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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 79ª, en martes 28 de septiembre de 2021
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:25 a 20:02)
PRESIDENCIA DE SEÑORA XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA;
Y SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE; Y CARLOS MONTES CISTERNAS Y RABINDRANATH QUINTEROS LARA, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR,
Y EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, ACCIDENTAL
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--Girardi Lavín, Guido
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Lagos Weber, Ricardo
--Órdenes Neira, Ximena
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Sabat Fernández, Marcela
--Soria Quiroga, Jorge
Concurrieron, además, telemáticamente, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar Barahona; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, y la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett Said.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Secretario General accidental y Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 15 señoras Senadoras y señores Senadores.

La señora RINCÓN (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora RINCÓN (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de actas de las sesiones 71ª, ordinaria, en 31 de agosto de 2021; 72ª, especial, y 73ª, ordinaria, ambas en 1 de septiembre de 2021; y 74ª y 75ª, ordinarias, en 7 de septiembre y 8 de septiembre de 2021, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

La señora RINCÓN (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Mensajes
Siete de S.E. el Presidente de la República
Con el primero, inicia un proyecto de ley que modifica la ley N° 16.441 que crea el Departamento de Isla de Pascua, en el sentido que indica (Boletín N° 14.610-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el segundo, inicia un proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública (Boletín N° 14.614-07).
--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero, hace presente la urgencia calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica (Boletín N° 13.086-07).
-El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social (Boletines Nos 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07 y 12.776-07).
-El que modifica artículo 476 del Código Penal, para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso (Boletín N° 13.889-07).
-El que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín Nº 12.288-14).
-El que modifica el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas (Boletín Nº 14.336-11).
-El que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato (Boletín N° 12.809-07).
-El que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín N° 12.092-07).
-El que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (Boletín N° 14.077-18).
-El que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial (Boletín Nº 12.979-04).
-El que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales (Boletín Nº 14.102-12).
-El que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad (Boletín Nº 13.046-07).
-El que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad (Boletín Nº 13.885-06).
-El que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines Nos 13.115-06 y 13.565-07, refundidos).
-El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín Nº 11.174-07).
-El que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica (Boletines Nos 14.107-07 y 14.123-07, refundidos).
-El que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios (Boletín Nº 14.032-06).
-El que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín Nº 13.191-12).
Con el cuarto, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho de las siguientes iniciativas:
-El que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín Nº 12.250-25).
-Sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín Nº 11.540-14).
-El que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad (Boletín Nº 12.467-15).
-El que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos (Boletín Nº 11.958-07).
-El que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (Boletín Nº 12.208-07).
Con el quinto, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
-El que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de federación deportiva nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente (Boletín Nº 13.869-29).
-El que autoriza erigir un monumento, en el Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert, de la comuna de Osorno, región de Los Lagos, en memoria de Carlos Hott Siebert (Boletín Nº 12.369-24).
-Sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías (Boletín Nº 13.828-19).
--Se toma conocimiento de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el penúltimo, comunica que ha formulado observaciones al proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio (Boletines Nos 13.716-07 y 13.719-07, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública.
Con el último, hace presente la urgencia calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio (Boletines Nos 13.716-07 y 13.719-07, refundidos).
--Se toma conocimiento de la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica y complementa la ley N° 21.226 para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia (Boletín N° 14.590-07) (Con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo comunica que ha otorgado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código Penal, con el objeto de establecer una regla de aplicación especial de la pena en los delitos que indica, cuando la víctima se encontrare embarazada (Boletín N° 14.132-07).
--Pasa a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la Mujer y la Igualdad de Género.
Con el tercero, informa que ha aprobado las proposiciones que se indican, formuladas por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país (Boletín N° 13.823-06).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a S.E. el Presidente de la República.
Con el último, comunica el Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual, ha dado inicio a la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2022 (Boletín N° 14.609-05).
Informa, además, que para los efectos de lo establecido en el inciso primero del artículo 67 de la Constitución Política de la República, el referido Mensaje fue recibido por la Cámara de Diputados el día jueves 23 de septiembre del año en curso.
--Pasa a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Del Excmo. Tribunal Constitucional
Comunica sentencia sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector, en la asignación del local de votación (Boletín N° 12.426-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Comunica y remite resolución, sobre requerimiento de inconstitucionalidad (Rol N° 11820-21 CPT) presentado por el Vicepresidente de la República, respecto de las declaraciones de inadmisibilidad aprobadas por la Cámara de Diputados y por el Senado que recaen en siete Observaciones del Presidente de la República formuladas al proyecto de ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia (Boletín N° 10.315-18).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-artículo 318 del Código Penal (Rol N° 11891-21 INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 11533-21 INA; Rol N° 11533-21 INA).
-artículos 2°, del Decreto Ley N° 3.643, de 1981; y 4°, del Decreto Ley N° 2.067(Rol N° 11601-21 INA).
-artículo 162, incisos quinto, parte final; sexto, séptimo, octavo y noveno, del Código del Trabajo (Rol N° 11571-21 INA).
-incisos 12°, 13° y 14° de la Disposición Quincuagésima Transitoria de la Constitución Política de la República incorporada por el artículo único de la Ley N° 21.330 (Rol N° 11633-21 INA; Rol N° 11683-21 INA).
-artículo 323, inciso segundo, parte final, del Código del Trabajo (Rol N° 11762-21 INA).
-artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal (Rol N° 11603-21 INA).
-artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil (Rol N° 11623-21 INA).
-artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226 (Rol N° 11848-21 INA).
-artículo 318 del Código Penal (Rol N° 11822-21 INA).
-artículo 259, del Código Procesal Penal (Rol N° 11487-21 INA).
-artículos 163, 166, 167 y 174, del Código Sanitario (Rol N° 11786-21 INA).
-artículo 196 ter de la Ley 18.290 (Rol N° 11855-21 INA y Rol N° 11701-21 INA).
-artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226 (Rol N° 11825-21 INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
-artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226 (Rol N° 10667-21-INA; Rol N° 10910-21; Rol N° 10860-21; Rol N° 10805-21).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216 (Rol N° 10824-21).
-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 10028-20).
-artículo 6°, de la Ley N° 21.226 (Rol N° 10887-21).
--Se manda archivar los documentos.
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores (S)
Responde solicitud del Honorable Senador señor Navarro, relativa al estado de tramitación del caso N° 13.361 pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Del señor Ministro de Defensa Nacional
Entrega respuesta a consulta de la Honorable Senadora señora Sabat, sobre pensión de montepío de la persona que señala, viuda de un ex integrante del Ejército de Chile.
Informa solicitud del Honorable Senador señor Navarro, acerca de todos los accidentes marítimos y naufragios ocurridos en los últimos diez años.
Del señor Ministro de Salud
Atiende consulta del Honorable Senador señor Navarro, en relación con las camas ocupadas por causa de COVID-19 en los hospitales públicos y privados del país.
Al mismo señor Senador, informa sobre el protocolo de registro y revisión en línea de las inmunizaciones realizadas en la campaña de vacunación contra el COVID-19.
Responde planteamiento del Honorable Senador señor Araya, respecto de la posibilidad de concertar una audiencia para considerar las medidas que solicitan los representantes de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud.
Atiende solicitud de la Honorable Senadora señora Rincón, acerca de diversas materias relativas a la adquisición de métodos anticonceptivos orales.
A la misma señora Senadora, informa sobre el estado de implementación del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), en la comuna de Linares.
Da respuesta a inquietud del Honorable Senador señor Latorre, en relación con la posibilidad de adelantar la adquisición de ventiladores mecánicos para el Hospital Claudio Vicuña.
Responde consulta del Honorable Senador señor De Urresti, sobre las políticas de distribución del fármaco Prograf (1 mg) y Tracolimus Sandoz (1 mg) para el tratamiento posterior a los trasplantes.
Informa solicitud de la Honorable Senadora señora Allende, sobre el número de camas de cuidado intensivo con las que cuenta la Región de Valparaíso para enfrentar el creciente número de casos de COVID-19.
De la señora Subsecretaria de Pesca y Acuicultura
Da respuesta a consulta del Honorable Senador señor Prohens, respecto de planteamiento formulado por representantes de los Sindicatos de Patrones y Motoristas del sector pesquero artesanal de la comuna de Caldera.
De la señora Subsecretaria de Derechos Humanos
Entrega respuesta a solicitud del Honorable Senador señor Chahuán, en relación con la concreción de reparación económica a la Asociación de Ex Conscriptos, 1973-1990.
De la señora Subsecretaria de Salud Pública
Informa solicitud del Honorable Senador señor Navarro, en relación con las denuncias, fiscalizaciones y sanciones realizadas por la autoridad sanitaria a una planta elevadora de aguas servidas de la población La Estrella, sector Michaihue, comuna de San Pedro de la Paz.
Del señor Subsecretario de Redes Asistenciales
Responde consulta de la Honorable Senadora señora Sabat, sobre la situación que afecta al funcionario que indica de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central.
Del señor Superintendente de Educación Superior
Atiende inquietud del Honorable Senador señor García, respecto de la investigación relativa a la ejecución presupuestaria del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas (S) de la Región de Valparaíso
Responde consulta de la Honorable Senadora señora Allende, acerca del proceso de recuperación, reparación y puesta en marcha de los ascensores de la comuna de Valparaíso.
Del señor Director del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Entrega respuesta a consulta de la Honorable Senadora señora Órdenes, acerca de la mortalidad masiva de salmones a causa de la marea roja provocada por florecimiento de algas en los fiordos Yacaf y Puyuhuapi, ocurridos la primera semana de abril de 2021.
Atiende planteamiento del Honorable Senador señor Navarro, acerca de la floración de algas nocivas en la Región de los Lagos de abril de 2021, y su impacto.
Del señor Director Nacional de Arquitectura
Da respuesta a consulta de la Honorable Senadora señora Allende, en relación con el estado de los ascensores de la comuna de Valparaíso.
Del señor Abogado Jefe de la División Legal de la Dirección General de Aguas
Informa solicitud de la Honorable Senadora señora Allende, acerca de trámites que se han realizado respecto de las denuncias interpuestas por la intervención de quebradas sin permiso por parte de la inmobiliaria Mirador Punta Pite.
A la misma señora Senadora informa sobre inquietud relativa a las gestiones realizadas para asegurar el cumplimiento de la resolución de la Excma. Corte Suprema de 2 de abril de 2018, Rol N° 37.273/2017.
Atiende requerimiento del Honorable Senador señor De Urresti, relativo a los registros de los derechos de aprovechamiento de aguas del sector de Ñanculen, comuna de La Unión.
De la señora Defensora de la Niñez (S)
Da respuesta a consulta del Honorable Senador señor Araya, en relación con hechos contenidos en la investigación periodística del medio que señala, titulada "El historial de abusos y violencia que vivieron en el Sename de Antofagasta los adolescentes presos por el estallido social".
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias
Responde consulta del señor Secretario General del Senado, relacionada con la normativa que regula el uso de las asignaciones parlamentarias, en el próximo período eleccionario.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.101 y el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles y establecer un procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento en los juicios que indica (Boletín N° 12.809-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica y complementa la ley N° 21.226 para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia (Boletín Nº 14.590-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señores De Urresti, señora Muñoz y señores Latorre, Montes y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de regular la división de predios con fines inmobiliarios (Boletín N° 14.605-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
De las Honorables Senadoras señoras Sabat, Allende, Goic, Muñoz y Rincón, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo, para permitir el teletrabajo a mujeres embarazadas, durante la vigencia de un estado de alerta sanitaria decretado por la autoridad competente por causa del COVID-19 (Boletín N° 14.611-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De las Honorables Senadoras señoras Sabat, Allende, Goic, Muñoz y Rincón, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de establecer como requisitos para ser candidatos a cargos de alcalde, concejal, gobernador regional y consejero regional, el no haber sido condenado por delitos de violencia intrafamiliar, ni aparecer en el Registro de Deudores de Alimentos. (Boletín N° 14.612-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Honorables Senadores señoras Sabat, Órdenes y Rincón, y señor Prohens, con la que inician un proyecto de ley que incorpora a la Ley N° 18.916, que aprueba el Código Aeronáutico, un artículo transitorio, nuevo, con el objeto de permitir el cambio de billetes de pasajes aéreos ante la imposibilidad de viajar por causa de medidas impuestas por la autoridad sanitaria durante una pandemia (Boletín N° 14.613-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Proyectos de Acuerdo
De los Honorables Senadores señora Allende y señores De Urresti, Elizalde, Insulza, Letelier, Montes y Quinteros, señoras Carvajal, Muñoz, Provoste y Órdenes y señores Araya, Bianchi, Girardi, Guillier, Lagos, Latorre, Navarro, Pizarro, Quintana y Soria, por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte de manera urgente todas las medidas necesarias para afrontar la crisis migratoria que afecta a Chile (Boletín N° S 2.210-12).
De los Honorables Senadores señora Rincón y señores Montes y Pizarro, señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria, por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, implemente una política de Estado en materia migratoria que respete los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados (Boletín N° 2.211-12).
--Quedan para para ser votados en su oportunidad.
Solicitud de Rehabilitación de Ciudadanía
Del señor Diego Iván Pacheco Arnaud, de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República (Boletín N° S 2.209-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El señor BUSTOS (Prosecretario).- Eso sería todo, Presidenta.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Muchas gracias, señor Prosecretario.


ACUERDOS DE COMITÉS

La señora RINCÓN (Presidenta).- Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, Presidenta.
Buenas tardes.
Los Comités, en sesión celebrada el viernes 24 de septiembre, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria del martes 28 de septiembre el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que reconoce a los cuidadores como sujetos de derechos a atención preferente en el ámbito de la salud (boletín Nº 12.747-11).

2.- Considerar en primer, segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 28 de septiembre las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales sobre endeudamiento y derechos del consumidor (boletín Nº 13.020-03).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (boletín Nº 14.077-18).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el régimen de tramitación y de entrada en vigencia de los reglamentos que fijen o modifiquen las plantas de personal municipal, dictados de conformidad con la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (boletines Nos 13.195-06 y 13.746-06, refundidos).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, a fin de establecer el domicilio de los gobernadores regionales (boletín N° 14.328-06).

3.- Citar a sesión especial de la Corporación el miércoles 29 de septiembre, de 15 a 16 horas, con el objeto de otorgar el reconocimiento del Senado a la destacada participación de los deportistas nacionales en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
Además, se reitera el acuerdo de invitar a dicha sesión a las y los deportistas paralímpicos, a quienes, para los señalados efectos, se ha autorizado su ingreso al Hemiciclo.
Se reitera también el acuerdo de invitar a los preparadores y a la directiva del Comité Paralímpico de Chile.

4.- Considerar en primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 29 de septiembre las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad (boletín N° 13.885-06).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija la Ley Marco de Cambio Climático (boletín N° 13.191-12), siempre que fuere despachado por la Comisión de Hacienda y se hubiere recibido el respectivo informe.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de las medidas de internación en residencias (boletín N° 11.844-07).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal (boletín N° 11.696-12).
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest (boletín N° 12.192-25), siempre que se hubiere recibido el respectivo informe de la Comisión de Seguridad Pública.

5.- Rendir homenaje en la hora de Incidentes de la sesión ordinaria del miércoles 29 de septiembre al Colegio de Abogados de Valparaíso A.G., con motivo de sus ciento veinte años de existencia.
En dicha oportunidad, se autorizará el ingreso a las tribunas de la Sala a quienes concurran en representación de la referida asociación gremial.

6.- Autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica y complementa la ley N° 21.226, para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia (boletín N° 14.590-07), antes de dar cuenta en la Sala del Senado del respectivo oficio de la Cámara de Diputados, teniendo además presentes los acuerdos de Comités de 8 de abril de 2020.

7.- Citar a sesión especial de la Corporación, el día y hora que se fijará al efecto, con el objeto de otorgar el reconocimiento del Senado a la destacada participación de los deportistas nacionales en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y promover los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se celebrarán en Chile el año 2023.
Es todo, señora Presidenta.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
)----------(

La señora RINCÓN (Presidenta).- Vamos a ofrecer la palabra inmediatamente por la Cuenta, pero antes de eso vamos a citar a reunión de Comités para resolver unos temas urgentes.
La sesión va a continuar y le vamos a pedir al Vicepresidente que pueda presidir la reunión de Comités. Les ruego, por favor, a los colegas que nos puedan acompañar en dicha instancia.
Senador Pedro Araya.
Actívenle el micrófono al Senador Araya, por favor.
La reunión de Comités será en la sala de la Comisión de Hacienda.

El señor ARAYA.- Gracias, Presidenta.
Quiero solicitar que se pueda colocar ojalá sobre tabla el proyecto que modifica y complementa la ley N° 21.226, para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia.
Dicha iniciativa necesita ser despachada ojalá el día de hoy por el Senado, dado que el plazo del estado de excepción constitucional vence el 30 de septiembre.
Entonces, ojalá se pudiera ver ese proyecto en Fácil Despacho hoy día.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Efectivamente, colega, ese es uno de los temas que se van a abordar en Comités.

El señor ARAYA.- Gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- A usted, Senador.
Les pido a los colegas de Comités que se dirijan a la Comisión de Hacienda. El Vicepresidente va a presidir esa reunión.
Muchas gracias.
¿Alguien más respecto a la Cuenta o a los acuerdos de Comités?
¿Nadie más?
Si es así, vamos a pedirle al Secretario que demos inicio al tratamiento de la tabla.
V. FÁCIL DESPACHO



ATENCIÓN PREFERENTE DE SALUD PARA CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA


El señor BUSTOS (Secretario General accidental).- La señora Presidenta pone en discusión el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que reconoce a los cuidadores como sujetos de derecho de atención preferente en el ámbito de la salud.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.747-11) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Puede continuar, Secretario.

El señor BUSTOS (Secretario General accidental).- El proyecto de ley inició su tramitación en el Senado y tiene por objetivo reconocer a los cuidadores de personas con discapacidades y de adultos mayores que no son autovalentes como sujetos de derechos específicos de prioridad en el marco de las atenciones de salud, para lo cual mediante un artículo único y un artículo transitorio la iniciativa modifica la ley N° 20.584 a fin de hacer extensivas a los cuidadores las disposiciones y preferencias que la ley N° 21.168 reconoció a los adultos mayores y a las personas en situación de discapacidad en materia de consulta de salud, prescripción y dispensación de medicamentos y toma de exámenes y procedimientos médicos.
Respecto del texto despachado en primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite, introdujo una enmienda consistente en sustituir en la frase propuesta por el numeral 1 del artículo único de la iniciativa la palabra "sus" por el vocablo "los", por lo que la referida frase, cuyo tenor señalaba: "Las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, así como sus cuidadores o cuidadoras, tendrán derecho a ser atendidos", quedaría como sigue: "Las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, así como los cuidadores o cuidadoras tendrán derecho a ser atendidos".
El Senado debe pronunciarse respecto a esta enmienda realizada por la Cámara de Diputados.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por esta Cámara de origen en el primer trámite constitucional y la modificación efectuada por la Cámara revisora durante el segundo trámite constitucional.
Esa es la relación, Presidenta.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Muchas gracias.
Le ofrecemos la palabra al Presidente de la Comisión de Salud, Senador Rabindranath Quinteros.
Actívenle el micrófono al Senador.

El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidenta.
Quiero recordar que este proyecto de ley está en tercer trámite constitucional y reconoce a los cuidadores como sujetos de derecho de atención preferente en el ámbito de la salud.
Este proyecto fue iniciado en moción de los Senadores señor Juan Pablo Letelier, señora Carolina Goic y señores Guido Girardi, Ricardo Lagos y quien habla. Su objetivo fundamental es reconocer a los cuidadores de personas con discapacidades y de adultos mayores que no son autovalentes como sujetos de derechos específicos de prioridad en el marco de las atenciones de salud.
Esto fue aprobado por el Senado en su primer trámite constitucional, acogiéndose una modificación al artículo 5° bis de la ley N° 20.584, mediante la cual se establece que contarán con atención preferente y oportuna por cualquier prestador de acciones de salud las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, así como sus cuidadores o cuidadoras.
La Cámara de Diputados realizó una enmienda, consistente en reemplazar el vocablo "sus" por el artículo determinado "los". Tal modificación amplía el número de cuidadores beneficiados, pero siempre en el marco establecido en el mismo proyecto, específicamente en el artículo 5º quáter propuesto, que define como cuidador o cuidadora a "toda persona que, de forma gratuita o remunerada, proporcione asistencia o cuidado, temporal o permanente, para la realización de actividades de la vida diaria, a personas con discapacidad o dependencia, estén o no unidas por vínculos de parentesco".
Presidenta, la Comisión recomienda aprobar y despachar este proyecto.
Gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador.
Se ofrece la palabra.
Tengo inscrito al Senador Sandoval.
Senador.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidenta.
Sin duda, este proyecto se hace parte de una situación que afecta a quienes brindan atención a personas que están en una condición distinta de la normalidad en materia de requerimientos de salud.
Estando ad portas de iniciar el mes del adulto mayor, hay que destacar el objetivo de los promocionantes de esta iniciativa, en cuyo tercer trámite nos hacemos cargo de lo que significa la necesidad de aquellas personas. Estamos hablando de mayores de sesenta años -esto son, como dice la norma hoy día, los adultos mayores- y de toda persona en situación de discapacidad, así como de quienes realizan las labores de cuidadores o cuidadoras.
Algunos hemos tenido la oportunidad de conocer muchos casos dramáticos. Me tocó conocer en Puerto Aysén una familia de tres adultas mayores: una de ellas estaba en condición de postrada severa; la segunda tenía serios problemas de carácter cognitivo, y la tercera, que estaba en mejor condición, era quien se encontraba a cargo del cuidado de sus dos hermanas.
Evidentemente, la condición ambiental, la calidad de vida, el contexto en que se da esa situación generan claramente una realidad muy precaria, en la cual a veces es tan dependiente el cuidador o la cuidadora como quien está en esa condición extrema.
En ese contexto, el proyecto aborda por lo menos una parte del problema, la que dice relación con la atención preferente en salud.
Recién hablaba con el Senador Bianchi -porque en la tramitación anterior nos referimos a este mismo caso- sobre lo que le significa realizar su labor a un cuidador o cuidadora domiciliario, no institucional -la norma diferencia entre remunerado y no remunerado-, y que suele ser un familiar. No se imaginan la condición de estrés, de dependencia que padecen.
En otra ocasión, una señora en Coyhaique me dijo: "Don David, hace tres meses que no salía de mi casa". La dependencia que se produce con el paciente, la dependencia de la persona que lo cuida es tan alta que muchas veces genera una condición de precariedad enorme, de mala calidad de vida, de estrés. ¡Y para qué decir en materia laboral!
Además, el 78 por ciento de quienes cuidan son mujeres, las que no tienen ninguna posibilidad siquiera de desempeñarse en labores económicas. Por lo mismo, recuerdo que en alguna ocasión presentamos un proyecto de acuerdo en este ámbito, buscando que el Gobierno se hiciera parte de la situación. Se planteaba que, así como a la persona que está en condición de discapacidad se le otorga la pensión básica solidaria, análogamente también debería recibirla quien la tiene a su cuidado, ¡a lo menos! Porque si aquella persona estuviera institucionalizada en algún recinto de salud, el costo que le significaría al Estado sería varias veces mayor que el que implicaría si esa persona estuviera en su casa.
El Estado, desde una perspectiva económica, hace un enorme ahorro, pero evidentemente el costo lo paga la cuidadora. Como decía, el 78 por ciento son mujeres, quienes están impedidas de cumplir otras labores fundamentales.
Esta iniciativa se hace parte de una de las necesidades en materia de salud. Tenemos que aprobarla absolutamente.
Se necesita crear toda una red institucional de apoyo y, como les señalaba recién, ver cómo el Estado enfrenta esta otra realidad: la situación en que quedan muchas veces los cuidadores y las cuidadoras. En su inmensa mayoría, son mujeres.
Felicitamos a los mocionantes del proyecto. Creo que se hace cargo absolutamente de una dimensión muy humana.
Hay que conocer esas extremas condiciones para darse cuenta de que la calidad de vida, tanto de quien está en la condición de dependencia como de quien presta cuidado, es extremadamente dura. Y el Estado tiene que reconocer en ello un servicio no menor, que, si estuviera institucionalizado, le significarían enormes y altos costos. Evidentemente tenemos que hacernos cargo de ello.
Voto absolutamente a favor de la propuesta y reitero mis felicitaciones a los mocionantes.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Sandoval.
Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Gracias, estimada Presidenta.
Quiero sumarme a lo que han dicho los Senadores anteriormente en el uso de la palabra, en cuanto a valorar un proyecto de ley de esta índole, que tiene un aspecto eminentemente humano.
Voy a recoger parte de lo que ha dicho el Senador Sandoval, con quien, por la igualdad que tenemos en el territorio, conocemos casos muy similares en cuanto a lo que significa brindar cuidado a personas adultas mayores o con discapacidad.
Presidenta, las personas que cuidan no tienen derecho a enfermarse. ¡No lo tienen!, porque su obligación primera, diaria, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año, es velar por el cuidado y protección de esa persona, muchas veces familiar, que es cercana y querida.
Y, tal como lo señaló el Senador Sandoval, esas personas debieran recibir merecidamente una pensión a lo menos igual a la pensión básica solidaria. Aquí tengo el dato del estipendio mensual que entrega el Estado: 29.685 pesos, ¡29.685 pesos! Eso es lo que el Estado les otorga a esas mujeres, en su gran mayoría, que prestan cuidado a personas discapacitadas o a personas adultas mayores con imposibilidad de desplazamiento o de movimiento. O sea, lo que se ahorra el Estado, como se ha dicho, es una enormidad de dinero. ¿Y qué le retribuye a esta gente? Casi 30 mil pesos. ¡Es de una injusticia absoluta!
Por eso quiero valorar todo lo que ha significado este proyecto de ley, que ya está, como se ha señalado, en su tercer trámite.
Este tema, en lo personal, me ha motivado desde el comienzo de mi labor parlamentaria. Hemos hecho todo lo humanamente posible por hacer mucha más justicia con respecto a la condición en la que se encuentran las cuidadoras o los cuidadores.
La reflexión que tenemos que hacer, Presidenta, es que el Estado no puede seguir abusando de esta situación, de esta condición. Quiero volver a insistir, tal cual lo ha dicho el Senador Sandoval, en que el Estado de Chile en esta materia está absolutamente al debe. Aquí debiera ocurrir una cosa de lógica absoluta: que a esa persona que entrega todos los días de su vida al cuidado de una persona postrada, al cuidado de una persona adulta mayor incapacitada, se le otorgue una pensión al menos igual o similar a la pensión básica solidaria, y no este estipendio, este pago de 29.685 pesos.
Yo voy a votar favorablemente la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados y reitero mis felicitaciones a los autores y a la autora de este proyecto. Nosotros también, hace muchos años, iniciamos una moción en este sentido. Nos alegramos profundamente de que hoy día se dé este grado de avance, para que exista mucha más justicia de la que ha habido hasta hoy. Ese es el verdadero reconocimiento que necesitan, sobre todo, las mujeres que están al cuidado de estas personas, quienes están absolutamente desprotegidas.
Voto favorablemente, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Bianchi.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende y luego, la Senadora Provoste.

La señora ALLENDE.- Gracias, Presidenta.
Yo quiero sumarme a las palabras que han expresado mis colegas, tanto el Senador Bianchi como el Senador Sandoval.
Creo que es muy relevante que demos este paso, aunque es un pequeño avance. Evidentemente es importante otorgar esta atención preferente en salud.
Pero lo más relevante y el tema de fondo es reconocer la labor enormemente sacrificada que realizan aquellas cuidadoras (75 por ciento son mujeres), formales o informales, que reciben o no remuneraciones, quienes se hacen cargo de todos esos adultos o adultas no autovalentes o en situación de discapacidad.
Creo que todavía hemos avanzado poco al respecto.
Hace como un año aprobamos el proyecto que establece el 5 de noviembre como el Día Nacional del Cuidador Informal, que ahora se encuentra en la Cámara.
También tenemos pendiente la tramitación de la iniciativa que busca incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, proyecto que se encuentra en la Comisión de Salud.
Ya lo hemos dicho: más de dos millones y medio de personas tienen algún tipo de discapacidad y el 46 por ciento de ellas necesita algún grado de cuidado. Lamentablemente, el 94 por ciento de estas cuidadoras no reciben remuneración alguna.
Presidenta, creo que este pequeño paso que estamos dando ahora en esta tramitación en Fácil Despacho tiene que ser motivador, para seguir presionando y hacer ver al Gobierno y a las autoridades competentes que no podemos seguir ignorando una política de Estado en este sentido.
Yo recuerdo haberme juntado antes de la pandemia con una agrupación de mujeres cuidadoras en Quillota, que me decían: "¿Y quién nos cuida a las cuidadoras?". Evidentemente, se trata de un tipo de labor bastante sacrificada, 24/7, muchas veces sin domingos libres, que no permite ingresar al mercado laboral. Estas mujeres están dedicadas de lleno a cuidar a personas no autovalentes. ¿Y quién las cuida a ellas?
Qué reconocimiento hacemos aquí, qué remuneración entregamos, qué garantías les damos, qué formalidad tienen aquellas que son absolutamente informales. El Senador Bianchi mencionaba un estipendio de 29 mil pesos. Francamente, es casi insultante.
En verdad, si algo tenemos que hacer, es avanzar en una política de Estado en esta materia. El Estado tiene que entender que se debe contar con una red de cuidadoras que esté formalizada, lo cual significa que estarán reconocidas como tales, que recibirán un ingreso y que tendrán otras garantías, como la atención preferente en salud y otras áreas.
No podemos seguir descansando en esta mirada tan patriarcal mediante la cual las mujeres se hacen cargo de las labores domésticas y de muchos de los temas relacionados con las casas, debiendo asumir, entre otras cosas, el cuidado de estas personas adultas mayores que no son autovalentes.
Creo que llegó la hora de decir ¡basta!
Realmente debiéramos avanzar a esa verdadera red y entregar ese reconocimiento a todas estas cuidadoras por lo que hacen día a día. Llega un momento en que el Estado no puede seguir ahorrando en esto de esta manera.
No podemos entender que descansamos en esta forma bastante patriarcal de mirar la división del trabajo, dejándoles simplemente a las mujeres esta labor porque, bueno, es lo tradicional, es lo que ha ocurrido, es lo que culturalmente es más aceptable, etcétera, etcétera, etcétera.
Considero que la iniciativa avanza en el sentido correcto de otorgar atención preferente en salud a cuidadoras tanto formales como informales. Pero debemos ir al tema mucho más de fondo, permanente, para que realmente se haga justicia a esta noble función que tantas mujeres cuidadoras cumplen hoy día.
He dicho, Presidenta.
Voto, por supuesto, a favor.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Allende.
Tiene la palabra la Senadora Provoste y luego, el Senador Chahuán y la Senadora Carvajal.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidenta.
Quiero sumarme al reconocimiento para los mocionantes, porque esta iniciativa permite reconocer efectivamente a las cuidadoras de personas. Son mujeres, mayoritariamente, quienes están dedicadas a esta tarea de cuidado de personas con discapacidad y de adultos mayores.
Nos parece que esta iniciativa avanza en la línea de reconocerlas como sujetos de derechos específicos de prioridad, en el marco de las atenciones de salud.
Ello permite, además, reconocer que hoy día son miles las personas en nuestro país que viven con algún tipo de discapacidad o las personas adultas mayores que no pueden valerse por sí mismas, por lo que requieren el cuidado de otras personas, que en su gran mayoría son mujeres. Estas labores de cuidado son ejercidas, mayoritariamente, por ellas.
En el día de ayer en Rancagua lo comentaba con María Eugenia, integrante de una organización de cuidadoras que se dedica precisamente a estos temas, la asociación "Yo Cuido". Se trata de personas que, como aquí se ha señalado, casi siempre tiene que renunciar a... (falla de audio en transmisión telemática)... para atender a sus seres queridos.
En realidad, que en el día de hoy podamos hacer presente que habrá un trato preferente; que avancemos hacia políticas públicas más efectivas, y que se aporte a una red de apoyo integral que beneficien de manera especial a aquellas personas que ejercen labores de cuidado, es el camino que debiéramos haber iniciado hace ya largo tiempo.
Este es un pequeño reconocimiento, que responde a la necesidad de avanzar en el marco de leyes de seguridad social para el país como sujetos de derechos específicos. Y una de las áreas que hoy se busca reconocer es la atención preferente en el acceso a los servicios de salud.
Quienes integran la organización de cuidadoras "Yo Cuido" nos planteaban que, durante el proceso de vacunación, ellas llegaban con mucha dificultad a vacunarse y pedían, para aprovechar el mismo viaje, que se vacunara a sus hijos o hijas con discapacidad, aunque les faltaban una o dos semanas según el calendario. Y recibían por respuesta una negativa. Eso es no colocarse en el lugar de esas personas, aunque ellas enfrentan esto con entusiasmo.
Estoy a favor de este proyecto porque apunta en la dirección de apoyar a quienes han dedicado su vida entera a cuidar a personas con discapacidad o adultos mayores, que aportan a mejorar la calidad de vida de ellos a través de la acción permanente en el ejercicio... (falla de audio en transmisión telemática)... sujetas a protección y a cuidado.
Voto a favor, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Provoste.
El Senador Sandoval está pidiendo un minuto, por reglamento.

El señor SANDOVAL.- Presidenta, dado el consenso que hay en el proyecto y manteniendo los tiempos de las intervenciones, pido que se abra la votación.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Se opone su colega.
¿No?
¿Hay acuerdo para abrir la votación, manteniendo los tiempos?
Así se acuerda.
En votación.
--(Durante la votación).
Le damos la palabra a la Senadora Carvajal.
La señora CARVAJAL- Está primero el Senador Chahuán.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Perdón. Tiene la palabra el Senador Chahuán y luego la Senadora Carvajal.
Gracias.
Y después la Senadora Von Baer.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, por supuesto que es un valor importante reconocer a los cuidadores como sujetos de derecho a la atención preferente en el ámbito de la salud.
Ello se suma a otras iniciativas que hemos presentado en esta misma dirección. Yo fui autor del proyecto de ley que establecía el derecho preferente en salud para las personas mayores y también para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en hogares del Sename respecto a la atención de horas psiquiátricas.
Esto representa un reconocimiento a la labor que realizan los cuidadores.
Y por qué planteo esto de esa manera. Porque tenemos hoy día más de 1 millón 700 mil cuidadores en nuestro país, y la mayoría son adultos mayores. Se trata de adultos mayores que cuidan a adultos mayores, en el 60 por ciento de los casos.
Creemos, sin lugar a dudas, que el reconocimiento de su condición es fundamental. Presentamos un proyecto de ley, firmado por los miembros de la Comisión de Salud, para establecer el Día Nacional del Cuidador, con el fin de reconocer esa labor, porque estas personas están hoy día completamente invisibilizadas.
Pero quisiera hacerme cargo de otro tema, que dice relación con la subvención que pudieran recibir los cuidadores.
Tenemos personas mayores de tercera y cuarta edad, porque la población chilena se ha ido envejeciendo. En la Comisión del Adulto Mayor lo hemos visualizado. De hecho, se aprobó un proyecto de ley, del Senador Sandoval, que otorga el reconocimiento de la cuarta edad, dada la gran cantidad de personas sobre ochenta años que existen hoy día en nuestro país, más de 400 mil. Pero, además, hay una gran cantidad de chilenos que está sobre los cien años.
Entonces, la situación es completamente dramática respecto de los adultos mayores, quienes además muchas veces son cuidados por otros adultos mayores.
En ese contexto, quiero señalar que la subvención que se entrega hoy día es un desafío para el Estado, porque ellos lo están subsidiando. Las personas mayores, de tercera o cuarta edad, que se encuentran en un Eleam, un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, tienen un costo de más 670 mil pesos para el Estado; en cambio, cuando se entrega una subvención a las personas cuidadoras esta no alcanza los 30 mil pesos: estamos hablando de veintinueve mil pesos y fracción.
Por tanto, como miembro de la Comisión Especial del Adulto Mayor de este Senado hago un llamado de atención para que efectivamente tengamos la capacidad cierta de hacernos cargo de este problema y no permitir que más adultos mayores, que están cuidando a otros adultos mayores, sigan subsidiando al Estado. Ese es un tema -yo diría- de la mayor importancia.
Insisto: 60 por ciento de los cuidadores son adultos mayores.
Espero que este proyecto, más el que establece el Día del Cuidador Informal, sirvan para darles visibilidad. Y también hay otra iniciativa, que dice relación con el estatuto de los cuidadores y que surgió desde la Cámara de Diputados. Todos esto conforma un compendio de iniciativas que espero mejoren las condiciones de los cuidadores en nuestro país.
Por último, quiero mandar un saludo cariñoso, para que quede en la Versión Oficial, a las asociaciones de cuidadores de la comuna de Puente Alto, que han trabajado largamente con el Senador Ossandón. Ciertamente creemos, sin lugar a duda, que este proyecto también representa un reconocimiento a la labor que ellos han realizado.
Voto favorablemente, por supuesto.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Chahuán.
Tiene la palabra la Senadora Carvajal; y luego, la Senadora Von Baer y el Senador Lagos.

La señora CARVAJAL.- Gracias, Presidenta.
La verdad es que valoro esta iniciativa por lo que proyecta, pese a que el contenido aún sigue siendo deficiente, porque muestra con claridad la crudeza, la indefensión, el abandono de un Estado que no se hace cargo específicamente de nuestros adultos mayores.
Digo aquello con bastante propiedad. Yo soy Senadora por la Región de Ñuble, en donde tenemos altas tasas, la segunda tasa más alta de adultos mayores de las regiones. Y cuando uno recorre las poblaciones, recorre habitualmente esos sectores, puede señalar con bastante conocimiento que se encuentra con muchísimos adultos mayores abandonados, solos, carentes y sin ninguna red de apoyo, pero particularmente haciéndose cargo también de adultos mayores.
Al respecto, recuerdo, no quiero decir tristeza, pero sí con mucha emoción, el haber recorrido la población 20 de Agosto y encontrarme con la señora Laura, quien me hizo pasar a su casa, como seguramente a muchos de nosotros nos ocurre cuando nos invitan a sus hogares, donde pude ver a su esposo postrado en una cama. Ella me contaba que hacía más de seis meses que no lo podía mover, y no porque no quisiera, sino porque no tenía la capacidad física, siendo ella también una mujer con bastantes dificultades de desplazamiento, para levantarlo siquiera.
Entonces, esa es la crudeza y la tristeza con que uno se encuentra y que ve a diario cuando efectivamente no nos hacemos cargo, primero, de las mujeres. Porque es cierto: más del 90 por ciento de los cuidadores y cuidadoras son mujeres que han abandonado sus propias vidas para ocuparse de un familiar, de un pariente, de un amigo por pura voluntad.
Pero la verdad sea dicha, ¿son candidatos también a mártires, es decir, que el Estado tenga que subsistir en base a la pura buena voluntad respecto de la solidaridad, el cariño o, de cierta manera, el sentido más profundo de humanidad que hay detrás de ello? Yo creo que no.
Estos proyectos visibilizan esas realidades. La realidad también que aquí no se ha dicho, porque no es que todos los cuidadores y las cuidadoras ganen los veintinueve mil y tantos míseros pesos: ellos tienen que postular al objeto de que los recursos, estando disponibles, puedan ser asignados a propósito de alguna comuna para al menos acceder a esos 29 mil pesos. Por tanto, tampoco es que con la condición de cuidador y cuidadora se tenga esta suerte de remuneración.
Por consiguiente, creo que aquí es evidente que hay una carencia que no se sustenta con la realidad y el Chile que se merecen nuestros adultos mayores.
Por ello considero muy necesario, Presidenta, no solo avanzar en un registro nacional de cuidadores y cuidadoras que tengan un piso económico de financiamiento que a raíz de la discusión que se viene pudiera establecerse, ya sea de una modalidad compartida, entre el Estado, los Gobiernos regionales, en fin. Creo que habría que hacerse cargo de aquello de una vez por todas, pero además de cómo muchas vidas, a propósito de generar esto a través de la solidaridad y de la humanidad, son anuladas en esta sociedad.
Valoro este proyecto, mediante el cual buscamos que se les dé prioridad en la atención de salud. Valoro también que se haya enmendado su texto por parte de la Cámara de Diputados, ampliándolo también al concepto de "el y los cuidadores o cuidadoras", pensando en el caso de los hijos menores. Porque también es cierto, Presidenta, estimados colegas.
Estuve anteayer en Coihueco; me topé con una amiga, Viviana, quien tiene hijas gemelas con diagnóstico autista. Y la verdad es que hoy día, a propósito de la pandemia, en que hay reticencia también para acceder a un posnatal, para prorrogarlo o para que haya condiciones de apertura de las salas cunas, nos encontramos con que sus pequeñas hijas, ambas con el referido diagnóstico, no tienen quién las cuide. Tampoco se cuenta con los recursos para que ella pueda contratar a alguien y las cuide, y como es una mujer joven las puertas se le cierran por todos lados.
Entonces, yo pregunto: ¿hasta cuándo nosotros convertimos a la mujer en Chile en mujer mártir? No importa la edad; pero hoy día la invisibilidad del trabajo doméstico, la invisibilidad de los cuidadores y cuidadoras, la invisibilidad de los derechos de las mujeres siguen perpetuándose en el tiempo.
Es cierto, este proyecto colabora; sin embargo, no resuelve de fondo la necesidad, la desigualdad, la vulnerabilidad que muchas mujeres, especialmente en nuestras regiones y por supuesto también en los sectores rurales, viven día a día.
Apruebo este proyecto; pero tenemos que avanzar con mucha más fuerza en esta materia, ¡por el Chile que queremos y por las mujeres!
Gracias, Presidenta

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Carvajal.
Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.

La señora VON BAER.- Gracias, Presidenta.
Este proyecto de ley es de aquellos que hacen un cambio que se ve pequeño, pero que genera una diferencia en la vida de las personas que puede ser muy relevante.
En nuestra sociedad tenemos una falta de visibilización respecto de una realidad que se repite muchas veces: personas que están al cuidado de otras personas y lo que eso significa para su vida.
Muchas veces se trata de un familiar, y en la mayoría de los casos son mujeres las que están a cargo del cuidado de un adulto mayor o de una persona que padece alguna enfermedad. Esa vida por lo general tiene muy pocas libertades, porque estar al cuidado de alguien significa en muchas ocasiones la entrega del horario completo de la vida de la persona que realiza esa labor. Por lo tanto, lo que podamos hacer como sociedad para reconocer ese trabajo y alivianar esa carga creo que debemos realizarlo.
Este proyecto va en esa dirección.
Lo que se busca con él es que las personas que estén a cargo de otra persona o que se encuentren cuidándola tengan prioridad en el marco de las atenciones de salud. Esto, no solamente por hacer un reconocimiento del trabajo que realizan, sino también para facilitarles la vida. Entonces, lo que plantea la ley en proyecto es que todas los cuidadores y cuidadoras de personas mayores de sesenta años y de personas en situación de discapacidad tendrán derecho a ser atendidos preferente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud.
Creo, señora Presidenta, que ello va en la dirección correcta.
Teníamos una complicación, una preocupación en la Comisión de Salud con respecto a qué se entiende por cuidador. Y aquí lo que se hizo fue definir quién es el cuidador: "toda persona que, de forma gratuita o remunerada, proporcione asistencia o cuidado, temporal o permanente, para la realización de actividades de la vida diaria, a personas con discapacidad o dependencia, estén o no unidas por vínculos de parentesco.".
Señora Presidenta, creo que este es un proyecto que humaniza, que reconoce la deuda que como sociedad tenemos con todos aquellos que cuidan. Y espero que podamos seguir avanzando en reformas legales que vayan reconociendo esta tarea tan importante, que es el cuidado de nuestros adultos mayores, de las personas que tienen una enfermedad permanente o que presentan alguna situación de discapacidad.
Esta es una iniciativa de ley quizá pequeña, pero muy bonita y que puede mejorar la calidad de vida de quienes cuidan.
Creo que eso es algo en lo que debemos avanzar muchísimo más.
Gracias, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Von Baer.
Tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidenta.
Valoro que estemos votando ya en última instancia este proyecto de ley, que obviamente da un paso en la dirección correcta en cuanto a la necesidad que hay en Chile de crear un sistema nacional de cuidados.
Ciertamente, esta iniciativa es más limitada, menos ambiciosa, que da un paso pequeño -diría yo-, pero relevante al mismo tiempo, y que sin duda pone en el centro del debate la urgencia que tiene nuestro país, como parte de la construcción de un sistema de seguridad social, de construir a la vez un sistema nacional de cuidados.
Aquello se ha desarrollado en políticas sociales, en políticas vinculadas a la salud y a la reproducción de la vida, que en sociedades que no tienen un sistema de seguridad social finalmente termina cargando en los hombros de las mujeres un trabajo invisibilizado, no remunerado, de reproducción y de cuidado de la vida.
Esto en otros países se ha ido profesionalizando. Existe una verdadera economía de los servicios y de los cuidados con especialización, con capacitación, con formación para quienes se dedican al cuidado de personas con distinto tipo de dependencias: problemas de discapacidad física, psíquica, de salud mental; adultos mayores en situación de abandono, de precarización.
Aquello también se va extendiendo a las etapas infantiles y a otras distintas necesidades que -insisto-, de no existir un seguro social colectivo, solidario, finalmente recae en las mujeres o depende del bolsillo que tenga cada familia para poder sostener esta realidad y estos requerimientos.
Este proyecto define quiénes son cuidadores y cuidadoras. Establece que las cuidadoras que se dedican al apoyo y asistencia a personas con discapacidad o dependencia tendrán derecho a ser atendidas de manera preferente y oportuna por cualquier prestador de salud, sea público o privado.
¿Por qué digo yo que este es un proyecto que avanza en la dirección correcta y que es un paso modesto? Porque también Chile necesita crear un único sistema nacional de salud, como un derecho social y que no dependa de las aseguradoras privadas, las isapres en este caso, como ocurre con la salud mental, en que tenemos hoy en día litigios judiciales donde, por ejemplo, las isapres se niegan a cubrir prestaciones relacionadas con la salud mental, porque ellos lo ven como un negocio, porque les afectan sus tasas de ganancias.
En un país donde se establece el derecho social a la salud y un sistema único, solidario, público de salud donde todos coticemos solidariamente y en que se atienda según la necesidad de la persona, esa discriminación no debería ocurrir, no debería quedar al arbitrio del prestador privado o de la aseguradora privada.
Por ello creo que este proyecto de ley adelanta un tema, avanza un pasito; pero sin duda lo que tiene nuestro país en términos de construir un verdadero sistema de seguridad social, un sistema nacional de cuidados y un sistema único, solidario, público de salud, son desafíos estructurales de la sociedad chilena, y no me cabe duda de que será el proceso constituyente el que también abra la puerta, el que habilite esos cambios más estructurales.
Mientras tanto, ¡bienvenido este proyecto de ley!
Voto a favor, Presidenta.
Gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Latorre.
Le doy excusas al Senador Lagos. Esto de estar mirando la pantalla y mi torpedo produjo que no pudiera verlo, pues a usted lo tenía para intervenir antes que al Senador Latorre.
Mil perdones.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAGOS.- No se preocupe, Presidenta, si sabemos que ese es el costo de ser telemáticos; no siempre nos vemos en la pantalla. Pero no hay drama: ¡cero! Al contrario, quiero agradecerle que me dé la palabra.
Como mocionante quiero dar las gracias por las palabras que han tenido varios de mis colegas con respecto a este proyecto.
Quiero agradecerles también a los demás autores de esta moción, y hay que dimensionarlo: a Guido Girardi, compañero de bancada; a Rabindranath Quinteros; a Juan Pablo Letelier, y a la Senadora Carolina Goic.
Lo único que quisiera agregar a lo que se ha dicho es que voy a mirar la mitad del vaso lleno, que no es poco a estas alturas, porque aquí lo que estamos haciendo es abrir un camino en el sentido de reconocer dentro del Estado de Chile y de la sociedad chilena a aquellos que realizan, dedican tiempo, energías que no siempre sobran; a aquellos que tal vez posponen proyectos personales, a algunos que muchas veces además no tienen más alternativa que apoyar a adultos mayores o a quienes presentan capacidad diferentes o discapacidades derechamente.
Estas personas, que cumplen una labor muy fundamental no solamente por el entorno familiar, sino que respecto de la calidad de vida de aquellos que requieren apoyo, se hallan supliendo un rol del que quizás debería hacerse cargo la sociedad en su conjunto.
Este tema no es solo de Chile: también ocurre en muchas sociedades, por cuanto en la medida que los sistemas de salud mejoran, que la alimentación mejora vivimos más años, nuestra tercera edad pasa a ser lo que ya llamamos "cuarta edad". Pero esa última parte de nuestras vidas no siempre es de la mejor calidad, y hay otros que lamentablemente a temprana edad igualmente requieren apoyo de personas que estén en condiciones de brindarlo.
Entonces, con este proyecto, entendiendo todas las limitaciones que tiene -porque estamos hablando de una atención preferente en salud tanto en consulta como en otras actividades propias de salud o en acceso a medicamentos- tendemos a apuntar a un sistema de seguridad social propiamente tal que se haga cargo también de esta realidad.
Desde esa perspectiva, quiero quedar con un sabor bueno; quiero quedar con la percepción de que acá hay un punto de inflexión, porque ahora se genera algo que tal vez era impensado: que personas que no tienen un rol directo con el Estado van a recibir un reconocimiento.
Hoy día están esos ingresos, que además son muy escasos, son cifras muy bajas, de veintinueve mil seiscientos ochenta y tantos pesos, pero que además no son para todos y cada uno de los que prestan esos servicios, que hacen esa labor de apoyo. Esto no está diseñado así. Sin embargo, no me cabe duda de que para allá vamos a avanzar.
Para terminar, señora Presidenta, deseo señalar que ciertamente voy a votar este proyecto.
Asimismo, quiero aprovechar de enviar saludos, porque para llegar acá con esta moción, que dio origen a este proyecto, hay detrás organizaciones como Yo Cuido, que comenzó en nuestra Región de Valparaíso, en la provincia de Marga Marga, en Quilpué y Villa Alemana, y se ha ido expandiendo a otras regiones y a nivel nacional.
También quiero enviar un saludo a las dirigentas que nos acompañaron en esto, a quienes también las hemos acompañado. Tuvimos un excelente conversatorio en el Congreso, a partir de las facilidades que nos dio la Biblioteca del Congreso y la transmisión de TV Senado, donde llevamos a cabo un intercambio bien fructífero en esta materia y que se repitió muchas veces. Entonces, saludo a Sonia Castro, a Virginia y a Mariela Serey, quien además es convencional constituyente por el Frente Amplio. Hoy día ella es de las responsables de redactar la Constitución, y no me cabe duda de que las discapacidades y la tercera edad serán parte de la forma en que podamos abordar los desafíos de mañana.
Yo quiero agradecerles a todos.
Creo que este un tremendo proyecto no solamente por las implicancias que pueda tener, que son limitadas en algún sentido, sino también porque abre un camino y genera un precedente bien fundamental.
Voy a votar favorablemente.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Lagos.
Senador Sandoval, ¿usted está inscrito?

El señor SANDOVAL.- No.

La señora RINCÓN (Presidenta).- No.
Le pido al Senador Montes que me reemplace en la testera, pues quiero hacer uso de la palabra.
Entiendo que no hay más inscritos.
Muy bien.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Montes.

El señor MONTES (Presidente accidental).- Le ofrezco la palabra a la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Quiero partir por felicitar a los autores de esta moción (Senadores señora Goic y señores Quinteros, Lagos y Letelier), pues es un pequeño, ¡pequeño!, reconocimiento a la labor de las cuidadoras y los cuidadores de nuestro país.
El reconocimiento para acceder a atención preferente de salud es lo mínimo que podemos hacer por hombres y mujeres de nuestra patria, que asumen una labor tremendamente dura y difícil.
El día viernes estuve en la Quinta Región, en la comuna de El Quisco, acompañando a un consejero regional, a un candidato a Diputado, quienes me llevaron a una reunión con una organización de cuidadoras y cuidadores. La señora Aurora, que la preside, daba cuenta del tremendo esfuerzo que ellos realizan día a día en nuestro país, de norte a sur. Entre los cuidadores estaba Lorena Rivera, una mujer de poco más de 40 años, que vivía en la Región del Biobío y que tuvo que viajar a cuidar a su madre. ¡Dieciocho años cuidando a su madre! No pudo terminar de estudiar. Hoy día es una trabajadora informal que está encasillada como indigente para los efectos de salud. Además le detectaron una enfermedad y, si no tiene posibilidad de acceder al sistema público de salud, no va a poder enfrentarla.
Los cuidadores reciben poco más de 39 mil pesos mensuales por concepto de bono para cuidar a personas mayores. Pero si tienen lazo de parentesco con ellas no tienen acceso a este estipendio.
Creo que tenemos una deuda como país y, en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuestos, este debe ser un tema que abordemos.
Cuando uno mira nuestras facultades, sin lugar a dudas, lo que están haciendo nuestros colegas con esta modificación es lo que podemos hacer dentro de ellas.
Sin embargo, creo que por dignidad, por ese país digno que queremos construir, necesitamos avanzar para garantizar condiciones adecuadas a nuestros adultos mayores, a hombres y mujeres postrados, de todas las edades, que requieren alguien que los cuide.
Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la dignidad y del desarrollo del país, esto es necesario.
Voy a apoyar, obviamente, este proyecto, reiterando mis felicitaciones, pero creo que estamos en deuda.
Gracias, Presidente.

El señor MONTES (Presidente accidental).- Gracias, Senadora Ximena Rincón.
Señor Secretario, ¿alguien no votó?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a hacer las consultas de opción de voto. Afuera está solicitando la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Voto a favor, Presidente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vota a favor.
Han votado electrónicamente el Senador señor Pugh, la Senadora señora Allende, el Senador señor Quintana y la Senadora señora Órdenes.
Senador señor de Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- Voy a fundamentar mi voto, señor Secretario.
Voto a favor, obviamente, para visibilizar la importancia de las cuidadoras y los cuidadores a lo largo de Chile.
Sin embargo, nos estamos acostumbrando a estos antecedentes retóricos de reconocer una atención preferente. La atención preferente, más que un reconocimiento, debiera ser el derecho de cualquier hombre o mujer que, colocado ante una necesidad médica, a tener asegurada dicha atención.
Por eso tenemos que avanzar en fortalecer especialmente a las cuidadoras por la tremenda labor que realizan. Son conocidas y masivas las situaciones que enfrentan desde el punto de vista del desgaste que significa la postergación de sus actividades al tener que cumplir su condición de cuidadoras, generalmente de un familiar, de una mujer, de la hija o de un cónyuge.
Claramente, sería imposible votar en contra.
Pero seamos claros en que el Estado de Chile, el Ministerio de Salud, necesita implementar una red de protección social que permita incorporar a quienes sufren una enfermedad, y también una red de protección para quienes ejercen ese cuidado.
Son muchos los casos que uno conoce día a día. En Valdivia y Panguipulli me ha tocado encontrarme en las últimas semanas con personas que manifiestan esta necesidad.
Por supuesto, esto es una alegría, pero es un paso pequeño, un pequeño pasito que tiene que llevar a convertir, ojalá en vísperas de un proceso eleccionario presidencial, a ofrecer, a comprometerse, a constituir esa red nacional, no de atención preferente de salud, sino de atención de salud para aquellas personas que lo necesitan. No debe ser necesario tener la condición particular de cuidador o cuidadora de un hogar de tal o cual situación, de tal o cual edad o de determinada procedencia, sino que debiera ser un derecho garantizado.
Eso es lo que esperamos de nuevos tiempos en nuestro país.
Voto a favor, señor Secretario.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador De Urresti.
Tiene la palabra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, Presidenta.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
Hago presente que el Senador señor Lagos y el Senador señor Pugh están pareados. Sin embargo, el Senador señor Lagos, en su intervención, alcanzó a emitir su voto antes de la hora en que se iniciaba el pareo.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Entonces, el Senador Pugh puede votar.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Senador señor Pugh?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Está okay.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Va a ejercer su derecho a voto o va a mantener el pareo?

La señora RINCÓN (Presidenta).- No, va a votar.
¿Senador Pugh?
Senador Lagos, ¿usted quiere hablar?
Micrófono, por favor.

El señor LAGOS.- Sí, bien breve.
Dos cosas.
Uno, yo ya voté, porque me parece que cuando hice uso de la palabra ya estaba abierta la votación.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Así es.

El señor LAGOS.- Dije que votaba favorablemente.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Sí, votaron los dos, Senador Lagos, así que no hay problema.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Pugh votó electrónicamente.

El señor LAGOS.- Perfecto.
Y lo segundo es que se agregue al acta el apellido de una de las dirigentas. Dije "Virginia", pero se me olvidó el apellido: es Aguirre.
Para que quede en el acta.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Quedará así consignado, Senador Lagos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba la enmienda introducida por la Cámara de Diputados, contenida en el número 1) del artículo único del proyecto (35 votos favorables), y queda el proyecto despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Además, se encuentra registrado el pareo del Senador señor Castro con la Senadora señora Muñoz.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Muy bien.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de los acuerdos de Comités.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Incorporar y tratar sobre tabla en primer lugar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica y complementa la ley N° 21.226 para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia (boletín 14.590-07), con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Para el tratamiento de dicha iniciativa, se otorgará la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento a fin de que evacúe su informe; posteriormente, se procederá a votar el proyecto sin abrir debate, otorgando la palabra a las señoras Senadoras y señores Senadores que quieran hacer uso del derecho a fundamentar su voto hasta por dos minutos.

2.- Citar a sesión especial para mañana miércoles 29 de septiembre, de 16 a 17 horas, a efecto de que la Sala del Senado se pronuncie sobre el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Jean Pierre Matus Acuña, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

3.- Dar inicio a la sesión de mañana miércoles a las 17 horas, con duración hasta las 20, teniendo presente que en la hora de Incidentes, conforme a los acuerdos de Comités del día viernes, se llevará a cabo un homenaje al Colegio de Abogados con motivo de sus 120 años de existencia.

4.- En relación con el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la capitalización del Banco del Estado de Chile al objeto de cumplir con las exigencias de Basilea III, iniciativa que fue aprobada en general por la Sala y corresponde al boletín N° 14.198-05, no se presentaron indicaciones durante el plazo que se abrió para tales efectos, por lo que se acordó en Comités dar por aprobado el proyecto de ley también en particular y proceder a la tramitación que corresponda con posterioridad a esa aprobación.
Es todo, señor Presidente.




CAPITALIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE BANCO DEL ESTADO PARA CUMPLIR EXIGENCIAS DE BASILEA III

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Corresponde entonces, conforme al acuerdo de Comités, que la Sala dé por aprobado el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autorizó la capitalización del Banco del Estado de Chile, con el objeto de cumplir con las exigencias de Basilea III.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.198-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Con respecto a esta iniciativa, no hubo ninguna indicación en el plazo estipulado para tal efecto, por lo que procede darla por aprobada también en particular.
Los Comités no estimaron necesario abrir un nuevo plazo para tal propósito.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto en particular.
Acordado.
--Por unanimidad, se aprueba en particular el proyecto y queda despachado en este trámite.
VI. ORDEN DEL DÍA



CONTINUIDAD DE SERVICIO DE JUSTICIA MEDIANTE EXTENSIÓN ACOTADA DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LEY N° 21.226


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- En seguida, también en virtud de lo resuelto por los Comités, procederemos a conocer sobre tabla el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica y complementa la ley N° 21.226, para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.590-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Hemos pedido al Presidente de la Comisión de Constitución, aparte de la relación que hará el señor Secretario, que entregue el informe correspondiente.
Cabe señalar que esta iniciativa, por acuerdo de los Comités, se votará sin discusión y con un tiempo limitado de argumentación de voto de hasta dos minutos para aquellos Senadores y Senadoras que quieran intervenir.
Tiene la palabra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
El proyecto tiene por objeto dar continuidad al servicio de justicia, extendiendo por un acotado y razonable plazo el régimen jurídico establecido por la ley N° 21.226 para los procesos ante tribunales en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de acciones que indica, en condiciones que resulten conciliables con el otorgamiento de seguridad para la salud de las personas que deben concurrir a tribunales a cumplir con actuaciones dispuestas y la certeza para el ejercicio de sus derechos, el que habrá de prolongarse hasta el 30 de noviembre de 2021.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, en conformidad al acuerdo de Comités adoptado el 8 de abril de 2020, la Mesa del Senado, con fecha 23 de septiembre en curso, remitió este proyecto de ley a dicha Comisión para su estudio con antelación a dar cuenta del mismo en la Sala, por tratarse de un asunto derivado y vinculado con la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe a causa de la situación sanitaria que vive el país.
Asimismo, la mencionada instancia hace presente que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, por tratarse de una iniciativa de artículo único y respecto de la cual se ha hecho presente la calificación de urgencia con carácter de "discusión inmediata", procedió a discutirla en general y en particular a la vez. Por tanto, propone además que en la Sala sea considerada del mismo modo.
La referida Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Huenchumilla; en particular lo aprobó con las votaciones que en cada caso consigna en su certificado y en los mismos términos en que fuera despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
Finalmente, hace presente que el numeral 3 del artículo único del proyecto de ley requiere de 23 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 4 y 5 del certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señoría tienen a disposición en la Sala; también está disponible en la plataforma de la sesión remota o telemática y ha sido remitido a los correos de Sus Señorías.
Es todo, señor Presidente.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Antes de dejar con la palabra al Presidente de la Comisión, Senador Pedro Araya, quiero saludar al señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín.
Lo saludamos desde acá, Ministro.
Vamos a ser eficientes: le daremos la palabra al Presidente de la Comisión y procederemos a votar.
Don Pedro Araya, tiene la palabra.

El señor ARAYA.- Gracias, Presidente.
El proyecto en estudio modifica y complementa la ley 21.226 para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia, y se encuentra signado con el boletín N° 14.590-07; cumple su segundo trámite constitucional, y se inició por mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. Por acuerdo de Comités del Senado, la Mesa de la Corporación, con fecha 23 de septiembre del año en curso, lo remitió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su estudio, con antelación a dar cuenta en la Sala del mismo, por tratarse de un asunto derivado o vinculado con la declaración de estado de catástrofe a causa de la situación sanitaria que vive el país. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, por tratarse de una iniciativa de artículo único y respecto de la cual se ha hecho presente la calificación de urgencia en carácter de "discusión inmediata", la Comisión lo discutió en general y en particular a la vez.
En síntesis, el objetivo del proyecto es dar continuidad al servicio de justicia, extendiendo, por un acotado y razonable plazo, el régimen jurídico establecido por la ley N° 21.226 para los procesos ante tribunales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicios de las acciones que indica, en condiciones que resulte conciliable con el otorgamiento de seguridad para la salud de las personas que deben concurrir a tribunales a cumplir con las actuaciones dispuestas y con la certeza para el ejercicio de sus derechos, el cual habrá de prolongarse hasta el 30 de noviembre del año 2021.
La iniciativa consta de un artículo único que mediante cuatro numerales modifica la ley N° 21.226.
En primer lugar, deroga el artículo 6, que dispone que "Los términos probatorios que a la entrada en vigencia de dicha ley hubiesen empezado a correr, o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, en todo procedimiento judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país, se suspenderán hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104 (...), y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso".
En segundo lugar, incorpora, a continuación del artículo 10, un epígrafe nuevo, denominado "Disposiciones complementarias".
En tercer lugar, agrega un artículo 11, que establece que, "A excepción de los artículos 4 y 6, en cada una de las demás disposiciones a que se refiere la presente ley en que se refiere a la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe (...) y al tiempo en que éste sea prorrogado ha de entenderse que las respectivas reglas refieren al término que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021".
"Asimismo, la regla del inciso primero del artículo 7" (suspensión de los plazos en materia penal) "ha de entenderse referida al término que se extiende hasta los diez días hábiles posteriores al 30 de noviembre de 2021".
Finalmente, incorpora un artículo 12, nuevo, al tenor del cual, en primer lugar, "Los términos probatorios que durante la vigencia del artículo 6 se hubieren suspendido por disposición de dicha norma, se reanudarán, a petición de parte, desde la fecha en que se notifique la resolución que acoja la solicitud, extendiéndose por el tiempo que corresponda de conformidad a las reglas generales. El tribunal, atendido el número de testigos y el de los puntos de prueba, señalará una o más audiencias para el examen de los testigos".
En segundo lugar, "En aquellas contiendas civiles que, a consecuencia de haberse suspendido el respectivo término probatorio por disposición del artículo 6, hubieren estado paralizadas por seis meses o más sin que se dicte resolución alguna, no regirá lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil", esto es, la obligación de notificar personalmente o por cédula las anotaciones en el estado diario, si han transcurrido seis meses sin que se dicte resolución alguna en estos procesos. "Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de los tribunales de ordenar otras formas de notificación".
Y en tercer lugar, "Para efectos de lo dispuesto en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil," -esto es, el abandono del procedimiento- "no se contabilizará el tiempo en que el juicio hubiere estado paralizado por disposición del artículo 6 o por cualquier otra causal producto de la pandemia".
Señor Presidente, por último cabe señalar que el numeral 3 del artículo único de la iniciativa requiere para su aprobación el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores y Senadoras en ejercicio, al tenor de lo dispuesto en los artículos 67, inciso primero, y 66, inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República. Puesta en votación, fue aprobada en forma unánime en la Comisión de Constitución.
Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Muchas gracias, Senador.
Si le parece a la Sala, podríamos aprobar por unanimidad el proyecto, dejando constancia del quorum.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (28 Senadores presentes), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Muchas gracias.
Ministro, yo ya le había dicho que íbamos a omitir sus palabras en honor al tiempo. Pero me están pidiendo que por lo menos le permita intervenir para dar las gracias.

El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Bueno, Presidenta: gracias. Le agradezco a usted, a la Mesa, a los Comités y a los Senadores y Senadoras.
Y un abrazo grande, porque así vamos haciendo más rápida la justicia en Chile.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Eso esperamos todos, Ministro.
Muchas gracias a usted.



MODIFICACIÓN DE NORMATIVAS SOBRE ENDEUDAMIENTO Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR

La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
La señora Presidenta pone en discusión en general el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señoras Rincón y Goic y señores De Urresti y Huenchumilla, y del ex Senador señor Harboe, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales sobre endeudamiento y derechos del consumidor, con informe de la Comisión de Economía.
  --A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 13.020-03) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es legislar en materia financiera y reformar los cuerpos legales pertinentes sobre restricción de la aplicación indiscriminada de cláusulas aceleratorias, limitación de los intereses que son aplicados en la etapa de cumplimiento de la obligación, protección de la buena fe de los consumidores y deudores; asegurar la confianza de los deudores y consumidores en el sistema financiero; limitar las facultades abusivas y arbitrarias en contratos de adhesión de operaciones crediticias, y eliminar los costos excesivos por concepto de pago anticipado o prepago de deudas.
La Comisión de Economía discutió la iniciativa solamente en general, y aprobó la idea de legislar por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señora Rincón y señores Durana y Elizalde y el ex Senador señor Harboe. Se abstuvo el Honorable Senador señor Galilea.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 14 y 15 del primer informe de la Comisión de Economía y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en la Sala y se encuentra también disponible en la plataforma de la sesión remota o telemática y fue remitido a los correos de todas las señoras y señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Senador Álvaro Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidenta.
Procedo a rendir el informe recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales sobre endeudamiento y derechos del consumidor, que corresponde a una moción iniciada por los Honorables Senadores señoras Rincón y Goic y señores De Urresti, Harboe y Huenchumilla (boletín N° 13.020-03).
El objetivo del proyecto es legislar en materia financiera y reformar los cuerpos legales pertinentes sobre los siguientes temas:
1° Restricción de la aplicación indiscriminada de cláusulas aceleratorias a determinados casos y tipos de crédito.
2° Limitación de los intereses que son aplicables en la etapa de cumplimiento de la obligación, restringiéndolos a los pactados en el contrato o convención inicial o a una proporción superior no excesiva.
3° Protección de la buena fe de los consumidores y deudores en el sentido de eliminar el anatocismo o "cobro de intereses sobre intereses" de nuestra legislación.
4° Asegurar la confianza de los deudores y consumidores en el sistema financiero, permitiendo la paralización de efectos lesivos para su patrimonio a través del pago o amortización de la deuda capital o de intereses.
5° Limitación de las facultades abusivas y arbitrarias en contratos de adhesión de operaciones crediticias, específicamente en lo concerniente a la repactación o reprogramación de deudas y la imposición unilateral de plazos, intereses y cobros excesivos respecto de la obligación inicial.
6° Finalmente, eliminación de costos excesivos por concepto de pago anticipado o "prepago de deudas", también llamados "comisiones de prepago".
En cuanto a su estructura, el proyecto consta de tres artículos.
En el Artículo Primero introduce diversas modificaciones en la ley N° 18.010, sobre operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.
El Artículo Segundo reemplaza el inciso segundo del artículo 105 de la ley N° 18.092, que dicta nuevas normas sobre letra de cambio y pagaré.
Y el Artículo Tercero incorpora una letra h), nueva, en el artículo 16 de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, referido a los contratos de adhesión.
La moción señala que, si bien el tráfico jurídico-comercial actual y el acceso al crédito es fundamental como base para las relaciones económicas y el desarrollo del país, el que cuenta con una serie de instrumentos de incentivo y protección al crédito, por otro lado no cuenta con mecanismos suficientemente robustos para proteger a la contraparte, es decir, a los usuarios y deudores del sistema bancario y financiero. Esto se evidencia claramente en un informe de la OCDE (sobre "La educación financiera en América Latina y el Caribe SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS"), que señala que solo el 50 por ciento de los chilenos tiene control sobre sus gastos; apenas el 10 por ciento de los trabajadores ha calculado los fondos necesarios para su vejez, y un tercio de los tarjetahabientes no están conscientes de la mantención de créditos y préstamos con instituciones financieras.
Los autores llaman la atención respecto de las múltiples demandas que la ciudadanía ha expuesto en los últimos días -este proyecto inició su tramitación el 2019 y fue despachado ese mismo año por la Comisión de Economía-, evidenciando una grave desigualdad en un sinnúmero de temas, dentro de los cuales está el financiamiento, el acceso a este y, en general, el endeudamiento que aqueja a millones de chilenos. Constata lo anterior un estudio del Banco Central, del cuarto trimestre del 2018, donde se expresa que "los hogares registraron un stock de deuda equivalente a 73,3 por ciento del ingreso disponible, superior en 3,2 pp. al cierre del año anterior, explicado principalmente por el aumento de los préstamos de largo plazo con bancos", y que dicha deuda ha aumentado consistentemente en los últimos años (casi 14 por ciento), lo que se suma a que la "riqueza financiera neta" de los hogares se redujo en 3,5 pp. respecto de 2017, principalmente por préstamos de consumo (18 por ciento del total del endeudamiento). En consecuencia, se hace imperativa la necesidad de revisar la legislación financiera y bancaria de nuestro país, en orden a adelantarnos a la burbuja de endeudamiento que podrían enfrentar miles de hogares en algunos años.
Agregan que, tal como han señalado los expertos, el nivel de endeudamiento en nuestro país es alarmante, llegando al 28,1 por ciento del producto interno bruto según el informe del Banco Central antes citado. Asimismo, es de relevancia destacar lo que ha expuesto la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) en el sentido de que "en nuestro país el acceso al crédito se ha ido masificando con mucha fuerza en los últimos años, la expansión de la economía nacional, ha permitido que las empresas dedicadas a la intermediación del dinero y el crédito directo hayan hecho fuertes colocaciones en el mercado, incluso en sectores en que tradicionalmente el acceso al crédito era muy limitado". Lo anterior tiene una contraposición que ha creado desbalances en el sistema, ya que a través del "uso de complejos dispositivos de mercadotecnia y nuevas necesidades sociales de consumo, que en muchas ocasiones no se condicen con la realidad económica de los sujetos y sus familias", se ha desencadenado el endeudamiento antes evidenciado. Así, "el alto endeudamiento masivo, no respaldado por capacidad de pago, y el sobreendeudamiento han generado un problema social profundo, fruto de la persecución judicial de los deudores en los tribunales del país".
La iniciativa, sometida a votación en general, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Economía: cuatro votos a favor y una abstención. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señor Durana, quien presidía en ese tiempo la Comisión, la señora Rincón y los señores Elizalde y Harboe, y se abstuvo el Honorable Senador señor Galilea.
Por lo anterior, la Comisión propone a la Sala de esta Corporación aprobar en general el proyecto para luego continuar con su tramitación en particular.
Es cuanto puedo informar.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Elizalde.
En la primera ronda de intervenciones, vamos a dejar con la palabra a la Senadora Ximena Rincón. Y les pido a los colegas que se vayan anotando.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Honorable Sala, presentamos este proyecto de ley junto a los Senadores De Urresti, Goic, Huenchumilla y el hoy constituyente Harboe diez días después de las manifestaciones de octubre de 2019.
Sin duda, una de las banderas de lucha del llamado "estallido social" fueron los abusos y cobros excesivos de la banca. Este Congreso no solo puso oídos a las demandas ciudadanas, sino que puso manos a la obra a varias iniciativas que estaban olvidadas. Hoy, más que nunca, con una crisis sanitaria y económica que debemos afrontar como país con altura de miras, se hace indispensable el compromiso del sector público y el sector privado para con la ciudadanía. Este es un desafío excepcional que debemos afrontar unidos.
Cuando presentamos este proyecto de ley, los niveles de endeudamiento que agobiaban a las familias chilenas eran altísimos. A junio de 2019, la media de la deuda era de 2,1 millones de pesos, mientras que los indicadores de carga financiera y de apalancamiento eran de 19,9 por ciento y 3,7 veces el ingreso, respectivamente.
Si bien el endeudamiento es un fenómeno normal en las economías y le da a estas dinamismo, provocando el movimiento de la riqueza y los capitales, cuando dicho endeudamiento se convierte en una congoja para la familia que le impide el alivio económico, debemos ponerle atención. Cuando vemos que más de un cuarto de los deudores presentan deudas de hasta doce veces su ingreso mensual, es el momento de ver qué estamos haciendo mal.
El proyecto de ley que se discute en la Sala viene a abordar esta otra pandemia, quizás más silenciosa, pero igual de profunda, desigual y alarmante. Esta es el sobrendeudamiento que viven las familias de nuestro país, sus adultos mayores y también los jóvenes.
La moción busca, de alguna forma, equiparar la cancha y otorgar herramientas para que aquellos que hoy se ven en la imperiosa necesidad de endeudarse puedan salir adelante. Es por ello que el proyecto de ley propone: primero, regular de manera más estricta las cláusulas abusivas en contratos de servicios financieros y bancarios; segundo, fomentar el cumplimiento de las obligaciones crediticias de los chilenos mediante la reducción progresiva de los factores que lo impiden, como el cobro excesivo de intereses; tercero, eliminar los costos excesivos por concepto de pago anticipado o prepago de deuda, también llamados "comisiones de prepago", entre otras medidas.
Según estudios de la Fundación Sol, al comparar América Latina, Chile resulta ser el país -entre los que tienen datos comparables- con mayor endeudamiento de los hogares: 46 por ciento del PIB, lejos del 29,8 por ciento de Brasil, el 6 por ciento de Argentina, e incluso sobre el promedio de los países emergentes (38,2 por ciento). En cuanto a los motivos del endeudamiento, el 35 por ciento de los hogares con deuda de otros países declaran que la ocupan para vivienda y expansión inmobiliaria, en tanto que para el caso de Chile ese porcentaje es de solo 11,4. De hecho, el 31,7 por ciento de los hogares chilenos la utiliza para cancelar o consolidar otras deudas, mientras que en los países comparados apenas el 7,7 por ciento la emplea por tales motivos.
Las deudas que hoy contraen las familias de nuestro país, señor Presidente, son para pagar otras deudas. Las familias contraen nuevas deudas, pero no cualquier deuda en el retail, sino en el supermercado, el minimarket, el fiado del negocio del barrio, deuda para comprar alimentos. Hoy pagan los intereses de un consumo que sirvió para vivir en condiciones mínimas. Según especialistas, el endeudamiento supera con creces la población remunerada. Gran parte de los morosos no solo tiene bajos salarios, sino que ni siquiera cuenta con uno. Y nuestros adultos mayores, que escasamente se sostienen con su pensión, se encuentran con tasas de pobreza superiores al 38 por ciento.
Señor Presidente, sabemos que los chilenos y las chilenas sí pagan sus deudas. No es un problema de voluntad; se trata de una situación dramática que las familias viven hoy. Los retiros previsionales ayudaron no solo a solventar las urgencias por las que pasaron miles de familias durante la cuarentena -urgencias a las que el Gobierno llegó lento y tarde-, sino que también permitieron a miles de personas regularizar sus deudas, lo que se refleja en los siguientes datos. En julio de 2020, el 16 por ciento de los deudores tenía una alta carga financiera, superior al 50 por ciento del ingreso mensual. Un año después, dicha cifra disminuyó al 18 por ciento. Lo anterior se refleja igualmente en la baja de deudores bancarios: de 1,1 millones de morosos el 2019, pasó a cerca de 441 mil deudores con obligaciones impagas el 2020. Nuestros compatriotas prefirieron pagar sus deudas.
Los chilenos quieren pagar, pero ¿cómo hacerlo, señor Presidente, con un sistema que no les permite liquidar sus créditos? Podemos exponer cientos de estudios, análisis financieros, recomendaciones de organizaciones internacionales; sin embargo, el diagnóstico es claro. Los bajos salarios, las malas pensiones, la inestabilidad en el mercado del trabajo, el alto costo de la vida, la necesidad de endeudarse para poder estudiar en la educación superior, la desigualdad, la figura del anatocismo en nuestro ordenamiento jurídico, el interés sobre interés, todo esto crea una situación que parece no tener fin y en la cual son los consumidores (las familias chilenas) los que una y otra vez pierden, cargando una mochila difícil de llevar.
Este proyecto, señor Presidente, entrega herramientas para luchar contra este escenario, evidentemente desigual e injusto. Viene a proponer una salida de tranquilidad para las familias que hoy se encuentran dañadas; dañadas por el acoso telefónico de las compañías de cobranza, que las amenazan con embargos y remates; dañadas por el dolor y la angustia que significa que el Gobierno de su país celebre un apoyo de 65 mil pesos mensuales cuando no tienen qué comer y ven el crédito comercial como su única salida.
También significará un apoyo a los cuidadores de los adultos mayores y postrados, quienes reciben una cifra insignificante por esa misión.
Nuestra intención en este proyecto es luchar contra la relación asimétrica que existe entre las instituciones financieras y sus clientes, de manera de promover el crédito pero de forma responsable, sin que se transforme en una carga insalvable.
Señor Presidente, sabemos que esto no es suficiente: necesitamos políticas públicas integrales que aborden este tema. Creemos que esta iniciativa avanza en la dirección correcta al entregar apoyo a las familias, alivio a los ancianos y seguridad a los jóvenes. No perdamos la oportunidad de legislar de cara a la ciudadanía en un tema que la afecta directamente y donde se necesita la voluntad del Ejecutivo, de la banca, de las instituciones financieras y de este Parlamento.
Gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Rincón.
Vamos a dejar con la palabra al Senador David Sandoval.
¿No?
Entonces, le daremos la palabra al Senador José Miguel Durana, luego a la Senadora Provoste y al Senador Lagos.

El señor BIANCHI.- ¿Puede abrir la votación, Presidente?

La señora RINCÓN.- ¡Abramos la votación!

El señor ELIZALDE.- Que se abra la votación, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- El Senador Rabindranath Quinteros se acaba de inscribir. También lo pondremos en la lista.

La señora RINCÓN.- Pero, abra la votación, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Hay acuerdo para abrir la votación?

La señora RINCÓN.- Sí.

El señor ELIZALDE.- Sí.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Y vamos fundamentando el voto.
Muy bien.
En votación.
--(Durante la votación)

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Durana, tiene la palabra.

El señor DURANA.- Presidente, este proyecto de ley tiene por objeto entregar alivio a los deudores y usuarios del sistema financiero, estableciendo condiciones más equitativas en sus operaciones de crédito.
El acceso al crédito es fundamental como base para las relaciones económicas y el desarrollo nacional, pero esta realidad ha jugado un doble papel en las familias chilenas.
Por una parte, ante una mayor oferta de créditos de diversas instituciones -este tipo de actividad dejó de ser propia de la banca-, las personas tienen hoy mayores facilidades para el acceso a ellos, lo que les permite adquirir bienes que probablemente no habrían conseguido por sus propios medios o en el momento necesario.
Sin embargo, esta situación ha acarreado un creciente endeudamiento en las familias chilenas. Esto preocupa a diversos organismos que ya han advertido esta alza, exponiendo preocupantes cifras, por ejemplo, el porcentaje de deuda en relación a los ingresos familiares, que ha experimentado un sostenido aumento con el paso de los años.
Ante esta realidad, es imperativo equilibrar la balanza entre las instituciones proveedoras de los créditos y los consumidores, quienes muchas veces se ven asediados por el gran abanico de herramientas que pueden usar contra ellos en caso de no pagar sus deudas según lo pactado.
El proyecto busca rebajar la tasa de interés máxima convencional para permitir que las personas accedan al crédito con mayor facilidad y, de esta forma, lograr una herramienta de reactivación de la actividad económica, así como la normalización de la situación crediticia.
Por otra parte, a los efectos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones financieras, esta iniciativa establece la rebaja de las comisiones de prepago, de forma tal que esta no exceda de un mes de interés pactado en el caso de operaciones reajustables y de quince días en el caso de las no reajustables.
Asimismo, se contempla que para el caso de los pagarés que contengan vencimientos sucesivos no podrá aplicarse la aceleración del crédito si no se ha realizado el requerimiento de pago, cobro o protesto de al menos seis cuotas impagas, impidiendo que quienes no puedan cumplir con una de las cuotas se vean afectados inmediatamente por la aceleración del cobro total del crédito.
Además, este proyecto de ley elimina el anatocismo, es decir, el cobro de interés sobre interés. Al respecto, es necesario hacer presente que se trata de la eliminación de la posibilidad de capitalización de intereses en operaciones de crédito y no en operaciones de depósito.
Cabe señalar que esta iniciativa, aprobada en general por la Comisión de Economía hace dos años, fue una respuesta a la imperiosa necesidad de enfrentar la crisis que implicó el estallido social y en momentos en que los efectos de la pandemia no formaban parte de nuestra agenda.
Han pasado muchas cosas y el escenario económico hoy es distinto. En consecuencia, este proyecto debe ser cuidadosamente ponderado a la luz de las actuales circunstancias y evaluar sus efectos en el futuro económico de nuestro país. Para ello, en la fase de indicaciones deberá escucharse a todos los actores del sistema financiero, y juntos buscar fórmulas que permitan cumplir con responsabilidad el objeto de la iniciativa.
Voto a favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Durana.
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
Estamos fundamentando el voto.

La señora PROVOSTE.- ... (falla de audio en transmisión telemática)...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senadora, está con dificultades; parece que es la conexión.

La señora PROVOSTE.- ... (falla de audio en transmisión telemática)... votando electrónicamente, voy a votar favorablemente... (falla de audio en transmisión telemática)...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senadora, hay una dificultad con la comunicación, se escucha entrecortado.
La votación electrónica está ratificada; se concretó.
Muchas gracias.
Vamos a dejar, entonces, con la palabra al Senador Ricardo Lagos.
¿Senador Lagos?
Por mientras, el Senador Quinteros puede fundamentar el voto, si el Senador Chahuán lo deja...

El señor QUINTEROS.- ¿Si me permiten?
Gracias, Presidente.
De acuerdo a las últimas cifras, los hogares chilenos registraron un stock de deuda de 50,1 por ciento del PIB. Y, si bien esta cifra disminuyó en un 0,5 por ciento en relación a la cifra del año 2020, no deja de ser preocupante que muchos de estos hogares buscan satisfacer necesidades esenciales como la salud o la alimentación, a través de operaciones crediticias.
Por supuesto, estas cifras serían más altas si no hubiesen existido los retiros de las AFP. El 25 por ciento de las personas que hicieron su retiro lo ocuparon para pagar deudas.
Pero ¿qué pasa con aquellos que satisfacen mes a mes sus necesidades con créditos? ¿Cómo les entregamos, como legisladores, una protección o mejores condiciones frente al mercado crediticio y evitamos muchas veces los abusos del mercado?
Creo que es importante que podamos avanzar en la restricción de la aplicación indiscriminada de cláusulas aceleratorias a determinados casos y tipos de créditos; en la eliminación del cobro de intereses sobre intereses, o el también conocido "anatocismo", en la limitación de las facultades abusivas y arbitrarias en contratos de adhesión de operaciones crediticias, y también en la eliminación de costos excesivos por concepto de pago anticipado, entre otras.
Acá tenemos una realidad que es innegable. Existe un mayor acceso al crédito por parte de las familias, pero una vez insertos en este sistema es difícil que puedan salir de él o tengan una buena salud crediticia.
Debemos ser francos, Presidente, hay familias que se endeudan para vivir y hay personas mayores que se endeudan para poder costear sus remedios o para pagar servicios básicos.
Por lo mismo, votaré a favor de este proyecto en general. Y espero que en su discusión en particular se pueda avanzar en todos los temas que mencioné al comienzo de mi intervención y se puedan escuchar todos los puntos de vista para llegar a una legislación adecuada, que satisfaga las necesidades de las y los chilenos.
Voto a favor, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Quinteros.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Muchas gracias, Presidente.
Mire, este proyecto de ley incide en tres normas legales: en la ley N° 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero; en la ley N° 18.092, sobre letra de cambio y pagaré; y en la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.
Respecto de las letras de cambio y pagarés en las operaciones de crédito, se regulan las normas sobre interés máximo convencional, sobre las comisiones de prepago y sobre el anatocismo.
Quiero llamar la atención a los miembros de la Comisión de Economía, porque este proyecto al parecer fue aprobado hace mucho tiempo, pero el anatocismo ya está derogado en la ley N° 21.314, de abril de este año.
Entonces, cuando lo vean en particular deberían armonizar las normas de este proyecto con la ley N° 21.314, de abril de este año, que ya habría derogado el anatocismo.
Lo digo para que se tenga presente en la tramitación en particular.
En las letras de cambio y pagarés, ley N° 18.092, se refiere a regular las cláusulas de aceleración, de tal manera que no sea solamente el vencimiento de una de ellas lo que produzca que se venga el naipe abajo, sino que se haga un requerimiento, y el protesto de a lo menos seis cuotas impagas, separadamente, para que pueda producir efecto la cláusula de aceleración.
Y en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores se refiere a los contratos de adhesión, que no producen efectos si no se colocan cláusulas de aceleración por la totalidad, en circunstancias de que deberían ser a lo menos seis cuotas, una cosa parecida a la que se norma sobre los pagarés.
Yo diría que eso es, en una síntesis muy apretada, el núcleo central de este proyecto de ley.
Ahora bien, debemos entender que el crédito es fundamental para el desarrollo económico y para que las personas puedan adquirir muchos bienes, entre ellos, la vivienda. La inmensa mayoría de las chilenas y chilenos adquieren su vivienda, ya sea por subsidio del Estado, o por endeudamiento crediticio hipotecario.
Aquí lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es defender al ciudadano de a pie, puesto que las operaciones de crédito, el derecho y la economía financiera son materias complejas, que la persona simplemente firma como un contrato de adhesión, sin conocer las cláusulas que le están colocando. De ahí que estemos legislando sobre el interés máximo convencional, las comisiones de prepago, las cláusulas de aceleración.
Y vuelvo a repetir que el anatocismo ya habría sido derogado en la ley que se publicó en abril de este año.
En consecuencia, el movimiento económico, el capitalismo, desde los tiempos en que nació, se asentó en las sociedades de responsabilidad limitada y en el crédito. Y el crédito ha tenido a lo largo de los años un desarrollo tan espectacular que se transformó en la economía financiera, sobre todo cuando los bancos, los acreedores, tomaron los distintos títulos de deuda que tenían y procedieron a hacer paquetes de derivados, lo que se transforma en una figura que se llama la "securitización", que se va colocando en el mercado y que muchas veces produce tremendas crisis, como, por ejemplo, la del año 2008, con los créditos hipotecarios subprime en Estados Unidos.
Con esta ley lo que estamos haciendo es tratar de proteger al ciudadano común y corriente en las operaciones de crédito que pueda tener con la banca o con otros acreedores. De tal manera que este es un buen paso, señor Presidente.
Por eso, voy a votar a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Huenchumilla.
Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Ebensperger para fundamentar su voto.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
El título de este proyecto y las ideas que plasma parecieran ser de toda lógica. Y yo no tengo duda de que detrás de ello se busca un beneficio para la ciudadanía, sobre todo para los deudores más pequeños. Pero creo que como viene el proyecto, eso no va a pasar. Genera efectos y consecuencias en el acceso al crédito y al endeudamiento, y va a subir los costos totales de la deuda.
El reducir la tasa máxima convencional corresponde a una fijación de precios, limita el acceso a la banca de clientes más riesgosos, insta a la informalidad a los clientes desbancarizados. Y la reducción de la tasa generalmente es absorbida por el aumento de otros costos, como las comisiones.
Entonces, cuando se legisla en esta materia hay que tener cuidado para, de verdad, obtener, a consecuencia de la legislación, los objetivos que se persiguen, y no los contrarios.
A mí me parece que el estudio en particular de este proyecto debiera estar enfocado a eso, para que no se corra el riesgo de los efectos perniciosos que un proyecto bien intencionado puede al final producir, principalmente -vuelvo a decir-, en los deudores más pequeños, aquellos que con esfuerzo logran entrar a los bancos, estar bancarizados, y no que se vean obligados, a consecuencia de una legislación como esta, a irse al mercado financiero informal, que es lo peor que les puede pasar.
Solo quiero recordar que la ley N° 20.715, que entró en vigor el 2013, y que rebajó la tasa máxima convencional, generó el segundo efecto, esta regulación de precios en los mercados de créditos trade-off, entre la protección del consumidor y el acceso al crédito. Se estima que la rebaja de la tasa máxima convencional implicó que fueron frenados 151.027 préstamos por año, por unos 361,6 millones de dólares, que equivalen al 19 por ciento del número de préstamos firmados durante el ejercicio anterior al cambio de esta regulación.
Este es un efecto concreto de lo que pasa si no se hace de la manera correcta para obtener de verdad el beneficio que -yo entiendo- todos en esta Sala buscamos.
Por eso, Presidente, y a la espera de cómo llegue el proyecto en su estudio y en su proposición en particular, por el momento, porque creo que, como está redactado, va a perjudicar a aquellos a quienes se busca beneficiar, votaré en contra.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Ebensperger.
Señor Secretario, terminemos de tomar la votación, por favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Han votado electrónicamente la Senadora señora Provoste, la Senadora señora Allende y la Senadora señora Órdenes, junto al Senador señor Quinteros.
Vamos a hacer la consulta a las demás señoras y señores Senadores.
Senador señor Coloma, ¿cómo vota?
Si puede activar su micrófono, Senador...

El señor COLOMA.- Gracias, Presidente.
A mí me parece que los argumentos de la Senadora Ebensperger son completos y me interpretan plenamente.
Por eso, en este escenario, esperando que se pueda modificar eventualmente, si se aprueba en particular, pero cuidando todos los efectos de este proyecto -a mi juicio, algunos podrán ser correctos, pero otros van en el sentido inverso-, voto en contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota en contra.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Senador García-Huidobro?
Bien.
Mientras tanto, en la Sala está pidiendo fundamentar el voto el Senador Galilea.

El señor GALILEA.- Gracias, Presidente.
Este proyecto, que aborda el endeudamiento y derechos del consumidor, tal como lo han dicho algunos de los Senadores que me antecedieron en la palabra, tiene, por supuesto, dos lados de una misma medalla.
Ya Chile vivió la experiencia de haber puesto límites a lo que se llama el "interés máximo convencional", un límite del cual muchos se alegraron de haber legislado. Pero provocó, en la práctica, que fueran expulsados -por decirlo así- del mercado financiero formal miles y miles de chilenos.
Recuerden ustedes que muchos bancos tenían instituciones financieras dedicadas a otorgar créditos a clientes que quizás no poseían patrimonios importantes, no contaban con suficiente aval, etcétera, pero era algo que funcionaba, y que funcionaba reglado.
Y ocurrió que toda esa banca dedicada a sectores más vulnerables, pero que funcionaba bajo la regulación de la Superintendencia de Valores y Seguros, que hoy día sería la CMF, lisa y llanamente desapareció, pero no desapareció la deuda de los hogares.
Por lo tanto, uno debiera preguntarse, razonablemente: si la gente vulnerable ya no le fue a pedir plata a los bancos ni a sus subsidiarios dedicados a ellos, ¿adónde acudió?
Y se fueron adonde todos sabemos que van: a los prestamistas informales, que evidentemente no están supervisados por ninguna entidad pública y que no sujetan las tasas de sus préstamos al interés máximo convencional, y cuyos métodos de cobro pueden ser cualquiera que uno quiera imaginar. Pero, en el hecho, aunque suene y sea paradójico, le hicimos un flaco favor a la gente al expulsarlas de un sistema bancario formal.
Por eso, temo que este proyecto vaya a generar un efecto muy parecido. Porque lo que está haciendo es bajando aún más la tasa de interés máximo convencional; limitando aún más los costos de prepago de un crédito, en fin.
El presente proyecto, en definitiva, por un lado está haciendo teóricamente más baratos los créditos para quienes reúnen todas las condiciones para seguir en el mercado financiero formal, pero, en el hecho, va a seguir provocando una especie de diáspora de gente que, a mi juicio, debió haber estado en el mercado financiero formal y a la cual estamos obligando a acudir a una fuente de financiamiento que termina siendo, desde todo punto de vista, peor a la posibilidad con que cuentan hoy día.
Entonces, en esta materia hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado.
La disminución de la comisión de prepago es algo que se puede conversar y se puede hacer una diferencia, aunque no estoy seguro de que genere una gran ayuda.
La disminución del interés máximo convencional eso sí que creo que puede generar esta diáspora enorme de gente que ahora está en el mercado financiero formal y a la cual vamos a mandar a prestamistas informales.
Por otra parte, este proyecto de ley prohíbe el anatocismo. Yo estuve revisando, porque el Senador Huenchumilla dice que el anatocismo ya se habría prohibido en la ley Nº 21.314, del año pasado, y concuerdo con su planteamiento.
La Comisión de Economía va a tener que examinar bien el asunto. Yo leo el texto mencionado, y me imagino que es el mismo que revisó el Senador Huenchumilla en su momento, y no me queda claro, para ser honesto, que en ese cuerpo legal se esté prohibiendo el anatocismo. Repito: no me queda claro. Más bien tendería a pensar que no. Pero es algo que para una mayor tranquilidad de todos sería conveniente que se revisara correctamente.
Pero el anatocismo, y sé que es muy popular manifestarse en contra y se lee en las paredes de muchas partes de Santiago: "no al anatocismo", "fuera el anatocismo", "muera el anatocismo", en fin, no es otra cosa que cobrar intereses sobre intereses que estuvieren vencidos y que la gente no pagó.
¿Es algo raro el anatocismo en el mundo? No.
En España existe legal, y convencionalmente; en Argentina opera de manera convencional; en Colombia solo se aplica a las operaciones comerciales y no a las civiles; en Francia existe convencionalmente, al igual que en Estados Unidos. Entonces, aquí estamos haciendo algo bastante inusual.
Lo que sí es correcto es que en muchos países el anatocismo se encuentra más regulado, en el sentido de establecer qué se puede pactar y qué no se puede pactar respecto de los períodos que se deben capitalizar.
Así que le pido a la Comisión que revise el punto.
Y lo mismo en cuanto a lo que tiene que ver con cuándo se puede acelerar una deuda: el proyecto propone un período de seis meses de cuotas impagas. En eso tiendo a estar de acuerdo. No por faltar un mes, no por dejar de pagar una sola cuota parece razonable acelerar el total adeudado.
A mi entender, un período de seis meses impago, lapso en que se requirió normalizar la deuda por carta y la persona no pagó, bueno, ahí creo que habría una mejora y una razonable protección a los deudores.
Por lo tanto, Presidente, considero que aquí hay puntos en los que el proyecto de ley derechamente se está equivocando, porque está generando la diáspora del mercado financiero formal de la que hablo.
Hay elementos de la iniciativa que son rescatables y otros elementos debemos mejorarlos sustancialmente.
Por esa razón, yo por esta vez me voy a abstener, y presentaré las indicaciones del caso. Y espero que la Comisión correspondiente y el Senado, en su momento, hagan juicio de las observaciones que formule.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra para fundamentar el voto el Senador Juan Ignacio Latorre.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidente.
Yo valoro que estemos tramitando este proyecto de ley, que persigue algunos objetivos relevantes, como la restricción de la aplicación indiscriminada de cláusulas aceleratorias a determinados casos y tipos de créditos.
La limitación de los intereses que son aplicados en la etapa de cumplimiento de la obligación, restringiéndolos a los pactados en el contrato o convención inicial, o una proporción superior no excesiva.
También la protección de buena fe de los consumidores y deudores en el sentido de eliminar el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses de nuestra legislación, a pesar de que ya es un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde el asunto fue promovido por el Diputado Giorgio Jackson.
Asegurar la confianza de los deudores y consumidores en el sistema financiero, permitiendo la paralización de efectos lesivos para su patrimonio a través del pago y amortización de la deuda capital o de intereses.
La limitación de las facultades abusivas y arbitrarias en contratos de adhesión de operaciones crediticias, específicamente en lo concerniente a la repactación o reprogramación de deudas y la imposición unilateral de plazos, intereses, cobros excesivos respecto a la obligación inicial
Y la eliminación de costos excesivos por concepto de pago anticipado o prepago de deudas, también llamadas "comisiones de prepago".
Recordemos que el sobreendeudamiento, según distintos estudios que se han hecho desde las ciencias sociales, está en la base del malestar de nuestra sociedad y -diría yo- del estallido de octubre del 2019. De hecho, según los datos, el sobreendeudamiento llegó a niveles críticos a finales del 2017, cuando más del 66 por ciento de las personas reconocían tener algún tipo de deuda. Y en diciembre del 2019, en pleno contexto del estallido social, el número de morosos sobrepasó los 4 millones y medio.
Sabemos los impactos o la correlación existente entre sobreendeudamiento, morosidad y malestar subjetivo, con problemas incluso de salud mental. Y por eso fue largamente debatido todo lo relacionado con el CAE (Crédito con Aval del Estado).
Y mientras la deuda aumenta -esta deuda maldita que agobia a los hogares chilenos-, los bancos registran utilidades mensuales por sobre los 250 millones de dólares, lo que significa un crecimiento, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero de enero del 2020, superior en 15 por ciento respecto del mes anterior.
Entonces, los bancos nunca pierden. Los hogares siguen acogotados con las deudas y los bancos nunca pierden y continúan incrementando sus utilidades.
Por eso que se presentan proyectos de ley que van en la línea de regular, de poner límites a esta sed infinita de los bancos de seguir acumulando riquezas.
Recordemos que la deuda es el corazón, es uno de los pilares del modelo neoliberal chileno financiarizado: bajos salarios y acceso a bienes y servicios a través de la deuda. Esa es la ecuación perfecta del modelo chileno, donde todo se mercantiliza.
Los que deberían ser derechos sociales garantizados por el Estado se mercantilizan y la gente los tiene que salir a comprar al mercado. Eso estuvo en la raíz también de lo que estalló el 18 de octubre del 2019, para que tomemos conciencia y nos hagamos cargo.
Por eso que es importante asumir el asunto desde el Senado con este tipo de proyectos de ley. Insisto, el famoso cobro de intereses sobre intereses: el anatocismo, ya se derogó. Hay un avance al respecto.
Pero existen muchos otros elementos de regularización que van en beneficio de las personas, en beneficio de las y de los consumidores, en beneficio de limitar los abusos de una industria como es el sistema financiero, tan solvente, tan estable, tan lucrativo, que crece y crece en sus utilidades mientras la gente crece y crece en sus deudas.
De ahí que los retiros de fondos de pensiones han significado un alivio, una vía de escape, entre otras cosas, para pagar las deudas. Así por lo menos quedó demostrado con los dos primeros retiros.
Por las razones expuestas, voto a favor de la idea de legislar para que siga avanzando el proyecto. Esperemos que no se dilate su tramitación y se pueda seguir profundizando en su análisis, Presidente.
Gracias.
Voto a favor

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Latorre.
Senador Navarro, ¿usted quiere fundamentar el voto?

El señor NAVARRO.- Gracias, Presidente.
Defensa de los deudores: sobre el particular, sigue habiendo un vacío enorme en nuestra legislación para defender a aquellos consumidores o usuarios de servicios que son monopólicos, como la electricidad, el agua y el gas.
Hemos intentado que sobre los servicios fiscalizados por las respectivas superintendencias puedan ejercerse los derechos que establece la Ley del Consumidor, pero no es posible esa posibilidad para aquellos usuarios que sufren abusos respecto de la calidad del agua, del suministro de energía eléctrica o de gas, porque existen restricciones.
Hoy día, en materia de créditos, cuyos usuarios están parcialmente protegidos, se establecen seis meses o seis cuotas para evitar la cláusula de aceleración; es decir, cobrar el monto total de la deuda. Pero la cláusula puede existir respecto del cobro de seis cuotas impagas por separado.
Quiero advertir, Presidente, que ha habido empresas en Chile como Metalpar que liquidó y atentó contra pequeños empresarios de microbuses haciendo uso de la cláusula de aceleración ante dos cuotas impagas, quitándoles el vehículo y rematándolos de manera inmediata.
Aquí se debe cautelar que no vaya a jugarse con el mecanismo de aceleración: alguien puede haber pagado la cuota, pero la empresa puede señalar: "no me la ha cancelado". Porque el pago de una cuota impide el cobro acelerado de toda la deuda. Y debe estar claramente especificado y advertido que las empresas no maniobren señalando: "no estoy informado de que usted me ha pagado la cuota; entonces, procede el remate o la cláusula de aceleración".
Los tribunales deberán sentar jurisprudencia respecto de cuándo se establece el pago oficial de una de las cuotas, que impida aplicar la cláusula de aceleración. Porque puede haber una disonancia o una alteración premeditada de algún organismo, empresa o banco para señalar que no ha tenido información del pago.
Nosotros sabemos que al pagar una cuota en un banco se acredita el movimiento dentro de determinado tipo de horario. Advierto sobre dicha situación, porque en el pasado hemos vivido el grave abuso de parte de empresas contra quienes han conseguido un crédito para la adquisición de un bien.
Quiero señalar que el proyecto significa un avance, Presidente. Y esperaría que no innováramos mucho y que pudiéramos aprobar esta iniciativa que nació de una moción de la Presidenta Rincón y de los Senadores Goic, De Urresti, Harboe, que ya no está, y Huenchumilla.
Espero que haya comprensión para entender que las mociones parlamentarias necesitan rapidez, Presidente, porque hay algunos proyectos de ley de larga data, que se dilatan al infinito.
Voto a favor, Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
¡Tierra para los mapuches!
He dicho, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Señor Secretario, ¿queda alguien por emitir su voto?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sí, señor Presidente.
El Senador señor Quintana votó electrónicamente.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Abstención.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se abstiene.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor, 3 en contra, 4 abstenciones y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Durana, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Ebensperger y Von Baer y el señor Coloma.
Se abstuvieron los señores Galilea, García-Huidobro, Prohens y Sandoval.
Se encontraban pareados el Senador señor Lagos con el Senador señor Pugh y la Senadora señora Muñoz con el Senador señor Castro.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Queda despachado en general el proyecto.
Necesitamos establecer un plazo de indicaciones. Se proponen dos semanas más, que vendría siendo el jueves 14 de octubre, a las 12, en la Secretaría.
¿Habría acuerdo?
--Acordado.

)----------(

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer una Cuenta agregada.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informes
De la Comisión de Seguridad Pública recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest (boletín N° 12.192-25), (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático, (boletín N° 13.191-12), (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para Tabla.



CREACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA SU RETENCIÓN Y PAGO


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Pasamos al segundo punto de la tabla, que corresponde al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley a que ha hecho referencia, el cual cuenta con informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.077-18) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por objeto modificar los procedimientos administrativos y los procedimientos judiciales en materia de retención y pago de pensiones alimenticias adeudadas y crear el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuyo funcionamiento y administración estará a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación, con el propósito de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
Asimismo, se establece que constituyen violencia intrafamiliar las conductas que tengan como objeto directo la vulneración de la autonomía y subsistencia económica de la mujer y de los hijos, como lo es el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos.
En este último caso, cuando el deudor permanezca por más de 120 días en el Registro Nacional de Deudores será sancionado con las penas del delito de maltrato habitual.
La Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género hace presente que esta iniciativa fue discutida en general y en particular en atención a la urgencia conferida por el Ejecutivo, que la calificó de "discusión inmediata". En consecuencia, tras la emisión del informe del referido órgano técnico correspondió el conocimiento del proyecto por parte de la Comisión de Hacienda respecto del ámbito de su competencia. Asimismo, la Comisión Especial deja constancia de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus integrantes, Senadoras señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Sabat y Von Baer. En particular aprobó la iniciativa con las modificaciones y votaciones que consigna en su informe.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, esto es, respecto del artículo 21, el inciso final del artículo 26, el inciso final del artículo 28, el inciso final del artículo 29, el artículo 30, el inciso quinto del artículo 31, los artículos 32, 33 y 34, el inciso final del artículo 36, todos contenidos en el número 18 del artículo 1 permanente de la iniciativa, y acerca de los artículos primero, inciso primero, y cuarto transitorios, en los términos en que fueron aprobados por la Comisión Especial, como reglamentariamente corresponde. Hace presente, además, que tanto estas disposiciones como las enmiendas que introdujo en dos de ellas fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, García, Lagos y Montes. Por otra parte, deja constancia de que los informes financieros fueron considerados en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Finalmente, la Comisión Especial hace presente que el artículo 36, contenido en el numeral 18 del artículo 1, y el artículo 6 del proyecto requieren para su aprobación 23 votos favorables, por tratarse de normas orgánicas constitucionales. Asimismo, hace presente que si bien la Cámara de Diputados consideró que el artículo 31, contenido en el numeral 18 del artículo 1 del proyecto de ley, es una norma de quorum calificado, la Comisión Especial estimó que dicha disposición no reúne las características de una norma de esta naturaleza, dado que las limitaciones que contempla no las exige el interés nacional.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 33 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en la Sala y que también se encuentra en la plataforma de esta sesión remota o telemática y ha sido remitido a los correos de todas las señoras y los señores Senadores.
Cabe señalar que ha sido presentada una indicación, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat, para intercalar un inciso segundo, nuevo, en el artículo 36 contenido en el número 18 del artículo 1 del proyecto, del siguiente tenor: "No podrán ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes ni concejales, quienes tengan una inscripción vigente en el Registro en calidad de deudores de alimentos".
Es todo, señor Presidente.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Rendirá el informe respectivo la Presidenta de la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Presidente, este proyecto de ley, originado en un mensaje del Presidente de la República, como se ha dicho, ingresó al Senado desde la Cámara de Diputados el 2 de junio de 2021, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Nuestra Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género se dedicó a su discusión tanto en general como en particular en catorce sesiones.
En lo que concierne a su discusión en general, recibimos en audiencia a representantes del Ejecutivo; a las voceras de la Agrupación Deuda de Pensión de Alimentos, las señoras Romina Leone, Silvana Leiva y Javiera Fuller; a la profesora de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y abogada de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, señora Javiera Verdugo; a la jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago señora Mónica Jeldres; a la Presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, señora Angie Olguín; a la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica e integrante del Comité Ejecutivo del Centro UC de la Familia, señora Carmen Domínguez; al profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica señor Juan Luis Goldenberg; y también se escuchó a los representantes de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, quienes participaron activamente durante toda la discusión del proyecto en particular. En este sentido, quiero agradecer especialmente a la Presidenta de la Asociación de Magistrados, señora Verónica Vymazal, quien permanentemente nos acompañó con sus comentarios, explicaciones y experiencias.
La Comisión Especial aprobó la idea de legislar, como también se ha dicho, por la unanimidad de sus integrantes, en este caso, la Senadora Carvajal, en reemplazo de la Senadora Provoste, y las Senadoras Muñoz, Sabat, Von Baer y quien habla. En cuanto a la discusión en particular, también fueron aprobadas por unanimidad las modificaciones que se realizaron en el texto despachado por la Cámara de Diputados, con excepción de dos enmiendas referidas a la Ley de Violencia Intrafamiliar.
Es conveniente recordar que los objetivos integrales de este proyecto los constituyen la modificación de los procedimientos administrativos y judiciales en materia de retención y pago de pensiones alimenticias adeudadas y la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuyo funcionamiento y administración estará a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación, con el propósito de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
Algunas disposiciones que regulan la inscripción en el Registro Nacional de Deudores y los efectos de dicha inclusión pueden incluso parecer severos, como el caso del artículo 31, que se agrega a la Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que dispone el rechazo a la inscripción de dominio de un vehículo motorizado a nombre de una persona con inscripción vigente en el Registro; o el artículo 32 ante la solicitud de un pasaporte, que puede ser negado sin más trámites; o el artículo 33, que posibilita que la municipalidad no dé curso a la licencia de conducir o duplicado, cuando el solicitante aparezca inscrito en el Registro.
Del texto propuesto puede advertirse que el bien jurídico es la preeminencia, la supervivencia, la salud y el buen vivir de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual el alimentante debe cumplir con sus obligaciones. Además, en todos estos casos la normativa contempla la entrega de los documentos pertinentes si el alimentante justifica ante las autoridades y tribunales la necesidad de tales documentos para el ejercicio de la actividad o empleo que le genera ingresos y, por cierto, si garantiza el pago íntegro de la deuda.
Señor Presidente, las principales modificaciones efectuadas por la Comisión Especial son las siguientes.
El juez que dicte la resolución que fija o aprueba la pensión alimenticia deberá expresar su monto en unidades tributarias mensuales y disponer la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación. El monto en unidades tributarias mensuales tiene por finalidad establecer un índice único de reajustabilidad de las pensiones adeudadas.
Podrá fijarse un monto de pensión de alimentos que exceda el 50 por ciento de las rentas del alimentante cuando existan razones fundadas para ello, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña y adolescentes. En todo caso, se deberá velar por la conservación de un reparto equitativo en los aportes del demandado para con otros alimentarios a quienes deba proveer de alimentos.
Para facilitar el cobro ejecutivo de la deuda, la aplicación de un apremio, la inscripción en el Registro Nacional de Deudores o actualizar el monto de la deuda, los juzgados con competencias en asuntos de familia deberán disponer de oficio y mensualmente la liquidación de la pensión y su notificación a las partes, para que presenten sus objeciones. A este respecto, el artículo primero transitorio dispone que dicha obligación de los tribunales entrará en vigencia transcurrido un año de la publicación de la ley en proyecto en el Diario Oficial.
El alimentante podrá requerir al tribunal, en forma excepcional, la imputación de los gastos útiles y extraordinarios que hubiera efectuado para satisfacer necesidades imprevistas del alimentario en aquella proporción que exceda a la pensión a la que está obligado, no pudiendo, en todo caso, exceder en un 20 por ciento el monto de la pensión.
El tribunal podrá decretar la medida cautelar de retención de los fondos acumulados en cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión del alimentante, para lo cual tendrá en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación del proceso, ante la inminencia del retiro de los fondos depositados e invertidos. Esta medida cautelar será notificada a la entidad donde se encuentren los fondos y al alimentante.
En caso de dictarse apremio contra el alimentante deudor, el tribunal podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio de este y ordenará que sea conducido directamente ante Gendarmería de Chile si es habido. Si transcurren sesenta días desde que el juez ordenó a la fuerza pública investigar el paradero del alimentante y este no fuese localizado, el juez podrá declararlo rebelde y solicitar su incorporación en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.
Al título nuevo, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, se incorporaron una serie de enmiendas, las que son bastante largas.
Finalmente, ya que tienen ustedes el comparado, solo quiero decir que hubo un muy buen trabajo, tanto de nuestros asesores como del Ministro de Justicia y de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, para prever cada una de las situaciones que podrían afectar a las familias, particularmente a niños, niñas y adolescentes, y esencialmente a las mujeres, como se vio a raíz de los retiros de las administradoras de fondos de pensiones. Eso sirvió para visibilizar que el 75 por ciento, o más, el 85 por ciento de las mujeres no recibe el pago de las pensiones alimenticias.
Quiero reiterar el muy buen trabajo que hicimos coordinadamente para lograr tramitar en detalle este proyecto, que es muy importante y muy necesario para impedir que se mantenga esta cultura de impago de las pensiones alimenticias.
He dicho, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora.
Este es un proyecto sumamente importante. Viene aprobado por unanimidad por la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género y por la de Hacienda, que se abocó a temas específicos.
Se trata de una votación de quorum de ley orgánica constitucional. Por consiguiente, vamos a abrir la votación para facilitar el cumplimiento del quorum.
La iniciativa viene aprobada en general y en particular de forma unánime, de manera que una vez abierta la votación, cumpliendo el quorum, se darán por aprobados todos los artículos que se acordaron por unanimidad.
Lo único que tendríamos que votar por separado, después de esa primera votación, es la indicación presentada por alguna de las señoras Senadoras.
En consecuencia, pidiéndoles las excusas a los Ministros, les daremos la palabra al final, ya que la idea es despachar el proyecto ahora, pues se encuentra con "discusión inmediata", y tengo la dificultad de que hay Comisiones que están funcionando también.
Así que vamos a abrir la votación.
¿Habría acuerdo para abrir la votación y después les voy dando la palabra a los colegas?

La señora EBENSPERGER.- Okay.

La señora VON BAER.- No todo viene unánime, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Senadora Von Baer?

La señora VON BAER.- Hay una votación de mayoría, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- No le escucho bien.

La señora VON BAER.- Presidente, tenemos que pronunciarnos sobre la indicación. Pero, además, no todo viene unánime, hay una norma aprobada por mayoría que también habrá que votar.
¿De acuerdo?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Me dice la Secretaría que efectivamente hay una votación que fue por mayoría, pero no hay que votarla por separado. Eso es lo que me estaban informando.

La señora VON BAER.- ¿Cómo?
¿Por qué?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Porque no hubo una discusión en particular respecto de ese artículo, según lo que me están informando. Por lo tanto, no habría que votarlo por separado, solo tendríamos que votar la indicación.

La señora VON BAER.- Ah, pero hay que votarla también.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- No, se vota en general. Si se cumple el quorum, como las normas están aprobadas en particular de manera unánime, se dan por aprobadas también.

La señora VON BAER.- Presidente, entonces...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Ahí le va a explicar la Oficial Mayor de Secretaría.

La señora VON BAER.- No, Presidente.
Lo que pasa es que no entiendo por qué la Secretaría dice que no hay que votar la norma que no viene aprobada por unanimidad.
Si pretenden no votarla, entonces yo pido votación separada. Por algo yo voté...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tiene todo el derecho a solicitar votación separada, Senadora.

La señora VON BAER.- Okay.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Lo que pasa es que no teníamos ninguna petición de votación separada. Entonces, estaba tratando de facilitar el despacho.
El primer acuerdo es que abrimos la votación en general. Después vemos las consecuencias.
Se abre la votación entonces, y los que quieran ir fundamentando el voto van solicitando el uso de la palabra.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tengo inscrito al Senador José Miguel Durana.

El señor GALILEA.- Perdón, ¿vamos a votar también la indicación?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- La indicación se vota aparte.
Tiene la palabra el Senador Durana, para fundamentar el voto.

El señor DURANA.- Gracias, Presidente.
Este proyecto tiene por objeto modificar los procedimientos administrativos y judiciales en materia de retención del pago de pensiones alimenticias adeudadas y crear un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuyo funcionamiento y administración estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Con esta reforma legal la normativa pasará a ser una herramienta eficaz para que el tema del no pago de las pensiones alimenticias tenga una solución oportuna y acorde con la protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Es un grave problema el abandono deliberado de miles de niños y adolescentes por parte de sus padres, y el Estado no ha sido capaz de dar soluciones efectivas para enfrentar este problema. Sin embargo, este proyecto viene a ser un avance muy importante en la materia.
Dentro de las principales innovaciones que efectúa la iniciativa legal se encuentra el que se cambia el eje, desde la vía actual a la punitiva judicial, para lograr el pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas.
De este modo, se establece una sanción cuando los abogados no informan una forma electrónica válida para sus representados, evitándose que, en muchas oportunidades, los derechos no se ejerzan por falta de comunicación judicial oportuna.
Por otra parte, la pensión de alimentos será fijada en unidades tributarias mensuales. Con esto se evita que los beneficiarios de dichas pensiones deban estar permanentemente solicitando la actualización de sus montos y que se vean afectados por la pérdida del valor adquisitivo del dinero de la pensión que le ha sido fijada.
Asimismo, la apertura de una libreta de ahorros para el depósito de pensiones dejará de ser un trámite que tengan que realizar los propios beneficiarios y ahora será objeto de una orden judicial que dispondrá, de oficio, su apertura a la entidad financiera.
Constituye un hito relevante en este proyecto de ley que al alimentario le sea posible proteger el derecho que le asiste al poder rescindir los actos y contratos celebrados por el alimentante con la finalidad de reducir su patrimonio. Va a poder rescindir estos actos y contratos, gratuitos u onerosos, cuando se pruebe la mala fe del adquirente, fijándose una prescripción de tres años.
En el mismo sentido, se permite que cuando existan razones fundadas incluso se pueda fijar un monto de pensión de alimentos superior al 50 por ciento de las rentas del alimentante, y en el caso de trabajadores sujetos a honorarios, la retención de la devolución del respectivo impuesto.
Por lo tanto, se emigra de un proceso sancionatorio a uno que va a generar estímulos e incentivos al pago de la deuda. Por otro lado, se traspasa la responsabilidad, que hoy día recae en muchas mujeres que deben perseguir judicialmente el pago de la deuda, al deudor, quien, una vez aprobada la ley en proyecto, será el responsable ya no solo de pagar, sino también de demostrar ante el tribunal que está al día para salir del Registro de Deudores. Con la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, de acceso gratuito y público, se contará con un instrumento que va a evitar la evasión de esta esencial obligación, generándose múltiples consecuencias administrativas para quienes insistan en incumplir dicha obligación.
Finalmente, este es un proyecto que va a establecer claramente que las conductas que tengan como objeto directo la vulneración de la autonomía y subsistencia económica de la mujer y de los hijos van a constituir violencia intrafamiliar, como el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos.
Voto a favor.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidenta.
Por su intermedio, aprovecho de saludar al señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, que nos acompaña; y a la señora Ministra de la Mujer, doña Mónica Zalaquett, por el rol protagónico que han jugado en este proceso tan importante, que se refleja en este proyecto que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Según la encuesta Cadem realizada para el Ministerio de la Mujer en noviembre del 2020, el 46 por ciento de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y, de estas, un 65 por ciento no recibe contribución alguna de pensión.
Tenemos un problema serio, que se arrastra, sin duda, desde hace mucho tiempo. Ya sea por falta de medios para el pago, ya sea por un tema de manipulación o ya sea por simple mala fe, cada año miles de personas concurren a los tribunales de familia a exigir al padre o a la madre, en su caso, el pago de sus aportes en la mantención de los hijos comunes.
Lamentablemente, la informalidad o la falta de medidas coercitivas eficientes hace casi imposible lograr el objetivo de que esos pagos se cumplan. El deber mínimo es colaborar económicamente con los propios hijos.
La Corte Suprema ha señalado que las normas dictadas a tal efecto no han sido suficientes para llevar a cabo ese papel tan significativo, que, dicho sea de paso, debería ser parte de la cultura más que de una ley. Así lo señaló en su oficio N° 59, de 7 de abril del presente año.
El arraigo nacional, la prisión nocturna, la suspensión de la licencia de conducir no son medidas suficientes. Cuando ese padre decide no colaborar, usa cualquier medio a su alcance para no cumplir con su obligación. Por lo mismo, se requiere una legislación más robusta y que incluya el uso intensivo de medidas de apremio.
El Registro Nacional de Deudores es una medida de publicidad, a estas alturas, necesaria. A problemas graves se requieren medidas radicales. Como legisladores nos toca la tarea de dotar al Poder Judicial de todos los instrumentos que sean necesarios para evitar este verdadero fraude a la ley, a la familia, a la buena fe y -sin duda, lo más importante- a la corresponsabilidad que debe haber en la mantención, el cuidado y resguardo de los hijos.
Los defensores de la vida debemos apoyar en todo lo que sea necesario no solo para proteger la vida del que está por nacer, sino también para procurar que nuestros niños y niñas tengan sus mínimas necesidades materiales cubiertas.
El daño que se hace a nuestros niños con el incumplimiento del deber de los padres de pagar alimentos no se agota en el daño patrimonial; abarca también el terrible daño emocional de los hijos al saberse, nada más y nada menos, abandonados por su progenitor. Esto evidentemente requiere una corrección urgente.
A nadie le gusta tener que perseguir a personas adultas para que cumplan con su deber. Falta no solo un cambio legislativo, sino también, fundamentalmente, un cambio cultural mayúsculo, como en tantas otras áreas que nuestro país mucho necesita.
Ser padre es no solo un acto biológico, sino una decisión, una responsabilidad, un desafío por lo más hermoso que una persona puede tener en la vida.
Voy a votar a favor en general y en particular este proyecto.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- A usted, Senador Sandoval.
Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.

La señora VON BAER.- Gracias, Presidenta.
En nuestro país tenemos una situación que a mí, por lo menos, me avergüenza profundamente como chilena: la mayoría de las pensiones de alimentos no se paga. En efecto, el 84 por ciento de las personas que debieran pagar alimentos a sus hijos no cumplen con esta responsabilidad.
Eso es muy doloroso, porque con quien se está incumpliendo el deber es con un niño, con un hijo, el cual no solo sufre por el abandono económico, sino también por el abandono afectivo de parte, normalmente, de su padre. Si bien hay mujeres que no pagan la pensión de alimentos, 9 de cada 10 deudores son hombres.
Esta es una realidad profundamente triste, dolorosa, que afecta a alrededor de setenta mil niños en nuestro país, ¡setenta mil niños!
Por otra parte -y esto lo hemos constatado en terreno al conversar con mujeres afectadas por esta situación-, muchas veces los hombres ejercen violencia o amenazas sobre las mujeres o los niños, cuando ellas reclaman el pago de la pensión.
Se han hecho muchos intentos en el Congreso, en general, por varias Senadoras y Senadores para poder solucionar esta problemática. De hecho, nuestra legislación actualmente contempla medidas de apremio en contra del deudor de alimentos, pero estas han sido muy ineficaces y no han logrado cambiar la conducta de miles de deudores. Un ejemplo de lo anterior es el arresto nocturno: un 85 por ciento de los sentenciados finalmente no cumple esta detención.
Y se producen otros tipos de situaciones, como la impotencia de las mamás al ver cómo los deudores de alimentos literalmente se esconden u ocultan sus paraderos para evitar ser notificados de la demanda. Otra cosa que ocurre es que se coluden con los empleadores para mentir sobre sus ingresos o traspasan sus bienes a nombre de otras personas solo para evitar dar cumplimiento a una obligación tan básica en beneficio de sus hijos o sus hijas.
Señora Presidenta, yo escuché el testimonio de una joven que no pudo seguir sus estudios por falta de recursos. Me explicó que su padre, teniendo más que suficiente -no le faltaba dinero- para poder ayudarla, eludió el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos traspasando sus bienes a un tercero y evitando adquirir todo tipo de bienes a su nombre. Imaginen lo que es eso: traspasar los bienes a otra persona y evitar ser dueño de alguna cosa para no tener que pagar la pensión de alimentos. ¡Imaginen lo doloroso que eso ha sido para esta joven!
De esa forma, al demandarlo, el padre se defendió señalando que no tenía bien alguno para pagar su deuda de alimentos; sin embargo, su situación económica era evidentemente muy distinta de la que aparecía en el papel.
Ese es solo un ejemplo de miles de mujeres y niños que sufren por esta lamentable realidad, señora Presidenta, una realidad que, como sociedad, yo creo que nos debiera dar tremenda vergüenza.
Por tal razón, el Ejecutivo, liderado por la Ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, a quien aprovecho de felicitar y agradecer, y también por el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, convocó a una mesa técnica conformada por expertos, académicos y parlamentarios de todos los sectores, lo que nos permitió elaborar este proyecto de ley.
¿De qué se trata, señora Presidenta?
Con esta iniciativa, estamos cambiando completamente el enfoque de cómo hacemos cumplir el pago de las pensiones de alimentos. Ya no se busca sancionar el incumplimiento con apremios, por ejemplo. Lo que se desea lograr es el pago de la pensión de alimentos.
¿Y cómo se hace eso?
Primero, se crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuyo funcionamiento va a estar a cargo del Registro Civil. A este Registro Nacional ingresarán todas las personas que adeuden, total o parcialmente, tres cuotas consecutivas o cinco discontinuas.
Van a poder salir de este Registro los deudores que lleguen a un acuerdo sobre la forma de pago. Hay que dejar bien claro que, si un padre no puede pagar la pensión de alimentos, tendrá que llegar a un acuerdo o deberá presentar su caso en un tribunal de familia. Por lo tanto, no es real que un padre que no pueda pagar va a estar obligado a hacerlo. De lo que estamos hablando es de los padres que pueden y que, a pesar de eso, no pagan.
¿Y cómo se pretende lograr el pago de la pensión de alimentos?
Primero, con varias normas en las que las transacciones económicas de los deudores de alimentos se van a ver entorpecidas. O sea, en vez de que exista el apremio, se va a buscar la manera de lograr el pago de la pensión de alimentos, porque lo que está en el centro de la preocupación de este proyecto de ley es el interés superior del niño, que es el pago de la pensión. Eso es lo que persigue esta iniciativa.
Para ello, se van a retener las operaciones de crédito de dinero; los tribunales de justicia, cuando haya procedimientos de ejecución, podrán empezar por pagar la deuda de alimentos; se va a retener la devolución anual de impuestos; se podrá rechazar la inscripción de dominio en el conservador de vehículos motorizados y de inmuebles; no se van a otorgar las licencias de conducir y los pasaportes, y también se va a limitar el otorgamiento de beneficios económicos estatales.
Señora Presidenta, estoy bastante convencida de que este proyecto de ley genera un cambio fundamental en la manera en la que nos enfrentamos al problema. Por eso, quiero terminar mis palabras felicitando nuevamente a la Ministra de la Mujer porque este cambio de concepto es el que nos va a ayudar a que las pensiones de alimentos se paguen, que es lo que finalmente todos queremos.
Uno podría plantear que el deudor vaya a la cárcel. Okay, puede ser una manera, pero eso no logrará el pago de la pensión de alimentos. Lo que nosotros estamos buscando con este proyecto es que se pague, pues detrás de todo está el interés superior de los niños y el dolor de ellos, quienes se sienten abandonados por sus padres, muchos de los cuales sí pueden pagar.
Esperamos que esta vergüenza que tenemos como chilenos se transforme en un cambio cultural muy profundo y que se paguen las pensiones de alimentos en nuestro país.
He dicho, señora Presidenta.
Voto que sí.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán y luego, la Senadora Luz Ebensperger.

El señor CHAHUÁN.- Presidenta, Honorable Sala, por supuesto, este proyecto cambia el enfoque y pone los énfasis donde hay que ponerlos: primero, establece un registro y, segundo, logra finalmente facilitar el pago de las pensiones de alimentos.
Sin perjuicio de ello, por su intermedio, quiero decirles al Ministro de Justicia y a la Ministra de la Mujer lo siguiente: hay un boletín, el Nº 7.765-07, de 2011, con segundo informe de la Comisión de Constitución, el cual no se ha movido desde el año 2014, cuando el propio Ministro de Justicia era el Presidente de dicha Comisión. Yo quiero pedir que se agilice ese proyecto de ley, que dice relación con temas de procedimiento en esta materia. Hubo innumerables sesiones de Comisión, en las que trabajó el Senador Larraín en aquel entonces, y hoy día, como Ministro, le pido que pueda agilizar dicha iniciativa, que está a la espera de un nuevo segundo informe de la Comisión de Constitución.
El boletín que he mencionado dice relación con normas de procedimiento, y también sería útil tenerlo a la vista.
Yo quiero valorar el proyecto en debate. Creo que va en la dirección correcta. Por lo mismo, voy a aprobarlo.
Habla de una necesidad ineludible, de hacerse cargo de lo relativo a las deudas de pensiones de alimentos que hoy día existen en nuestro país. Y, por supuesto, muestra la voluntad del Gobierno, del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Justicia, de sacar adelante justamente un procedimiento que permita agilizar el pago de pensiones.
La Ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, ha sido especialmente celosa en sacar adelante este tipo de iniciativas, sobre todo la que decía relación con retener los retiros previsionales para poder pagar las pensiones adeudadas. Senadoras y Senadores en este Hemiciclo empujamos ese proyecto con mucha fuerza justamente por resolver aquello, porque hoy día vivimos la indignidad de las situaciones en las que se encuentran los alimentarios muchas veces, debido a que los alimentantes finalmente no cumplen con sus obligaciones respecto de quienes están bajo su cuidado, su tuición, que son sus hijos y están hoy día en una situación bastante compleja.
Por tanto, anuncio que vamos a votar favorablemente este proyecto.
Pero insisto en pedirle al Gobierno, a través de la Ministra y el Ministro -por su intermedio, Presidenta-, que rescate la iniciativa que señalé, boletín 7.765-07, que está desde el 2014 esperando que algún Ministro o Ministra le ponga la urgencia legislativa que corresponde.
Voto favorablemente y felicito a los Ministros y al Gobierno del Presidente Piñera por sacar adelante este proyecto.
Gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Chahuán.
Tiene la palabra la Senadora Ebensperger y luego, las Senadoras Órdenes y Provoste.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidenta.
Efectivamente, como acá se ha dicho, creo que es una vergüenza que tengamos que legislar para que los padres paguen una pensión de alimentos para el bienestar de sus hijos.
Esta pandemia trajo a la luz pública algo que era un grito a voces. Como bien recordaba el Senador Sandoval en su intervención, en la encuesta que la Cadem realizó para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en noviembre de 2020, se señala esa triste noticia. Uno la conocía, pero no sabía los números exactos. Es un aproximado también: el 46 por ciento de las mujeres no convive con los padres de sus hijos y, dentro de ellos, el 65 por ciento no contribuye en nada a la mantención de sus hijos.
También conocemos sobre la gran gran cantidad de demandas de alimentos y de pensiones impagas que están en tribunales. Ya es triste que las madres o los hijos tengan que acudir a los juzgados para hacer que el padre -en algunos casos, la madre, pero muy minoritariamente- tenga que contribuir a la manutención de sus hijos.
Más terrible aún es que esos padres, luego de ser condenados por un tribunal de nuestro país a pagar esa pensión, no lo hacen y evaden su obligación. Como acá se ha señalado, probablemente la razón de ello es que hoy día todas las sanciones son, por así decirlo, personales: una noche de apremio, una noche de arresto, en fin.
Todos esperamos que las modificaciones que aquí se introducen, que vienen también en el mensaje del Ejecutivo, liderado por el Ministro de Justicia y la Ministra de la Mujer, hagan el cambio. Siempre, por decirlo en palabras sencillas -¡qué lamentable decirlo!, pero es una realidad en muchos aspectos-, cuando a las personas se les afecta el bolsillo, parece que empiezan a entender que tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Más allá de las medidas administrativas, que también comparto, como la creación del registro, la inscripción en el registro, la actualización de la deuda, la cancelación cuando proceda, en fin, se proponen medidas pecuniarias, de retención.
Ojalá no se tuviera que llegar a eso, y que en la gran mayoría de estos padres irresponsables y deudores se produzca, por lo menos, un susto. Muchos le tienen más susto a lo que diga la gente que a no cumplir con sus hijos. Espero que, luego de la aprobación de este proyecto y una vez que se convierta en ley, Presidenta, por miedo al reparo de la sociedad una vez que se publicite quiénes son estos deudores, ellos procedan a cumplir con sus hijos y con el pago de estas pensiones.
Presidenta, yo valoro el mensaje presentado por el Ejecutivo; celebro también el trabajo que hicieron ambas Comisiones, que revisaron este proyecto; y sin ninguna duda y con mucha convicción voto a favor de ello, solo lamentando, una vez más, que tengamos que llegar a legislar para que los padres cumplan con un deber tan importante como es la manutención, la mantención y la preocupación por sus hijos.
Gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Ebensperger.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Muchas gracias, Presidenta.
Quiero saludar a los Ministros presentes.
Sobre el proyecto de ley, deseo agregar que cifras recientes muestran que el 84 por ciento de las pensiones de alimentos en Chile se encuentran impagas. Ya han relevado aquello algunos de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Esto constituye una gravísima expresión de violencia de género y de vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Como muchas realidades que afectan mayoritariamente a mujeres, esta se encontraba bastante escondida hasta antes de los retiros del 10 por ciento de los fondos de las AFP, una medida que hasta fines de agosto permitió pagar más de cuatrocientas ochenta y cinco mil liquidaciones, recuperando 679 millones de dólares desde las cuentas de los deudores hasta los bolsillos de sus hijos e hijas.
Este proyecto, que ha tenido una rápida tramitación, es la mejor muestra de cómo ha impactado en la sociedad y en el sistema político la visibilización de un drama tan cotidiano que representa uno de los peores rostros de Chile. Las modificaciones que estamos aprobando van a significar un cambio de paradigma que no puede seguir esperando.
Presidenta, establecer que el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos con el propósito de vulnerar la autonomía económica de la mujer es constitutivo de violencia intrafamiliar; es un piso mínimo para empezar a atrapar a los deudores de alimentos como lo que son.
Los cambios procedimentales a la ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, como el deber de informar una forma válida de notificación; la apertura de una cuenta exclusiva para el cumplimiento de esta obligación; la facilitación de la modalidad de retención del sueldo de todo tipo de trabajador, o la retención de fondos en cuentas bancarias o instrumentos de inversión, vendrán a hacer más ágil y efectivo el pago.
El núcleo del proyecto, la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, será una importante herramienta para aumentar la sanción social y establecer mecanismos prácticos que permitan recuperar los fondos. A quien forme parte del Registro, entre otras cosas, se le retendrá hasta el 50 por ciento de cualquier crédito que solicite; no se le admitirá en remates públicos; se le retendrá la devolución de impuestos; no podrá obtener pasaporte ni licencia de conducir; no podrá adquirir vehículos o bienes inmuebles, y en caso de que los ponga en venta, la entidad a cargo de realizar la inscripción deberá asegurarse de que el 50 por ciento del monto vaya a pagar la deuda de alimentos.
También se establecen sistemas de retención para autoridades electas y designadas de organismos públicos.
Por último, esta normativa, Presidenta, incorpora avances muy relevantes que deberán ser coordinados y evaluados por la Comisión del Nuevo Sistema de Cumplimiento de Pensiones Alimenticias.
Voto a favor, porque la cifra de 84 por ciento de pensiones impagas es simplemente vergonzosa; porque tenemos que poner fin a la violencia de género, y porque el Estado debe garantizar el derecho a toda niña y a todo niño a tener un desarrollo integral de cargo de ambos progenitores.
Voto a favor, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Órdenes.
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidenta.
Según las cifras de la Corte Suprema, al 1° de septiembre del presente año se habían recibido más de novecientas mil solicitudes de retención de fondos de las AFP por deudas de pensiones de alimentos en los tres procesos de retiro del 10 por ciento. Y hasta esta fecha ya se había realizado el pago de más de 417 mil millones de pesos en deudas de alimentos para niños, niñas y adolescentes en Chile.
Los retiros de fondos de las administradoras de fondos de pensiones pusieron de manifiesto el grave problema que hoy día afecta a nuestro país y particularmente a quienes han demandado por mucho tiempo algo de absoluta justicia, como es poder recibir la pensión y las obligaciones como alimentantes de sus hijos e hijas.
Por eso es tan importante este proyecto, porque se hace cargo de un problema delicado y urgente.
Esta iniciativa tiene como propósito modificar los procedimientos administrativos y judiciales en materia de retención y pago de pensiones alimenticias adeudadas, y crear el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuyo funcionamiento y administración va a estar a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación con el propósito de garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
A la vez, y como resultado de indicaciones que hemos promovido en conjunto con la Senadora Adriana Muñoz, la Senadora Isabel Allende, la Senadora Marcela Sabat, esta iniciativa establece que constituyen violencia intrafamiliar las conductas que tengan como objetivo directo la vulneración de la autonomía y subsistencia económica de la mujer y de los hijos, como lo es el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos.
Y tan importante como lo anterior también, es que se dispone, Presidenta, que cuando el deudor permanezca por más de 120 días en el Registro Nacional de Deudores, será sancionado con las penas del delito de maltrato habitual.
En la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, en conjunto con todas las Senadoras presentamos más de treinta indicaciones, y se escuchó a diversas organizaciones. Y quiero personalmente agradecer a la Agrupación Deuda Pensión de Alimentos: a Romina Leone, a Silvana Leiva, a Javiera Fuller; a la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, representada por la abogada Javiera Verdugo; también fue muy importante el apoyo de la magistrada Mónica Jeldres, de la Asociación de Abogados de Familia y del Comité Ejecutivo del Centro Universidad Católica de la Familia.
Me parece relevante, asimismo, reconocer el invaluable apoyo de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, representados en la discusión por la jueza Verónica Vymazal, y del Ministerio Público, cuyas profesionales siempre han estado muy dispuestas a entregar su ayuda a todas las discusiones que hoy día involucren respaldo para las mujeres en diversas instancias.
Señora Presidenta, yo voy a votar a favor este proyecto en particular. Entre las indicaciones que se aprobaron se modificaron también reglas respecto de la notificación electrónica; se obliga al juez a que en la resolución que fija o aprueba la pensión alimenticia se exprese su monto en unidades tributarias mensuales para no tener que estar reajustando el monto constantemente; se establece una nueva obligación al tribunal, de ordenar de oficio a la entidad financiera correspondiente la apertura de una cuenta de ahorro, y se dispone que con la sola resolución que provea la demanda el tribunal podrá solicitar a distintos organismos que aporten antecedentes útiles y que permitan determinar los ingresos y la capacidad económica del demandado.
Muy importante también es que se estableció la posibilidad de rescindir contratos cuando el deudor intenta ocultar sus bienes para no pagar la pensión. Se incorpora un nuevo artículo 12 bis, que dispone que en cualquier etapa del procedimiento se va a poder decretar la medida cautelar de retención de los fondos acumulados en cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión del alimentante, y se podrán modificar las medidas de apremio que, al día de hoy, no están siendo efectivas, entre otros muchos cambios útiles a fin de que logremos el propósito, cual es que se paguen las pensiones.
Este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es un gran avance; pero este proyecto contempla otras modificaciones útiles...

La señora RINCÓN (Presidenta).- Denle más tiempo.

La señora PROVOSTE.- Presidenta, esto es importante, porque la Comisión de la Mujer estableció que las conductas ejercidas en el contexto de las relaciones afectivas o familiares que tengan como objeto la vulneración de la autonomía económica de la mujer, patrimonial o subsistencia económica de la familia, serán constituyentes de violencia intrafamiliar. Y si la conducta es reiterativa, podría incluso considerarse como un delito penal.
Este fue uno de los temas más debatidos. La Comisión, de manera correcta a mi juicio, propone la figura de la violencia económica contra la mujer, que incluye el incumplimiento reiterado de pensiones de alimentos y tendrá sanciones en los tribunales de familia.
Además, en este proyecto se precisa que: "El que estando obligado al pago de pensiones de alimentos, y con el objeto de menoscabar o controlar la posición económica de la mujer incumpliere reiteradamente el pago de la pensión de alimentos, será sancionado con las penas del artículo 14 de esta ley". Es decir, puede arriesgar penas de entre sesenta y un días hasta tres años, de presidio menor en su grado mínimo.
Este proyecto presenta un avance fundamental, y por eso aprobaremos todas y cada una de las modificaciones propuestas por la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.
Se trata de un paso muy importante en justicia para nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también en justicia para nuestras mujeres.
Voto con entusiasmo a favor de esta iniciativa, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Provoste.
Tiene la palabra la Senadora Marcela Sabat; y luego, la Senadora Allende.

La señora SABAT.- Muchas gracias, Presidenta.
Como aquí se ha dicho, el año pasado, en plena crisis sanitaria en esta misma Sala aprobamos los retiros de los fondos de las AFP y también que se pudiera retener ese 10 por ciento a quienes debieran las pensiones de alimentos a sus hijos o hijas.
A raíz de esa situación, se reveló que había un 84 por ciento de personas deudoras, donde nueve de cada diez son hombres: los "papito corazón".
En nuestro país, las mujeres históricamente se han encargado de desarrollar las labores ubicadas en el ámbito de lo privado y lo familiar, como criar, educar y cuidar, lo cual ha sido simplemente por una división del trabajo, lo que naturalizó su rol social. Y siendo que hoy en día las mujeres han elevado su participación en trabajos remunerados dentro de la esfera de lo público, aún son ellas las que se llevan en su mayoría la responsabilidad de los cuidados, lo que sabemos totalmente injusto.
Esta triste realidad quedó expuesta a través de las cifras que todos conocemos y de las madres que dejaron de pedir favores y salieron a exigir sus derechos, como también lo correspondiente a sus hijos e hijas.
Ello develó sobre todo lo castigada que puede ser la maternidad en nuestro país, porque nos encontramos con madres cansadas, sobrepasadas, angustiadas y teniendo muchas veces que trabajar el triple para que a sus familias no les falte ni un plato de comida, ni tampoco el amor.
Con el objetivo de poder dar justicia, apoyo y dignidad a las madres que por años han hecho largas filas afuera de los tribunales de familia sin encontrar respuestas y soluciones comenzamos a cuestionar el sistema de cobro de pensiones de alimentos, puesto que el daño generado va más allá de la irresponsabilidad y el abandono por parte del progenitor, sino que es sistemático. Es hora de que el Estado tome medidas reparativas, y hay una propuesta concreta que apoya el necesario cambio cultural.
Durante años las madres, los niños y las niñas han luchado día a día contra un sistema injusto, inoperante, caro y difícil de entender. Por ello en conjunto hemos estado trabajando transversalmente a lo largo de estos meses. Y aquí no me queda más que agradecer a mis compañeras de Comisión, a las Senadoras Adriana Muñoz, Isabel Allende, Yasna Provoste y Ena von Baer; también a la Ministra de la Mujer, quien ha estado con mucha presión también apuntando a que este proyecto avance lo más rápido posible, y al Ministro de Justicia.
Yo creo que de alguna u otra forma vamos a garantizar que la institucionalidad facilite e incentive el pago automático de las responsabilidades parentales y además que se castigue su incumplimiento. Ello para que, cuando se ingrese al progenitor en el Registro de Deudores, se tengan procedimientos concretos, y en los casos de incumplimiento doloso y reiterado se llame a ello por su nombre: violencia económica, cuestión que nos lleva a lo que estamos votando hoy día.
Por tal motivo, Presidenta, estoy segura de que con este proyecto avanzamos en poner las necesidades de los niños y de las niñas en el centro de nuestra sociedad, y damos un paso efectivo a instalar la corresponsabilidad entre padres y madres.
Por eso anuncio lógicamente mi voto a favor, Presidenta.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Marcela Sabat.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende; y luego, el Senador Felipe Kast.
Le pido al Senador Quinteros que me reemplace en la testera al objeto de poder intervenir posteriormente.
¿Le consulto a la Sala si habría acuerdo para ello?
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Quinteros, en calidad de Presidente accidental.

La señora ALLENDE.- Presidenta, creo que ya se ha explicado latamente la importancia de este proyecto.
Junto con la Ministra de la Mujer, doña Mónica Zalaquett, y el Ministro de Justicia trabajamos intensamente -por decirlo así- y creamos una muy buena mesa con nuestros asesores y el Ejecutivo, y también recibimos -como ya señalé-, a través de Verónica Vymazal, una serie de sugerencias muy relevantes de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial.
Entonces, no quisiera extenderme más sobre aquello, porque ya lo hemos explicado. Sin embargo, considero sumamente importante entender que quizás este instrumento, el Registro Nacional de Deudores, nos puede permitir lograr lo que anhelamos: el pago efectivo de las pensiones alimenticias y no tener ese 85 por ciento de deudores, que realmente -como se ha replicado aquí- es una vergüenza para el país, además de ser un daño para esos niños, niñas y adolescentes.
Como ya se ha señalado latamente, no voy a entrar en detalle al proyecto. Solamente me remití antes a dar el informe respectivo de la Comisión. Y aprovecho, por cierto, de agradecer a todos y cada uno de los participantes: desde luego, a las Senadoras que nos acompañaron en la Comisión de la Mujer; por cierto, a los Ministros mencionados, y por supuesto a las agrupaciones de mujeres, que insistentemente se pronunciaron defendiendo el derecho a que ellas puedan hacer efectivo el cobro de las pensiones alimenticias. En fin, ha sido todo un trabajo en conjunto.
Ahora bien, quisiera detenerme en dos cosas: primero, creo que es muy importante que hayamos logrado además dejar establecida una figura incorporada, por cuanto constituye violencia contra la mujer ejercer esta especie de supeditación económica, cómo se trata de menoscabar o de controlar económicamente a la mujer. Si esto se hace de forma reiterada, lo asimilamos, entonces, al delito de maltrato habitual. Creo que esto también fue muy relevante de contemplar.
Pero quiero detenerme en otro tema, para no volver a tomar la palabra, que tiene que ver con lo siguiente: en el momento que discutimos este proyecto en la Comisión en general y en particular no hablamos ni tocamos lo relativo a la factibilidad de que los deudores de alimentos pudiesen presentarse como candidato. Obviamente, esto surgió después, y de ahí la razón de ser de la indicación que hemos presentado junto a las Senadoras Provoste, Sabat, Muñoz y Goic.
Creo que es tremendamente relevante la indicación que va a modificar el artículo 36 para que quienes se encuentren en el Registro no puedan postularse como candidatos a elecciones. Estamos hablando de elecciones regionales y municipales. Quisiera aclarar para los colegas por qué no hablamos de candidaturas presidenciales y parlamentarias: porque eso está normado de otra manera y requiere una reforma constitucional. De ahí el texto que se leyó y la moción que se presentó. Pero aquí nosotros estamos incorporando aquello en el referido artículo 36.
Y además quisiera agregar lo siguiente.
El Ministro de Justicia me acaba de mandar un complemento que a mi juicio es una muy buena observación -lo voy a leer, y después él si quiere podrá explicarlo más latamente; pero creo que es bastante claro- a esto que hemos mencionado en relación con el artículo 36.
Entonces, lo que sugiere el Ministro es un complemento que diría así: "Para asegurar el control del cumplimiento que tienen todos los casos agregamos lo siguiente: `Para estos efectos, el candidato deberá presentar al Servicio Electoral la certificación del literal b) del artículo 23, acreditando no tener inscripción vigente en el Registro por deudas de alimentos. Dicha certificación no podrá tener una antigüedad superior a cinco días hábiles a la fecha de declaración de candidatura'.". Es decir, el Ministro recoge nuestra indicación, la apoya evidentemente y le agrega este complemento, que creo la hace más rigurosa y más efectiva de comprobar.
¿Por qué hicimos eso? Porque naturalmente nos parece que en el estándar ético que debemos exigir respecto de cualquier candidatura, sea a nivel de gobernador, sea a nivel de core, sea a nivel municipal, de alcaldes y concejalas y concejales, obviamente no es posible que postulen personas que no cumplan con algo tan esencial como el pago de alimentos a sus hijos. Creemos que esto es impresentable, y, por lo tanto, pedimos que ojalá nos respalden la indicación que hemos introducido, porque pensamos que es un paso más para mostrar que quienes no cumplen con lo más elemental, que es el pago de la pensión de sus hijos, lo cual tiene que ver con el interés superior del niño, francamente no merecen la posibilidad de presentarse como candidatos, en que uno pide transparencia y estándares éticos que evidentemente son exigentes y exigibles. Y me parece que la ciudadanía así lo entiende también.
Por lo tanto, explicar la razón de la indicación que hemos presentado lo considero muy importante, agregándole al artículo 36 aquello que el propio Ministro ha complementado.
Eso es lo que yo quería decir.
Agradezco nuevamente toda la colaboración.
Muchas gracias, Presidente.

El señor QUINTEROS (Presidente accidental).- A usted, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.- Muchas gracias, Presidente.
La verdad es que, por un lado, qué triste que lleguemos tan tarde con este proyecto de ley, pero, por otro, qué alegría que finalmente esté llegando a puerto.
Si hay algo que indigna es que los niños terminen pagando las consecuencias de que no hagamos las legislaciones que permitan garantizarles sus derechos.
Lo cierto es que este proyecto resulta muy importante para miles y millones de mujeres que, desgraciadamente, son abusadas y sufren por el incumplimiento de lo básico, que es justamente la dignidad para ellas y para sus hijos. Y también es verdad que hay algunas excepciones donde esto ocurre a la inversa.
Yo quiero felicitar a la Ministra Zalaquett, porque cuando asumió tiempo atrás nos convocó a una mesa de trabajo transversal. Entendió que en estas materias es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, y puso toda la fuerza del Ejecutivo para sacar adelante este Dicom de aquellos que no pagan sus pensiones alimenticias.
Siempre uno puede querer más.
Siempre uno puede querer que las cosas sean automáticas, pero el hecho de que hoy día se esté creando un registro, un verdadero Dicom de los deudores de pensiones alimenticias, es un tremendo avance que venimos pidiendo hace mucho tiempo. Y necesitábamos el patrocinio del Ejecutivo, porque sin él era completamente inconstitucional poder crear este Dicom de aquellos que deben a sus hijos la pensión alimenticia.
Lo segundo importante va de lo conceptual a lo operativo, pues era clave la simplificación del proceso de pago. Y acá el tribunal puede proceder de oficio para liquidar, de forma mensual, cada pensión de alimentos. Incluso más: se establece un mecanismo para que el empleador pueda retener la indemnización correspondiente, en caso de término de la relación laboral, a fin de que se pague aquello que se debe.
Tercero, que no es menor, se determinan medidas rigurosas para hacer efectivo el pago de las pensiones de alimentos, por ejemplo, a través de la retención de operaciones de crédito; el rechazo de la emisión de licencias de conducir o pasaporte; el rechazo a la solicitud de traspaso de ciertos bienes; la inhabilitación para recibir beneficios estatales; la retención para la contratación, nombramiento o promoción dentro de la Administración del Estado.
Creo que esto es clave, pues había que poner costos reales y concretos a quienes mantienen deudas de pensiones alimenticias y no seguir permitiendo que se rieran de miles de niños y miles de mujeres que desgraciadamente se veían con las manos atadas.
Esa mesa siguió avanzando. En forma bastante transversal tuvimos varias reuniones con la Ministra, y finalmente hoy día vemos que este proyecto avanza.
Por último -y no menor-, la importancia de que la conducta de aquel que en forma sistemática y reiterada incumple con el pago de la pensión de alimentos también podrá ser constitutiva de violencia intrafamiliar. A mi juicio este elemento es central.
Felicito al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien junto con la Ministra de la Mujer ha venido trabajando en forma mancomunada y generosa. Muchas veces el Estado funciona como una parcela donde los Ministerios no conversan, pero aquí ha ocurrido justamente lo inverso.
Por eso no solamente voto a favor, sino que felicito al Ejecutivo, obviamente al Presidente Piñera y a sus Ministros, por sacar adelante esta importante ley que muchas veces se había anunciado. Reiteradas veces se había dicho "ahora sí, ahora sí", pero muchas madres ya no creían.
¡Y qué bueno que esto hoy día sea realidad!
Y agradezco también a la Oposición porque, junto con el Oficialismo, al menos en esta materia debemos trabajar unidos.
Gracias, Presidente.

El señor QUINTEROS (Presidente accidental).- A usted, Senador.
Finalmente, tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Hoy día discutimos este proyecto que modifica la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (boletín N° 14.077-18).
Creo que hoy debemos hacer algo de historia.
¿De dónde viene este repentino interés en las deudas alimentarias? Antes de los retiros de fondos de pensiones que aprobamos en este Congreso, las deudas alimentarias llegaban a un 84 por ciento, afectando a más de setenta mil niños, niñas y adolescentes.
Cuando se aprobó nuestra indicación en la tramitación del primer retiro de fondos de pensiones para retener dineros por concepto de deudas alimentarias, muchos nos preguntaron por qué privar a determinadas personas de su legítimo derecho a retirar sus fondos; por qué afectar a las personas. Y cada una de esas veces respondí con fuerza: "Porque tenemos una deuda histórica con nuestros niños, niñas y adolescentes".
Y en esta pandemia, más que nunca, se necesitan los recursos suficientes para afrontar las dificultades económicas.
Hoy día quiero hacer un público reconocimiento a mi equipo de trabajo y a dos mujeres feministas, abogadas de la Asociación de Abogadas Feministas del Maule -Gabriela Yáñez, Camila Castillo y Victoria Cancino-, pues ellas pusieron esta idea en nuestro escritorio.
En las semanas posteriores fuimos testigos de una avalancha de solicitudes de retención y también de una reactivación de causas judiciales que los alimentarios ya veían como incobrables.
Así, posterior a la aprobación de nuestra indicación en el proyecto del primer retiro, se desató una visibilización de este tema: largas filas cubiertas por los medios de comunicación.
También se conformó al efecto una mesa técnica en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer.
Vaya mi reconocimiento a la Ministra Mónica Zalaquett y al Ministro Hernán Larraín. Y, ante ello, agradezco el constante apoyo de la Senadora Sabat, de la Senadora Allende, de la Senadora Provoste y el Senador Kast.
Debido a la tramitación expedita que tuvo el retiro de fondos, debimos legislar varias veces la forma de ejecución de esa retención de fondos. Al final, se aprobó nuestra idea de que existiera una subrogación de los derechos del padre deudor en favor de los niños, niñas y adolescentes acreedores.
Y hoy finalmente votaremos en esta Sala este proyecto de ley, que establece medidas permanentes para provocar el pago efectivo de las deudas alimentarias.
¿Pero qué son las deudas derivadas de las pensiones de alimentos? Sin duda no son solo un número. Reducir el drama de miles de madres, padres, niños, niñas y adolescentes a una simple obligación monetaria es invisibilizar una cruda realidad que aqueja a miles de personas mes a mes.
Y el Estado, Presidente, no es una entelequia; es una creación en la que aportamos todas y todos. De cierta manera, el Estado es padre o madre de cada uno de nosotros, tal y como lo reconoce la iniciativa: "El derecho de alimentos es un derecho humano fundamental que al Estado le corresponde respetar".
Y esto no solo en el derecho interno, sino también en el derecho internacional, pues el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados partes reconocen que todo niño y niña tiene el derecho intrínseco a la vida y que los Estados Partes deben garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo.
Tener en consideración lo anterior es relevante especialmente para los niños, niñas y adolescentes a quienes se les adeudan pensiones, los que son abandonados por su padre o madre y luego abandonados por el Estado.
Es por ello que desde que levantamos este tema en el primer retiro de fondos hemos insistido en la necesidad de un fondo nacional de pensiones alimenticias.
Es más, habíamos consignado la necesidad de un fondo nacional de pensiones de alimentos en nuestro programa de Gobierno, propuesta que lamentablemente quedó en el olvido.
Donde sea, los niños, niñas y adolescentes deben recibir, sin interrupción, el sustento necesario y luego el Estado debe ser quien persiga, con toda la fuerza de la ley, a los padres o madres inescrupulosos que intentan burlar la confianza y la obligación para con sus hijos.
Actualmente, la legislación pone de cargo de los niños, de las niñas y de sus padres el perseguir el pago de una deuda del otro progenitor, lo que permite la existencia un completo abandono.
A diferencia de lo que han dicho algunos parlamentarios en esta Sala, no es una vergüenza legislar sobre esto...

El señor QUINTEROS (Presidente accidental).- Concluyó su tiempo.
Un minuto más, Senadora.

La señora RINCÓN.- Termino, Presidente.
Decía que no es una vergüenza legislar sobre esto, sino que es una necesidad y una urgencia. Y una urgencia en la que tenemos responsabilidad todas y todos.
Debemos dotar a las personas de las herramientas legales para permitirles un pago efectivo de esas deudas.
Vergüenza es no hacer nada y dejar que todo siga igual.
Voto a favor de esta iniciativa, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Presidente accidental).- Gracias, Senadora.
Habiendo llegado al término del Orden del Día, quedarán pendientes dos votaciones.
Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a consultar la opción de voto a las señoras Senadoras y los señores Senadores que aún no han votado y están participando de manera remota.
Han votado electrónicamente la Senadora señora Allende, la Senadora señora Sabat, el Senador señor Coloma, el Senador señor Lagos, el Senador señor Quintana y la Senadora señora Órdenes.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
Senador señor Pugh, ¿cómo vota?
Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
En la Sala ha solicitado la palabra el Senador señor Galilea.

El señor QUINTEROS (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.- Gracias, Presidente.
Tal como decía la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, si había algo necesario de legislar y rápidamente en Chile, era el pago de las pensiones alimenticias, la garantía de ese pago.
A mí en la vida me ha tocado ver enorme cantidad de situaciones completamente abusivas, indignantes y humillantes contra las mujeres, para las cuales cobrar su pensión alimenticia se transformaba en un absoluto calvario, en un desfile por tribunales de justicia en los que muchas veces eran mal tratadas y se las veía como insistentes, diciéndoles "por qué viene para acá todos los meses a perseguir algo"; con órdenes de detención que tienen una vigencia cortísima y que, por tanto, eran casi siempre eludidas. En fin. Una cantidad de casos absolutamente impresionantes que mostraban la total inoperancia del sistema de cobro de pensiones, que no es cualquier cosa: es nada más ni nada menos que la mínima preocupación de manutención que un padre debe tener hacia sus hijos.
El hecho de usar como herramienta de disputas entre exmarido y exmujer el no pago de la pensión alimenticia es una cosa completamente vergonzosa, ¡completamente vergonzosa!, pero que en los hechos ocurre, ha ocurrido y espero que vaya disminuyendo en el tiempo, pues se transformaba en la gran herramienta de presión, normalmente de los hombres hacia las mujeres.
Por eso creo que este proyecto aborda cuestiones sumamente relevantes.
No solamente propone un registro, sino que mejora las condiciones por las cuales se pueden revocar actos que, en la práctica, eran fraudulentos, solo para no pagar pensiones alimenticias, así como también el hecho de darle preferencia de primera categoría a los créditos que nacen de las pensiones alimenticias impagas.
Por otro lado, el tema de las liquidaciones. Ustedes no se pueden llegar a imaginar lo que era, cada vez que no se pagaba una deuda alimenticia, esperar a que el tribunal volviera a liquidar. Las objeciones a la liquidación eran y son un infierno al que están sometidas todas las mujeres a las cuales no les han pagado su pensión alimenticia.
Por lo tanto, todos los esfuerzos procesales para terminar con la acumulación de causas constituyen un tema que todavía falta por resolver bien en este proyecto. Hay cuestiones de menores que se ven en un tribunal distinto o en una causa diferente de la pensión de alimentos, pero que en el fondo forman parte de un mismo entorno y de la misma problemática familiar.
Todo eso se debe mejorar y debe ser ley cuanto antes.
Vuelvo a decirlo: lo ocurrido con las pensiones alimenticias durante decenas y decenas y decenas de años en nuestro país es algo que está muy mal y nos debiera hacer reflexionar mucho en el sentido de por qué no ponemos el acento en cuestiones tan básicas, que tanto afectan la vida de niños y de familias enteras.
Haciendo un parangón, esto es lo mismo que el Compín. Todos veíamos, por generaciones y generaciones, unas colas enormes en el Compín, una sala de atención pésima, pero nadie reaccionaba hasta que este Gobierno fue, intervino y mejoró claramente las condiciones de dicho organismo.
Bueno, a este Gobierno también le ha tocado hacer un mejoramiento y proponer este proyecto de ley que incorpora perfeccionamientos sustantivos.
Yo de este tema conversé largamente con la Ministra Zalaquett, quien asiste a esta sesión por Zoom, y le reconozco su compromiso total, no solamente intelectual sino también de corazón, en este tipo de proyectos.
Asimismo, la colaboración del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, también ha sido fundamental.
Sin el empuje de ambos, más el de parlamentarios, Senadores y Senadoras, que se han involucrado en este proyecto, probablemente hubiera sido imposible llegar a este texto de consenso que realmente va a representar un antes y un después en lo que concierne a las pensiones alimenticias en nuestro país.
Muchas gracias, Presidenta.
Voto a favor.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Galilea.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba el proyecto tanto en general como en particular, con excepción de las normas que han sido objeto de indicaciones o de solicitudes de votación separada (30 votos favorables), dejándose constancia de que se cumplió con el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Han quedado aprobadas en general y en particular todas las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de discusión.
Como ha llegado la hora de término del Orden del Día, quedarán para la próxima sesión las votaciones separadas que se pidieron y la indicación que se presentó.
Si a Sus Señorías les parece, partiremos con este proyecto en primer lugar de la sesión ordinaria de mañana, después de las dos sesiones especiales que se han citado.
¿Habría acuerdo?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- No tenemos quorum para tomar acuerdos, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Bien.
Entonces, lo vamos a someter a consideración de la Sala mañana, pero entiendo que habría voluntad de todas y todos para hacerlo así.
No tenemos quorum para acordarlo, pero entiendo que hay voluntad.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.


La señora RINCÓN (Presidenta).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A la Subsecretaria de Telecomunicaciones, solicitándole CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO TENDIENTE A SOLUCIONAR DIFICULTADES DE CONECTIVIDAD EN DISTINTAS ZONAS RURALES DE COMUNA DE PUTAENDO.
Y a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Servicio Nacional de Geología y Minería Región Valparaíso, para que informen sobre procesos de fiscalización realizados o por realizar acerca de EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN, CON RIESGO PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS, POR FUNCIONAMIENTO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ACTIVIDAD MINERA (ASPRA, ANTAHUARA Y CHINCOLCO SPA) EN LA COMUNA DE PETORCA, SECTOR CHINCOLCO LOS COMUNES.
Del señor GARCÍA:
A la Superintendenta de Seguridad Social, al Superintendente de Pensiones y al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, pidiéndoles informar MOTIVOS DE SORPRESIVA DISMINUCIÓN EN MONTO DE PENSIÓN DE DOÑA UBERLINDA MORA TRONCOSO EN SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, Y SI EXISTE ALGÚN MECANISMO PARA REPARAR EL DAÑO CAUSADO.
De la señora SABAT:
Al Ministro de Educación, solicitando considerar SOLICITUD DE ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE LOS AUTISTAS (ASPAUT) PARA APROBACIÓN DE CURSOS LABORALES IMPARTIDOS POR ESCUELA ESPECIAL N° 1637 "MAGDALENA AVALOS CRUZ", PAGO DE SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE DE MANERA RETROACTIVA PARA DICHO ESTABLECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE NORMATIVA APLICABLE PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE UN PLANTEL QUE DESARROLLA UN IMPORTANTE TRABAJO CON JÓVENES AUTISTAS.
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--Se levantó la sesión a las 20:02.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción subrogante