MEDIDAS PARA INCENTIVAR PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Corresponde pronunciarnos respecto del informe de la Comisión Mixta constituida en conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, con urgencia calificada de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.409-03) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que haga una relación del informe de la Comisión Mixta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Este proyecto de ley inició su tramitación en la Cámara de Diputados, y a su respecto el Senado, en segundo trámite constitucional, introdujo un conjunto de modificaciones. La divergencia suscitada entre ambas Cámaras deriva del rechazo por parte de la Cámara de origen, en tercer trámite constitucional, de una de las enmiendas efectuadas por la Cámara revisora, esto es, la recaída en el numeral 5, que pasó a ser 7, del artículo 1, consistente en el reemplazo del artículo 15 bis que dicho numeral incorpora a la ley N° 19.496. Este precepto dice relación con el tratamiento de los datos personales o comerciales de los consumidores y las obligaciones de los proveedores a su respecto.
La Comisión Mixta, como forma y modo de resolver la divergencia producida entre ambas Cámaras, propone lo siguiente:
1.- Reemplazar el numeral 7 del artículo 1 para intercalar un artículo 15 bis nuevo del siguiente tenor: "Artículo 15 bis.- Las disposiciones contenidas en los artículos 2 bis letra b), 58 y 58 bis de la presente ley, serán aplicables respecto de los datos personales de los consumidores, en el marco de las relaciones de consumo, salvo que las facultades contenidas en dichos artículos se encuentren en el ámbito de competencias legales de otro órgano.".
2.- Incorporar un artículo 4 nuevo para introducir modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, de 1974.
3.- Incorporar un artículo quinto transitorio nuevo respecto de la entrada en vigencia de las modificaciones al artículo 21 de la ley N° 19.496 y al decreto ley N° 825, de 1974, sobre Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios.
La Comisión Mixta acordó la proposición en referencia con las votaciones que en cada caso consigna en su informe. Por último, cabe señalar que la Honorable Cámara de Diputados, en sesión de 30 de julio de 2021, aprobó la proposición formulada por dicha instancia.
En el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición figuran en la quinta y sexta columnas, respectivamente, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse dicha propuesta.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias.
A continuación, le ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión Mixta, Senador Álvaro Elizalde, para que rinda el informe respectivo a esta Sala.
El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidenta.
Voy a proceder a entregar el informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de superar la discrepancia producida entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores (boletín N° 12.409-03).
La controversia que dio origen a esta Comisión Mixta surgió con ocasión del tercer trámite constitucional, en el cual la Cámara de Diputados aprobó todas las enmiendas propuestas por el Senado, con excepción de la modificación incorporada por esta Corporación en el numeral 5 del artículo 1, que reemplaza el artículo 15 bis, que rechazó. Por tanto, la divergencia generada entre ambas Cámaras es sobre un solo aspecto del proyecto: el tratamiento de cualquier tipo de datos personales de los consumidores y su protección.
Constituida la Comisión Mixta, se realizaron una serie de audiencias y se escuchó a distintos representantes del área, así como a autoridades de Gobierno; y en la última sesión celebrada, la Comisión Mixta recibió indicaciones presentadas por Su Excelencia el Presidente de la República con el fin de contribuir a resolver la discrepancia surgida entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley del rubro.
La primera de ellas reemplaza el numeral 7 del artículo 1 del proyecto por el siguiente: "7. Intercálese el siguiente artículo 15 bis, nuevo:
"Artículo 15 bis.- Las disposiciones contenidas en los artículos 2 bis letra b), 58 y 58 bis de la presente ley, serán aplicables respecto de los datos personales de los consumidores, en el marco de las relaciones de consumo, salvo que las facultades contenidas en dichos artículos se encuentren en el ámbito de competencias legales de otro órgano.".
La representante del Ministerio de Economía, señora Ximena Contreras, explicó que la redacción nueva del artículo 15 bis resuelve los cuestionamientos de aplicabilidad de los remedios contenidos en la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con relación a eventuales infracciones a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
Con el texto propuesto se posibilita a los consumidores titulares de datos la tutela de sus derechos y la efectiva indemnización de los daños causados por el uso indebido de sus datos personales, en el ámbito de las relaciones de consumo, toda vez que el Sernac podrá ejercer acciones colectivas cuando, en relaciones de consumo, se vulneren datos personales de los consumidores, por ejemplo, ante filtraciones masivas de datos o cláusulas abusivas.
Las afectaciones en materia de protección de datos personales suelen ser problemas a gran escala que causan un impacto individual menor, pero con un impacto social significativo. Por lo tanto, la acción colectiva para los consumidores es una herramienta positiva para la protección de sus derechos.
La redacción propuesta apunta precisamente a solucionar este problema reconociendo las potestades para que tanto el Sernac como las organizaciones de consumidores se encuentren habilitadas para actuar en defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores cuando los datos personales de estos últimos hayan sido vulnerados en el marco de una relación de consumo.
Asimismo, la mención expresa que el texto propuesto hace al artículo 2° bis letra b) de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores va en esa línea, por cuanto dicho literal dispone que esta normativa será aplicable aun cuando exista legislación especial "en lo relativo al procedimiento en las causas en que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios, y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento".
Se debe tener presente que ni la ley sobre protección de datos personales ni el proyecto de ley de datos personales en actual trámite (boletines Nos 11.144-07 y 11.092-07, refundidos) contemplan un procedimiento para la protección del interés difuso o colectivo de los titulares de datos personales. Por lo tanto, de conformidad con esta nueva norma, si se reúnen las condiciones para la aplicación de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, esto es, la existencia de una relación de consumo, dicha normativa resultará aplicable.
Es importante señalar que para que se puedan ejercer acciones de enforcement vía procedimientos colectivos, el legislador dotó a Sernac -al constituirlo como órgano fiscalizador- de las potestades enumeradas en los artículos 58 y 58 bis de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. En consecuencia, la explícita referencia a ambas normas en la redacción propuesta asegura la mayor funcionalidad posible de las potestades del organismo a la utilización de herramientas colectivas, favoreciendo la protección de los consumidores.
La redacción propuesta delimita el ámbito de competencia del Sernac a "las relaciones de consumo", esto es, solo aquellas relaciones entre un proveedor y consumidor definido conforme al artículo 1 de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Por último, la oración final que incorpora la nueva propuesta de redacción, "salvo que las facultades contenidas en dichos artículos se encuentren en el ámbito de competencia legal de otro órgano", viene a salvaguardar cualquier conflicto de superposición de funciones o de competencias que eventualmente pueda surgir en el futuro entre autoridades públicas, a propósito de la eventual creación de una agencia u organismo de control de la normativa sobre protección de datos personales o de una autoridad nacional de ciberseguridad.
La indicación N° 1 fue aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión Mixta, Senadores señora Aravena y señores Durana y Elizalde y Honorables Diputados señores Bianchi, Díaz, Lavín, Mellado y Naranjo (unanimidad, 8x0).
Luego, la Comisión Mixta se abocó a las indicaciones números 2 y 3 tendientes a introducir un artículo 4°, nuevo, para modificar un aspecto puntual de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios y un artículo quinto transitorio, también nuevo, relacionado con lo anterior.
La Jefa del Departamento de Impuestos Indirectos de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, señora Julia Altamirano, explicó que el sentido de estas indicaciones es armonizar las normas de la ley que el proyecto en debate modifica con las normas de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, de 1974, mejor conocida como "Ley del IVA".
Hasta el momento, la Ley del IVA se encontraba armonizada con la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, que consagra un plazo de tres meses para devolver los productos haciendo uso de la garantía legal.
Pero el proyecto modifica el artículo 21 de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores aumentando de tres a seis meses el plazo de garantía legal. Por lo tanto, para poder concordar ambas normativas es necesario también aumentar del mismo modo el plazo de la Ley del IVA.
Luego, la indicación N° 2 propone una modificación simple a normas de la Ley del IVA, específicamente a los artículos 21 y 70, que son los que se refieren al plazo de tres meses, para aumentarlo a seis meses.
Por su parte, la indicación N° 3 también plantea una norma transitoria que dispone que estas modificaciones a la Ley del IVA entrarán a regir en el plazo de tres meses contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, en razón de que el Servicio de Impuestos Internos necesita ese plazo para adecuar el sistema automático de registro de la información tributaria de los contribuyentes, denominado "Registro de Compra y Venta".
Se hizo presente que el tema planteado en las indicaciones números 2 y 3 de Su Excelencia el Presidente de la República no generó controversia entre la Cámara de Diputados y el Senado. No obstante, lo que estas indicaciones proponen no modifica el proyecto de ley propiamente tal, sino que apuntan a introducir una enmienda a la Ley del IVA para hacerla coherente con lo aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado al extender de tres a seis meses la garantía legal. En tal sentido, no se ve inconveniente para que sean aprobadas en forma unánime.
Por lo anteriormente expuesto, se recabó la unanimidad de la Comisión Mixta para tratar y aprobar tales indicaciones, lo que fue acogido. Puestas en votación estas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes presentes de la referida instancia, Senadores señora Aravena y señores Durana y Elizalde y Honorables Diputados señores Bianchi, Díaz, Lavín, Mellado y Naranjo (unanimidad, 8 x 0).
Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Presidente de la Comisión Mixta y Presidente de la Comisión de Economía también, Senador Álvaro Elizalde.
Ha solicitado la palabra para referirse a esta iniciativa el Ministro Lucas Palacios.
Puede intervenir, Ministro.
El señor PALACIOS (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Muchas gracias, Presidenta.
Junto con saludar a los Senadores presentes, quiero referirme al proyecto de ley proconsumidor, cuyo informe de Comisión Mixta se discute el día de hoy.
El proyecto contó con un amplio respaldo parlamentario tanto en su primer como segundo trámite constitucional. Y la mayoría de las modificaciones introducidas por este Senado fueron aprobadas por la Cámara de Diputados en el tercer trámite constitucional.
Sin embargo, el artículo 15 bis, que decía relación con la obligación de los proveedores de datos personales de informar a los consumidores perjudicados por violaciones de seguridad que afecten sus datos personales, fue rechazado por la Cámara, constituyéndose una Comisión Mixta para solucionar tal discrepancia.
En dicha Comisión, luego de escuchar a diversos expertos, se propuso una nueva redacción al artículo, con la que se resuelven cuestionamientos a la aplicabilidad de los remedios contenidos en la ley N° 19.946, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con respecto a eventuales infracciones a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y se posibilita a los consumidores o titulares de datos la tutela de sus derechos y la efectiva indemnización de los daños causados por el uso indebido de sus datos personales en el ámbito de las relaciones de consumo. Lo anterior, Presidenta, toda vez que el Sernac podrá ejercer acciones colectivas cuando, en el marco de relaciones de consumo, se vulneren datos personales de los consumidores, por ejemplo, ante filtraciones masivas de datos o cláusulas abusivas.
Adicionalmente, en el trabajo de la Comisión Mixta se aprobaron por unanimidad ajustes a la Ley de IVA para tornar aplicable la extensión de la garantía legal de tres a seis meses, haciendo concordante dicho plazo con el período en que pueden emitirse notas de crédito.
No obstante los avances incluidos en esta iniciativa, respecto de los cuales recomendamos su aprobación, no podemos dejar de mencionar que nos preocupa la incorporación, hecha a través de una indicación presentada en ambas Salas, primero por el Diputado señor Bianchi en la Cámara de Diputados y luego por el Senador señor Bianchi en el Senado, de la prohibición de realizar ofertas con medios de pago.
Se trata de una prohibición que es objeto de grandes cuestionamientos por parte de los expertos; también por parte de la Fiscalía Nacional Económica y del Sernac, así como de las propias asociaciones de consumidores y asociaciones internacionales. Sin embargo, ello fue aprobado en ambas Salas, a pesar de haber sido rechazado por las Comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado. Y aun cuando fue solicitada reiteradamente por los parlamentarios de la Comisión Mixta la posibilidad de reabrir la discusión sobre esta materia, no fue posible hacerlo por cuanto el Diputado señor Bianchi no dio la unanimidad para su revisión.
La medida propuesta por el Diputado Bianchi y por el Senador Bianchi prohíbe restringir o condicionar la aplicación de descuentos o el otorgamiento de beneficios al pago con un medio de pago específico administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro.
Es importante hacer presente que la prohibición de estos descuentos no recae solamente sobre bienes de lujo, sino que afectaría directamente la posibilidad de que gran parte de los chilenos adquiera bienes que son de primera necesidad a mejores precios, tales como los medicamentos; alimentos de supermercado y otros establecimientos; atención de salud en centros médicos y clínicas, y una serie de otros comercios, como restoranes y cafeterías, que generalmente se asocian con medios de pagos para ofrecer días de descuentos: por ejemplo, cuando existe capacidad disponible en un restorán se ofrece un descuento al que se puede acceder por una tarjeta, a través de un medio, justamente para llenarlo de clientes el día en que tiene menor demanda, para que de esa forma le vaya mejor.
Lo mismo puede ocurrir con una pyme que tiene un exceso de stock y que quiere hacer una liquidación. ¿Para qué? Para beneficio de esa propia pyme. Por lo tanto, lo que hace esta norma es interferir en la recuperación económica a nivel de las pequeñas y medianas empresas.
Con esta prohibición el proyecto estaría terminando con la posibilidad de que las personas accedan a productos y servicios a precios más bajos. Esa es la consecuencia de esta norma.
Por otra parte, restringir la competencia entre los emisores de tarjetas no bancarias inhibirá el creciente desarrollo de este mercado, que últimamente ha tendido hacia el uso de tarjetas de prepago y a otras de menores costos para los tarjetahabientes.
Estamos avanzando al uso de las tarjetas, porque es más seguro y sanitariamente mejor, y con esta norma estamos yendo justamente en sentido contario.
A diferencia de lo sostenido por los autores de esta medida, los descuentos con medios de pago no constituyen una venta atada. Así lo han reafirmado desde la Fiscalía Nacional Económica en numerosas ocasiones.
Tampoco con su prohibición se acabará el sobreendeudamiento de los chilenos, como pretenden señalar algunos. Lo que se producirá es el término de las ofertas y una afectación general para los consumidores ordenados que hoy aprovechan estos beneficios para acceder a mejores precios, ahorrando en una serie de productos y servicios.
Es evidente que tenemos que profundizar en educación financiera, para que las personas no estén más adeudadas de lo que corresponde. Ahí es donde estamos avanzando, a través del Sernac, en sistemas de información para que las personas efectivamente sepan cuánto deben, y que los cobros sean los que corresponden.
Pero restringir, en este caso, las tarjetas tiene un efecto directamente contrario.
Sin perjuicio de esta mala medida, espero que esta Sala apruebe las modificaciones propuestas por la Comisión Mixta, donde alcanzaron un apoyo unánime.
Agradezco el trabajo de los Senadores y Diputados que formaron parte de dicha Comisión, y la dedicación de todos los parlamentarios que participaron en la discusión de este proyecto de ley, desde enero del año 2018, y que sigue tramitándose hasta el día de hoy.
Es cuanto puedo señalar, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias, Ministro.
Ya tenemos varios inscritos en la Sala: el Senador Carlos Bianchi, la Senadora Carmen Gloria Aravena, la Senadora Ximena Rincón, el Senador José Miguel Durana. De manera telemática hasta este momento nadie se ha anotado.
Se han inscrito, además, los Senadores David Sandoval, Claudio Alvarado y José García Ruminot, en la Sala.
Si les parece, abriremos la votación respetando los tiempos de cada uno.
Así se acuerda.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
Asimismo, la plataforma electrónica se encontrará disponible para los colegas que se encuentran de manera telemática.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Le ofrezco la palabra al Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.- Gracias, estimada Presidenta.
Como fui aludido por el propio Ministro, quiero pedirle algunos minutos adicionales.
¡Qué agradable es ver la molestia del Ministro Lucas Palacios! ¡"Lucas" Palacios! ¡No puede hacerle más honor al nombre y al apellido, por lo que defiende: las lucas de quienes están detrás de este proyecto de ley!
Lo que ha señalado el Ministro es de una falsedad absoluta. Y la única conformidad que tengo es el grado de inteligencia de las personas, porque lo que se pretendía y lo que van a vetar el Presidente Piñera y el señor Lucas Palacios es el uso de las tarjetas en la siguiente situación que quiero graficar.
Lo que hicimos con el Diputado Karim Bianchi Retamales es precisamente todo lo contrario a lo que señala el señor "Lucas" Palacios: hemos defendido a los consumidores del abuso histórico del retail, fundamentalmente de las grandes empresas, que les otorgan una tarjeta, entusiasmando con un determinado descuento solo a quienes tienen determinada tarjeta y luego cobrándoles todos los intereses habidos y por haber.
¡Porque ese es el negocio de fondo!
Aquí no se está prohibiendo que con esa tarjeta la persona vaya a una farmacia o un restorán. ¡No es así! Esa es la mentira que dice el señor "Lucas" Palacios, pues eso es lo que efectivamente está defendiendo: las lucas que podrían perder aquellos grandes empresarios a través del uso indebido que se hace con las tarjetas.
Además, se hace aquí una oda a la Fiscalía Nacional Económica. Yo quiero recordar que su actual titular pasó por el sillón de las empresas del retail, y ahora está como fiscalizador de sus exempleadores.
Entonces, afortunadamente yo puedo apelar a la inteligencia de las personas, porque efectivamente se dieron cuenta tanto afectados como aquellas organizaciones que defienden de verdad al consumidor, no al retail ni a las grandes empresas.
¿Qué decíamos nosotros? "Mire, lo que queremos es que haya transparencia en el uso de las tarjetas. Si usted tiene una tarjeta de una determinada multitienda y le ofrecen un descuento, bueno, ¡en buena hora! Pero que también le ofrezcan el mismo descuento a quien está pagando al contado".
Entonces, ¿qué es lo injusto?, ¿dónde está el abuso?, ¿dónde está la situación que podría afectar al consumidor? Que con esa misma tarjeta el cliente puede ir perfectamente a una farmacia, a un supermercado, a un restorán -¡si ese no es el punto!-, pero se hace algo indebido, que es la venta atada que se produce con el uso de las tarjetas.
¿Qué va a hacer el Gobierno? Y esto no lo dijo el Ministro Lucas Palacios. Lo que va a hacer el Gobierno es vetar esta indicación para que ello no ocurra, y el Presidente de la República, una vez más, va a demostrarle y decirle al país que está en una abierta defensa de los abusos históricos que se han registrado a raíz del uso de estas tarjetas.
¡En buena hora que las personas tengan un medio para poder acceder a ofertas, para poder acceder a determinados productos! El punto está en que esto se hace a través de una venta atada, donde la misma empresa que otorga ese beneficio cobra finalmente los intereses posteriores, una vez que se hayan hecho los descuentos, y prohíbe -¡prohíbe!- que aquellas personas que no tienen esa tarjeta, que no son esos clientes cautivos, puedan acceder a una determinada oferta.
Por lo tanto, yo voy a votar en todo el resto el proyecto favorablemente.
Lo que no quiero aceptar -y no voy a aceptar- son las críticas, el juicio que hace el Ministro con respecto a quienes desde aquí estamos haciendo nuestro trabajo en defensa del consumidor, no en defensa de las empresas del retail ni de esas grandes industrias.
¡Para eso están el Gobierno y el Ministro "Lucas" Palacios!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Bianchi.
Le recuerdo, sí, que estamos en la votación del informe de la Comisión Mixta.
Los que estamos acá marcamos inmediatamente nuestra opción en el momento de hacer uso de la palabra, y los que están a distancia lo hacen una vez que la soliciten.
Tengo varios inscritos.
Me dicen que el Senador Francisco Huenchumilla quiere votar sin fundamentar.
¿Don Francisco?
El señor HUENCHUMILLA.- Así es.
Apruebo, Presidente.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador.
¿Senador De Urresti igual?
El señor DE URRESTI.- Sí.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra, para fundamentar su voto, la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- Muchas gracias, Presidente.
Voy a ser bien breve.
Solo quiero recordar la calidad del proyecto, pues es un muy buen proyecto en mi opinión.
Creo que esta iniciativa mejora muchísimo las condiciones para los consumidores, modificando la regulación del derecho a retracto para las compras realizadas por internet, que es hoy día un tema tremendamente importante y que probablemente llegó para quedarse.
Por otro lado, permite que los consumidores ejerzan sus derechos y comuniquen el término de sus contratos de adhesión; la ampliación de los derechos del consumidor financiero y el derecho a prepago, que muchas veces se complejiza mucho en el sistema bancario.
Asimismo, la libre elección del consumidor entre la garantía legal y la voluntaria, sobre todo para la compra de vehículos, es un tema que todos lo sabemos.
La modificación en materia de deberes de información en caso de negación de embarque de pasajeros por sobreventa o incumplimiento de las medidas de mitigación y compensación de las aerolíneas va a cambiar muchísimo el mercado del transporte de pasajeros en las líneas aéreas.
La mejora en la implementación de la receta médica, un tema tan discutido y tan esperado, mediante la creación definitiva de una central electrónica de recetas, nos hace tanta falta, sobre todo para las recetas que tienen continuidad y que hoy día están muy vinculadas a las farmacias, aunque eso no debiera ser, pues eso debería hacerse a través de internet. Eso va a ocurrir ahora y, de alguna manera, permitirá bajarlas.
Como usted bien dice, Presidente, estamos en una etapa final y solo me voy a referir a dos puntos.
El primero dice relación con que tuvimos una discusión bien interesante en lo que respecta a los datos personales. Y quizá todos concordamos en la importancia de la legislación, que está pendiente, en un tema que hoy día es relevante en el mundo y respecto del cual Chile está en deuda: la Agencia de Datos Personales es un tema urgente y hoy día no se está viendo con detención.
El segundo punto al que quiero hacer mención, relacionado con un tema que fue discutido pero no analizado por falta de quorum -y hay que respetar las normas- se refiere a lo que estaba planteando otro Senador que me antecedió.
A diferencia de ese colega -con mucho respeto a lo que él piensa-, creo que la prohibición de hacer ofertas y promociones por el uso de un determinado medio de pago atenta contra las posibilidades que tiene hoy día el consumidor, la libre competencia y, de una u otra manera, la fidelización del cliente. Y esto no es por defender específicamente al retail, porque hoy día hay muchas cámaras de comercio que también ofrecen sus tarjetas de descuento y significa ciertas ventajas el andar con ellas.
Por lo tanto, si esta prohibición se hace amplia, estaremos perjudicándolos a todos.
Por otro lado, pienso que un mercado abierto requiere competitividad y fidelización del cliente. Así que no veo cuál es el inconveniente, si no es una obligación, de acceder a las ventajas que implica el usar un medio de pago o estar fidelizado a alguna casa comercial. Hoy día en Chile no se obliga a tener tarjetas ni tampoco comprar en un negocio en particular, y hay una competencia inmensa a nivel bancario, financiero, del retail y también del comercio minorista.
Por ello, todas las alternativas que ofrezca el comercio para fidelizar, captar clientes y mejorar sus servicios bienvenidas sean en la medida que el consumidor se vea beneficiado.
En consecuencia, me parece que esta proposición es una medida regresiva que atenta contra la libre competencia.
Por eso espero que el Presidente de la República, que tiene la posibilidad de ejercer un veto, lo haga porque creo que, como acabo de señalar, esta es una medida regresiva, no un avance, y es lo único que no quedó perfecto en esta ley proconsumidor.
Yo apruebo este informe, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Aravena.
Dejo con la palabra a la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Este proyecto, que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, en el que me tocó participar cuando era miembro de la Comisión de Economía, es de la máxima relevancia e importancia para salvaguardar los intereses de millones de usuarios que participan en el mercado.
Yo felicito que estemos llegando al fin de esta etapa.
No voy a explicar los detalles de su contenido -estamos en el informe de la Comisión Mixta-, pues ya lo han hecho mis colegas.
Sin duda, Presidente, en el mercado financiero y, en general, en el mercado de consumo las condiciones a las que se ven enfrentados los consumidores muchas veces son perjudiciales, y en un gran número de casos las personas no tienen conocimiento sobre los derechos que pueden ejercer para defenderse o hacer valer el adecuado funcionamiento de los productos o servicios que contratan o compran. Y aun cuando esos derechos son ejercidos, la burocracia, la lentitud y, sobretodo, la asimetría de herramientas legales con las que cuentan los proveedores, en desmedro de los consumidores finales, hacen a las personas no perseverar en la defensa efectiva de sus derechos.
Frente a ello, este proyecto de ley precisamente aborda de manera miscelánea muchas problemáticas recurrentes en los consumidores: amplía la garantía legal de tres a seis meses; establece un avance respecto de la obligación de los proveedores de informar a los clientes temas tan relevantes como la suspensión del servicio o posibles afectaciones de seguridad de sus datos personales; avanza en proteger a aquellas personas que ingresan al mundo del mercado del consumo, como son los universitarios, y también contempla normas relacionadas con la normativa aeronáutica.
Lamentablemente, en esta iniciativa otra vez vemos un tema que no queda bien resuelto: la prohibición a ciertos proveedores de servicios financieros, como los vinculados a las tarjetas del retail, de ofrecer descuentos a clientes asociados al uso de sus productos.
A pesar de las sugerencias de los expositores invitados a las sesiones de la Comisión Mixta en el sentido de abrir el debate sobre este punto y otros, que a juicio de ellos no quedaban bien resueltos, no hubo cabida para hacerlo.
Esta norma, además de ser limitativa de la libre competencia y de la libre oferta que debe imperar en un mercado regulado, como el financiero y del consumo, coarta las posibilidades y la libertad de las personas de acceder a un descuento que muchas veces tienen asimilado en el presupuesto familiar.
Pero lo más grave es que, aparte de generar esta prohibición, afecta directamente a los sectores más vulnerables, que en su mayoría son tarjetahabientes de casas comerciales y no de la banca, debido a las bajas remuneraciones y limitaciones de acceso al crédito. Además, esta prohibición ¡solo! se hace respecto de aquellos y no respecto de la banca.
Este fue un punto que señalé en la discusión del proyecto mismo. Perdí la mirada que tenía sobre esto, pero soy partidaria de que, si vamos a establecer prohibiciones, exijámoselas a todos.
Cabe señalar que esta limitación también presenta un gran vacío en lo relativo a las Fintech o emprendimientos tecnológicos, que, al no ser proveedores de productos o servicios financieros, van a poder continuar ofreciendo descuentos a sus usuarios que asocien una determinada tarjeta como vía de pago de esa aplicación.
Considerando que ese sector ha crecido en un 215 por ciento en doce meses, es previsible que dicha limitante quede en letra muerta, ya que gran parte del comercio migró al sector digital, lo que esta ley no contempla.
En definitiva, los usuarios de dichas aplicaciones, en su mayoría con un poder adquisitivo superior, van a poder seguir accediendo a los descuentos de los que este proyecto priva a los consumidores más vulnerables y que son clientes de otros comercios.
Tal como consta en las actas sobre la discusión del proyecto, las innovaciones que se hicieron en el Senado fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, a excepción del artículo 15 bis, nuevo, que la iniciativa incorpora en la ley 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y que fue objeto de análisis por parte de la Comisión Mixta.
Respecto de ese artículo, estimamos que la solución de la Comisión está acorde con la última jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de protección de los consumidores y mejora la posición de las asociaciones de consumidores y del Sernac.
De esta manera, el artículo 15 bis propuesto por la Comisión Mixta zanja la discusión jurisprudencial respecto de si las asociaciones y dicho Servicio pueden provocar en tribunales la protección de datos personales, siendo la respuesta positiva, ya que se considera como una ley especial.
En consideración a ello, Presidente, y teniendo a la vista el trabajo de la Comisión Mixta, yo respaldo este proyecto de ley. Pero lamento que no se extienda en un mismo criterio la oferta de la banca a la de las casas comerciales y, además, que se deje un vacío legal que va a permitir que sí puedan acceder al beneficio los de mayor poder adquisitivo, lo que me parece francamente incomprensible.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora.
Dejo con la palabra, para fundamentar su voto, al Senador José Miguel Durana.
Senador, puede intervenir.
El señor DURANA.- Gracias, Presidente.
Este es un proyecto misceláneo que busca modificar diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la legislación, en aras de corregir ciertas asimetrías que en la actualidad se producen en las relaciones comerciales y que perjudican a los consumidores.
La Comisión Mixta agregó las siguientes modificaciones al proyecto de ley en orden a perfeccionar la redacción del artículo 15 bis, para posibilitar a los consumidores titulares de datos personales, en el ámbito de las relaciones de consumo, hacer efectivos sus derechos y eventuales indemnizaciones de perjuicios por el uso indebido de los mismos.
Esto es importante ya que el Sernac va a poder ejercer acciones colectivas cuando en las relaciones de consumo se vulneren datos personales de los consumidores; por ejemplo, ante filtraciones masivas de datos o cláusulas abusivas.
Lo que se persigue es reconocer también la importancia de contar con un marco normativo propio en lo relativo a los datos personales, sin dejar desprotegidos a los consumidores en situaciones de vulneración de sus derechos en el ámbito de las relaciones de consumo.
La segunda modificación también responde a una cuestión de coherencia entre normativas, cual es que los plazos que contempla la Ley del IVA sean iguales a los de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, para que no se produzcan problemas al momento de ejercer la garantía legal.
Pero además este proyecto aprobado por la Comisión Mixta contiene una indicación formulada por el Diputado Bianchi al artículo 17, literal h), la que tiene como objetivo eliminar la posibilidad de ofrecer descuentos asociados a un medio de pago en particular, prohibiendo a los proveedores de productos o servicios financieros restringir o condicionar que la compra de bienes o servicios de consumo o la aplicación de descuentos adicionales al precio de estos se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor o por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro.
En la Comisión de Economía se consideró incluso un informe de la Biblioteca y, obviamente, se determinó que no existe legislación comparada en el mundo.
Al respecto, la Fiscalía Nacional Económica presentó un informe mediante el cual analizó los descuentos asociados a un medio de pago y concluyó que una indicación que los prohíba terminará afectando negativamente a los consumidores, ya que podría reducir en forma significativa los descuentos a los que ellos pueden acceder, así como disminuir el crédito asociado, en especial para los consumidores de menos recursos.
Asimismo, dicha medida no beneficia a las pymes, pues, de acuerdo con el informe de la misma Fiscalía Nacional Económica, no es necesario contar con tarjetas de crédito para competir eficientemente en el mercado.
No obstante, y a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo y de la mayoría de los parlamentarios por tratar de corregir al interior de la Comisión Mixta esta errada política pública, no se logró la unanimidad para abrir el debate.
Los principales problemas son:
a) A partir de errores técnicos de redacción, la indicación termina afectando además los descuentos de medios de pagos que no implican crédito, por ejemplo, tarjetas de prepago o tarjetas de débito.
b) Al realizar un pago con tarjeta de crédito, no necesariamente se genera un crédito, pues todas las tarjetas permiten actualmente pagar la totalidad de la cuenta sin acceder a crédito y a los costos que este genera.
c) El Sernac, en su rol fiscalizador, deberá velar por el cumplimiento de la norma; sin embargo, al exigir el cumplimiento con la norma, el Sernac tendrá que ir en contra de los consumidores y de la libre competencia.
d) La ley no indica a qué se refiere con empresa relacionada (puede ser comercial o de patrimonio); por lo tanto, se produce un problema de fiscalización en términos de las empresas del retail que tienen vinculación con los bancos, lo cual es una materia que el proyecto de ley deja en un área gris.
Esta iniciativa ha sido aprobada por la Comisión Mixta e involucra normas que son un indiscutible avance en materia de derechos del consumidor, por lo que sugiero hacer un llamado al Presidente de la República a los efectos de que formule un veto supresivo al presente proyecto, para que, una vez aprobado, se elimine la indicación al artículo 17 H antes referida y se reponga el texto actual del mencionado artículo.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Durana.
Vamos a dejar con la palabra al Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidente.
Sin duda que en el momento y en el mundo actual que vivimos, todos aquellos mecanismos que apunten a perfeccionar la protección de los derechos del consumidor tienen, evidentemente, plena y absoluta justificación, cuando en el pasado hemos sido testigos de acontecimientos en el funcionamiento del mercado que atentan, precisamente, contra elementos esenciales del derecho de los consumidores para acceder a bienes en la calidad, la forma y los precios debidamente establecidos. Recordamos con escozor períodos en los cuales una suerte de colusión generó mucho daño a la imagen comercial y de ámbitos muy fundamentales para la población.
Por ello, este proyecto establece tres modificaciones esenciales: una, a la ley N° 19.496, precisamente sobre protección de los derechos de los consumidores; la segunda, al Código Aeronáutico, y la tercera, al Código Sanitario.
En ese contexto, en el proyecto general presentado se generaron, en su tramitación global -porque aquí estamos haciendo el análisis del informe de la Comisión Mixta, básica y esencialmente-, una serie de cambios que perfeccionan y mejoran sustantivamente lo que significa la nivelación de derechos de información, los requisitos que evidentemente deben existir en el ámbito de la relación comercial para la adquisición de algún bien o servicio.
Así, el proyecto se hace cargo de una enorme variedad de alternativas, en las cuales les da a los consumidores, cada vez más, mayores certezas de lo que está haciendo, del procedimiento y el formato que les permita acceder transparentemente a un bien, así como acceder a mecanismos de retracto, de compensaciones, de garantías y otros.
Por ello, en el caso de las modificaciones a la Ley del Consumidor, el texto establece la obligación de entregar informaciones básicas comerciales absolutamente transparentes, claras y precisas en relación con bienes durables.
Se dispone que en los servicios de despacho el proveedor debe indicar también los costos asociados. A veces uno compra un bien en determinado valor y resulta más caro el transporte, el servicio de traslado, del flete, que el propio valor del bien. Ahora esto tendrá que estar debidamente informado.
Asimismo, toda norma que diga relación con aspectos contenidos en dicha ley siempre será interpretada en beneficio o en favor de los consumidores.
El proveedor deberá informar al consumidor sus derechos, e incluso al tribunal competente en casos de reclamo, y cómo puede someterse a los procedimientos de mediación, conciliación o arbitraje que la propia normativa contempla.
Existe un tema relacionado con las obligaciones de los proveedores de vehículos motorizados. ¿Cuántos compradores de vehículos no se sienten amarrados a recibir la prestación de determinado servicio técnico? Pues bien, los costos de mantenciones asociados a la compra tendrán que estar debidamente establecidos, regulados e informados, a objeto de que las personas sepan los costos que pagarán. ¿Cuántas veces no le han dicho a uno vecinos de nuestra propia región "mire, tal servicio es más barato que este otro, pero yo estoy obligado a llevar mi vehículo al más caro por este amarre de la garantía"?
Se permite, evidentemente, una acción muy sustantiva: el bloqueo automático permanente de las tarjetas de crédito; una medida que nos parece absolutamente razonable frente al actual riesgo de tantas operaciones maliciosas.
Lo mismo ocurre con el derecho a retracto, así como con el derecho irrenunciable a optar entre la reposición, la reparación o la devolución.
Las modificaciones al Código Aeronáutico, por su parte, son un tema que a las regiones extremas les empece de manera bastante sustantiva.
Hay una norma, que planteé y de la cual soy autor, relativa al derecho a la opción de endosar en algún minuto el pasaje comprado, que es materia de otra ley. Pero aquí hay información clara y precisa de los derechos que tienen los pasajeros, tan relevantes para una región como la nuestra.
Por estos motivos, mi votación es absolutamente a favor de este proyecto, con una salvedad: quiero lamentar la sorna efectuada por parte del Senador Bianchi en relación con el Ministro Lucas Palacios, reiterativamente expresada. Creo que no es un lenguaje a nivel del Senado...
Le pido un minuto por favor, Secretario, para poder terminar.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Don Raúl, dele un minuto al Senador Sandoval, para que termine.
El señor SANDOVAL.- ¡Un minuto!
Me siento en la obligación
de realizar esta aclaración.
Creo que el Senado está para discutir, para plantear cosas. Podemos diferir en muchas materias, pero el uso de un lenguaje inadecuado, la sorna por el nombre o el apellido de una persona me parece que constituye un muy mal precedente.
Sinceramente, le pediría al Senador Bianchi retirar esas expresiones de su intervención. No son propias de este mecanismo. Son, simplemente, una burla o un intento de relacionar una causa con una condición que no tiene ningún sentido en esta discusión. Vamos al fondo.
Aquel no es un buen ejercicio; me parece un muy mal camino, un muy mal ejemplo por lo demás, esto de utilizar un contexto que, evidentemente, está lejos de lo que deberíamos hacer nosotros, como Senado de la República.
Voto a favor, Presidente.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, Senador Sandoval.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Muchas gracias, Presidente.
Quiero manifestar, en primer lugar, mi intención de voto favorable a esta iniciativa, haciendo presentes, eso sí, algunas opiniones contrarias a la indicación que el Senador Bianchi presentó en esta Sala y que, lamentablemente, fue aprobada, porque genera una dificultad, genera un problema. Aquí se argumenta de manera muy elocuente que va en defensa de los consumidores, para evitar los abusos, pero, en definitiva, lo que estamos haciendo es quitarles a los consumidores oportunidades para acceder a descuentos.
Yo digo: si en Magallanes una empresa ofrece un fin de semana 50 pesos de descuento por litro de combustible a quienes compren con determinada tarjeta, la indicación del señor Bianchi estará condenando a los usuarios de esa tarjeta a pagar más caro el combustible en las zonas extremas. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque hace un par de semanas el Senador Bianchi, con mucha elocuencia, reclamaba contra el impuesto a los combustibles, y ahora, a través del mecanismo de las tarjetas, que mediante una promoción pueden rebajar la cantidad de pesos por litro, prohíbe aquello con su indicación.
Creo que debemos entender que dentro de las políticas comerciales existe algo que se llama "fidelización del cliente". Y para fidelizar al cliente resulta obvio que hay que ofrecerle descuentos especiales, lo cual se halla dentro de las normas legítimas de la competencia.
Se nos dice que la indicación tiene por objeto evitar los abusos y el sobreendeudamiento, pero resulta que hoy día todas las tarjetas que uno utiliza y que permiten acceder a un descuento pueden ser prepagadas. Por lo tanto, al consumidor ordenado le está limitando esa posibilidad.
Yo quiero pedirle al Presidente de la República -por su intermedio, señor Presidente- que vete esa norma y reponga la redacción actual, que representa una manera de proteger a los consumidores, de darles la oportunidad de acceder a productos a precios más bajos, y no al revés, como indicaba el Senador Bianchi, en cuanto a que propende al abuso o al descontrol en los créditos.
Por lo tanto, como no lo dijo, quiero pedirle el señor Ministro Palacios, que está siguiendo esta sesión -por su intermedio, señor Presidente-, que le solicite al Presidente de la República vetar la norma correspondiente, porque de una u otra manera estamos afectando a aquellos que disponen de menos posibilidades, a los que no tienen acceso a los bancos, pero que hoy día sí tienen acceso a descuentos. Esto afecta a las tarjetas de las casas comerciales, no a las tarjetas de los bancos.
En consecuencia, si un banco suscribe convenios con diferentes comercios, puede aplicar descuentos. ¿Quiénes son los beneficiados? Aquellos que acceden a la banca. ¿Y quiénes son los perjudicados? Aquellos que no pueden acceder, por su situación socioeconómica, a la opción de tener una tarjeta bancaria.
En suma, señor Presidente, creo que la indicación del Senador Bianchi es total y profundamente equivocada, y por eso he solicitado al señor Ministro Palacios, por su intermedio, que le pida al Presidente de la República que vete esa norma en beneficio de los consumidores.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Alvarado.
Vamos a dejar con la palabra al Senador José García.
El señor GARCÍA.- Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, anuncio mi voto favorable al informe de la Comisión Mixta que se formó para este proyecto, que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Sin embargo, precisamente porque se trata de una iniciativa que busca proteger los derechos de los consumidores, me cuesta entender la norma que prohíbe el derecho del proveedor a ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados exclusivamente a un medio de pago.
Señor Presidente, Honorable Sala, yo sé que esto no está en votación, y por eso me sumo a la petición que acaba de formular el Senador Alvarado para que aquello se corrija a través de un veto. Pero pensemos en las cooperativas. Lo normal es que estas ofrezcan descuentos a sus cooperados, a sus socios. Eso ya no sería posible. Y el ejemplo que puso el Senador Alvarado respecto de aquellas tarjetas que ofrecen un descuento en el precio de los combustibles tampoco sería posible.
¿Por qué si alguien, más aún en pandemia, paga con una tarjeta de débito -que es un pago al contado- no tendría derecho a descuento?
Repito: en momentos de pandemia son muchas las casas comerciales que incluso dicen "solo pague con plástico", "solo pague con tarjeta", "no recibimos dinero en efectivo".
Lo que estoy tratando de ilustrar a esta Honorable Sala, señor Presidente, es que implica un profundo error pretender eliminar este tipo de descuentos o beneficios para los compradores, el cual, como ya señalé, y reitero, sumándome a las expresiones del Senador Claudio Alvarado, esperemos que se pueda resolver.
¿Por qué se habla de un veto? Porque aquí los perjudicados son los consumidores. Y lo dicen, precisamente, las principales asociaciones de consumidores. Son estas instituciones las que más han levantado su voz para señalar que aquella disposición es un profundo error.
Por lo tanto, señor Presidente, Honorable Sala, yo también pido al Ejecutivo que lo corrija, porque, finalmente, termina menoscabando, como ya se ha dicho, a las personas más modestas, a las personas más sencillas. Es una medida que no tiene ninguna lógica económica, no tiene ningún sentido; solo perjudica, aun cuando probablemente no fue esa la intención que se tuvo presente al momento de formular la correspondiente indicación.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, Senador García.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.- Muchas gracias, señor Presidente.
Sin lugar a duda, desarrollar política pública que vaya a proteger a los consumidores, a los ciudadanos, a nosotros mismos, es muy importante; pero tenemos que hacerlo de forma integral. En lo personal, valoro el trabajo realizado tanto por el Ministerio y la Comisión de Economía como, finalmente, por la Comisión Mixta conformada para resolver las divergencias que se suscitaron.
No quedé con un gusto agradable en dos normas, porque la protección que se está otorgando no es la mejor.
Me voy a referir al artículo 15 bis, sobre protección de datos personales.
Señor Presidente, esta no era la ley adecuada para disponer algo tan sensible como un derecho garantizado en nuestra Constitución: el derecho a la protección de datos personales como un elemento de consumo. Esto demuestra que no se entiende qué significa proteger el derecho íntimo de una persona que da su consentimiento para que sus datos sean empleados con un fin específico.
Esta iniciativa no lo recoge porque no establece una autoridad nacional que se haga cargo del problema integral, lo cual está en la nueva Ley de Protección de Datos Personales, todavía en su primer trámite legislativo en la Comisión de Hacienda. Con la Senadora Ximena Rincón nos hemos reunido con el Ministro de Hacienda para, precisamente, darle velocidad y ojalá máxima autonomía. Tenemos que proteger a todas las personas, no solo a los consumidores: ¡todos los datos personales! Y por eso creo que incluirlo en este proyecto no era la forma ni el momento.
En segundo lugar, señor Presidente, si queremos proteger a las personas, tenemos que proteger sus decisiones, y una decisión informada es, obviamente, comprar más barato.
La política pública debe basarse en evidencia. De acuerdo al informe de la Biblioteca del Congreso (nuestra BCN), seríamos el único país del mundo que estaría limitando a las personas que posean una tarjeta que les provee beneficios especiales por parte de la empresa con la que han generado un acuerdo comercial o una compra. Esto es como demasiada innovación. Es bastante raro, entonces, que tengamos un criterio discriminador que el resto no tiene, porque la verdadera libertad se basa en la decisión de las personas. Si las empresas les ofrecen algo atractivo a sus clientes, a los cuales quieren mantener como tales, obviamente que es bueno para las personas. Es un punto contenido en el artículo 17 H de la ley.
Creo que aquí las asociaciones de consumidores van a ser los primeros en exigir el cambio de política pública; no solo los Senadores y Senadoras que ya se han manifestado a favor de que la disposición sea vetada, a los cuales me adhiero, sino también todos quienes están viendo, del otro lado, los beneficios de que aquello siga siendo realmente así.
No tratemos de innovar en algo que en todo el mundo sigue existiendo. Usemos la legislación comparada, usemos los antecedentes, y démosles a las personas la oportunidad de contar con un mecanismo para acceder a un bien, a un servicio, a un costo razonable, porque ese vínculo es un vínculo que se desarrolla con el tiempo. Es la confianza que da un buen proveedor, un buen producto, y por eso, también un buen cliente.
Hoy también nos vemos enfrentados al dilema de la transformación digital. Ya se ha hecho mención de todas las empresas de tecnología financiera, las Fintec. Vamos a transitar, más rápido de lo que creemos, no a un modelo de open banking, sino a un modelo de open data. Debemos entender que es una transformación gigantesca. Pero, nuevamente, si no tenemos la esencia (la protección de los datos personales), todo esto puede fracasar.
Urge entonces pasar a la Sala y poner en discusión, lo más rápido que se pueda, la nueva Ley de Protección de Datos Personales. También buscar la instancia para que todos los consumidores hagan presente lo que ellos opinan con respecto a perder la capacidad de establecer una relación directa con los prestadores de servicios, los proveedores de bienes con los cuales se quieren seguir relacionando. Es un tema que los consumidores deben decidir, y yo, obviamente, apoyaré esa decisión.
Con estos dos reparos, de los cuales dejo constancia para la historia de la ley, voto a favor.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, Senador Pugh.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Muchas gracias, Presidente.
En general, este es un proyecto de ley superbueno para el país, superbueno para los consumidores, para la libre competencia, para el derecho de las partes. Obedece a una larga reflexión, y modifica normas bien importantes de nuestra actividad como país, no solo la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, sino también el Código Aeronáutico y el Código Sanitario, en distintos aspectos y bajo diferentes visiones, básicamente haciéndose cargo de la realidad, de muchos problemas que se han ido produciendo por el uso de un sistema que de alguna manera hay que renovar, modernizar, mejorar.
Creo que si uno mira el proyecto en su conjunto no puede sino alegrarse, porque, sumando y restando, constituye un indudable avance en la protección de los derechos de los consumidores, en armonía con un sistema que también permita la libre competencia, que siempre es la ecuación más compleja de lograr en estos temas.
Luego de este preámbulo, me hago cargo de los beneficios de este proyecto, porque a veces uno se nubla respecto de algunos contenidos por el tema global.
Pero, en una reflexión más profunda, es plenamente justificable que parte importante de este debate se haya dado en función de un elemento que entendemos mayoritariamente quedó mal resuelto, por lo que, de alguna manera, el buen resultado de un conjunto de medidas generadas para dar protección a los consumidores dentro de esa libertad puede verse amenazado.
Presidente, precisamente creo que esta es la instancia para abordarlo; lo correcto es hacerlo ahora, no pudo haber sido antes. La norma que está en el artículo 17 H, que prohíbe ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados a medios de pago, va en evidente perjuicio de los consumidores y sobre todo, simultáneamente, afecta la libre competencia, que es un pilar esencial del desarrollo de los países.
Porque no se trata de decir: "Hay diferentes tipos de países" ni tampoco que son "Los neoliberales versus los estatistas socialistas". No. Porque bien lo han dicho varios Senadores y un estudio que hizo la Biblioteca del Congreso: en la práctica no hay un sistema en el cual se prohíba generar descuentos o beneficios adicionales asociados a medios de pago. ¡No hay! Y cuando no existe, es por algo. No puede ser que, no sé, estén todos atrasados o no hayan captado nada. ¡No! Es porque entienden que justamente una parte muy relevante de la libre competencia permite el acceso a bienes a los sectores que generalmente no los han podido tener, los sectores no bancarizados. Y, con esta medida, se les impediría tenerlos.
Eso es lo complicado, eso es lo grave. Porque, al final, un conjunto enorme de buenas disposiciones terminan, de alguna manera, opacándose por esta norma que, si uno compara la enjundia de letras, puede que sea un cambio menor, pero, en la práctica, su contenido impide el desarrollo de actividades que precisamente buscan disminuir los precios, bajo la lógica de que ese atrapamiento sería inevitable y generaría todo tipo de perjuicios. Por más que leo la norma no veo de dónde uno puede sacar esa conclusión, de lo que está eventualmente impedido. A mí me parece que generar descuentos es bueno para el consumidor y, si se asocian a las tarjetas, obviamente que siempre debe hacerse con la libertad de pagar cuando uno lo desee y de generar débitos adecuados.
Esa es la razón de que esto haya ocupado parte importante del debate. A mí me gustaría que cuando salen las normas -en este caso, son masivamente apoyadas- pudiéramos decir: "Dimos un paso gigantesco a favor de la competencia y de los derechos de los consumidores", pero no generar este tipo de impedimentos.
Por eso me parece tan importante que el Presidente vete esta parte, como ya ha sido anunciado, porque con ello mejoraríamos sustancialmente esa norma y estaríamos hablando de un muy buen proyecto.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Coloma.
Vamos a dejar con la palabra al Presidente de la Comisión de Economía, Senador Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidente.
Bueno, la verdad es que, a propósito de la intervención del Ministro de Economía, se ha debatido en esta sesión un tema que no forma parte del informe de la Comisión Mixta. El tema de las ventas atadas, los descuentos asociados a medios de pago y la regulación que se dio en la tramitación de esta normativa no fue abordado por la Comisión Mixta, porque no hubo controversia entre lo resuelto, en primer trámite, en la Sala de la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Por lo tanto, esta norma no fue objeto del informe de la Comisión Mixta, ni tampoco hubo acuerdo para tratar ese tema.
Hago esta aclaración porque varios Senadores se han acercado para preguntarme cuál sería el impacto que va a tener esta votación en esa norma que ha generado tanta controversia: ninguno, porque ya se aprobó.
Lo que abordó la Comisión Mixta fue la controversia generada respecto del tratamiento de los datos personales. Si bien, como lo dijo el Senador Pugh, es de toda lógica que debemos avanzar hacia la creación de una agencia y una institucionalidad fuerte que vele por el debido tratamiento de esta información y por los derechos de los titulares de estos datos, que son las personas, tengo una diferencia con él, ya que de igual manera, mientras no exista esa agencia, se requiere de alguna fórmula. Y entendiendo que gran parte de la información que se tiene de las personas actualmente está asociada a las relaciones de consumo, bien se puede aplicar la institucionalidad del Sernac con todos los instrumentos que posee, que por lo demás son bastantes acotados después del fallo del Tribunal Constitucional, para proteger y velar porque el tratamiento de esa información sea el adecuado.
Y eso es precisamente lo que resolvió la Comisión Mixta. Se trata de una solución acotada, vinculada a las relaciones de consumo, porque están en el ámbito de competencias del Sernac; que reconoce además la eventual competencia que podrían tener otros órganos públicos para proteger a las personas, a la espera de que se cree la agencia, pero entendiendo que si hay instituciones que hoy día cuentan con información personal que puede ser mal utilizada, destinándola a un fin distinto, vendiéndola o lo que sea, al menos se requiere que el Servicio Nacional del Consumidor cuente con las herramientas para velar por el cumplimiento de la normativa en esta materia. Y eso es lo que se resolvió en la Comisión Mixta.
Si bien tampoco fue controversia entre la Cámara y el Senado, sí hubo unanimidad para adecuar la normativa del impuesto al valor agregado a los nuevos plazos de devolución que establece esta modificación legal -es decir, para ampliarlos de tres a seis meses- y, por tanto, modificar la legislación tributaria, en materia del IVA, estableciendo esos mismos plazos.
Eso fue lo que abordó la Comisión Mixta y entiendo además que hubo unanimidad para resolver estas dos materias, a través de las tres indicaciones a que hice referencia en el primer informe. El primer tema fue el tratamiento de datos personales y las competencias del Sernac; y el segundo, la adecuación de la normativa del IVA, de acuerdo a los nuevos plazos de devolución de los productos establecidos en esta modificación legal.
El tema de las ventas atadas y de los medios de pago asociados a descuento no fue abordado, porque fue aprobado en las Salas de ambas Corporaciones, razón por la cual no fue objeto del informe de la Comisión Mixta.
Sobre este punto tendremos que dar el debate en su momento; veremos lo que plantea el Gobierno. Pero, a mi entender, no toda venta atada ni todo medio de descuento necesariamente es positivo para los consumidores. En algunos casos esa disminución de precio está asociada a la fidelización de clientes, pero vinculada a un medio de pago que genera costos de mantención y un eventual cobro de intereses. Porque el negocio del retail no son las ventas, sino los créditos. Y, obviamente, esas ventas asociadas a créditos es lo que les permite aumentar la rentabilidad del negocio. Finalmente, puede que los consumidores paguen menos, pero al estar asociada la venta a un instrumento de crédito, terminan pagando más por el costo de mantención y los intereses.
Y eso es parte del debate y de la regulación...
¿Me da un minuto más, Presidente?
De hecho, el Gobierno propuso una eventual indicación para regular esta materia. Lamentablemente, no hubo acuerdo en la Comisión para tener un ordenamiento sobre este punto. Dependiendo de lo que haga el Ejecutivo en el proceso de sanción y promulgación de este proyecto, es obvio que será parte del debate que tendremos que dar en esta Sala. Pero, insisto: ese tema hoy día no se está votando.
Por tanto, se vote a favor o en contra del informe de la Comisión Mixta, ese tema ya se resolvió, desde el punto de vista de la tramitación legislativa del proyecto, cuando en su momento el Senado ratificó la redacción exacta que había aprobado la Cámara de Diputados respecto de los medios de pagos asociados a descuentos.
Por lo anterior, Presidente, yo voy a votar a favor, porque esta ley es un enorme avance. Y los temas que habían generado controversia creo que han quedado resueltos.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Elizalde.
El Senador Quintana está solicitando votar sin fundamentar el voto.
El señor QUINTANA.- Voto a favor, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Quintana.
Antes de dar la palabra -tengo varios colegas inscritos; ¡tranquilo, Senador Insulza, está usted después...!-, quiero hacer una breve observación.
Lo que pasa es que, a propósito de la intervención del Senador Elizalde, me tocó participar en la Comisión Mixta. Ahí, tal como él dijo, se dio este mismo debate respecto de las ventas atadas, la situación de las tarjetas de crédito, de débito, y si beneficia o no a los consumidores.
Nosotros dedicamos en la Comisión Mixta bastante tiempo a debatir ese tema, con invitados, recibimos expertos; y es cierto que no se pudo incluir, ni tocar el punto porque se requería unanimidad, y uno de los colegas Diputados siempre se opuso. Pero sucedió lo mismo que en la Sala: se habló fundamentalmente de ese tema.
Y tiene razón el Senador Elizalde en que desde el punto de vista formal no es parte del informe, pero sí del debate.
Eso ha generado mucha discusión y mucho diálogo en la Sala.
Tengo varios colegas inscritos; les voy a seguir dando la palabra. Le toca al Senador José Miguel Insulza. Pero les recuerdo que tenemos varios proyectos más.
Senador Insulza.
El señor INSULZA.- Muchas gracias, Presidente.
Yo estoy de acuerdo en que este proyecto de ley es muy significativo, pues hace grandes avances en la protección de los derechos de los consumidores; contiene temas tan fundamentales como el derecho a retractarse de una compra. El ejercicio de ese derecho ya lo tienen los proveedores; ahora se traslada a los consumidores.
También pone término a los contratos de adhesión; todo esto de la letra chica, tan ingrato, que ocurre bastante con muchas cosas que uno compra.
En seguida, entrega el derecho de prepago, porque no existe hoy día, salvo para inversiones de mucha cuantía. Y eso, ciertamente, pasa a ser una facultad del consumidor.
Considera, asimismo, una libre elección del consumidor entre la garantía legal y la voluntaria.
Y se mete en temas tan centrales como el overbooking en los pasajes aéreos; como la emisión de recetas médicas por medios electrónicos, etcétera.
Es un buen proyecto, Presidente. Y yo, entonces, lo voy a votar a favor. Sin embargo, no puedo dejar de referirme a lo que usted dice que no deberíamos hablar, pero hay que referirse a eso. Porque muchas de las cosas que pasan con las tarjetas y que se están corrigiendo aquí efectivamente también se dan con las tarjetas del retail. No se entiende por qué, si estamos perfeccionando los derechos de los consumidores, le quitamos a un cierto tipo de consumidor el derecho a gozar de un determinado beneficio.
Esta ley elimina el inciso que permitía que los proveedores efectúen descuentos especiales a los consumidores por la adquisición o compra de bienes y servicios con determinados medios, pero, a mi juicio, esa eliminación es importante porque afecta a la gran mayoría de los chilenos y chilenas que no acceden a una cuenta corriente, a una línea de crédito, a una tarjeta de crédito de las entidades de la banca, que sí les darían el derecho a intereses seguramente más bajos.
Estamos hablando aquí de un segmento de la población con muy bajos ingresos, que con mucho esfuerzo pagan sus cuentas, pero al que, debido a sus remuneraciones, solo el retail le otorga tarjetas de crédito, que usan muchas veces para pagar su supermercado, su bencina, su ropa de vestir y otros.
Por eso que es importante, a mi juicio, discutir sobre este tema, que fue tan fundamental en la Comisión, señor Presidente.
Ciertamente, al hacer esta afirmación, de que debería cambiarse la decisión de eliminar la posibilidad de que se ofrezcan créditos por parte del retail, tendríamos que considerar otros temas: que el precio de oferta fuera realmente transparente; es decir, que se pueda, por lo menos, asegurar que el precio promedio del producto es inferior al promedio obtenido en los últimos sesenta días, porque, de lo contrario, se está haciendo una oferta por algo que no existe.
Se podría también reiterar lo que esta ley ya concede: que se pueda pagar sin necesidad de comisiones, de administración, mantención o intereses en los primeros treinta días después de adquirido el bien; que se pueda buscar otra forma de prepagarlo, con cualquier medio de pago. Eso hoy día no se puede hacer, por lo general.
Pero, al mismo tiempo, soy partidario de reponer esto, Presidente. Como se dijo aquí -muy bien, además-, esta no era una de las ideas originales del proyecto de ley; fue una indicación presentada por algunos parlamentarios, y que después se rechazó. Y en este mismo Senado yo confieso haber votado favorablemente por la apertura del debate, de lo cual me arrepiento. Creo que esta supresión no debería estar en la ley; perjudica a los consumidores de más bajos ingresos.
Espero que el problema pueda ser enmendado de alguna manera.
Voto a favor, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Insulza.
Vamos a dejar con la palabra a don Manuel José Ossandón, directamente desde Puente Alto...
El señor OSSANDÓN.- Presidente, solo quiero decir que voy a aprobar este proyecto. Pero, escuchando la discusión sobre la indicación -creo que del Diputado Bianchi o del Senador Bianchi- respecto de la prohibición de estas ofertas con las tarjetas de crédito, recordé que hace un par de años presenté un proyecto de ley que buscaba solucionar ese problema y, como decimos vulgarmente, "no me pescaron". Ahora, era bastante más simple que prohibirlo, porque creo que prohibirlo atenta contra la libertad de las personas, y eso a veces produce o da oportunidades. Nuestro proyecto señalaba que si había una oferta de una tarjeta, por ejemplo, en una casa comercial, que decía: "Mira, este televisor plasma vale un millón y medio de pesos con la tarjeta", y un ciudadano o una ciudadana llegaba con el mismo valor en efectivo, tenían que respetarle el precio. ¡Así de claro! Porque permitía que se hiciera esta oferta, que es un crédito en el fondo, pero establecía que podía ser pagada en plata efectiva.
Esto llegó a su colmo el año pasado, creo, cuando una casa comercial puso una oferta, no sé si se acuerdan, que vendía una televisión, me parece, por cierta cantidad de kilos de palta. Y resulta que llegó un ciudadano en una camioneta con los cien kilos de palta y no le querían entregar la televisión. Por supuesto, la autoridad obligó a entregarla, porque la propaganda decía que se vendía por cierta cantidad de kilos de palta.
Entonces, lo que se está haciendo no sé si reglamentariamente se puede hacer, pero la solución no es prohibir; es todo lo contrario, permitir que si se hace una oferta así, alguna persona pueda, con efectivo, pagar lo mismo y tener el mismo descuento.
Por supuesto que así estas ofertas se van a pensar dos veces.
Creo que era una idea bastante más ingeniosa y razonable que prohibirlo, porque prohibirlo va a afectar a los más vulnerables, que a veces es cierto que pagan más, pero pueden acceder a un artículo al que jamás podrían acceder en otras condiciones, porque no les van a dar ni crédito, ni tampoco posibilidades de pago.
Eso es, Presidente.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Ossandón.
Vamos a dejar con la palabra a distancia al Senador Alejandro García-Huidobro.
Senador García-Huidobro, tiene la palabra.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Muchas gracias, Presidente.
En primer lugar, quiero valorar el esfuerzo que hicieron nuestros Senadores y Diputados para llegar a un proyecto tan importante para los consumidores. Creo que eso es lo primero que tenemos que valorar.
Yo voy a votar a favor con toda razón. Pero no puedo dejar de manifestar mi preocupación, justamente, por el tema de estar impidiendo las ventas atadas.
Sin duda, muchas veces los cuidados del sacristán pueden matar al señor cura. Y en esto se podría aplicar también, porque me voy a casos bastante más concretos.
Muchas veces los supermercados que tienen una tarjeta propia hacen ofertas. A lo mejor en el precio de las manzanas, de las paltas o de cualquier otro artículo, existe una posibilidad real para las personas que cuentan con esa tarjeta de obtener un descuento adicional, que no tendrían si compraran de una manera distinta.
Creo que el problema, fundamentalmente, es que muchas personas no pueden acceder a las tarjetas que entregan los bancos, las cuales tienen una tasa de interés inferior, en general, a las que ofrece el retail. El punto es que muchos no tienen acceso a eso.
Hoy día lo que ocurre en nuestro país y en todas partes del mundo es que se privilegia el uso de las tarjetas, por seguridad, por comodidad, por la facilidad para hacer transferencia, etcétera.
En todo caso, entendiendo el buen espíritu y la voluntad que hay detrás, considero que hay abusos en esta materia. No podemos dejar de reconocerlo: ¡hay abusos!
Pero, sin duda, existen alternativas para buscar soluciones.
Lo primero que lamento, Presidente, es que no se haya abierto nuevamente esa discusión con el fin de llegar a un buen acuerdo. Por lo tanto, es fundamental pedirle al Presidente de la República que vete este proyecto en esa parte -en todo el resto hay consenso-, con el objetivo de buscar lo mejor para los consumidores.
Yo conozco al Ministro Lucas Palacios. Me parece que es una persona que se ha entregado por entero a su trabajo. Por eso quiero decirle, con todo respeto, a mi amigo el Senador Bianchi que lamento las frases que expresó haciendo referencia al nombre del Ministro. Sin duda, ello no ayuda a la convivencia democrática que requerimos hoy día. Así que lamento profundamente eso. Pero, conociendo al Senador Bianchi, me parece que ello no es propio de su espíritu; a lo mejor este debate lo encontró en un mal momento.
Por otro lado, el Senador García ha planteado algo muy importante. Por ejemplo, muchas cooperativas les entregan posibilidades a sus pequeños agricultores para acceder a ofertas especiales, pero con la tarjeta de esa cooperativa. Y así hay muchos otros casos.
Por lo tanto, es fundamental buscar una solución mediante el veto. Lo más probable es que tengamos acuerdo al respecto. Me parece que lo peor es no debatir temas que son complejos.
¿Qué ocurriría en este caso?
Al respecto, quiero hacer algunas consultas a quienes estuvieron en la Comisión.
¿Esto involucra a todas las tarjetas o solamente a las del retail?
¿Por qué lo digo? Porque muchas tarjetas actualmente ofrecen posibilidades de compra en ciertos lugares sin intereses hasta doce meses, manteniendo el mismo pago por la comisión mensual.
Hay distintos montos por comisiones; depende de la tarjeta. Lo más importante es que haya competencia, ojalá el máximo posible, para que no solamente bajen las tasas de interés, sino también las comisiones. Y muchas veces -es cierto- se producen abusos en ese sentido.
Solamente espero, Presidente, que tengamos una discusión muy importante al respecto, porque ¿qué nos interesa aquí? Que haya competencia y que los grandes beneficiarios de este proyecto sean los consumidores.
Con este tema lo más probable es que les estaremos impidiendo a muchas personas contar con una serie de opciones. De lo contrario, tendrán que realizar un pago al contado o ver la posibilidad de hacer la vida de una manera distinta. Muchos no llegan a fin de mes y ocupan la tarjeta para hacerlo. Esa es una realidad en nuestro país.
Lo más importante hoy día es tratar de bajar la tasa de interés que, en general, se paga por el uso de las tarjetas. Uno de los problemas -y se manifestó muy fuerte en el estallido social- es el monto de los intereses que paga mucha gente por las tarjetas, gente que está agobiada por ello y que termina buscando otra tarjeta, y así empiezan "las bicicletas". Todos ustedes bien conocen esa realidad en sus territorios.
En el Chile que queremos hacia delante ojalá exista el máximo posible de apoyo a quienes lo necesitan.
Sin duda, los bancos no le entregan tarjetas a cualquier persona, porque muchas no poseen las garantías suficientes. Entonces, la única alternativa que le queda a la mayoría de este país es obtener tarjetas que se ofrecen en el retail, en cooperativas o en otro tipo de instituciones.
Con todo gusto, yo voy a votar a favor, Presidente.
Quiero felicitar nuevamente a quienes participaron en la Comisión Mixta, al Ministro Lucas Palacios y al Ejecutivo, en general, por cuanto buscaron soluciones a los temas de este proyecto, que será muy importante para los consumidores.
También le señalo, con todo aprecio, al Senador Bianchi, que, con relación al Ministro Lucas Palacios, creo que debemos ser muy respetuosos y no utilizar su nombre para expresar algo que no está en su espíritu. Al contrario, él ha estado con espíritu de colaboración para que avancemos en este tipo de proyectos.
Muchas gracias, Presidente.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador García-Huidobro.
Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
Sin duda, en el siglo XX comienza el gran impacto de este derecho al consumidor a consecuencia de la producción y el acceso masivo a un sinnúmero de productos y servicios, cuya adquisición, en el sentido jurídico, no decía relación con las categorías clásicas del derecho privado.
Este derecho al consumidor, que podríamos llamar "una rama cadete del derecho comercial", está construido sobre el supuesto de la existencia de una parte que opera habitualmente y en forma profesional en el mercado de que se trata, y de una persona que no tiene dichos conocimientos, que es el consumidor.
Por lo tanto, existe la voluntad del consumidor y la perfección de su consentimiento con la parte con la cual interactúa, y no es posible aplicarle a ese contrato las normas del Código Civil ni las del Código de Comercio. Nace el derecho al consumidor, entonces, para proteger las asimetrías de información existentes entre las partes, el mayor costo de transacción que se pueden seguir de estas negociaciones y la posibilidad del consumidor de modificar a priori muchas veces las cláusulas de estos contratos, que son de adhesión.
En ese contexto, se dictó la Ley sobre los Derechos del Consumidor y lo que hoy día conocemos como el "Sernac financiero". Y luego comenzamos con este proyecto, que es una nueva modificación para perfeccionar la normativa y resolver algunas de esas asimetrías.
En términos generales, Presidente, esta es una iniciativa que protege al consumidor. Nosotros estamos de acuerdo con ella y con el informe de la Comisión Mixta, que vamos a aprobar.
Pero acá todos han hecho mención a una norma que no está en el informe de la Comisión Mixta. Eso es efectivo. En realidad, no se entendería que, en un proyecto que busca establecer disposiciones que protejan al consumidor, se incluya una que lo desproteja.
Y no lo digo yo solamente, sino la mayoría de las personas que participaron en la Comisión de Economía. Acá tengo algunos dichos de la señora Jimena Orrego, experta en derecho de consumo. Ella hizo presente que la norma en cuestión era contraria a los intereses del consumidor; que terminaría perjudicando a los más vulnerables, y que establece una discriminación arbitraria, ya que se enfoca solo en las tarjetas del retail y no en los descuentos que se ofrecen con las tarjetas de banco.
Por tanto, una norma que debiera proteger a los consumidores -sin duda, hubo una buena intención, a lo mejor mal entendida- termina perjudicándolos.
¿Por qué hablamos de este artículo 17 H, aun cuando no está en el informe de la Comisión Mixta, que es lo que votamos ahora? Porque nosotros estamos pidiéndole al Presidente que vete esa norma.
Vuelvo a decir que un proyecto, cuya finalidad es proteger los derechos de los consumidores y disminuir al máximo las asimetrías que existen entre ellos y las personas que tienen al frente y que realizan estos verdaderos contratos de adhesión, no puede incluir una norma de esta naturaleza, pues perjudica abiertamente a los consumidores y también a las pequeñas tiendas frente a las grandes del retail.
Claro, esa disposición afectará a las grandes tiendas, pero también a aquellas pequeñas que son sus competidoras. En efecto, sus tarjetas son una manera de competirle al gran comercio del retail que tienen enfrente.
Sin duda, Presidente, dicha norma va en contra de la protección del derecho del consumidor y de los pequeños comerciantes, y establece finalmente una discriminación arbitraria al afectar solamente las tarjetas del retail y no así todas las tarjetas, incluidas las de los bancos.
Vuelvo a decir que, generalmente, son las personas con mayores recursos las que tienen acceso a las tarjetas bancarias, y las personas de clase media o más vulnerables solo pueden acceder a las tarjetas de tiendas comerciales.
Dicho eso, Presidente, voto a favor del informe de la Comisión Mixta, y espero que sea vetado el mencionado artículo.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Ebensperger.
Senador Juan Pablo Letelier, tiene la palabra.
El señor LETELIER.- Estimado Presidente, estimados colegas, si no me equivoco, fue el Senador García Ruminot quien planteó el problema que está en discusión, que no corresponde a lo que vio la Comisión Mixta, pero sí al debate que tienen algunos de mis colegas de las bancas de enfrente: la disputa entre la banca y el retail; la disputa de quién presta el dinero y cómo se regula el precio del dinero que se presta.
Aquí se habla de condicionamiento de medios de pago, pero eso no es como las cooperativas que alguien mencionaba, ni tampoco como las tarjetas Copec, porque estas se cargan antes con dinero.
El tema de los medios de pago tiene que ver, sobre todo, con cuánto cuesta el dinero que entrega la empresa al consumidor a través del plástico. Lo que pasa con el retail -y ocurre en todo el mundo, no solo en Chile- es que dejó de ser una industria que vende cosas y se convirtió en una empresa que presta dinero para que uno compre cosas, las cuales se pagan a 60, 120 o 180 días. Es una industria financiera. Eso es lo que está en juego.
¿Por qué esta materia no se discute en otros países? Creo que fue un colega de las bancas de enfrente quien planteó que esto no ocurre en otras partes del mundo. ¡Y es cierto, porque en ningún otro país existe este libertinaje respecto del cobro de tasas de interés de parte de quienes prestan la plata! ¡En Chile hay intereses sobre intereses! ¡Hay una situación de endeudamiento brutal!
La idea es sacar leyes que defiendan a los consumidores. Puede que el texto de este proyecto no sea perfecto. Eso se lo puedo conceder a algunos colegas. Pero el tema de fondo es tratar de condicionar los precios en que se venden productos a cambio del medio de pago, con una regulación distinta de lo que son los deltas, los spread de las tasas de intereses.
Es lo que pasa, señor Presidente, en otro rubro, cuando uno contrata un crédito hipotecario con empresas que también son compañías de seguro: cobran tasas de interés muy por sobre la media hipotecaria de los bancos. Eso sucede porque hay una competencia entre la industria del retail y los bancos. Por desgracia, a mi juicio, este proyecto no tuvo la capacidad de profundizar en ello.
Lo que se hizo, en una discusión legítima, fue poner énfasis en uno de los puntos, que es el medio de pago. Reitero que la norma respectiva quizá se pudo haber redactado de mejor forma, con mayor profundidad y haberla relacionado con las tasas de interés promedio que hay para ese sector, con el fin de que haya una verdadera competencia entre la banca y los retail, pero dentro de una regulación que defienda al consumidor y no en el marco del libertinaje que existe por momentos. Es lo que yo percibo, aunque puedo estar equivocado. No quiero ofender a nadie.
Quiero entender que el señor Ministro de Economía, quien levantó la voz, no quiere defender el abuso del neoliberalismo, del sector del capital financiero. Pero reconozcamos, señor Presidente, que el capital financiero en nuestro país abusa mucho con el precio cuando presta el dinero; y eso es lo que hay regular en última instancia. Este atisbo de plantear el tema del medio de pago no tiene otro propósito más que tratar de abordar esa materia.
Sin embargo, ese no fue el motivo de esta Comisión Mixta. Tal artículo ya quedó en el proyecto. Si después se abre el debate al respecto, a buena hora. Pero si queremos defender a los consumidores en serio y no al retail, no a la industria, reconozcamos que cobran mucho por el préstamo del dinero. Eso es lo que se quiere frenar: evitar el abuso del capital financiero en nuestro país...
Presidente, termino señalando que voy a votar a favor del informe de la Comisión Mixta.
Quedará pendiente el otro tema. Como sabemos que los chilenos estamos más sobreendeudados que muchos otros países, este asunto nos debe preocupar. No es correcto que la gente esté pagando tanto en intereses, como ocurre hoy cuando utilizan ciertos medios de pago.
He dicho, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Letelier.
Senador Alejandro Navarro, tiene la palabra para fundamentar su voto.
El señor NAVARRO.- Gracias, Presidente.
"Señor, ¿me da su RUT?" es la exigencia en cada compra, no importando el lugar donde se haga ni si se paga con tarjeta de débito, de crédito o al contado. "Señor, ¿me da su RUT?". Y quienes se atreven a oponerse a esa petición reciben una respuesta que es incomprensible, poco razonable y evasiva, en la mayoría de los casos: "Es que lo debo pedir, porque así me lo exigen".
¿Adónde van esos datos? Es el primer elemento que quiero plantear, Presidente. ¿Cuál será la institucionalidad que resguarde los datos que se recogen a diario, por millones, por ejemplo, respecto de estas tarjetas? En este aspecto hay que entrar con fuerza.
El Director del Sernac ha dicho que la institución tiene poder y facultades para resguardar los datos. Pero el punto es quién los protege cuando se entregan. Eso sigue siendo una falencia. Y el Senador Pugh lo ha planteado más de una vez. ¿Quién va a resguardar los datos?
Además, estamos licitando a empresas privadas que resguarden datos, por ejemplo, de salud, del Registro Civil. En definitiva, estamos traspasando a la empresa privada datos que el Estado recoge para que los guarde y los almacene.
Asimismo, quiero señalar algo muy claro, que también han planteado los Senadores Bianchi y Letelier: ¡aquí se transa dinero! Para la transacción de dinero en el mundo financiero actual, la tarjeta es por excelencia el instrumento más brillante, más ágil y más rentable. Hay quienes quieren estimular el uso de tarjetas, bien. Solo van a respaldar a los bancos.
Y es una falacia decir que los sectores de menores recursos van a verse perjudicados al no poder acceder a los ofertones.
Hernán Calderón, representante de Conadecus, señaló: "Muy bien, hagan la oferta; den la posibilidad de comprar al contado o a treinta días, que es dinero en efectivo, sin intereses, y que la oferta sea extensible a quienes la quieran pagar".
¿Por qué existe interés en endeudar a la gente? Al final, el consumidor dice: "Hay un descuento fabuloso, de 50 por ciento. Pero no tengo la tarjeta de la tienda", y va y saca la tarjeta. Lo que hace el retail es vender un instrumento de endeudamiento. La finalidad del descuento es endeudar a las personas.
Por lo demás, eso no garantiza que haya un descuento real. Conadecus planteó que se debiera exhibir el historial de los últimos seis meses del producto, para saber si el precio lo bajaron, lo subieron y luego lo volvieron a bajar, y así determinar si efectivamente hay un descuento real o solo un manejo abusivo del alza o rebaja de precio. Eso hoy día no existe.
También se planteó que, para considerar que algo está en oferta, debiera haber un piso mínimo. Conadecus propone el 10 por ciento; o sea, si no es al menos 10 por ciento de descuento, entonces, no es oferta. Porque la palabra "oferta" tiene un sentido casi mágico, de atracción emocional, subliminal.
Mucha gente reclama cuando no puede comprar algo al precio estipulado para quienes tienen tarjeta, y ese es un abuso sistemático de las empresas. Creo que eso debió haberse regulado, pero no se reguló.
Entonces, ahora van a presentar un veto. Claramente, será un veto que va a favorecer a los tenedores y gestionadores del dinero.
El artículo 17 N establece que no se le podrá otorgar tarjeta de crédito a quien no posea la solvencia económica necesaria para cumplir las obligaciones que pudiera contraer con dicho instrumento, y que un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo reflejará cómo se cumple con esa obligación.
Yo le digo al Ministro Lucas Palacios, con todo respeto, que a los Senadores nos elige el pueblo y al Ministro de Economía lo nombra el Presidente de la República. Él es Ministro de Piñera y depende de Piñera; nosotros respondemos a la ciudadanía que nos elige. Y si el reglamento no sale pronto, las empresas del retail y todas las empresas financieras van a seguir entregando tarjetas a los mechones en cada una de las universidades cuando parten las clases -ahora en pandemia las envían por correo-, en circunstancias de que no perciben ingresos y al final terminan pagando sus padres.
Termino diciendo que hay que combatir la entrega del RUT. Esta era una gran oportunidad para fortalecer el derecho de los consumidores a negarse a dar su RUT y a establecer ciertas condiciones en caso de que sea exigido. Yo hago un llamado: ¡no hay que dar el RUT! Aunque sea un problema, porque pone en dificultades a la cajera o a quien lo pide. La presente iniciativa constituía una gran oportunidad para regular aquello, pero no se pudo hacer. Y espero que lo incluyamos en una próxima ley.
He dicho, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Navarro.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.- Gracias, Presidente.
Mire, yo no pensaba intervenir.
Estoy convencido de que estamos ante un buen proyecto.
Creo que en el tema de los derechos de los consumidores estamos tremendamente atrasados. Ha habido mucha resistencia de la Derecha en este Congreso para tener algo más actualizado y que exista un poder real del Estado para resolver algunos problemas de los consumidores, porque hoy día no se cuenta con esa alternativa.
Hay muchas otras debilidades, más allá de lo que se legisla aquí, pero lo considero un paso importante y es bueno que todos lo valoremos.
Aquí han intervenido varios Senadores descalificando a quienes defienden que los incentivos para tomar ciertos créditos se hayan rechazado. Yo quiero decir que es un debate real, o sea, no se trata de una discusión donde se pueda descalificar a quienes sustentan una posición distinta.
El Senador Juan Pablo Letelier decía: "aquí está el conflicto entre retail y banco". Está bien, es parte del conflicto. Pero, como nunca, los bancos y el retail están de acuerdo en que tiene que haber un sistema que permita consolidar las deudas de todos los sectores y el que se ha demorado es el Gobierno. Hace dos años y medio que ambos sectores se manifiestan de acuerdo en algo por lo cual fuimos dos veces al Tribunal Constitucional, y en ambas oportunidades perdimos en esa instancia. Hoy día se muestran de acuerdo, pero el Gobierno todavía no reacciona. Y aquí sería bueno que el Ministro Palacios nos diera cuenta de por qué está atrasada una materia donde se dijo que no se requería ley y que solo bastaba una disposición de tipo administrativa.
Bueno, pero no está funcionando, no está consolidado el sistema. Hay hartos problemas con todo lo relacionado con el crédito en distintas instituciones.
¿Pero cuál es el sentido de los incentivos que han estado en discusión? Que los clientes se sientan atraídos por las empresas que ofrecen créditos asociados a determinado beneficio; o sea, que se sientan atraídos no necesariamente por el producto. Como decía el Senador García-Huidobro: "la tasa de interés es lo importante". ¡Pero los consumidores se sienten atraídos por otros elementos!
Algunos acá piensan que los incentivos necesariamente son positivos, en circunstancias de que pueden serlo como también pueden no serlo. Y tenemos miles de ejemplos de cosas positivas, pero también miles de ejemplos según los cuales se demuestra que perjudican a los consumidores. Por lo tanto, no partamos de la base de que el incentivo o el beneficio de por sí es positivo, puede ser negativo. Y hay muchos casos que lo señalan.
¿Cuál es el riesgo de los incentivos, de los beneficios?
Para las personas que toman ese crédito, los premios o beneficios pueden quitarle visibilidad al producto que se está adquiriendo, que es el crédito; no es el incentivo, sino el crédito. Y hay miles de casos, que podríamos demostrar nosotros mismos, donde se atrae la gente por una cosa y simultáneamente hay otras cosas que la están perjudicando.
Varios Senadores han dicho que, tal como está el proyecto, perjudica a los consumidores: puede perjudicarlos por no recibir incentivos positivos, pero puede obligar al cliente a mirar el producto como tal y no lo que lo rodea; a mirar el producto que está adquiriendo.
Hay que ver de manera un poquito más amplia el asunto.
Yo prefiero los incentivos asociados al producto mismo, al precio; o sea, a la tasa de interés; al período de gracia; a la rapidez de la operación; a las comisiones; a las cláusulas de aceleración, amortiguada o no: que el producto tenga elementos que lo diferencien de otros, pero no un producto rodeado por incentivos, que al final invisibilizan lo que realmente representan los beneficios del producto.
Entiendo que puede haber un debate legítimo, y lamento el tipo de apreciación que aquí se ha manifestado, como que esta discusión fuera totalmente superficial y sin sentido. ¡Tiene sentido! Y no se debe pretender descalificar o excomulgar a un Senador por el hecho de que haya defendido con mucha fuerza el que no debe haber incentivos, porque está convencido de que los incentivos tienden a perjudicar, en definitiva, a los consumidores. Esa materia la considero parte de un debate real y debemos asumirlo. Y por eso que lo aprobó este Congreso. Ahora algunos Senadores dicen: "Me equivoqué antes". Pero por algo lo aprobamos, porque tenía argumento, tenía fundamento.
Si van a insistir con el veto, que sea para avanzar y que se proponga que los incentivos deban darse cuenta y evaluarse en alguna parte y asegurarse de que haya un control en la forma de otorgar los créditos. Porque este es un mercado muy poco transparente y hay muy poco equilibrio entre el cliente y quien da el crédito, ¡muy poco equilibrio!, y cuando se cuenta con menos información se produce más desequilibrio.
Entonces, yo intervengo para reivindicar lo que ha hecho durante todo este tiempo el Senador Bianchi, porque muchos colegas han supuesto que esa posición no tiene fundamento. Es una posición que representa un debate real. Y ojalá que con el veto se mejore el sistema, y no que se retroceda a la situación de antes donde cada crédito, cada operación la rodeaban de supuestos atributos, de incentivos aplicados no al producto que se estaba comprando, sino en torno a dicho producto.
Si hay que votar ahora, voy a votar a favor, sin lugar a dudas, porque este proyecto constituye un avance.
Y en caso de su presentación, le diría al Ministro y a su equipo que piensen muy bien el veto: que sea para avanzar y no para retroceder a la situación que teníamos antes.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Montes.
Vamos a cerrar, entonces...
No, todavía nos quedan inscritos.
Tiene la palabra el Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala.
En primer lugar, manifiesto mi adhesión a este proyecto, que sin lugar a dudas fortalece la posición de los consumidores.
Por supuesto que vamos a votar a favor del texto emanado de la Comisión Mixta, esperando que el veto del Ejecutivo permita evitar que lo establecido en la indicación presentada por el Senador Bianchi y que fuera aprobada en ambas Cámaras pueda prosperar.
Yo estoy convencido de que debemos favorecer todas las condiciones para que el pequeño comercio tenga posibilidades de ofrecer mejores condiciones a los consumidores.
El presente proyecto fortalece la posición de los consumidores. Y cuando escucho la opinión de los Senadores de Oposición no sé si estamos leyendo el mismo texto.
Presidente, voy a apoyar la redacción propuesta por la Comisión Mixta, pero esperando el veto del Ejecutivo para sacar adelante un proyecto que fortalezca el derecho de los consumidores y que brinde la posibilidad de establecer simetrías entre el consumidor y el comercio.
Y quiero señalar también que el señor Lucas Palacios, que ha sido duramente cuestionado por algunos Senadores, ha sido un Ministro que se ha esforzado para que los consumidores cuenten con la posibilidad de ejercer todas y cada una de sus acciones a los efectos de que exista más simetría y para disponer de una garantía respecto de sus legítimas probabilidades de contrarrestar las asimetrías del mercado.
Por eso, voto favorablemente el proyecto.
Y a nombre de la Corporación, doy las excusas correspondientes al Ministro Lucas Palacios por los dichos de algunos Senadores.
He dicho, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Chahuán.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.- Gracias, Presidente.
A ver, esta ley proconsumidores, tal como han dicho varios de mis antecesores, ya se revisó y ahora estamos viendo y votando solo lo que la Comisión Mixta ha resuelto, que tiene que ver básicamente con normas de protección de datos y con normas relacionadas con la adecuación de la ley del IVA a las normas de devolución de productos, garantías, es decir, lo vinculado con notas de crédito, notas de débito, etcétera, etcétera etcétera.
Pero no está de más reiterar aspectos muy importantes que ha resuelto y mejorado esta ley respecto a los consumidores. Y me refiero a todo lo vinculado con las condiciones para terminar con contratos de adhesión; todas las normas sobre retracto en compras electrónicas; las normas que tienen que ver con mejoras en las prácticas de la industria aeronáutica: qué pasa cuando se atrasa un vuelo, cuando hay sobreventa de pasajes; qué pasa cuando no se usó un tramo dentro de un vuelo con varias escalas, al menos dentro del país.
Otro tema muy relevante, desde el punto de vista jurídico, se vincula con las garantías legales y las garantías voluntarias: cómo las garantías voluntarias no pueden pasar por encima de las garantías legales y cómo es el consumidor quien posee el derecho a elegir por dónde quiere caminar y elegir entre la legal y la voluntaria.
Se establecen mejoras y más libertad en los prepagos de los créditos hipotecarios; normas de devolución y reparación de productos; préstamos responsables a estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, buena parte del debate de hoy se ha centrado en una norma que no vio la Comisión Mixta, pero que ha causado mucha controversia: la prohibición de descuentos adicionales en los precios de productos a través de tarjetas que pertenezcan al proveedor de dicho producto o servicio financiero.
Este tema no lo quiero menospreciar porque aquí hay hartas cosas en juego. En primer lugar, y proyectando, vamos a llegar rápidamente a un mundo tal vez sin dinero físico. Capaz que en diez años más el dinero físico o no exista o va a ser muy mínima su utilización.
Y en ese nuevo estado de la economía, todo descuento, toda fidelización, todo lo relativo al comercio de productos y servicios va a tener que ver con tarjetas.
Hay normas y discusiones respecto de las tarjetas de crédito, por ejemplo, que superan con creces a lo que ocurre en Chile. Hoy día no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que las tarjetas de crédito bancarias son prácticamente dos en el mundo, y solo dos: Visa y MasterCard. Punto. Y no solo en Chile, sino prácticamente en todo el mundo.
Y si bien teóricamente debieran ser partes muy distintas la tarjeta de crédito, el banco y el comercio, lo que nos dice la experiencia es que no existe una separación suficientemente robusta entre la industria bancaria y la industria de las tarjetas de crédito antes mencionadas. De hecho, parte de los resultados que informan las tarjetas de crédito internacionales dicen que son rebate, o sea, compensaciones que les hace la banca, lo que no estoy seguro de que sea una práctica apropiada.
Y a su vez, ¿quién puede oponerse a la fidelización por parte de una marca de determinada tienda, de un promotor de servicios respecto de sus clientes? ¡Nadie!
Pero tampoco hay que ser tan ciego, porque la norma general es que ojalá los clientes dispongan de una serie de tarjetas para poder adquirir determinado producto.
Entonces, aquí la norma no está muy bien redactada, creo que hay espacio de mejora, pues no se hace ninguna distinción entre tarjetas de crédito, tarjetas de débito o tarjetas de prepago...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Puede continuar.
El señor GALILEA.- Como decía, no se hace ninguna distinción entre tarjetas de prepago, débito o crédito, lo que es una cuestión absolutamente básica. Y considero que debe haber otro tipo de diferenciaciones. No sé si recuerdan cuando se discutió sobre las promociones que podían hacer las tarjetas respecto de entradas para espectáculos, donde se llegó a la solución híbrida de decir: "tal porcentaje de las entradas puede ser para los clientes y tal otro para personas no clientes"; en fin, creo que hay un espacio para mejorar y espero que el veto vaya en ese sentido.
Las normas relacionadas con consolidación de deudas, con información, con modalidades de prepago y con cierres de contrato, por supuesto sin costos que impidan esas libertades, tienen que ser los principios que regulen el uso de las tarjetas, las posibilidades de fidelización de clientes y todo lo que significa...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Puede redondear la idea.
El señor GALILEA.- Termino diciendo que todas las normas que acabo de señalar son las que deben iluminar el uso de las tarjetas de prepago, las modalidades para los pagos, los créditos, la fidelización de clientes, etcétera.
Voto a favor de este proyecto de ley porque estimo que es una mejora, y espero que el veto que se presente sea enriquecedor respecto del uso y de la competencia entre tarjetas de prepago y tarjetas de crédito en el país.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Galilea.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Moreira.
El señor MOREIRA.- Muchas gracias, Presidente.
La verdad es que no iba a hablar en este proyecto, pero he recibido varios wasap de personas de mi región que están interesadas por la discusión que se ha sostenido en el Hemiciclo, donde muchos no entienden su desarrollo y señalan: "tanta pelea, cuando lo que queremos es que haya garantías y beneficios para nosotros, los consumidores".
Pero antes de mi intervención, quisiera decir que es bastante injustificada la airada reacción de algunos Senadores en contra del Ministro de Economía. Doy fe de la capacidad profesional y de las garantías que el Ministro de Economía siempre ha dado. Don Lucas Palacios es un caballero, un profesional capaz, serio, que no tiene ningún compromiso con nadie, solamente con los chilenos y con los consumidores.
Siempre se trata de caricaturizar, y quienes lo hacen, bueno, lo hacen por odiosidad, por tratar de dañar la imagen de una autoridad como el Ministro de Economía, quien es un hombre correcto, y con mayúsculas.
Dicho lo anterior, les hablo a los telespectadores para señalar que las ideas centrales del proyecto de ley, tanto en materia de los mercados como con respecto a las relaciones entre los distintos actores -ya sean consumidores, proveedores, intermediarios-, están en constante evolución, sea por avances tecnológicos, por nuevas prácticas en materia de contratación, o cambios de tendencia en preferencias de consumo, entre otras razones.
En virtud de lo anterior, y considerando que la protección adecuada a los consumidores es fundamental para mantener el correcto equilibrio dentro del sistema económico y para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos de los consumidores, estimo necesario revisar lo que hace la presente iniciativa: actualizar la normativa existente en materia de consumo para adaptarla a la realidad actual.
Pero, en el fondo, señor Presidente, como comentario general, yo quisiera decir que respecto a la primera modificación lo que se persigue es básicamente recoger las aprensiones de los distintos expertos y reconocer también la importancia de contar con un marco normativo propio para lo relativo a los datos personales, sin dejar desprotegidos a los consumidores en situaciones de vulneración de sus derechos en el ámbito de las relaciones de consumo. Por lo tanto, este tema, estas dudas, estas aprensiones están ya garantizadas.
En cuanto a la segunda modificación, la razón principal responde a una cuestión de coherencia entre la normativa, cual es que los plazos que contempla la ley del IVA sean iguales a los de la LPDC para que no produzcan problemas al momento de ejercer la garantía legal por establecer una de estas leyes un plazo y la otra, uno diverso.
Y en relación con la última modificación, hay que decir que el plazo solicitado por el Servicio de Impuestos Internos obedece a una razón de carácter eminentemente técnico. Este plazo está siendo solicitado por el Servicio, ya que este tiene un sistema automático de registro de la documentación tributaria de los contribuyentes, para cuyo correcto funcionamiento es preciso realizar ciertas adecuaciones que toman un tiempo en adoptarse.
Creo que se ha hablado en demasía ya sobre el veto presidencial. Pienso que el veto va a tender a ordenar y colocar en el justo lugar las cosas. Ya lo decía el Senador Coloma, quien fue muy didáctico en los detalles que entregó en su intervención. Me parece que aprendimos a entender la dimensión de este proyecto y sus objetivos. Por eso ha sido una iniciativa que ha concitado el interés de casi toda la bancada de Chile Vamos, en donde cada uno ha querido poner en primer lugar la preocupación que existe en respetar, cuidar a nuestros consumidores.
Y pienso que mientras tengamos un veto y él se apruebe, vamos a poder ordenar, corregir este proyecto de ley.
Voto a favor.
He dicho, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Moreira.
Seguramente el Senador Coloma agradecerá su reconocimiento a su alma de profesor. ¡Por lo didáctico, digo yo...!
Señor Secretario, estamos terminando la votación. ¿Queda alguien a distancia por votar?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Han votado de manera electrónica el Senador señor Prohens, el Senador señor Soria, el Senador señor Araya, la Senadora señora Allende y el Senador señor Kast.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
De manera nominal votaron el Senador señor Chahuán, el Senador señor De Urresti, el Senador señor García-Huidobro, el Senador señor Huenchumilla, el Senador señor Montes y el Senador señor Quintana.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (41 votos a favor y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena Carvajal, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se encontraban pareadas las señoras Muñoz y Sabat.