ha señalado, me han pedido presidir accidentalmente esta parte de la sesión, para que este sea un homenaje sincero, de una región agradecida y de porteños que con cariño les decimos "muchas gracias, sigan igual".
Y con esto damos término al homenaje al Colegio de Abogados de Valparaíso, pidiéndole a la Redacción del Senado que les haga llegar un apartado, con las diferentes intervenciones, para que ustedes las reciban oficialmente.
Muchas gracias por su presencia, y que sigan cumpliendo muchos años más.
--(Aplausos).
El señor PUGH (Presidente accidental).-
En la hora de Incidentes, ofrezco la palabra al Comité Partido Por la Democracia e Independientes.
Al Comité Partido Renovación Nacional.
Al Comité Partido Socialista.
Al Comité Partido Demócrata Cristiano.
Al Comité de Independientes.
Tiene la palabra el Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Presidente, he conversado con el Comité PPD, el cual, como habitualmente lo hace, me ha cedido su tiempo.
El señor PUGH (Presidente accidental).-
Se le agregará al que ya tiene, señor Senador.
PREOCUPACIÓN POR DESPIDO DE MÉDICOS EXTRANJEROS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Presidente, durante la pandemia la primera línea de la salud ha estado operativa, asumiendo riesgos personales e individuales, para poder salvaguardar la vida del resto de los chilenos.
Precisamente durante la pandemia, estando este Senado bajo cuarentena y sesionando de manera telemática o parcialmente presencial, dimos el debate respecto de la inclusión de médicos extranjeros para fortalecer esa primera línea, que no daba abasto.
Jornadas de dieciséis, dieciocho horas, falta crónica de médicos especialistas, extendida a una multiplicidad de patologías, particularmente las más complejas (cardiacas, por ejemplo), daban cuenta de la gravísima situación que se estaba viviendo. En el 2020, más de 33 mil personas murieron de COVID, pero 34 mil lo hicieron por enfermedades cardiovasculares. Y esto, lejos de aminorar, se ha acrecentado.
Hoy nos enfrentamos a un nuevo escenario. El COVID, aparentemente, se bate en retirada. La variante delta, que ha asolado a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y también a algunas ciudades de China, sigue vigente y nos obliga a estar alertas. Así lo ha establecido el Ministerio de Salud.
Sin embargo, a pesar de las advertencias y de lo que pudo haber significado, particularmente, la celebración de las Fiestas Patrias, a fines de septiembre ha comenzado el término de los contratos de médicos extranjeros, en múltiples especialidades, a lo largo de todo Chile. Es decir, cuando se trata de ponerse al día luego de dos años de haber postergado operaciones, enfermedades crónicas y patologías graves, con gente que se ha muerto, Presidente, o cuya dolencia le ha quitado años de vida ante la imposibilidad de contar con pabellón o camas UCI, destinadas a los enfermos de COVID, ahora, en vez de aprovechar y mantener esa primera línea de médicos extranjeros, se está procediendo a su despido.
Quiero recordar que el Senado propició un proyecto de mi autoría, apoyado transversalmente, que desembocó en la ley N° 21.274, con el entonces Ministro Mañalich, que en un artículo único estableció que por el lapso de dos años contado desde su publicación (el 1° de octubre de 2020), todo médico extranjero especialista quedaba autorizado para presentar su solicitud de certificación a alguna de las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud, o bien la hubiere presentado con anterioridad y se encontrara en trámite, para ser contratado.
Es más, la Superintendencia de Salud, de acuerdo con lo preceptuado por la legislación vigente, debía implementar un registro público especial, en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de dicha Superintendencia, "para los médicos que resultaren transitoriamente habilitados para ejercer su profesión y especialidad en Chile de conformidad a la presente ley, siendo obligación de la entidad contratante informar tal contratación a la Superintendencia, mediante oficio que deberá enviar dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la suscripción del contrato. La infracción a la obligación de informar por parte de las entidades contratantes será sancionada en conformidad al artículo 174 del Código Sanitario".
Esta ley, Presidente, la discutimos largamente. Su objeto era establecer la suspensión del Eunacom, examen único médico que he cuestionado permanentemente, por estar a cargo de una entidad privada. O sea, en Chile un médico extranjero especialista podía venir a trabajar en la Clínica Alemana, pero si yo lo quería llevar a un consultorio en Tirúa, o a una comuna rural, o a Concepción, o al Hospital Regional, o a Ñuble, donde hay tres o cuatro médicos cardiólogos, no podía ser contratado. Sí por la Clínica Las Condes, la Clínica Alemana, pero no por el sistema público de salud.
Hoy, las listas de espera son largas, extensas, y no contamos con información adecuada para poder saber, responsablemente, si se está despidiendo a médicos extranjeros en áreas donde hay gente que lleva esperando tres, seis meses, dos años, ¡y se está muriendo!
Hago esta denuncia.
Hemos contado siempre con la ayuda del Ministro Enrique Paris, sensible a estos temas. Pero este es un asunto monetario, un asunto de Hacienda. El Ministro de Hacienda no le puede quitar recursos al Ministerio de Salud en un área que contrata médicos para salvar vidas. Y no me refiero a los recursos para enfrentar el COVID, sino a las listas de espera que estaban antes de la pandemia, enormes, y que se siguen postergando, aunque la gente, uno, solidariamente había entendido que era prioridad que las salas UCI se destinaran a los enfermos de coronavirus, y dos, sentía temor a enfermarse, aun cuando la pandemia, afortunadamente, ha decrecido. Hay que estar alertas y con los brazos siempre en alto, pero no parece coherente que por una decisión administrativa, económica, no se esté dando cumplimiento a la ley.
Pido que se oficie a la Superintendencia de Salud y al Ministro del ramo, así como al Ministro de Hacienda, respecto de los recursos que se pusieron a disposición de la Cartera de Salud para el cumplimiento de lo preceptuado en la ley N° 21.274 -la tengo en mi mano-, ley de la república que vence el 1° de octubre de 2022. Aún le queda un año de vigencia.
En segundo lugar, solicito que detallen las contrataciones efectuadas, por área de especialidad y su localización territorial, porque las listas de espera existen a lo largo de todo Chile.
Hace años dimos la lucha por un cardiólogo para Punta Arenas. La gente venía a Valdivia o a Santiago, pagando todos los costos, para atender a niños con cáncer, porque ni un especialista -digámoslo francamente- quería ir a trabajar a Magallanes, por motivos familiares, por motivos académicos, por motivos económicos. El punto es que el sistema público no era capaz de solucionar la contratación de médicos especialistas.
Aquí estamos enfrentando un fenómeno complejo. Paradojalmente, cuando observamos los sucesos registrados en Iquique, hay consenso transversal en que fueron un acto de barbarie, de humillación insostenible, de xenofobia, de racismo en contra de migrantes. Y la contraparte dice: "Queremos migración controlada y de alto nivel". ¿Sabe, Presidente? El nivel de escolaridad de los bolivianos, de los peruanos y particularmente de los venezolanos supera el nivel de escolaridad promedio de los chilenos. Los venezolanos que han llegado a nuestro país tienen, en promedio, más de catorce años de educación, superior al nivel promedio de los chilenos, que recién está sobre los doce. Ha sido una migración también de elite profesional. Muchos de esos médicos, claro, no se ven, porque están atendiendo cafés, restoranes, o haciendo trabajo de delivery.
Entonces, es una barbaridad no solo quemarles el coche, los pañales y los pocos enseres a un grupo de refugiados que dormía en una plaza pública; también, en mi opinión, es una barbarie que a los médicos que han logrado insertarse en el sistema del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se les esté despidiendo sin haber concluido la pandemia y en medio de un debate creciente y duro sobre cómo Chile trata a los migrantes.
No me refiero solo a los migrantes que están sin trabajo y viviendo en espacios públicos, que ya sabemos cómo han sido tratados por el Delegado Presidencial de Tarapacá, sino también a los profesionales que se han insertado y están absolutamente bien evaluados. Es sorprendente el cariño que la gente profesa y les hace llegar a los médicos extranjeros. El trato es de otro tipo. Y esto no inhibe en nada la valoración de nuestros profesionales, que son del más alto nivel y reconocidos internacionalmente.
Por eso, pido oficiar al Ministerio de Salud, así como a los 27 Servicios de Salud de Chile, autónomos, independientes y con patrimonio propio, para que nos informen detalladamente cuántos médicos extranjeros contrataron durante la pandemia, cuántos tienen contratados actualmente, en qué especialidad y, particularmente, cuántos están despidiendo y por qué. Esta es una información que siempre debe ser pública. Carla Gallardo, enfermera del Hospital Regional, fue despedida por denunciar que había más de 50 mil personas en listas de espera, que nunca fueron entregadas a Fonasa, y por denunciar que había un listado de este volumen debajo de un escritorio, sin ser siquiera puesto en conocimiento de la autoridad central. Carla Gallardo, valiente enfermera de la Región del Biobío que se atrevió a denunciar un hecho que muchos conocían pero que tenían temor de dar a conocer, ¡fue despedida, perdió su empleo por ese motivo! ¡Pero eso es lo que hacen los profesionales con convicción y ética!
Yo solo digo que no podemos permanecer como observadores frente a este nuevo fenómeno que se va a instalar.
La ley 21.274, discutida y aprobada por todos nosotros, tiene un año de vigencia. Entonces, no digan que no hay instrumentos. Porque antes la crítica era: "No tienen Eunacom, no tienen Conacem, no los podemos contratar". Hicimos la ley, que a mí no me gustó del todo, porque se mantiene la exigencia de la prueba. La de diciembre de este año la corrieron para abril. Tú les dices a los médicos extranjeros "tienes que dar la prueba", pero la de diciembre se corrió para abril, y los están despidiendo en octubre. ¿Qué va a hacer esa gente, Presidente? ¡Si son profesionales! ¿Cómo sobreviven?
Por lo tanto, es lo que les pido al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior, cuyos anuncios de hoy, efectuados por el Ministro Rodrigo Delgado, van en la línea correcta. El Gobierno, después de más de un año, demostró preocupación. Y lo que le he escuchado al Ministro del Interior respecto a lo que se va a montar en Colchane, en Iquique, y a la incorporación y participación, en la construcción de las soluciones, de los alcaldes Javier García, de Colchane, y Mauricio Soria, de Iquique, y también del Intendente de Tarapacá, José Miguel Carvajal, va en la línea correcta.
¡Este no tiene que ser un tema de enfrentamiento! ¡Este tiene que ser un tema de solidaridad y de cooperación amplia entre Gobierno y Oposición! ¡Esa es la línea, y yo estoy disponible! El Ministro Rodrigo Delgado ha hecho un anuncio que es positivo y un primer paso decisivo. Por cierto, aún falta; hay que avanzar más, y otra de las líneas va por el lado de mantener a los médicos, porque la verdad es que los 550 mil venezolanos migrantes, los casi 120 mil haitianos, y también los de otras nacionalidades, pero particularmente los migrantes en condiciones de vulnerabilidad, requieren atención de salud. No podemos sacar a médicos extranjeros que conocen su idiosincrasia, su idioma, que conocen dónde han sido tratados y también su sistema de salud, especialmente los médicos venezolanos; debieran estar siendo contratados, para poder tener un contingente que sea la primera línea de atención, incluso para aquellos que ingresaron de manera ilegal. Porque, Presidente, ¡el ingreso es el ilegal! ¡No hay personas ilegales! ¡Es el ingreso!
Tal como ha dicho la Corte Suprema, las deportaciones son ilegales, y por eso se han detenido. El Gobierno, al parecer, ha comprendido la demanda internacional, ha comprendido el error cometido con el desalojo, aunque, lamentablemente, se realizó una marcha que incitó al odio y la violencia. Pero esto se puede corregir.
Yo solo espero que el Gobierno, en materia de salud, tome decisiones, porque estos médicos extranjeros están atendiendo, principalmente, a chilenos y chilenas que no reciben atención...
El señor PUGH (Presidente accidental).-
Un minuto más, Senador.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidente.
Porque en Chile faltan médicos, y la migración especializada, profesional, ha constituido un gran aporte a la atención de salud de cientos de miles de chilenos.
Pido que se oficie a los Ministerios señalados, esperando que tengamos esta información antes de que comience la discusión presupuestaria. Porque podemos hacer recortes, como se ha anunciado, en muchas áreas, en muchos gastos del Estado, pero la salud está primero. Así como los niños están primero, sin salud no hay felicidad, no hay vida, no hay región, no hay personas, ¡no hay nada! ¡La salud lo es todo! Y debe ser prioridad del Estado garantizar su atención. Y con los médicos extranjeros además resolvemos algo que ineludiblemente tenemos que hacer: brindar también apoyo en salud a los migrantes.
He dicho, Presidente.
Gracias al PPD por el tiempo que me cedió.
El señor PUGH (Presidente accidental).-
Gracias, Senador Navarro.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PUGH (Presidente accidental).-
A continuación, corresponde el tiempo del Partido Evópoli.
No hará uso de la palabra.
¿Partido Unión Demócrata Independiente?
¿Partido Revolución Democrática?
Tampoco intervendrán.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:20.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción subrogante