REFORMA DE CÓDIGO DE AGUAS
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Continuamos con la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma el Código de Aguas, con informe de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, informe de la Comisión de Agricultura e informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 7.543-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Ya se entregaron los informes de las Comisiones correspondientes y se desarrolló el debate la semana pasada, largamente.
Quedó una lista de colegas inscritos y vamos a seguir ese orden.
Me acaba de avisar la Senadora Goic que no va a hacer uso de la palabra y entiendo que estaba inscrita.
Señor Secretario, ¿usted tiene la lista?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Así es, señor Presidente.
Quedaron registrados para hacer uso de la palabra el Senador señor Durana; el Senador señor Navarro; el Senador señor Chahuán; la Senadora señora Órdenes; la Senadora señora Rincón; la Senadora señora Goic, quien no va a hacer uso de la palabra; el Senador señor Galilea; el Senador señor Moreira; el Senador señor Coloma; el Senador señor Lagos; el Senador señor Montes; el Senador señor Huenchumilla; el Senador señor Insulza, y el Senador señor Girardi.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Les sugiero lo siguiente, colegas.
Tenemos el acuerdo de despachar en general el proyecto ahora.
No habíamos contemplado un debate tan largo en el proyecto anterior, por lo que sugeriría abrir la votación en general y van haciendo uso de la palabra aquellos que están inscritos y fundamentan su voto, respetando el tiempo, por supuesto.
El señor COLOMA.- ¿Los proyectos de acuerdo los vemos mañana?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Cómo?
El señor COLOMA.- ¿Los proyectos de acuerdo los vemos mañana?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí, seguramente, porque nos va a pillar el término del Orden del Día.
Podríamos proceder de esa manera, para poder despachar este proyecto, que lleva tanto tiempo de tramitación, que ha sido priorizado por los Comités y sobre el cual tenemos el acuerdo de votar hoy día la idea de legislar.
Como hay varios colegas inscritos y no quiero cercenar el uso de la palabra, les pregunto si podemos abrir la votación, porque, además, se requiere quorum calificado para su aprobación.
Senador De Urresti.
El señor GIRARDI.- Si no despachamos ahora, ¿seguimos mañana?
El señor PIZARRO (Presidente).- No, continuaríamos la otra semana.
El señor DE URRESTI.- Presidente, hemos prolongado la primera parte de la sesión dando toda la discusión que consideramos necesaria. Este proyecto debiéramos votarlo hoy día. Es el acuerdo alcanzado. Y quiero recordar que también teníamos contemplados los proyectos de acuerdo que se iban a votar ahora.
Entonces, si están inscritos los siete, ocho Senadores que se han señalado, y cada uno cuenta con diez minutos, deberíamos abrir inmediatamente la votación y podríamos dejar consignada nuestra preferencia.
En todo caso, yo voto a favor, y me gustaría señalarlo desde ya.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Se consignará su voto.
¿Hay acuerdo para abrir la votación, manteniendo los tiempos?
Ya, procederíamos así.
Y si hacemos bien las cosas y nos atenemos a los tiempos, podemos cumplir con la votación del presente proyecto, y además, luego del Orden del Día, pronunciarnos sobre los proyectos de acuerdo, porque hay algunos que efectivamente son bastante urgentes.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra, en primer lugar, al Senador Durana para que fundamente su voto.
El señor DURANA.- Muchas gracias, Presidente.
El proyecto de ley que hoy discutimos en general busca establecer el derecho esencial al agua; dar seguridad jurídica a su ejercicio; intensificar y complementar su carácter de uso público; consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento; proteger y fortalecer la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres.
Existe amplio consenso en nuestro país en que la situación hídrica se muestra cada vez más crítica. El cambio climático y la falta de precipitaciones han ocasionado una sequía persistente en determinadas zonas del territorio, lo que requiere de una adecuada adaptabilidad de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestras instituciones competentes en la materia.
Es por ello que el proyecto establece un principio fundamental: el agua es un bien nacional de uso público, en cualquier estado en que se encuentre, y no puede ser valorado bajo otra perspectiva que no sea la de equidad y seguridad en su acceso. Como consecuencia de ello, su disponibilidad y su uso para el consumo humano, el saneamiento, la preservación de los ecosistemas, así como la sustentabilidad acuífera deben ser priorizados, manteniendo un equilibrio con su uso productivo, lo cual tiene una directa relación con una seguridad alimentaria sustentable, que también debe ser considerada.
El proyecto también contempla la protección de los usos ancestrales y ecológicos del agua, estableciendo la obligatoriedad del Estado para velar por la conservación de la integridad entre tierra y agua en los territorios en los cuales habitan nuestros pueblos originarios, protegiendo el agua para el uso de las comunidades.
En consecuencia, nos encontramos con una norma que implica un gran avance en el pleno ejercicio de un derecho humano esencial, como lo definió la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de junio del 2010, para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
En la Mesa Nacional del Agua, convocada el año 2019, se definieron los principales desafíos que se detectaron en materia de seguridad hídrica, calidad de las aguas y ecosistemas relacionados y el marco legal. Para abordar dichos desafíos es necesario que el marco legal otorgue seguridad jurídica a los distintos actores involucrados, además de propiciar las condiciones óptimas para la inversión en obras públicas de largo plazo, que constituyen un mecanismo eficiente para la obtención de fuentes alternativas de agua, en consideración al agotamiento de las fuentes tradicionales.
Va a ser muy importante, en la fase de indicaciones, definir claramente en este proyecto de ley lo que hoy nuestra legislación comprende como régimen de aprovechamiento de las aguas, porque, tal como hoy está redactado, perjudica a ciertas actividades en beneficio de otras, otorgando una serie de facultades absolutamente discrecionales a los órganos del Estado, inhibiendo la libertad de los particulares en el desarrollo de actividades que requieren del uso hídrico.
La distinción entre dos regímenes de derechos de aprovechamiento (uno previo a la publicación de la ley y otro posterior), siendo uno permanente y el otro transitorio, resta certeza jurídica a los titulares de los nuevos derechos, ya que queda al arbitrio de la autoridad la determinación de si cumple o no con los criterios necesarios para una prórroga de su concesión.
Esto desincentiva la inversión en obras de largo plazo, las cuales son estrictamente necesarias en un plan para enfrentar la sequía y garantizar la disponibilidad de agua para las distintas actividades.
Se está imponiendo la idea de un Estado sobrerregulador que puede hacer y deshacer a su arbitrio. Sin embargo, esto no puede devenir en una determinación a priori de una especie de orden de prelación entre los usos y funciones del agua, haciendo primar unos por sobre otros, porque cada una de las actividades económicas que consumen agua presta un servicio esencial en la subsistencia de nuestro país. Por ello, se debe encontrar un adecuado balance y no beneficiar a algunas en desmedro de otras.
En Arica y Parinacota, al igual que en muchas otras partes de Chile, la no inscripción de los derechos de agua por parte de las comunidades de pueblos originarios, así como el uso de estas aguas por las comunidades de agua rural son elementos que deben ser considerados y normados de forma tal de proteger sus derechos y garantizar el uso sustentable del agua rural.
Hoy existen conflictos en relación con esta materia producto de una falta de claridad de las normas y de una institucionalidad que respete los derechos de todos.
Por ello, invito a mis colegas a incorporar a través de las indicaciones la mirada regional, única forma de tener un Código de Aguas que responda a nuestra amplia diversidad.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Durana.
¿El Senador Navarro no está?
No está.
Senador Chahuán, tiene la palabra para fundamentar el voto.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, me correspondió integrar la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía cuando recién se constituyó, en el año 2014, siendo presidida entonces por la Senadora Adriana Muñoz, y a la cual pertenecían también la Senadora Isabel Allende y los Senadores Jorge Pizarro y Víctor Pérez.
A medida que avanzaba el trabajo de la Comisión, y considerando la importancia que reviste el agua para el desarrollo y bienestar de las naciones, estimé necesario presentar una moción para establecer, al igual que en muchos otros países, el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, proyecto que fue suscrito por todos los miembros de la Comisión, que después de cumplir sus trámites constitucionales pertinentes, se convirtió en la ley N° 20.827, publicada el 14 de abril de 2015.
Tal como señalé en la exposición de motivos de esa moción, uno de los Directores de la FAO que le correspondió participar en una de las conmemoraciones manifestó: "Afrontar la escasez del agua será el problema del siglo XXI", palabras que, indudablemente, han resultado proféticas, dada la crisis hídrica que afecta a gran parte de la humanidad, y especialmente a nuestro país.
El agua es esencial para la vida y constituye un derecho humano fundamental. Pero la sequía afecta constantemente a muchos países, fenómeno del cual no está exento nuestro territorio, especialmente con las transformaciones provocadas por el cambio climático y el calentamiento global del planeta.
Lamentablemente, la desertificación va avanzando inexorablemente y afecta ya a muchas regiones de nuestro extenso territorio. Por ello, resulta indispensable que los integrantes de nuestra comunidad, desde su educación preescolar, tomen conciencia de la importancia que reviste el agua para la supervivencia de los seres humanos, la agricultura, la biodiversidad, la minería e, incluso, la energía. Ese fue precisamente uno de los objetivos de impulsar el Día Mundial del Agua que se conmemora en nuestro país.
La crisis hídrica que afecta a tantos países es de tal envergadura que constituye, a no dudarlo, una situación urgente para el desarrollo humano y la dignidad de los pueblos, por lo que se requiere hacer los máximos esfuerzos para dotar de agua potable apta para el consumo humano y servicios sanitarios adecuados.
También presentamos el proyecto de reforma a la Carta Fundamental que tenía por objeto consagrar con rango constitucional el principio de que el agua es un bien nacional de uso público. Lamentablemente, en su momento dicha reforma no obtuvo el quorum necesario que permitiera incorporarla al texto de la Constitución.
Sin embargo, este principio ha sido reforzado adecuadamente en la reforma al Código de Aguas que ahora nos convoca.
Asimismo, presenté otra moción destinada a establecer en la Constitución Política que el agua debe tener en forma prioritaria un consumo humano. Aun cuando no se ha terminado la tramitación de este proyecto, dicho principio ha sido igualmente recogido en el texto del Código de Aguas que ahora analizamos.
En suma, este proyecto contempla diversas disposiciones destinadas a obtener una gestión eficiente del recurso hídrico por parte del ente regulador del Estado, que es la Dirección General de Aguas, a la que se le han ido aumentando sus atribuciones y facultades reguladoras y sancionadoras.
A este respecto, estimamos que aun cuando se aumente la judicialización por actos administrativos que dicte la Dirección General de Aguas, confiamos en que dicho organismo actuará con prudencia y mesura en el ejercicio de las facultades que mediante este proyecto de ley se le confieren, sin incurrir en arbitrariedades.
En síntesis, la modificación al Código de Aguas que se somete a nuestra consideración contiene avances muy significativos en materia de priorización del consumo humano, la conservación ambiental en el otorgamiento y ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas, el fortalecimiento de los caudales ecológicos, el freno a la utilización especulativa de los derechos de aguas otorgados. También valora el reconocimiento de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes y que para los nuevos derechos se contabilice adecuadamente su otorgamiento temporal con reglas ciertas en su renovación.
Por estas razones, voto favorablemente el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas.
Quiero señalar, simplemente, que hoy día estamos frente a una crisis hídrica de envergadura. Nuestra región ha sido particularmente golpeada por el cambio climático y el avance de la desertificación y la sequía. Tenemos provincias declaradas con crisis hídrica en nuestra región.
Ha habido un intento mayúsculo en términos de ver cómo somos capaces de modificar las normas legales que nos permitan garantizar el uso preferente del agua para consumo humano y también para las obras de saneamiento y las economías de subsistencia.
Y, del mismo modo, hemos dicho con toda fuerza que acá se requiere, efectivamente, avanzar en términos de una modificación estructural. No es posible que haya cuarenta instituciones, ¡cuarenta instituciones!, que tienen que ver con el otorgamiento de derechos de agua. Acá hay que establecer una regulación, y creemos que este proyecto de ley va en la dirección correcta.
Por eso, voté favorablemente, señor Presidente.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Chahuán.
Dos cosas, colegas.
Primero, empezamos la votación. Por un problema técnico, lo que aparece es la votación de un proyecto de acuerdo, pero lo que estamos votando es la reforma al Código de Aguas, para que les quede claro y para tranquilidad de los colegas que han votado de manera telemática. Eso es lo primero.
En segundo lugar, solicito el acuerdo de la Sala para que el Director General de Aguas pueda ingresar a acompañar al Ministro.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senadora Órdenes y, luego, la Senadora Rincón.
Senadora Órdenes, tiene la palabra para fundamentar el voto.
La señora ÓRDENES.- Muchas gracias, Presidente.
El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano. Probablemente, nadie en esta Sala estará en desacuerdo con esa afirmación. Pero ha tomado sesenta y cuatro años, desde la fundación de Naciones Unidas en 1945, para acordarlo explícitamente mediante una resolución del año 2010 en su Asamblea General.
El agua es un elemento esencial para la vida que, visto como recurso, mueve una serie de intereses económicos. En Chile lo sabemos muy bien, pues todavía, a once años del reconocimiento de Naciones Unidas, no lo hemos consagrado como un derecho, algo que va a cambiar con esta reforma que sí lo establece explícitamente.
El actual Código de Aguas, de 1981, fue construido como una pieza más de la arquitectura neoliberal que la dictadura instaló en todas las áreas de la sociedad. El agua fue vista como un producto y se determinó que la manera más eficiente de asignarla a los distintos demandantes era generando un mercado del agua. Por cierto, un mercado inicialmente subsidiado, porque los derechos de aprovechamiento fueron entregados a perpetuidad a determinadas personas y empresas.
Esta reforma, si bien no es todo lo que quisiéramos, avanza en la dirección correcta de terminar con la completa mercantilización del agua, estableciendo diversas limitaciones a los derechos de aprovechamiento en función del interés público, posibilitando su caducidad y fijando una temporalidad para las nuevas asignaciones. Y también quiero destacar que se prioriza el uso para consumo humano, subsistencia y saneamiento, aumentando las facultades del Estado para constituir reservas de agua y derechos especiales con estos fines.
Presidente, este proyecto de ley tiene, a mi juicio, bastantes virtudes, y quiero destacar solo algunas.
Mejora las normas que permiten el acceso al agua. Esto significa que también permite mejorar las condiciones de la vida de las mujeres. De acuerdo con datos de Unicef, en ocho de cada diez hogares donde no existe un abastecimiento formal de agua son las mujeres y niñas las responsables de realizar las labores de recolección.
Un aspecto muy importante son las normas de resguardo para los usuarios de sistemas de agua potable rural. Son cerca de 500 mil hogares en todo el país a la fecha. Los APR permiten acceder al agua, pero muchos se están secando producto de la crisis hídrica. Con esta reforma cualquier APR podrá cavar pozos para consumo humano y los administradores de las cuencas deberán garantizar el caudal requerido para los usos de subsistencia, entre otros cambios.
Sabemos que la crisis hídrica tiene otro componente, además de los abusos que se producen cotidianamente en el mercado del agua: la emergencia climática, que afecta al planeta y en particular a Chile, uno de los países más vulnerables frente a este fenómeno.
El 87 por ciento de los glaciares han experimentado disminuciones de masa o volumen y los ríos presentan caudales inferiores a sus promedios históricos como ejemplos de la expresión del cambio climático.
El derecho de aguas no puede tratarse exclusivamente de normas de transacción. Debe tener un componente de protección ambiental cada vez más fuerte, porque el agua forma parte de los ecosistemas, y si no protegemos la naturaleza, estamos condenando a la humanidad a la extinción.
Si bien en 2005 se avanzó estableciendo las normas de caudal ecológico mínimo, dicha regulación es insuficiente. La actual reforma se hace cargo de cambios importantes, como la prohibición de extracciones en glaciares, áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad o las zonas de turberas, tan importantes en la macrozona austral, y especialmente en las regiones de Aysén y de Magallanes. Es un piso mínimo para no seguir destruyendo nuestro entorno.
Hace unos días el hidrólogo Pablo García señalaba en una entrevista: "Si es que el próximo Gobierno no soluciona el problema del agua, Chile se va en picada para abajo, porque un país sin agua no funciona".
Es evidente que un desafío de esta magnitud no se soluciona con una sola reforma a un Código. Requiere esfuerzos transversales, una priorización política de la agenda del agua, un cambio constitucional que articule hacia abajo la concepción del agua como un derecho humano, además de una concientización de la ciudadanía para hacer más eficiente su uso y una escalada de innovación tecnológica que permita la reutilización de aguas grises, captación de aguas lluvias y desalinización para actividades productivas, entre otros aspectos.
Pero no hay duda de que esta reforma, con todas las mejoras que se le pueden hacer en la discusión en particular, nos acerca un poco más a ese mínimo de dignidad que toda persona merece: que nunca más la llave de una casa o de una escuela se quede sin agua.
Voto a favor, señor Presidente.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senadora Órdenes.
Dejamos con la palabra a la Senadora Ximena Rincón para fundamentar el voto.
La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
Luego de un largo trayecto de más de diez años de tramitación en este Congreso, se pone en votación el proyecto del Código de Aguas, que permitirá ordenar la legislación en materia de derechos.
Hoy más que nunca, ante las demandas sociales y la innegable presencia del cambio climático, no solamente en nuestro país, sino en el contexto internacional, se hace urgente regular la situación legal de los derechos hídricos.
La tarea llevada a cabo desde el 2011 por el Congreso ha contado con la intervención de tres Gobiernos y ha pasado por las Comisiones de Recursos Hídricos, de Agricultura y de Constitución de ambas Cámaras.
Han expuesto profesionales de múltiples disciplinas, dirigentes en materia hídrica, representantes de los pueblos originarios, entre otros, quienes han confluido en un proyecto de ley consensuado y que se espera pueda dotar a nuestro país de una legislación actualizada en la materia.
¿Cómo olvidar las manifestaciones de octubre de 2019, en las que la ciudadanía pedía al unísono devolver el agua a los chilenos?
Han sido años de privatización; años de entregar un recurso tan básico como el agua al mejor postor; años de sequía; años de ver cómo florecen los campos ajenos de unos pocos mientras que el ganado de los pequeños ganaderos moría de sed.
Finalmente, todos esos años de privación de un recurso tan básico como el agua pusieron en la palestra nuevamente el tema, que estuvo postergado por años del debate parlamentario.
Este Congreso no hizo oídos sordos. Al menos el sector al que pertenezco, la Oposición, votó en bloque a favor de la reforma constitucional que establecía el derecho del agua como un derecho fundamental.
A diferencia de lo que puedan pensar algunos, establecer el derecho al agua como un derecho fundamental no es un mero capricho, sino que es cumplir con la normativa internacional que en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, de junio de 2010, declaró el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida.
Sin embargo, los que no estaban de acuerdo con otorgar este derecho básico y humano a la ciudadanía se opusieron. No se logró así conseguir el quorum necesario para aprobar dicha iniciativa y nuevamente quedó postergado este fundamental derecho.
¿Pero por qué tenemos este modelo en nuestro país?
Cabe hacer un poquitito de historia y recordar que la actual Constitución de 1980 estableció, en el inciso final del artículo 19, numeral 24°, relativo a la propiedad privada, que "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".
Al día de hoy, a pesar de los catorce esfuerzos que este Congreso ha hecho desde el 2008 para cambiar esa concepción del mercado del agua, seguimos en la misma lógica, en la cual el agua se transa a precio de oro.
Hemos visto diferentes estudios e informes del Gobierno y de organizaciones no gubernamentales sobre el acceso al agua en Chile. ¿Y el resultado? Casi un millón y medio de personas no cuentan con acceso formal al agua potable o alcantarillado.
De 347 comunas, 238 tienen carencia de agua, y de estas, 194 registran un índice de pobreza.
Casi un 50 por ciento de la población rural en nuestro país no tiene abastecimiento formal de agua potable, del cual un 90 por ciento se abastece de pozos, ríos y lagos. Y medio millón de chilenos se abastecen por camiones aljibe. Lo anterior deriva en una mayor precariedad del acceso al servicio básico, pero también en una mayor incidencia de enfermedades relacionadas a la salubridad.
En acortar esta brecha, en hacer llegar los servicios básicos a la última milla, a los ciudadanos, gran relevancia han tenido los servicios de agua potable rural. Pero ese es el primer paso.
Hemos propuesto desde este Senado que el Gobierno lleve adelante un plan nacional de conectividad y de servicios sanitarios, lo que hasta el momento no ha sido escuchado. ¿El objetivo? Que el derecho al agua no solamente se quede ahí, en una declaración de principios, sino que se concrete en que cada chileno, hombre o mujer, tenga suministro permanente de agua en su hogar.
La regulación de la materia hídrica en nuestro país es un mundo de contrastes. Por un lado, tenemos una regulación de alto estándar de una protección constitucional de los derechos de propiedad sobre el agua que el Estado ha entregado a destajo. Y, por otra parte, hay más de un millón de personas sin acceso al agua y comunidades que han tenido que recurrir a la justicia para que se les reconozca este derecho al agua.
¿Por qué consideramos que es necesario aprobar la iniciativa?
El proyecto consagra, en su artículo 5°, un principio que puede parecer lógico, pero que hasta el momento no había sido expresamente establecido en la legislación. Se refuerza que el agua es un bien nacional público y propiedad de todos los chilenos, afirmando lo que ya establece el Código Civil, pero contrariando la regulación promercado que la Constitución ampara. Además, se consagra el derecho humano al agua, lo cual debe ser garantizado por el Estado.
Estimamos que estas innovaciones son el primer paso hacia una concepción de las aguas no solamente como un bien de uso al servicio del ser humano, sino como un regulador de ciclos ambientales y climáticos mayores, los cuales, a su vez, son sustento y premisa de la existencia de la vida humana.
Se transita desde los derechos de propiedad del agua hacia el otorgamiento de concesiones temporales sobre el uso de este bien público. Conjuntamente, se establecen causales de caducidad y extinción de los derechos, ya sea por la no inscripción o por el no uso.
Señor Presidente, Honorable Senado, colegas, sin duda apoyaremos con fuerza la aprobación de este proyecto de ley. Creemos que es de toda lógica, de todo derecho dotar a nuestro país de una autonomía hídrica y asegurar la provisión permanente de este recurso a todas y todos.
Mientras no reconozcamos el derecho al agua como un derecho fundamental en la Constitución, el proyecto es solo un avance y este recurso seguirá transándose en el mercado al mejor postor. La tarea de la Convención Constitucional es clara: debemos consagrar para todas y todos el derecho humano al agua y que este derecho sea exigible al Estado.
Por eso, voto a favor, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Rincón.
Voy a dejar con la palabra al Senador Galilea.
¿Senador Galilea? ¿No?
¿Me salto entonces?
¿Va a hablar?
El señor GALILEA.- Que hable alguien más y después yo.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Senador Moreira?
No está.
Senador Coloma, tiene la palabra.
Fundamente su voto, Senador.
El señor COLOMA.- Gracias, Presidente.
Dentro del tiempo, que es un poquito mayor al que usted me está dando, porque quedamos en mantener los tiempos, si usted se acuerda, quiero hacer un planteamiento.
Aquí uno ve distintas formas de abordar un tema, todas legítimas. Hay quienes de alguna manera hacen fuerza en las leyes, como si fueran las responsables de los problemas de deficiencia de aguas que hoy existen; otros dicen que existe una institucionalidad equivocada; otros sostienen que es caduca. Bueno, hay muchas maneras de abordar esta materia, porque no es un tema simple ni lineal, sino que es un tema complejo.
Desde mi perspectiva al menos, ¿dónde surge la clave para enfrentar una solución global, que probablemente nunca va a ser completa, de esto que hoy en día estamos viviendo?
El gran problema moderno es la escasez hídrica. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad en distintos lugares de Chile.
Recién estaba viendo unos informes que pedí respecto de la Región del Maule, y nos señalan que la pluviometría hoy es el 50 por ciento de lo que es un año normal. Y probablemente cada uno en su zona le está ocurriendo algo más o menos parecido. Además, a esa sequía se une, o está directamente vinculada, una situación compleja en otros elementos producidos y relacionados con el cambio climático que generan que la isoterma sea muy distinta actualmente en el país.
Hay un estudio muy notable del profesor Pizarro, de la Universidad de Talca, donde explica en detalle cómo ha ido subiendo esa isoterma, lo que de alguna manera produce dos efectos de alta complejidad: primero, menor acumulación de nieve, porque cae menos nieve, cae más agua, y la forma de nuestro país hace que parte importante de los recursos hídricos se generen a través de la nieve.
Ahí hay un problema severo.
Vinculado a ello, es probablemente que en los años siguientes, al ser cada vez más alta la isoterma, se dificulte que los frentes puedan chocar con los cerros e incluso pasar por arriba, cosa que plantea un segundo elemento complejo y que nos hace entender que estamos ante una situación de escasez hídrica muy complicada.
Si bien uno podrá decir que se trata de un recurso que será más o menos abundante, pero en un planeta que tenía la mitad de personas y el doble de recursos obviamente era otra la lógica para abordar esta realidad.
A eso se suma algo que también es bueno decirlo: en Chile, en general, ha habido una deficiente gestión de los recursos hídricos. Y voy a dar dos datos que para mí por lo menos son importantes (lo planteo respecto de la región que represento, que es la zona más agrícola de Chile; pero esto se puede aplicar también a otros lugares): el 86 por ciento del agua que cae al Maule llega al mar a través de los ríos sin que de ella se tenga una utilización ni humana, ni de caudal (lo de caudal podemos discutirlo), ni de gestión agrícola.
Reitero: el 86 por ciento, y no es que uno pretenda que sea el 10 por ciento, porque hay necesidad de caudal ecológico en cada lugar que se debe medir. Pero esa cifra, si uno la compara con cualquier otro país que tenga relativa escasez hídrica, que es nuestro problema, verá que son cifras muy sorprendentes. Naciones como Israel utilizan el 96 por ciento del agua que les cae en el sentido humano, ecológico o desde una perspectiva agrícola.
Entonces, ahí tenemos un problema muy complejo, lo que se suma a que un informe que pedimos en la Comisión de Agricultura hace algunos años nos señalaba que la capacidad de aumento en inversión en materia de embalses en Chile había subido el 1 por ciento al año en los últimos cuarenta años. Si uno compara esto con cualquier otra realidad -este es un dato más o menos de hace cinco años, un poco más-, se dará cuenta de que es muy pobre. Y no cabe duda de que ello es significativo.
Por tanto, primero, pongámonos de acuerdo en por qué se produce el problema. ¿Es un problema de leyes? Algunos podrán decir que sí, que es un problema de leyes, y probablemente tenga alguna relación. Pero básicamente estamos con un problema de escasez hídrica; un problema de deficiencia en la gestión, del cuidado del agua, del embalse de ella, lo que hace que hoy estemos en una situación que, producto de la conjunción de ambos elementos, se nos transforma en algo bien dramático. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en esta normativa.
Ahora, ante esta nueva realidad me parece bien que haya un nuevo Código. Y yo le doy esa lógica.
Tengo diez minutos, Presidente.
Si me puede...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí. Lo que pasa, Senador Coloma, es que he apelado a la buena voluntad y a la capacidad de síntesis de Sus Señorías.
Concédale un par de minutos más, señor Secretario.
El señor COLOMA.- Pero también me ampara el Reglamento, Presidente. Tratamos todos de ayudar, y usted lo sabe.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí, por supuesto.
El señor COLOMA.- Entonces, decía que esta nueva realidad es la que hay que entender; porque si uno cree que cambiando una ley va a llegar el agua, debo decir que no es verdad. Si uno cambiara una lógica institucional y se acabaran los problemas, sería fantástico. ¡Ojalá fuera de esa manera! Sin embargo, todos los estudios a que uno ha tenido acceso señalan que ello no es así.
Aquí estamos ante un problema de escasez hídrica y de eficiencia de gestión de los recursos.
Eso es lo principal. Y en ello debemos concentrarnos. Hay cosas que se han hecho. Yo entiendo que hay riego tecnificado que han ido cambiando y que ayudan mucho, pero son muy insuficientes.
Usted sabe, Presidente, que la construcción de embalses es de una dificultad enorme en nuestro país, por lo que, obviamente, deberemos plantear lógicas diferentes. Los proyectos de desalación de agua me parecen fundamentales abordarlos con una perspectiva distinta, mucho más creativa. Porque eso es lo que de alguna manera va a resolver, aunque sea parcialmente, el tema de fondo. Si uno cree que cambiando la coma, el número se soluciona el problema, debo decir que no es así.
Ahora, eso nos habla de que ante esta nueva realidad hay una nueva legislación. Y creo que lo hace bien esta normativa; por algo se ha producido este acuerdo, que es bien importante, porque prioriza el consumo humano, cuestión que a mi juicio es muy significativa de marcar y subrayar, incluso con normas que son bien excepcionales en momento de excepción, que plantean cómo ese consumo humano debe respetarse.
Así el proyecto establece el concepto de "caudal ecológico mínimo", el cual es muy relevante, particularmente con la sustentabilidad del recurso. Creo que ello queda bien abordado.
Además, se genera a mi juicio un equilibrio razonable entre eficiencia y seguridad en esta materia, porque obviamente hay que tener un grado, cuando uno hace un proyecto de cualquier naturaleza (el pequeño, el mediano), cierta seguridad de que va a contar con agua por determinado período. Y eso se fija a través de un sistema en que el Estado ampara ese recurso en la medida que haya y se use dicho recurso. Evidentemente, si no se utiliza, será de una forma distinta.
Es una buena forma de equilibrar.
Asimismo, hay una norma particular de seguridad que a mí me parece muy trascendente, que es la posibilidad, en determinado momento, de disminuir esos mismos derechos, pero en proporción a todos quienes los posean, para que no se constituya en un acto arbitrario de una autoridad el que disminuya ese potencial que se pueda tener en materia de agua. O sea, si uno tiene equis tipo de derechos y se descubre que el caudal es menor, que haya una baja pareja, no que alguien pueda decidir por el otro.
Así que, Presidente, esto lo considero importante. Tenemos que seguir yendo a los problemas de fondo, pero esto ayuda: ayuda a un acuerdo, ayuda a una mayor comprensión y ayuda a una mayor visión acerca de cómo hemos de enfrentar problemas que son bien dramáticos, nuevos, pero que debemos resolverlos entre todos.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Coloma, también por su comprensión.
Senador Montes, me dicen que quiere expresar su voto ahora, porque entiendo que tiene que entrar a una Comisión. ¿No sé si Su Señoría está? Parece que no. Bueno, después le tomamos la votación.
Entonces, seguimos con el orden establecido.
Tiene la palabra el Senador Lagos para fundamentar su voto.
El señor LAGOS.- Muchas gracias, Presidente.
¿Se escucha?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Perfectamente: ¡fuerte y claro, como dicen por ahí...!
El señor LAGOS.- Muy bien.
Ahora, ¡lo importante es que diga algo que sea un aporte...!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Exacto.
El señor LAGOS.- En primer término, saludo al Ministro de Obras Públicas, quien nos acompaña.
En segundo lugar, quiero anticiparle que ya voté favorablemente en general este proyecto vía electrónica y que pedí la palabra básicamente para expresar que lo comparto en su integridad. Ciertamente, se va a perfeccionar en la discusión en particular.
Voy a colgarme de lo que manifestó mi antecesor (creo que fue el Senador Coloma), quien señalaba que una ley no va a modificar una realidad, que es la escasez hídrica.
Nadie puede estar más de acuerdo en que no va a modificar la escasez. La escasez hídrica es un problema que está ocurriendo a nivel planetario, en algunos lugares es más agudo que en otros. Y hay distintas legislaciones, distintos tratamientos y distinta institucionalidad para lo relativo al agua, ya sea para el uso de consumo humano, para el uso productivo, etcétera.
Con todo, lo que hace este proyecto de ley -y eso es lo que estamos discutiendo acá- es administrar esa escasez, cómo abordarla. De eso se trata. Ello es parte de esta iniciativa, que no resuelve todos los problemas.
Entonces, y sin ánimo de polemizar, efectivamente hay un tema de escasez hídrica, el cual no se resuelve porque tengamos una ley. Pero por lo menos puedo distribuir los costos de esa escasez; puedo ordenar las prioridades que esa escasez hídrica genera y establecer dónde quiero poner los acentos.
En tercer lugar, una ley y una institucionalidad ante una escasez hídrica que es planetaria, que existe y que es una realidad, las administro de mejor forma haciendo qué. ¿Qué políticas públicas requiero y en qué áreas? ¿Requiero más embalses? ¿Requiero racionamiento? ¿Requiero infraestructura distinta que hoy día no tenemos en Chile? ¿Requiero tratamiento de las aguas de manera diversa? ¿Requiero introducir elementos tributarios tal vez en el uso de las aguas? ¿Requiero introducir nuevas tecnologías para profundizar la desalinización del uso de las aguas, como está ocurriendo hoy día en algunos sectores productivos y en algunas mineras en Chile? ¿Debo tener políticas regionales distintas?
Solo quiero decir que aquí estamos atrasadísimos en esto. Acá hay que tener un mínimo de humildad, y en mi caso, que trabajé en Gobiernos anteriores, debo señalar que tal vez se pudo haber hecho más en esta materia y haber avanzado más rápidamente.
Veo mi zona, y tengo que decir que estamos llenos de camiones aljibes en la Región Quinta interior para hacerse cargo del problema del agua. Ya no estoy hablando de los campamentos, sino de zonas urbanas, rurales urbanizadas y semiurbanas en las cuales el suministro de agua se hace a través de camiones aljibe.
En la Quinta Región no se ha construido un embalse en años, y claro, hay un tema de escasez hídrica en que seguramente me dirán que la solución no son los embalses. Pero, Presidenta, usted representa a la Región de Coquimbo. Yo le aseguro que la Región de Coquimbo está más al norte que la Región de Valparaíso; estoy casi seguro de eso, así como estoy casi seguro de que la situación hídrica de hace treinta o cuarenta años era mucho más aguda en la Región de Coquimbo que hoy día en la Región de Valparaíso. Sin embargo, al cabo de treinta, cuarenta años, y con la escasez hídrica que afecta a todos por igual a nivel mundial, la situación de la Región de Coquimbo es mejor o menos mala que la de la Región de Valparaíso. O sea, tal vez los embalses ayudaron en algún minuto. Por consiguiente, hay que tener otro tipo de políticas públicas en esta materia.
Entonces, sí: creo que es importante legislar sobre esto y determinar qué calidad les vamos a dar a las aguas: ¿Bien nacional de uso público realmente? ¿Va a tener un tratamiento distinto, donde se puede comercializar? ¿Se va a poder seguir vendiendo?
Eso hace la institucionalidad de que hablamos.
Sí: no nos resuelve el problema hídrico, pero ayuda a administrar la escasez, que es un desafío mundial.
Al final del día, el principal problema que tenemos es el cambio climático. Más allá de los abusos, que existen; más allá de legislaciones que son ineficientes, que existen; más allá del no uso de tecnologías, que existen, tenemos que enfrentar el cambio climático, que es una discusión de otra naturaleza, pero que tiene directo impacto en nuestra calidad de vida.
Yo no voy a usar más tiempo en aras de seguir avanzando. Me voy a pronunciar a favor.
Espero que podamos modificar en particular el proyecto a fin de clarificar algunas materias. Y, ciertamente, con no poco rubor voy a votar favorablemente, por cuanto creo que sí era posible haber avanzado más rápidamente en otra área, de lo cual también tiene que hacerse cargo la política.
Muchas gracias, Presidente.
Le reitero que ya voté.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Lagos.
Senador Quintana, ¿usted quiere votar oralmente parece?
Tiene la palabra, Su Señoría, para expresar su voto. ¿O debemos entender que vota que sí?
El señor QUINTANA.- Sí.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Ya, muy bien.
El señor QUINTANA.- Voto a favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Quintana.
No sé si el Senador Montes...
Bueno.
¿Alguien más que esté siguiendo esta sesión a distancia quiere votar inmediatamente?
¿Senadora Allende?
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ALLENDE.- No pude votar nunca electrónicamente, y lo lamento, pues salía siempre el proyecto de acuerdo.
Pero bueno, voto a favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí, Senadora, efectivamente sale el proyecto de acuerdo; pero estamos votando ese por un problema de orden técnico. Explicamos aquello hace un rato, y sabemos que el voto que estamos expresando es por el proyecto que reforma el Código de Aguas.
Vamos a dejar con la palabra ahora al Senador Francisco Huenchumilla, para fundamentar su voto.
Don Pancho.
El señor HUENCHUMILLA.- Muchas gracias, Presidente.
¡Sigamos con la escasez!
Claro, la economía es centrar las necesidades y los bienes escasos para satisfacer aquellas, y eso está en el centro de lo que hemos discutido por muchos años en Chile respecto del agua. Porque el agua es un bien nacional de uso público desde el año 1855, con el Código Civil del siglo XIX. Lo que sucede es que el Código de Aguas del año 1981, y fundamentalmente la Constitución del 80, en su artículo 19, número 24°, inciso final, estableció que los derechos sobre las aguas constituyen propiedad privada para los particulares. Entonces, por un lado, tenemos el concepto de que las aguas, como bien natural, son bienes nacionales de uso público, y lo son hoy día en la legislación; pero, por el otro, los derechos que se constituyen ahí, los derechos de aprovechamiento, son propiedad privada.
Eso es lo que hoy día estamos cambiando; eso es lo que hoy día estamos diciendo: que a partir de la publicación de la futura ley los derechos de aprovechamiento serán temporales. Ya no se podrá disponer sino que usar y gozar de las aguas, de esos derechos. Por lo tanto, estamos haciendo un corte entre los derechos de aquí para delante -una vez que se publique la ley- y lo que ha pasado en el tiempo anterior con la vigencia de las actuales normas.
Entonces, de aquí para adelante se establece en el proyecto la priorización del consumo humano, doméstico; el saneamiento; los derechos ecosistémicos; las facultades a la autoridad para regular reservas, para regular las cuencas, los sistemas hidrológicos, los caudales mínimos, de tal manera que la autoridad pueda manejar la sequía y también lo que hoy día está sucediendo.
¿Qué queda pendiente? Que los derechos otorgados antes de la publicación de esta ley van a seguir hoy día con la normativa que ya tenían anteriormente y que consistía en que el derecho de aprovechamiento era un bien económico (una mercadería) en virtud del cual el titular podía arrendarla, venderla, transferirla, trasmitirla, hipotecarla, por lo que esos derechos eran un bien de mercado.
Eso queda pendiente.
El desafío es para la Convención Constitucional, acerca de si va a cambiar o no la naturaleza de ese punto central que hoy día está en la Constitución del 80. Pero este proyecto significa un gran avance hacia el futuro.
Creo que hemos logrado una concordancia en la Comisión para reducir al mínimo las discrepancias constitucionales, y, por lo tanto, de esa manera este proyecto naturalmente es un avance.
Me parece que integralmente quedan otro desafíos, como todo lo relacionado con las aguas subterráneas, con las aguas saladas, con las aguas servidas y con una nueva política de energía, de tal modo que los derechos de aguas no consuntivos, que en el pasado fueron privilegiados para construir centrales hidroeléctricas y significaban muchos problemas aguas arriba y aguas abajo con los otros usuarios (como los agricultores, la minería, los pequeños agricultores y el consumo humano), constituyen una cuestión que ha de resolverse. Y si tenemos más energía solar, energía eólica, energías renovables, las centrales hidroeléctricas van a ser menos necesarias, y, por consiguiente, los derechos no consuntivos van a poder ser mejor distribuidos con las preferencias para consumo humano, doméstico y también para la agricultura.
Así que creo que tenemos un gran avance, pero todavía quedan algunos desafíos. Me parece que esa es la tarea que tenemos por delante tanto en la Convención Constitucional como también en el Parlamento, para seguir avanzando en que el agua ya no sea más una mercadería sino un derecho humano, con las prioridades correspondientes.
Por lo tanto, señor Presidente, voto a favor en lo que haya quorum calificado; y si es votación simple, estoy pareado.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Huenchumilla.
Es votación de quorum especial, así que se consignará su voto.
Tiene la palabra el Senador Galilea para que fundamente el voto.
El señor GALILEA.- Muchas gracias, Presidente.
Este texto de proyecto, que en la práctica establece un nuevo Código de Aguas, me parece un muy buen resumen de lo que son y han sido las idas y venidas de nuestra legislación de aguas a través de la historia.
Por eso que quiero partir felicitando el trabajo que se ha hecho en las distintas Comisiones, así como el que han realizado el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; el Director General de Aguas, Óscar Cristi, y asesores que han participado, como Carlos Estévez, en fin.
Creo que se ha llegado a una justa ecuación en lo que ha de ser nuestro deber de considerar el agua como un derecho humano; pero también no hay que perder de vista que el agua hay que usarla, y hay que usarla bien en fines de saneamiento, fines productivos, fines diversos que hay que tratar de conciliar entre ellos.
Como en la discusión sobre el agua se dicen muchas cosas que son bastante inexactas, yo quiero aclarar algunos puntos.
Le he escuchado decir a varios de mis colegas que en 1981 el Código de Aguas separó el agua de la tierra y que ese es el origen de todos los pecados; que en ese instante el agua pasó a ser una especie de mercancía dejada simplemente al arbitrio del mercado y que de ahí nacen todos los males que podrían existir en el mundo y en la legislación sobre la materia.
Otros dicen que la Constitución, en su artículo 19, número 24º, es el origen real de los males del agua, porque habría permitido una expropiación al declarar constitucionalmente el dominio de los derechos de las aguas.
Pero nada de eso -y reitero: ¡nada de eso!- es así.
Nuestra historia en derechos de aguas es clara y precisa. Los que quieran estudiarlo pueden hacerlo.
El Código Civil en 1855; la ordenanza de distribución de aguas de 1872; el Código de Procedimiento Civil de 1902; la ley Nº 2.139, de 1908, que ya regula las comunidades de aguas y atribuciones de los directores de las asociaciones de aguas, y finalmente el Código de Aguas de 1951, que rigió durante muchísimos años, todos, ¡todos!, declaran el derecho de aprovechamiento de aguas, que ni siquiera es una creación chilena sino una tradición a nivel internacional, y le otorgaban pleno dominio a los titulares de ese derecho de aprovechamiento, es decir, le otorgaban el derecho al uso, al goce y a la disposición.
La única limitación a esta norma en toda la historia de Chile existió entre los años 1969 y 1979, donde se estableció un derecho de aprovechamiento administrativo que solo daba el derecho a uso. Pero esos son solo diez años dentro de los más de doscientos de nuestra historia republicana.
Entonces, me parece muy importante aclarar eso para no confundir conceptos, no confundir historia, no confundir entre lo que procede y no procede en esta materia.
Ahora, lo que tenemos que hacer -y por eso yo felicito este esfuerzo, que espero sea aprobado unánimemente acá y ojalá muy rápidamente en la Cámara de Diputados- es que, a raíz de la sequía, las distintas imprecisiones que efectivamente tenía nuestro Código de Aguas debían ser mejoradas.
Por lo tanto, la consagración del derecho humano era una cuestión imperiosa. Si bien el agua es un bien nacional de uso público, era necesario establecer su condición de derecho humano. Y no solamente eso: había que aterrizar qué significa que el agua sea un derecho humano; qué atribuciones van a tener las instituciones públicas, particularmente la DGA, para concretarlo; cómo se van a hacer las eventuales disminuciones a quienes tienen derechos de agua para abastecer a una población humana en sus necesidades de agua potable o saneamiento. En fin, cómo se aterrizaba eso.
Y esta modificación legal aborda y soluciona de manera correcta el tema.
También era imperativo eliminar la especulación a través de las modificaciones del año 2005 y 2009. Esto se fue solucionando en gran medida, pero había que terminar de arreglarlo de una vez por todas.
El que no usa el agua...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Un par de minutos más, Senador.
El señor GALILEA.- Gracias, Presidente.
Decía que el que no usa el agua, simplemente la pierde.
El concepto de cuenca, que no estaba bien establecido y solucionado en el actual Código de Aguas, también es abordado en el proyecto.
Criterios tan importantes como la sustentabilidad, las partes alícuotas, los procedimientos para defender o defenderse de eventuales malos usos del agua creo que están todos bien reforzados y bien resueltos en la modificación legal que se está sometiendo a votación.
Termino, Presidente, pidiéndoles a todos los integrantes del Senado que ojalá tomen en cuenta y conozcan bien todo lo que ha sido la historia de nuestros derechos de agua, cómo se ha solucionado a través de nuestra historia, y cómo en este instante estamos condensando de manera correcta las idas y venidas de la legislación del agua, tan importante y tan clave para nuestro desarrollo humano, pero también para el desarrollo económico y sustentable de nuestro país.
Voto a favor.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Galilea.
Dejaré con el uso de la palabra, para fundamentar su voto, al Senador José Miguel Insulza.
Perdón, Senador.
Senador Montes, ¿usted había manifestado que quería adelantar su voto? Porque entiendo que tiene una Comisión.
El señor MONTES.- Sí, Presidente.
Yo voto a favor, y quiero dejarlo registrado.
Le agradezco mucho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador.
Queda consignado el voto.
Tiene la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Muchas gracias, Presidente.
En realidad lamento que en este día, que es tan memorable, tan importante y en que discutíamos algo que se ha preparado durante ya más de una década, tengamos tan poco tiempo para expresar nuestras opiniones, limitándonos a fundamentar un voto. Parece que las prioridades de algunos van en contra de las prioridades de la mayoría.
Hace pocos días nosotros aprobamos un tratado internacional que aparentemente no tiene mucho que ver con esto. Sin embargo, es fundamental. Se refiere al Protocolo de San Salvador, que extiende el concepto de derechos humanos para considerar que los derechos económicos, sociales y culturales, adecuando así instituciones y normativas para permitir que aspectos fundamentales de la vida humana como es disponer del recurso del agua, sean también incluidos como un derecho humano legítimo.
La brecha entre oferta y demanda hídrica es hoy día crecientemente negativa. Las Naciones Unidas y los organismos internacionales han formulado un conjunto de recomendaciones ligadas con esto, estableciendo claramente el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento.
El acceso al agua fresca es cada vez más limitado. El 40 por ciento de la población del planeta vive en cuencas con estrés hídrico.
Chile es, por cierto, un país hídricamente diverso. Si miramos la escorrentía general entre los habitantes del país, supera casi nueve veces el promedio mundial. Pero eso depende del lugar donde se efectúe esa escorrentía.
En la Región Metropolitana, que es donde vive una parte muy importante de habitantes del país, el escurrimiento de aguas lluvias superficial, al cual nos estamos refiriendo, es quince veces menor que la media mundial y ciento treinta veces menor que la media nacional. Santiago es la región más seca del país, después de Antofagasta, y 6.645 veces más seca que Aysén.
Entonces, nuestro país es hídricamente heterogéneo y con normas homogéneas.
Ciertamente, no tenemos una institucionalidad adecuada a las realidades de todo nuestro territorio. Hay que focalizar mucho. Por lo tanto, a nuestro juicio se trata de cuestiones que son materias de ley, aunque no necesariamente de esta iniciativa.
El agua es un sector fragmentado con múltiples niveles de gobernanza. El sistema actual no funciona, pues más del 50 por ciento de los derechos no se han regularizado. Las organizaciones de usuarios pueden actuar e intervenir, y deben actuar e intervenir colectivamente en los procedimientos de regulación.
La ley que tenemos define las aguas como un bien nacional de uso público, pero no entrega mecanismos legales que permitan que tal declaración tenga algún efecto consecuente, porque no se asegura el derecho a la vida al no priorizar el agua para consumo humano.
No le permite tampoco la ley a la Administración obtener información del control de extracciones ni establecer una real policía y vigilancia del recurso.
No se promueve el uso efectivo de ese recurso ni se sanciona el acaparamiento, la tenencia especulativa de los llamados "derechos de aprovechamiento".
No se cuenta con medidas disuasivas ante las contravenciones al Código de Aguas, y no se preserva suficientemente la sustentabilidad de los acuíferos.
Por eso es necesario modificar la regulación de gestión e innovación vinculada al agua. Lo prioritario aquí es la seguridad hídrica, entendida como la previsión entre las escaseces de agua, los excesos de ella, y la afectación de la calidad de las mismas.
Este proyecto de ley busca reforzar, entonces, el concepto del agua como bien nacional de uso público, según lo consagra el Código Civil al establecer que todas las cosas que la ley define como bienes nacionales de uso público pertenecen a toda la sociedad. Pueden estar reconocidos el derecho y el goce del agua para usarla y beneficiarse de ella, pero eso necesariamente tiene que pasar por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, su derecho a disponer de agua potable, al saneamiento, al uso doméstico y a subsistencia.
Este proyecto protege también las áreas de importancia ambiental y patrimonial; fortalece las atribuciones de la administración en materia de la gestión del agua; asegura el uso eficiente de las aguas en el sentido de que ellas deben utilizarse y no guardarse; no mantiene el derecho a perpetuidad que hoy día hace que el agua es un bien nacional de uso público...
Un minuto, Presidente, solamente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Un minuto, Senador.
El señor INSULZA.- Decía que prioriza las aguas para la función de subsistencia, al mismo tiempo que protege su importancia ambiental y patrimonial.
No es una ley perfecta -queremos trabajar en ella y seguramente tendrá un buen tiempo de discusión en particular-, pero nos parece que representa un avance importante con relación a lo que existe hasta ahora, toda vez que tenemos acuerdos muy fundamentales.
Claramente, esta iniciativa supera la situación actual, y por eso la votaremos a favor en general.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Insulza.
Tiene la palabra el Senador Guido Girardi.
No se encuentra.
Senador Latorre, tiene la palabra.
El señor LATORRE.- Gracias, Presidente.
Ya se dijo anteriormente: diez años se ha demorado la tramitación de esta reforma al Código de Aguas, cinco años en la Cámara de Diputados y cinco años en el Senado.
Yo recuerdo cuando años atrás -todavía no me tocaba asumir en este Senado- veía en El Mercurio insertos de grandes grupos económicos oponiéndose a la idea de legislar una reforma parcial al Código de Aguas: la Sociedad Nacional de Agricultura, las mineras, las empresas forestales, las empresas hidroeléctricas. Todas ellas pagaban amplios insertos en El Mercurio, oponiéndose a la idea de legislar una reforma parcial al Código de Aguas. ¿Por qué? Porque podía afectar su certeza jurídica.
Y esos fueron los mismos que no vieron venir la revuelta popular del 18 de octubre.
Claramente, el modelo de privatización del agua se impone en la dictadura cívico-militar. En la Constitución del 80, artículo 19, numeral 24°, se abre la puerta a la privatización de los derechos de aprovechamiento de aguas.
Y el Código de Aguas de 1981, año siguiente, profundiza esta lógica de mercantilización y privatización del agua, de separación de la tierra con el agua, entregando, además, derechos a perpetuidad a los privados y generando después toda una lógica de especulación con los mismos.
Eso ocurrió en el año 81, al mismo tiempo que se estaban implementando e imponiendo en nuestra sociedad reformas estructurales en otras materias: el decreto ley 3.500, para la creación de las AFP; el plan laboral de José Piñera, etcétera, etcétera. Todo eso se hizo en un tiempo muy acotado, sin democracia obviamente.
Después de tantos años, me parece que es un avance en la dirección correcta esta reforma parcial, pero sin duda se queda corta, ¡se queda corta!, porque establece 30 años renovables de los derechos de aprovechamiento y la concesión para los pocos derechos que quedan por entregar.
Sabemos que en Chile hay un sobreotorgamiento de derechos de agua y una sobreexplotación de las cuencas. Entonces esos derechos ya adquiridos no se tocan. ¿Por qué no se tocan? Porque esta reforma se ampara en la actual Constitución, que protege la propiedad privada como algo sagrado y que es la base de nuestro modelo económico neoliberal extractivista, que la misma Constitución resguarda y consagra.
Por eso que es tan relevante la discusión que se dé en la Nueva Constitución, en el proceso constituyente más democrático que podamos tener en la historia de Chile, donde serán centrales la recuperación democrática del agua y su consagración constitucional como derecho humano.
Recordemos que ya Naciones Unidas ha consagrado al agua como la base de los demás derechos humanos a partir del año 2010. La Organización Mundial de la Salud reconoce que cada persona debería contar con al menos 100 litros de agua potable para satisfacer sus necesidades de consumo y saneamiento.
También se relevan la función ecosistémica y, por supuesto, la función productiva del agua, pero con una lógica de sostenibilidad ecológica. Y esta década es crítica, porque estamos en un contexto de emergencia climática y ecológica, y porque en Chile, que es uno de los países más vulnerables al cambio climático, donde una de esas variables es justamente la escasez hídrica y la desertificación, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos.
La lógica de la Constitución del 80 y del Código de Aguas del 81 no tenía en cuenta, obviamente, la variable ecológica.
Hoy día, en pleno siglo XXI, la propiedad privada tiene una función social, pero también una función ecológica. Y ahí están sus límites: debe estar orientada en el bien común.
Esa discusión es la que tendremos que dar democráticamente.
Por lo tanto, el rol del Estado y de las comunidades, la gestión integrada de cuencas, la forma como usamos el agua de manera sostenible desde el punto de vista ecológico, requieren otra institucionalidad, ciertamente.
Esta es una reforma parcial -insisto- que avanza en la dirección correcta.
No tenemos mucho tiempo.
Por eso apoyaré esta reforma, pero creo que los cambios tienen que seguir profundizándose con la Nueva Constitución democrática de Chile.
Voto a favor.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Latorre.
Tiene la palabra el Senador José García.
El señor GARCÍA.- Muchas gracias, Presidente.
Quiero recordar que en noviembre de 1819 nuestro Padre de la Patria, don Bernardo O'Higgins, con el acuerdo del Senado de aquella época, declaró el primer derecho de aprovechamiento de aguas sobre el canal de Maipo, llamado "regadores".
A partir de aquel 18 de noviembre de 1819, en Chile han existido al menos tres grandes cuerpos normativos que regulan los derechos de aprovechamiento de aguas: el Código de Aguas de 1951, el de 1969 y el de 1981.
Creo que resulta útil recordar a esta Honorable Sala que esas tres legislaciones, esos tres Códigos de Aguas, establecían exactamente la misma normativa. "Las aguas son bienes nacionales de uso público", decía el artículo 9° del Código de 1951. El artículo 9° del Código de 1969 decía "todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público". Y el artículo 5° del Código de 1981 señalaba que "las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente Código".
También quiero recordar que la característica de bien nacional de uso público fue establecida por don Andrés Bello en el Código Civil de 1855.
Nuestra actual legislación ya tiene cuarenta años, y en el intertanto por supuesto que enfrentamos distintos desafíos, distintos problemas. Entre ellos, la escasez hídrica fruto de que el cambio climático ha significado muchas menos lluvias en buena parte del territorio nacional. En algunas zonas del país falta disponibilidad de agua para el consumo humano.
Nuestra institucionalidad poco a poco se ha ido debilitando. Falta inversión. Poco decimos de eso, pero falta mucha inversión, sobre todo para guardar el agua lluvia en sectores altos del país y evitar que toda ella se vaya simplemente al mar.
En muchos lugares de nuestro país tenemos abundancia de agua, pero no la sabemos cuidar, no la sabemos cuidar, no la sabemos administrar. Tenemos en muchos casos una gestión ineficiente del agua; a veces, para regar ocupamos mucho más agua de la necesaria. Tenemos también la obligación de proteger ciertos caudales ecológicos, por supuesto, y la obligación ética, moral de cuidar el agua de las comunidades indígenas, entre otros muchos desafíos.
Por ello, esta legislación es necesaria. Son necesarios los cambios en la regulación del uso y aprovechamiento de las aguas que nos permitan utilizar de mejor manera este recurso cada vez más escaso. De esa forma, daremos mayor seguridad y equidad en el acceso al agua, permitiendo la subsistencia y el saneamiento; y también promoviendo el uso del agua para fines de conservación y productivos de manera sustentable.
Este proyecto de ley va a consagrar una nueva regulación para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, sin desconocer los ya existentes, creando disposiciones que harán el proceso mucho más ordenado y fácil.
Una vez que las modificaciones al Código de Aguas sean ley de la república, nosotros esperamos contar con lo que he señalado: más inversión, más equidad y que realmente cuidemos más el agua, para que, de esa manera, aprovechemos mucho mejor este vital líquido que, como he dicho, es cada vez más escaso.
Voto a favor, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador García.
Senador Quinteros, tengo una duda: ¿usted solicitó fundamentar su voto? Porque usted ya había intervenido.
El señor QUINTEROS.- No.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿No?
Entonces, le vamos a dar la palabra antes que al Presidente de su partido, por una deferencia especial, ¡para que usted lo guíe y lo ilumine...!
Tiene la palabra, Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Muchas gracias, Presidente.
Vamos a tratar de iluminar a nuestro Presidente...
El Código de Aguas del año 1981 se dictó en condiciones absolutamente distintas a las actuales. En primer lugar, se promulgó sin un debate democrático, sin prensa libre, sin participación de las universidades, en momentos en que se imponía sin contrapesos la receta de Chicago, la mirada más ortodoxa del neoliberalismo.
También era otra la matriz económica del país. De la mano del recién estrenado Nuevo Código Minero, se impulsaba la minería privada que comenzó progresivamente a crecer a costa del sector estatal. La inversión minera requería ingentes derechos de agua para su operación, los que fueron gestionados fluidamente con la nueva institucionalidad del agua. Otro tanto pasó con la agricultura, que transitaba desde la actividad tradicional dirigida al mercado nacional hacia aquella más intensiva destinada a la exportación. Nuestro sistema energético se basaba en plantas termo e hidroeléctricas.
Era otro el régimen político y era otra la economía; pero también era otro el clima. La superficie y los niveles de los glaciares, las reservas de agua y los caudales disponibles eran muy superiores a los actuales. En este cuadro, es evidente que la reforma al Código de Aguas llega tarde; hace tiempo que se debió haber revisado democráticamente la institucionalidad generada en dictadura, pero ello no había sido posible por los quorum supramayoritarios. De hecho, por esa razón, con la votación negativa de las bancadas de enfrente, no fue aprobado un proyecto de reforma constitucional que buscaba consagrar la calidad de bien nacional de uso público de las aguas.
La minería y la energía progresivamente han cambiado sus requerimientos de agua a partir de las plantas desaladoras y las nuevas fuentes de energías renovables. Hace tiempo también que el cambio climático está haciendo estragos en el país. En los años ochenta se hablaba del avance de la desertificación hasta Santiago; pero hoy en día los problemas de disponibilidad de agua pueden advertirse incluso en las regiones australes. Hace unos días recorría San Juan de la Costa, también Quellón, en el extremo sur de la Isla de Chiloé, y es dramática la falta de agua en muchas de sus localidades.
Los proyectos de agua potable rural que se crearon para unas pocas familias hoy deben abastecer a centenares, y las reservas acuíferas se agotan. Pero el cambio decisivo en estos años se ha producido en el nivel de conciencia de la sociedad, sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. Esta ya no es solo una demanda de los ambientalistas o de las generaciones más jóvenes; no es tampoco un reclamo de las regiones del norte: es la aspiración de todo el país y de todas las regiones.
En estos cuarenta años de vigencia del Código de Aguas Chile ha cambiado; los valores de la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente son hoy principios indubitados. Por cierto, tanto la democracia como los derechos humanos y el medio ambiente, aun cuando son un patrimonio de buena parte de la humanidad, enfrentan nuevas y potentes amenazas.
Estoy seguro de que el país sabrá sortear estos desafíos. Un paso decisivo para ello es el que estamos dando hoy, cuando estamos modificando el corazón de la institucionalidad del agua.
Por eso, voto a favor, Presidente.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Quinteros.
Dejamos con la palabra al Senador Elizalde, y vamos a cerrar el debate.
El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidente.
El agua es un recurso renovable, pero escaso, y su distribución a lo largo del territorio nacional no es homogénea. Por tanto, cuando se señala que en Chile hay mucha agua eso depende de las distintas regiones. Tenemos un desierto que avanza hacia el sur a paso constante; con el calentamiento global se han experimentado situaciones de sequía en regiones que tradicionalmente han sido agrícolas, e incluso en la Quinta Región falta agua para el consumo humano. Esa es la situación extrema que se vive en nuestro país.
Por tanto, se requiere un marco regulatorio distinto, en donde no sea la lógica de mercado la que determine la forma en la que se utiliza el agua, y en donde se establezcan ciertas prioridades en las que el consumo humano sea fundamental. Porque sin agua no hay vida: el agua es fundamental para la vida humana, para su consumo directo, y también es fundamental para la producción de alimentos; por tanto, es fundamental para la vida.
La reforma al Código de Aguas ha estado en tramitación prácticamente una década. Y no ha sido fácil ir superando distintos obstáculos, y a veces también maniobras dilatorias, para que finalmente estemos votando este proyecto hoy en la Sala del Senado.
En primer lugar, es necesario precisar que esta modificación se desarrolla dentro del marco constitucional vigente, y que la Convención Constitucional va a tenerla como uno de sus temas fundamentales. Pero, tal como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el proceso constituyente no puede significar la paralización de la actividad legislativa, porque existen problemas urgentes que deben ser resueltos. Y ese es el sentido de esta reforma, que lamentablemente ha demorado mucho tiempo.
A través de esta reforma, se consagran avances significativos. En primer lugar, se establece que las aguas son bienes públicos de dominio o propiedad de todas las chilenas y chilenos.
En segundo lugar, se consagra el derecho humano al agua, el que debe ser garantizado por el Estado.
En tercer lugar, se establecen prioridades para el uso del agua: el consumo humano, como un elemento fundamental, y el saneamiento para actividades de subsistencia y la protección de las fuentes; y por sobre todo, el uso productivo.
En cuarto lugar, se reconocen las aguas ancestrales de los pueblos indígenas.
En quinto lugar, se exigen caudales ecológicos y se prohíbe el otorgamiento de derechos en glaciares.
En sexto lugar, se establecen concesiones temporales y causales de caducidad y extinción de los derechos respecto de los nuevos derechos.
En séptimo lugar, se prohíbe extraer el agua en humedales amenazados, sitios prioritarios y áreas protegidas.
En octavo lugar, se obliga a informar sobre las captaciones y restituciones, y se constituyen reservas para agua potable y saneamiento.
En noveno lugar, se obliga a mineras a informar sobre el uso de las aguas halladas sin justificar su uso.
Y, en décimo lugar, se protegen los servicios sanitarios rurales, las comunidades agrícolas, así como las comunidades indígenas y áreas prioritarias.
Estos son solo algunos de los elementos consagrados en la reforma que estamos votando hoy, y que, sin duda, constituyen un avance significativo respecto del marco regulatorio vigente, porque, finalmente, este recurso debe ser utilizado de manera razonable y, por cierto, siempre con una visión ecosistémica y sustentable en el tiempo.
Por ello, nos parece que la votación de hoy tiene un significado histórico relevante, porque gracias al trabajo que se ha desarrollado en las tres Comisiones en las cuales se ha tramitado este proyecto, finalmente se ha conseguido un apoyo mayoritario en un tema que hasta hace no mucho tiempo era muy controvertido y no contaba con el respaldo transversal en este Senado.
Insisto: el debate constitucional tiene que seguir avanzando y es un tema muy relevante para el futuro, pero hoy cumplimos con la obligación de aprobar este proyecto, que representa un salto en el marco regulatorio actual.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Elizalde.
Bueno, ahora sí, vamos a cerrar.
El Senador Girardi ha pedido dos minutos para fundamentar su voto.
Tiene la palabra, Senador.
El señor GIRARDI.- Muchas gracias, Jorge.
Bueno, creo que está claro que este proyecto, después de tantos años, permite avanzar en la dirección correcta.
Yo quiero valorar todos los esfuerzos que se han hecho y recordar a un colega con el cual iniciamos los primeros proyectos, hace más de una década, para plantear estos temas del agua como bien nacional de uso público. Me refiero a Antonio Horvath, con quien presentamos reformas constitucionales. Una de ellas se votó hace algunos años atrás; lamentablemente, no logramos el quorum para aprobarla y establecer en Chile, como en todas partes del mundo, el agua como bien nacional de uso público.
Porque, ¿cuál es el problema que enfrentamos? Si bien yo reconozco todos los méritos y todos los avances que tiene este Código de Aguas, hay problemas que vamos a tener que resolver, porque una ley no está por sobre la Constitución, y como la ley no está por sobre la Constitución, aquel aspecto que señala el Código de Aguas, que el agua en Chile es un bien nacional de uso público, se contrapone con lo que dice la Constitución: que los derechos de agua se constituyen en propiedad privada.
Por lo tanto, tenemos mucho camino todavía que avanzar, todos a los que les interesan los desafíos que tiene Chile por delante. Entre esos desafíos está el calentamiento global, pues Chile va a ser uno de los países más afectados del planeta. El agua, que es un derecho humano -y por eso Naciones Unidas plantea que los primeros litros de agua debieran ser gratuitos para todas las personas; nosotros planteamos que los cien primeros litros debieran ser un derecho humano para la bebida, para el saneamiento-, va a ser un recurso escasísimo, para todas las actividades, y vamos a tener que desalar, involucrar tecnología y hacer una apuesta país, particularmente en Chile, en este tema.
La ley en proyecto ayuda para todos los derechos que se vayan a constituir a futuro, y ayuda también, en cierta manera, para temas de derechos de agua que están siendo mal utilizados, de manera de poder poner fin a esos derechos. Pero está en cuestión todo el otorgamiento de derechos que se hicieron en el pasado. Y yo no hablo de expropiación; quiero ser muy claro. Yo creo que tiene que haber una restitución de derechos que les fueron robados a los chilenos en el año 80, en la Constitución. Hoy día algunos dicen: "Bueno, si hay expropiación del agua, nos tienen que pagar". ¿Por qué les vamos a pagar, cuando hasta el año 80, como en todas partes del mundo, el agua era un bien nacional de uso público, le pertenecía a la sociedad toda?
Yo creo que a futuro va a tener que haber una restitución de derechos, pero no para quitarles el agua, sino para cambiar el estatus a la concesión; para que esa concesión vuelva a pertenecer a la sociedad toda y se le entregue al que la tenía para que haga buen uso de ella. Significa que va a mantener su derecho, pero que se van a poder aumentar las regulaciones no solamente para los derechos futuros, como hace esta ley y está muy bien, sino para los derechos que ya fueron otorgados. Eso me parece fundamental entenderlo, porque es esencial para la claridad de lo que estamos discutiendo.
En Chile, mientras esté vigente el artículo pertinente de la Constitución, el agua seguirá siendo propiedad privada, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho.
Yo quiero reconocer el rol que han tenido la Dirección de Aguas y el Ministro en esta materia, porque de verdad esta ley es mejor que lo que había y son avances, pero tenemos camino pendiente. Necesitamos mucha más ciencia; necesitamos mucha más información de cuáles son los recursos reales con que contamos en las cuencas; necesitamos trabajar mucho por los sistemas integrados a cuencas; necesitamos definir una institucionalidad y yo, por lo menos, he estado apoyando la idea del Ministerio de Obras Públicas y de la División de Aguas de tener una Subsecretaría que se haga cargo de esto, una institucionalidad real, verdadera; necesitamos fortalecer, para que estas políticas sean creíbles, la Dirección de Aguas, que hoy día es -diría- una institución de alto nivel, absolutamente prestigiada desde el punto de vista técnico, pero con una cantidad de recursos que está lejos de ser abarcativa respecto de los problemas que tenemos.
Por lo tanto, Presidente, yo voto a favor, pero en el entendido de que esto no resuelve todos los problemas, pero sí es un gran avance. Al mismo tiempo, soy autor de la Ley de Glaciares, que espero que avance, porque va en el contexto de esto. Pero aquí tenemos un pequeño paso, y faltan todavía muchos más para hacer del agua un derecho humano fundamental en Chile.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Girardi.
Bien, señor Secretario, terminamos de tomar la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Continúo con quienes están participando de manera remota.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, Secretario.
Yo quisiera hacer mías muchas de las palabras que se han planteado. Valoro el debate que hemos tenido en el día de hoy, porque, sin duda, el agua es vital para la vida del ser humano. Y bien lo dijeron muchos Senadores: el agua es vida. Y para que haya vida es fundamental esa agua y la posibilidad real de que exista alimentación. Sin agua no hay alimentación.
Por lo tanto, creo que tenemos que pensar también que lo que necesitamos en este país es acumular el agua. Hace mucho tiempo que no se ha invertido lo que corresponde para hacer, no solamente grandes embalses, que se están construyendo en forma lenta, porque son muy lentos, sino también -y aprovecho que está nuestro Ministro de Obras Públicas acá para solicitárselo formalmente- tranques medianos y pequeños.
Lo hemos conversado hace mucho tiempo con la Dirección de Presupuestos y hemos tratado de avanzar en el presupuesto de distintos años: para poder realizar la obra de un tranque, ya sea para un APR, para agricultura, para cualquier actividad, se deben hacer estudios de impacto ambiental. Porque la capacidad de ese tranque es mínima y lo que requerimos, justamente, en una situación de urgencia como la actual, debido al cambio climático y a la sequía a nivel nacional, es que ojalá se pueda ampliar la capacidad de los tranques que hoy día se permite. Un tranque se puede construir en muy poco tiempo, pero la demora de un estudio de impacto ambiental son años.
Por lo tanto, la emergencia amerita que podamos tener lo antes posible, ojalá incorporado en esta ley que estamos aprobando en el día de hoy en particular, la posibilidad de contar con el máximo posible de tranques acumuladores en el país.
Y lo otro es valorar el esfuerzo que está haciendo también el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a utilizar las aguas que van en las cuencas, sobre todo en invierno, con el fin de que eso drene, justamente, a las aguas profundas que requerimos para los APR de muchas zonas.
Yo voy a votar a favor de este proyecto. Ojalá se avance rápidamente; que exista certeza jurídica también, porque es fundamental para todos los proyectos, sobre todo a futuro, que exista certeza de que se van a poder realizar, porque, si no, ninguna institución va a estar otorgando los créditos, que son fundamentales para que esos proyectos se desarrollen.
Yo voto a favor.
Quiero valorar a las personas, de todos los sectores, que han trabajado justamente en buscar un acuerdo para presentar este proyecto como algo positivo. Espero que esta reforma se tramite lo antes posible en particular, con el fin de que podamos contar con una ley que dé tranquilidad y certeza; la tranquilidad, sin duda, de que a nadie en este país le va a faltar agua para el consumo humano y, obviamente, para la alimentación.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias, Senador.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor García-Huidobro vota a favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- Secretario, voy a fundamentar brevemente mi voto.
Soy autor de esta iniciativa de ley, que esperamos largos años poder tramitar.
Ha recorrido varias Comisiones, partiendo por la Especial sobre Recursos Hídricos y la de Agricultura. Luego dimos una extensa discusión desde el punto de vista constitucional en la Comisión de Constitución, que me correspondió presidir, donde debatimos estas materias junto con los colegas, con directores generales de agua actuales y anteriores y con distintos constitucionalistas.
Creo que aquí hay un avance. No es todo lo que quisiéramos, pero claramente existe una consolidación en mirar el recurso hídrico y entender que el Código de Aguas del año 81 es un instrumento que ya no está a la altura, que no se encuentra en sintonía con lo que requiere este país, no solo por el cambio climático y la crisis hídrica, sino también por los usos intensivos que se le ha dado al agua, especialmente para determinados riegos, algunas plantaciones, ciertos destinos industriales o agrícolas, que claramente están en una desproporción en comparación al consumo humano.
El consumo humano, en consonancia con la declaración de las Naciones Unidas y, en especial, con el profundo desarrollo y ampliación de los comités de agua potable rural, tiene que ser la prioridad en este país, al igual que la distribución del recurso, particularmente a través de los sistemas de APR, para dar equidad y acceso a los distintos integrantes: comunidades indígenas, usos ancestrales.
Y otro aspecto que es tremendamente relevante en materia del agua es la protección ambiental y patrimonial.
Nosotros no vamos a tener más agua. ¡Y saquemos, por favor, ese discurso de que el agua se pierde en el mar! El agua llega en caudal suficiente y con los nutrientes necesarios para que nuestro mar -con corriente de Humboldt incluida- tenga una riqueza en su litoral, en sus costas. No pongamos ejemplos de otros países que no tienen ríos caudalosos y cortos en su trayecto, como ocurre en Chile, donde el caudal permite llevar nutrientes a las desembocaduras y generar el ciclo de vida.
En muchos países se están estudiando otros sistemas de distribución de aguas: la infiltración, un manejo más eficiente, la protección de las cuencas. Se indicó que hay 101 cuencas en la discusión del proyecto de ley sobre cambio climático. Tiene que haber un manejo integrado de cuencas; se debe saber qué sucede cuenca arriba, qué ocurre donde se produce el agua, qué pasa con la variación a partir del cambio climático, cuánta nieve estamos acumulando. La isoterma, obviamente, está avanzando, y vamos a contar con menos nieve. No solo está la destrucción de glaciares, sino también la menor acumulación de nieve.
Hay que considerar esos elementos.
Pero, por favor, eliminemos ciertos conceptos equívocos, como creer que el agua se pierde. En muchas partes, precisamente donde hay una enorme desembocadura, el gran caudal de agua que llega al mar permite tener costas más productivas, más ricas, más diversas en su ecosistema.
También es preciso señalar que tenemos que proteger las costas y cuidar otros ecosistemas, como los humedales, partiendo por los de la zona altoandina, y las turberas. Respecto de este último ecosistema, espero que se pueda avanzar de una vez por todas en el proyecto de ley que presentamos. Las turberas son la "nieve chilota", el reservorio de agua más importante en Magallanes, en Aysén, en Chiloé, en buena parte de la Región de Los Lagos y en algunos lugares de la Región de Los Ríos. Se trata de un ecosistema que, además, es prioridad dentro de la estrategia de cambio climático a que Chile se ha comprometido.
¡Entonces, avancemos!
¿Uso eficiente del agua? Absolutamente. Ahí tenemos que seguir avanzando.
Esta ley en proyecto es un paso importante, pero no definitivo. Yo espero que en la nueva Constitución la mayoría de los constituyentes elimine ciertos conceptos que hoy día le otorgan una distorsión al derecho de propiedad del aprovechamiento del agua que está en la Constitución actual. Son situaciones que no se condicen con la realidad.
Voto a favor, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor De Urresti vota a favor.
Han votado electrónicamente el Senador señor Prohens, el Senador señor Kast, el Senador señor Soria, el Senador señor Araya y el Senador señor Lagos.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Alvarado, Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Por unanimidad, ha quedado aprobado en general el proyecto que reforma el Código de Aguas.
Se solicita fijar plazo para presentar indicaciones hasta mañana miércoles, a las 09:30. Las votaciones separadas que se quieran pedir deberán ser comunicadas a la Secretaría a partir de mañana, hasta las 12:30.
Ministro, le ofrezco la palabra.
El señor MORENO (Ministro de Obras Públicas).- Muchas gracias, Presidenta.
Simplemente, quiero agradecer en forma muy breve a todos los Senadores y las Senadoras que trabajaron en este proyecto durante todo este tiempo en la Comisión de Recursos Hídricos, en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Constitución, así como a todos los que se han expresado en esta Sala, tanto en sus intervenciones como en sus votos, apoyando en forma unánime esta iniciativa, cosa que habría sido impensada hace no mucho tiempo atrás.
Este proyecto es muy importante porque Chile enfrenta un enorme desafío de adaptación. Tenemos que aprender a cuidar mejor nuestros acuíferos y debemos desarrollar nuevas fuentes, encontrar nuevas tecnologías, mejorar nuestra eficiencia en el uso del agua. En definitiva, necesitamos tener una nueva cultura respecto del agua.
Este es un desafío de todos, y creo que en esta Sala del Senado lo han entendido perfectamente bien todos y cada uno de sus integrantes. Este desafío no tiene ningún color político, pues lo asumimos como seres humanos, como personas que habitamos esta tierra y que entendemos el enorme reto que hay por delante.
Todos aquí hemos aprendido y aportado en este proceso de construir un nuevo Código de Aguas para Chile.
Además, este es un tema difícil, como todos lo han señalado. Ha sido enormemente controversial; ha habido opiniones totalmente encontradas, y se ha abordado durante un periodo extensísimo de diez años. Sin embargo, hoy día tenemos una votación absolutamente unánime en esta Sala. Creo que esta es una muestra de que en Chile las grandes tareas se pueden lograr perfectamente si se colabora y se pone al país primero.
Muchísimas gracias, Presidenta y Vicepresidente, y a la Mesa también, por toda su colaboración y por el trabajo que se realizará en lo que sigue con motivo de las indicaciones y de la discusión y votación en particular.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias, Ministro.
También expresamos nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones al trabajo del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de Aguas, así como a la labor realizada por el Ministerio de Agricultura en su momento, a través de la Comisión Nacional de Riego.
Señor Secretario, le pido que pueda verificar el quorum.
Hay colegas que están reconectándose.
Está el Senador Lagos Weber. No se ve porque tiene problemas de luz, pero ahí está.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí, pero está pareado.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Pero eso no tiene incidencia. Requerimos quorum para tomar acuerdos.
Necesitamos catorce.
El señor LAGOS.- Estoy conectado, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Sí. Lo sabemos. Yo lo había visto siempre.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¡Tiene muy buena vista la Presidenta...!
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Nos falta quorum para tomar el acuerdo respecto del plazo de indicaciones.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Coloma fue a buscar a alguien.
Ahora hay catorce.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Bien.
Entonces, se fija plazo para formular indicaciones hasta mañana, a las 09:30.
De la misma forma, se establece, para las solicitudes de votación separada...
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Eso no corresponde aún.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- ¿Por qué?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Va a Comisión el proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- ¿Y las votaciones separadas?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- A la vuelta de Comisiones. Ahí habrá que fijar el plazo.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí, las votaciones separadas se ven después de la Comisión.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Bueno, se fija plazo de indicaciones para mañana, a las 09:30.
El proyecto será visto, en primera instancia, por la Comisión Especial de Recursos Hídricos y, posteriormente, por la Comisión de Hacienda. Esperamos que ello ocurra en el día de mañana.
Señor Secretario, ¿puede indicar el correo al cual deben enviarse las indicaciones?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchísimas gracias.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.